jueves, 24 de enero de 2013

Domar a la opinión pública


HÉCTOR TAJONAR*

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Fuente de legitimidad y consenso, así como de crítica o rebelión, la opinión pública es un ente inasible capaz de fortalecer o derrocar a políticos y gobiernos. La interrelación entre sociedad, autoridad política, medios de comunicación y la opinión pública generada o moldeada por ellos, denota el carácter del régimen. Los totalitarismos anulan a ésta y reprimen a quien no se somete; los autoritarismos intentan controlarla mediante diversos métodos de cooptación. En democracia, la opinión pública se manifiesta en un ámbito de mayor libertad, acorde con las especificidades de cada país o región. Adicionalmente, dos fenómenos irrefrenables condicionan a la opinión pública: la globalización y el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Durante al menos un siglo, los gobiernos de México han tenido la tentación de domar a la opinión pública y casi siempre lo han logrado. La coyuntura actual del país demanda un examen riguroso de ese fenómeno, a la luz de estudios teóricos, empíricos y normativos que van desde la negación de la existencia de la opinión pública (Bourdieu, L’opinion publique n’existe pas, 1973) hasta la concepción de Habermas que la considera fundamento de la democracia deliberativa.

La domesticación de la opinión pública en nuestro país se ha logrado por dos vías complementarias: la primera consiste en cooptar a los dueños de los medios de información, así como a las principales figuras que colaboran con ellos, a través de dádivas o prebendas; la segunda implica el diseño de una estrategia de comunicación destinada a elevar la popularidad del gobernante en turno mediante discursos, ofertas y decisiones políticas de alto impacto que respondan a demandas de sectores sociales con gran presencia pública. La combinación de ambas es propia de regímenes autoritarios, y al parecer su práctica no ha sido superada, sino más bien renovada y depurada.

En su libro Public Opinion, publicado en 1922, Walter Lippmann sostiene que la opinión pública es un producto manipulado por los medios de comunicación, lo cual ocurre no sólo por el poder de los medios, sino porque amplios sectores de la sociedad “padecen de anemia intelectual”. “Debido al impacto de la propaganda, ya no es posible creer en el dogma original de la democracia” –escribió el pensador estadunidense.

El “dogma” al que se refiere Lippmann es nada menos que la igualdad política de los ciudadanos, principio fundacional del pensamiento democrático, expresado por primera vez en la célebre oración fúnebre de Pericles: “Los individuos pueden ellos mismos ocuparse simultáneamente de sus asuntos privados y de los públicos; no por el hecho de que cada uno esté entregado a lo suyo, su conocimiento de las materias políticas es insuficiente”. (Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso.) Dicho discurso incluye la primera defensa de la democracia deliberativa.

No respetar la igualdad política de los ciudadanos, fundamento del principio de “una persona, un voto” y esencia de las elecciones democráticas, podría conducir a la posición extrema formulada en la desafortunada afirmación de Borges: “La democracia es un abuso de la estadística”. Dicha sentencia parece haberse convertido en pilar conceptual de las estrategias de comunicación política, con las graves consecuencias que ello implica. Si, como lo acepta el propio Bobbio, la racionalidad del votante es una aspiración incumplida, incluso en las democracias avanzadas, la democracia podría reducirse a la mera competencia por el voto del electorado (Schumpeter), es decir, a mercadotecnia.

La concepción del ciudadano como “hombre masa” permite –y, para los cínicos, justifica– la manipulación de la sociedad a través no sólo de la propaganda electoral, sino de estrategias mediáticas en el ejercicio de gobierno. Ello ocurre no sólo en México, sino en el mundo entero. Ante la crisis de representatividad del Poder Legislativo y de los partidos políticos, los medios se han convertido en el principal vínculo comunicativo entre gobernantes y gobernados, así como en arena privilegiada para el debate público, y también para la manipulación de la opinión pública. Aquí conviene mencionar la expresión “fabricación del consenso”, acuñada por Lippmann, la cual fue retomada por Noam Chomsky en el título de su libro Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988), traducido al español como Los guardianes de la libertad. En dicho texto, el pensador estadunidense explica la forma en que la propaganda ha logrado modelar los valores, creencias y códigos de comportamiento de la sociedad estadunidense mediante sutiles formas de manipulación comunicativa en el contexto de una aparente libertad de expresión ilimitada.

Como lo señala Chomsky, el propósito de la fabricación del consenso a través de los medios de comunicación en Estados Unidos es mantener el statu quo. En México, las aspiraciones y la manera de alcanzarlas son distintas. Acaso se acercarían más a lo ocurrido en la Italia de Berlusconi, tema analizado por el filósofo Luigi Ferrajoli en su libro Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional (Trotta, 2011). De acuerdo con el autor, tal crisis está configurada por cuatro factores: a) verticalidad y personalización de la representación; b) progresiva confusión entre la esfera pública y privada y concentración de poderes políticos y económicos, donde resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y política; c) pérdida del papel de mediación representativa de los partidos políticos; y d) control de la información.

Dichas circunstancias prevalecen en México. A lo largo de la actual administración sabremos si las ofertas de campaña contenidas en el Manifiesto por una Presidencia democrática, los acuerdos contenidos en el Pacto por México, la reforma educativa o la Ley de Víctimas se traducen en resultados o se mantienen en el limbo de la opinión pública. ¿Apariencia o resultados? ¿Estrategia mediática o gobierno? El tiempo lo dirá.

La rendición del IFAI


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F. (apro).- Algo grave está sucediendo en torno al IFAI. Una semana atrás, Enrique Peña Nieto simplemente olvidó el nombre correcto y la materia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. No fue un simple desliz. El mexiquense demostró que el organismo no le sirve para sus objetivos políticos (confunde acceso a la información pública con opinión pública) ni está en su lista de compromisos reales.

La confusión de Peña Nieto ocurrió justo cuando anunciaba una gran reforma legal para extender las potestades y funciones del organismo e incorporar a dos nuevos comisionados que se sumarían a los cinco que actualmente integran la dirección colegiada del instituto.

Fue el mismo día que la rendición de cuentas pareció una broma. Los integrantes del gabinete y el propio mandatario dieron a conocer una lista de su declaración patrimonial sin especificar valor, ubicación y menos montos exactos de sus cuentas bancarias. Peña Nieto nos reveló que en una sola fecha (8 de diciembre de 2011) recibió cinco “donaciones”: dos casas y tres terrenos, como si se tratara de una ofrenda que se acostumbra en los rumbos de Atlacomulco.

Sólo la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, exteriorizó su inconformidad frente al juego de adivinanzas y no el acto de rendición de cuentas fallido que operó el nuevo gobierno peñista.

“Debería darse la información completa y no sólo cuál es el inmueble que se tenga sino los datos que uno pone en la propia declaración patrimonial. También pienso que teniendo el nombre del dueño y del edificio es fácil identificar cuántos metros tiene y cuál es el valor catastral”, afirmó Peschard en declaraciones a medios.

El segundo momento crítico ocurrió el lunes 21. En un gesto inusual, Angel Trinidad Zaldívar, uno de los comisionados con mayor tiempo en el instituto y conocedor de la estructura del organismo, hizo público su voto razonado en contra de Gerardo Laveaga, el primer comisionado presidente elegido sin unanimidad de los otros cuatro integrantes.

La gran mayoría de los medios informativos se fueron por la anécdota y no por la sustancia de lo expresado por Zaldívar: que si Laveaga bostezó en una sesión del Senado; que si olvida el nombre hasta de su colega; que tiene 130 asuntos pendientes de resolución “por falta de ganas”; que le “aburre” ser integrante de un organismo dedicado a revisar expedientes, resoluciones y ser un gestor de la ciudadanía frente a la opacidad histórica de las instituciones públicas.

En el encuentro con los senadores, realizado en un hotel de Polanco, Peña Nieto volvió a cometer otro desliz: confundió a Emilio Gamboa con Manlio Fabio Beltrones, coordinadores ambos de las bancadas priistas, pero el primero era su anfitrión y el segundo estaba ausente.’Senador Beltrones’ le dijo a Gamboa Patrón. El hecho generó un Trending Topic en Twitter bajo #ConfundoAGamboaConBeltrones”.

El problema central es otro. Entre líneas, Zaldívar expuso que del IFAI se apropiaron los tres comisionados nombrados por Felipe Calderón en su sexenio: María Elena Pérez Jaen, Sigrid Artz y el propio Gerardo Laveaga, el más reciente integrante del organismo, quien fue nombrado apenas nueve meses atrás.

En franca minoría quedaron los otros dos comisionados: el propio Angel Trinidad Zaldívar y Jacqueline Peschard, la única funcionaria con experiencia previa en la conducción e integración de organismos colegiados como consejera electoral del IFE.

Imaginemos todos los recursos y las solicitudes de acceso a la información que afecten los intereses, negocios y expedientes negros del sexenio de Felipe Calderón. Cuando se discutan las “reservas de información”, veremos votaciones divididas. Al menos, el calderonismo se garantizó la protección de tres de los cinco comisionados.

Si no fuera así, es necesario que tanto Laveaga como los otros integrantes del organismo actuaran con la firmeza necesaria para sacar al IFAI de la rendición en la que se encuentra. Los problemas éticos están también presentes. Sigrid Artz Colunga participó en asuntos en los que ella misma era la solicitante de información, reveló el propio Angel Trinidad Zaldívar. “Eso se llama conflicto de interés y, en una institución que funciona como tribunal, es una falta grave”, advirtió el comisionado en su alegato.

No es la reforma peñista la que salvará al IFAI ni tampoco el talk show mediático sobre los dimes y diretes de la reciente elección del abogado Laveaga. Será una nueva alianza con los organismos ciudadanos y con los propios solicitantes de acceso a la información para romper los candados de opacidad y de franca corrupción que domina entre los llamados “sujetos obligados” que se resisten frente a lo ordenado en la ley que dio vida al IFAI.

Desde 2007 un grupo de organismos no gubernamentales preocupados por la rendición de cuentas y por la ola de contrarreformas al acceso a la información pública (en los estados y en algunos tribunales como el Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) divulgaron un exhorto para concretar “la segunda generación de reformas en materia de acceso a la información”.

Esta “segunda generación de reformas” implica fortalecer a los órganos garantes, dotar a los comisionados de atribuciones legales para investigar a fondo las negativas de información, asegurar la suficiencia presupuestaria del organismo y ampliar sus atribuciones para demandar una rendición de cuentas claras. Hoy vemos la escandalosa sucesión de gobiernos estatales y municipales que contrataron deudas multimillonarias sin rendir cuentas a nadie. ¿No tendría el IFAI y los organismos estatales equivalentes algo qué decir al respecto? ¿Acaso el IFAI no tendría algo qué decir y sancionar frente al ocultamiento de las cifras de desaparecidos y de víctimas de la guerra contra el crimen organizado y la estela de opacidad que dejó el calderonismo?

La rendición del IFAI sería lo peor para la cultura cívica. Además, un regalo en bandeja de plata al nuevo gobierno federal priista que prefiere crear otro organismo burocrático como la Comisión Nacional Anticorrupción para maquillar su promesa fiscalizadora. No se necesitan más organismos de pantalla para combatir la corrupción. Se requiere eliminar la impunidad. Y Arturo Montiel sabe bien de qué se trata esto.

En algún momento, el IFAI también lo supo. El organismo surgió de la convergencia de intereses y objetivos de académicos, medios de comunicación impresos, organismos ciudadanos y sectores políticos convencidos de la necesidad de garantizar el acceso a la información pública como un elemento sustancial de la rendición de cuentas. Ahora, el IFAI parece haber perdido su brújula. Quedan funcionarios y trabajadores de primer nivel en este instituto. Experiencias muy enriquecedoras. Quizá sea el momento de evitar la rendición del IFAI. Comentarios: www.homozapping.com.mx

Solalinde recrimina a Peña Nieto su política migratoria


PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax. (apro).- El coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, Alejandro Solalinde Guerra, recriminó al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su política migratoria y los nombramientos en el Instituto Nacional de Migración (INM).

El también director del albergue “Hermanos en el Camino” cuestionó de nueva cuenta la designación de Ardelio Vargas Fosado como comisionado del INM porque, dijo, “es un pésimo mensaje que avergüenza a México porque confirma la subordinación a Estados Unidos y el desprecio y desaire a Centroamérica”.

De igual forma, agregó, es una alarma y un aviso bastante preocupante para los defensores de derechos humanos, porque refleja un doble lenguaje del gobierno (de Enrique Peña Nieto), ya que por un lado habla de respeto irrestricto a los derechos humanos, y por otro hace todo lo contrario al mandar la línea de seguridad.

Tanto al presidente como al secretario de Gobernación, el cura les aclaró que “no tienen que pedir permiso para sus políticas, pero si quieren que esas políticas públicas sean apoyadas por la sociedad, tienen que escucharla y tomarla en cuenta”.

Por lo pronto, adelantó: “Vamos a tener nuestras reservas para compartir información con el gobierno federal”.

Subrayó:

“Si la preocupación del gobierno federal es la seguridad, nadie mejor que nosotros, los responsables de las casas del migrante o en los albergues, se les puede proporcionar esa información, porque hemos aprendido un servicio de inteligencia, tenemos base de datos y mucha información que el gobierno no sabe y que tratamos de compartir por medio del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), pero ahora vamos a tener nuestras reservas”.

Respecto del flujo de migrantes, dijo que va en aumento porque la situación en Guatemala y Honduras se agrava y han llegado hasta mil 500 personas en un solo día, situación que los ha obligado a suspender el registro para darles de comer.

Añadió:

“Por eso ahí está nuestra preocupación, porque el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado, en lugar de darnos confianza y decir que vamos a caminar por la ruta de los derechos humanos, en la que el gobierno de México haga una propuesta de desarrollo para Centroamérica, al contrario, otra vez vamos a tratarlos a los migrantes) con línea dura, con la aspereza de una táctica o estrategia de seguridad como si fueran terroristas o delincuentes”.

Ardelio Vargas, añadió, no es cualquier policía, pues se ha visto involucrado en varios episodios de represión, y ejemplificó con el caso del padre Gustavo Rodríguez Zárate y el suyo, cuando fue detenido en Puebla y el ahora comisionado del INM fungía como secretario de Seguridad.

Fue negociada la liberacion de la ciudadana francesa, Florence Cassez.

SE NEGOCIO CON EL GOBIERNO FRANCES, LA PATRIA POTESTAD DE LOS HIJOS DE ARTURO MONTIEL. SE ACUERDAN DE LOS CASTILLOS EN FRANCIA. MISMO PRI, MISMO GRUPO ATLACOMULCO, MISMAS MAÑAS DE SIEMPRE. Versini acusa a Montiel de secuestro. REVISTA PROCESO 18 de enero de 2012 MÉXICO, D.F., (apro).- Maude Versini acusó a su exesposo, el exgobernador Arturo Montiel, de recurrir a maniobras ilegales para lograr la custodia de sus tres hijos, los gemelos Adrián y Sofía, de siete años de edad, y Alexi, de seis. “Montiel ha realizado maniobras ilegales con la complicidad de autoridades, cuando menos en el orden judicial, para privarme de mis derechos y obligaciones como madre”, puntualizó la francesa en una entrevista vía telefónica con el diario Reforma.