martes, 4 de junio de 2013
Aparece nuevo grupo de autodefensa en Michoacán, reconoce el gobernador
MÉXICO, D.F. (apro).- Jesús Reyna García, gobernador interino de Michoacán, admitió la presencia de un nuevo grupo de autodefensa en Villa Victoria, municipio de Chinicuila.
Se trata, dijo, de un grupo de unos 50 hombres armados que tomaron en sus manos la seguridad de la localidad, y se desconoce si se autodenomina de autodefensa o tiene vínculos con algún grupo del crimen organizado.
En rueda de prensa, Reyna García afirmó que ésta es la única agrupación de autodefensa que permanece en el estado, pues las que operaban en municipios como Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, apuntó, “poco a poco se han ido diluyendo”.
El gobernador interino informó que ya hay presencia del Ejército en la zona, y confió que al igual que en los otros municipios, el nuevo grupo tienda a desaparecer.
La nueva policía comunitaria de Chinicuila hizo acto de presencia el 30 de mayo, luego de un enfrentamiento entre civiles que dejó un saldo de dos muertos. Desde ese día mantiene una vigilancia constante en la cabecera municipal, Villa Victoria.
De acuerdo con Reyna García, ya entablado diálogos para evitar que surjan más grupos de autodefensa, y sostuvo que poco a poco se restablece la calma y la normalidad en la entidad.
Incluso aseguró que en Buenavista los comercios y el autotransporte de carga han vuelto a sus tareas diarias.
Asimismo, señaló que buscará una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para abordar, entre otros temas, la capacitación y depuración de las policías.
Nuestros hijos están descansando, nosotros exigimos justicia: padres de la guardería ABC
MÉXICO, D.F., (apro).- A cuatro años de la tragedia que acabó con la vida de 49 niños tras un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el reclamo de justicia por parte de sus padres sigue vigente.
“Nuestros hijos ya están descansando; nosotros, sus padres, tenemos mucho por hacer para que se haga justicia”, dijo Julio César Márquez, vocero del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, al dar a conocer la agenda de actividades de la agrupación para recordar a sus hijos el próximo miércoles 5, pese a la insistencia de algunas personas que –afirmó– les han pedido que abandonen su lucha.
“Nunca me lo dicen directamente, pero sí por terceras personas o por redes sociales nos dicen que ya abandonemos la lucha, que dejemos descansar a nuestros hijos.
“Les respondo que nuestros hijos están descansando, pero nosotros aquí tenemos mucho que hacer para que se haga justicia, para que no se olvide”, advirtió.
Márquez Ortiz, padre de uno de los pequeños fallecidos, comentó que desde el pasado lunes 3 se realizan actividades en la Plaza Emiliana de Zubeldía, Sonora, donde se proyectaron videos relacionados con el caso de la estancia infantil.
Entre ellos, comentó, se proyectó el video de las imágenes de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo fallo no dejó satisfechos a los deudos de las víctimas.
A las 18 horas de este martes se realizará la marcha “Cuatro años de Luto y Lucha”, que partirá del edificio que albergaba la estancia infantil, en la colonia Y Griega, a la plaza Emiliana de Zubeldía.
Para la noche se tiene programada una vigilia afuera de las instalaciones en ruinas de la guardería, y a las 8:00 horas del miércoles 5, día en que se cumplen cuatro años del trágico incendio, se realizará una misa. Dos horas más tarde se tiene programado otro acto religioso en la Iglesia de San José.
A las actividades del Movimiento por la Justicia 5 de Junio se sumaron organizaciones civiles, entre ellas el grupo de hacktivistas Anonymous, que a través de un video anunció la instalación, este martes, de un campamento en el Ángel de la Independencia, además de una marcha el miércoles 5, para exigir a las autoridades respuestas en torno del caso.
Las acciones forman parte de la #OpDesobediencia (Operación Desobediencia) que el grupo lanzó desde el 1 de junio pasado a través de un video en YouTube.
En Puebla, distintas organizaciones también se sumarán a las actividades programadas por el Movimiento por la Justicia 5 de Junio.
A través de las redes sociales, grupos civiles llaman a participar mañana en la “Marcha Solemne de los 49”, que partirá a las 18:00 horas del Jardín del Carmen y arribará al zócalo poblano, donde los participantes replicarán la exigencia de justicia a las autoridades federales y locales de Sonora.
Movilizaciones como ésta están programadas en distintas ciudades y estados del país que se solidarizarán con los padres de familia que perdieron a sus hijos en el siniestro, y con las víctimas que sobrevivieron pero sufrieron lesiones de por vida.
A cuatro años, el mismo reclamo
Los deudos de los 49 niños que murieron y de 70 que resultaron lesionados en la guardería ABC han agotado las instancias de justicia en el país y sólo cuentan con el respaldo de organismos nacionales e internacionales.
En 2010 el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que integró una comisión investigadora de los hechos. Un primer dictamen, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, estableció que en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS imperaba el desorden y señalaba la grave violación de garantías individuales por parte de 14 funcionarios, entre ellos el exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y Eduardo Bours, entonces gobernador de Sonora.
Sin embargo, la mayoría de los ministros rechazó establecer responsabilidad alguna a mandos del IMSS o del gobierno de Sonora, y la descargó en funcionarios de menor rango.
A pesar de ello, los deudos no pierden la esperanza de que se haga justicia, para lo cual solicitaron ya una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, quien en campaña les prometió que si ganaba la presidencia daría seguimiento al caso.
José Francisco García, titular del Movimiento 5 de Junio y padre de una de las víctimas, envió una carta al Ejecutivo para pedirle que los reciba, a fin de exponerle el caso y lograr que se comprometa con las investigaciones en curso. A la fecha no ha habido respuesta.
El pasado 17 de abril, el movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños interpuso una nueva denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y logró abrir una nueva línea de investigación que apunta a que el incendio fue provocado para quemar documentos de una bodega de la Secretaría de Hacienda que se encontraba al lado de la guardería.
Días después, el 21 de abril, padres de las víctimas enviaron una carta a Christof Heyns, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a quien solicitaron su intervención en el caso.
“Le solicitamos su intervención para que, a través de su oficina, directamente intervenga en el caso del incendio de la guardería ABC, tanto para que las instancias internacionales a las que hemos acudido atiendan nuestras peticiones, y la propia ACNUHD realice las gestiones que le son propias”, pidieron en la misiva firmada por García Quintana y el secretario de Movimiento 5 de Junio, Manuel Alfredo Rodríguez Amaya.
Actualmente los padres de familia reciben la asesoría de abogados y expertos en derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, pero no han logrado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Nace y muere niña de El Salvador, cuyo aborto negó la Corte
Médicos del Hospital Nacional de Maternidad confirmaron que Beatriz, la salvadoreña a quien se le practicó una cesárea y cuya hija nació sin cerebro y murió a las 5 horas, está estable, pero está bajo estricta vigilancia por el cuadro de lupus que presenta.
Guillermo Ortiz, uno de los galenos que atendió el caso, manifestó que la joven se encuentra bajo estricta observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El caso de Beatriz cobró notoriedad, luego que la joven había presentado un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que le autorizaran un aborto terapéutico por padecer de lupus y porque el feto no tenía cerebro.
Los médicos informaron que la niña de Beatriz murió a las cinco horas de nacida, pues no había probabilidades que viviera.
Los galenos practicaron la cesárea la tarde del lunes en el nosocomio de Maternidad en esta capital.
Pese a la delicada salud de la paciente, él procedimiento de la cesárea se efectuó sin complicaciones, afirmó el equipo de galeno.
De acuerdo con los profesionales de la medicina, la familia de Beatriz solicitó ver al bebé para corroborar el diagnóstico.
“Lo estamos pasando mal. Han dejado pasar mucho tiempo… tengo miedo de que pueda estar sufriendo”, dijo Delmy Cortés, la madre de Beatriz.
La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, dijo por su parte que Beatriz fue atendida con mucho cuidado y la atención debida y “no se impuso ninguna decisión” y que la paciente pidió ser esterilizada.
Aseguró que no ha violentado la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que exigía garantizar la vida de Beatriz y la del que tenía en el vientre.
La Corte Suprema de aquel país negó la interrupción del aborto en medio de una polémica, en la que sectores conservadores y la Iglesia Católica habían denunciado que el caso de la joven era utilizado para legalizar el aborto en el país.
En un comunicado, el movimiento pro-vida salvadoreño VIDA SV confirmó que “‘Beatriz’ ha dado a luz a su hija por medio de un parto por cesárea y la bebé tuvo 5 horas de vida”.
“La vida le ganó a la muerte aún por unas horas. Nos manifestamos alegres de que la sentencia dada por la CSJ (Corte Suprema de Justicia) buscó y logró proteger ambas vidas”, expresó.
(Con información de Notimex y El País)
Caso Guardería ABC: 4 años en demanda de justicia
A cuatro años de la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por la que murieron 49 bebés y otros 70 quedaron lesionados, los padres de las víctimas sólo cuentan con un posible respaldo de organismos internacionales, pues en el país han agotado las instancias de justicia; no obstante, insisten en una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto.
Actualmente, la mayoría de los familiares de los 49 niños fallecidos se agrupan en dos organizaciones: el Movimiento 5 de junio y Manos Unidas por Nuestros Niños.
Desde el 5 de junio de 2009, tras el entierro de sus pequeños, los padres no han dejado de exigir justicia y han llevado el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dio un fallo que no los dejó satisfechos.
El histórico fallo de la Corte, no declara culpables
La Suprema Corte de Justicia de la Nación integró una comisión investigadora de los hechos.
En un primer dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, se establecía que en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS impera el desorden, de igual forma se señala la violación grave de garantías individuales por parte de 14 funcionarios, entre ellos se encontraban Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS en la fecha del incendio y Eduardo Bours, entonces gobernador de Sonora.
Sin embargo, la mayoría de los ministros no admitió, en 2010, establecer responsabilidades de mandos del IMSS -dependiente del gobierno federal- ni del gobierno de Sonora.
Juicio ciudadano
En 2011, un juicio presidido por activistas, intelectuales y académicos, determinó que el Estado omitió su responsabilidad en el incendio de Sonora.
En aquel entonces, la Presidencia de la República, el poder legislativo y el judicial, laProcuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fueron declarados culpables en el juicio presidido por Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
A las dependencias y al gobierno se les acusó por la negación de acceso a la justicia a las víctimas y la omisión de legislar para proteger a la infancia, así como negligencia y desatención a las víctimas de la Guardería ABC.
Buscan reunión con EPN
Con el cambio de gobierno federal, los padres confían en una reunión con el presidente Peña, luego de que algunos se reunieran con él cuando estuvo en campaña y prometiera dar seguimiento al caso.
José Francisco García envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto para solicitarle una reunión con él, exponerle el caso y lograr que se comprometa con las investigaciones.
Paralelamente, en la PGR, se encuentra una denuncia interpuesta, el pasado 17 de abril, por el movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños, que logró abrir una nueva línea de investigación, sobre que el incendio fue provocado, para quemar documentos de una bodega de la Secretaría de Hacienda, que se encontraba al lado de la guardería.
Nuevas rutas legales
El 21 de abril pasado, padres de familia enviaron una carta a Christof Heyns, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para pedir que el organismo internacional se involucre en el caso.
“Le solicitamos su intervención… para que a través de su oficina, directamente intervenga en el caso del incendio de la Guardería ABC, tanto para que las instancias internacionales a las que hemos acudido atiendan nuestras peticiones y la propia ACNUHD realice las gestiones que le son propias”, expone la misiva firmada por José Francisco García Quintana, titular del M5J, y el secretario de la asociación civil, Manuel Alfredo Rodríguez Amaya.
Los padres de familia cuentan con asesoría de abogados y expertos en derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
Hasta ahora, está pendiente la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
La demanda de justicia sigue viva.
Violencia contra indocumentados sigue; decremento, “ligero”, dicen
SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA
Coatzacoalcos, Ver.- Al cumplirse un mes de las agresiones contra migrantes en la comunidad de Barrancas, una de las personas que sufrió lesiones sigue hospitalizado; la Cruz Roja Internacional interviene para apoyar con prótesis y material de curación; Agrupaciones civiles señalaron que a pesar de las alertas que se han emitido, la violencia sigue presentándose en la ruta del sur.
Antonio Vázquez Castaño, coordinador de la oficina foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Coatzacoalcos, confirmó que se mantiene abierta la investigación sobre la agresión a migrantes para terminar de documentar testimonios y enviarlos a las oficinas centrales.
En la pasada misión de observación de activistas de derechos humanos, expuso, personal de la oficina en Coatzacoalcos los acompañó para completar algunas diligencias y recabar información adicional para el expediente.
Recordó que serán las oficinas centrales de la CNDH las que deberán emitir la resolución de la queja y determinar si hubo omisión por parte de alguna dependencia, tanto a nivel municipal como estatal y federal. La comisión es la que determinará si emite algún tipo de recomendación por los casos de violencia que se han presentado en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas.
Actualmente, dijo, sólo una persona en el municipio está atendida en las instalaciones del Hospital General Valentín Gómez Farías por sus lesiones en los brazos, los cuales requieren varias cirugías.
La última intervención se realizó la semana pasada y por gestiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno del estado aportó los insumos para las curaciones, mientras que la Cruz Roja Internacional aportó el “clavo” especial para el hueso.
Vázquez Castaño anotó que en caso de que se presente alguna complicación ellos estarán velando para que se le brinde atención medica especial y pueda recuperarse por completo de su lesión.
Cabe señalar que el gobierno del estado está financiando las intervenciones y la hospitalización de los migrantes pero los consulados son los que tienen que enviar los insumos para recuperar lo que se destinó a cada uno de ellos.
Por su parte, Guillermo Ramírez Garduza, representante de la Casa del Migrante “Santa Faustina Kowalska” ha detectado un ligero decremento en las agresiones contra los centroamericanos a pesar de que se ha exteriorizado el problema. Expuso que la ruta sur sigue siendo un “foco rojo”, incluido la estación de Coatzacoalcos, pues los migrantes son asaltados o se les cobran las cuotas para subir.
Las bandas que realizan estas acciones delictivas, siguen operando en la zona cercana a las vías del ferrocarril.
Hidroeléctrica en Jalcomulco destruirá industria turística en desarrollo, acusan
JAIR GARCÍA
Jalcomulco, Ver.- Lo que hasta hace 20 años era un pequeño poblado de pescadores y productores de mango y cacahuate hoy se ha convertido en el municipio que mayor turismo de aventura capta en México, sin embargo, esta actividad y toda la economía del lugar se ve amenazada por la posibilidad de que en lo alto de la cuenca se construya una hidroeléctrica que mataría al río y a quienes viven del mismo.
Jalcomulco, hoy en día, es sinónimo de turismo de aventura y descenso en río, y todos los días llegan hasta este lugar turistas nacionales e internacionales, quienes ya tienen una referencia del rafting que puede practicarse.
Por ello, prestadores de servicios turísticos se han organizado para defender este ecosistema, aunque ello les ha significado amenazas, robos, secuestros, golpes, y temen que más adelante hasta la vida.
Aunque en Jalcomulco nadie duda en defender el río y oponerse a la hidroeléctrica, al momento de dar testimonio todos prefieren el anonimato, pues cada vez son más frecuentes los secuestros, donde hasta por dos semanas son retenidas personas en lugares desconocidos, y en los que se les amenaza con matarlos “si siguen haciendo su desmadrito”.
De esta forma, Jalcomulco no sólo se ve amenazado por la crecida del río en temporada de lluvias, sino que el mayor temor es la construcción de una presa, que secará y matará por completo este afluente y toda flora y fauna que depende de su agua para subsistir.
El descubrimiento
Los guías de descenso de río de este lugar cuentan que el origen del rafting en Jalcomulco tiene apenas 30 años, cuando un grupo de exploradores de Polonia visitó el lugar y se dio cuenta del potencial que tenía para el descenso en río, por lo que repitieron la misma aventura cada año, pero en mayor número y con gente que practica esta actividades en distintas partes del mundo.
De esta forma fue creciendo y poco a poco los habitantes de Jalcomulco fueron aprendiendo, hasta que hace 22 años surgió la primera empresa de ecoturismo que ofrece el descenso en ríos. Hoy en día suman ya 16, y existen peticiones para abrir otras más, pero se encuentran detenidas para garantizar la sustentabilidad y no saturar el mercado.
A partir de entonces, Jalcomulco cambió su vocación agrícola y ganadera para dedicarse al ecoturismo, lo cual ha sido más rentable, pues ha permitido que mucha gente que durante décadas había migrado a Estados Unidos haya retornado.
“Hoy quien se va de Jalcomulco a Estados Unidos es porque va de vacaciones o porque va a tomar un curso de rafting, porque ahora sí hay empleo para todos”, expresaron.
Los riesgos
Por años, el ecoturismo ha sido la principal actividad económica de Jalcomulco y se ha logrado desarrollar de manera sustentable con el medio ambiente, por lo que no representa un daño para el río.
Sin embargo, la posibilidad de la construcción de una planta hidroeléctrica podría acabar no sólo con el río, sino con el turismo, la pesca, la gastronomía, el comercio, la agricultura y con el mismo pueblo.
Aunque este proyecto, acusaron, intenta ser disfrazado como dotar de agua a Xalapa, señalaron que en realidad plantea una planta hidroeléctrica que sólo generará contaminación y secará al río.
“No estamos en contra de que se dote de agua a Xalapa, al contrario, si en eso consiste el proyecto, tenemos estudios de factibilidad para dotar de agua a la capital, pero la verdad es que están planeando algo mucho más grande”, declararon.
Indicaron que del sitio, donde se pretende construir la presa a la capital del estado, hay una diferencia de más de 700 metros sobre el nivel del mal, por lo que se tendría que bombearla, lo que elevaría el costo del suministro de agua en por lo menos un 300 por ciento, “eso no es negocio en ninguna parte del mundo, por lo que realmente se está ocultando el verdadero proyecto que se tiene”.
Las amenazas
Desde que trascendió el proyecto, los habitantes no sólo de Jalcomulco sino de todos los municipios que integran la cuenca La Antigua se han manifestado por las repercusiones que tendría para ellos, sin embargo muchos han sido silenciados en el mejor de los casos con mentiras o promesas pendientes de cumplir, algunos con dinero y otros con amenazas de muerte.
Muchos guías de rafting, restauranteros, taxistas y hasta cocineras han sido secuestradas en Jalcomulco para pedirles que ya no anden alborotando a la gente, pero lo mismo ocurre con pobladores de Cosautlán, Tlaltetela, Apazapan, Emiliano Zapata, La Antigua y otros municipios más por donde pasa este afluente.
Por ello, muchos han desistido de su lucha, incluso han tenido que suspender eventos, foros, tanto en Jalcomulco como en Xalapa, pues sin más, pueden llegar camionetas y secuestrar gente a la que liberan al paso de unos días o semanas, sin pedir dinero a cambio, si acaso 3 mil pesos, pues lo único que les piden es que “le bajen de huevos”.
Ahora la lucha por la defensa del río es en el anonimato y casi con el mismo ánimo, siempre teniendo de su lado los aspectos ambientales, técnicos, sociales y económicos.
Ni se ven, ni se oyen
A pesar de ser un tema polémico, no ha sido abordado por ninguno de los candidatos a la presidencia municipal de Jalcomulco, es más, ni siquiera por el actual alcalde, pues los pobladores aseguran que ya le llegaron al precio, lo mismo que a todos quienes compiten por ese cargo.
“Ningún pinche candidato dice estar en contra de la presa, pero todos piden el voto”, expresó una cocinera de un restaurante, por lo que muchos han pensado en no permitir que se lleve a cabo la elección, como medida de protesta, mientras que muchos han pedido ir a votar y anular el voto, confiando en que ningún candidato gane.
Preocupación ante la desaceleracion económica en el país
Por: Arturo Huerta González
En su reporte mensual Pulso Económico, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) planteó que es “necesario reanimar el mercado interno ante el debilitamiento económico”, y para ello propone que sea “a través de la inversión en infraestructura y el aprovechamiento de las compras gubernamentales”. Señala que ello debe lograrse “sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni el manejo ordenado de las finanzas públicas”. Entonces cabe preguntarles, ¿cómo se expandirán la inversión pública y las compras gubernamentales? Siguen sin entender que si el mercado interno esta contraído ha sido justo por la llamada estabilidad macroeconómica, que descansa en la disciplina fiscal y en la apreciación de la moneda que abarata el dólar y los productos importados, lo que disminuye nuestra competitividad y lleva a que las importaciones desplacen la producción nacional, y tengamos menos industria, y menos crecimiento.
Si quieren “encender el motor interno de la economía”, tendrían que dejar de preocuparse de la “disciplina en el manejo de las finanzas”, que es la causa de que no haya gasto público suficiente en infraestructura y para dinamizar el mercado interno. El problema es la falta de crecimiento, ocasionado por el hecho de que no hay aumento de gasto, de demanda. La disciplina fiscal ha llevado a la economía a depender de factores externos (exportaciones, entrada de capitales), lo que nos ha colocado en un contexto de alta vulnerabilidad y de bajo crecimiento. Para tener dinámica propia, la política fiscal debe expandir el gasto a favor de los productores nacionales, para lo cual hay que replantear los Tratados de Libre Comercio (TLC), cosa que no dicen. La Concamin no se atreve a cuestionar los TLC, que tanto daño le han ocasionado a su sector. Solo se pronuncian por “la aplicación íntegra de las reservas pactadas en los distintos tratados en favor de los productores nacionales y exigir contenidos nacionales de carácter obligatorio en determinados proyectos”. Esta ha sido su tónica por años, y nada han conseguido, evidenciando que ni para eso tienen fuerza.
La Concamin propone que se adelante “la ejecución de los proyectos de obra pública e inversión en infraestructura previstos para la segunda mitad del año, y se eviten los subejercicios en la aplicación del gasto público”. Ellos asumen “que disponemos de un estrecho margen de maniobra, (por lo que) es preciso actuar con eficacia y oportunidad, desechando la tentación de acudir a una política expansiva de gasto público que ponga en riesgo el blindaje de la economía”. Si reconocen de que no hay margen, y defienden el blindaje de la disciplina fiscal, ¿cómo quieren que se expanda el mercado interno? Éste requiere gasto público deficitario a favor del sector productivo, lo que les da pavor reconocer. Aunque se evitaran los subejercicios presupuestales no se resuelven los problemas que por años ha venido enfrentando la planta productiva del país, ya que se trabaja con disciplina fiscal, lo que implica no expansión del gasto más allá de sus ingresos, por lo que seguirá la contracción del mercado interno, la baja tasa de crecimiento de la economía y del empleo formal.
Por su parte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), señala que la economía podría crecer arriba de 5 por ciento si se impulsan las reformas estructurales, canción que el gobernador del Banco Central desde hace tiempo viene repitiendo. En su reporte Análisis económico ejecutivo nos dicen que “además de mantener la fortaleza macroeconómica, la inversión es el principal medio para lograr que la economía crezca a tasas elevadas y de manera sostenida y, con ello, mejorar las condiciones de vida de la población y reducir los niveles de pobreza”, para lo cual nos dicen son importantes las reformas estructurales. Asimismo, señalan que para que la economía rompa con inercias, como el hecho de que se depende de factores externos (en especial de la dinámica de EUA, y el mercado petrolero), se deben aprobar las reformas estructurales. Añaden que la reforma laboral, por sí sola, no va a propiciar aumento del empleo formal, sino que se requiere de mayor flujo de inversiones, y para ello las reformas estructurales. Para el CEESP son las reformas estructurales la panacea para impulsar el crecimiento, para disminuir nuestra dependencia del petróleo y de la economía de EUA, como para incrementar el empleo, y resolver la pobreza, y asegurar la fortaleza macroeconómica. Ello implica un reconocimiento implícito de que el modelo económico predominante no ha configurado condiciones internas, productivas y financieras, para cumplir con tales objetivos, por lo que se requiere de seguir vendiendo al país para que venga inversión y así cumplir con los objetivos antes señalados. Siguen sin reconocer que en este proceso hemos estado en las últimas décadas, y ese proceso de privatización y extranjerización de la economía no nos ha llevado al mayor crecimiento, ni al mayor empleo, ni a la mayor fortaleza macroeconómica, ni mucho menos a mejorar los niveles de vida de la población. Los que ganan con estas políticas son los dueños del dinero, para los cuales responden los que toman decisiones.
Reclama la Ocss la pronta investigación de homicidios
RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)
Atoyac, 3 de junio. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (Ocss), Rocío Mesino Mesino, condenó “el asesinato de cuatro de los ocho” luchadores sociales desaparecidos la semana pasada en Iguala y exigió al gobierno estatal inicie pronto las investigaciones para dar con los responsables, así como en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien, aseguró, es el principal sospechoso.
“No es posible que dentro del periodo de un gobierno perredista hayan ocurrido tantas agresiones, crímenes y asesinatos en contra de los luchadores sociales. Estamos peor que cuando la guerra sucia, es la escalada represiva que se veía venir con la llegada al poder de nueva cuenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezado por Enrique Peña Nieto”, asentó la activista.
En entrevista telefónica cuando se dirigía a Iguala al funeral de los activistas asesinados, Mesino Mesino exigió al gobierno estatal que inicie inmediatamente las investigaciones para dar con los responsables del crimen, que deja de luto, dijo, a la lucha social en Guerrero.
Lamentó la muerte principalmente de Arturo Hernández Cardona con quien, contó, fundó la Ocss y fue contemporáneo en el inicio de la lucha social en el estado durante la década de los años 90, al tiempo que demandó que se investigue al presidente municipal de Iguala a quien señaló como “el principal responsable de la muerte de los cuatro luchadores sociales”.
Asimismo, con la voz quebrada por el llanto, reprochó “la represión y hostigamiento del munícipe en contra de Hernández Cardona”.
Exigen la APPG y Mocpaa esclarecer los asesinatos de los 3 perredistas de Iguala
RAYMUNDO RUIZ AVILÉS ( Corresponsal)
Taxco, 3 de junio. El coordinador de la Comisión Política de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, y el representante del Movimiento Obrero y Campesino Pedro Ascencio Alquisiras (Mocpaa), Rubén González Vázquez, exigieron al gobierno estatal y federal, abrir línea de investigación para localizar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros dos luchadores sociales.
Consultados por separado vía telefónica, antes de acudir a los funerales de los occisos, Chávez Adame condenó los crímenes y dijo que la APPG planteará una movilización “en repudio a los hechos” y exigirá al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, se castigue “de manera inmediata a los responsables del crimen artero”.
“Pedimos -exigió- que no vuelva a suceder, y me parece que es un mensaje para todas las dirigencias de las organizaciones sociales que corren el mismo riesgo”.
Chávez Adame solicitó al gobierno que se proteja a los familiares de los luchadores sociales, para que no sean acosados y que no se comentan otros actos.
Dijo que se encuentran consternados e indignados; “ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias”.
Aclaró: “todos los luchadores sociales asumimos ese riesgo y hoy es más la indignación que el temor, y los agresores se equivocaron, porque no venían de otro lado, más que de protestar para que se reivindicaran sus demandas como fue la del fertilizante y obra pública; además se tiene que investigar cuidadosamente a la Policía Federal, porque hubo una discusión con ellos durante su movilización y antes de que desaparecieran”.
Por su parte, González Vázquez denunció que fue “cobarde y vil el asesinato de Hernández Cardona y otras dos personas”.
Lamentó que nuevamente se recrudezcan las injusticias en contra de los luchadores sociales de Guerrero y también pidió que se aclaren los crímenes que consideró de lesa humanidad.
El líder del Mocpaa, se quejó que en pleno siglo 21, las desapariciones continúen contra quienes piden justicia social y mejor vida para los necesitados.
Pidió a Aguirre Rivero “poner todos sus oficios y se resuelvan los homicidios porque no se pueden quedar en la impunidad”.
Advirtió que lo ocurrido no frenará la lucha social, por el contrario “se continuará a favor del pueblo, pese a la represión”.
Toman organizaciones y estudiantes de Ayotzinapa el ayuntamiento de Iguala
ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI (Corresponsal)
Iguala, 3 de junio. Integrantes de organizaciones sociales y estudiantes de la normal Rural de Ayotzinapa ingresaron y tomaron la alcaldía de Iguala, quebraron los cristales de las ventanas y rompieron cadenas y candados.
“Aquí nadie se raja, estamos llenos de dolor, estamos de luto, estamos sufriendo porque eso se siente en el corazón, en el alma y el espíritu”, sostuvo José Isabel Arines Hernández, dirigente de la Sociedad Organizada en Lucha, durante un mitin en la Plaza Cívica de las Tres Garantías donde serían velados los cuerpos de Arturo Hernández Cardona, Angel Román Ramírez y Rafael Bandera Román, encontrados este lunes en Mezcala.
“No es fácil decir ‘yo no me meto, ahí que ellos arreglen sus problemas’, los problemas de ellos también son nuestros problemas y por eso hay que gritar ‘Arturo, tu lucha es nuestra lucha, Arturo, tu lucha es nuestra lucha’. ¡Viva Arturo Hernández Cardona!, ¡Viva Angel Román!, ¡Viva Rafael Bandera!’”, reclamó.
Arines Hernández agregó que “Iguala fue testigo de cómo evolucionó el conflicto de la Unidad Popular (UP) enarbolando un conjunto de demandas, ampliamente legítimas, comprensibles y ninguno de los ediles de este gobierno fue capaz de encauzar un diálogo fructífero con la unidad popular”.
Señaló: “la soberbia de estos gobernantes, el pensamiento de que el dinero lo compra todo, el autoritarismo, el no saber gobernar a un municipio noble como Iguala, tiene como desenlace la pérdida de tres líderes sociales –Arturo Hernández Cardona, Angel Román Ramírez y Rafael Bandera Román–, gente inocente cuyo único delito fue no abandonar las justas demandas del campesino, de los colonos, los obreros y las amas de casa”.
En la plaza cívica de las Tres Garantías, luego de apedrear el palacio municipal y causar destrozos en ventanas y puertas del edificio, Arines Hernández le preguntó a la gente de la Unidad Popular: “¿Díganme ustedes qué regidor merece seguir gobernándonos?”, y al unísono la respuesta fue: “Nadie”.
A la pregunta de si el presidente municipal merece gobernar Iguala, los manifestantes contestaron: “No, fuera, juicio político a José Luis Abarca”.
Arines Hernández concluyó que la demanda central de este movimiento es la desaparición de poderes en este gobierno municipal. “No queremos ver a ningún regidor aquí, no queremos ver a ningún síndico y mucho menos queremos ver al presidente municipal. Ellos mismos han cerrado el palacio y así debe continuar cerrado, le vamos a cambiar las cadenas, le vamos a poner más candados, pero de nosotros no se van a burlar”.
Así se inició la toma del palacio municipal de Iguala por las organizaciones sociales, que sentenciaron que “si es necesario que Iguala se arme, Iguala se va a armar, vamos a formar la policía comunitaria, no podemos permitir que se haga mal uso del voto del pueblo humilde”.
Los sobrevivientes huirán de Iguala, adelantan
HÉCTOR BRISEÑO
A las 11:10 de la mañana, el dirigente del Frente de Organizaciones Populares del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Martínez Cruz, informó que tres de los ocho integrantes de la organización campesina Unidad Popular, originarios de Iguala, murieron asesinados en diferentes momentos del fin de semana.
El líder social dio a conocer la noticia a reporteros mientras encabezaba un bloqueo en la avenida costera Miguel Alemán para exigir a las autoridades estatales y federales la presentación con vida de los ocho activistas, desaparecidos desde el pasado 30 de mayo.
Por medio de una llamada telefónica que recibió de Héctor Arroyo Delgado, uno de los campesinos que fue privado de su libertad, quien consiguió escapar de sus captores, Martínez Cruz fue informado que Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Balderas Román habían sido asesinados; el primero por impacto de bala el viernes pasado, mientras que Rafael Balderas fue muerto a golpes el sábado, y Ángel Román fue muerto este lunes en circunstancias que no precisó.
Arroyo Delgado, quien realizó la llamada, alcanzó a señalar que huirán de Iguala los sobrevivientes de estos hechos, “nosotros de milagro estamos vivos y yo ya me voy a la chingada de Iguala porque me van a matar”, señaló. Indicó que cuatro compañeros lograron escapar y uno más está desaparecido.
Al conocer la noticia, los manifestantes retiraron el plantón que mantenían desde las 10:30 horas a unos metros de la glorieta de la Diana.
Desde las 10:30 horas, unos 30 integrantes de diversas organizaciones sociales bloquearon un sentido de la avenida costera Miguel Alemán, a la altura de la glorieta de la Diana, para exigir a autoridades estatales y federales la presentación con vida de los ocho integrantes de la organización campesina Unidad Popular de Iguala, desaparecidos desde el jueves pasado, después de efectuar una protesta para exigir la entrega de fertilizante al gobierno municipal de Iguala, en movilización realizada en la caseta de peaje de Iguala, sobre la carretera federal México-Iguala.
El dirigente del Fodeg, Bertoldo Martínez Cruz, responsabilizó al alcalde igualteco José Luis Abarca Ávila por lo sucedido, a quien acusó de tener nexos con la delincuencia organizada.
Un crimen político, el asesinato de los activistas, acusan
Taxco, 3 de junio. El sobreviviente de la matanza de El Charco, Efrén Cortés Chávez, condenó el asesinato del líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, y de otros dos de sus integrantes, y aseguró que la muerte de los activistas se trató de un crimen político, “donde se ve que hubo intención de provocar daño y hay una situación de maldad”. El también luchador social aseguró que los asesinatos de Hernández Cardona, Félix Rafael Gandera Román y Ángel Román Ramírez, cuyos cuerpos fueron encontrados hoy entre el punto conocido como Rancho del Cura y Xalitla, vendados y con huellas de tortura, no tiene una vía más que la de un crimen político: “El líder de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) no tenía enemigos personales, fue un dirigente como el resto de los desaparecidos y sus únicas armas fueron las de las demandas y las protestas”. Calificó como un crimen “atroz y cobarde porque Arturo y los compañeros fueron personas que se dedicaban a la lucha social y no se dedicaron a otras cosas; la forma como son asesinados, es una situación donde se ve que hubo intención de provocar daño y hay una situación de maldad de quienes los hicieron y los ordenaron”. Dijo que no se ve otra situación, debido a que la desaparición de Hernández Cardona junto con otras siete personas el jueves, se realizó después de una protesta que hicieron para exigir al gobierno de Iguala, se cumplieran demandas sociales. Aseguró que “la acción fue política y ahí los tres gobiernos tienen responsabilidad con respecto a lo sucedido” e insistió en que fue un crimen político y no circunstancial en el cual no entraron otras personas, porque “había esa intención, debido a que desde hace meses fue hostigado”. Cortés Chávez señaló que una de las cosas que tiene que exigir el movimiento social, es que el gobierno tiene que investigar y presentar a los “autores intelectuales y materiales del crimen”.
Implicaciones geopolíticas del ingreso de Colombia a la OTAN
Atilio Boron
ALAI AMLATINA, 04/06/2013.- El anuncio del presidente de Colombia Juan Manuel Santos de que “durante este mes de Junio suscribirá un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) para mostrar su disposición de ingresar a ella” ha causado una previsible conmoción en Nuestra América. Lo pronunció en un acto de ascensos a miembros de la Armada realizado en Bogotá, ocasión en la cual Santos señaló que Colombia tiene derecho a "pensar en grande", y que él va a buscar ser de los mejores "ya no de la región, sino del mundo entero". Continuó luego diciendo que "si logramos esa paz –refiriéndose a las conversaciones de paz que están en curso en Cuba, con el aval de los anfitriones, Noruega y Venezuela- nuestro Ejército está en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional. Ya lo estamos haciendo en muchos frentes", aseguró Santos. Y piensa hacerlo nada menos que asociándose a la OTAN, una organización sobre la cual pesan innumerables crímenes de todo tipo perpetrados en la propia Europa (recordar el bombardeo a la ex Yugoslavia), a Libia y ahora su colaboración con los terroristas que han tomado a Siria por asalto.
Jacobo David Blinder, ensayista y periodista brasileño, fue uno de los primeros en alarmarse ante esta decisión del colombiano. Hasta ahora el único país de América Latina “aliado extra OTAN” era la Argentina, que obtuvo ese deshonroso status durante los nefastos años de Menem, y más específicamente en 1998, luego de participar en la Primera Guerra del Golfo (1991-1992) y aceptar todas las imposiciones impuestas por Washington en muchas áreas de la política pública, como por ejemplo desmantelar el proyecto del misil Cóndor y congelar el programa nuclear que durante décadas venía desarrollándose en la Argentina. Dos gravísimos atentados que suman poco más de un centenar de muertos –a la Embajada de Israel y a la AMIA- fue el saldo que dejó en la Argentina la represalia por haberse sumado a la organización terrorista noratlántica.
El status de “aliado extra OTAN” fue creado en 1989 por el Congreso de los Estados Unidos –no por la organización- como un mecanismo para reforzar los lazos militares con países situados fuera del área del Atlántico Norte pero que podrían ser de alguna ayuda en las numerosas guerras y procesos de desestabilización política que Estados Unidos despliega en los más apartados rincones del planeta. Australia, Egipto, Israel, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en ingresar, y poco después lo hizo la Argentina, y ahora aspira a lograrlo Colombia. El sentido de esta iniciativa del Congreso norteamericano salta a la vista: se trata de legitimar y robustecer sus incesantes aventuras militares -inevitables durante los próximos treinta años, si leemos los documentos del Pentágono sobre futuros escenarios internacionales- con un aura de “consenso multilateral” que en realidad no tienen. Esta incorporación de los aliados extra-regionales de la OTAN, que está siendo promovida en los demás continentes, refleja la exigencia impuesta por la transformación de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en su tránsito desde un ejército preparado para librar guerras en territorios acotados a una legión imperial que con sus bases militares de distinto tipo (más de mil en todo el planeta), sus fuerzas regulares, sus unidades de “despliegue rápido” y el creciente ejército de “contratistas” (vulgo: mercenarios) quiere estar preparada para intervenir en pocas horas para defender los intereses estadounidenses en cualquier punto caliente del planeta. Con su decisión Santos se pone al servicio de tan funesto proyecto.
A diferencia de la Argentina (que por supuesto debería renunciar sin más demora a su status en una organización criminal como la OTAN), el caso colombiano es muy especial, porque desde hace décadas recibe, en el marco del Plan Colombia, un muy importante apoyo económico y militar de Estados Unidos –de lejos el mayor de los países del área- y sólo superado por los desembolsos realizados en favor de Israel, Egipto, Irak y Corea del Sur y algún que otro aliado estratégico de Washington. Cuando Santos declara su vocación de proyectarse sobre el “mundo entero” lo que esto significa es su disposición para convertirse en cómplice de Washington, para movilizar sus bien pertrechadas fuerzas más allá del territorio colombiano y para intervenir en los países que el imperio procura desestabilizar, en primer lugar Venezuela. Es poco probable que su anuncio signifique que está dispuesto a enviar tropas a Afganistán u a otros teatros de guerra. La pretensión de la derecha colombiana, en el poder desde siempre, ha sido convertirse, especialmente a partir de la presidencia del narcopolítico Álvaro Uribe Vélez, en la “Israel de América Latina” erigiéndose, con el respaldo de la OTAN, en el gendarme regional del área para agredir a vecinos como Venezuela, Ecuador y otros -¿Bolivia, Nicaragua, Cuba?- que tengan la osadía de oponerse a los designios imperiales. Eso y no otra cosa es lo que significa su declaración.
Pero hay algo más: con su decisión Santos también pone irresponsablemente en entredicho la marcha de las conversaciones de paz con las FARC en La Habana (uno de cuyos avales es precisamente Venezuela), asestando un duro golpe a las expectativas de colombianas y colombianos que desde hace décadas quieren poner fin al conflicto armado que tan indecibles sufrimientos deparó para su pueblo. ¿Cómo podrían confiar los guerrilleros colombianos en un gobierno que no cesa de proclamar su vocación injerencista y militarista, ahora potenciada por su pretendida alianza con una organización de tintes tan delictivos como la OTAN? Por otra parte, esta decisión no puede sino debilitar –premeditadamente, por supuesto- los procesos de integración y unificación supranacional en curso en América Latina y el Caribe. La tesis de los “caballos de Troya” del imperio, que repetidamente hemos planteado en nuestros escritos sobre el tema, asumen renovada actualidad con la decisión del mandatario colombiano. ¿Qué hará ahora la UNASUR y cómo podrá actuar el Consejo de Defensa Suramericano cuyo mandato conferido por los jefes y jefas de estado de nuestros países ha sido consolidar a nuestra región como una zona de paz, como un área libre de la presencia de armas nucleares o de destrucción masiva, como una contribución a la paz mundial para lo cual se requiere construir una política de defensa común y fortalecer la cooperación regional en ese campo?
Es indiscutible que detrás de esta decisión del presidente colombiano se encuentra la mano de Washington, que paulatinamente convirtió a la OTAN en una organización delictiva de alcance mundial, rebalsando con creces el perímetro del Atlántico Norte que era su límite original. También se advertía la mano de Obama al impulsar, poco después de lanzada la Alianza del Pacífico (tentativa de resucitar el ALCA con otro nombre), la provocadora recepción por parte de Santos del líder golpista venezolano Henrique Capriles. Lo mismo puede percibirse ahora, con todas las implicaciones geopolíticas que tiene esa iniciativa al tensar la cuerda de las relaciones colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento del gasto militar entre sus vecinos; debilitar a la UNASUR y la CELAC; alinearse con Gran Bretaña en el diferendo con la Argentina por Las Malvinas, dado que esa es la postura oficial de la OTAN. Y quien menciona esta organización no puede sino recordar que, como dicen los especialistas en el tema, el nervio y músculo de la OTAN los aporta Estados Unidos y no los otros estados miembros, reducidos al triste papel de simples peones del mandamás imperial. En suma: una nueva vuelta de tuerca de la contraofensiva imperialista en Nuestra América, que sólo podrá ser rechazada por la masiva movilización de los pueblos y la enérgica respuesta de los gobiernos genuinamente democráticos de la región. Esa será una de las pruebas de fuego que tendrán que sobrellevar en las próximas semanas.
- Dr. Atilio Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina www.atilioboron.com.ar
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Camboya: el bosque de Cardamomo no debe desaparecer
Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva,
Ambientalistas de Camboya hacen un llamamiento a nuestra solidaridad: la selva de las montañas de Cardamomo está en peligro. Esta vez las selvas quedarían inundadas por un proyecto hidroeléctrico del que está al frente una empresa china. El valle del río Areng es refugio de muchas especies animales y hogar de los indígenas Khmer Daeum.
La buena noticia es que este proyecto todavía se puede detener.
Quien quiera solidarizarse con la protesta firmando una carta dirigida a la empresa constructora puede hacerlo desde el enlace. Y como siempre ayudar a difundir ampliamente la info.
Muchas gracias y un saludo atento,
Guadalupe Rodríguez
Salva la Selva
guadalupe@regenwald.org
México: Los familiares de personas desaparecidas merecen más que promesas
En México, las desapariciones se han convertido en un fenómeno común porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y se han negado a erradicarlas. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional durante la presentación de un nuevo documento.
Los recientes compromisos suscritos por altos cargos gubernamentales para poner fin a las desapariciones y localizar a las víctimas son importantes, pero no tendrán significado alguno para los familiares si no producen resultados tangibles, a saber, acabar con la impunidad y descubrir el paradero de las víctimas.
Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en México señala la constante de desapariciones que impera en el país en medio de los esfuerzos del gobierno de poner freno a las bandas de delincuencia organizada. Estos esfuerzos se materializan a menudo en desapariciones forzadas, es decir, desapariciones perpetradas por funcionarios públicos.
El gobierno federal ha reconocido que hay al menos a 26.000 personas registradas como desaparecidas o no localizadas en los seis últimos años. La semana pasada, el secretario de Gobernación sugirió que la cifra era mucho menor, pese a la falta de investigaciones exhaustivas.
“Incluso aunque se emprendan investigaciones exhaustivas que concluyan que no todas las denuncias de desapariciones tienen que ver con secuestros cometidos por delincuentes y funcionarios públicos, no se puede seguir haciendo caso omiso de esta terrible realidad”, afirmó Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
“Estas cifras ponen de manifiesto uno de los principales desafíos de derechos humanos a los que se enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto: poner fin a la crisis de las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, con independencia de que sean delincuentes o funcionarios públicos.”
El documento también da cuenta de la lucha de los familiares para obtener verdad, justicia y reparaciones ante la pasividad del Estado, que ha permitido que prospere un clima de impunidad y sigue exponiendo a las personas a que sean víctimas de desaparición.
Gracias a esta impunidad, se ha amenazado, estigmatizado y maltratado a familiares desesperados por encontrar a sus seres queridos. Ante la connivencia o la inercia oficial, los familiares han tenido que llevar a cabo sus propias investigaciones, a menudo corriendo un gran riesgo personal.
Su lucha queda reflejada en historias como la de la madre de Israel Arenas Durán. Israel desapareció a manos de la policía de tránsito en el estado de Nuevo León, norte del país, el 17 de junio de 2011. Cuando su madre acudió a la oficina del investigador que se ocupaba del caso para preguntar por el paradero de su hijo, el funcionario ordenó un vehículo policial para que la desalojasen de la oficina “porque no quería que solicitásemos una investigación”.
Aunque el gobierno mexicano ha reconocido en parte la magnitud de las desapariciones que tienen lugar en el país, todavía no ha admitido la implicación de agentes federales, estatales y municipales en muchos de los casos. La participación de agentes del Estado en tales casos convierte las desapariciones en desapariciones forzadas, que son una violación del derecho internacional.
El hecho de que por norma no se investiguen de forma efectiva las denuncias de desapariciones también contraviene el derecho internacional y frustra las oportunidades de localizar a las personas desaparecidas. Además, la negligencia de las autoridades ha disfrazado convenientemente el verdadero número de casos, incluidos los casos en que hay autoridades implicadas.
“Los pasos que ha dado hasta ahora el gobierno –como publicar datos sobre desapariciones, reunirse con algunos familiares y prometer la creación de una unidad especial destinada a buscar a los desaparecidos– son bienvenidas pero insuficientes”, declaró Rupert Knox.
“Las acciones aisladas prometidas por el gobierno federal no tienen el suficiente alcance para abordar la inacción sistemática de las autoridades federales y estatales y la implicación directa o indirecta de funcionarios públicos en desapariciones forzadas. El nombramiento de 12 investigadores para la nueva unidad especial de búsquedas, que se encargará de miles de casos, no es una señal convincente del elevado grado de compromiso, recursos y voluntad política necesarios para abordar esta crisis nacional.”
“Es crucial que el gobierno se enfrente a esta pesadilla contando con la participación de víctimas y grupos de derechos humanos en la elaboración y aplicación de políticas públicas, que las autoridades federales y estatales deben hacer cumplir para garantizar una respuesta efectiva a esta crisis.”
Representantes de Amnistía Internacional participarán en un foro organizado por familiares de personas desaparecidas que tendrá lugar del 5 al 7 de junio en la ciudad de Saltillo, norte del país, para encontrar y promover medidas dirigidas a combatir las desapariciones.
Por primera vez en la historia
Queridos amigos y amigas por toda América Latina,
Nuestro continente se desangra en manos de los narcos y el crimen organizado, destruyendo miles de vidas cada año. Todo porque Estados Unidos ha forzado a nuestros gobiernos a adoptar políticas antidroga fallidas que solo recompensan a las bandas criminales y a los corruptos que se esconden tras el tráfico clandestino.
Ahora, por primera vez en la historia, los líderes de América Latina se están separando del extremismo de EE.UU. y exigen políticas que den resultados. En 24 horas, Guatemala reunirá a los Jefes de Estado de la región y propondrá un nuevo plan para que cada país tenga la libertad de romper con este dogma gringo y pueda experimentar con políticas de droga como las que han funcionado en algunos países de Europa.
Es urgente -- funcionarios de alto rango nos han confirmado que para que los líderes latinoamericanos tengan la fuerza necesaria para desvirtuar la política de EE.UU., necesitan un apoyo popular masivo en las próximas horas que les empuje a cambiar el status quo. Haz clic abajo para firmar la urgente petición y compártela con todo el mundo -- cuando reunamos 100,000 voces, la entregaremos personalmente a la comisión guatemalteca que lidera la cumbre. Únete:
Durante décadas hemos visto cómo nuestros gobiernos han ignorado los consejos de los expertos y las pruebas científicas que demuestran el fracaso de la guerra contra las drogas, por temor a que los votantes les quiten el poder por impulsar enfoques alternativos y “débiles ante el crimen”. Ahora, por primera vez, la ciencia y la política tienen la oportunidad de cerrarle la puerta a una era de sufrimiento. La Organización de Estados Americanos (OEA) es el primer organismo internacional que elabora un informe técnico con alternativas reales, como el apoyo a nuevos métodos eficaces y pacíficos en cada país, en lugar de utilizar el derecho internacional para frenar la innovación en esta materia. Y, por primera vez, un grupo de Jefes de Estado quiere actuar con base en ese concepto experto.
Los vientos del cambio están agarrando fuerza y debemos actuar ahora: Guatemala, Colombia y otros países de la región quieren una reforma, y los sondeos de opinión muestran que los ciudadanos saben que el enfoque actual es una catástrofe. Uruguay está desarrollando un plan inteligente para regular el cannabis y dos estados de EE.UU. ya han votado a favor de legalizarlo y regularlo. Los países que han experimentado con políticas basadas en la regulación han visto reducidas considerablemente la delincuencia, adicciones y muertes relacionadas con drogas; los grupos de presión que defienden ferozmente el status quo, incluyendo los departamentos militares, de policía y de prisiones, cuyos presupuestos están en juego, están perdiendo terreno en el debate.
Desde las calles de Chicago hasta las de Bogotá, las familias de esta parte del mundo están marcadas por las heridas de esta guerra, ¡y ésta es nuestra oportunidad de probar otra vía! El presidente de Guatemala quiere que todos los Estados Americanos se pongan de acuerdo para aprobar nuevas técnicas esta semana. Y quienes están en la mesa de negociaciones nos han dicho que, si nos declaramos a favor del cambio, podemos hacer reaccionar a los países indecisos.
Asegurémonos de que nuestro continente, que ya ha sufrido suficiente, dirija al mundo hacia la revisión de unas políticas internacionales de lucha contra el tráfico de drogas. Tenemos pocas horas antes de la Asamblea General de la OEA -- firma ahora y comparte esta petición con todo el mundo. Ayudemos a que nuestros líderes se atrevan a dar este paso crucial para salvar vidas y devolvernos la esperanza:
Si los políticos se rebelan contra un dogma fallido y asumen el riesgo político que esto conlleva, como lo está haciendo el gobierno de Guatemala ahora, y la gente les deja solos, el golpe político es durísimo. Pero cuando nos unimos para apoyarlos, podemos hacer historia. Apoyemos este cambio ya en Guatemala.
Con esperanza y determinación,
Pedro, Maria Paz, Alice, Ricken, Laura, Bissan y todo el equipo de Avaaz.
PD. ¡Muchas campañas de Avaaz son creadas por miembros de nuestra comunidad! Empieza una ahora y consigue cambiar la realidad a nivel local, nacional o global en cualquier asunto: http://www.avaaz.org/es/petition/start_a_petition/?bgMYedb&v=23917
MÁS INFORMACIÓN:
OEA presenta informa sobre drogas pedido por cumbre de las Américas (El Periódico)
La OEA recomienda despenalizar el consumo de drogas en América Latina (El País)
Expresidentes latinos apoyan llamado de OEA a despenalizar consumo de algunas drogas (El Espectador)
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-423232-expresidentes-latinos-apoyan-llamado-de-oea-despenalizar-consumo
Legalización de la marihuana asoma en debate antidrogas en América Latina (La Prensa)
Chile abre debate sobre despenalización marihuana (El Nuevo Día)
En Bolivia ya se habla de descriminalizar las políticas de droga (Bolpress)
Informe sobre el problema de las drogas en América Latina (OAS)
Boletín de Democracy Now! en Español
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