lunes, 20 de mayo de 2013
Defensa de la tierra en Edomex
JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F. (apro).- El empresario tamaulipeco Armando Hinojosa Cantú y Enrique Peña Nieto hicieron grandes negocios durante la administración de este último en el gobierno del Estado de México.
Hinojosa Cantú creció al amparo del hoy Ejecutivo federal; gracias a él obtuvo la licitación para construir el hospital de Zumpango por un monto de siete mil millones de pesos y no sólo eso, además lo administrará por 30 años cobrándole una respectiva cuota al Estado de México.
Siendo gobernador Peña Nieto, una de las empresas de Hinojosa Cantú, HIGA Edificaciones, se convirtió en la favorita del sexenio. Tuvo a su cargo varias carreteras, la construcción de la Universidad Autónoma del Estado de México y participó, junto con la empresa española OHL y el Grupo de Abogacía Profesional (GAP), en la construcción del aeropuerto de Toluca.
Hinojosa Cantú llegó al Estado de México desde la administración de Arturo Montiel, tío de Peña Nieto y, cuando éste se desempeñaba como diputado local. En esa época HIGA Edificaciones empezó a ganar licitaciones de obras públicas del Estado de México, de Veracruz, con Fidel Herrera (hasta se volvieron consuegros, aunque más tarde los hijos se divorciarían), y en el gobierno de Chiapas, con Juan Sabines.
En 2004, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a esa empresa por tres meses, e incluso emitió la resolución SAN/102/2004, “mediante la cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la empresa HIGA Edificaciones SA de CV”, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en que además se insta a gobiernos estatales y al federal abstenerse de cualquier entrega de obra pública.
Pero el arribo de Peña Nieto al gobierno mexiquense le trajo suerte de nuevo al polémico empresario; como ya se mencionó, no sólo fueron obras estatales, también creó la empresa de servicios aéreos EOLO, la cual se convirtió en la predilecta de Peña para su campaña presidencial.
Armando Hinojosa Cantú engrosó su cartera de clientes y sus bolsillos y, en los círculos cercanos al peñismo, se llegó a comentar que EOLO era empresa de Peña Nieto, fungiendo Hinojosa como prestanombres, aunque nunca se pudo comprobar tal señalamiento.
Lo que sí fue real es que GAP, propiedad de la reconocida familia Fraga dentro del priismo, construyó, junto con OHL, donde se desempeñaba como uno de los principales ejecutivos el hoy director de Pemex, Emilio Lozoya, e HIGA de Armando Hinojosa, dieron el hoy aeropuerto de la ciudad de Toluca.
Todo esto viene a cuenta porque aunque Peña Nieto ya no está en el Estado de México, la suerte sigue acompañando a Armando Hinojosa Cantú. Las grandes beneficiadas no son sólo HIGA y EOLO, también destaca una empresa más de este próspero empresario tamaulipeco: Autovan SA de CV o Autopistas de Vanguardia.
La empresa fue elegida para construir una nueva autopista, la llamada Toluca-Naucalpan que, como su nombre lo dice, correrá desde el aeropuerto de Toluca (construido por HIGA) hasta Naucalpan.
Esa autopista formó parte de los más de 600 compromisos de Peña Nieto como gobernador, pero hasta hoy se pretende concretar. Porque como diría el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, “Peña sí cumple” y, aunque ya no es gobernador sino Ejecutivo federal, pues se impulsa la construcción de esa autopista.
Pero con lo que Peña y su amigo Armando Hinojosa Cantú no cumplen es con respetar la Constitución, donde claramente se reconocen los pueblos indios. Destaco esto porque la carretera que pretende construir el constructor predilecto de Peña Nieto afectará 23 kilómetros del bosque o Parque Estatal Otomí-Mexica, Santuario del Agua, subcuenca del río San Lorenzo y que el propio gobierno mexiquense declaró área protegida.
La autopista mencionada atraviesa siete pueblos otomíes, los que se rigen por la práctica de usos y costumbres y para quienes el bosque forma parte de las tierras que por decreto presidencial de 1951 les fueron dadas en posesión; además del reconocimiento como pueblo regido por usos y costumbres.
La autopista no sólo dañará la tierra que tienen en posesión los indígenas otomíes de siete comunidades ubicadas entre los municipios de Lerma, Huixquilucan y Naucalpan, sino que además afectará uno de los principales “pulmones” del Estado de México y del cual se abastece (prioritariamente) el Sistema de Aguas Cutzamala, que lleva agua a los 20 millones de habitantes que viven en el Distrito Federal y su zona conurbada.
El gobierno de Enrique Peña Nieto inició el proyecto desde 2008, siendo gobernador y, para engatusar a los habitantes de las siete comunidades, las dividió; por ejemplo, cada una de las siete comunidades de otomíes que se rigen por usos y costumbres tiene entre 4 y 8 mil habitantes, sin embargo, el gobierno “registró” como comuneros a 440 habitantes y a ellos les dio el reconocimiento legal para que se constituyeran en “asamblea”, y sea en ese núcleo donde se decida si están de acuerdo o no con la construcción de la autopista.
Así, son los 440 comuneros registrados (en cada una de las siete comunidades) los que el gobierno toma en cuenta para construir la autopista; el resto de los habitantes son ignorados, lo que ha generado enfrentamientos con las policías estatales y municipales.
La mayoría de los pobladores de las siete comunidades determinaron en sus “asambleas de usos y costumbres” que no están de acuerdo con la autopista de la empresa de Armando Hinojosa, ya que afectará su bosque, se derribarán árboles en peligro de extinción y se afectará incluso fauna endémica.
Pero no sólo ello, la tala de árboles provocará que se rompa el ecosistema del cual el sistema Cutzamala se beneficia y por consiguiente los 20 millones de habitantes del Distrito Federal y zona conurbada.
Los otomíes sostienen que lo más importante para ellos es su relación con su creador y él se manifiesta a través de la naturaleza, por ello, desde hace más de 400 años han cuidado del bosque que los alimenta y hoy abastece de agua al sistema Cutzamala.
Sin embargo, el proyecto de Peña Nieto y su constructor favorito pretende hoy destruirles, por lo menos, 2,300 hectáreas de bosque. Por eso, el Frente del Pueblo Indígena en Defensa de la Madre Tierra está hoy en lucha, en resistencia contra la voracidad de Peña Nieto y de Armando Hinojosa Cantú.
Sólo esperemos que en estas comunidades no ocurra lo que pasó en Atenco, cuando Peña Nieto mandó a sus policías para aplastar a la población que se oponía a la construcción del aeropuerto de Vicente Fox y cuyo saldo fue un estudiante y un niño muertos, así como de varias mujeres violadas.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Twitter: @jesusaproceso
Investiga PGR si incendio en Guardería ABC fue provocado
Familiares de las víctimas del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, conformados en el movimiento “Manos Unidas“, revelaron esta mañana que la Procuraduría General de la República ya investiga su teoría, sobre que el evento ocurrido el 5 de junio de 2009 fue provocado.
En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, las madres de víctimas, Juana Luna y Julia Escalante, así como el abogado Gabriel Alvarado, sostuvieron que existen elementos que comprobarían que la quema intencional de documentos sobre la deuda estatal -en una bodega de la Secretaría de Hacienda, al lado de la Guardería-, se habría extendido hasta donde se encontraban decenas de niños y bebés.
Luna apuntó que han buscado la verdad de estos hechos y después de varios meses ya tienen nombres de quienes “fueron la mano que provocaron el incendio“, en referencia a al menos 3 personas sospechosas que se encontraban en la zona el día del incendio.
Señaló que tienen como pruebas llamadas telefónicas y testimonios de vecinos con lo que la “PGR sabe que hay elementos suficientes para consignar este trágico homicidio (de 49 niños)”.
El abogado apuntó que a la PGR “se le proporcionaron elementos de prueba para señalar que fue provocado el incendio”.
Alvarado indicó que el 17 de abril la Procuraduría abrió la nueva línea de investigación y “se le proporcionaron elementos de prueba para señalar que fue provocado el incendio”.
Puntualizaron que el incendio se habría provocado para destruir documentación referente a deudas de 10 mil millones de pesos; el fuego iniciado en la bodega de Hacienda se extendió a la Guardería.
Julia Escalante, madre de la pequeña Fátima Sofía, exigió resultados a la PGR, “únicamente la verdad… queremos ver la voluntad del presidente de la República (Enrique Peña Nieto) para que esto ya se esclarezca”.
Apuntaron que vieron la presencia de 3 hombres desconocidos en la zona del evento del 5 de junio de 2009, quienes serán investigados por su presunta participación en el incendio.
“Los vecinos vieron (a los sospechosos) pero nadie les tomó declaración”, refirió la madre.
Además, indicaron que también tienen grabaciones de llamadas telefónicas como pruebas. Actualmente, las madres de las víctimas ya son coadyuvantes en la investigación del caso.
Por último, recordaron el peritaje de David Smith - para la empresa estadounidense McMullen- en el cual se determinó que el incendio sí fue provocado.
“No dejaremos las armas hasta que haya seguridad”, advierten habitantes de Coalcomán
Zayin Daleth Villavicencio e Ignacio Juárez
Habitantes del municipio de Coalcomán se manifestaron en el Congreso del Estado y denunciaron el desinterés por parte del gobierno del Estado para atender las problemáticas que sufren los municipios de la región de Tierra Caliente ante los cuales la población se ha organizado para tomar las riendas y establecer un nuevo gobierno que empodere a la sociedad.
Guillermo Guzmán Gómez, vocero de los habitantes de la región, señaló que ya ha arribado al municipio el Ejército, la Secretaría de Marina la Policía Federal aunque se resolverá en acuerdo con toda la gente la manera en la que permitirán que desempeñen sus labores, “ahora será la sociedad la que decida y no los gobiernos”, expresó.
Informó que la problemática en Coalcomán prevalece desde hace aproximadamente un mes y los accesos al municipio se encontraban obstruidos por vehículos quemados porque habían realizando una zanja sobre la carretera para impedir el acceso por lo que muchas personas que viven en otras ciudades no han podido regresar a sus casas.
Se trata de vecinos que estudian y trabajan en la ciudad de Morelia provenientes del municipio de Cualcoman, quienes exigen seguridad a causa de los lamentables hechos ocurridos los pasados días y que les a impedido volver al municipio a ver a sus seres queridos.
Advirtieron que no dejarán las armas hasta que no haya seguridad. En las pancartas se puede leer: “¡Ya basta de evadir responsabilidad Tierra Caliente necesita tranquilidad!”, “Apatzingán, Buenavista, La Ruana y Coalcomán no sólo son votos, son pueblos que quieren trabajar”, “Queremos paz en Coalcomán”.
Familiares de desaparecidos hacen ayuno de 12 de horas en Chilpancingo
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Madres, hijos y esposas de desaparecidos en Guerrero hicieron un ayuno de 12 horas en el centro de esta capital para exigir la presentación con vida de sus familiares. Anunciaron que la próxima semana comenzarán una serie de movilizaciones en el estado.
El ayuno comenzó a las 8 de la mañana en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, en el árbol de la dignidad, y terminó a las 8 de la noche.
Ahí el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández criticó que en ocho años se han reportado 424 personas desaparecidas y 4 mil 500 asesinados.
En el ayuno estaba la señora Bladina Diéguez Castro, esposa de Longino Vicente Morales desaparecido desde el 12 de junio del año pasado y de quien hasta ahora no se sabe nada, ni se ha informado avance alguno de las autoridades del estado.
“Muchas veces hablé con la ex procuradora de Justicia (Martha Elva Garzón) y siempre me decía lo mismo, que estaban investigando”, reprochó Diéguez Castro.
“Pusimos toda la confianza en el gobernador, pero nos falló: mi esposo Jesús Bello Moreno sigue desaparecido y ni siquiera nos dicen cómo van las investigaciones”, critico Lilia Vázquez López.
Los familiares de las víctimas de desaparición forzada, tienen la esperanza de poder encontrarlos con vida, por lo que anunciaron que harán todo tipo de gestiones con el gobierno federal para dar con el paradero de sus familiares.
Monroy Hernández mencionó que hay un acuerdo para que la familia de las víctimas participen en los trabajos que haga la comisión especial de búsqueda de desaparecidos, comisión que fue anunciada por el gobierno federal, tras la huelga de hambre que se inició en el centro de la Ciudad de México.
“Ya estamos pidiendo que vengan a Guerrero agentes del Ministerio Público Federal para que levanten testimonios de los familiares que tienen un hijo, esposo, primo o sobrino, desaparecido”, expresó.
La detención de 3 maestros de Oaxaca, para criminalizar la lucha social: ONG
ARTURO DE DIOS PALMA ( Corresponsal)
Chilapa, 19 de mayo. Ranferi Hernández Acevedo y Norma Mesino Mesino, integrantes del Movimiento Nacional de la Sierra del Sur hacia al Socialismo (MNSSS), consideraron que la acusación de secuestro que hizo el gobierno federal en contra de tres profesores de Oaxaca, Mario Olivera Osorio, Lauro Grijalva Villalobos y Sara Altamirano Osorio integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), es parte de una estrategia para criminalizar la lucha social en el país.
Advirtieron que en Guerrero, este caso podría ser un pretexto para desatar una cacería de brujas contra los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), quienes se oponen a la reforma educativa.
Hernández Acevedo y Mesino Mesino fijaron postura por la desaparición, detención y posterior acusación de los tres profesores que desaparecieron el pasado viernes en Oaxaca.
Los dirigentes aseguraron que los acusados son también integrantes del MNSS, por lo que se solidarizaron con ellos y condenaron la acción que ejercen sobre ellos.
Hernández Acevedo, dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), indicó que la desaparición y posterior acusación de secuestro contra los docentes, sólo muestran la incapacidad del Estado mexicano por imponer las reformas educativa y laboral.
Responsabilizó al gobierno federal que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto y al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, de “tal barbarie” y afirmó que con ésto se intenta mandar un mensaje para los maestros disidentes a nivel nacional.
En el caso de Guerrero, señaló que hay persecución y calumnias contra integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), pues, aseguró, que es la misma estrategia federal y con ello las autoridades de Guerrero ahora tendrán un pretexto para desatar una casería de brujas en contra de quienes se oponen a las reformas federales.
Por su parte, vía telefónica, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, señaló que la detención de los profesores se debe a que en Oaxaca es el estado que presenta mayor disidencia en el país por lo que el gobierno federal desea reprimir y prohibir el derecho de manifestación.
La dirigente llamó al gobierno de Peña Nieto a entablar una mesa de diálogo con los profesores para buscar una solución al conflicto magisterial; no obstante, los dirigentes sociales coincidieron en exigir la liberación inmediata de los tres profesores indicando que “no puede haber una negociación con rehenes de por medio”.
Ingresan hombres armados a la normal rural de Ayotzinapa
Seis estudiantes en particular han sido amenazados de muerte si continúan con las protestas
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 19 de mayo. En dos ocasiones en lo que va de este mes, hombres armados ingresaron a la normal Rural de Ayotzinapa y agredieron verbal y físicamente a normalistas, a quienes amenazaron con estar en riesgo de ser asesinados como sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, si continúan con sus protestas contra el gobierno.
Los normalistas agredidos e intimidados son Diego Castro Domínguez, Carlos Vázquez, Juan José Reyes Aguilar, José Mejía Robledo, Sergio Ramírez Domínguez y Gerardo Torres Pérez. Entre estos estudiantes está uno que testificó contra los policías ministeriales recién liberados por el crimen de sus compañeros, y el otro fue torturado el 12 de diciembre de 2011 para responsabilizarlo de ese doble crimen, incluso la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le sembró un arma de fuego.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la normal, los integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil y uno de los agredidos detallaron que la primera agresión ocurrió el 8 de mayo, a las 21 horas: los tres primeros normalistas mencionados circulaban por el corredor de la normal que conduce de la sala de cómputo a su dormitorio, cuando entraron varios hombres armados y llegaron hasta ellos para someterlos y golpearlos.
Según la versión de los normalistas los hombres les gritaron mientras los sometían: “¡Hijos de la chingada, a ver si ya le bajan de huevos a sus desmadres contra el gobierno!, no sigan con pinches escándalos o se los va cargar la chingada”, y “si siguen con sus pinches marchas les va a pasar lo que a sus lacras compañeros que se murieron en la autopista, ¡Pinches perros!”.
El martes 14, fue la segunda agresión, pero ésta ocurrió por la mañana, a las 8 horas, mientras los seis normalistas estaban en su dormitorio de la normal, hasta donde entraron intempestivamente dos personas con armas largas, después de patear y forzar la puerta; mientras les apuntaban con las armas les advirtieron: “¡No se muevan pendejos porque se los carga la chingada!”. Los apuntaban y también revisaban la habitación, como si buscaran algo.
Los normalistas denunciaron que las dos personas se llevaron dos laptops y algunas memorias USB, sus libretas de apuntes, y credenciales de elector ese día, y les advirtieron: “si empiezan con sus pendejadas de abrir la boca ya sabemos dónde viven sus familias”.
Los normalistas consideraron que detrás del atentado, hostigamiento y amenazas directas hay una clara intención de acallarlos. “Grupos armados que actúan en la sombra de la ilegalidad y cobijados por la impunidad del Estado, pretenden silenciarnos con las armas”, difundieron en su comunicado.
“Responsabilizamos directamente al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de estos hechos, porque los mismos se dan en el contexto de la liberación de los policías ministeriales procesados por la ejecución extrajudicial de nuestros compañeros, de la detención de 25 compañeros normalistas el pasado 7 de mayo, y las recientes declaraciones del gobernador”, puntualizaron.
Amenazas y Hostigamiento a defensora del Pueblo Tarahumara
México, D.F., a 17 de mayo 2013
AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO A ESTELA ANGELES MONDRAGON DEFENSORA DEL PUEBLO TARAHUMARA.
GANADORA DEL XXI “PREMIO DON SERGIO MÉNDERZ ARCEO” 2013
Estela Ángeles Mondragón, abogada defensora de los derechos humanos del pueblo Raramuri, de su territorio en las comunidades de Bakéachi, Wawacherare y Chinéachi, del municipio de Carichí ubicados en la sierra tarahumara del estado de Chihuahua, fue amenazada una vez más por parte del Sr. Mario Aranda Gutiérrez, actual Recaudador de Rentas en el municipio de Carichí, según constata en la carta recibida el día a 17 de mayo del presente año.
Existe temor fundado de que las amenazas recibidas se cumplan, pues caben destacar diferentes sucesos como: el asesinato de su esposo el Lic. Ernesto Rábago Martínez en marzo del 2010; incendio de su despacho ( lanzaron dos bombas molotov); un ataque armado a su hija el 18 de febrero del 2010; además de las amenazas de muerte, varios ataques ( tentativas de homicidio, 11 de abril del 2010)) a la misma abogada Estela Ángeles Mondragón.
Estela Ángeles Mondragón, recibió el pasado 20 de abril el XXI Premio de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, que reconoce la labor de las y los defensores de derechos humanos en situación de vulnerabilidad con el objetivo de visibilizar las diferentes luchas sociales en el país.
Nos unimos a las demandas de la Lic. Estela Ángeles Mondragón de garantizar la seguridad de los integrantes de la comunidad indígena de Baqueachi, del municipio de Carichí y de la misma abogada Estela Ángeles Mondragón y su familia.
OBSERVATORIO ECLESIAL
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos
Centro de Estudios Ecuménicos
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro Nacional de Comunicación Social
Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina (SICSAL-México)
Secretariado Social Mexicano
Colectivo Alas
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C
Iglesias por la Paz
Fundación Don Sergio Méndez Arceo
Casa de Encuentros A.C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”
Comité Cerezo México
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A. C. (ACUDDHE A. C.)
Adriana Hernández Salgado
Oficio de Papel
La condonación fiscal de Televisa
¿Y los 20 grandes contribuyentes?
El IFAI rechaza el interés público
Si escandalizó a la sociedad la condonación fiscal de 3 mil millones de pesos al grupo Televisa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resulta igual o más grave la devolución de impuestos por 63 mil millones de pesos a 20 grandes contribuyentes, sólo correspondiente a 2011. Es decir, a esa cifra multimillonaria hay que sumarle lo devuelto en 2012 por el gobierno de Felipe Calderón.
Por lo menos los mexicanos conocemos ya el nombre de la empresa que recibió dicho beneficio fiscal por 3 mil millones de pesos, Televisa de Emilio Azcárraga Jean, pero en el caso de los 20 grandes contribuyentes no sabemos sus nombres ni el de sus empresas, porque el SAT y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) niegan la información bajo los argumentos del secreto fiscal, establecido en las leyes mexicanas para proteger a evasores y abusivos empresarios, y de que “no es de interés público” que se conozca a los beneficiarios del fisco.
Es importante conocer la lista de estas 20 grandes empresas a quienes Calderón benefició con la devolución de decenas de miles de millones de pesos, porque según funcionarios hacendarios fiscales algunos de esos empresarios ni siquiera pagaron los impuestos que les regresaron. Los servidores públicos afirman que se trató de un gran fraude fraguado en las oficinas de la Secretaría de Hacienda a finales del sexenio pasado.
Como es costumbre en este país, las trasnacionales, sean de origen mexicano o extranjero, tienen garantizado un trato privilegiado en materia fiscal. Un claro ejemplo es justamente la condonación de impuestos vía un crédito fiscal que obtuvo Televisa.
Pero no hay que perder de vista el otro beneficio recurrente entre los grandes contribuyentes: la devolución de miles de millones de pesos relacionados con los impuestos al valor agregado (IVA), sobre la renta (ISR), a los depósitos en efectivo (IDE), el empresarial de tasa único (IETU), de trámite aduanero (DTA), entre otros. Como informamos hace unos meses en esta columna, 20 trasnacionales concentraron el 28.8 por ciento de las devoluciones hechas en 2011 por el SAT.
De acuerdo con la “Auditoría financiera y de cumplimiento: 11-0-06E00-02-0063” del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011, se trató de 63 mil 55 millones 90 mil pesos devueltos a cinco empresas dedicadas a la fabricación o ensamble de camiones y tractocamiones; tres, al comercio en supermercados; una, al comercio en tiendas departamentales; una, al comercio de partes y refacciones nuevas para automóviles; cuatro, a los alimentos; una, al almacenamiento con refrigeración; una, a la dirección de corporativos y empresas no financieras; una, a la electrónica; una, a la explotación, refinación y fundición de materiales no ferrosos; una, a la producción de aves de corral en incubadora; una, a la telefonía celular.
En su más reciente informe de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación da cuenta de que, ese mismo año, otros 2 mil 891 grandes contribuyentes obtuvieron devoluciones por 156 mil 106 millones 9 mil pesos. En total, el SAT devolvió 219 mil 161 millones 99 mil pesos a 2 mil 911 grandes empresas.
De esas compañías beneficiadas, sin embargo, los mexicanos no tenemos derecho a conocer ni sus nombres ni todos los privilegios fiscales que se les otorgan, porque esos datos “no son interés público” y están resguardados por el SAT, que ahora encabeza Aristóteles Núñez, con la facultad discrecional de guardar el secreto fiscal.
Pero éste no es el único blindaje de los intereses de esas corporaciones, la mayoría trasnacionales. En un claro retroceso y un evidente cambio de criterio, el IFAI reservó por 12 años la información de los grandes contribuyentes relativa a las multimillonarias devoluciones que se hicieron en el gobierno de Felipe Calderón.
Al resolver el recurso de revisión 1543/13 –interpuesto por esta columna en contra de la reserva impuesta por el SAT bajo el opaco criterio del secreto fiscal–, el IFAI decidió que el nombre y el monto de los impuestos que se les devuelven a los grandes contribuyentes son secretos y por tanto no hay interés público que salvaguardar.
Los comisionados Gerardo Laveaga Rendón, Sigrid Arzt Colunga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño –quien fue la ponente del caso–, Jacqueline Peschard Mariscal y Ángel Trinidad Zaldivar (quienes deben su cargo a la cercanía que tenían con el expresidente Felipe Calderón) olvidaron, por unanimidad, su criterio de que el interés público prevalece sobre la reserva del secreto fiscal, que ya habían fallado en anteriores ocasiones pero sobre los pequeños contribuyentes como usted y como yo, y sobre las micros, pequeñas y medianas empresas.
Como se recordará, a mediados de 2012 el IFAI revocó por cuarta ocasión las reservas impuestas por el SAT respecto de los nombres de 679 mil 35 personas físicas y morales beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales en 2007, por un monto de 73 mil 960 millones de pesos.
Esa vez y por mayoría de votos, al resolver el recurso 297/12 los comisionados reiteraron el criterio de máxima publicidad establecido para los recursos 6030/09, 3880/10 y 7806/10; criterio que ahora olvidan.
El cuarto fallo ordenó entonces al SAT difundir no sólo el nombre del contribuyente, sino también el número de crédito, los motivos de la generación y cancelación del crédito fiscal y el monto del crédito. Sólo Arzt y Laveaga votaron en contra de esa apertura informativa.
Ahora, en el caso de las devoluciones multimillonarias a los 20 grandes contribuyentes, los comisionados –cuyos salarios se pagan con recursos públicos y ascienden a más de 140 mil pesos mensuales por consejero– no tomaron en cuenta que la información de las devoluciones tributarias se refiere a resoluciones firmes dictadas por el SAT de manera discrecional y arbitraria, y que no están sujetas a discusión o revisión: el SAT determinó que esos grandes contribuyentes merecían la devolución de miles de millones de pesos relacionados con el pago de impuestos.
Sin embargo, para el pleno del IFAI no es de interés social conocer esos datos precisos, mismos que no ponen en riesgo a ninguna de las partes involucradas.
En la resolución del fallo del recurso de revisión 1543/13, los comisionados comparan el primer criterio para dar a conocer los nombres de todos nosotros como contribuyentes (en caso de que alguna vez se nos haya cancelado un crédito fiscal) con la petición hecha por este periodista, que en forma textual dice: “Solicito conocer el nombre (razón social) de los grandes contribuyentes a los cuales les han sido devueltos el IVA, ISR, IDE, IETU, DTA y/o cualquier otro impuesto, en el periodo de 2007 a 2012. Por cada caso, incluir el monto devuelto así como el impuesto al que corresponde. Por tratarse de la denominación de personas morales no puede considerarse como dato personal”.
Al hacer su comparativo, refieren que “la devolución de impuestos es una prerrogativa con que cuenta el contribuyente la cual, al ser ejercida, refleja parte de su situación fiscal, y si bien dicha prerrogativa constituye un beneficio para el contribuyente, lo cierto es que dicho beneficio deriva de un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico, del cual es titular el contribuyente, y no de una excepción impuesta por una autoridad.
“En contraste, la cancelación de un crédito fiscal es el reconocimiento por parte de la autoridad fiscal de que algunos créditos son incosteables o bien existe una imposibilidad práctica de cobro, razón por la cual se determina cancelar adeudos, ya que al cobrarlos resultaría muy costoso o bien, imposible.
“Por lo que, toda vez que la cancelación de un crédito fiscal representa para los particulares un beneficio en perjuicio de la hacienda pública federal, dicho beneficio deriva de una facultad discrecional de la autoridad fiscal que bien puede o no aplicar en un determinado momento.
“Así, se advierte que en lo concerniente a la cancelación de créditos fiscales existe un interés público de dar a conocer los casos en que la autoridad fiscal aplicó la medida de excepción prevista en el Código Fiscal de la Federación, ya que da cuenta de la manera en la que el sujeto obligado [el SAT] determina cancelar créditos fiscales; a diferencia de la devolución de impuestos, que al constituir un derecho concerniente a los contribuyentes derivado del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se advierte que no existe un interés público aplicable al caso concreto, en virtud de que la devolución no implica una excepción impuesta por la autoridad fiscal sino el ejercicio de un derecho correspondiente a un contribuyente, por lo que la información relativa a la devolución de impuestos no daría cuenta ni transparentaría la gestión llevada a cabo por dicho órgano.”
Habría que preguntar aquí a los lectores si es o no de interés público saber los nombres de los beneficiarios de devoluciones por más de 63 mil millones de pesos tan sólo en 2011. ¿Nos interesa o no, como sociedad mexicana, conocer la razón social de las cinco empresas dedicadas a la fabricación o ensamble de camiones y tractocamiones; las tres que se dedican al comercio en supermercados; la que tiene como fin el comercio en tiendas departamentales; la que comercia partes y refacciones nuevas para automóviles; las cuatro compañías de alimentos; la que almacena con refrigeración; la dirección de corporativos y empresas no financieras; la que se dedica a la electrónica; la cual tiene por objeto la explotación, refinación y fundición de materiales no ferrosos; la que produce aves de corral en incubadora; y la que ofrece servicios de telefonía celular beneficiadas?
El secreto fiscal está amparado por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que indica: “el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación”.
El propio SAT reconoce en la página 37 del recurso de revisión 1543/13 que los montos de los impuestos devueltos “no son datos proporcionados por los grandes contribuyentes”. Sin embargo, afirma que se obtienen y se determinan con base en los datos que aportan en su solicitud de devolución en calidad de contribuyentes”. Criterio que avaló por unanimidad el pleno del IFAI.
Cada vez con mayor frecuencia dicho Instituto, que debe garantizar la transparencia gubernamental, emite resoluciones contrarias al artículo sexto constitucional. En este caso, a pesar de la relevancia de su nuevo criterio sobre el secreto fiscal, los comisionados prefirieron discutir esta petición y votar a puerta cerrada. Es más, del fallo sobre este recurso de revisión no se dio cuenta en los boletines que emite el propio IFAI, a través de su área de Comunicación Social, como si fuera un acto vergonzoso del cual lo comisionados no quieren que alguien se entere. ¿Por qué? ¿A qué le temen esos servidores públicos que han fallado en su función?
oficiodepapel@yahoo.com.mx
Lamentan indiferencia de autoridades mexicanas ante desaparición de El Tío
Exigen al gobierno federal «asumir su responsabilidad» ante el daño a Kuykendall
Activistas presentarán el caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos y anuncian marcha
Fernando Camacho Servín
Domingo 19 de mayo de 2013, p. 17
A casi dos meses de la desaparición del activista Teodulfo Torres Soriano, conocido como El Tío, las autoridades mexicanas han mostrado «indiferencia» ante el caso y no han hecho ningún avance en las investigaciones, lamentó María Vargas, integrante del Comité Cerezo México.
“Hemos tenido una respuesta muy buena de las organizaciones de la sociedad civil, de amigos y de familiares luego de sacar la acción urgente (el pasado 13 de mayo) sobre la desaparición de El Tío, pero el gobierno federal ha mostrado indiferencia y no ha habido ninguna respuesta”, lamentó la joven en entrevista con La Jornada.
Para llamar la atención sobre la ausencia de Torres Soriano –la cual sus compañeros de lucha consideran como una «presunta desaparición forzada»–, los días 28 y 29 de mayo se presentará el caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos y el 30 del mismo mes se realizará una marcha en la ciudad de México, en el contexto de las actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
«El tiempo sigue pasando y no hemos tenido ninguna respuesta del Estado mexicano. Es riesgoso calificar el caso como una desaparición forzada, pero es más riesgoso no considerar los elementos que nos dan a entender que sí puede serlo. No queremos que lo subestimen ni lo minimicen», recalcó Vargas.
“Kuy sigue vivo”
Por su parte, Juan Francisco Kuykendall, amigo de Teodulfo Torres, sigue en condiciones de salud muy delicadas, como consecuencia del traumatismo craneoencefálico que sufrió tras recibir el impacto de una bala de goma en las manifestaciones contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, el pasado 1º de diciembre.
«El daño neurológico ya está hecho: no habla, sólo mueve la mano y la pierna derechas, no pude deglutir, necesita una sonda para orinar y tiene complicaciones en los riñones. Cada dos horas tenemos que moverlo para que no se le atrofien los músculos. A lo mejor le quitan la sonda en unos días, pero sigue muy bajo de peso», detalló Eva Palma, compañera sentimental del activista y dramaturgo.
Luego de afirmar que el proceso judicial iniciado por la familia de Kuykendall puede continuar aun sin el testimonio de El Tío –quien videograbó el momento del ataque con bala de goma–, la mujer demandó que el gobierno asuma su responsabilidad por las condiciones de su pareja.
“Queremos destacar que Kuy sigue vivo. Hasta ahora hemos subsistido por la solidaridad de los compañeros de La Otra Campaña, pero necesitamos tener más apoyo económico y moral”, indicó Palma, quien dio los números de cuenta 2950648205 y 2824024214 de BBVA Bancomer para recibir los depósitos de quien decida ayudarlos.
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