lunes, 6 de mayo de 2013

Noticiasconelbote *Lo de David Páramo debe indignarnos a todos*


Hoy hablo sobre la pérdida enorme que resultó la inversión que hizo PEMEX en la empresa REPSOL, también hablo sobre el 'ademdum' que se le firmará al Pacto Por México para blindar los programas sociales, también hablo sobre lo dicho por Javier Sicilia respecto al asesinato de 2 hijos del periodista David Páramo, además hablo de como una empresa alemana vendió ilegalmente a México armamento de asalto.

http://tiraderodelbote.blogspot.com/2013/05/noticiasconelbote-lo-de-david-paramo.html#.UYhmGhodzVk.gmail

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EL BOTE.

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Embajada canadiense encubrió a minera vinculada a asesinato de Mariano Abarca




ALEJANDRA GUILLEN

   
Mariano Abarca, líder indígena. Foto: Especial

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Días antes de su asesinato, Mariano Abarca denunció que lo habían amenazado con “quebrarle la madre a plomazos” para que dejara de inconformarse con la presencia de la mina La Revancha en Chicomuselo, Chiapas; aunque la Embajada de Canadá estuvo enterada de los hechos decidió encubrir a la empresa Blackfire, propietaria de la mina, e incluso después de que le dispararon a quemarropa al líder indígena el 27 de noviembre de 2009.

De todo lo anterior da cuenta el informe Minería canadiense en México: Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá un caso de corrupción y homicidio, financiado por las organizaciones Mining Watch Canada, United Steelworkers y Common Frontiers, fechado en mayo de 2013.

El documento se basa en solicitudes de acceso a la información al gobierno de Canadá en las que, según la organización, se evidencia que la Embajada prestó apoyo fundamental e “inescrupuloso” a las operaciones de la empresa minera que, además de provocar un conflicto con la comunidad de Chicomuselo, está bajo investigación de la Real Policía Montada de Canadá por presuntamente haber corrompido al presidente municipal para comprar seguridad.

En las más de 900 páginas de correos electrónicos, informes y otros archivos, hay evidencias de que la Embajada tuvo conocimiento de la criminalización y las amenazas a Mariano Abarca y fue omisa; además, después del asesinato, del cierre de la mina y de las denuncias de corrupción por pagos al presidente municipal de Chicomuselo, mantuvo su respaldo a la trasnacional ante funcionarios mexicanos y en los reportes que enviaban a su país.

Todo ello, explica el documento, contraviene las normas de conducta que debería seguir la Embajada canadiense basándose en la declaración sobre la misión del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT), en las obligaciones de Canadá frente a los derechos humanos internacionales, el marco voluntario de la Responsabilidad Social Corporativa de Canadá para la industria extractiva en el extranjero y la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros, vigente desde 1998.

De las mineras existentes en el mundo, 75% tiene su sede en Canadá y muchas de éstas se encuentran asociadas a “conflictos serios”. En México, Canadá es el segundo inversionista en el sector extractivo, después de Estados Unidos, y en 2010 la oficina canadiense para la Responsabilidad Social Corporativa informó que de las 269 empresas extranjeras en el sector minero mexicano, 204 eran canadienses, es decir, las tres cuartas partes.

Tras el análisis de este caso, Mining Watch Canada afirma que “es evidente que los mecanismos legales existentes no aseguran que las empresas mineras canadienses en el extranjero respeten los derechos humanos colectivos e individuales y acaten el estado de derecho”. Esta visión concuerda con la de un sector de académicos, como Pablo González Casanova, Ana Esther Ceceña, Edgar Lander o Raúl Zibechi, y de pueblos en Latinoamérica que consideran que la manera en que operan las trasnacionales mineras representa una especie de neocolonialismo a través del sector extractivo que, además, ha tenido un boom desde la crisis financiera global de 2008.

Los informes y correos a los que tuvo acceso Mining Watch sobre el caso de Chicomuselo conforman una radiografía sobre cómo operan las mineras canadienses en otros países.

“No es justo que extranjeros agredan a nuestra gente”

El documento establece que la Embajada de Canadá fue crucial para la apertura de la mina La Revancha en la Sierra Madre de Chiapas, a pesar de que existían informes de 2007 en los que se decía que las comunidades no habían dado su pleno consentimiento y la tensión iba en aumento.

En ese año, Douglas Challborn, consejero político de la Embajada, visitó el sitio y anticipó “posibles problemas” relacionados con el método que la empresa utilizó para consultar a los pueblos. Por su parte, Blackfire aseguraba que había negociado pagos y programas para la comunidad, como hacer pozos de agua e impulsar la siembra de jatrofa, una planta utilizada para producir biocombustibles. Pero el funcionario informó que tenía dudas de que realmente hubiera habido un proceso de consulta en los ejidos Nueva Morelia y Grecia, en cuyo territorio se asentó la mina.

Las advertencias del funcionario no importaron, como lo demuestra un correo de septiembre de 2008 en el que Blackfire agradece a la Embajada de Canadá por “presionar” al gobierno de Chiapas para iniciar la explotación de barita en la región (material que se utiliza en los pozos petroleros).
La Revancha, también denominada mina Payback, comenzó a operar a cielo abierto en 2008 y de nuevo hubo intervención diplomática canadiense para favorecerla; en esa ocasión para conseguir con el gobierno mexicano los permisos para el uso de explosivos.

Mientras tanto, en las comunidades crecía la resistencia al proyecto extractivista y el líder Mariano Abarca era cada vez más importante en la lucha contra la minera; en ese punto la Embajada tomó partido a favor de la empresa y promovió la versión de que la resistencia comunitaria era “peligrosa y posiblemente criminal”.

A principios de 2009 hubo manifestaciones para exigir la cancelación de los permisos para la operación de la mina La Revancha y –de acuerdo con documentos internos de la Embajada– los diplomáticos canadienses consideraron estos actos como intentos oportunistas cuyo único objetivo era obtener más dinero de la empresa Blackfire. Incluso el comisionado de Comercio, Paul Connors, concluyó que Blackfire enfrentaba los desafíos de los ejidos y de la comunidad de Chicomuselo para entregar dinero adicional, “más allá de los acuerdos ya firmados por la empresa”.

El 22 de julio de 2009, una delegación de habitantes de Chicomuselo se plantó frente a la Embajada canadiense en la ciudad de México; un video colgado en Youtube registra el momento en que Mariano Abarca explica a funcionarios de relaciones públicas que Blackfire les estaba afectando gravemente: “además del conflicto social, la empresa está usando a unos 40 empleados como grupos de choque para repeler a la comunidad (…) Nos preocupa la contaminación del medio ambiente y las amenazas a los que estamos en el movimiento. Pensamos que no es justo que gente extranjera agreda a nuestra propia gente y ellos llevándose la riqueza a otro país”. A pesar de este encuentro y las advertencias, la representación diplomática siguió actuando a favor de la empresa.

Tres semanas después, policías vestidos de civil detuvieron al activista atendiendo una queja interpuesta en su contra por la oficialía de relaciones públicas de Blackfire. En respuesta, distintas organizaciones y personas enviaron a la Embajada de Canadá mil 400 correos electrónicos en apoyo a Abarca, quien días después fue liberado al no haber elementos para procesarlo.

Fue un nuevo aviso de lo que venía, pero los diplomáticos insistían en que la detención era un arresto legal y justificado por el bloqueo que la comunidad mantuvo durante los meses de junio y julio de 2009 en el camino a la mina de Blackfire.

Más allá de averiguar los detalles de la detención de Abarca con las autoridades mexicanas -detalla el informe- los diplomáticos canadienses respaldaron la denuncia de la empresa contra el activista “por los delitos de asociación ilícita, crimen organizado, ataques a las vías de comunicación, daños contra la empresa, alteración del orden, amenazas contra la integridad corporal, la integridad colectiva y del patrimonio del estado”.

La trasnacional argumentaba ante todas las autoridades mexicanas que sólo quería operar una mina legalmente y que no era cierto que se contaminaba al medio ambiente, como lo denunciaban las comunidades afectadas, porque la barita “es un mineral suave como la caliza” y no necesita de sustancias químicas para su extracción.

En su informe, Mining Watch Canada considera que durante el tiempo que operó la mina La Revancha, se hizo evidente que la Embajada tuvo conocimiento del conflicto suscitado en torno a las operaciones de Blackfire en Chiapas y en vez de analizar el comportamiento de la empresa, más bien asumió y fortaleció la perspectiva “hostil” de ésta, “lo cual sentó las bases para la violencia que tendría lugar más adelante”, es decir, el asesinato de Mariano Abarca.

La resistencia de las comunidades continuó y el 7 de septiembre de 2009 los habitantes del ejido Nueva Morelia informaron que la empresa estaba llevándose barita sin efectuar pago alguno. Entonces intentaron bloquear de nuevo el camino de acceso a la mina, pero los trabajadores del corporativo los amenazaron y hubo confrontaciones.

Ese mismo mes, el comisionado de Comercio de la Embajada, Paul Connors, visitó la zona de explotación e informó que Blackfire había ayudado a modernizar los caminos, que estaban “orgullosos de la modesta huella ambiental” de la mina y que las protestas de la gente eran para obtener más dinero, situación que, aseguró, padecen todas las minas canadienses en México una vez que llegan a producir.

Es decir, en vez de investigar qué estaba sucediendo con los grupos de choque que amenazaban a la comunidad, los funcionarios canadienses se dedicaron a seguir gestionando los intereses de la empresa para frenar la creciente resistencia de los pobladores.

Ese mismo año, el 27 de noviembre, mientras Mariano Abarca estaba afuera de su casa, un hombre le disparó a “quemarropa” por la espalda. El defensor del territorio murió y junto a él quedó herido Orlando Vásquez, quien en su declaración afirmó que la agresión era por oponerse a la mina. El 2 de diciembre fueron detenidos tres individuos vinculados a Blackfire y que al menos otros tres empleados canadienses de Payback habían salido de Chiapas. }

Asimismo, el 8 de diciembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales suspendió la operación de la mina. Otro elemento central es que en marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses pidieron a la policía federal de Canadá que abriera una investigación contra Canadá por violar la Ley de Corrupción de Autoridades Públicas Extranjeras en Canadá, ya que el medio The Globe and Mail evidenció que la trasnacional había hecho 15 depósitos que sumaban la cantidad de alrededor de 204 mil 22 pesos al entonces presidente municipal de Chicomuselo, Julio César Velásquez Calderón para “mantener la paz y evitar que los habitantes de la comunidad tomaran las armas contra la mina”.

A pesar de las evidencias de las irregularidades, la Embajada nunca exhortó a las autoridades mexicanas a que realizaran una investigación completa e incluso negaron haber tenido conocimiento previo de las amenazas que Abarca había recibido previamente a su muerte.

El informe plantea que si los diplomáticos canadienses hubieran tomado seriamente la información sobre el conflicto que estaba generando Blackfire, “es posible que para Abarca, su familia y su comunidad el desenlace podría haber sido diferente”.

Ante este panorama, Mining Watch recomienda en su informe que Canadá establezca leyes que regulen a sus mineras en el extranjero y que se abran los tribunales para las comunidades afectadas; que se giren instrucciones para que los intereses comerciales nunca tengan más importancia que los derechos humanos colectivos; y que la empresa Blackfire renuncie a cualquier derecho de reabrir la mina La Revancha (o Payback) en Chicomuselo, o en cualquier otra parte de Chiapas.

Además, el informe desliza la siguiente hipótesis: “considerando los pocos enjuiciamientos realizados hasta la fecha en el marco de las leyes anticorrupción (de Canadá), los hallazgos de este informe evidencian una problemática profunda que tiene que ver con la impunidad corporativa que reina a nivel de las empresas canadienses. Lo anterior puede constituir una de las razones por las cuales 75% de las empresas mineras existentes en el mundo se haya registrado en Canadá y no en otro país”.

En México, además, La Ley Minera favorece a este sector por encima de cualquier otra actividad y las empresas sólo pagan entre siete y 110 pesos por hectárea concesionada.

Ya lo advertían Mariano Abarca, al igual que otros líderes opositores a la minería que han sido asesinados, como Ismael Solorio Urrutia, en Chihuahua, y Bernardo Vásquez y Bernardo Méndez, en San José del Progreso, Oaxaca, “no es justo que extranjeros agredan a nuestra gente” y que además se enriquezcan con base en el despojo a los pueblos del territorio y de sus bienes naturales.

…Y ahora, muestran lujos del hijo de Romero Deschamps en Miami


José Carlos Romero Durán, hijo del dirigente del sindicato de trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, posee dos departamentos de lujo en Miami Beach, Florida, y pagó por los mismos 7 millones 550 mil dólares (93 millones de pesos).

El diario Reforma publicó este lunes nuevos detalles de la vida de lujo que Romero Jr lleva en los Estados Unidos.

Los condominios del hijo de Romero Deschamps –quien actualmente ocupa un escaño como senador del PRI- están marcados con los números 1803 y 3004 del fraccionamiento Bath Club Overview, de Miami Beach.

En 2012, el hijo del líder sindical pagó un predial anual de 32 mil 268 dólares por el inmueble más pequeño y 92 mil 863 dólares por el más grande, reporta el diario.

El condominio de Romero Jr cuenta con enormes terrazas, dos hectáreas de jardines privados, jacuzzi, piscina, cancha de tenis y gimnasio.

El Bath Club Overview es “sinónimo de lujo y exclusividad”, según su propia publicidad; es refugio de celebridades del espectáculo, deportistas y presidentes de corporaciones trasnacionales.

En el departamento 1401, Romero y su esposa tienen como vecina a la modelo rusa Valentina Zelyaeva, quien ha sido imagen de campañas de Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Ralph Lauren y portada de la revista Vogue.

Otros inquilinos son: Bradley Wechsler, director de Imax; Rodney O´Neal, presidente de la automotriz Delphi; Farid Suleman, ex vicepresidente de la cadena CBS; Alejandro Nesta y Paolo Maldini, ex futbolistas italianos del Milán; y el productor de Televisa, Pedro Torres, entre otros.

Los lujos de los ‘peques’ Romero

El pasado 24 y 25 de Febrero, Aristegui Noticias publicó información sobre el regalo de un auto Ferrari, con valor de 2 millones de dólares, que el líder petrolero Romero Deschamps hizo a su hijo Carlos Romero Durán.

El auto modelo Enzo Ferrari es una edición limitada, del que sólo se fabricaron 399 unidades entre 2002 y 2004.

AN informó que para adquirirlo, “es necesario contar por lo menos con dos vehículos Ferrari, demostrar solvencia económica, que el país donde vaya a circular el auto cuente con una agencia automotriz de esa marca, someterse a una sofisticada prueba de manejo y, por supuesto, pagar la unidad”.

Asimismo, reportó que entre las personalidades que poseen un auto Enzo Ferrari, como el del Romero Jr se encuentran el corredor de autos Michael Schumacher; o artistas de la música y el cine como 50 Cent, Eric Clapton, Nicolas Cage, o petromillonarios como Al-Saas Al-Sabah, miembro de la familia real kuwaití.

En mayo de 2012, Aristegui Noticias retomó las imágenes que Reforma publicó tomadas del Facebook de Paulina Romero Durán, la hija de Carlos Romero Deschamps.

Las imágenes, muestran los viajes de Paulina alrededor del mundo, acompañada de sus perros boxer, a bordo de jets privados y de un yate; o bien visitando exclusivos restaurantes; bebiendo vinos de más de 10,000 pesos.

Las fotos de Paulina fueron borradas del Facebook después de su publicación.

Encarcelan a 3 en Puebla por manifestación del 5 de mayo que Anonymous convocó


Néstor López, Eduardo N e Iván Ismael N fueron acusados de portación de instrumento prohibido, cohecho, desobediencia y resistencia de particulares; el primero es miembro de Morena y participó como vocero de #Yosoy132.



La Procuraduría General de Justicia de Puebla confirmó la detención de tres personas ante la posible comisión de hechos violentos previstos para el Desfile del 5 de Mayo, que fue convocada por el grupo Anonymous. De acuerdo con un comunicado la dependencia estatal informó que Néstor N, Eduardo N e Iván Ismael N, fueron consignados dentro de la averiguación previa 215/2013/DMZS por los delitos de portación de instrumento prohibido, cohecho, desobediencia y resistencia de particulares.

“A las tres personas se les investigó ante la posible comisión de hechos violentos previstos para el 5 de mayo a los que estaban convocando” , se indicó.

Las primeras dos personas fueron ingresadas al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cholula, mientras que la tercera persona está en el de San Miguel.

Fue el colectivo de hackers, Anonymous, quien difundió un video invitando a manifestarse durante el desfile por la Batalla del 5 de Mayo, al que asistieron el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle.

En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, René Sánchez Galindo, del Consejo Nacional de Morena en Puebla, reveló que uno de los detenidos es miembro de la organización “lopezobradorista”.

Refirió el caso de Néstor López Espinoza, de quien dijo que convocó a una “manifestación pacífica” en el zócalo poblano y para detenerlo usaron como evidencia “información en Facebook”.

Indicó que el sábado al mediodía se enteró que lo detuvo la Procuraduría; sin embargo, mencionó que el propio procurador reconoció no tener más elementos que conversaciones por internet.

Sánchez Galindo denunció públicamente la “criminalización” de las redes sociales, e incluso, tortura contra e joven detenido presuntamente por intentar alterar el desfile del 5 de mayo.

“Los que están convocando a la violencia no están identificados”, dijo.

Néstor López Espinoza es estudiante de la licenciatura en Relaciones Exteriores de la Facultad de Derecho de la BUAP y ha participado en el movimiento #YoSoy132 como vocero de la facultad.

(Con información de Notimex y MVS)

CNTE protesta contra reforma educativa en Senado y SEP


Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon este lunes del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), para protestar contra la reforma educativa.

Los maestros inconformes con las modificaciones constitucionales en educación se desplazaron sobre Paseo de la Reforma con rumbo al centro de la ciudad.

En su marcha, hicieron una parada y protestaron frente al Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma; los manifestantes lanzaron arengas contra la reforma educativa e insistieron en que violenta los derechos laborales de los trabajadores y privatiza la educación.

Los más de mil de maestros de la CNTE de la educación protestaron también frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde realizan un mitin.

Demandaron la derogación de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, con la cual se impulsó la reforma de la educación.

Esta tarde, entregarán un documento de sus peticiones en las oficinas de Emilio Chuayffet, secretario de Educación; para ello, una comisión de poco más de 10 dirigentes de la Coordinadora ingresó a la SEP donde se les atenderá en la unidad de atención ciudadana.

(Con información de Notimex y Reforma)

Legisladores entregarán patrimonio a los extranjeros, acusan seguidores de AMLO


Coatzacoalcos, Ver.- Una decena de personas integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) protestaron este domingo en contra de la reforma al artículo 27 constitucional.

Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador en Coatzacoalcos se apostaron sobre las playas de la ciudad a la altura de la avenida Independencia para denunciar que los legisladores federales que están entregando el patrimonio de la nación a los extranjeros.

“Este país se está vendiendo por pedazos, es aún peor que con Santa Anna, tenemos que concientizar a la nación y al pueblo de que realmente escuche, lea y se informe para que no nos caigan desprevenidos”, manifestó Arturo Ruiz.

Los 10 integrantes de Morena se plantaron cartulinas en mano para hacer un reclamo frente a lo que podría ser la entrega de las playas a los inversionistas extranjeros.

Explicaron que la protesta tiene el objetivo de despertar al pueblo mexicano tal y como sucede en otras partes del país.

Denunciaron que las reformas aprobadas desde el Congreso de la Unión pretenden afectar los derechos laborales, coartar la libertad de expresión y entregar el patrimonio natural de la nación a terceros.

Arturo Ruiz aseguró que las protestas continuarán focalizadas contra la reforma al artículo 27 constitucional, en este caso las redes sociales jugarán un papel fundamental, agregaron.

De acuerdo con los seguidores de López Obrador, en algunas playas de Cancún y Baja California ya se inició con la restricción del paso a mexicanos que ahí desean divertirse toda vez que son administradas por empresarios extranjeros.

“Esto va a ser negocio para ellos, cuando usted quiera ir a la playa no va a poder, va a tener que pagar por ello”, expresó Arturo Ruiz.

Repudian integrantes de Morena la entrega de playas a los extranjeros


ROXANA AGUIRRE

 
EL GRUPO, FORMADO EN SU MAYORÍA POR MUJERES, DIO INICIO CON ESE ACTO A UNA SERIE DE ACCIONES DE “RESISTENCIA” DE MORENA CONTRA LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN EN SU ARTÍCULO 27 QUE PERMITE LA COMPRA DE PLAYAS A EXTRANJEROS ¦ FOTO AVC NOTICIAS 

Veracruz, Ver.- Un grupo de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se manifestó en la playa La Bamba de Boca del Río en repudio a una reforma constitucional que permite la inversión extranjera en playas.

Esta mañana, cerca de 20 manifestantes se plantaron en la concurrida playa La Bamba del municipio boqueño portando pancartas y lanzando consignas contra el gobierno federal.

El grupo, formado en su mayoría por mujeres, dio inicio con ese acto a una serie de acciones de "resistencia" de Morena contra la reforma a la Constitución en su artículo 27 que permite la compra de playas a extranjeros.

La protesta estuvo encabezada por la dirigente de Morena en Boca del Río, Celia Luna Pacheco.

Pretendemos hacer saber a la gente de la reforma constitucional donde están permitiendo que las playas, la zona fronteriza y las islas sean vendidas a los extranjeros", externo Luna Pacheco.

Dijeron que su protesta no tenía ningún tinte electoral (actualmente corren tiempos de elecciones y Morena busca ser un partido político), sin embargo, en las pancartas se leía:

"Gobierno priísta roba los apoyos sociales para elecciones", "Apoyos de Sedesol, botín para los priístas y las playas no se venden porque son espacios libres para el pueblo".

Margina Cruzada contra hambre a municipios serranos en pobreza


FERNANDO INÉS CARMONA

Zongolica, Ver.- La Cruzada nacional contra el hambre es discriminatoria y no incluyó a municipios de la sierra cuya población transita con iguales o peores índices de pobreza. Celso Nopaltecatl Xalamihua, dirigente del comité regional del Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) consideró que se debe replantear la selección de las zonas de influencia para ampliar el rango de trabajo en las comunidades que más lo requieran.

Este organismo no gubernamental presentó una propuesta al gobierno federal con el objeto de que haya más demarcaciones, “que sean tomados en cuenta en la Cruzada nacional contra el hambre, sobre todo porque en el estado son pocos los que fueron incluidos con este programa institucional”.

Un ejemplo de la marginación en la Cruzada contra el hambre lo tenemos en la sierra de Zongolica, “sólo fueron seleccionados Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Zongolica y Soledad Atzompa, pero hay otro más en donde la pobreza es igual o peor que ahí. Ahí tenemos el caso de San Juan Texhuacan, Los Reyes, Tlaquilpa y Atlahuilco, ahí existen comunidades indígenas que permanecen sin vías de comunicación, sin acceso a los servicios de salud, sin agua potable y esto dificulta el desarrollo que la población pueda tener en este caso además de problemas de salud y mejor alimentación”.

Asimismo expuso que están en pláticas con funcionarios nacionales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), “estamos en el análisis de los temas relacionados con la infraestructura de salud, educación, cultural y de desarrollo económico de los pueblos indígenas, respetando usos y costumbres de su gente”.

Una de las propuestas es iniciar mesas de trabajo para buscar elevar el índice de desarrollo humano de los pueblos serranos, “ahí las condiciones de vida de los indígenas y sus carencias se deben regionalizar en foros de consulta para que en la conformación de los planes de desarrollo del Gobierno, las propuestas de la población indígena y serrana sean tomadas en consideración. La gente que no está contemplada dentro de los ayuntamientos elegidos dentro del Programa nacional contra el hambre, simplemente no tiene acceso a programas de apoyo de obras y proyectos productivos, debido a que así lo marcan las reglas de operación, lo que preocupa a los habitantes de la sierra de Zongolica, eso es una acción que se puede considerar discriminatoria y que en nada beneficia a los trabajos para poder desarrollar acciones que permitan disminuir los índices de pobreza y hambre en las zonas serrana del estado”.

Denuncia #YoSoyHuesca tortura y otras violaciones de la PGJ contra Néstor López


Por : Martín Hernández Alcántara
2013-05-06 12:06:00

La Comisión #YoSoyHuesca, perteneciente a la asamblea #YoSoy132Puebla, manifestó su solidaridad con las tres personas detenidas que a decir de la Procuraduría General de Justicia planeaban plantear disturbios durante el desfile del 5 de Mayo. La comisión #YoSoyHuesca en un comunicado, se refirió al caso de Néstor López Espinoza, acusando a la PGJ de haberlo torturado y violado sus derechos constitucionales pues se le mantuvo varias horas encapuchado, arrodillado, incomunicado y sin que le explicaran los cargos que se le imputaban. Además durante su desaparición por más de 24 horas a sus familiares las autoridades le negaron que el joven estudiante de Relaciones Exteriores de la UAP estuviera detenido.

Violaron derechos a maestros detenidos, insiste Tlachinollan


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 5 de mayo. El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra denunció que en la detención y traslado de los cuatro maestros cetegistas a penales federales, de donde después fueron liberados, los gobiernos estatal y federal cometieron violaciones a sus garantías individuales y derechos humanos, que prevé documentar. Mencionó que es posible que los cuatro maestros fueran liberados fue por falta de elementos. Aclaró que desconoce detalles y términos legales de su liberación porque a Tlachinollan le negaron participar en el proceso, es decir el derecho a la defensa de los maestros. El miércoles por la noche y el jueves en la mañana la Policía Ministerial del Estado (PME) ejecutó las órdenes de aprehensión de la PGJE contra los maestros Genaro Guevara Hernández, José Lucas Juárez Tlatempa, Mauro Lázaro García y Cesáreo Rosendo Feliciano, acusados de motín y daños, pero en boletín la dependencia estatal agregó los delitos de sedición y terrorismo. “Los maestros se vieron afectados por la mecánica de cómo el gobierno actuó en la detención y en el proceso hasta la salida de los compañeros”, dijo el abogado de Tlachinollan.

Denuncia la dirigencia estudiantil hostigamiento del gobierno del estado


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 5 de mayo. La dirigencia estudiantil de la normal Raúl Isidro Burgos denunció hostigamiento de las policías federal y estatal, incumplimiento del gobernador Ángel Aguirre Rivero de las recomendaciones de la CNDH por el caso Ayotzinapa y retención de partidas para comedor y becas desde marzo pasado por su apoyo al Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

En conferencia de prensa en la instalaciones de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, los integrantes de la dirigencia estudiantil informaron que fue el sábado 27 cuando los hostigaron, un día después de la marcha que encabezaron junto a los padres de los normalistas asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, con el respaldo del MPG por la autopista del Sol, en protesta por la liberación de los dos ministeriales señalados incluso por la CNDH como autores materiales del crimen de sus compañeros.

Jonathan Vázquez Pareja detalló que ese día unos 20 de sus compañeros viajaron a Atoyac a botear para financiar el comedor, y que hasta ellos llegó un Tsuru blanco de donde bajaron dos personas vestidas de civil, pero armadas, las que piensan que eran policías ministeriales. Los acompañaba, dijo, un federal uniformado y armado.

Los tres, explicó, encañonaron a los normalistas, los obligaron tirarse al suelo y les quitaron el dinero del boteo y el que llevaban algunos estudiantes. A uno de los sometidos, dijo, le dieron unos culatazos con una arma.

José Solano Ramírez, el secretario general del Comité Ejecutivo estudiantil, aseguró que eso fue parte de la represión del gobernador Ángel Aguirre Rivero contra los normalistas, después de la reacción de Ayotzinapa al conocer de la liberación de los ministeriales.

“Del caso de 12 de diciembre de 2011, aún no hay justicia, porque fueron liberados los únicos señalados de haber disparados contra los normalistas en el desalojo violento donde fueron ejecutados extrajudicialmente Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Sobre este caso, señalamos que la integración de la averiguación previa se hizo con deficiencias, una deficiencia marcada por falta de ética y lineamiento desde la esfera del poder, y como resultado, el amparo que los dejó en libertad, dejando en los familiares un sentimiento de indefensión y frustración”, leyó en un boletín de prensa.

Denunció que el gobernador desacató a la CNDH al extremo de negar una indemnización a Edgar Espíritu Olmedo, el normalista que resultó lesionado de bala en los hechos del 11 de diciembre de 2011 en la autopista del Sol. “A él se le dañó la mitad de su pulmón, y hasta ahora los compañeros de la normal pagan las medicinas y atención médica. Porque el Estado no ha cumplido con la recomendación de la CNDH”, mencionó.

De los boteos, mencionó, la dirigencia estudiantil ha tratado de cubrir los gastos médicos de Espíritu Olmedo cuando viaja a la ciudad de México a atenderse, cada 15 u ocho días. Recordó que la última vez (hace dos semanas) le dieron 5 mil pesos. “A Edgar se ve le cansado, agotado, ya está muy desgastado”, agregó.

“El caso de tortura de compañero Gerardo Torres, acusado de portar un arma, fue torturado para inculparlo por la muerte de nuestros compañeros. Este caso de tortura sigue sin ser investigado, y tampoco hay detenidos”, mencionó.

Ayotzinapa ha participado en las acciones del MPG contra la reforma educativa, y aseguró el dirigente estudiantil que el gobierno estatal encontró la manera de hostigarlos al retenerles desde el 22 de marzo las raciones de comida. El presupuesto actual para Ayotzinapa en alimentación es de 50 pesos por alumno, que son poco más de 500.

Dijo que por acuerdo con la dirigencia, los proveedores surtieron los insumos a la normal por un tiempo, pero se niegan a hacerlo más porque la SEG se rehusa a reconocer la deuda.

Ropa sin remordimientos

Queridas amigas y amigos,

Todos hemos visto esas imágenes escalofriantes de cientos de mujeres inocentes que han muerto quemadas o aplastadas en fábricas mientras producían nuestra ropa. En los próximos días, tenemos una oportunidad de oro para conseguir que las compañías internacionales actúen para que esto no vuelva a suceder.

Las grandes marcas de la moda se abastecen de cientos de factorías y talleres clandestinos (maquilas) en Bangladesh. Dos empresas, incluyendo Calvin Klein, han firmado un ambicioso pacto sobre seguridad de edificios y contra incendios. Otras, lideradas por Wal-Mart, están intentando zafarse de firmar -- proponiendo un compromiso más débil que es un simple ejercicio de relaciones públicas. Pero este último incendio ha provocado reuniones de emergencia y una enorme presión a favor del acuerdo más firme que puede salvar miles de vidas.

Las negociaciones terminan en pocos días. H&M y GAP son las dos compañías con más probabilidades de firmar un código más estricto. La mejor manera de forzar el cambio es ir tras sus Directores Ejecutivos. Si un millón de nosotros les hacemos un llamamiento directo a través de esta petición, compartiéndola por Facebook y Twitter, y por medio de anuncios; sus amigos y familiares se terminarán enterando. Les haremos saber que su reputación, y la de sus empresas, están en la cuerda floja. Ellos están forzando a personas a producir nuestra ropa en edificios atrozmente peligrosos -- firma para que se conviertan en sitios seguros y reenvía esta campaña a todos tus conocidos:


El reciente trágico derrumbe se ajusta a un patrón que se repite. Durante los últimos años, incendios y otros desastres se han llevado miles de vidas por delante, dejando a muchos otros incapacitados para poder seguir trabajando. El gobierno de Bangladesh hace la vista gorda ante las terribles condiciones de trabajo, permitiendo que los proveedores reduzcan costes para que el ritmo de producción de ropa, y su precio, se ajusten a las expectativas de las grandes marcas. Estas compañías internacionales dicen que monitorean la situación, pero los trabajadores afirman que no se puede confiar en las auditorías efectuadas por las propias empresas.

El acuerdo de seguridad apoyado por los trabajadores requiere la puesta en marcha de inspecciones independientes, informes públicos acerca de las condiciones de las fábricas, y reparaciones obligatorias. ¡El acuerdo también se aplicaría ante los tribunales del país de origen de las empresas! Aún se desconocen algunos detalles de las compañías compradoras de la fábrica que colapsó recientemente, y no hay pruebas que señalen que H&M o Gap están entre ellas. Sin embargo hay trabajadores en Bangladesh que han perdido la vida en fábricas de H&M y Gap en el pasado, y lograr que se sumen a la iniciativa pondría una tremenda presión al resto de las grandes marcas.

Las empresas están definiendo su postura ahora mismo. Hagamos un llamamiento a los Directores Ejecutivos de H&M y Gap para que se adhieran a un plan de seguridad y lideren el camino para otras compañías. Suma tu nombre a la petición y después comparte este correo con todo el mundo -- cuando alcancemos un millón de firmas publicaremos anuncios de prensa que no podrán ser ignorados:


Una y otra vez, los miembros de Avaaz nos unimos para combatir la avaricia de las empresas y apoyar los derechos humanos. El año pasado ayudamos a que 100 trabajadores indios regresaran sanos y salvos a casa cuando una empresa de Bahréin les impedía marcharse. Actuemos ahora para frenar el mortal deterioro en la seguridad de estas fábricas.

Con esperanza y determinación,

Jamie, Jeremy, Alex, Ari, Diego, Marie, Maria Paz, Ricken y todo el equipo de Avaaz

PD. ¡Muchas campañas de Avaaz son creadas por miembros de nuestra comunidad! Empieza una ahora y consigue cambiar la realidad a nivel local, nacional o global: http://www.avaaz.org/es/petition/start_a_petition/?bgMYedb&v=23917

Más Información:

El número de fallecidos en el derrumbe de Bangladesh supera los 500 (El País):

La ropa barata tiene un costo demasiado alto en Bangladesh (CNN México):

Gap no se suma al programa de seguridad contra incendios de Bangladesh (Maquila Solidarity):

"Los sindicatos de Bangladesh han denunciado a los implicados, también al empresario de aquí" (El Diario.es):

El incendio en fábrica textil de Bangladesh, el sexto en 20 años (ABC):

Un incendio en una fábrica textil de Bangladesh deja al menos 28 muertos (El Mundo):

Actualizaciones sobre 'Enrique Peña Nieto: Justicia para periodistas en México #impunidadmata' en Change.org

Dentro del marco de la campaña #impunidadmata presentamos el siguiente caso, el de la periodista Regina Martínez quien fue asesinada en abril del 2012 en el estado de Veracruz.

Pese a la simulación de las autoridades, el caso se mantiene impune.
Hoy exigimos justicia para Regina, cuyo caso como tantos otros de periodistas asesinados en México, se encuentra empantanado en la impunidad absoluta.

--> Firma nuestra petición en change.org/impunidadmata

Poema: "Un Requiem para Regina (y otros muchos)" por Jenaro Villamil
Lectura: Javier Sicilia

Nota Frayba agresiones en la zona urbana de Carranza

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 05 de Mayo de 2013 

NOTA INFORMATIVA URGENTE

AGRESIONES EN LA ZONA URBANA DE VENUSTIANO CARRANZA.

Según información proporcionada por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, el día de hoy desde las 4:00 de la madrugada en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, comenzaron a darse tiroteos y empezaron a arder varias casas. Los hechos han ido escalando a lo largo del día hasta el punto de que solamente en dos barrios del pueblo no hay actividades violentas todavía: San Sebastián y El Convento; la iglesia está en este último barrio.

Se ha dado información de un posible muerto. Las vías de comunicación y accesos a la cabecera municipal se encuentran bloqueados.

Como Centro de Derechos Humanos exigimos la pronta e inmediata intervención del gobierno de Chiapas para proteger y garantizar la vida y la integridad personal de las y los habitantes de Venustiano Carranza.

Finalmente solicitamos a la sociedad civil nacional e internacional que esté al tanto de la situación.

*-*

México está vergonzosamente fuera de un tratado internacional para el combate a la pobreza.




El día de ayer, 5 de mayo, entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), esto ocurre después de que este Protocolo fuera firmado por 41 países y ratificado por 10.

Sin embargo, a pesar de que México fue uno de los países que impulsó la creación de este instrumento internacional, se encuentra vergonzosamente fuera de la lista de países firmantes.

Este nuevo instrumento es una herramienta clave en la lucha contra la pobreza ya que posibilita a cualquier persona o grupo presentar sus casos sobre falta de acceso a derechos como la educación, agua, vivienda o la salud un Comité de la ONU.

Amnistía Internacional considera este instrumento una pieza clave en cualquier esfuerzo serio para erradicar la pobreza, pues establece mecanismos de rendición de cuentas, ya que hace posible que las personas puedan poner quejas y exigir explicaciones si consideran que las medidas que se toman no están mejorando su situación.

“La pobreza es un problema de derechos humanos, es una tragedia de derechos humanos y ningún esfuerzo para combatirla tendrá resultados efectivos y duraderos si no se ponen los derechos humanos al centro de esta lucha” afirmó Daniel Zapico, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

Preocupa a la organización que si bien el gobierno federal ha reiterado numerosas veces su compromiso para erradicar la pobreza hasta el momento se ha negado a firmar este tratado, lo cual podría poner en entredicho la credibilidad de este compromiso.

“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas” agregó Zapico.

La organización llama a las autoridades mexicanas a tomar todas las acciones necesarias para que este protocolo se firme y ratifique a la brevedad y de esta forma se despeje al camino para que las millones de personas que viven en la pobreza puedan exigir sus derechos.

Información adicional

Han pasado casi cuatro años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo y tres años desde su apertura a firma. Desde entonces 41 países de todo el mundo han firmado este instrumento.

Este Protocolo fue aprobado por consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, necesitando para su entrada en vigor de la firma y posterior ratificación de, al menos, diez Estados.

Este protocolo además de crear una vía para escuchar quejas individuales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, establece un mecanismo de investigación, de carácter confidencial, que permite al Comité investigar estas presuntas violaciones en el territorio de cualquier Estado que lo haya firmado.

Filipinas: la selva vale más que la palma aceitera

Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva,

 El gobierno filipino podría autorizar la expansión de plantaciones de aceite de palma en más de 300.000 hectáreas. Los pueblos indígenas se oponen diametralmente -necesitan la tierra y los bosques para vivir. Palawan es reserva de biodiversidad de la UNESCO. Por favor, lea la información y apoye el llamamiento de la red indígena ALDAW firmando la carta que encuentra en el enlace.


Muchas gracias por ayudar a difundir esta información y un cordial saludo,

Guadalupe Rodríguez
Salva la Selva
guadalupe@regenwald.org

Oficio de Papel




Corrupción e impunidad del PAN
Denuncia contralor de PGR y CFE
El caso de Mobil Search y A&S

El abogado chihuahuense Marcos Molina Castro conoció las entrañas de la corrupción y la impunidad en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Esta es su historia. La razón, porque fue contralor en la Procuraduría General de la República (PGR) y después en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Con el título Nada cambia, el exfuncionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) escribió un amplio relato de su experiencia al frente de los órganos de control de ambas dependencias y de cómo se enfrentó a presidentes, secretarios de Estado, procuradores y directores de organismos descentralizados cuando éstos se imponían para encubrir la corrupción y proteger a funcionarios involucrados.

Con pruebas documentales y evidencias que acumuló en hechos vividos durante 12 años, Molina Castro narra en un extenso trabajo editorial, de 400 páginas, cómo los dos sexenios del panismo en el poder sólo sirvieron para enriquecer a burócratas y empresarios, mediante la desviación de recursos públicos, en donde la corrupción y la impunidad fueron los instrumentos más usados del gobierno.

“Mi experiencia en esos cargos y la intervención directa que tuve en los casos que expongo me permiten opinar, con pleno conocimiento de causa, que en ninguna de las administraciones federales de Acción Nacional, al menos por lo que me tocó presenciar y me enteré en forma directa, ha existido voluntad política de combatir la corrupción. La lucha contra ésta se reduce al manejo publicitario de sus campañas políticas, pues se tiene como la fuente probada de simpatía electoral que mayor cantidad de votos produce a sus candidatos, porque en el votante persiste la equivocada convicción de que la corrupción es propia de las administraciones surgidas del Revolucionario Institucional y que es forma eficaz de sancionarla sufragar en su contra”, explica Molina Castro.

El excontralor en gobiernos panistas cita ejemplos de corrupción que trataremos en distintos momentos en este espacio. En ellos menciona de manera directa a varios involucrados en la negligencia, omisión o participación directa: Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ramón Muñoz Gutiérrez, Francisco Barrio Terrazas, Germán Martínez Cázares, Genaro García Luna, Alfredo Elías Ayub, Eduardo Romero, Salvador Vega Casillas, generales Rafael Macedo de la Concha y Luis Arturo Oliver Cen, Mariano Herrán Salvatti, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Wilfrido Robledo Madrid, Germán Francisco Gallegos, Antonio Ibarra Nicolín, Alejandro Ramos Flores, Marco Antonio Huitrón Quamatzi, Julián Solares Morales, Francisco Rico Salgado e Hiram González Saldivar, entre muchos otros.

En el capítulo “Asuntos que provienen del gobierno de Ernesto Zedillo”, el abogado Molina Castro indica que la complacencia con actos de corrupción no sólo se manifestó respecto a irregularidades cometidas en la administración de Vicente Fox Quesada, sino que también quedaron en la impunidad muchos casos de corrupción sucedidos en la administración de Ernesto Zedillo y que el PAN se negó a investigar.

Añade: “Expongo los [casos] más sobresalientes por su cuantía o por sus repercusiones de orden distinto al económico, pero sobre todo porque desdijeron la política expiatoria de Acción Nacional, ya que estando en ellos suficientemente comprobada la responsabilidad de los servidores [públicos] que los fraguaron, el gobierno que pregonó e hizo su bandera política con la transparencia y la rendición de cuentas, los dejó sin castigo”.

Ésta es la narración del caso Mobil Search:

En 1998, la PGR adquirió de la empresa American Sciense & Engineerin Inc (A&S), en adjudicación directa, por patente y marca, cinco equipos de inspección de rayos X para vehículos y carga montados en camiones Mercedes Benz. Emplearía dichos equipos en la lucha contra el narcotráfico para detectar drogas, armas, explosivos y otras materias prohibidas por ley. El precio por equipo fue de 2.5 millones de dólares, por lo que la operación total ascendió a 12.5 millones de dólares (unos 160 millones de pesos).

Al inicio de la operación de los equipos en 1999, se advirtió en su funcionamiento múltiples deficiencias. Al 28 de julio de ese mismo año, su operatividad promedio era del 38.8 por ciento. El proveedor imputó sus múltiples fallas a la falta de preparación del personal de la Procuraduría, y ésta a A&S por la mala calidad técnica del equipo.

A pesar del pésimo funcionamiento de los aparatos y del cuantioso gasto presupuestal, en ese mismo año, 1999, la PGR adquirió de la misma empresa otros cinco equipos al mismo costo y sin licitar, es decir, otro gasto de 12.5 millones de dólares.

Para justificar la operación financiera, los funcionarios responsables de la PGR informaron al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que “la operación de los primeros cinco equipos era adecuada”.

La baja operatividad de los 10 aparatos generó múltiples conflictos entre la PGR y A&S. El 30 de julio de 2000 realizaron un convenio en donde la empresa privada se obligaba a que en 30 días la operatividad se elevara al 85 por ciento (16 horas diarias de funcionamiento), y que de no lograrlo, los reemplazaría.

Sin embargo, ese índice de operatividad nunca se alcanzó, por lo que 1 año después, en 2001, todos los equipos quedaron fuera de servicio con el cuantioso daño patrimonial para la PGR.

En 2001, la PGR tuvo varios desencuentros con el proveedor por adeudos que éste todavía le reclamaba por concepto de mantenimiento, a razón de 25 mil dólares mensuales por equipo, es decir, un total de 250 mil dólares al mes; a pesar de que los equipos no funcionaron, el monto fue saldado por la Procuraduría en 2002.

El Órgano Interno de Control, a cargo de Marcos Molina Castro, determinó que esa adquisición encerraba un acto de corrupción o, lo más difícil de admitir, un fraude cometido en perjuicio de la PGR, la cual tenía como titular al general Rafael Macedo de la Concha (quien busca el cargo de titular de la Gendarmería Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto), quien se negaba a rescindir los contratos, exigir la devolución del dinero y menos proceder penalmente contra los responsables.

Ante esa actitud omisa y negligente del procurador Macedo de la Concha, Molina Castro decidió iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 587/2001, en contra de Hiram González Saldivar y el general Luis Arturo Oliver Cen, actual oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y exjefe del Estado Mayor Presidencial.

Con base en la investigación que practicó la Auditoría Superior de la Federación, Molina Castro les imputó como funcionarios de la PGR la falta de supervisión en el funcionamiento del equipo y su responsabilidad por no iniciar las gestiones pertinentes para rescindir el contrato mediante el cual se adquirieron los aparatos.

Otro procedimiento, el 594/2001, derivado de la auditoría 22/ 2001, por un monto de 12.5 millones de dólares, en contra de Hiram González Saldivar, Mariano Francisco Herrán Salvatti y Luis Arturo Oliver Cen, por la segunda compra por otros 12.5 millones de dólares.

El contralor descubrió también que la empresa A&S no existía comercialmente y que su activo se reducía a una bodega arrendada en el lugar que señaló como domicilio y los 10 equipos vendidos a la PGR como de última tecnología eran los únicos que había “producido”. Es decir, un fraude redondo.

Adicionalmente, Molina Castro recomendó a la Dirección General de lo Contencioso y Consultivo, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, rescindir administrativa el contrato y exigir la responsabilidad penal, pues con la adquisición de dichos equipos se defraudó a la PGR.

Las irregularidades:

1. Por su cuantía, 5 millones de dólares, la adquisición de los equipos debió licitarse.

2. La patente y marca del proveedor resultó inexistente.

3. La compra se hizo sin realizar las pruebas técnicas que verificaran su operatividad.

4. El pago de hizo de contado y se omitió exigir la garantía de su funcionamiento.

Los funcionarios de la PGR que intervinieron en la operación se defendieron al afirmar que realizaron la adquisición bajo presiones del gobierno de Estados Unidos, el cual dicen que exigió esa compra a México para que adquiriera los equipos y así justificar que colaboraba en la lucha contra el tráfico de drogas. Ante la riesgo de que negara la certificación a México, el gobierno encabezado por Vicente Fox renovó los contratos.

Se instauró el expediente administrativo 588/2001, fincado en la auditoría 022/2001, que se practicó a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), para determinar el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales que tenía asignados en el año 2000, y se determinaron 37 observaciones que reflejaban un posible daño patrimonial por 60 millones de pesos y 2.7 millones de dólares.

Dice el excontralor Molina Castro: “Nunca hubo voluntad en la PGR de investigar y sancionar estas irregularidades de Mobil Search. Siempre se mostró flexibilidad frente a las desmesuradas exigencias de A&S, cuyos representantes, no obstante admitir la falta de operatividad de los equipos, impuso condiciones de pago por mantenimiento, el cual nunca prestó. En reunión con el entonces subsecretario de Auditoría de la Gestión de la SFP, Alejandro Torres Palmer, éste ordenó cubrir el adeudo a la empresa privada”.

Para que la PGR no resintiera el quebranto patrimonial, los funcionarios involucrados en la adquisición propusieron que los equipos fueran donados a la Administración General de Aduanas, y a pesar de que estos dejaron de funcionar, se utilizaron en aeropuertos y puentes fronterizos para simular el combate al tráfico de drogas.

“Los equipos fueron instalados en 10 punto carreteros (Precos), y aunque no funcionaban, durante años simularon su operatividad, lo que confirma a cabalidad el nulo control que la Procuraduría ejercía en materia de narcotráfico”, sentencia el excontralor Molina Castro.

Ni el director general de lo Contencioso, Rubén Pérez Sánchez, ni su jefes los subprocuradores Antonio Ibarra Nicolín primero y después Alejandro Ramos Flores, rescindieron los contratos a la empresa A&S ni tampoco exigieron su responsabilidad contractual y penal, no obstante los múltiples requerimientos del Órgano Interno de Control.

El entonces subsecretario de Normatividad de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, opinó que no había ninguna responsabilidad del extitular de la FEADS, Mariano Herrán Salvatti, bajo el argumento de que “ningún funcionario debe responder de las fallas o mala calidad de los bienes de adquieran en su gestión, considerándolas eventualidades que rebasan los límites de su responsabilidad administrativa”.

El final de esta larga historia es que el chihuahuense Eduardo Romero Ramos, con autorización del presidente Vicente Fox, determinó absolver a todos los implicados.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

APOYA LA CARTA A LA AUTORIDAD: riesgo inminente de ataques contra indígenas de la OCEZ-FNLS en Chiapas




Envía tu carta a los siguientes correos: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx, secretario@segob.gob.mx, secparticular@chiapas.gob.mx, secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx, fnls.solidaridad@gmail.com, comitecerezo@nodo50.org

Me dirijo a Ud. para expresarle mi preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de indígenas tzotziles miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-FNLS) y habitantes de la Comunidad Venustiano Carranza, Municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas, ante el riesgo inminente de graves violaciones a los derechos humanos (ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y tortura) en su contra por parte de autoridades estatales, al parecer, a través, del grupo paramilitar “Escuadrón de la muerte”, presente en esa zona.

Atentamente


México DF a 05 de mayo de 2013

ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Con esta misma fecha he dirigido carta a las autoridades abajo mencionadas, con el siguiente contenido:

Me dirijo a Ud. para expresarle mi preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de indígenas tzotziles miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-FNLS) y habitantes de la Comunidad Venustiano Carranza, Municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas, ante el riesgo inminente de graves violaciones a los derechos humanos (ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y tortura) en su contra por parte de autoridades estatales, al parecer, a través, del grupo paramilitar “Escuadrón de la muerte”, presente en esa zona.

HECHOS

Nos informan que el día de hoy, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sobrevuela la comunidad y policías de la secretaría de seguridad pública la mantienen rodeada, mientras miembros del grupo paramilitar “Escuadrón de la muerte” realizan disparos, se tiene la información de que han disparado en contra de un camión comunal, se teme un ataque inminente en contra de la integridad física de los indígenas tzotziles miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-FNLS) y habitantes de la Comunidad Venustiano Carraza, Municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas

ANTECEDENTES

La OCEZ-FNLS menciona que las autoridades tienen conocimiento de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra y que no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

Existe una denuncia, desde septiembre de 2012, ante el Ministerio Público AV 144/CE36/2012 por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, amenazas, allanamiento de morada y robo en contra de los responsables de dichos hechos, así como denuncias ante el robo del ganado de la comunidad, la quema de una parte de territorio que los indígenas tzotziles consideran sagrado.

El 10 de abril del año en curso mientras la OCEZ-FNLS realizaba un evento cultural en la comunidad, el grupo paramilitar “Escuadrón de la muerte” incendió en dos ocasiones el potrero comunal y al cerro considerado como sagrado para detener dicha actividad.

El 29 de abril, en diferentes horas del día y de la noche entraron a la comunidad, dos camionetas de la Policía Estatal Preventiva desde las cuales reconocidos paramilitares del “Escuadrón de la muerte” realizaron disparos de armas de fuego al aire.

Así mismo en los últimos días, los indígenas pertenecientes a la OCEZ-FNLS, han tenido que abandonar su comunidad ante el señalamiento de sus domicilios por parte de los paramilitares del “Escuadrón de la muerte”, quienes ingresan a la comunidad protegidos por miembros de la Policía Estatal Preventiva.

Por lo anterior solicito:

Lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de los indígenas tzotziles miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-FNLS) y habitantes de la Comunidad Venustiano Carraza, Municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas.

Investigue y sancione a las autoridades responsables que por comisión, omisión o aquiescencia permitieron la creación y libre actuar del mencionado grupo paramilitar “Escuadrón de la muerte”; que los responsables comparezcan ante la justicia y sean sancionados conforme a derecho.

Garantice los derechos humanos a la vida e integridad personal indígenas de la (OCEZ-FNLS)

ATENTAMENTE
Francisco Cerezo Contreras
Comité Cerezo México

Ccp:
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Lic. Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Dr. Noé Castañón León
Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas