lunes, 1 de junio de 2009

Si denuncian, los matamos: capos de Chihuahua a los ciudadanos








Si denuncian, los matamos: capos de Chihuahua a los ciudadanos
LA REDACCIóN

Chihuahua, Chi., 1 de junio (apro).- Los capos de la droga colocaron dos mantas en amenaza a los ciudadanos, con una advertencia: si nos denuncian, los matamos. 
 Cerca de la medianoche del domingo, aparecieron dos mensajes en la avenida López Mateos y en el Eje Juan Gabriel. Citaban:
"La guerra es… Entre nosotros, el narco, pero todo aquel que nos denuncien con la llamada anónima los vamos a matar". 
El mensaje estaba firmado por "www.com"  y hacía mención de que ahora hasta "por un peso" cualquiera acusa a los narcotraficantes ante el gobierno.  
 
(Con información de Puente Libre)

Cartones de la Jornada

No me ayudes compadre-Rocha


Pumas en fuga-Magú

Legitimar deslegitimando-Hernández
Debate-Helguera

Trasnacionales beneficiadas por Acerca





La Moderna, Archer Daniels Midland y Staley Manufacturing se cuentan entre las trasnacionales beneficiadas con los “apoyos” gubernamentales destinados a la comercialización de granos. Recursos por más de 250 millones de pesos, relacionados con el esquema supuestamente favorable a los campesinos del país, son operados irregularmente



Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) maneja irregularmente 252 millones 880 mil 900 pesos. A través del programa Esquema de Apoyos para la Agricultura por Contrato, agroempresas retienen recursos destinados a los campesinos, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007, elaborado por la ASF, el 87 por ciento de los recursos fiscalizados (220 millones 302 mil 400 pesos) no están debidamente registrados en las cuentas bancarias que operan Banamex, BBVA Bancomer y Grupo Financiero Banorte.

El resto, 32 millones 578 mil 500 pesos, fue entregado a harineras vinculadas con agroempresas como La Moderna, Controladora ADM (Archer Daniels Midland) y Staley Manufacturing, que no entregaron debidamente los recursos a los campesinos productores de maíz amarillo y trigo.

Dicho monto se desglosa en 21 millones 959 mil 500 pesos entregados a través de contratos a los gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas, mismos que no presentaron su comprobación.

También se registraron cinco casos por 2 millones 770 mil 800 pesos en los que el comprador adeuda pagos complementarios a los productores.

Asimismo, no existen pruebas de la dotación de 5 millones 851 mil 900 pesos en Sonora; 1 millón 579 mil 300 pesos de los que tampoco se constan la entrega y 417 millones de pesos asignados sin contrato.

Contrario a lo que observó la ASF, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fue creado como “instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria, en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados”.




Agroempresas beneficiadas.

Aserca, dice la ASF, no presentó la documentación que acredita la comprobación y justificación de 21 millones 959 mil 500 pesos, derivados de un contrato del estado de Tamaulipas, por 8 millones 992 mil 900 pesos. Lo mismo ocurrió con el contrato del estado de Chihuahua, por 12 millones 966 mil 600 pesos.

Igualmente, en Sonora se determinaron “irregularidades” por 2 millones 770 mil 800 pesos, en el cumplimiento de contratos por parte de Tablex Miller, Molinos del Sudeste, Molino Harinero San Blas, Munsa Molinos y Harinas. Las mismas que cobraron los apoyos, mientras que a los productores se les realizaron pagos por debajo de los precios pactados.

De capital estadunidense, Tablex Miller adeuda a los campesinos 2 millones 64 mil 500, por la comercialización de 34 mil 408 toneladas. Según su página de internet, el proyecto empresarial fue constituido con una inversión de más de 12 millones de dólares aportados por La Moderna, de México, y Miller Milling, de Estados Unidos. “Estos grupos industriales cuentan con un gran prestigio e importancia internacional en el ramo”.

Molinos del Sudeste es otra de las que adeudan 124 mil 600 pesos a los agricultores, correspondientes a 2 mil 76 toneladas.

La harinera es propiedad del consorcio La Moderna, que este año pretende invertir 50 millones de dólares para edificar una nueva planta procesadora de alimentos en Baja California.

Información de la reportera Sonia García Ochoa, de El Sol de Tijuana, indica que el Grupo La Moderna es el fabricante de sopas de mayor relevancia en México. Con presencia en Estados Unidos y Centroamérica, tiene más de 4 mil trabajadores y su producción se divide en pastas, galletas, molinos, empaques y servicios. Molino Harinero San Blas adeuda 541 mil 100 pesos, por 9 mil 19 toneladas; Munsa Molinos no entregó los recursos federales por 35 mil 300 pesos, 588 mil 790 toneladas, y Harinas debe 87 mil 970 toneladas, que significan 5 mil 300 pesos.

Contratos con excedentes.

En Tamaulipas el órgano de fiscalización determinó que mediante cuatro contratos celebrados entre Merco Grain Noroeste, CP Ingredientes y productores de maíz amarillo, únicamente se acreditó la producción de 162 mil 300 toneladas.

Sin embargo, Aserca dotó con recursos para 211 mil 200 toneladas. La diferencia de 48 mil 900 toneladas implicó un pago de 393 mil 400 pesos, de los que “no se proporcionó evidencia del contrato respectivo”.

CP Ingredientes, indica en su página electrónica, es una empresa dedicada a la fabricación de ingredientes para más de 50 industrias. Es subsidiaria de Corn Products Internacional, con 34 plantas productoras, instaladas en 16 países, “lo que la hace una de las más grandes refinadoras de maíz del mundo”.

La misma situación se presentó en el contrato firmado entre las empresas Almidones Mexicanos y Cooperativas Integradas del Estado de Tamaulipas. El máximo órgano de fiscalización comprobó que, de las 72 mil 100 toneladas apoyadas, sólo se acreditó la producción de 69 mil 200 toneladas.

Las 2 mil 900 toneladas de más representan el gasto de 23 millones 600 mil pesos, mismos que no existen en el contrato.

Otros 5 millones 851 mil 900 pesos no fueron comprobados en la nómina de los productores beneficiados, esto en Sonora. En tanto que en la revisión de 177 millones 131 mil 300 pesos no fueron justificados 1 millón 579 mil 300 pesos, de 200 casos “en los que las nóminas de pago presentan deficiencias en su llenado o bien que se carece de la identificación del beneficiario de los apoyos”.

Contabilidad omisa.

Según el informe de la ASF, la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) de Aserca, a cargo de Carlos Villalobos Organista, no lleva a cabo el registro y control de los pagos realizados en el esquema de apoyos para la agricultura por contrato, por lo que no se constató la existencia de más de 200 millones de pesos.

La oficina no tiene “conciliaciones periódicas entre la información contable y los saldos que arrojan los estados de cuenta bancarios”, dice. Los recursos son operados mediante tres cuentas bancarias, de las que no se pudo constatar la existencia de 220 millones 302 mil 400 pesos al 31 de diciembre de 2007.

El máximo órgano de fiscalización alerta que esta situación es “recurrente” en las revisiones de los programas que alinean recursos presupuestales de ejercicios anteriores. Ante esta situación, Aserca, dirigida por Ana Graciela Aguilar Antuñano, “no ha realizado acciones que le permitan fortalecer los mecanismos para mantener actualizado el control de las cuentas de bancos”, por lo que advierte que, de no lograr su justificación, deberá recuperarse dicho monto.

En enero de 2008, la revista Fortuna. Negocios y Finanzas documentó diversas irregularidades en el proceso de adjudicación con entidades bancarias. Ejemplo de ello es que el Grupo Financiero Banorte, propiedad del empresario Roberto González Barrera, obtuvo sin licitación un contrato por casi 1 millón 500 mil pesos para la transferencia de fondos a beneficiarios del Procampo a través de Aserca.

También a Banamex, con el contrato abierto 020/2005- S, que costó al erario 12 millones 532 mil pesos, mediante el proceso IS-01-05 –invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional–, que se llevó a cabo a través de la Ley de Adquisiciones.

Con el mismo procedimiento, BBVA Bancomer obtuvo el contrato abierto 021/2005-S, que significó el pago de 19 millones 24 mil pesos. Ambas instituciones firmarían los convenios durante el primer trimestre de 2005.

La ASF no aprobó la celebración con Banorte, pues arguyó, en su informe de la Cuenta Pública 2005, que era “incorrecta” al no apegarse al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector.

Se solicitó entrevista con Ana Graciela Aguilar Antuñano, directora en jefe de Aserca, a través de la Unidad de Comunicación Social de la Sagarpa, sin que se diera ninguna respuesta al cierre de esta edición.

Cada vez más inseguro el país, con mayores índices de violencia, desde que Calderón usurpa el cargo: AMLO

Cada vez más inseguro el país, con mayores índices de violencia, desde que Calderón usurpa el cargo: AMLO

Cancún, Quintana Roo 

Lunes 01 de junio de 2009



* Van alrededor de 10 mil asesinatos relacionados con el crimen organizado en los últimos dos años y medio, precisa 

* “No me trago la mentira de que ahora sí se va a combatir la impunidad, cuando los delincuentes están en Los Pinos”, aclara 

* Inicia un recorrido de 16 días de reuniones con representantes de comités municipales del GLM de las 32 entidades 


Con un promedio de 10 mil asesinatos a manos del crimen organizado en los últimos dos años y medio, el gobierno espurio de Felipe Calderón pretende hacer creer que combate a la delincuencia, “cuando la verdad el país es cada vez más inseguro, con mayor violencia”, aseguró Andrés Manuel López Obrador. 

No hay resultados favorables en la lucha contra la inseguridad porque Calderón carece de autoridad política y moral. “Yo no me voy a tragar la mentira de que ahora sí van a combatir la impunidad, cuando los delincuentes están en Los Pinos; hay que llamar ya las cosas por su nombre, si no vamos a estar perdiendo el tiempo”, explicó el presidente legítimo de México. 

En entrevista que concedió a su llegada a esta ciudad, para sostener reuniones con los comités municipales de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, dijo que la cifra de muertes reportadas en la gestión calderonista es similar al número de decesos ocurridos durante la Revolución Mexicana. 

Subrayó que la mafia más peligrosa del país se encuentra precisamente en Los Pinos al recordar que el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, se desempeñó como director del Cisen, la policía política, durante la administración del ex presidente Vicente Fox, y participó en los llamados videoescándalos y el proceso de desafuero del jefe de gobierno del DF, de acuerdo a diversos testimonios. 

Otro integrante de la mafia de la política es el traficante de influencias, Roberto Hernández, quien durante el gobierno de Fox vendió Banamex en alrededor de 12 mil millones de dólares, sin realizar el correspondiente pago de impuestos, por aproximadamente 3 mil millones de dólares. 

Y se preguntó: “¿Qué capo de la delincuencia organizada, el más afamado, se apropia de 3 mil millones de dólares en una sola operación? Es un atraco, porque estamos hablando de 40 mil millones de pesos y resulta que Roberto Hernández no pierde ni siquiera su honorabilidad”. 

También manifestó que “Calderoncito” se robó la Presidencia de la República en la elección presidencial del 2006. “¿Les parece poco?”, preguntó a los reporteros que lo entrevistaron. 

Luego afirmó que la oligarquía es responsable de la tragedia nacional. “Esa mafia es la que más daño ha hecho al país”, añadió. 

Con relación al programa Vive México, puesto en marcha para difundir los atractivos turísticos del país con el apoyo de un nutrido grupo de artistas, López Obrador aseguró que dicha campaña está dirigida para apoyar a los socios de Calderón, entre ellos a Roberto Hernández y José Luis Barraza, propietarios de Aeroméxico. 

Frente a la crisis y a los estragos que dejó la epidemia de la influenza, los recursos se canalizarán para apuntalar a quienes impusieron a Calderón en la Presidencia de la República, en vez de rescatar a los pequeños y mediamos empresarios y comerciantes, así como a los hoteleros y restauranteros que están quebrando, subrayó. 

También habló de su recorrido por todos los estados del país en los próximos 16 días. Se sostendrán reuniones de evaluación de los comités municipales del Gobierno Legítimo de México. 

En el ámbito electoral, reiteró que respalda las candidaturas de los partidos del Trabajo y Convergencia a diputados federales por el estado de Quintana Roo y dejó en claro que el apoyo es diferenciado, como ocurre en el Distrito Federal y Tabasco, que es a favor de las fórmulas del PRD. 

De acuerdo a su agenda de trabajo, el presidente legítimo de México se reunirá mañana con los comités municipales en Tabasco y Chiapas. 

Ni Perdón Ni Olvido 1 junio 2009








Cobertura AMLOTV

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Radio La Nueva República

Mediante subrogaciones se privatiza la salud pública




Los institutos de salud pública del país destinan millonarios recursos a la subrogación de servicios que por ley deben proporcionar a sus derechohabientes. Entre los beneficiados figuran hospitales especializados en cirugías plásticas y clínicas cuyos propietarios son cercanos a los funcionarios que los contratan





El gobierno del presidente Felipe Calderón se comprometió a reforzar el Sistema Nacional de Salud mediante estrategias como “rectoría efectiva, prestación de servicios con calidad y seguridad, financiamiento equitativo y sostenible”; sin embargo, ha trasladado recursos públicos, vía institutos de salud, a clínicas y hospitales privados que atienden a los derechohabientes mediante la subrogación de servicios a través de millonarios contratos que, en su mayoría, son adjudicados sin licitación pública.

Para Clara Jusidman, especialista en políticas públicas, ello significa la privatización de los sistemas de salud. Por su parte, Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que la subrogación de servicios de salud del gobierno de Calderón “es la visión tecnocrática de cómo gestionar seguridad social”.

“Es muy grave subrogar los servicios médicos. Se trata de un tic tecnocrático para gestionar en el sentido financiero la seguridad social. No sólo se está privatizando un servicio, sino la función del Estado”, detalla Leal, autor de libros como El ISSSTE en el sexenio de Vicente Fox y El IMSS bajo el Calderonismo.

Las instituciones de salud pública del país –Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y Petróleos Mexicanos (Pemex)– subrogan desde los servicios básicos, como las revisiones de gabinete, hasta cirugías y rehabilitación. Su fun ción se reduce a administrar contratos y favorecer con ello a los consorcios privados de salud.

El esquema atenta contra la función pública del sistema de salud y los derechohabientes, “porque los procesos de subrogación tienen como fin trasladar recursos, pero no mejorar los servicios”, explica Leal.


La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación general 15 sobre el derecho a la protección de la salud, emitida el pasado 23 de abril, dice que la subrogación no ha mejorado la atención a los derechohabientes. Señaló, también, que ninguna instancia de salud pública cumple a cabalidad con el servicio, lo que violenta los derechos humanos de sus usuarios.

Entre 2000 y 2009 el organismo ha registrado 11 mil 854 quejas. “Los quejosos reportan dilación en estudios clínicos y diagnósticos, conductas discriminatorias, falta de atención en urgencias, maltrato a pacientes, intervenciones quirúrgicas negligentes, deficiente atención materno-infantil durante el embarazo o el puerperio” (servicios que son subrogados). La CNDH emitió ocho recomendaciones generales a los secretarios de Salud, Defensa Nacional y Marina, y a los directores del IMSS, ISSSTE y Pemex.

Por su parte, la Secretaría de Salud (Ssa) documenta que el ISSSTE y el IMSS continúan como los organismos con mayor número de quejas, principalmente en los servicios de ginecobstetricia, urgencias, cirugía general y traumatología.

A ello se suma la discrecionalidad con que se manejan los esquemas de contratación.

En su revisión a distintos ejercicios presupuestales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó cuantiosas subrogaciones realizadas sin justificación alguna. La subrogación se traduce en una feria de contratos a hospitales de todo tipo, en los que hasta el mínimo servicio adquiere un costo exorbitante.

Un caso representativo del impacto económico de la subrogación de servicios médicos es el de la hemodiálisis. Hace más de una década el IMSS lo subrogó sin contar con un estudio de costo beneficio.

Pese a que la tendencia era el incremento en la demanda de este servicio, ante la proliferación de enfermedades como la diabetes, las autoridades no diseñaron una política para que el instituto estuviera a la altura y optó por que lo hicieran privado. El gasto representa 4 mil millones de pesos en contratos trianuales, lo que equivale a la quinta parte del gasto del IMSS en insumos y medicamentos.

“Por qué este servicio no lo prestó en su momento el IMSS y por qué lo subrogó.

Se pretextó un argumento de infectocontagiosidad para echarlo fuera; pronto se vio cuál era el interés porque fuera subrogado: la ganancia por parte de los prestadores y el beneficio de empresas como grupo Ángeles”, dice el investigador Gustavo Leal.


Cirugías de vacaciones
En contraste con su precaria situación financiera y su decadente infraestructura, el IMSS ha subrogado los servicios a hospitales boutique, donde el plus incluye vacaciones y shopping en sitios turísticos exclusivos del país.

“¡Ah, las vacaciones, sol, arena, surf, la cirugía!”, reza el mensaje de los hospitales Amerimed que invitan a la población mayor de 30 años a someterse a cirugías estéticas, liposucciones, lifting en el cuello, párpados y frente; abdominoplastia (meter barriga), lipoescultura y cualquier intervención para “embellecer a la persona y levantar su autoestima”.

La entrada a México del consorcio estadunidense Amerimed se dio en el sexenio de Vicente Fox. Su concepto es el de hospitales boutique para turismo internacional –personas que viajan a un determinado país para someterse a cirugías plásticas, implantes y tratamiento de rejuvenecimiento, principalmente–. Se ubican en los destinos turísticos Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta.

En el gobierno de Vicente Fox, al mismo tiempo que la Secretaría de Hacienda hacía oficial que el IMSS estaba prácticamente quebrado, el instituto subrogaba sus servicios a la cadena Amerimed, que invita a sus pacientes a “sentir la experiencia de disfrutar masajes, yoga y jacuzzi para relajar el estrés”. Además del servicio estético “inn”, incluyó los servicios básicos como ultrasonidos, prótesis dental, resonancias magnéticas, estudios de laboratorio y suministro de anteojos.


Los contratos “inn”
En noviembre de 2006, bajo la dirección general de Fernando Flores, la delegación del IMSS en Baja California subrogó al Hospital Amerimed Cabo San Lucas, SA de CV, servicios de hospitalización por 482 mil 664 pesos, según el contrato S6S071-0314386.

Lejos de la austeridad que prometió, el gobierno de Calderón avaló que los sistemas de salud pública subrogaran sus servicios a esta selecta cadena. Bajo la dirección de Juan Molinar Horcasitas, el 1 de enero de 2007, el IMSS subrogó a Amerimed servicios de resonancia magnética por 560 mil 393 pesos, según los contratos S7051A- 03238291 y S7051AA-03238292.

En septiembre de 2008, la delegación del IMSS en Baja California Sur contrató al Hospital Amerimed bajo la licitación 00641201-014-08; subrogó servicios médicos, dental, y dotación de anteojos por un máximo de 4 millones 265 mil 800 pesos.

El 24 de febrero de 2009 la delegación del IMSS en Quintana Roo subrogó al Hospital Amerimed Cancún servicios de oftalmología para los derechohabientes de Chetumal, Cozumel y Cancún. En total, fueron 50 consultas y 144 estudios por 1 millón 481 mil 32.5 pesos, lo que equivale a 7 mil 634 pesos por paciente.

También se subrogaron ocho sesiones de medicina física y rehabilitación, y 13 electromiografías por 71 mil 348 pesos, a razón de 3 mil 397 pesos por sesión.

Se subrogaron seis sesiones de tratamiento para cálculos por 116 mil pesos; 10 encefalogramas, 72 mil 904 pesos; 265 estudios de patología, 700 mil pesos; 40 ultrasonografías, 235 mil 294 pesos; 26 endoscopias, 400 mil pesos; 45 tomografías, 637 mil 500 pesos (14 mil 166 pesos cada una, el precio de referencia por ejemplo en Ángeles del Pedregal es de 3 mil 693 pesos); 13 estudios de resonancia magnética nuclear, 508 mil 695 pesos.

En algunas entidades, los hospitales privados sustituyen paulatinamente al sector público de salud en su obligación constitucional de servicio médico. Desde el sexenio de Vicente Fox, la delegación de IMSS en Coahuila subroga sus servicios a los hospitales del Grupo Ángeles –integrados en la Operadora de Hospitales Ángeles (OHA), propiedad de Olegario Vázquez Raña (Contralínea 132)– vía adjudicaciones directas. El 1 de octubre de 2005, por ejemplo, realizó consultas médicas, diagnósticos y estudios de laboratorio por 1 millón 999 mil pesos (contrato D55531-0522936).

En enero de 2006 le subrogaron servicios médicos y de diagnóstico en laboratorios por 638 mil 593 pesos (contratos D65033-0527878 y D56044- 0523220). Entre julio y noviembre, diagnósticos de gabinete y hospitalización por 978 mil 196 pesos (contratos S65209V-0528567, S65242V-0528577, S65243V-0528578, S65258V-0528583, D650201-1045506 y D65051-0524473).

Calderón dio continuidad a esta práctica. Entre enero y agosto de 2007 se le subrogaron “servicios médicos” por 1 millón 785 mil 838 pesos (contratos D65138-05241319, D65138-0527937, D75034-05240811, D65138A-05241320, D85035-05326669, D75072V-0531491 y D75079V-05227354).

En 2009, de plano se optó por otorgar un contrato abierto que se supone tendrá un tope máximo de 3 millones 716 mil pesos (mediante la licitación 00641139-051-08) para los servicios de diagnóstico y laboratorio que requieran siete hospitales generales de zona: dos en Saltillo, dos en Torreón, uno en Monclova y otro en Nueva Rosita.

La delegación del IMSS en Durango hizo lo propio, en febrero pasado le otorgó también un contrato de servicios abiertos vigente al 31 de diciembre de este año, por 3 millones 138 mil pesos (licitación 00641220-078-08).

La administración actual en el IMSS ha pagado servicios a otros hospitales, todos por adjudicación directa. Entre éstos: 3 millones de pesos a Sanatorios de México; 2 millones 162 mil pesos al Hospital de Juárez; 1 millón 450 mil 414.75 pesos a Vitalmex Internacional; 807 mil pesos al Hospital Morelos; 474 mil pesos al Hospital Vicentita; 250 mil pesos al Hospital Real de Minas.

Se tienen ya, incluso, empresas que prestan un servicio específico, por ejemplo, por el de cirugía cardiovascular de 2007 a la fecha se han pagado a las empresas Selecciones Médicas 300 millones de pesos; Rentas y Servicios Diversos, 3 millones 807 mil 351 pesos; Arrow Internacional de México, 78 mil 841 pesos.

En Quintana Roo, además de Amerimed, la delegación estatal subroga otros servicios, por ejemplo, el Instituto Médico Quirúrgico de Cancún se encarga de los servicios de endoscopía.

En Jalisco, la tarea del IMSS la realizan las compañías Servicios Imagenológicos de Occidente, el Instituto Cardiovascular de Guadalajara, el Centro oftalmológico San Ángel y el Hospital México Americano; en Nayarit, el Centro de Diagnóstico La Cruz, Corominas y Castillo. En Guerrero algunos derechohabientes son atendidos en el Hospital Infantil Privado de Acapulco.


Subrogaciones del ISSSTE
El sistema de salud pública que principalmente subroga sus servicios es el ISSSTE.

En los tres niveles de atención intervienen compañías privadas. Desde la pequeña unidad de medicina familiar que subroga la auscultación, rayos X y estudios de laboratorio, hasta los servicios de tercer nivel que a cuenta de hospitales, como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el de mayor vanguardia en México, se hacen en nosocomios privados.

Muchas contrataciones se hacen por adjudicación directa y no se ajustan a la Ley de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que manda a privilegiar la mejor oferta técnica y económica.

Gustavo Leal explica que “no sólo se trata de un atentado contra la salud pública, sino que infinidad de intereses han buscado sacar raja de estos procesos de subrogación de servicios. También hay que destacar la complicidad de las dirigencias sindicales al no haber denunciado sistemáticamente que se le está confiscando materia de trabajo a sus representados”.

Igual que el IMSS, algunas delegaciones del ISSSTE han optado por otorgar contratos abiertos a empresas privadas por periodos anuales, estableciendo un tope máximo que puede mo dificarse durante su ejecución.

Entre las más recientes figuran: en febrero pasado, mediante la licitación 00637115-019-09, la delegación del ISSSTE en Coahuila subrogó a OHA servicios de diagnóstico y laboratorio para todas sus clínicas y hospitales para el periodo de marzo a diciembre de este año por los siguientes montos: 3 millones 7 mil pesos para servicios en la Clínica Hospital Doctor José María Rodríguez, de Saltillo; 2 millones 141 mil 362 pesos para el Hospital General Doctor Francisco Galindo Chávez; 870 mil pesos para la Clínica Hospital Monclova; 950 mil pesos para la Clínica Hospital de Piedras Negras; 900 mil pesos para la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Ciudad Acuña; de 520 mil pesos para la UMF de Parras; 200 mil pesos a la UMF de Sabinas; de 111 mil pesos para la UMF de Nueva Rosita; 50 mil pesos para la UMF de Muzquiz.

También en febrero, la delegación del ISSSTE en Guanajuato (licitación 00637013-006-09) subrogó a OHA servicios del Hospital Regional de León, en un contrato abierto por 4 millones 884 mil pesos, vigente al 31 de diciembre próximo.

El ISSSTE tiene ya un grupo de proveedores a los que invariablemente subroga servicios de diagnóstico. En Coahuila, la actual administración subrogo al Hospital Los Ángeles servicios por 800 mil pesos, y a Diagnóstico Médico Hospitalario, por 110 mil pesos. La delegación del ISSSTE en Guanajuato subrogó a OHA 280 mil 612.85 pesos.

Entre 2008 y 2009 la delegación de Nuevo León subrogó al Hospital y Clínica Oca servicios por 116 millones de pesos.

En ese mismo periodo subrogó al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, del municipio de Centro, Tabasco, servicios por 7 millones de pesos. La delegación en Sinaloa pagó al Centro Médico Culiacán 150 mil pesos.

En Guerrero ha subrogado a Tomografía Computarizada del Sur, servicios por 1 millón 637 mil 658 pesos; Cetom de Chipancingo, 1 millón 154 mil 650 pesos; Laboratorios Unidos del Sur, 201 mil 563 pesos; Bioscaner, 175 mil 950 pesos; Fórmulas Magisteriales, 192 mil 496 pesos; Diagnóstico por Imagenología, Rayos X y Utilidades, 55 mil 800 pesos; Scaner de Iguala, 750 mil 720 pesos.

En Tlaxcala, a Asesores Especializados en Laboratorios, el ISSSTE subrogó servicios por 560 mil pesos; en Colima, a Audiología de Colima, 36 mil pesos. El Sanatorio de los Ángeles en Puebla le pagó el servicio de endoscopia por 12 mil pesos.

En Chiapas subrogó a ADN LAB análisis clínicos por 300 mil pesos; en Morelos, a Especialidades Médicas de México, por 379 mil 187 pesos; y a Gammagrafía e Inmunoanálisis, por 22 mil pesos.

El Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega, en Culiacán, subrogó a Praxair México servicios por 316 mil 508 pesos y a Excimer Laser del Noreste, 11 mil 500 pesos; a la Clínica Hospital de Culiacán, 62 mil pesos; al Centro Oncológico de Sinaloa, 200 mil pesos; a Servicios de Salud de Sinaloa, 300 mil pesos.

En Querétaro, servicios de oftalmología a la empresa Proveedor de Servicios de Oftalmología, en 2007, recibió el contrato 022-C-059/2007 por 182 mil pesos.

El Hospital Regional Monterrey subrogó servicios a Carpermor por 160 mil 689 pesos; a Cardiolink, 30 mil pesos; a Bioanálisis, 7 mil pesos. El Hospital Regional Adolfo López Mateos subrogó servicios de laboratorio a Estudios Clínicos Doctor T.J. Oriard por 58 mil 319.68 pesos.

El Hospital Regional Valentín Gómez Farías subrogó servicios a Care Imagenología Diagnóstica por 1 millón 183 mil 811 pesos; a Bioster, 1 millón 200 mil pesos; a Baxter, 52 mil 647 pesos.

El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ha subrogado servicios a Baxter por 37 mil 600 pesos; el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, a Barreda y Asociados Radiología, servicios por mil 155 pesos.

El Hospital Regional Mérida subrogó al Centro Oncológico Privado servicios por 3 millones 200 mil pesos; a Clínica Mérida, 400 mil pesos; a Clínica Regional de Salud Ósea, 100 mil pesos; a Laboratorio de Patología del Sureste, 500 mil pesos; a Electrodiagnóstico del Sureste, 900 mil pesos; a Asistencia Urológica Integral, 800 mil pesos.

Contralínea solicitó, vía comunicación social, a los sistemas de salud pública sus estimaciones costo beneficio de las subrogaciones que se han hecho en lo que va del actual sexenio. Ninguna institución accedió a transparentar la información.

Mónica Flores, del área de información del ISSSTE, comentó que ni siquiera se tiene un padrón de la población que recibe estos servicios.


Pemex, privatización clínica
La misma política oficial de hacer de Pemex una administradora de contratos se aplica a su sistema de salud. La red de clínicas y hospitales de la paraestatal viven hoy una velada privatización. El área está adscrita a la Subdirección de Servicios Médicos de Salud, que depende directamente de la Dirección Corporativa de Administración (DCA) a cargo, desde el sexenio pasado, del excontralor panista Rosendo Villarreal Dávila.

Aunque oficialmente la petrolera aún maneja directamente su red de clínicas y hospitales, en la práctica, el llamado tercer sistema de salud pública en México se ha convertido en un elefante blanco: primero porque los mandos medios y altos se atienden en hospitales privados y, segundo, porque la Subdirección de Servicios Médicos de Salud, a cargo de Víctor Manuel Vázquez Zarate, de forma cada vez más frecuente subroga a compañías privadas los servicios que por ley derechohabientes de la petrolera deben recibir en sus instalaciones.

En 2003 se diseñó en Pemex un programa de inversión en materia de salud que supuestamente tendría la finalidad de “fortalecer el nivel médico de los hospitales” para acercarlos a la calidad que ofrecen los de alta especialidad que Pemex tiene en la ciudad de México. En la práctica, son los hospitales privados los que atienden a ese sector mediante la figura de “servicios subrogados”. Es el otro rubro en que se desplazó a la paraestatal.

Durante el sexenio de Vicente Fox se supo de esta práctica –que iniciaba en Pemex– por el escándalo que generó el conocerse el nombre de uno de los beneficiarios de esos contratos: Alberto Sahagún Jiménez, cuñado del entonces presidente Fox. El hermano de Marta Sahagún recibió 13 millones de pesos por dar consulta en su clínica Hospital San José, en Zamora, Michoacán, a 600 derechohabientes.

Pese al extrañamiento que hicieron legisladores federales para que Pemex cesara este tipo de contrataciones, en el último año de gobierno de Fox se hizo cada vez más frecuente. En 2006, por ejemplo, se subrogaron todos los servicios médicos de Gómez Palacio, Durango, al Grupo Ángeles.

En enero de 2006 se le contrató el servicio de siquiatría por 40 mil 500 pesos (contrato 4400067520). El servicio de angiología, de enero a diciembre de 2006, por 1 millón 119 mil 650.76 pesos (contrato 4400065495); los servicios médicos para enero, febrero y marzo de 2007, por 3 millones 639 mil 842 pesos (contrato 4400067520); las hospitalizaciones entre enero y marzo, por 1 millón 179 mil 86 pesos (contrato 4400067091). El 29 de marzo de 2006 se le contrató el servicio de urología, de abril a diciembre de ese año (contrato 4400069211), por 10 millones 726 mil 184 pesos. El 1 de octubre se le pagaron 68 mil pesos por honorarios de neurocirugía.

Ya en el gobierno de Calderón, Reyes Heroles no sólo dio continuidad a esta práctica, sino que subrogó la atención a los derechohabientes de los dos hospitales centrales, seis regionales, 12 generales, tres clínicas-hospital, cuatro clínicas, 33 consultorios, 115 unidades de servicios preventivos de medicina del trabajo, 20 consultorios en centros de desarrollo infantil y siete coordinaciones médicas de zona. Es decir, de toda la red clínica, incluida la contratación de especialistas provenientes de instituciones privadas.

El 90 por ciento de los contratos fueron por adjudicación directa.

Los primeros contratos y renovaciones del actual sexenio se otorgaron al Grupo Ángeles. En enero de 2007 se renovó la contratación por servicios de angiología por 866 mil 951 pesos (contrato 4400075835); en abril se le pagó el servicio de hospitalización por 1 millón 360 mil 948 pesos (4400078113); en junio le subrogó una cirugía ambulatoria por 18 mil 780 pesos (contrato 4400080051); en julio, servicios médicos, por 320 mil pesos (contrato 4800002518); en diciembre le pagó 704 mil 717 pesos por servicios médicos y de urgencias subrogados (contratos 4400087242 y 4400087243).

En enero de 2008, la Coordinación Médica de Zona en Guadalajara le subrogó servicios por 5 millones 268 mil 194 pesos; la Unidad Médica en Veracruz le contrató servicios por 185 mil pesos. Entre febrero y diciembre de ese año, la Unidad Médica de Tampico le subrogó servicios por 8 millones de pesos mediante 31 adjudicaciones.

También en 2008 la Unidad Médica en San Luis le subrogó servicios médicos por 2 millones 471 mil 556 pesos en contrataciones por adjudicación directa (contratos 4800005634, 4800006205, 4800006206, 4800006207, 4800006208, 4800006209, 4400102112, 4400102115).

En marzo de 2009, la Subdirección de Servicios Médicos de Pemex subrogó los servicios para la población derechohabiente del Hospital Regional de Salamanca –que recientemente fue recertificado–. Mediante licitación 18572012-00X-09 otorgó a OHA un contrato abierto por 10 millones de pe sos para el periodo de abril a diciembre de este año.

Ubicada en la avenida Paseo de Tabasco, en Villahermosa, la Clínica AIR Médica 2000 destaca entre los inmuebles de la zona por su moderno y elegante diseño. En ella se atienden los ejecutivos de las trasnacionales que trabajan en la industria petrolera mexicana; los huéspedes del Hyatt Regency, Camino Real y Holiday Inn. Víctor Manuel Vázquez Zárate, subdirector de Servicios Médicos de Pemex, también contrató algunos de los servicios de AIR Médica.

El 17 de octubre Pemex subrogó a AIR Médica servicios por 295 mil 684 pesos (contrato 4400097719). El 18 de diciembre, cinco adjudicaciones directas para servicios por 1 millón de pesos (contratos 4400086927, 4400086935, 4400086937, 4400086938 y 4400086941).

Al día siguiente le otorgó 11 adjudicaciones directas por 4 millones 433 mil pesos. El 21 de diciembre, una adjudicación más por 2 millones 213 mil 828 pesos (contrato 4400087172). Al Hospital Ceracom, en diciembre de 2007, le subrogó servicios por 1 millón 939 mil pesos (contrato 4400087174).

En 2004, el Hospital General de Pemex en Veracruz recibió un reconocimiento como institución de “excelencia” que otorga la Asociación Mexicana de Hospitales, no obstante su calidad, la política que la actual administración aplica a éste es que también se subroguen sus servicios. Hasta ahora se contratan servicios como radiología, estudios clínicos al Hospital Ángeles, Laboratorios Soni y Laboratorios Clínicos Chontalpa.

En Sinaloa, el Hospital Asher Medical está contratado desde el sexenio pasado para atender a los derechohabientes de Pemex. En la gestión de Reyes Heroles ha implicado una erogación por 20 millones de pesos.

Hay servicios específicos que prácticamente se contratan a un reducido grupo de empresas. Algunos de éstos son: a Dentro Metric, los diagnósticos odontológicos; los rayos X, ultrasonidos y mastografías a las empresas Diagnóstico por Imagen de Tabasco, Tac de Coatzacoalcos, y Radiología y Ultrasonido Diagnóstico. Los tratamientos oncológicos a Radioterapia de Tampico; las tomografías las hace Imagen Diagnóstica de Poza Rica.

Los tratamientos para cálculos renales a Servicios Hospitalarios Torre Médica; los estudios de laboratorio a Laboratorio Bioquímico y Microbiológico; el diagnóstico y tratamiento de neurocirugías al Centro de Neorodiagnóstico; los diagnósticos y tratamientos de gastroenterología a Ciges Sociedad Civil.

Para la atención oftalmológica se contrata a Oftalmolaser Diagnósticos y Tratamiento y Lasikvision Center de Tabasco. Cardiología está a cargo del Centro de Diagnóstico Cardiológico.

Los diagnósticos previos a una cirugía los hace Servicios de Mínima Visión.

Algunas rehabilitaciones a la compañía Médicos Especializados Asociados.

Se subrogan también a médicos de clínicas privadas los servicios especializados que dan directamente en las clínicas y hospitales: dermatología, alergología, oncología, ginecología, sicología, optometría y medicina del dolor.

Hasta el servicio de lavandería se subroga a la compañía King Wash.

Las fuerzas armadas no han estado exentas de esas prácticas. A la par de que los altos mandos se atienden en las clínicas y hospitales exclusivos del país (Contralínea 132), la política de la actual administración es subrogar servicios médicos que en sus hospitales deben brindar a 854 mil 600 derechohabientes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

En 2007 por ejemplo, según reportó el ISSFAM a los auditores adscritos a la Auditoría Superior de la Federación, 666 mil 63 personas (más del 70 por ciento de su población derechohabiente) recibieron los servicios médicos subrogados. La misma tendencia ha seguido en los años posteriores.

GM se declara hoy en bancarrota; será la tercera mayor en la historia de EU

Se espera que Barack Obama discuta en público los próximos pasos de la automotriz

GM se declara hoy en bancarrota; será la tercera mayor en la historia de EU

El gobierno se prepara para asumir el control de más de dos tercios de la compañía

Afp, Reuters y Dpa
 
Washington, 31 de mayo. General Motors (GM) y el gobierno de Estados Unidos finalizaron este domingo planes para que la golpeada automotriz se reorganice, ya que la mayoría de los tenedores de bonos ayudaron a despejar el camino para presentar la bancarrota de la automotriz el lunes, antes de que abran los mercados financieros. La quiebra será presentada en la Corte de Bancarrota de Estados Unidos en Manhattan, misma que ha supervisado la rápida quiebra de Chrysler, financiada por el gobierno, dijo una de las fuentes.

Hoy será histórico para la empresa: marcará el final de la antigua General Motors y el comienzo de una nueva, declaró el gobierno en un comunicado.

Se espera que el presidente Obama discuta el lunes en forma pública los próximos pasos de GM y que anuncie su apoyo al proceso de insolvencia, en un discurso televisado, según The New York Times. Mientras, el gobierno se prepara para asumir el control de más de dos tercios de la compañía en intercambio por decenas de miles de millones de dólares de ayuda.

Barack Obama expuso que una liquidación y la bancarrota habían sido la única opción ante la ausencia de una participación mayoritaria estadunidense en la atribulada GM, y que esperaba que el gobierno fuera dueño de menos de 72 por ciento de la automotriz. La quiebra de GM será la tercera bancarrota más grande en la historia de Estados Unidos y la mayor y más compleja en los anales de la industria.

El presidente de la compañía, Fritz Henderson, ofrecerá mañana una conferencia de prensa en Nueva York, en la que se espera que anuncie la declaratoria de insolvencia del principal fabricante de automóviles estadunidense.

GM ha estado perdiendo participación en el sector desde comienzos de la década de 1980, cuando tenía 45 por ciento del mercado estadunidense. La automotriz se vio afectada por su dependencia a un lineamiento dominado por camiones y por una profunda caída en la demanda, mientras los créditos se estrechaban en 2008.

Desde la semana pasada GM ha estado apurándose en completar una serie de acuerdos de último momento que intentan acelerar el proceso de quiebra, que la verían emerger con un mayor porcentaje de propiedad del gobierno estadunidense.

Aquellos acuerdos incluyen un nuevo contrato para el sindicato United Auto Workers y un pacto para salvar del colapso a la automotriz Opel (unidad de GM), tras negociaciones mediadas por el gobierno alemán.

La automotriz debía un total de 27 mil millones de dólares a los acreedores, que a cambio de su renuncia obtendrán 10 por ciento en el nuevo grupo, con la posibilidad de incrementarlo luego a hasta 25 por ciento.

Cuando haya concluido el proceso de reorganización, se espera que GM tenga 35 mil empleados menos, con un total de 200 mil, la mitad de hace una década. GM ha perdido 88 mil millones de dólares desde 2005.

Apoyo a inversionistas

Los tenedores de bonos han sido una de las últimas piezas en caer en medio del complicado entramado de la bancarrota de GM, dirigido por un grupo de trabajo designado por la Casa Blanca y encabezado por el ex agente financiero Steve Rattner.

Los inversionistas que representan cerca de 54 por ciento de los 27 mil 200 millones de dólares en bonos de General Motors expresaron su apoyo a un canje mediado por el Tesoro estadunidense, que podría ayudar a acelerar el proceso de quiebra de la automotriz.

Elliot Sloane, portavoz de una comisión ad hoc de aproximadamente una decena de grandes tenedores de bonos de GM, indicó que inversionistas que representan cerca de 19 por ciento de los papeles de la automotriz renovaron su apoyo a la propuesta de canje de deuda antes del plazo final del sábado.

Abstencionismo y movimiento social

Abstencionismo y movimiento social


John M. Ackerman

Estrictamente hablando, el acto de votar es irracional, es más un acto de fe que un cálculo pragmático. Por muy cerradas que se hayan vuelto las competencias electorales en los últimos años, es casi imposible que las elecciones masivas se decidan por un voto. Estadísticamente, la boleta que usted, su vecino o un servidor depositemos en la urna electoral tiene nulas posibilidades de incidir en el resultado final de la elección.

Pero exactamente lo mismo se aplica a la anulación del voto. Un voto en blanco tiene mínimas probabilidades de impactar el desenlace de la elección. Un voto en blanco tampoco será contabilizado como un voto de protesta debido a la total opacidad respecto del contenido de los votos nulos que exige nuestra legislación electoral. El ilegal e inmoral rechazo del acceso ciudadano a las boletas también asegura que el tamaño real de la anulación activa se mantenga en secreto.

El airado intercambio entre los que abogan por la anulación del voto y los que defienden el ejercicio del sufragio es un debate falso. La triste realidad es que, dado el sistema electoral que actualmente tenemos, las acciones individuales simplemente no cuentan.

Lo verdaderamente importante no es lo que hagamos en solitario y en secreto dentro de la casilla electoral, sino lo que nos atrevamos a expresar en colectivo en las plazas y foros públicos. Si lo que queremos es cambiar la cultura política del país, los ciudadanos tenemos que construir una alternativa independiente que de una vez por todas obligue a las autoridades a rendir cuentas y a responder a nuestras demandas.

Una de las lecciones más evidentes de las últimas décadas es que las reformas significativas no surgen de la buena voluntad de los políticos, sino que se construyen a través de vigorosos movimientos sociales. La reforma política de 1996 fue el resultado directo del levantamiento armado en Chiapas y la acción política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La reforma electoral de 2007 y las modificaciones a la reforma petrolera de 2008 son victorias atribuibles a la acción ciudadana y política encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de la desinformación generada a través los principales medios electrónicos, el pueblo mexicano es muy inteligente y cuando entra en acción de manera colectiva tiene el potencial de impactar directamente en el desarrollo de la política nacional.

Sin embargo, falta articular un movimiento social independiente y dinámico que revitalice nuestra fallida democracia. En particular los jóvenes tendrían que asumir un liderazgo central en esta nueva etapa de la vida política del país. La renovación generacional de la política es una tarea impostergable. Los representantes políticos, cívicos, intelectuales y periodistas que típicamente encabezan estos esfuerzos deben entender que el país reclama un relevo generacional que permita el florecimiento de nuevas ideas y nuevos voceros del movimiento democrático nacional.

Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1986, así como los primeros años del movimiento zapatista iniciado en 1994, son ejemplos históricos de lo que una juventud movilizada y consciente es capaz de lograr. Quizás en esta ocasión sean los jóvenes militantes de la contracultura los que nos enseñen el camino hacia una nueva forma de hacer política. O tal vez los jóvenes rechazados de las escuelas públicas encontrarán la forma de organizarse para demandar un cambio estructural al sistema de desarrollo excluyente que predomina en el país.

No sabemos de dónde surgirá la esperanza en este momento tan crítico y desolador del desarrollo de nuestra nación. Pero lo que sí queda claro es que el reto más importante es escuchar atentamente las inquietudes sociales y encontrar maneras de movilizar y canalizar la frustración social. Los movimientos sociales no surgen solos, pero tampoco se generan por decreto.

El descontento ciudadano es un hecho. Lo que falta es la conversión de la desesperación pasiva en un plan de acción concreto para la renovación política del país.

La televisión y los poderes fácticos apuestan al desencanto ciudadano y a las reacciones individualizadas ante las crisis política, económica y social. Para estos actores, el abstencionismo sería la perfecta válvula de escape para la frustración creciente del pueblo mexicano. Pero lo que realmente pondría a temblar a un sistema tan corrupto e injusto como el que nos gobierna no es la protesta silenciosa dentro de la casilla electoral, sino la toma del espacio público por una nueva generación harta del engaño y la mentira.

http://www.johnackerman.blogspot.com


Simula recuperaciones por 33.7 mil MDP Auditoría Superior





Para exigir mayor presupuesto, la Auditoría Superior de la Federación simula recuperaciones para las arcas federales por 33 mil 700 millones de pesos. Hacienda, SAT y Tesorería reportan resarcimientos sólo por 52 mil pesos, el 0.00015 por ciento de lo que aparenta la ASF. Impunes, los “grandes fraudes a la nación”



La Auditoría Superior de la Federación (ASF) habría simulado resarcimientos a la hacienda pública por más de 33 mil millones de pesos, relacionados con los llamados “grandes fraudes a la nación”. El objetivo: justificar su existencia como máximo órgano de fiscalización pública y exigir mayor presupuesto.







Dicha simulación consistiría en hacer pasar por “recuperaciones” lo que en realidad son solventaciones de supuestas irregularidades observadas durante los procesos de fiscalización.

El concepto –que no está estipulado en la ley– habría sido inventado con Arturo González de Aragón al frente del órgano y sustituiría al concepto de “solventación”, descubre la interpretación de la auditoría, obtenida con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el análisis jurídico hecho por el doctor Daniel Márquez, experto en derecho administrativo, fiscal y penal.



Al aclarar (solventar) las observaciones (irregularidades), los poderes de la Unión y entes públicos federales fiscalizados evitan que se les imputen responsabilidades. Ello habría ocurrido con los daños patrimoniales que la ASF dio por solventados, en los que se incluyen los “casos más candentes”, como los califica la diputada panista Alma Alcaraz, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Y es que entre las supuestas “recuperaciones” se enlistan 10 mil 856 millones de pesos del rescate bancario; 2 mil 458 millones del Derecho de Trámite Aduanero, considerado una tributación privada; 1 mil 580 millones que Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó a su sindicato en 2004; 1 mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas; 277 millones del Poder Judicial de la Federación; y 6 mil 800 millones de pesos de supuestas malversaciones detectadas en estados y municipios, dice el “Resumen ejecutivo” del Informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, elaborado por la ASF y entregado a la Cámara de Diputados el 12 de marzo pasado.


Con la simulación, la ASF habría posibilitado el uso discrecional de varios miles de millones de pesos que habrían sido trasladados de arcas privadas a arcas públicas sin observar el método establecido por la Ley de Fiscalización Superior: el seguimiento puntual de esos recursos que se resarcen a la hacienda pública “es imposible”, reconoce el diputado Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia.

“Problema semántico”
El legislador perredista, hermano de Jesús Ortega, asegura que en el caso de las recuperaciones “subyace un problema de semántica.

Un problema hasta de aplicación gramatical correcta y, sin duda, un uso inadecuado de conceptos contables”.

Ello, porque ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 74 y 79), ni la Ley de Fiscalización Superior ni el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación establecen el concepto de “recuperación”.

El doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que ninguno de esos tres ordenamientos, que forman el marco jurídico que regula a la ASF, se refieren a las “recuperaciones” como una facultad del máximo órgano de fiscalización del país.

Márquez dilucida que llamar recuperaciones a las solventaciones resulta de la interpretación que da la auditoría a la legislación: tras determinar la existencia de una irregularidad que todavía no deviene en responsabilidad –“al menos eso dice la auditoría”–, ésta genera una observación; entonces, la irregularidad debe ser explicada. “A la explicación que satisface a la Auditoría Superior de la Federación se le llama solventación, pero no es una recuperación”.

El experto en derecho administrativo detalla que la recuperación como concepto implica que el servidor público se haya apoderado físicamente de las cantidades de dinero y que, derivado de la acción de la auditoría, ese dinero salga del patrimonio del funcionario y regrese al de la dependencia o entidad que haya sido afectada o se reintegre a la Tesorería de la Federación.

Resarcimientos sólo por 52 mil pesos
Mientras la ASF asegura haber recuperado 33 mil 718 millones de pesos, correspondientes a la fiscalización de las cuentas públicas de 1999 a 2007, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala en el oficio 102-SAT-307 que, si bien la Ley Superior de Fiscalización entró en vigor desde el 30 de diciembre de 2000, el primer documento determinante (pliego definitivo) se recibió hasta septiembre de 2005.

De acuerdo con los artículos 51 y 52 de la ley, la auditoría formula pliegos de observaciones derivados de la revisión de las cuentas públicas. Éstos “determinan en cantidad líquida la presunta responsabilidad de los infractores” y deben ser solventados por los poderes de la Unión y entes públicos federales en un plazo improrrogable de 45 días hábiles.

Sólo en caso de que los responsables no solventen la observación o de que la documentación y argumentos presentados sean insuficientes, la auditoría inicia el procedimiento para imputar responsabilidades resarcitorias y, en su caso, aplica sanciones pecuniarias. Los cobros son ejecutados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del SAT y de la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Documentos internos –cuyas copias posee Contralínea– y respuestas a solicitudes de información de estas tres dependencias indican que los pliegos definitivos no reflejan más de 30 mil millones de pesos, sino apenas 48 millones 372 mil 589 pesos.

La cifra reportada por las autoridades hacendarias se refiere a créditos fiscales generados por cada pliego de observación definitivo y no a resarcimientos a favor del erario: de los 48 millones de pesos, a la hacienda pública sólo se le han devuelto 52 mil 967 pesos.

El monto real de los resarcimientos representa apenas el 0.00015 por ciento de los más de 33 mil millones de pesos que la ASF asegura haber recuperado, consta en el oficio 400- 03-00-00-00-2009-001, enviado el 15 de enero de 2009 por el administrador central de Planeación y Estrategias de Cobro del SAT, Carlos León Olaya, al diputado Antonio Ortega.

Alma Alcaraz dice que es necesario que la Cámara de Diputados investigue “a fondo esta situación, para determinar por qué Hacienda trae otros números cuando nosotros hemos considerado siempre que los 30 mil millones de pesos (se reintegraron).

Nosotros, como diputados, hemos confiado en que eso ya está en la Tesorería de la Federación y que se cumplen los artículos 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior, que establecen claramente lo que se tiene que hacer con ese dinero”.

Los artículos citados por la diputada panista, contenidos en el “Capítulo III del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias”, indican que la Secretaría de Hacienda es la entidad facultada para la ejecución de los cobros.

Además, aunque determinan que el destino de los recursos son las arcas defraudadas, la devolución debe hacerse por medio de las tesorerías.

El diputado Elías Cárdenas, del Partido Convergencia, exige a González de Aragón “probar fehacientemente las recuperaciones que dice haber hecho”. Ejemplifica con el rescate bancario: “Ahí se confunde (el diputado) Toño Ortega, de que es una cuestión semántica.

No lo es: la auditoría evitó que los banqueros cobraran los 10 mil millones de pesos de los créditos que se habían dado a sí mismos, pero eso es evitar. Recuperar es distinto a evitar. En lo demás, el auditor se comprometió, públicamente, a comprobar ante los medios de comunicación hasta el último centavo de las recuperaciones.

Yo estoy esperando que él lo demuestre”.




La simulación
El doctor en derecho Daniel Márquez explica que las recuperaciones son “una simulación”. “El problema que tenemos con las instituciones es que no saben decir las cosas por su nombre. En todas las instituciones, en general, piensan que si dicen la verdad la ciudadanía no va a estar preparada para entenderla”.

El auditor lo niega. “No hay simulaciones en la Auditoría Superior de la Federación. De los 33 mil 750 millones de pesos, 10 mil 856 millones corresponden a devoluciones de instituciones bancarias: 6 mil 200 millones de pesos, a Banamex; 3 mil millones de pesos, a Bancomer; de manera que no hay simulaciones.

No hay simulaciones”, reiteró al finalizar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 12 de marzo.

Respecto de la diferencia entre sus 33 mil millones de pesos y los 50 mil pesos que reporta la Secretaría de Hacienda, González de Aragón justificó: “Hay un problema de entendimiento. Lo que el SAT reporta son créditos fiscales, que no tienen nada que ver con la entrega de cheques de las instituciones bancarias al Fobaproa; con los 1 mil 580 millones de pesos recuperados del Pemexgate (2), que obviamente no entraron al SAT, sino al patrimonio de Petróleos Mexicanos; no tienen nada que ver con los 6 mil 800 millones de pesos que han devuelto los estados y municipios, que no se devolvieron al SAT”.

Ante los cuestionamientos, González de Aragón dijo que “es decisión nuestra subir a internet en los próximos 20 días la copia de todos los documentos que acreditan los resarcimientos, de manera que no hayan problemas de entendimiento.

Esto nos conviene a todos, pero más a nosotros para poder acreditar el beneficio de la acción fiscalizadora”.

El “beneficio” también había sido invocado minutos atrás, cuando dijo a los legisladores que las recuperaciones “representan 33 veces el presupuesto anual de la institución, un hecho inédito en el país”. En otras ocasiones, como en esa, la cita del monto le ha servido para exigir aumento presupuestal: en 2009, su gasto asciende a 1 mil 239 millones 700 mil pesos; mientras que en 2008 fue de 1 mil 185 millones 400 mil pesos.

No obstante su interés en resolver el “problema de entendimiento”, al vencer el plazo de los 20 días, el 9 de abril, su compromiso se redujo a unos anexos derivados de las ligas “Recuperaciones” y “Detalle”, que pueden ser consultados en el sitio de internet www.asf.gob.mx y que sólo contienen un listado que cita documentos con carácter de reservados. Ninguna prueba se anexa.

Y aunque González de Aragón niegue simulaciones, la propia ASF reconoce que las recuperaciones son, en realidad, solventaciones. Al responder la solicitud de información 025, referente a por qué no emitió pliegos de observaciones definitivos, dice: “Las recuperaciones se obtuvieron en diversos procesos de auditoría, fiscalización y seguimiento de acciones promovidas que realiza la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas. La razón por la que no se notificaron los pliegos definitivos de responsabilidades a la Tesorería de la Federación fue porque las recuperaciones no se generaron de procedimientos resarcitorios.

“La única recuperación a la fecha derivada de un procedimiento resarcitorio y de la emisión de un pliego definitivo de responsabilidades, conforme a la Ley de Fiscalización Superior, fue el número 001/2006 por 52 mil 971 pesos, derivado de la auditoría 225 de la Cuenta Pública 2002.” Agrega que “si se detectan irregularidades durante la práctica de auditorías que provoquen un presunto daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, las entidades fiscalizadas, los servidores públicos o los particulares pueden durante la auditoría resarcir el presunto daño o perjuicio, lo que también puede ocurrir antes de la emisión de los pliegos de observaciones, para que éstos ya no se emitan, o después de emitidos, para obtener su solventación por parte de la Auditoría Superior de la Federación”.

Indagatorias
Para comprobar la existencia y legalidad de las “recuperaciones”, en la actualidad hay dos investigaciones abiertas; una la lleva la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, encargada de vigilar la actuación de la ASF, del auditor superior y de su equipo; la otra, un despacho externo contratado por el auditor, informa la auditoría en el boletín de prensa 2009-1, del 10 de febrero.

Aunque Roberto Michel, titular de la UEC, canceló la entrevista pactada con Contralínea, admitió –ante el diputado priista Horacio Garza Garza, integrante de la Comisión de Vigilancia, y el asesor de éste, Homero Terán– que la indagatoria estaba en proceso.

Entre lo más relevante, la investigación habría encontrado indicios de un “arreglo” entre Pemex y su sindicato, que permitiría resarcir los 1 mil 580 millones de pesos al patrimonio de la paraestatal en pagos parciales fijados a largo plazo.

Problemática derivada
Una de las preocupaciones manifestadas por los legisladores consultados es el destino de los recursos que sí se han devuelto a las arcas públicas al margen del método establecido por la Ley de Fiscalización Superior en materia de resarcimientos.

Ello, porque al ignorar el procedimiento legal se habría permitido el uso discrecional del dinero “recupera do”: éste se habría integrado directamente al gasto de cada institución o dependencia en un ejercicio distinto al que originalmente fue asignado, sin una etiqueta específica y sin ningún criterio de transparencia.

“Es un procedimiento que debería de estar reportando la Secretaría de Hacienda y al que le tendría que estar dando seguimiento.

La Auditoría Superior hace las observaciones, impone las acciones resarcitorias, mientras que la Tesorería de la Federación se encarga de ir por ese dinero. Entonces, qué es lo que está pasando realmente con la tesorería, por qué no está haciendo esos cobros que le corresponden (…) dónde está la falla”, pregunta Alma Alcaraz.

Sin embargo, ninguna de las recuperaciones que la ASF dice haber logrado ha involucrado a la Secretaría de Hacienda, al SAT o a la Tesofe, comprueban documentos oficiales. Para resumir el asunto de las recuperaciones, el doctor en derecho Daniel Márquez recuerda una frase del poeta Juvenal: “Quis custodiet ipsos custodes” (quién vigilará a los que vigilan).

La ASF es un órgano de fiscalización adscrito a la Cámara de Diputados; pero, por disposición constitucional, posee autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con el auditor superior. Ildefonso Morales, titular del área de Comunicación Social de la ASF, informó que González de Aragón no aceptó concederla. Al tiempo, recomendó recurrir a la Ley Federal de Transparencia para consultar datos, pues tampoco tuvo autorización de dar fichas informativas.



Auditoría reconoce la inexistencia del concepto de “recuperación”
Con base en la Ley Federal de Transparencia, en el requerimiento de información 024/2008 Contralínea solicitó “conocer qué legislación –especificar nombre de la ley y artículo– le atribuye a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la facultad expresa de hacer ‘recuperaciones’ directas”.

En su respuesta, la ASF admite que las leyes que la regulan no establecen el concepto de “recuperación”: ninguno de los artículos a los que alude (74 y 79 constitucionales; 47, 51, 52, 53 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior; y 5 del Reglamento Interior) lo refiere.

Para justificar el concepto, expone su interpretación de las leyes: “Los daños o perjuicios que se subsanen por las entidades fiscalizadas o por los presuntos responsables pueden considerarse como recuperaciones con motivo de las acciones que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación en ejercicio de sus facultades, ya que si no fuera por ese ejercicio de facultades de revisión dichas recuperaciones no se hubieran obtenido”.

En sus argumentos, la ASF reconoce que a las solventaciones les llama recuperaciones. “Con motivo de las facultades de fiscalización, si se detectan irregularidades durante la práctica de auditorías que provoquen un presunto daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, las entidades fiscalizadas, los servidores públicos o los particulares pueden durante la auditoría resarcir el presunto daño o perjuicio, lo que también puede ocurrir antes de la emisión de los pliegos de observaciones, para que éstos ya no se emitan, o después de emitidos, para obtener su solventación por parte de la Auditoría Superior de la Federación”.

Además, manifiesta su decisión de no actuar en contra de los responsables de los quebrantos, una vez que se solventan las irregularidades observadas. “Para emitir un pliego de observaciones o iniciar el posterior procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria [que involucra a la Secretaría de Hacienda] necesariamente debe haber detectado un presunto daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, no justificado o reintegrado”.

La ASF dice que si los daños o perjuicios se subsanan “carecería de elementos para detonar el ejercicio de sus facultades resarcitorias por ya no existir daños que indemnizar”.

También indica que “una vez que se aplica un procedimiento de responsabilidad resarcitoria, y en el mismo se mantiene el daño o perjuicio, al o a los responsables se les finca el pliego definitivo de responsabilidades.

Éste se remite a la Tesorería de la Federación para el efecto de que si en un plazo de 15 días naturales contados a partir de su notificación no se cubre por el o los responsables se haga efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución”. (NF).

Solventaciones simulan Recuperaciones

Contralínea obtuvo copias de documentos relacionados con dos asuntos de evasión de impuestos, enlistados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como recuperaciones: Derecho de Trámite Aduanero y Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

Identificados con la leyenda de “este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado”, los oficios tienen carácter de solventaciones, mas no de recuperaciones.

En el primer caso, se trata de seis documentos, tres de ellos son copia de declaraciones generales de pago de derechos, correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004, hechas a cuenta y cargo del fideicomiso privado 954-8 Aduanas I, constituido en 1993 por Francisco Gil Díaz, en su calidad de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.

El pago de derechos ascendió, en total, a 1 mil 456 millones 768 mil 643 pesos: 85 millones 789 mil 758 pesos, en 2002; 821 millones 226 mil 665, en 2003; 549 millones 752 mil 218 pesos, en 2004.

No obstante, en las revisiones de esas cuentas públicas la ASF había documentado daños superiores: 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004. Además, en su revisión a la cuenta 2001, observó un quebranto por 4 mil 561 millones.

De acuerdo con los informes de las revisiones, la auditoría encontró que en esos ejercicios fiscales el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero, mismos que se depositaron en el fideicomiso Aduanas I hasta mediados de 2004.

En el segundo caso, referente a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), se tuvo acceso a dos oficios y una copia de la declaración de pagos provisionales, primera parcialidad y retención de impuestos federales.

El oficio 330-SAT-VI-376, fechado el 19 de febrero de 2007, señala que, con dicha declaración, la Administración General de Evaluación “se encuentra en posibilidad de solventar la observación de la ASF 04- 006E00-2-110-05-001 efectuada a SEIEM, por el ejercicio de 2004, en el que se observó retenciones efectuadas no enteradas en suma de 806 millones 162 mil 400 pesos”. (NF).