En este video comento sobre la enorme cantidad de recursos que son destinados al manejo de deuda, intereses, IPAB, etc, y como no obstante el costo tan alto que genera el endeudamiento, el gobierno de Calderón ha duplicado la deuda externa.
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lunes, 3 de enero de 2011
Videcolumna de El Bote 3-Enero-11 "Edeudamiento y educación financiera"
Noticias con El Bote 3-Enero-10
Tweet Hoy hablamos sobre los primeros mensajes del año que emitieron, por un lado, AMLO vía internet y por el otro, el de Calderón en cadena nacional, hablamos también de la buenas y malas respecto al DF y a Bolivia, también sobre lo que dijo la iglesia católica sobre el GDF, además sobre el fallecimiento de Bobby Farrel vocalista masculino del grupo BONEY M tuvimos la síntesis informativa NOTIMEX y el VIDEOmensaje semanal de AMLO.
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Hasta dos años tardaría asilo para hijos de Marisela Escobedo
2011-01-03 10:30:53
Ciudad de México, 03 de Enero.- En entrevista con Julián Andrade, el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Chihuahua, Antonio de la Rosa, aseguró que los hijos de la activista Marisela Escobedo, asesinada en diciembre frente al palacio de Gobierno de Chihuahua, están en proceso de asilo en Estados Unidos, pero que podría tardar de ocho meses a dos años.
"Ya están entrando al procedimiento de asilo, juicio donde ellos tendrán que demostrar que además de que tienen un miedo creíble, el Estado mexicano no les puede dar protección o tiene una actitud de persecución contra ellos".
De la Rosa señaló que “el Gobierno mexicano será el litigante contrario… el Gobierno no va querer admitir que es incapaz de brindarles protección".
El visitador sostuvo que en estos casos el Estado negociaría con los hijos de Marisela para llegar a un acuerdo para quedar bajo un programa de testigo protegidos.
Escucha la entrevista en el enlace:
http://www.radiotrece.com.mx/nota_blog.php?id=5247
Fuente: Radio Trece
Los temas de derechos humanos 2010: Sentencias de la Corte IDH, el reto de cumplir
México D.F., 3 de enero de 2011 (Cencos).- Los feminicidios en Ciudad Juárez y los abusos de militares en Guerrero desde la Guerra Sucia y hasta nuestros días, han provocado que una corte internacional sentencie al Estado mexicano. Las sentencias incluyen obligaciones de investigar crímenes, hacer reformas estructurales en las leyes, restituir la dignidad de las víctimas y explicar ampliamente a la sociedad la verdad de las violaciones a los derechos humanos que cada caso implica. 2011 será el año en que deberán cumplirlas.
De las sentencias se desprenden las reparaciones que deben acatarse y que comprenden una parte jurídica, pero otra más que se refiere a la reparación psicosocial de las víctimas, es decir, que se deben relegitimar sus historias, restituir su reputación pública y fomentar la reconstrucción del tejido social y comunitario que las violaciones a sus derechos humanos provocaron. Lejos de esto, el gobierno ha demostrado falta de voluntad política incluso al punto de negar la obligatoriedad que tienen frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
La Corte IDH ha sentenciado al Estado encontrandolo culpable en 4 ocasiones - la desaparición forzada de Rosendo Radilla, los feminicidios de Campo Algodonero, y las violaciones por militares contra Inés y Valentina- y ahora tiene pendiente el cumplimiento.
Las fechas para dar cumplimiento varían respecto a la publicación de cada sentencia. Algunas disposiciones se deben acatar inmediatamente, otras son a los 6 meses y al año de publicación y posteriores a estos el Estado también debe dar cuenta en informes anuales sobre como ha avanzado y el cual es supervisado por la Corte.
Estos plazos semestrales y anuales ya han vencido para las sentencia de fondo, reparación y costas de Rosendo Radilla Pacheco y del caso Campo Algodonero, y durante 2011 serán los primeros plazos para que el Estado comience a cumplir las sentencias de Inés, Valentina y la de los Campesinos Ecologistas publicada tan sólo hace 15 días. En un futuro próximo vendrán muchas más.
Casos ante la Corte
Esmeralda, Laura
y Claudia
Inés Fernández
Valentina Rosendo Cantú
Rosendo Radilla
Teodoro y Rodolfo
La formula: obligación y voluntad
Desde que México aceptó tardíamente la competencia de la Corte en 1998, su actitud como Estado y la voluntad política para colaborar con los fines de esta son limitados. El argumento para no aceptar a esta institución protectora de derechos humanos era que se violaría la soberanía y 12 años y 4 sentencias más tarde el panorama no es más alentador.
En septiembre, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se discutía si la jurisprudencia de la Corte IDH era obligatoria o no, ignorando el Artículo 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos que sentencia que el fallo “será definitivo e inapelable” y la propia aceptación de la competencia Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1998.
Santiago Corcuera Cabezut, abogado que ha litigado en la Corte Interamericana (caso Castañeda Gouttman), ha sido experto del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas de la ONU y actualmente es Presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cree que “si no se le da una línea de trabajo diferente al equipo de litigio del Estado mexicano diciendo que hay que reconocer la responsabilidad, no se va a lograr nada”.
Para él es claro que “no se debe litigar lo ilitigable, como por ejemplo la competencia de la Corte, lo mejor era reconocerla y entonces entrar al fondo del asunto”.
La hija de Rosendo, Tita Radilla, sabe que “para 2011 el Estado tiene que responder, no pude hacer lo mismo de este año, tiene que haber investigaciones precisas que den con el paradero de nuestros desaparecidos y reformar el fuero militar para que todos los casos de ataques a civiles por militares pasen a fuero civil.”
Algunos avances se han hecho en los casos de Campo Algodonero y Rosendo Radilla, como la publicación de las sentencias, o la segunda etapa de excavaciones por parte de la Procuraduría General de la República en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez, pero a decir de los defensores de derechos humanos y los familiares de las víctimas se han hecho de forma pero no de fondo.
El 10 de diciembre se terminó el plazo de un año para que el Estado diera cumplimiento a 9 de las 16 disposiciones que incluye la sentencia de Campo Algodonero, pero sólo se había cumplido una: la publicación de la sentencia. Lo mismo sucedió en el caso Radilla el 15 de diciembre pasado, fecha límite para que el Estado enviara su informe de cumplimiento, ya que sólo se cumplió con la publicación, y se hicieron excavaciones, que no satisfacen a la defensa.
“El Estado esta dando un alcance restrictivo a la sentencia, en vez de preocuparse por cumplirla integralmente”, dice Humberto Guerrero, coordinador del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El cumplimiento entonces, tiene que ver con la voluntad política de los responsables de acatar las sentencias y en este sentido la única herramienta de presión que tiene la Corte IDH es la entrega de informes anuales.
“El informe sí tiene un peso considerable porque hace ver que se está incumpliendo un compromiso internacional, pero también creo que tiene que haber sanciones internacionales, pronunciamientos de otros países por su incumplimiento”, opina Tita Radilla.
Los informes, coincide Corcuera, “son la única herramienta de la Corte para presionar al Estado, lo cual es útil pero la otra herramienta a utilizar es la política, por ejemplo: que la Corte lleve una inconformidad ante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos, presentando un informe y señalando a los países que no cumplen, como México que están usando al sistema para atrasar y no dar un cumplimiento valido. Se le debe llamar a un cambio de actitud”.
Para presionar a que la Corte se pronuncie enérgicamente durante la etapa del cumplimiento, Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y defensora en el caso Campo Algodonero, propone “impulsar una audiencia en la Corte IDH de supervisión de la sentencia para volver a sentar en el banquillo de los acusados a México”, acción que realizarán este año.
Además, Corcuera Cabezut opina que el actual sexenio carece de un plan: “no esta teniendo una respuesta estratégica y en conjunto a todas las sentencias de la Corte, está apagando fuego por fuego, y su única estrategia es litigar todo”.
Mientras que para Michelle Salas al Estado también le falta un adecuado enfoque ya que “las sentencias deben ser vistas como una oportunidad y no como un reproche. El proceso sin lugar a dudas se podría facilitar si hubiera servidores públicos comprometidos”.
Presupuesto a la mira
A pesar del presente incumplimiento, todo parece indicar que en 2011, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se podrá avanzar un paso en lo que se refiere al pago de indemnizaciones.
Con la asignación de 30 millones de pesos a un “Fondo de reparaciones e indemnizaciones a causa de violaciones a los derechos humanos decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por violaciones a los derechos humanos” se podrán pagar indemnizaciones y costas de las sentencias.
Luego de la publicación de la Ley de Federal de Responsabilidad Patrimonial en 2004, ya se asignaba una partida presupuestal para el cumplimiento de sentencias (artículos 2 y 5) pero es apenas a partir de este año que dicha partida contará con recursos.
Se avanza tarde, “es otra disposición sencilla de cumplir pero que no se hace hasta que no tienen otra opción. Se gastan más en los festejos del Bicentenario, o incluso en la delegación que llevan las audiencias ante la Corte que el costo que tienen las indemnizaciones de todas las sentencias”, dice Michelle.
Reparación psicosocial, la justicia en manos de las víctimas
Los ministros de la Corte Interamericana han señalado que la sentencia en si misma ya es una parte de la reparación del daño provocado a las víctimas. En este sentido el valor de las sentencias internacionales no está en el castigo sino en la reparación y en que su cumplimiento redignifique a las víctimas. Las violaciones de derechos humanos son contra las víctimas, pero también a sus familias y amigos, a sus comunidades y a la sociedad.
La reparación psicosocial, explica la psicóloga Valeria Moscoso Urzúa, “tiene que ver con acciones que logren redignificar a las víctimas, restituir su dignidad e integridad y una de las formas para conseguirlo tiene que ver con la aceptación de los hechos, la búsqueda de justicia y de la verdad”.
En la sentencia no hay separaciones entre psicosocial y jurídico, dice la coordinadora del Área de Atención Psicosocial de la CMDPDH, pero “las medidas de satisfacción y reparación si tienen su fundamento en el objetivo de restituir a las víctimas al estado previo a la violación en la medida de lo posible”.
“Por ejemplo, la publicación de la sentencia significa dar a conocer a la sociedad la vida de Rosendo y demostrar que no era un terrorista, que no estaba haciendo nada ilegal; es limpiar la reputación de la persona desaparecida y dejar en claro que era un luchador social que quería mejorar la calidad de vida de la comunidad; que era padre, hijo y esposo y que no quería otra cosa de lo que todos deseamos para nuestro país”.
Cuando las disposiciones en el plano jurídico de una sentencia no se cumplen, explica, “estas medidas pierden su fuerza simbólica como restauradoras de la dignidad”.
Alcanzar la justicia parece algo lejano para las víctimas de violaciones a derechos humanos por parte del Estado mexicano. Su esfuerzo se extiende por muchos años de lucha. Desde la violación, la transformación de sus vidas y la imposibilidad de recibir justicia en su país, hasta lograr una condena internacional han pasado muchos años.
Valentina e Inés, que no hablaban español lo aprendieron para defenderse; Tita Radilla, su familia y todas las familias de la Afadem se han encargado de que en México de hable de Guerra Sucia y continúan a la espera de que sus desaparecidos regresen; Teodoro y Rodolfo, aunque salieron libres, hasta la fecha no han sido exculpados; las familias de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette miran más allá de las fronteras para encontrar la justicia sabiendo que al poner un pie fuera de sus casas las posibilidades de morir asesinadas aumentan.
Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social
Los temas de derechos humanos 2010: Atenco, los 12 que vencieron al Estado
México D.F., 31 de diciembre de 2010 (Cencos).- En 2010 los campesinos y campesinas de San Salvador Atenco lograron su segundo triunfo. El primero fue cuando ganaron al decreto expropiatorio que pretendía dar paso a la construcción de un aeropuerto durante el gobierno de Vicente Fox; ahora, 8 años más tarde, el movimiento social más importante del país volvió a derrotar a los intereses del Estado al lograr la liberación de 12 de sus integrantes, recluidos injustamente desde mayo de 2006.
“Nos queda mucho que hacer. Esto es como sembrar la tierra. Ahora nos toca cultivar, queremos una cosecha de lo que al tiempo sembramos.[…] Nos esperan muchos años por seguir la lucha. Nuestra existencia entera no va a alcanzar para todo lo que tenemos que hacer. La esperanza se construye, no se espera", decia Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, horas antes de quedar en libertad.
El 1 de julio de 2010 los 12 activistas retomaron su libertad luego de una movilización sin precedentes y articulada en varios frentes, desde la lucha de litigio integral, las movilizaciones (marchas y plantones), la estrategia de medios y hasta el apoyo internacional en más de 20 países. Fueron 4 años fuente de aprendizaje para todos los movimientos sociales durante los cuales tras repetir la verdad de los hechos una y otra vez se logró justicia, esa justicia por la que los atenquenses seguirán luchando. Los 12 presos políticos
• Ignacio del Valle Medina
• Felipe Álvarez Hernández
• Héctor Galindo Gochicoa
• Edgar Eduardo Morales
• Narciso Arellano Hernández
• Julio César Espinosa Ramos
• Alejandro Pilón Zarate
• Juan Carlos Estrada Cruces
• Oscar Hernández Pacheco
• Inés Rodolfo Cuellar Rivera
• Román Adán Ordóñez Romero
• Jorge Alberto Ordóñez Romero
Una lucha de todos
Durante poco más de 4 años, la indignación y búsqueda de la justicia tomaron caminos de lo más diverso. Cada hombre y mujer, cada colectivo estudiantil, red, movimiento u organización de la sociedad civil comenzaron a trabajar por la libertad y el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos los días 3 y 4 de mayo de 2006. El trabajo en conjunto avanzó y se fortaleció, pero resultaba insuficiente ante la impunidad y la aquiescencia del sistema de justicia y la falta de visibilidad de estas violaciones por lo que 400 colectivos, organizaciones, redes y movimientos que trabajaron para conseguir la libertad de los 12 se constituyeron en la Campaña Libertad y Justicia para Atenco el 17 de febrero de 2009.
Esa Campaña, cuyo éxito permitió visibilizar los pasos que daba el movimiento para lograr la libertad, emprendió su etapa final “Libertad Ahora” el 24 de abril de 2010. A partir de ese momento aumentó la presión social con el objetivo de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación supieran que los ojos del mundo vigilaban sus decisiones y no permitirían que a pesar de haber avalado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante los operativos de aquel 2006, se decidieran por mantener en la cárcel a los 12.
Voces de la vida política, pero también artística y cultural, líderes de opinión, escritores, periodistas y académicosexpresaron su rechazo a la criminalización de la protesta social. Personajes como Julieta Egurrola, Eduardo Galeano, Manu Chao, Adolfo Gilly, la nobel de la Paz Jody Williams, Carlos Fazio, de entre un gran coro de protesta, aprovechaban cada oportunidad y foro para hablar de Atenco, hablar de la violencia de Estado y exigir la libertad.
El FPDT salió de gira por 25 estados del país, se realizaron más de 250 acciones en 20 países y se llevó el mensaje a más de un millón de personas, según cifras de la propia Campaña. Tras 18 meses de trabajo y luego de conseguir la libertad de los 12, esta Campaña concluyó el 8 de agosto de 2010, en el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, gran referente de todas las luchas campesinas de México en el siglo XX y XXI.
Los años de encierro, marcas que no se borran fácilmente
Luego de las violaciones a los derechos humanos de cientos de hombres y mujeres, las detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles y fallas al debido proceso, 9 presos políticos fueron encarcelados en el penal de Molino de Flores y tres más en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, donde comenzó una nueva etapa de injusticias para ellos y sus familias relacionadas a las malas condiciones carcelarias, la desintegración social y los daños psicosociales.
“Cuando lo llevaron al Altiplano inconsciente de tanto golpe que le dieron, hay cosas que no recuerda a la fecha, que no recuerda. En los primeros tres meses no coordinaba”, cuanta Trinidad Ramírez del ingreso de su esposo Ignacio del Valle al penal en el Informe colaborativo de violaciones a los derechos humanos “12 presos por la defensa de la Tierra. Es tiempo de su libertad”.
Desde su llegada “los mismos internos de ahí, sí querían hasta pues pegarles, ¿no? Incluso no se si tendrían alguna orden o no se pero a todos les buscaban, trataban de intimidarlos”, relata María Leonor Romero Morales, madre de los hermanos Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, en el mismo informe del Comité Libertad y Justicia para Atenco y cuatro organizaciones más.
En él se documenta el hacinamiento, falta de agua, alimentación suficiente y de calidad, falta de medicamentos y la subordinación de unos internos a otros “con el contubernio de las autoridades del penal”. Incluso, se constatan “las revisiones denigrantes a las que son sometidos sus familiares, especialmente, las mujeres” cada sábado que visitaban a sus presos.
Resalta el caso de Héctor Galindo a quien “se le prohibió, durante 15 meses, recibir visita familiar, ante la imposibilidad de demostrar lazos consanguíneos con su familia adoptiva”.
Para recordar
La lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra comenzó a finales de 2001 cuando pobladores de San Salvador Atenco y otras comunidades del lago de Texcoco se enteraron por los medios que le sería expropiadas 5 mil hectáreas de sus ejidos para la construcción de un aeropuerto internacional inscrito en el Plan Puebla Panamá (ahora Iniciativa Mesoamericana). Resistieron y echaron abajo el decreto expropiatorio el 11 de junio de 2002.
La fuerza del Estado se volvió a activar en su contra en 2006. Lo ocurrido el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, durante el operativo implementado por la entonces Policía Federal Preventiva, desató un gran número de violaciones graves a los derechos humanos contra las y los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en contra también de habitantes atenquenses que no tenían relación con el movimiento así como en contra de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, quienes sufrieron tortura física, psicológica, allanamientos, y detenciones arbitrarias entre otras violaciones.
Después de estos actos represivos, el Estado, mediante el uso faccioso de la fuerza y las leyes como han afirmado diversos integrantes de la academia y de la sociedad civil, nacional e internacional, encarceló ese mismo día a 108 personas, llegando días después a más de 200 detenciones arbitrarias. A cuatro años de estos sucesos 12 personas continuaban privadas de su libertad en el penal Molino de Flores y El Altiplano, con penas que van de 31 a 112 años de prisión, pero lograron su libertad el 1 de julio de 2010. Durante el encierro, había ocasiones en que la situación podía empeorar, los primeros seis meses Ignacio, Felipe y Héctor eran golpeados varias veces al día, “los custodios tenían mucho coraje, porque, pues siempre les decían 'griten cabrones, como cuando andan en la calle gritando “Zapata vive”' y dice que 'ese es el coraje que les dio, porque nunca les dimos gusto'”, narra Catalina González Rosas, esposa de Felipe.
Además, se presentaban constantes aislamientos e incomunicaciones como impedir visitas, llamadas telefónicas, correo o lecturas, el retiro de sus pertenencias entre ellas expedientes jurídicos, almohada y cobija.
Mientras tanto, fuera de la cárcel el movimiento también se vio afectado psicosocialmente y las familias y la comunidad tampoco fueron la excepción. En la comunidad se trastocó la referencialidad del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como sujeto cohesionador de la dinámica comunitaria, dicen los resultados del Seminario de Acompañamiento Psicosocial con familiares.
A su vez, se vieron truncados la vida de las mujeres y hombres de Atenco, dando “un cambio de atención y de prioridades vitales” ya que “la situación de tener un familiar preso trastoca radicalmente el proyecto de vida tanto de los detenidos como de los familiares”.
En el seminario se detectó la pérdida de la estabilidad y tranquilidad, disrupciones y cambios de roles en las estructuras familiares, “permanente tensión, incertidumbre y preocupación” reflejados en hipertensión, dolor de cabeza, agotamiento, padecimientos psicosomáticos y síntomas de depresión.
Desde entonces y hasta la fecha, los resultados de este cambio social, apunta el informe, se reflejan en que la mayoría de las personas no aceptan defender sus tierras, se han vuelto más activos con foros y asambleas sobre como defender sus derechos, buscan reconstruir la confianza y la cohesión, y en particular los familiares se han caracterizado por su fuerza y perseverancia que mostraron durante todo el proceso y hasta conseguir la libertad de sus presos.
Ahora libres, es necesario que el Estado se responsabilice y repare los daños “que van más allá de la indemnización económica y contemplarían la dimensión ética, moral, psicológica, física, jurídica, y política debido a que las violaciones de las que han sido objeto han afectado todas las esferas de su vida”.
¡Atenco vive, la lucha sigue!
El primer día de 2011 los 12 de Atenco cumplirán sus primeros 6 meses de libertad, luego de 4 años de cárcel. El pasado, aunque sin olvidarse, ya empieza a acumularse en la historia de un pueblo y un movimiento que con buen paso cumplirá sus primeros 10 años de existencia.
Doña Trini, líder emblemática siempre al frente con paliacate y machete, es portadora de esa vitalidad del Frente: “seguimos reorganizándonos,- plática para Cencos - por lo menos en Atenco no hemos vendido, ni venderemos nada. Sería caminar sin rumbo sería no tener identidad, no saber quien somos ni que hacemos, sería negar nuestra historia”.
“Alcanzamos la libertad pero no hemos alcanzado la justicia porque en Atenco las violaciones a nuestras compañeras, los asesinatos de Javier Cortés y de Alexis Benhumea, lo que nos robaron, la desintegración de las familias que no han querido regresar, y todo lo que trajo la represión, aun no es reparado”.
A pesar de haber ganado esta batalla “la comunidad sigue con problemas de vivienda, de escolaridad, de salud, esas han sido las demandas y el principal problema sigue siendo el de la defensa de la tierra”.
La represión ahora, parece cada vez más sólo un paréntesis de una lucha aún mayor, “encarcelar a nuestros compañeros fue una estrategia de parte del gobierno para que desistiéramos de seguir en la defensa de la tierra, pero esto reafirmó nuestra convicción de seguir adelante, porque demostramos que defender la tierra no es un delito, es un derecho”.
Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social
Ofrece “La Familia” nueva tregua
La Redacción
MORELIA, Mich., Enero 02 (apro).-El cártel de “La Familia Michoacana” ofreció este domingo una nueva tregua de un mes.
En un comunicado distribuido por correo electrónico, la agrupación responsabiliza a la Policía Federal de los hechos violentos ocurridos el mes pasado en territorio michoacano.
En noviembre, La Familia lamentó que el gobierno federal hubiera declinado su ofrecimiento de concretar un pacto, y en contraparte prometió que haría una tregua unilateral durante todo diciembre.
A continuación, el comunicado:
“A TODA LA SOCIEDAD MICHOACANA
“A toda la sociedad michoacana primeramente se les desea un feliz año nuevo 2011, a todos los michoacanos en general, a continuación la familia michoacana les informa que se deslinda de todo acto vandálico ocurrido en este mes de de diciembre del 2010 ya que las autoridades federales nos quieren hacer responsables de este tipo de sucesos, lo cual negamos rotundamente por lo que señalamos directamente a la Policía Federal Preventiva.
“Y que con estos actos de abuso de autoridad han atacado sin mira y sin importar si son mujeres, niños, adultos mayores, por lo que las autoridades han manejado una información falsa y totalmente a su conveniencia, y culpando a la familia michoacana, cuando la única verdad es que la PF. fue la que inicio y atacó a nosotros y a toda persona que por desgracia se les cruzó en su camino por lo que de forma reiterativa nos deslindamos de toda responsabilidad.
“Aprovechamos este comunicado para informarles a toda la sociedad michoacana, que La Familia, decidió continuar con su repliegue de no seguir con actividad alguna por un mes más el cual será por todo enero de 2011 para con esta decisión seguir demostrando a las autoridades, gobierno federal y sobre todo al pueblo michoacano que la familia michoacana no es culpable de todos los actos delictivos que las autoridades y gobierno federal hacen públicos en los medios de comunicación.
“ATENTAMENTE “LA FAMILIA MICHOACANA” (sic).
Fuente: Proceso
2011, es tiempo de los ciudadanos
Domingo, 02 de Enero de 2011 00:00
Escrito por La Jornada Morelos
El año nuevo representa una oportunidad para reiniciar con visión clara el camino. No obstante, a pesar las proyecciones optimistas de los agoreros de la macroeconomía, el crecimiento de la economía mexicana no se verá reflejado de manera directa en los bolsillos de los mexicanos. Es posible que se creen nuevos empleos, pero el problema es que el país trae un déficit que no será superado si no con varios años de crecimiento efectivo. Además, a ello hay que sumarle los millones de jóvenes que se sumarán al ejército de reserva de mano de obra. Aunque ahora el narcotráfico se les presenta como una “alternativa”.
A ese marco debe agregarse la llegada de la cuesta de enero que representa los ajustes “normales” del inicio de año en los precios, se esperan alzas en combustibles y la mayor parte de los productos de la canasta básica, lo que diluirá fácilmente el irrisorio aumento a los salarios mínimos. Además, deben tomarse en cuenta las alzas en los servicios e impuestos, que ya se han hecho sentir en los últimos días. En ese sentido, no se espera pues un cambio real en la calidad de vida de la mayoría de las personas que habitan este país, no sólo en términos de las oportunidades que se ofrecen (pocas o nulas, en la mayoría de los casos), si no por las presiones que impone el estilo de vida y la propia organización social, política y cultural.
Y la pregunta se repite: ¿qué haremos? ¿Cuándo cambiará esta situación? ¿Cuándo nos hará justicia? Y la respuesta de las autoridades siempre oscila entre el llamado al cambio y la cínica demagogia. Y los ciudadanos poco a poco aprenden a cobrar facturas atrasadas en las elecciones. Sin embargo, ello sólo cambia a los cirqueros, sin realmente modificar las condiciones sociales, políticas y culturales que han puesto al país en este estado. Es necesario y urgente incrementar la participación social. Sólo la organización social puede cambiar de fondo las condiciones de inequidad que persisten y se agudizan en la historia del país.
2011 es una nueva oportunidad para buscar el diálogo con los iguales y comenzar la construcción de propuestas de lo más cercano a lo más lejano. De lo más concreto a lo más abstracto. Comenzar por la calle, la manzana, la colonia, la ciudad y luego continuar con el estado y el país. Los ciudadanos son los que tienen la respuesta a sus demandas y necesidades. Se ha visto que las autoridades han sido rebasadas, así que es tiempo de la gente. Unas cuantas minorías se movilizan por una razón u otra. Es importante articularlas y ampliarlas, dejando de lado el sentido faccioso que gobierna a tantos y tantos movimientos sociales en la historia del país. Al final, “somos iguales, porque somos diferentes”, y eso debe dar sentido a la participación social. Las elecciones son una forma, no la única, en la que se puede cambiar este país. Es tiempo, los ciudadanos tienen la palabra.
Fuente: La Jornada de Morelos
Empresas extranjeras prometen como políticos en campaña: Ortiz
CONSUELO ARAIZA DÁVILA
COLABORACIÓN ESPECIAL PARA: LA JORNADA SAN LUIS
El geólogo Ramón Ortiz Aguirre exigió un “ya basta” al saqueo, “un rotundo no” a la explotación de los recursos minerales por parte de las trasnacionales extranjeras con el aval del gobierno federal, por lo cual llamó a la Semarnat que explique si la canadiense First Majestic Silver tiene ya la manifestación de impacto ambiental para operar en Real de Catorce, por lo cual la población debe de unirse para defender el patrimonio histórico delPueblo Mágico.
“Es importante averiguar cómo van a afectar a Real de Catorce, tanto en el aspecto religioso huichol y saber el impacto urbano, vial y económico en el proceso metalúrgico que piensan hacer en sus 22 concesiones ya que es bien sabido que todas las aguas termales del país tienen altas concentraciones de sílice y de arsénico, no hay vuelta de hoja, a mayor profundidad, más mineral, hay que exigirles que nos expliquen cómo van a manejar los residuos industriales líquidos, esa es una obligación de Joel Milán Navarro, delegado de la Semarnat, que explique públicamente esa manifestación de impacto ambiental, que diga si ya la tiene, porque tanto las dependencias federales como la misma dirección minera, más que nada están actuando como departamento de relaciones públicas de First Majestic Silver.
Demandó la urgencia de conocer a fondo el proyecto de explotación de la plata en Catorce: “La empresa debe presentarle a Semarnat su proyecto de exploración pero existe la duda de si la dependencia federal no les dirá nada, van a actuar como los tres monos que dicen no veo, no hablo y no oigo”, comentó.
Explicó que la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) no tiene capacidad de exigirle nada a la canadiense, “por cortesía le pudieran dar algo de información porque no es del ámbito de su competencia, sino que es asunto federal, ni para el uso de suelo, tampoco la Segam es autoridad sino que es el municipio de Real de Catorce”.
El ex titular de la Comisión Estatal del Agua aseveró que la responsabilidad de la supervisión recae en la Semarnat y la Secretaria de Ecología, y su dirección minera debe de tener el proyecto minero completo.
Dijo que la Semarnat ya debería haber enviado a sus inspectores para evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental ya que First Majestic Silver sólo ha obtenido el beneplácito del gobernador: “sabemos que en este gobierno no hay nada de obras visibles y tal vez con esto, los canadienses hagan labor de convencimiento con el asunto del empleo: “Eso va a suceder, sobre todo si nos damos cuenta que todos los delegados federales en San Luis Potosí son panistas y más que panistas son marcelistas, nada ha cambiado, prevalecen los intereses neoliberales y los negocios y nada de riqueza se queda para los mexicanos, todo se llevan los extranjeros”, dijo el ambientalista universitario.
Comentó el especialista en Geología Ambiental que la explotación en Catorce sí puede afectar a Estación Catorce y a sus comunidades aledañas “porque la Manifestación de Impacto Ambiental, si acaso va a causar un incremento o decremento en la población, es necesario explicarlo así como el impacto en las condiciones sociales y económicas, para ver si es viable o no y por ello hay que prevenir”. Detalló que la afectación será en la cultura Huichol con el peregrinar que hacen y la afectación en el turismo, en los recursos naturales y el daño a la protección histórica, ya que se trata de un patrimonio cultural, “la población sabe que ya de por sí hay problemas en el acceso por el túnel de Ogarrio, no hay una buena infraestructura urbana pero aquí estos extranjeros están como los políticos en campaña, prometiendo que van a hacer muchas obras, como la planta de tratamiento, que además tienen mucho dinero para hacerla, pero es pecata minuta, porque ya de por sí el agua subterránea de los municipios mineros tiene grandes cantidades de minerales y está contaminada de manera natural, lo que veo es que hay un impacto al medio biótico y un impacto al medio humano”.
Fuente: La Jornada de San Luis
2010, año de represión contra la libertad de expresión y asesinatos de periodistas
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 1º enero. El gremio periodístico fue uno de los sectores que también sufrió la represión a la libertad de expresión durante 2010, donde hubo asesinatos de periodistas y agresiones a medios de comunicación, sin que hasta la fecha haya esclarecimiento de ninguno de los casos.
En el año que termina se sumaron a la lista de periodistas asesinados dos más, el de Juan Francisco Rodríguez Ríos, corresponsal de El Sol de Acapulco en el municipio de Coyuca de Benítez, y su esposa María Elvira Hernández Galeana, su colaboradora, quienes fueron asesinados el 28 de junio.
Con estos homicidios se contabilizaron cinco en los dos últimos años y nueve en lo que va del sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo.
En todos los casos, según destacó en un reporte el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, las investigaciones no son centradas en atentados contra la libertad de expresión y la defensa de los derechos, sino como asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
De igual forma se dio el atentado contra el periódico El Sur, donde gente armada hizo varios disparos con armas de alto poder, sin que resultara ningún trabajador lesionado.
Estos hechos también provocaron gran preocupación ante organismos internacionales quienes consideraron a Guerrero como el lugar donde más periodistas se asesinan, pues así lo expresó la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, el 14 de noviembre.
De igual forma la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) condenó los atentados contra los periodistas, que hasta el día de hoy, no hay grandes avances en las investigaciones.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, condenó y alertó “una vez más que estamos frente a un hecho de censura que no sólo quita la vida de los periodistas, sino que también crea una cultura del miedo, cercenando el derecho del público a la información”.
Casos como el de Amado Ramírez, Misael Tamayo, Juan Daniel Martínez, Juan Francisco Rodríguez Ríos y el de su esposa, aún están en la impunidad, pues no se han podido resolver de manera satisfactoria.
Organizaciones sociales consideraron que la situación de violencia que impera en el estado y en el país, pone en indefensión a la libertad de expresión.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Se deslinda La Familia Michoacana de la violencia ocurrida en diciembre
REDACCIÓN
En un nuevo mensaje distribuido ayer por la noche, la agrupación autodenominada La Familia Michoacana se deslindó de “todo acto vandálico” ocurrido en la entidad durante los últimos 30 días, y anunció su decisión de continuar con su “repliegue” durante un mes más “para seguirle demostrando al gobierno federal, a las autoridades y, sobre todo, al pueblo michoacano”, que ellos no son los responsables de los actos delictivos que la federación “hace públicos en los medios de comunicación”.
Por otro lado, reiteró sus acusaciones en contra de los elementos de la Policía Federal (PF) destacamentos en Michoacán, a quienes señaló de cometer “abusos de autoridad” y atacar a la población “sin mira y sin importar si son mujeres, niños o adultos mayores.
Asimismo, el comunicado sostiene: “las autoridades han manejado una información falsa y totalmente a su conveniencia culpando a La Familia Michoacana cuando la única verdad es que la PF fue la que inició y nos atacó, a nosotros y a toda persona que por desgracia se les cruzó en su camino, por lo que de forma reiterativa nos deslindamos de toda responsabilidad”.
El mensaje fue hecho llegar a una centena de reporteros y medios de comunicación de la entidad desde el correo electrónicoemilianozapata200006@gmail.com.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Denuncia SME irregularidades en proceso penal y político en contra de sus dirigentes
Viernes, 31 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por Dulce Maya
CUERNAVACA. Héctor Salazar Porcayo y Marco Antonio García Barrera subsecretario general y subsecretario de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas de la División Cuernavaca, denunciaron una serie de irregularidades que se han presentado en torno al proceso penal (político) que se sigue en su contra en el juzgado IV de Distrito, a cargo de la juez Griselda Sáenz Horta, bajo el expediente 63/2010, por el delito de privación ilegal de la libertad a funcionarios públicos de la Comisión Federa de Electricidad (CFE) y del Servicio del Sistema de Enajenación de Bienes (SAE).
“Sigue la instrucción de seguir reprimiéndonos e ir en contra de los trabajadores, que hacemos esta denuncia pública, ante la serie de contradicciones, conforme a las declaraciones de la parte acusadora y que no coinciden para nada en los señalamientos que nos están imputando”, refirió Héctor Salazar Porcayo.
En rueda de prensa, denunciaron diversas violaciones del proceso: los supuestos ofendidos no acuden al desahogo de la diligencia; la jueza nos obliga a verificar pruebas de la PGR; los agentes aprehensores no acuden, también, a desahogar las pruebas aportadas por los suscritos. Además de un sinfín de trabas de que somos objetos: señalan fechas y nos tienen en el juzgado más del tiempo debido, es decir nos atienden hasta que quieren, el trato es desigual, violando la garantía de Igualdad no se aplican las multas a los agentes aprehensores que no acuden a las fechas señaladas, etcétera. “Éstas son algunas de las constantes violaciones que se cometen en nuestro proceso penal, tal parece que la jueza o el tribunal tiene interés en que se aplique la ley de manera ilegal”, refirieron.
Dijeron que continúan a la espera de que se respeten los Derechos Sustantivos consagrados en la Constitución Federal pilar fundamental en un estado garantista, nosotros confiamos en que el Tribunal Unitario, en la Toca 529/2010, de un revés a lo ordenado y no se violen nuestras garantías. Finalmente, adelantaron que la División Cuernavaca del Sindicato Mexicano de Electricistas ha determinado denunciar públicamente hechos que son represivos por parte del gobierno federal y acudir ante los organismos internacionales de derechos humanos para el efecto de que estén enterados en el proceso ilegal que se sigue en nuestra contra.
Fuente: La Jornada de Morelos
Desaparecen 80 por ciento de migrantes que salen de Oaxaca
Amatlán, Ver.- De cada 100 migrantes que salen del estado de Oaxaca, al menos 80 desaparecen en su trayecto hacia la zona centro, de acuerdo con datos proporcionados por Norma Romero Vázquez, principal activista en la zona centro, en la comunidad La Patrona, que ofrece ayuda a centroamericanos en su camino hacia el norte del país. Romero Vázquez es testigo fiel del andar y sufrimiento de los migrantes, explicó que durante estas fechas normalmente aumenta el flujo de los que buscan llegar a los Estados Unidos, debido a que por ser temporada vacacional disminuye considerablemente la vigilancia de las dependencias. Por ello, se dijo preocupada de que en este año la situación haya cambiado repentinamente, al disminuir sobremanera el tránsito de migrantes.
Así, se vio en la necesidad de conversar con el párroco Alejandro Solalinde (encargado de la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca), quien le confirmó que al día apoyan en ese lugar a alrededor de 100 centroamericanos, quienes reciben comida y techo en aquella casa. De los cerca de 100 que salen diariamente del estado de Oaxaca, sólo llegan a La Patrona alrededor de 20, es decir más de 80 personas se pierden en el trayecto de estado a estado.
Romero Vázquez se manifestó preocupada por esta situación, ya que más de la mitad de los indocumentados están “desapareciendo extrañamente” en el trayecto, lo que aumenta la preocupación, toda vez que no se descarta la posibilidad del secuestro. Reveló que para ellos, el paso por Veracruz se ha convertido en uno de los más peligrosos nacionalmente, ya que no sólo son víctimas de agresiones físicas o verbales, sino que en la entidad ocurren los actos más violentos, como los secuestros o el esclavismo.
Esto puede ser uno de los motivos por los cuales los migrantes prefirien cambiar de ruta para llegar a Estados Unidos, pues el estado de Oaxaca es uno de los lugares donde más se congregan éstos, puesto que se detienen a descansar y recibir alimento, por lo que guardan la esperanza de que al salir opten por modificar su trayecto.
Lo lamentable, a decir de Romero Vásquez, sería que estas extrañas desapariciones se deban a situaciones como secuestros o asesinatos de parte de corporaciones de seguridad, del crimen organizado o incluso de la propia sociedad que aún discriminan a este sector.
Incluso comentó que existen algunos municipios en la entidad, donde apedrean a los indocumentados que viajan sobre el tren, en otros se congregan ladrones para quitarles lo mucho o poco que tienen, incluso se estima que estos bandidos están coludidos con los maquinistas, pues en ciertas zonas estos disminuyen la velocidad para que puedan subir a cometer sus atracos; estas situaciones, refirió, pueden ser también motivo de que cambien de ruta.
Córdoba, ciudad peligrosa
Aun cuando a nivel nacional Veracruz se consideró como uno de los estados más peligrosos en cuanto a agresiones a migrantes, Córdoba es una de las ciudades más peligrosas para el sector. A decir de Norma Romero Vásquez, de acuerdo con los testimonios de los propios centroamericanos, Córdoba es una de las ciudades donde se cometen más violaciones a los derechos humanos, debido a que muchos delincuentes se hacen pasar por indocumentados para cometer fechorías, lo que al final deriva en un odio infundado hacia este sector.
Otra de las situaciones, señaló, es que en la estación del tren de esta ciudad se reúnen también maleantes para atacar a los migrantes que ahí descienden para pedir ayuda. De esta forma, lamentó que Córdoba sea uno de los sitios más peligrosos para los indocumentados, donde no se respeta a este sector y, peor aún, donde han sido emulados para cometer fechorías.
La boca del lobo
Para la organización Dignidad y Justicia en el Camino, de Guadalajara, la zona sur del país, que incluye a Veracruz, es considerada la boca del lobo, por el alto índice de actos delictivos cometidos contra los migrantes.
Fernando Valencia, vocero de la organización, comentó que desde hace cuatro años ha sido constituida legalmente esta sociedad que, al igual que en la comunidad La Patrona, se dedican a brindar techo y alimento a los indocumentados, amén de buscar la defensa de sus derechos pero, sobre todo, la dignificación a su persona.
Contrariamente a las experiencias en el estado de Veracruz, en Guadalajara, explicó, los datos cambian, puesto que aumenta el flujo de personas, pero de mexicanos más que de centroamericanos, porque en su paso por el sur y zona centro del país ya se han distribuido o lamentablemente ya han sido víctimas de algunas situaciones.
Además que Veracruz se considera el paso forzoso de Centroamérica hacia México, en la entidad se congregan más indocumentados de países como Guatemala y Honduras. Ya en el trayecto hacia el norte del país la situación va modificándose, puesto que se van uniendo más mexicanos al camino que buscan colocarse en maquilas o jornales en ciudades como Nogales, mientras que los centroamericanos ya se han dispersado en las diversas rutas.
En una comparación entre Jalisco y Veracruz, señaló que debido a esta situación el flujo de personas disminuye, ya que a la semana reciben entre 30 y 40 personas, cuando de este estado salen alrededor de 100 al día. Asimismo, lamentó la abismal diferencia de los problemas que vive este sector entre Veracruz y Jalisco, donde agresiones son más de tipo verbal que de cualquier otro.
Por ello, a esta zona se le califica como la boca del lobo para los migrantes, debido a toda la serie de problemas que viven en su camino por esta parte de México. Reconoció que no es que en Guadalajara no suceda nada, sólo que de acuerdo con las versiones de los indocumentados en Veracruz los atropellos van desde agresiones verbales hasta corretizas y secuestros, mientras que en aquel lugar no existen acciones documentadas de este tipo. Añadió que los propios centroamericanos han señalado a Chiapas, Veracruz y Oaxaca, como los estados más peligrosos para ellos.
En una reflexión ante el grave problema de la migración, añadió que en México lo que hace falta para resolverlo es voluntad política, pues adujo que estos casos no son recientes, sino que datan de hace más de seis años, sin embargo tuvo que ser necesaria la matanza masiva de centroamericanos para ver que “el problema existe”.
Acotó que mientras en México no se proporcionen las herramientas necesarias para dotar a los ciudadanos de mejores condiciones de vida, desde laborales hasta educativas, entonces continuará existiendo una larga lista de personas que emigran a otros países, donde estas condiciones sí existen.
Mientras esto no cambie, México seguirá siendo “un expulsor de personas”, afirmó uno de los 20 voluntarios de Dignidad y Justicia en el Camino.
Fuente: La Jornada de Veracruz
Redadas de Navidad en Marruecos
Las palabras se atropellan en su boca mientras utiliza un teléfono que han logrado esconder. Son 27 en la celda, hombres y mujeres, una de ellas madre de un bebé de siete meses.
Algunas están enfermas o embarazadas. El bebé se alimenta de la poca teta que le queda a su madre, que también tiene hambre.
Les detuvieron en las redadas de los días de navidad en diversos barrios de Tánger. Aprovecharon que estaban reunidos rezando (la mayoría son de confesión cristiana) y compartiendo cenas o comidas. Entraron en las casas y llenaron las furgonetas de policía en un corto espacio de tiempo.
Desde entonces están detenidos esperando ser deportados a la frontera con Argelia, en la región Oriental marroquí.
“La situación es insoportable. Tenemos frío. Nos llevaron con lo puesto. No hay mantas. Pero lo peor es que no tenemos comida. No nos dan de comer. El olor, la falta de asistencia a los enfermos y la falta de alimento se hacen insoportables. Que hablen de lo que nos pasa. No somos animales”, declara Ben en la primera y por el momento, única comunicación que logramos con los detenidos.
Cuando intentamos contactarles de nuevo, el teléfono está cerrado y hay una gran inquietud en el barrio donde se vuelven a repetir las detenciones.
“Han cogido a mucha gente. A todas las chicas, a Joey, Beuty, Mariam, y a todos los bebés también. No han dejado a nadie. Los que corremos más nos hemos salvado”, declara Dam, acostumbrado a las redadas de los bosques.
El día de navidad fueron arrestadas 38 personas.
“Ahora mismo están deteniendo a gente. Estoy escondido. Han cogido a cinco de mis compañeros con mucha violencia, más de lo acostumbrado”, nos susurra Kevin para no ser oído en su escondite.
Intentamos localizar a la gente que conocemos sobre todo a los enfermos en tratamiento por tuberculosis y a las madres con bebés, pero ningún teléfono responde. Todos están apagados.
Cuando llamas en una situación así quieres pensar que ellos mismos cerraron la conexión para evitar ser arrestados, pero en la mayoría de las ocasiones lo que sucede es que ha empezado el infierno de la detención.
“En Rabat las redadas se extienden por todos los barrios donde hay inmigrantes, aunque hasta el momento no se tiene noticia de que hayan entrado en las casas”, nos cuenta Ismael.
Para la ciudad de Tánger ha sido diferente, la policía ha entrado en los domicilios buscando a la gente y se ha llevado a todo el mundo, sin hacer diferencia entre enfermos, niños o mujeres embarazadas.
“Cogen a toda la gente, a todos. Tu sabes nosotros celebramos la navidad, es un momento importante de rezos y esperanza en el futuro, de encontrarnos. Aquí ellos no celebran la navidad, así que han aprovechado este momento nuestro de estar juntos para detenernos. Es muy doloroso, te lo digo, muy doloroso”
Un dolor tremendo es lo que expresan los gritos de la última comunicación telefónica con los arrestados.
Golpes secos, gritos y voces lejanas entre las que se adivinan los agudos de las mujeres y los llantos de los niños. A mi interlocutor más próximo sólo le escucho decir “deja de pegar que lo vas a matar”.
Fuente: TeleSur
La invasión a Afganistán dejó más de 10 mil muertes en 2010
La invasión a Afganistán dejó en 2010 más de 10 mil muertos, el 20 por ciento de de ellos civiles, según un balance de la agencia France Press dado a conocer este domingo y que contabiliza cifras oficiales y las de un sitio internet independiente icasualties.org
Según cifras publicadas el domingo por la noche por el ministerio afgano del Interior, 8 mil 560 personas entre civiles, policías e insurgentes murieron en 2010 en hechos de violencia vinculados con el conflicto que enfrenta desde 2001 cuando fuerzas extranjeras invadieron el país para enfrentar al movimiento Talibán.
Por su parte, el ministerio afgano de defensa informó que durante 2010 murieron 810 soldados afganos.
Según el sitio independiente icasualties.org, las operaciones en Afganistán costaron la vida de 711 soldados extranjeros en 2010, en el que sería el año con más bajas para las fuerzas de la coalición invasora encabezada por Estados Unidos.
Según el portavoz del ministerio afgano del Interior, Zemarai Bashary, 2 mil 43 civiles murieron en 2010, ya sea en atentados de los insurgentes o durante operaciones militares contra la insurrección. Bashary agregó que murieron mil 292 policías y 5 mil 225 combatientes talibanes en 2010.
La cifra de ciudadanos es inferior a la brindada por las Naciones Unidas, que estimaba en su informe de diciembre que 2 mil 412 civiles afganos murieron entre enero y octubre de 2010, es decir un alza del 20 por ciento con respecto al mismo período de 2009.
El laberinto de Afganistán
En julio de 2010 la organización Wikileaks filtró alrededor de 90 mil informes militares estadounidenses clasificados sobre la guerra de Afganistán, donde se hicieron públicas las dificultades de las tropas de la coalición para manejar la situación de violencia en el país.
Los documentos revelaron operaciones encubiertas, muertes de civiles de las que nunca se informó públicamente y la implicación de Pakistán en la resistencia talibán.
Los informes que datan de 2004 a 2010, muestran las acciones de EE.UU. para ocultar pruebas de actuaciones ilegales, de la verdadera magnitud del poderío militar acumulado por los talibanes y también hablan sobre las masacres realizadas por EE.UU. contra civiles y los daños colaterales de las operaciones militares.
Fuente: TeleSur
El regreso del muchacho y los muchachos que no regresarán
Publicado el 30 de diciembre de 2010
Por Amy Goodman
El Presidente Barack Obama promulgó una serie de proyectos de ley durante la sesión del Congreso saliente conocida como 'lame duck'–entre las elecciones de noviembre y la renovación definitiva de los congresistas en enero. Se ganó el apodo de “Comeback Kid” (en referencia a su capacidad de recuperación y posible reelección) bajo una lluvia de artículos de prensa colmados de elogios. Pero en medio de esta sorpresa bipartidista, la guerra, tema en el que demócratas y republicanos siempre se ponen de acuerdo, fue totalmente pasada por alto. La guerra en Afganistán ya es la más larga en la historia de Estados Unidos y 2010 ha sido el año en que se registró el mayor número de bajas de soldados estadounidenses y de la OTAN.
Al momento de esta emisión, 497 de las 709 bajas de soldados de la coalición informadas en 2010 fueron soldados estadounidenses. El sitio web iCasualties.org ha rastreado cuidadosamente los nombres de los soldados muertos. No hay una lista exhaustiva de los afganos muertos. Pero hay algo que está claro: los 497 soldados estadounidenses bajo el mando de “Comeback Kid”, no regresarán.
El 3 de diciembre, el Comandante en Jefe Obama hizo una visita sorpresa a sus soldados en Afganistán, los saludó y pronunció un discurso en la Base Aérea de Bagram. Bagram es la base aérea construida por la Unión Soviética durante su intento fallido de invasión y ocupación de Afganistán. Ahora es administrada por fuerzas estadounidenses y también alberga el tristemente célebre centro de detención. El 10 de diciembre de 2002, casi ocho años antes de la fecha en que Obama pronunciara su discurso allí, un joven afgano llamado Dilawar fue asesinado a golpes en Bagram. La terrible experiencia de su arresto por error, su tortura y asesinato fue reflejada en el documental de Alex Gibney, ganador de un Oscar de la Academia, titulado “Taxi al Lado Oscuro”. Dilawar no fue la única persona torturada y asesinada allí por las fuerzas armadas estadounidenses.
Obama le dijo a los soldados: “Están protegiendo a su país. Están logrando sus objetivos. Triunfarán en su misión. Dijimos que íbamos a doblegar la fuerza del Talibán, y eso es lo que están haciendo. Ustedes van a la ofensiva, cansados de pelear a la defensiva, tienen como blanco a sus líderes, sacándolos de sus bastiones. Hoy podemos estar orgullosos porque hay menos zonas bajo el control del Talibán y más afganos tienen la posibilidad de construir un futuro más esperanzador”.
Los hechos de la realidad contradicen su evaluación optimista desde muchos ángulos diferentes. Los mapas realizados por las Naciones Unidas, que muestran las evaluaciones del nivel de riesgo de Afganistán, se filtraron al Wall Street Journal. Los mapas describían el riesgo para las operaciones de la ONU en cada distrito de Afganistán, calificándolos de “muy alto riesgo”, “algo riesgo”, “riesgo medio” y “bajo riesgo”. El Journal informó que, entre marzo y octubre de 2010, la ONU descubrió que el sur de Afganistán continuaba siendo una zona de “muy alto riesgo”, mientras que 16 distritos pasaron a ser zonas de “alto riesgo”. Las áreas consideradas de “bajo riesgo” disminuyeron considerablemente.
Y también están los comentarios del portavoz de la OTAN, el Brigadier General Joseph Blotz, que dijo: “El período de combate no tiene fin.... Habrá más violencia en 2011”.
Mucho antes de que WikiLeaks publicara el tesoro de los cables diplomáticos de Estados Unidos, dos documentos clave se filtraron al New York Times. Los “cables de Eikenberry”, como se los conoce, eran dos memorandos del General Karl Eikenberry, embajador estadounidense en Afganistán, a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, exhortando a que hubiera un enfoque diferente de la Guerra en Afganistán que se centrara en brindar ayuda para el desarrollo en lugar de enviar más soldados. Eikenberry escribió sobre el riesgo de “involucrarnos cada vez más aquí y no tener forma de salir de esto, además de permitir que el país vuelva a caer en el desorden y el caos”.
Un problema que enfrenta el gobierno de Obama, mayor aún que una coalición internacional desgastada, es la creciente oposición a la guerra de la gente de su país. Una reciente encuesta de Washington Post/ABC News revela que el sesenta por ciento de la población cree que esta guerra no ha tenido sentido, comparado con un cuarenta y uno por ciento en 2007.
Cuando el Congreso se vuelva a reunir, preparado para promover lo que seguramente serán recortes presupuestarios polémicos, los casi seis mil millones de dólares que se gastan al mes en la guerra en Afganistán serán cada vez más el tema del debate.
Como el ganador del Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz señala reiteradamente, el costo de la guerra va mucho más allá del gasto inmediato: hay décadas de disminución de la productividad entre muchos veteranos con lesiones, asistencia a los miles de veteranos discapacitados y familias destruidas por la muerte o la discapacidad de sus seres queridos. Stiglitz estima que las guerras en Irak y Afganistán terminarán costando entre 3 y 5 billones de dólares.
Uno de los principales motivos por los que Barack Obama es hoy presidente es que al oponerse abiertamente a la guerra de Estados Unidos en Irak, primero ganó la candidatura demócrata y luego las elecciones nacionales. Si asume la misma postura con la guerra en Afganistán y pide a los soldados estadounidenses que regresen, entonces tendrá verdaderas posibilidades de ser reelecto en 2012.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2010 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps, editado por Gabriela Díaz Cortez y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 650 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Fuente: Democracy Now
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