jueves, 18 de agosto de 2016

Comunicado del PDPR - EPR Puebla

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS
HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

La exacerbada obsesión de poder de Rafael Moreno Valle Rosas por apropiarse de la candidatura a la presidencia de la República por Acción Nacional queda expuesta en su infame sexenio en el mangoneo del IEE, los procesos electorales y el despliegue de múltiples medidas profascistas contra el pueblo en general y sus organizaciones como estrategia central de su gobierno, instaurando de facto el Estado policiaco-militar, implementando el terrorismo de Estado y así continúa su violenta y millonaria promoción electoral personal a los ojos y contentillo de la oligarquía nacional y transnacional, ofertándose como el candidato ideal, capaz de salvaguardarlos intereses económico-políticos a sangre y fuego no sólo de estos clanes oligárquicos sino también del imperialismo para, una vez congraciado con las élites del poder conseguir el respaldo político y financiero y continuar con su truculenta carrera política.

Desde el inicio de su gestión RMV aplicó a mansalva mecanismos de control y acoso policiaco para el pueblo en general; represión franca contra grupos disidentes; deforma especializada y sistemática hacia organizaciones populares independientes, defensores de derechos humanos, estudiantes, ambientalistas y luchadores sociales. Perpetrando crímenes de lesa humanidad como la ejecución extrajudicial y la detención desaparición por motivos políticos o sociales; a unos meses de concluir su gubernatura los crímenes de lesa humanidad crecen día a día de forma exponencial y se ratifican como política primaria de su administración

La monopolización de los procesos comiciales a nivel estatal por medio de la reforma a la Ley Orgánica Municipal; incluso se ha extralimitado en sus funciones al intervenir en la vecina entidad de Tlaxcala en los procesos electorales para la gubernatura de dicho estado para seguir construyendo perversamente puntales para su candidatura al 2018, con dinero del erario público de Puebla.

En esa misma lógica de autoritarismo imponen la modificación del marco jurídico-constitucional para legalizar el Estado policiaco-militar y que el terror de Estado campee impunemente por toda la entidad. Verbo y gracia, la “Ley para Proteger los Derechos Humanos, que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del estado de Puebla” conocida como “Ley Bala” aprobada en el 2014. Administración pública, que en cinco años se ha consumado como profascista y antipopular, la estrategia gubernamental es dirigida a reprimir a todo aquel que represente un riesgo para los intereses económico-políticos que él tiene como misión salvaguardar y por los cuales a su vez se enriquece.

Por citar solo algunos casos de represión que trascendieron más allá de la escena local por su magnitud y brutalidad de acuerdo a organizaciones populares y de defensa de derechos humanos han estimado la cifra que va de los 133 a los 250 presos por motivos políticos entre los que se encuentran los casos del nonagenario Delfino Flores Melga detenido en 2013 en un operativo policiaco de desalojo y consignado al penal de San Miguel, en el que falleció siete meses después; la detención de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” y su hijo Alt Rubén Sarabia Reyna en diciembre de 2014 y recientemente la de Xihuel Sarabia Reyna, estos tres últimos integrantes y dirigentes de la organización Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA-28).

El asesinato del niño de 13 años José Luis Tehuatle Tamayo, el 9 julio del mismo año, a consecuencia de las lesiones mortales infligidas por balas de goma durante el desalojo violento por parte de elementos de la policía estatal, a una legítima acción política de masas en protesta por el autoritarismo de RMV, con este crimen se inauguró la “Ley Bala”, y a más de un año de este indignante suceso, no hay un solo agente amonestado, ya no digamos en el debido proceso judicial por la comisión del crimen.

Contrario a lo expresado en los spots publicitarios del 5° informe de gobierno, que al mejor de los estilos del perverso marketing reza, “Puebla es la entidad más segura de nuestro país”, no obstante, las cifras oficiales contradicen; el Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirma que durante la gestión Morenovallista hasta junio de 2014 la contabilización de ejecuciones extrajudiciales fue de 1773 personas; y hasta junio de 2015, hay 672 personas desaparecidas. Afirmamos terminantemente que ambas cifras representan sólo un ínfimo porcentaje una larga y creciente lista de víctimas que son en miles, tanto de ejecuciones extrajudiciales, como de detenciones-desapariciones por motivos políticos o sociales.

En Puebla como en el resto de las entidades federativas del país, la política de exterminio es método de limpieza social que se vive a nivel nacional y local ejecutada mediante el terrorismo de Estado, pues existen miles de casos no documentados jurídicamente que tendrían que estarse anexando a estas conservadoras y manipuladas cifras oficiales.

Sexenio Morenovallista que se ha caracterizado por colocar a represivos y sanguinarios personajes en su administración, cuyas trayectorias represivas y criminales se encuentran grabadas con sangre y el duelo del pueblo. Contratados cual mercenarios, para desarrollar la contrainsurgencia hacia todos los sectores populares que manifiestan su inconformidad contra el antipopular y represivo gobierno, por medio diferentes formas de lucha que van desde la espontánea a la organizada con consciencia de clase.

Ominosa estrategia y táctica contrainsurgente que es utiliza como parte del proselitismo para a hacerse de la candidatura para el 2018.

El primero en integrarse a la maquina represiva de Moreno Valle fue Ardelio Vargas Fosado, exdirector del CISEN y exjefe del Estado mayor de la policía federal preventiva, quién dirigió los operativos de represión masiva y contrainsurgentes en el 2006-2007 en la ciudad de Oaxaca hacia el movimiento magisterial-popular, haciendo gala de un cinismo ramplón cuando llegó a la entidad declaró ante los medios de comunicación que “no había sido contratado −SSP−para repartir flores”, sin embargo, las flores las ofrendaron los familiares de las víctimas de este siniestro personaje fascista, “virtudes” por las cuales Enrique Peña Nieto lo nombra director del Instituto Nacional de Migración, mejor dicho cancerbero en turno del imperialismo norteamericano, gestión a la que ha impreso un sello personal, aumento de la corrupción y la comisión de crímenes de lesa humanidad contra nuestros hermanos de Centro y Sudamérica.

Posteriormente el segundo elemento empleado en calidad de asesor en materia de seguridad fue el genocida contrainsurgente General Oscar Naranjo, artífice de ejércitos de paramilitares, de políticas de limpieza social, en la que destaca la de falso positivo, responsable de la masacre de Sucumbíos en un campamento de las FARC, invadiendo el espacio aéreo y territorial de Ecuador, operación militar de aniquilamiento en coordinación con los Estados Unidos, escena del crimen en donde fueron ejecutados a manos del ejército burgués colombiano cuatro estudiantes mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) junto a insurgentes colombianos.

La predilección de RMV por contratar personajes sanguinarios para su administración continua al colocar como titular de la SSP a Jesús Rodríguez Almeida quien también, comandante en Chihuahua, Procurador y Secretario de Seguridad en el Distrito Federal, directivo en penales y en tareas de inteligencia en las distintas entidades del país; entrenado en contrainsurgencia en Francia, Colombia y Estado Unidos, de manera formal su currículo dice que es experto en protocolos de “control de multitudes”, mecanismos policiaco-militares creados para contener el descontento popular, responsable de las brutales represiones y montaje de provocaciones en la capital del país en contra del movimiento magisterial de la CNTE, las movilizaciones generadas por la designación oligárquica de EPN y la detención-desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por este último hecho el otrora jefe de gobierno del Distrito Federal se vio obligado a reemplazarlo, que de acuerdo a la costumbre del medio policiaco cuando un elemento es cuestionado por abuso de autoridad u otro delito son solamente removidos a otra entidad para que continúen impunemente con su represivo desempeño.

Como si no fuesen suficientes los niveles de profascismo y barbarie que hay en la entidad incorporan como responsable de la secretaría general de gobierno a Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, ex gobernador del estado de Oaxaca, secretario de gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo. Carrasco, personifica la represión y el terrorismo de Estado, manifestada en la región de los Loxicha y grabada en la conciencia colectiva nacional, el encarcelamiento de más 500 campesinos indígenas, cualquier ciudadano que por causas políticas estuvo en sus manos fue objeto de tortura, casos comprobados, 380; decenas de mujeres fueron violadas; 26 ejecuciones extrajudiciales documentadas, sin embargo, se denuncian más de cien; y al menos 10 casos de detención-desaparición denunciados.

Crímenes que el aparato policiaco-militar-paramilitar ejecutó bajo el señalamiento de los “entregadores” que los habitantes de esa región eran miembros de nuestro partido, desde el primer momento se denunció que sólo era una coartada para poder desplegar sus tácticas contrainsurgentes, en suma Diódoro Humberto es ícono de la contrainsurgencia e impunidad.

Se comprende que estuvo bajo sus órdenes el jefe de los entregadores, criminal confeso, Lucio Esteban Vázquez, agente policiaco federal que formó parte de las estructuras tácticas contrainsurgentes del Estado. Responsable del secuestro, tortura y ejecución extrajudicial del dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Zapoteco (OPIZ), es claro que Rafael Moreno Valle, está dispuesto a todo para coronar a cualquier costo su obsesión insaciable de poder.

Es evidente que con la contratación de los servicios “especiales” de estos dos últimos siniestros agentes represores ─Jesús Rodríguez Almeida y Diódoro Humberto Carrasco─ es para que desde posiciones estratégicas del aparato represivo local cierren y eliminen cualquier expresión de descontento y de la lucha popular organizada que interfiera con sus planes. Es el nuevo agregado a los convenios económicos establecidos con el capital nacional y transnacional; la designación de Diódoro Humberto Carrasco, funciona a la vez como conexión con la candidatura del oligarca Gerardo Gutiérrez Candiani para gobernador por Oaxaca, como las piezas actuales más importantes de los planes de la ultraderecha de ampliar cotos de poder a nivel de entidades federativas con miras al 2018.

Las tareas fundamentales de Diódoro Humberto Carrasco en mancuerna con Rodríguez Almeida son dos: proteger y desarrollar los intereses del capital nacional y transnacional, para lo cual impulsa la promoción política de su actual jefe y/o cómplice; y reproducir en las distintas regiones estratégicas por sus riquezas naturales en la entidad las mismas tácticas contrainsurgentes que laceraron con crímenes de lesa humanidad a la región de los Loxicha.

Dichas designaciones representan su jugada fascista más importante casi al final de la puja inter burguesa por la carrera presidencial de Moreno Valle, que cuenta con el respaldo de la fracción más servil del PRD local y nacional.

Sería un pecado omitir a uno de los principales operadores de la santa cruzada ultraderechista que enfrentamos en Puebla, el arzobispo Víctor Sánchez Espinoza, quién desde siempre ha mantenido un activismo político extralimitando sus funciones clericales al intervenir en asuntos de gobierno, sus santos oficios fueron determinantes en la llegada de Diódoro Humberto Carrasco, Rodríguez Almeida y de más 150 elementos de gendarmería nacional, que hoy agradece a dios por la bendición de tener a un nuevo inquisidor y más verdugos en la entidad.

Discípulo del rabioso anticomunista Octavio Márquez y Toris, financiador y participe en de los grupos paramilitares como el Movimiento Universitario de Renovación Orientación (MURO) y el Frente Universitario Anticomunista (FUA); Sánchez Espinoza, toma la estafeta del ultraderechismo en Puebla al mantener una rancia campaña permanente desde el púlpito contra las mujeres que abortan, la diversidad sexual, la libertades políticas-ideológicas, implorando a santos, dioses y gobernantes cruento castigo para los infractores; cura adverso al Estado laico; cabe preguntar ¿está es la profunda vida espiritual de la que se ufana este agente del vaticano? diría un compa catequista es la resurrección misma de su par, el sacerdote Enrique Meza Pérez de San Miguel Canoa, Puebla.

Compañeros, hermanos en estos momentos de franca y cruenta contrainsurgencia, desplegada mediante el terrorismo de Estado, todos los sectores populares organizados y en lucha, en la legalidad y clandestinidad revolucionaria, debemos concurrir en el desarrollo de todas las formas de lucha al conjugar las demandas reivindicativas particulares con las de carácter nacional como son: juicio y castigo a los criminales de Estado por el cometido de ejecuciones extrajudiciales y detenciones-desapariciones; libertad a todos los presos políticos; presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales del país; resistir y luchar en la vía de los hechos de forma creativa y combativa contra la operación de las leyes neoliberales; contra el despojo legalizado y depredación de la tierra y el medio ambiente; por el derecho a la vida digna y al trabajo digno.

La movilización y las acciones políticas de masas deben ser cada día más creativas y combativas constituirse como la alternativa para todo el pueblo; la irresuelta necesidad del movimiento popular, LA UNIDAD, debe construirse, con la coordinación sobre la base de principios políticos, ideológicos y metodológicos.

La autodefensa del pueblo siempre ha sido la legítima acción de los explotados, desposeídos y oprimidos ante la violencia de la burguesía, en estos tiempos de intensificación y profundización de la contrainsurgencia a través del terrorismo de Estado, la estructuración y desarrollo dela autodefensa armada de las masas es una tarea ineludible del pueblo que lucha organizadamente, que ha logrado la claridad política y consciencia de clase para enfrentar al Estado burgués y su aparato policiaco-militar paramilitar.

¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DETODOS LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS ¡
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ ESTATAL DE PUEBLA DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR

Año 52

Puebla de Zaragoza a 24 de febrero de 2016

Informe 2015 de Amnistía Internacional: “Un trato de Indolencia”

Presentación del Informe 2015 de Amnistía Internacional: “Un trato de Indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición forzada en México”.

Museo de la Memoria y Tolerancia. Enero 14 de 2016.


Carlos Zazueta


Caso de Desaparecidos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua


Caso de los 43 Desaparecidos en Iguala, Guerrero


Estela Barnés de Carlotto


Perseo Quiroz


Érika Guevara


Madre de normalista desaparecido de Ayotzinapa


Abogado de exiliados


AFADEM


FUNDEM


Caso de Desaparecidos en Guanajuato


Sesión de preguntas y respuestas y cierre


Entrevista a Estela Barnés de Carlotto al término de la presentación

Comunicado del PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

La magnitud del terrorismo de Estado en la actualidad se expresa en la detención-desaparición forzada por motivos políticos o sociales, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado entre otros crímenes de Estado contra el pueblo organizado y no organizado.

El terrorismo de Estado como violencia desenfrenada contra el pueblo de quienes detentan el poder es parte de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad (GBI), que ha cobrado cientos de miles de víctimas, todas de origen popular donde no figura los personeros del régimen, tampoco apellidos de “abolengo”, integrantes de la cúpula policiaco-militar y mucho menos burgueses, oligarcas y cúpula eclesiástica. Esto evidencia el origen y carácter de clase de la violencia que se ejerce contra los mexicanos.

En esta danza macabra de violencia el mando único se revela como el encargado de organizar, ejecutar y dirigir el terrorismo de Estado y las campañas de contrainsurgencia a lo largo y ancho del país. Desde este organismo represivo se maquinan y ejecutan a diario los crímenes de lesa humanidad.

La política del terrorismo de Estado pretende minar la voluntad popular de combatir, para garantizar por todas las vías el despojo y proteger los intereses monopólicos; reprimir al pueblo organizado que lucha por sus justas demandas y al no organizado para que no ose protestar y cuestionar al régimen neoliberal, al gobierno antipopular, represivo y proimperialista. Política de gobierno que tiene por fin garantizar la continuidad del régimen de explotación y opresión.

Los crímenes de lesa humanidad, entre ellos los de la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado siempre han sido práctica recurrente de las dictaduras militares, los gobiernos fascistas y los gobiernos policiaco-militares con rostro “civil”, como es el caso de México.

En el país por el origen y el fin, el Estado es el único responsable de los crímenes de lesa humanidad, por lo que diluir la autoría de estos en el mítico crimen organizado y en supuestos particulares es una maniobra mediática con fines distractivos. Esa supuesta delincuencia en realidad son los grupos paramilitares creados exprofeso con participación directa de la marina, el ejército, la policía federal, las policías estatales, que se disfrazan de delincuentes, actuando todos bajo el mando único.

El año 2015 terminó sin poder ocultarse los crímenes de lesa humanidad; el 2016 lo iniciamos con la continuidad del terrorismo de Estado, comprobándose una vez más que el fenómeno es de carácter nacional porque obedece a la misma política, independientemente del partido política que gobierne.

Veracruz, con la reciente detención-desaparición de 5 jóvenes en un retén policiaco en Tierra Blanca, las fosas clandestinas de Maltrata y los cuerpos encontrados en la zona conurbada de Xalapa confirman la magnitud del cometido de los crímenes de lesa humanidad, la patente del Estado y la perversidad de utilizar dichos crímenes para dirimir sus pugnas interburguesas. Las declaraciones del señor Duarte son falsas y perversas, orientadas a procurar impunidad a los autores de los crímenes de Estado.

Guerrero, confirma lo sistemático de la estrategia contrainsurgente; ilustra el cinismo y la impunidad desde el Estado; muestra el ensañamiento hacia una población que no deja de denunciar los crímenes de lesa humanidad. Los “otros desaparecidos” han roto el muro del silencio, el temor y la censura para confirmar fehacientemente que suman miles en la entidad, si en Iguala son más de 900 detenciones desapariciones denunciadas y documentadas a parte de los normalistas de Ayotzinapa, ¿A cuánto asciende la criminal estadística con la suma de todos los municipios? prueba de que la detención desaparición forzada y la ejecución extrajudicial es política, consigna y estrategia contrainsurgente del Estado mexicano.

Morelos, las fosas clandestinas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, así como otras expresiones del terrorismo de Estado, semasificaron y exacerbaron desde un gobierno de “izquierda” que impuso el mando único, habla de la sumisión a los intereses oligárquicos de aquellos que sin pudor político se dicen ser de la izquierda moderna, al ser gobierno se rigen por la misma esencia fascista que caracteriza al Estado mexicano.

Oaxaca, habla de la misma política de gobierno y de los amasiatos políticos de conveniencia de clase, las detenciones-desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales tienen conexión directa con la política económica burguesa para la defensa de los intereses oligárquicos, Gerardo Gutiérrez Candiani es beneficiario directo de esta política, eso explica por qué es promotor del terrorismo de Estado, ahora por su desempeño en esa lógica de violencia exige que sea premiado con la gubernatura para materializar la acumulación originaria de capital a sus intereses de grupo.

El fenómeno de la detención-desaparición forzada va de la mano del despojo violento para profundizar la acumulación originaria del capital, en donde cada ciclo los diferentes grupos y clanes oligárquicos se fortalecen con la centralización del capital y el pauperismo de las masas trabajadoras. El desplazamiento forzado obedece a estas causas y explica la ofensiva policiaco-militar-paramilitar en Guerrero, generalizar el terrorismo de Estado para garantizar la explotación de la minería.

Este es un fenómeno nacional que no han podido ocultar ni diluir el origen gubernamental, por tanto la respuesta es y debe ser nacional de todo el pueblo y sus organizaciones. Si desde el Estado se administra esta política de terrorismo con campañas mediáticas minimizando el problema en unos cuantos municipios, en unas cuantas víctimas y diluyéndolas en delitos del fuero común es para garantizar impunidad.

Es necesario destacar a los connotados promotores del terrorismo de Estado personificados en una cofradía de “sociedad civil” entre la que se erigen como ejecutores privados del estado de derecho oligárquico, para garantizar desde esta botarga los intereses del capital y sus oscuros negocios, es el caso de la señora Isabel Miranda de Wallace y el señor Alejandro Martí, quienes han hecho “justicia” con sus propias manos, en consecuencia las tienen manchadas de sangre al justificar los crímenes de lesa humanidad y al ensañarse contra los luchadores sociales, como es el caso de Nestora Salgado.

La denuncia política que desenmascare a este régimen fascista es asunto de todos los mexicanos, no debe parar, ni debe darse aisladamente, que la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy, que retiemble en su centro la tierra el llamado al combate político; rompamos todos prejuicios, ataduras, temores y censuras mediáticas para desembocar en la amplia movilización popular en donde la acción política de masas arranque al Estado de las mazmorras clandestinas a nuestros seres queridos.

Ante la indolencia gubernamental y la persistencia del terrorismo de Estado frente a las justas demandas del pueblo ¿Qué hacer? A los explotados y oprimidos sólo nos queda la unidad de todo el pueblo contra el enemigo común, desarrollando todas las formas de lucha, entre ellas la autodefensa armada de las masas y la justicia popular.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!

¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA! ¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 52.

República mexicana, a 3 de febrero de 2016.