lunes, 15 de julio de 2013

CNDH: indicios de desaparición forzada en 2 mil 443 casos

 

 A 4 décadas de la Guerra Sucia, la desaparición forzada en México repunta y se recrudece. Durante los últimos años, la CNDH ha emitido 12 recomendaciones en la materia, pero en sus archivos se cuentan 27 mil 243 expedientes por desaparición; en 2 mil 443 de ellos hay indicios claros de la participación de agentes del Estado, considera la Comisión. Organizaciones civiles identifican, al menos, tres vertientes de las desapariciones que ocurren en la República Mexicana: las realizadas por la delincuencia organizada; aquellas en que las estructuras del Estado detienen a las víctimas y luego las entregan a los grupos criminales, y en las que la autoridad conoce los detalles y los autores de las desapariciones pero no actúa. Militares y policías entre los victimarios, pero también, algunos, resultan víctimas. Para Luis García, primer visitador, un sólo caso de desaparición forzada en el país, “en la segunda década del siglo XXI, es motivo para hacer un escándalo y un pronunciamiento enérgico”


Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que habrían ocurrido al menos 2 mil 443 casos de desaparición forzada en México, entre 2005 y lo que va de 2013. En otros 24 mil 800 expedientes que integra no descarta que se traten de desapariciones forzadas. A diferencia de los secuestros, levantones y otras formas de privación ilegal de la libertad, en la comisión del delito de desaparición forzada participan agentes del Estado. 

A mediados de 2011, cuatro jóvenes fueron detenidos por policías de tránsito y entregados a la delincuencia organizada. Los hechos ocurrieron en el municipio de Juárez, Nuevo León. A pesar de que el presidente municipal, Rodolfo Ambriz, ofreció disculpas públicas en cumplimiento de la recomendación 52/2013 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aún se desconoce el paradero de los muchachos.
Éste y otros casos de desaparición forzada fueron expuestos en la preaudiencia Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales en México: una Política Permanente del Estado, del Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrada entre el 28 y el 29 de mayo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Durante el segundo día de actividades, Luz María Durán Mota se apostó frente al panel de especialistas, designados como jurados del Tribunal. Un auditorio repleto la observaba. Con voz firme, argamasa de dolor y enojo, rememoró los acontecimientos que precedieron a la desaparición de su hijo de 17 años de edad.

La noche del 17 de junio de 2011, Israel Arenas Durán, quien laboraba en el vivero familiar, salió de su domicilio a entregar un pedido de plantas. Lo acompañaban Adrián Nava y los hermanos Reynaldo y Javier García. Alrededor de las 22:30 horas, Israel se comunicó con su hermano; le dijo que estaba en el bar California y que necesitaba dinero para pagar las cervezas que consumió.

El hermano de Israel se encaminó hacia el lugar referido. Una insospechada escena interrumpió su andar. Mientras esperaba el verde del semáforo, sobre la avenida Eloy Cabazos, presenció una persecución callejera: adelante la camioneta guinda en la que se transportaba Israel y sus amigos; unos metros atrás, dos elementos de tránsito a bordo de la unidad 131.

Fue en la avenida Coahuila que los uniformados dieron alcance a los hoy desaparecidos. Los bajaron de la camioneta propiedad del vivero; los esposaron, las manos hacia atrás; los subieron a una camioneta particular, tipo blazer, de color gris.

—¿Por qué se están llevando a los chavos? –preguntó el hermano de Israel, incrédulo.

—Porque abollaron una unidad. ¿Eres familiar?

—No. Nada más estoy viendo qué les hacen –dijo el hermano de Israel, por temor a que a él también lo detuvieran.

—Entonces quítate de aquí con tu camioneta y vete.

Cuando Luz María, mamá de Israel, se enteró de lo sucedido no hubo 1 minuto de desperdicio. Acudió a la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, y a la Policía Ministerial, ambas del municipio de Juárez. Visitó también la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe. La respuesta fue siempre la misma. Los servidores públicos que la recibieron aseguraron no tener registro de los jóvenes detenidos apenas unas horas antes.

La tarde del 18 de junio, cuando el aliento agonizaba, Luz María se entrevistó con un “comandante” del que jamás supo su nombre; sumida en la angustia por la desaparición de su hijo, no reparó en la importancia del detalle. El encuentro ocurrió en uno de los pasillos de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de Juárez.

Palabras crudas pero esperanzadoras brotaron de entre el tubérculo y el bermellón labial. El supuesto comandante le dijo, luego de realizar un par de gestiones, que su hijo y los otros muchachos estaban en la Ministerial de Juárez, pero que no los podía ver “porque les pusieron unas cachetaditas y los están investigando para saber si consumen drogas”. Le pidió que regresara al día siguiente, entre las 3 y las 4 de la tarde, para que por fin se los entregaran. Luz María llegó puntual a la cita. La acompañaban su esposo y la certeza de recuperar a su hijo. Ésta última se fue desvaneciendo conforme avanzaba la conversación con los oficiales en turno. Primero les preguntó por Israel y por los tres jóvenes que lo acompañaban; los policías aseguraron no saber nada de ellos. Entonces preguntó por el comandante con el que se había entrevistado el día anterior. “¿Cómo se llama el comandante?”, inquirieron los uniformados. Luz María quedó atónita; supo que desconocía esa información. Para compensar su descuido, proporcionó una descripción del “comandante”: tez blanca, ojos y cabellos claros, complexión media, 1.70 metros de altura, de entre 32 a 34 años de edad. De nada le valió: “nadie con esas características”, aseveraron los uniformados.

Han pasado ya 2 años de la desaparición forzada de estos jóvenes. De las investigaciones realizadas se desprende que uno de los policías que participó en la detención ilegal de los muchachos los entregó a Los Zetas. Además, que el “comandante” con el que se entrevistó Luz María en la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito es en realidad un jefe de plaza de esa organización delictiva.

“Desde entonces, para mí, para mi esposo y para mis otros hijos ha sido de mucha oscuridad, mucha desesperación porque no sabemos a dónde están; de ninguno de ellos tenemos noticias. Mi hijo es un simple trabajador que tiene derecho a la libertad, al amor, a estar con su familia”, concluye su relato Luz María, entre el silencio de los espectadores.

Ésta es la nueva cara de la vieja práctica de la desaparición forzada, que de acuerdo con historiadores tiene su origen en la Alemania nazi. Para el caso mexicano, los primeros registros datan de la Guerra Sucia, periodo en el que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron víctimas de desaparición forzada 275 luchadores sociales (Recomendación 26/2001).

Ocho lustros después, esta práctica, asociada a dictaduras o regímenes autoritarios, repunta y se recrudece en México. Actualmente, la CNDH investiga 2 mil 443 casos en los que hay indicios de desaparición forzada relativos al periodo 2005-2013.

Como lo muestran las 12 recomendaciones que el organismo autónomo ha emitido al respecto (9/2005, 15/2005, 7/2009, 44/2009, 78/2009, 34/2011, 40/ 2011, 43/2011, 34/2012, 38/2012, 39/ 2012, 55/2012), en 30 casos, perpetrados del 26 de agosto de 1997 al 2 de junio de 2011, se ha acreditado ya plenamente la intervención de servidores públicos en las desapariciones.

Aunado a lo anterior, la CNDH cuenta con un registro de 24 mil 800 personas cuyo paradero se desconoce. Debido a que se trata de expedientes abiertos, en ninguno de éstos se descarta la desaparición forzada, refiere Luis García, primer visitador de la Comisión, en entrevista con Contralínea.

No obstante estas cifras, el funcionario menciona que un sólo caso de desaparición forzada “a estas alturas de la época del país, en la segunda década del siglo XXI, cuando parecía un problema superado”, es “motivo para hacer un escándalo y un pronunciamiento enérgico para que las autoridades del Estado mexicano las prevengan, investiguen y sancionen a los responsables, porque si no estamos generando un ambiente de impunidad”.

Dada la magnitud de la problemática, que “se acrecentó en un contexto de inseguridad pública”, producto de la estrategia de seguridad emprendida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, la “guerra” contra el narcotráfico, la CNDH prepara un informe especial sobre el tema, mismo que hará público a finales de 2013.

Por lo pronto, de los casos que han pasado por las manos de esta Comisión se desprende, indica el primer visitador, que los servidores públicos mayormente involucrados en desapariciones forzadas, delito considerado de lesa humanidad, son los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal.

Respecto de las entidades con más incidencia, señala que se trata de las que se ubican en el Norte del país, como Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila. También incluye en los focos rojos a Michoacán y Guerrero.

“Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”, se lee en el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la Organización de las Naciones Unidas.

Las nuevas desapariciones forzadas

Además de perder a su sobrino, Víctor Manuel Rolón perdió lo que cosechó durante más de 50 décadas de vida: su empleo en una compañía petrolera de Houston, Texas; su vivienda; el automóvil que pagaba en cuotas; los ahorros acumulados…

Devastado por la desaparición de Adrián Domínguez Rolón, policía federal de 33 años de edad, por la “desganada” actitud de los agentes del Ministerio Público a cargo de la investigación y por la posible complicidad de las autoridades con el crimen organizado, Víctor ha dedicado los últimos 2 años de su vida a la búsqueda de su consanguíneo.

“Dejé de lado todas esas cosas ya que para mí la familia es lo más importante. Con el tiempo veré qué puedo hacer para resolver mis demás problemas”, declaró a Human Rigths Watch, el 21 de septiembre de 2012. En febrero pasado, la organización internacional presentó el informe Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, en el que documentada 249 desapariciones; en 149 de éstas hay evidencias de desaparición forzada.

Como parte de la denuncia pública del caso, Víctor acudió al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), estrado no gubernamental conformado por personalidades de reconocida autoridad moral que examinan presuntas violaciones a los derechos fundamentales. Ahí narró lo sucedido.

Adrián Domínguez Rolón y Miguel Gutiérrez Cruz, policías federales, desaparecieron el 17 de febrero de 2012. Ambos se encontraban de comisión en Uruapan, Michoacán, como parte de los operativos conjuntos contra el crimen organizado. Fue hasta 2 días después que sus familiares se enteraron de los hechos. La exnovia de Adrián les informó que la Policía Federal los había reportado como desaparecidos.


Las constates contradicciones en que han incurrido las cabezas del agrupamiento y las innumerables inconsistencias en la investigación oficial han sembrado una maraña de dudas entre los familiares de estos federales. También el hecho de que, como parte de su insaciable búsqueda, Víctor ha contactado con al menos un centenar de familias que se encuentran en la misma situación: sus hijos, hermanos, sobrinos, primos, nietos, todos ellos policías también desaparecieron en cumplimiento de sus funciones.

En el caso de Adrián y Miguel, por ejemplo, el comandante Teodoro Bonfil, quien se encontraba a cargo de los federales desplegados en la región michoacana, no levantó el acta por desaparición, sino un reporte por abandono de trabajo. Además, se negó a rastrear los celulares de los desaparecidos, así como a solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de Uruapan.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), organización que ha acompañado este caso, tiene una hipótesis: “que los comandantes de plazas de la Policía Federal, coludidos [con los grupos criminales], pagan sus favores o cuotas con policías federales. Por eso es que desaparecen como por arte de magia”.

Durante casi 4 años de existencia, la organización no gubernamental que tiene su origen en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila ha documentado 300 casos de desaparición que datan de febrero de 2007 a la fecha.

Juan López, integrante de Fundem, explica que, a diferencia de los casos de desaparición forzada típicos –como los de la Guerra Sucia– en los que claramente el Estado mexicano va por las personas opositoras al régimen, “ahora se están llevando a todo el mundo”.

Refiere, asimismo, que para los últimos 6 o 7 años, en un contexto de “sinergia y descomposición generalizada”, Fundem ha identificado al menos tres vertientes de desapariciones forzadas: aquellas en que la delincuencia organizada desaparece a la persona; en las que las estructuras del Estado hacen lo propio y luego entregan a las víctimas a los grupos criminales; y en las que la autoridad conoce quién, cómo, cuándo, dónde y para qué fue desaparecida la víctima.

Luis García, primer visitador de la CNDH, coincide con el análisis de Fundem. “Completamente de acuerdo con ese balance. Vemos que no solamente se centra ya en la desaparición por parte de agentes del Estado, sino que hay desapariciones en torno de la delincuencia organizada o donde los mismos servidores públicos los detienen y se los entregan a la delincuencia”.

Sin embargo, el funcionario aporta dos elementos más, mismos que han sido de observancia de la Comisión: una ineficiente procuración de justicia, especialmente en lo que respecta a la investigación de los casos, y una inadecuada atención a las víctimas y familiares de las personas desaparecidas: que sean tratados con dignidad, sensibilidad y respeto.

Prueba de ello, apunta, es el alto índice de impunidad que existe en la materia. Y es que en ninguno de los casos que conoce la CNDH, particularmente los que se desprenden de las 12 recomendaciones emitidas de 2005 a 2012, “hemos tenido información sobre la existencia de una persona o un servidor público que haya sido sancionado por una desaparición”.

El primer visitador de la CNDH agrega que “lo que es intolerable es que exista un nivel de incertidumbre, que hoy por hoy estén familiares de víctimas expresándose en diversos lugares del país pidiendo precisamente justicia y su derecho a saber qué fue lo que pasó con sus familiares, porque la autoridad que tiene la obligación de investigar [procuradurías y ministerios públicos] no está haciendo su trabajo”.

En una carpeta informativa que la CNDH entregó a Contralínea consta el patrón de conducta que, a decir del organismo autónomo, caracteriza a las nuevas desapariciones forzadas: los agraviados fueron privados de la libertad por servidores públicos adscritos indistintamente a corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno y a las Fuerzas Armadas del Estado mexicano; en algunas ocasiones, las autoridades responsables de la detención entregan a los agraviados a la delincuencia organizada; las autoridades responsables manifiestan no haber intervenido en los hechos que se les atribuyen; las detenciones se llevan a cabo en los domicilios, locales comerciales, vía pública, en centros de trabajo o al interior del transporte colectivo; los sujetos activos del delito portan armas de fuego y generalmente actúan con extrema violencia; en la mayoría de los casos se presenta la denuncia correspondiente ante la institución del Ministerio Público; generalmente los familiares de los agraviados son objeto de amenazas después de denunciar los hechos; existe inconformidad por parte de los familiares de los agraviados con el agente del Ministerio Público que investiga la desaparición.

Para Carlos Fazio, especialista en temas de seguridad y política internacional, las desapariciones forzadas, las de hoy y las de hace 40 años, representan no “una falla del sistema”, sino una estrategia continuada de “contrainsurgencia”, con variaciones en el tiempo pero que conserva su esencia: “la eliminación de los adversarios políticos o, como en la falsa guerra de Calderón a las drogas, la generación del caos, del terror oficial, en colusión con agentes de grupos criminales para mantener una política de dominación vinculada al territorio y a los recursos geoestratégicos. Esta política de terror se inscribe en el mantenimiento del statu quo”.


Insuficiente, respuesta del Estado mexicano a recomendaciones

Al pie del blasón que representa los orígenes de Jilotlán de los Dolores se lee: “Seguridad y progreso”. No obstante, a finales de 2010, seis hombres fueron víctimas de desaparición forzada en este municipio, localizado en el extremo Sureste de Jalisco.

Los hechos ocurrieron al alba del 1 de octubre. Cerca de las 6 de la mañana elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en un domicilio de la colonia Lomas Altas en el que se reunían algunos jornaleros para ir juntos hacia el lugar de trabajo. Los uniformados no llevaban orden de cateo.

De acuerdo con los vecinos del lugar, los trabajadores habrían sido golpeados, amarrados y, cual muñecos de trapo, introducidos en vehículos propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Éstos se encaminarían, posteriormente, hacia la salida de Tepalcatepec. Aunque los militares sostienen que los seis hombres fueron liberados en una “brecha donde cruzaba un río”, a la fecha nada se sabe de ellos.

La recomendación 34/2012 de la Comisión da cuenta de este caso. Data del 11 de julio de 2012 y se dirige a Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional. De 2005 a 2012, el organismo autónomo ha emitido otras 11 recomendaciones por desaparición forzada.

—¿Las respuestas de las autoridades a las recomendaciones de la CNDH han sido satisfactorias? –se le pregunta a Luis García, primer visitador de la Comisión.

—Bueno, en algunos casos no. Ahorita, por ejemplo, traemos una recomendación de hace 1 año, del caso de Jethro, en donde la Secretaría de la Defensa [Nacional] aceptó la recomendación pero la Policía Federal no la aceptó.

—¿Cómo definiría, en unas palabras, la respuesta del Estado mexicano a las recomendaciones de la CNDH en materia de desaparición forzada?

—Nos parece que es insuficiente todavía. A la hora de la respuesta es insuficiente porque no basta con la mera aceptación. Hay que buscar todos los mecanismos al alcance para que haya una reparación integral: que existan garantías de no repetición y un acceso a la justicia plena en términos de lo que establecen los tratados internacionales.

—¿Se han reunido con el gobierno de Enrique Peña Nieto para dialogar sobre desapariciones forzadas?

—Sí nos hemos sentado a trabajar. En este caso con la Secretaría de Gobernación, que es el interlocutor que tenemos en temas de derechos humanos, se han firmado convenios de colaboración precisamente para la atención de todos estos temas, con el objetivo de que se investiguen y que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en los términos que le corresponde. Entonces, vemos una voluntad importante que da un mensaje de que se van a investigar los casos. Ahora el tema es que se haga y ahí estaremos nosotros muy atentos de lo que haga la autoridad y, sobre todo, de las víctimas.


Desapariciones documentadas por la CNDH: 27 mil 243
Desapariciones en las que se ha acreditado plenamente la participación de agentes del Estado: 30
Desapariciones con “indicios claros” de participación de agentes del estado: 2,443
Desapariciones en las que podría haber participación de agentes del Estado: 24,800

Sigilo enmarca reunión del Pentágono con titulares de Sedena y Marina


J. Jesús Esquivel

WASHINGTON (apro).- En contraste con lo que ocurre con mandos militares del resto de los países de América Latina y de Estados Unidos, los secretarios de la Defensa y Marina de México, Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente, sostuvieron reuniones bajo un total hermetismo con líderes del Pentágono.

Un absoluto sigilo y la total exclusión de la prensa, marcó la visita que los jefes militares mexicanos realizaron el pasado sábado 13 a esta nación para participar en la sesión anual del Diálogo Bilateral Estratégico (DBE).

“Los dos secretarios mexicanos han sostenido reuniones aquí en el Pentágono, en el marco del DBE, pero eso es todo lo que puedo decir”, dijo a Apro la oficina de prensa del Pentágono.

En actos oficiales y de protocolo, los titulares de la Sedena y Semar se reunieron este lunes con el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto, y con el general Charles Jacoby, cabeza del Comando Norte (Northcom).

Sobre las sesiones del DBE, que se realizan a puerta cerrada, la oficina de prensa del Pentágono indicó que posiblemente después, a través de un boletín, se daría conocer un poco sobre el encuentro entre los mandos militares.

Sin embargo, es ya tradición que las visitas a Washington de los titulares de Marina y Defensa Nacional se lleven a cabo casi en secreto, a no ser por los escuetos comunicados de prensa que se emiten en México y en los que no se informa siquiera la agenda a seguir en la gira.

Por el título de la sesión anual, se puede deducir que Cienfuegos Zepeda y Soberón Sanz se encuentran en el Pentágono para hablar sobre el futuro de la cooperación militar entre ambas naciones, pero especialmente sobre el futuro del adiestramiento militar que proporciona Estados Unidos a grupos elite, tanto de Sedena como de Semar.

El Northcom es el organismo de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos que se encarga directamente del adiestramiento de militares y marinos mexicanos bajo los esquemas de cooperación bilateral.

De ahí que en estos encuentros se esté delineando un nuevo esquema de cooperación con Estados Unidos en materia militar según los deseos del presidente Enrique Peña Nieto.

En este contexto, también se puede inferir que los altos mandos militares mexicanos informaron a Estados Unidos sobre el proyecto de Peña Nieto para desmilitarizar la lucha contra el narcotráfico y del eventual regreso de los militares y marinos a sus cuarteles.

El único acto público del que dio cuenta la oficina de prensa del Pentágono fue la participación este martes del general y el almirante mexicano en una ceremonia realizada ante la Tumba del Soldado Desconocido, en el cementerio de Arlington.

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Guadalupe y Calvo: cinco días de balaceras y ejecuciones


PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Guadalupe y Calvo ha vivido cinco días consecutivos de violencia.

Grupos delictivos han incinerado vehículos y personas, mataron con saña a habitantes del poblado Puerto de Yerbitas y durante el sábado corrió la versión sobre unos 10 ó 15 asesinatos, cuyas víctimas aún no son encontradas.

A uno de los médicos forenses de la región le llamaron ayer por la tarde para levantar unos cuerpos; sin embargo, la Fiscalía General del Estado informó que no se hallaron cadáveres tras un operativo que realizaron por toda la zona.

Los pobladores aseguraron que grupos delictivos se enfrentaron y que este sábado fue abatido un jefe criminal de la región.

El viernes pasado cinco personas fueron asesinadas, entre ellas dos mujeres de 17 y 21 años. Esta última fue decapitada y aún no encuentran su cabeza, relatan habitantes de Yerbitas.

El 9 de julio pasado las autoridades aseguraron ocho cargadores de “cuerno de chivo” y una granada de fragmentación en esa comunidad, ubicada a media hora de la cabecera municipal.

Ahí mismo se localizaron dos camiones de carga calcinados y cientos de casquillos de calibres 7.62×39 y .223.

Y aunque la información oficial indica que no se hallaron cuerpos, los habitantes del municipio aseguran que ese día por lo menos nueve personas fueron calcinadas.

El miércoles 10, cuando el presidente Enrique Peña Nieto visitó la Sierra Tarahumara, también en Yerbitas se registró una balacera que dejó seis hombres heridos.

En ese hecho se localizaron otras dos camionetas incineradas en un camino cercano al Puerto de las Guías, a unos kilómetros de la cabecera.

Los seis lesionados fueron trasladados en dos ambulancias. Cuatro de ellos fueron rescatados por un sujeto acompañado de otras personas armadas que interceptó a los paramédicos para pedir que le entregaran a sus amigos, ya que sus lesiones no eran de consideración. Los otros dos heridos llegaron a un hospital de Parral.

El 11 de julio comenzaron los asesinatos en Yerbitas. El viernes 12 se encontraron cinco cuerpos esparcidos en el poblado, entre ellos los de las dos mujeres y tres hombres; uno de ellos estaba atado de pies y manos.

Ayer, llamadas anónimas alertaron sobre la presencia de entre 10 y 15 cuerpos en Yerbitas y en El Ocote, por lo que autoridades militares y policiacas realizaron movilizaciones.

A las 20:00 horas la Fiscalía aseguró que no habían encontrado víctimas, mientras trascendía que también movilizaron a médicos forenses para el levantamiento de cuerpos, sin que hasta ahora se conozcan más detalles.

Guadalupe y Calvo, poblado ubicado en el corazón del Triángulo Dorado, se ha convertido en un foco rojo para el gobierno del estado, que anunció el incremento de fuerzas militares para trabajar en conjunto con Durango y Sinaloa.

Cumple cuatro días bloqueo en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano


EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

ARCELIA, Gro. (apro).- Transportistas de Arcelia cumplieron cuatro días bloqueando la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en demanda del retiro de la Marina y la presentación con vida de uno de sus compañeros que fue detenido el sábado 6 se julio.

Hasta el momento ninguna autoridad gubernamental se ha presentado en el lugar para tratar de destrabar el conflicto que tiene colapsada la región de la Tierra Caliente.

El bloqueo se encuentra a la altura del crucero que lleva al poblado de Palos Altos, estado de México y decenas de familias tienen que caminar sobre la carretera cargando maletas un tramo de nueve kilómetros para llegar a la cabecera municipal de Arcelia.

Desde el jueves 11, los transportistas de Arcelia decidieron obstruir por unas horas la vía que conecta la Zona Norte con la región de Tierra Caliente, una franja controlada por los grupos delincuenciales La Familia y Los Caballeros Templarios que se ha caracterizado por la ausencia de autoridad.

No obstante, desde las 10:00 horas del viernes, el bloqueo es definitivo.

Los manifestantes advierten que no van despejar la carretera hasta que aparezca con vida el taxista Antonio Uriostegui Magdaleno conocido como El Rey Misterio, quien fue detenido por infantes de la Marina el pasado sábado 6 cuando se desplazaba en su unidad en las inmediaciones del poblado de El Escondido, municipio de Arcelia, refieren reportes oficiales.

Los taxistas mantienen bloqueados dos puntos de la carretera en las inmediaciones del municipio de Arcelia: el primero en la glorieta de Emiliano Zapata y el otro a la altura de un plantel escolar de educación media superior.

Templarios estarían detrás del plagio al notario que exhibió corrupción de Granier


ARMANDO GUZMÁN

VILLAHERMOSA, Tab., (proceso.com.mx).- El gobernador del estado, Arturo Núñez, informó que detrás del secuestro del notario de Cunduacán, Heberto Taracena Ruiz, estaría involucrada la organización delictiva “Los Caballeros Templarios”.

Taracena Ruiz, también presidente del Colegio de Notarios de Tabasco, escritor, exalcalde priista de Cunduacán y exdiputado local fue quien informó del hallazgo de los 88.5 millones de pesos atribuidos al exsecretario de Finanzas de la administración de Andrés Granier, José Manuel Sainz Pineda.

El notario fue plagiado la mañana de ayer domingo cuando, a bordo de su vehículo Jetta color gris, regresaba de su rancho, ubicado en la comunidad de La Piedra, Cunduacán, donde en mayo de 2009 fue masacrado un policía municipal, seis miembros de su familia y una vecina, luego de un operativo antinarco.

El vehículo del notario fue hallado abandonado a un costado de la carretera y junto a un casquillo percutido.

Trabajadores de Taracena Ruiz declararon que el notario llegó al rancho y luego se retiró. Vecinos del lugar relataron que, desde un vehículo Jetta azul, el grupo armado disparó contra el Jetta plateado que conducía el notario, quien trató de huir pero finalmente fue privado de su libertad.

El pasado 22 de mayo el notario dio fe del decomiso de los 88.5 millones de pesos en efectivo hallados en una refaccionaria propiedad de Abraham Cupil Córdova, padre de Marlis Cupil, secretaria y contadora del extesorero José Manuel Saiz Pineda, en la ranchería Lomitas del municipio de Nacajuca, Tabasco.

En diciembre de 2010 un comando ya había asaltado su casa de la cabecera municipal de Cunduacán. Entraron por la fuerza y se llevaron dos vehículos, joyas y centenarios.

En mayo del año 2000, un comando a bordo de varios vehículos irrumpió en la comunidad de La Piedra, Cunduacán, y acribilló al policía Baldomero García Rodríguez cuando descansaba en la hamaca en el patio de su casa.

También fueron asesinados su esposa, dos de sus tres hijos de 16 y 9 nueve años, su cuñada, dos sobrinos menores de edad y una vecina.

Baldomero era comandante de la Policía Preventiva del municipio de Comalcalco, contiguo a Cunduacán, y días antes de su ejecución había participado en un operativo antinarco.

La mañana de este lunes se reportó un nuevo secuestro en Cunduacán. Se trata de Lelio Hernández Gordillo, nieto del exalcalde perredista de esa localidad, Juan Armando Gordillo.

De acuerdo con la policía municipal, el plagio ocurrió alrededor de las ocho de la mañana, cuando Hernández Gordillo regresaba de su rancho, ubicado en la comunidad de Pechucalco, primera sección de Cunduacán, donde fue interceptado.

México, el país con más periodistas perseguidos: comunicadores en Aristegui CNN


México es uno de los países donde los periodistas sufren mayor persecución y donde el desempeño de la profesión es más riesgoso, afirmaron los periodistas Anabel Hernández y Rafael Barajas “El Fisgón” en entrevista con Aristegui CNN.

El caricaturista consideró “muy preocupante” la situación de los periodistas en el país. Según datos que proporcionó, del año 2000 a la fecha, 87 periodistas han sido asesinados, 20 están desaparecidos, 14 viven en el exilio y 12 desplazados.

Agregó que en “gran medida” la persecución viene del crimen organizado, lo que la da un “tono peculiar” a la censura en México.

En ese sentido, Anabel Hernández, autora de ‘Los señores del narco’, consideró que el asesinato a un periodista suele tener como antecedente haber denunciado el vínculo entre el crimen organizado y un funcionario público.

La muerte de periodistas provoca “vacíos de información” y es algo que afecta a toda la sociedad, señaló Hernández. “Si no se tiene a periodistas, la sociedad no tiene cómo tomar decisiones informadas y cómo actuar”.

Mencionó que en las marchas organizadas en México en repudio al asesinato de un periodista existe poca participación ciudadana en comparación a las que ocurren en Europa donde “la sola intimidación de un periodista puede volcar a la gente a la calle”.

Calificó como “ineficientes” los mecanismos de protección a periodistas implementados por la Procuraduría General de República (PGR) porque tardan un mes y medio para dar cita a un periodista y la misma cantidad de tiempo para obtener una respuesta.

“Estas autoridades no funcionan, y al no funcionar siguen muriendo periodistas”, además de no brindarle cobijo a los periodistas desplazados. Por esta razón, estos dos periodistas y un equipo de del gremio se han unido para recaudar fondos en apoyo a sus homólogos.

El pasado 27 de junio, caricaturistas mexicanos realizaron una subasta de sus trabajos donde recaudaron miles de pesos para esta causa. El jueves 11 de julio, cinco periodistas presentaron el conversatorio “Sin censura”, donde ofrecieron el total de sus regalías y el 40% de la venta de sus libros para el mismo fondo de apoyo.

No tengo idea de cuantos morelenses siguen desaparecidos: alcalde de Álamo, Veracruz


El alcalde de Álamo, Veracruz, Héctor Hugo Vázquez, asegura no tener idea de cuantos ciudadanos morelenses siguen desaparecidos y que su administración brindó apoyo a 27 personas que fueron secuestradas y abandonadas en una carretera limítrofe de ese municipio.

En entrevista con MVS Noticias primera emisión, el presidente municipal comentó que ha enviado instrucciones a comunidades, colonias, agentes municipales y comisariado para que estén pendientes de alguna persona extraña o que pida algún tipo de auxilio para darles pronto apoyo

“Contamos con los nombres de las personas que fueron auxiliadas pero no tengo idea de cuantas personas siguen desaparecidas”, dijo.

El funcionario indicó que si hubo presencia de operadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el día de la elección, pero dijo que el municipio estuvo resguardado por elementos del Ejército, Marina y Policía Federal.

Vázquez afirmó que su gobierno cumplió al llamado de las 27 personas, a quienes se les dio cobijo y a través del DIF de ambas entidades se tuvo comunicación para que regresaran con sus familias.

“Nos comentan que fueron contratados para trabajar aquí en Álamo pero cuando llegaron la situación era otra… lo que ellos dijeron fue no le entramos a esa situación y los abandonaron, y ya por sus propios medios llegaron a la explanada municipal”, dijo.

Señaló que los ciudadanos morelenses tenían mucho miedo de que se les enviaran con otras personas pero fueron ayudados por psicólogos de la alcaldía para después ser enviados al Ministerio Público (MP) para rendir su declaración y quedar a disposición de las autoridades.

El presidente municipal narró que el día que ocurrieron los hechos, se le comentó que había gente de Morelos en la plaza municipal y acudió para dar instrucciones que fueran resguardados en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública local y se les atendiera con agua, comida, colchonetas, etc. “Estaban muy asustados por la situación e inclusive pidieron ir al MP para tener algún respaldo por si algo llegara a pasar, se les llevó al MP, dieron sus declaraciones y las autoridades van a dictaminar a ver que les paso”.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de un testigo que afirma que los morelenses fueron contratados para trabajar como “golpeadores” el día de las elecciones, el alcalde dijo que por ese motivo se les puso a disposición del MP, “porque quizá se involucren temas políticos”.

“Nosotros estuvimos al margen, estuvimos pendientes de la seguridad y ya tenemos presidente municipal y diputado electo”, concluyó.

No hay denuncia por desaparecidos: Graco

El gobernador Graco Ramírez Garrido informó que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por desaparición de personas.

En rueda de prensa, comentó que, “las procuradurías de Morelos y Veracruz se coordinaron para efectuar una revisión del caso (presunta desaparición de personas en aquel estado durante los pasados comicios del 7 de julio), pero no hay nada”, dijo.

Estados Unidos acorraló a Snowden en Rusia, acusa Vladimir Putin


Juan Pablo Duch, corresponsal
Publicado: 15/07/2013 14:33

Moscú. El presidente Vladimir Putin, en una suerte de entrevista de banqueta, afirmó este lunes que Estados Unidos acorraló en Moscú a Edward Snowden y que éste podrá irse apenas surja una oportunidad, si acepta las condiciones de no hacer más revelaciones, el menos desde aquí.

Entretanto, no hay información oficial acerca de si el fugitivo solicitó ya el asilo temporal a Rusia, como anunció que haría el viernes anterior, o si aún lo está pensando ante el requisito de guardar silencio.

Se dice sólo que el Servicio Federal de Migración todavía no ha recibido ninguna solicitud de Snowden, ni sus asesores de Wikileaks no han querido aclararlo desde Londres.

Tan puede ser un acuerdo para ralentizar el proceso como testimonio de que Snowden sigue sopesando si firma la suerte de acta de capitulación que le exige Rusia para abrirle las puertas hacia su exilio.

Y en ese contexto, el presidente Putin aprovecho una visita al lago Gogland, cerca de San Petersburgo, para conversar con los miembros de una expedición científica que montaron un campamento de verano ahí.

En ese escenario poco idóneo para un problema tan serio, Putin afirmó: “(Snowden) Llegó a nuestro territorio sin invitación, no es nuestro invitado. Ni siquiera volaba para acá, volaba en tránsito hacia otro país, pero apenas se supo que estaba en un avión, nuestros socios estadunidenses, en realidad, bloquearon sus desplazamientos. Intimidaron a todo el mundo, y nadie quiere acogerlo. De hecho, lo acorralaron en nuestro territorio. Nos hicieron, por así decirlo, una especie de regalo de Navidad”.

Según Putin, Rusia no quiere (más) problemas en su relación bilateral con Estados Unidos y Snowden conoce las condiciones para recibir el asilo político. También cree que apenas surja una posibilidad para continuar su viaje, espera que lo haga.

Avanza privatización del agua en siete ciudades del país, advierte estudio


Angélica Enciso
L. Periódico La Jornada
Lunes 15 de julio de 2013, p. 44

Aunque en 2012 se estableció en la Constitución el derecho humano al agua, la privatización del servicio se relanzó este año. Desde enero la distribución del líquido en Ramos Arizpe, Coahuila, está en manos de una empresa privada, mientras el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, propuso que la dotación de agua potable la realice una compañía privada.

Hasta ahora el proceso de privatización de los organismos operadores se lleva a cabo en siete ciudades, bajo tres modalidades: contratos de servicios en el Distrito Federal y Puebla; concesiones en Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres y Navojoa, y con empresas mixtas en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, explica Gloria Tobón de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo en el estudio La participación privada en los organismos operadores y el derecho humano al agua.

Detalla que en el Distrito Federal, Aguascalientes y Cancún tienen ya casi 20 años en operación; en Saltillo cumplió 11. La concesión de Navojoa se rescindió en 2005, debido al incumplimiento de la empresa con el contrato firmado y lo mismo ocurrió en 2009 con el contrato de servicios firmado en Puebla.

El caso más reciente es el de Tuxtla Gutiérrez, donde el congreso de Chiapas está por resolver la iniciativa del presidente municipal, Samuel Toledo, en la cual se plantea transferir el manejo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), mediante un contrato de prestación de servicios, a la empresa privada que gane un concurso de licitación.

La ganadora tendrá a su cargo el manejo del SMAPA durante un periodo que va de 20 a 25 años, e invertiría inicialmente 589 millones de pesos.

El proyecto, denominado Mejora Integral de Gestión del SMAPA, promete que en 2016, 99 por ciento de la población podrá beber el agua de la llave, explica en un pronunciamiento la organización Otros Mundos Chiapas.

Agrega que experiencias de sistemas privatizados a escala nacional e internacional no han sido tan exitosas como nos quieren hacer ver: cobros excesivos, beneficio de unos cuantos, cortes del servicio, falta de transparencia, mala calidad del líquido, despido de trabajadores son algunos de los problemas a lo sque se agrega que los gobiernos han velado más por los intereses económicos de esas empresas que por el derecho de los ciudadanos al agua, reconocido en los instrumentos internacionales y en el artículo cuarto constitucional.

En Ramos Arizpe el cabildo aprobó la formación de una empresa de participación mixta: 51 por ciento de acciones del municipio, 48 por ciento de Aguas de Saltillo –de la empresa española Aguas de Barcelona– y uno por ciento de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila, para suministrar el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad, detalla Gloria Tobón.

Abunda que a partir del inicio operaciones de Aguas de Ramos Arizpe, en enero de este año, los abusos no se hicieron esperar. Entre éstos enumera cobros arbitrarios de adeudos –no demostrados por la empresa ni reconocidos por los usuarios– de varias decenas de miles de pesos, lo que ha ocasionado gran angustia, en especial entre los ramosarizpenses más pobres.

Además, hay aumento de tarifas por consumo de casi el doble para todos los rangos, y amenazas de corte del servicio a quienes no paguen adeudos, señala.

La experiencia que ha dejado el caso de Saltillo –primera ciudad en la que se dio la participación de una empresa privada en el organismo operador del sistema de agua a través del sistema de empresa mixta– ha sido la violación al derecho humano que incluyen precios exorbitantes por la conexión a los servicios; aumentos indebidos de tarifas y falta de información sobre la calidad del agua, puntualiza.

Entre 2001 y 2013 se dieron incrementos en los cargos básicos de contratación de los servicios de agua y drenaje de entre 248 por ciento a 343 por ciento; en el caso de la vivienda popular pasó de 2 mil 208 pesos a 8 mil 424, y en la residencial se elevó de 3 mil 318 pesos a 4 mil 705, precisa el documento.

Gloria Tobón identifica en el estudio a Óscar Pimentel como el alcalde que privatizó el sistema de aguas de Saltillo.

Desde diciembre pasado Pimentel es coordinador general de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua.

Respecto del uso del término privatización, Claudia Campero, investigadora de Food and Water Watch, explica que mientras las organizaciones no gubernamentales hablan de ella cuando empresas privadas adquieren control parcial o total sobre el agua, el gobierno y organismos multilaterales prefieren referirse a participación privada en la prestación del servicio.

Guanajuato: presionan a indígenas para que vendan tierras a $7 por m2



El trazo de la vía Silao-San Miguel de Allende



Carlos García Corresponsal

Periódico La Jornada Lunes 15 de julio de 2013, p. 35

San Miguel de Allende, Gto., 14 de julio.

El gobierno del estado intimida a indígenas para que vendan a siete pesos por metro cuadrado las tierras por donde pasará la autopista Silao-San Miguel de Allende, la cual destruirá zonas arqueológicas de la comunidad de Cruz del Palmar y afectará la cultura milenaria del pueblo otomí, denunció el presidente del Consejo Estatal Indígena, Magdaleno Ramírez Ramírez.

Según el dirigente, personal del gobierno del estado les ha advertido que tienen que aceptar el precio que les ofrecen y que el proyecto se llevará a cabo de cualquier forma. Queremos un diálogo serio y responsable con el gobernador Miguel Márquez Márquez; no queremos que esto se arregle detrás de un escritorio, que venga y vea lo que van a afectar, exigió.

Lamentó que el secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda, se burle de un pueblo milenario y no respete su cultura, tradiciones y zonas arqueológicas, ni la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato. La construcción de la vialidad, sostuvo, violaría la propiedad colectiva indígena, que es el derecho de los pueblos a usar, gozar, disfrutar y administrar sus bienes materiales e inmateriales, así como el derecho de ejercer su autonomía.

Nunca nos han consultado sobre esta obra. En un oficio del 14 de junio el secretario de Obra nos dijo que habría mesas de trabajo y el 2 de julio publicaron la convocatoria de la licitación. Es una burla, repudió Ramírez Ramírez, quien agregó que esta imposición transgrede el artículo 35 de la Ley Indígena, que estipula el derecho de los pueblos a ser consultados cuando se planteen medidas gubernamentales que los afecten.

Ningún alto funcionario del gobierno del estado ha hablado con nosotros. Debe haber respeto a nuestra vida, costumbres y tradiciones; no se trata de que se metan a tu casa y ya, reclamó el también representante de las 25 comunidades otomíes.

El trazo de la autopista pasa por las comunidades Rancho Nuevo de Banda y Banda de Oaxaca, parte a la mitad la secundaria técnica 551, la prescolar y la primaria Álvaro Obregón, que atienden a niños de por lo menos cinco comunidades, comentó el representante.

La carretera privada de 70.5 kilómetros también dividirá 25 comunidades otomíes, la ruta de 100 capillas de indios del siglo VXI, afectará cinco sitios prehispánicos sagrados donde hay montículos piramidales y alterará los rituales, fiestas y procesiones de los xúchiles en honor a varios patronos de las comunidades y de San Miguel Arcángel, detalló.

En un recorrido, Magdaleno Ramírez recordó que la pirámide con patio hundido que sepultaría la autopista es un importante centro ceremonial donde se hacen rituales y oraciones en lenguas indígenas. Las historias de nuestros abuelos cuentan que nuestros padres ocultaron las pirámides de los españoles porque en un futuro regresarán a restaurar nuestra cultura y religión, relató.

Santísima Tierra, me acompañas de tarde y de mañana donde estoy parado, donde camino, me acompañas Santísima Tierra. Bendita Tierra que me das mis bienes, mi caridad, mi pedazo de tortilla, mi trago de agua con que me ayudas, mi vida, mi buen camino, mi puerta, rezan los otomíes en sus sitios sagrados.

El 23 de noviembre de 2012 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización de impacto ambiental para la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende porque afectaría ecosistemas y por contravenir disposiciones ecológicas estatales.

Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno de Guanajuato publicaron el 2 de julio la convocatoria de la licitación a pesar de que la obra no podrá ser realizada hasta obtener la debida autorización en materia de impacto ambiental, según determinó la Semarnat en el oficio SGPA/DGIRA/DG9457.

El director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Alfonso Flores Ramírez, notificó al director de liberación de derecho de vía de la SCT, Patricio Javier Vela Anaya, la negativa a aprobar la manifestación de impacto ambiental.

La autopista tipo A2, de 70.496 kilómetros de longitud, dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno, siete metros de ancho de calzada, 12 metros de ancho de corona, acotamientos externos de 2.5 metros y cunetas de 1.5 metros de ancho contraviene los lineamientos del ordenamiento ecológico del territorio del estado de Guanajuato (OETEG) y el plan de manejo del área natural protegida presa La Purísima y su zona de influencia.

El trazo de la vía atraviesa las unidades de gestión ambiental de los municipios de Silao, Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, donde el OETEG marca que se deben aplicar políticas de conservación y aprovechamiento, y una vialidad entra en la categoría de usos incompatibles que alteran el equilibrio de los ecosistemas, precisa el documento de la Semarnat.

La obra afectará 92.77 hectáreas de bosque de encino, matorral crasicaule y vegetación riparia, alertó el titular de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental en el oficio dirigido a la STC, con copia al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.

Deberán mantenerse y protegerse las áreas de vegetación natural que propicien la recarga del acuífero y favorezcan la regulación del ciclo hidrológico y la protección de la flora y la fauna silvestres, dicen los lineamientos del OETEG, citados en la negativa a la manifestación de impacto ambiental.

“Uno de los objetivos del programa de manejo del área natural protegida es detener la degradación de los recursos naturales. El proyecto no es congruente con lo establecido en el presente instrumento jurídico. La autopista no es viable como fue planeada por afectar el entorno ecológico, concluye la resolución de la Semarnat.

Sin cambio en la política económica, no importa si gobiernan PAN o PRI: López Obrador


Enrique Méndez
Publicado: 15/07/2013 13:42 

México, DF. Andrés Manuel López Obrador cuestionó que independientemente de si PRI o PAN están en la Presidencia, si no hay un cambio en la política económica el país no mejorará y continuará vigente en el país una política de compra de votos a costa de la pobreza.

En un mensaje en YouTube difundido este lunes para invitar a la ciudadanía a afilarse al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), resaltó que su propuesta de transformación del país ha avanzado con el apoyo de los ciudadanos porque, refirió, “no fue poca cosa obtener casi 16 millones de votos sin entregar despensas, materiales de construcción, tarjetas de Soriana y monederos Monex”.

López Obrador afirmó que uno de los retos a enfrentar es la compra de voluntades y el tráfico de la pobreza de la gente. Al “régimen corrupto no le importa que la gente salga de la pobreza, porque entre más pobres haya, más margen tienen para manipular y comprar voluntades y votos”.

Evaluó que “el régimen, que ya se pudrió”, sólo actúa “en beneficio de una pequeña minoría, que produce mucho sufrimiento a la mayoría, e impone una política económica que sólo beneficia al 1 por ciento de los mexicanos”.

Morena, agregó, es la única organización que pugna por el bien común. “Con mucha seguridad y firmeza, te invito a participar. Es algo bueno, te vas a sentir muy bien. Se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo”, dijo.

Incluso, sostuvo que la afiliación a Morena debe ser asumido “como algo existencial, como una forma de vida”, porque vale la pena “participar todos juntos para sacar adelante a nuestro querido México y darle la mano al que lo necesita”.

Se quejan de amenaza de cáncer por depósito de coque en Jáltipan


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA Y AGENCIAS

Coatzacoalcos, Ver.- La población de Jáltipan rechaza la operación del centro de acopio de coque en su municipio, ya que aseguran que eso elevará la contaminación en la zona, pues no está claro cómo se va almacenar. Temen que se eleven los casos de cáncer ya que es un residuo del petróleo con alto contenido de plomo, por lo que anuncian movilizaciones.

En la sesión de información sobre los vestigios arqueológicos encontrados en el municipio de Jáltipan, diversas personas expusieron su preocupación sobre la operación del centro de acopio de coque de la empresa García Munté.

La empresa española lleva seis meses realizando los trabajos de asentamientos de tierra en el predio que adquirió cerca de la carretera Costera del Golfo, en el tramo Acayucan- Jáltipan.

En esta zona se va a construir un centro de acopio de coque de petróleo que compran a Petróleos Mexicanos (Pemex), trasladándolo desde la Refinería Lázaro Cárdenas hasta Jáltipan. De aquí embarcarán el producto por tren hasta otras instalaciones.

Esta instalación se espera terminar al final del año y se entregará a Petróleos Mexicanos para que envíe la producción de este residuo de la combustión para después trasladarla a las filiales de la empresa española.

Los ciudadanos señalaron que tienen conocimiento que este centro de acopio mantendrá parte de la producción al aire libre, sin un adecuado confinamiento lo que podría afectar a la población y a los mantos acuíferos. También tienen conocimiento que el coque que se está produciendo en la refinería Lázaro Cárdenas, ya ha afectado la salud de los operadores que la mueve y están siendo atendidos por cáncer.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre este proyecto ni se ha mostrado el impacto ambiental de esta nueva instalación, señaló Julissa Fernández Gijón, representante de la asociación ecologista chogostera.

Refirió que iniciaran una serie de movilizaciones civiles para detener la construcción de este centro de acopio, ya que temen que se eleven los casos de cáncer entre la población, desde la entrada de operación.

“Se ha investigado y el coque tiene un alto contenido de plomo y eso genera cáncer en la sangre, sabemos de dos muertos de esta enfermedad en la refinería, por eso tememos, queremos que ya no se establezcan industrias contaminantes”, apuntó. Manifestó que realizarán una serie de protestas para que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revoque el permiso a la empresa.

Apiver reprueba el oportunismo de políticos

La Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) anunció que la próxima semana se reunirá con los vecinos afectados por el coque con la finalidad de abordar temas relacionados con las posibles soluciones a este problema ambiental y que ambos sectores resulten beneficiados.

Apiver indicó que la última vez que se canceló la cita con los afectados fue por la presencia de Sergio Muñoz, político que busca sacar provecho del tema y que nada tiene que ver con los colonos afectados: “por lo que he visto con el oportunismo político, el señor vive por todo Veracruz, por que anda por todos lados, en todos los temas”, refirió la empresa a través de su director general, Juan Ignacio Fernández Carbajal.

La administración portuaria dijo que está en desacuerdo con que este tema se politice y más con las pasadas contiendas electorales, donde los políticos aprovechaban el tema para ganar popularidad. De igual manera, rechazó la participación de Sergio Muñoz en este rubro, pues explicó que aunque su hijo viva en los alrededores, no le compete formar parte del comité de vecinos con los que han tenido buena comunicación.

Invitó a todos aquellos que duden del manejo del coque en las instalaciones a verificar el tratamiento con el que se lleva a cabo, a su vez exhortó a los medios de comunicación para la validez de dichos actos. “Nosotros prácticamente tenemos todo bajo control, hemos estado trabajando con una asociación para las medidas prudentes y nos va muy bien”, dijo el director.

Informó que hasta el momento no se reportan casos de enfermedades causadas por el coque, sin embargo, están tomando medidas para su control, el cual va mejorando teniendo todo hasta el momento sin complicación alguna.

Finalmente fue el representante de una de las ramas de la Administración Portuaria quien dijo que informará los términos a los que llegaron con los colonos del Parque los Pinitos para dar pronta solución y continuar con los trabajos que realiza la administración portuaria.

No hay recursos para construir bodega

El director general de la Apiver, Juan Ignacio Fernández Carbajal, comentó que la ampliación del puerto de Veracruz sería una solución para llevar el coque a lugares más lejanos y evitar los riesgos. Ante el supuesto proyecto de la construcción de una bodega para la retención del coque, dijo que las probabilidades de construcción son muy bajas, pues representa una gran inversión con la cual no se cuenta en estos momentos.

Además externó que en ninguna parte del mundo se maneja el coque en bodegas porque resulta lo mismo con la inversión. “Muy caro, en ninguna parte del mundo se maneja el coque con bodega cerrada (...), es inviable confinarlo en bodegas en muy pequeñas cantidades, pues se podría manejar pero en grandes cantidades como lo manejamos. Es imposible”, aseguró.

Resaltó que resulta completamente inviable el manejo del coque de esta manera, pues la inversión para conservarlo en bodegas resulta mayor que la obtenida a la hora de la venta o el intercambio. Ante esta situación dio a conocer que la única forma de dar solución a esta problemática es a través de los futuros proyectos que se tienen contemplados para el puerto de Veracruz.

Beneficiaría a la ciudadanía y a la administración portuaria la ampliación del puerto de Veracruz en donde se permitiría la movilización del producto a lugares más lejanos, afirmó, y no representaría ningún peligro, pues se llevaría a cabo con una normativa de protección al medio ambiente, así como una planificación para su transporte.

Al completar el proyecto se entablaría el diálogo con las tres terminales responsables del coque para llevar a cabo una buena administración con el producto y acordar como la forma de su movimiento así como el destino.

Piden permiso para hidroeléctrica en Coatepec rechazado ya en 2011


NORMA TRUJILLO BÁEZ

La empresa Constanza Energética SA de CV solicitó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) regional de la construcción de un sistema hidroeléctrico, a ubicarse en la confluencia de los ríos Matlacobatl y Tillero, próxima a la localidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec, pero en la misma se señala que habrá remoción de la capa vegetal, incremento de temperatura, modificación de la flora y fauna y a cambio de ello, la empresa ofrece trabajo a los pobladores de Coatepec.

Bajo el número de proyecto 30VE2013E0018, la MIA señala que dicho sistema hidrológico permitirá la generación y transmisión media anual de 125,036 mwh de energía eléctrica, la empresa inició el nuevo trámite el 30 de mayo de este mayo y el pasado 10 de julio ya está en su etapa de evaluación.

La Gaceta de la Secretaría del Medio Ambiente del 6 de junio de 2013, SEPARATA N° DGIRA/026/13, señala que dicho sistema permitirá la generación y transmisión media anual de 125,036 mwh de energía eléctrica y consiste en la instalación de una presa derivadora, línea de conducción, casa de máquinas estructura de descarga y una línea de transmisión de aproximadamente 13 km. mediante la instalación de 25 torres y 4 postes troncocónicos para llevar el flujo eléctrico hasta la central eléctrica de Coatepec, la superficie total requerida para el proyecto es de 7.99 hectáreas de las cuales 4.22 requieren la remoción de vegetación forestal.

Así, de nueva cuenta Constanza Energética SA de CV solicitó la autorización, después que en marzo de 2011, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental negó la autorización por no ajustarse a lo que marca la ley. El proyecto que está en trámite determina la instalación de una planta generadora de energía eléctrica en el estado de Veracruz, dentro de la cuenca del río Metlacobatl, en un sitio denominado Isletas. Este proyecto aprovecharía el desnivel del terreno y fuerza del agua para ser conducidas mediante una tubería a presión por la margen izquierda hasta el sitio donde se colocará la casa de máquinas, sitio donde estará instalado el equipo de generación.

La presa, que forma parte de los 12 proyectos en el estado de Veracruz, señala en la ficha técnica que en el uso de suelo que comprende el área de inundación donde se construirá, corresponde a la zona federal de la confluencia del arroyo Metlacobatl y Tillado, espacio para la inundación. Pero la zona donde se asentará la línea de conducción como casa de máquinas, corresponde a zonas de cultivo.

El proyecto construirá una cortina derivadora, para concentrar en un punto el flujo necesario que hará funcionar las turbinas, el resto seguirá corriendo por el río.

Dentro de la ubicación de impactos ambientales, la empresa Constanza Energética SA de CV que con el trazo y nivelación, despalme, excavaciones, traslado de material y operación de maquinaria aire, el impacto ambiental será cambios en las condiciones locales poco significativos por incremento en la temperatura, aumento de la evotranspiración por la remoción de la capa vegetal.

En la limpieza y despalme, excavaciones, construcción de estructura y líneas de conducción y transmisión, traslado de material y operación de maquinaria, aire, habrá alteración de la calidad del aire, por la generación de partículas de polvo y de emisiones.

Del despalme suelo y subsuelo, el impacto será erosión de los suelos, debido a la eliminación de la cubierta vegetal que los protege y fija al sitio, disposición inadecuada de la vegetación retirada.

Con el despalme, excavaciones en el cauce y margen derecha del río. Operación de maquinaria y equipo, se afectará la flora y fauna, deterioro del hábitat de fauna silvestre, al remover y destruir la vegetación y el suelo que la sostiene, además de retirar material, al formar la sección de proyecto y (o) preparar el sitio para el desplante de estructuras. Trayendo como consecuencia generación de ruido y polvos. Generando el efecto barrera. Estos impactos son adversos e inevitables parcialmente y permanentes.

Con el despalme, construcción de cortina derivadora, construcción de estructuras, línea de conducción y casa de máquinas y línea de transmisión, el impacto ambiental, provocará polvo, gases y partículas emitidas por los trabajos propios, los vehículos y maquinaria empleada afectan comunidades vegetales aledañas disminuyéndole capacidad de fotosíntesis. Este impacto es adverso y parcialmente temporal.

En la limpieza y despalme, paisaje y valor escénico, señala la MIA que habrá un cambio no significativo y permanente en la estructura del paisaje por eliminación de la vegetación existente en la zona de desplante.

De la topografía, paisaje y valor escénico, el impacto será afectar la topoforma del terreno en donde se ubicará la cortina vertedora, línea de conducción y transmisión. Cambios en la estructura y composición del paisaje por construcción de paisaje por construcción de estructura (casa de máquinas, torres de transmisión).

Acota la empresa que dará empleo, con prioridad a pobladores de Coatepec y Tuzamapan, en los contratos contemplan que se incluyan cláusulas de tipo ambiental para que los trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones con respecto a la protección, preservación y conservación del ambiente.

Cita la PGJ a torturador de mascotas para comparecer


Martín Hernández Alcántara

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que ha enviado un citatorio a Juan Castillo Pérez, el hombre que publicó en su perfil de Facebook imágenes de perros y gatos a los que torturaba, colgándolos de un tendedero o haciéndolos devorarse entre sí. 

Ayer, el abogado del torturador aseguró que este se presentaría hoy ante las autoridades Ministeriales, pero hasta ahora no lo ha hecho.

Libertad de expresión y democracia


Laura González

Los derechos fundamentales de libertad de expresión y de acceso a la información son indispensables en una sociedad democrática. La libertad de expresión comprende el derecho de expresar el pensamiento propio, y el derecho de buscar, recibir y difundir ideas de toda índole.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la libertad de expresión es una garantía fundamental en la existencia misma de una sociedad democrática. Sin duda, la política se basa en gran medida en la comunicación. Esto es cierto para toda forma de gobierno, pero lo es especialmente para la democracia, la cual depende de procesos deliberativos que hacen posible el ejercicio de la razón pública.

Hoy por hoy, los medios de comunicación representan el puente para que la ciudadanía conozca y acceda a los procesos democráticos, vigile y participe en el quehacer de cada gobierno. Los ciudadanos que participan en las discusiones sobre política pública para la toma de decisiones colectivas dependen en gran medida de la información que mayormente emiten los medios de comunicación.

La labor periodística se convierte en la piedra angular de la comunicación entre actores políticos y ciudadanía, colocando la profesión en el ojo de toda información que cobra relevancia en los cambios sociales. Un periodista puede estar o no de acuerdo en las acciones políticas, generando controversia entre los actores de los procesos político-democráticos.

La libertad de expresión y el trabajo periodístico no deben ser objeto de represiones ni secrecías, por ello se requiere un marco legal que proteja y garantice su labor. A nivel nacional hace más de un año entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual obliga a las entidades a implementar políticas que vigilen los procesos de la libertad de expresión.

Michoacán se coloca como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo y, aun así, se encuentra rezagado en el cumplimiento de esta obligación. De haberse implementado, es urgente que se conozcan acciones en la materia y si no, es tiempo de que el Ejecutivo revise estrategias que prevengan y contrarresten delitos en contra de la libertad de expresión.

Entendemos que en la agenda pública hay cosas urgentes, pero existen también los temas importantes que merecen su atención y cumplimiento.

López Obrador: la violencia, por la falta de crecimiento económico


Omite hablar de Aguirre Rivero, “ya estoy grandecito para ser alcahuete de Beltrones o de Añorve”, dice

RODOLFO VALADEZ LUVIANO Y
 HÉCTOR BRISEÑO (Corresponsal y reportero)

El líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró en Tecpan que la violencia e inseguridad que hay en Guerrero y el país son el resultado de la falta de crecimiento económico en México en los últimos 30 años, sumado al fallido esquema de seguridad aplicado por el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, “a quien no le importa lo que pase en el país, porque no está con pueblo”.

Abundó que Peña Nieto no representa al pueblo, sino más bien es empleado de un pequeño grupo que domina el país y por eso no le importa lo que la gente está sufriendo por la pobreza, inseguridad y violencia.

Al igual que lo hizo en otros municipios guerrerenses, su mensaje se centró en criticar la forma en que el gobierno de la República busca atacar las consecuencias de los problemas de la gente en vez de hacerlo con las causas, y reprochó de nueva cuenta que la polémica en el estado se centre en el reconocimiento de las policías comunitarias o si se aceptan las policías rurales, cuando la discusión debería ser cómo sacar al pueblo de la pobreza.

En su cuarto día de trabajo por Guerrero, donde tomó protesta a los miembros de los comités seccionales de Morena de Tecpan, Atoyac y Coyuca de Benítez, López Obrador dijo en esta ciudad que el gobierno debe atender a los jóvenes que han sido marginados y trabajar por crear fuentes de empleo para la población de esta región.

A su llegada a la plaza cívica de la ciudad, el ex candidato presidencial fue recibido con abrazos y gritos que decían: “es un honor estar con Obrador”, por aproximadamente 400 personas, entre las que se pudo a ver a los ex alcaldes Jesús Manuel Ayerdi y Elfego Martínez, así como los ex regidores Francisco Camacho y Fredy Galeana Sebastián.

En entrevista luego del acto, a pregunta expresa de cómo veía el panorama político para Morena, respondió que cada vez se suma más gente, “sobre todo aquella que quiere algo nuevo y limpio, y que ya no quiere que haya partidos paleros, partidos supuestamente opositores que firmen pactos con la mafia del poder”.

Cuando se le preguntó qué hará Morena para procurar el desarrollo de Guerrero, contestó que cuando fue candidato a la Presidencia de México, diseñó un plan de desarrollo para Guerrero, que incluía, entre otras cosas, la construcción de carreteras para promover el turismo en la entidad, la expropiación de las minas para beneficio de los habitantes del estado y el apoyo al campo, la pesca y a los adultos mayores, así como a estudiantes, que de haber ganado estuviera en marcha en esta región.

Agregó que “de nada serviría entregarle ese anteproyecto al gobernador Ángel Aguirre porque estaría sólo, ya que a Peña Nieto no le interesa lo que pase en el país, ni haría caso a ese tipo de recomendaciones porque no representan beneficios para las empresas que representa”.

Asimismo, omitió hablar del trabajo de Aguirre Rivero porque dijo que “ya estoy grandecito para ser alcahuete de Peña Nieto, de Beltrones o de Añorve”.

“Me voy contento con el trabajo”, dice en su último día de gira

Los principales problemas de Guerrero son la falta de puestos de trabajo, que los jóvenes no tienen opciones ni alternativas, y la pobreza que hay en toda la entidad, señaló López Obrador durante su cuarto y último día de gira por la entidad, que culminó en Coyuca de Benítez.

Ante unas 300 personas, manifestó que “me voy contento con el trabajo que vi de Morena en Guerrero”, y auguró que en poco tiempo Morena será la principal fuerza política en el estado, “aunque no les guste, lo quieran o no lo quieran… a quien no le guste”.

En cuanto a las conclusiones de su visita, entrevistado por reporteros, expresó que “es preocupante el problema de la inseguridad, de la violencia, pero debe de enfrentarse con un programa de desarrollo social, sobre todo creando empleos, hay que ir casa por casa, apuntando e incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio”. Sostuvo que “si no nos hubieran robado la presidencia no estaría así Guerrero, ni el país”.

Recalcó que el pueblo de Guerrero es extraordinario, bueno, trabajador y progresista, donde el problema principales es la pobreza y la falta de oportunidades de trabajo. Señaló que “no hay crecimiento económico, todo está estancado, está mal el turismo, el comercio, no hay trabajo”.

López Obrador sentenció que “Peña Nieto es un inútil, no sirve para nada, lleva siete meses y el país está muy mal, cada vez peor”.

En cuanto a la impugnación presentada contra la elección de Marcial Rodríguez Saldaña en el comité municipal de Morena en Acapulco, López Obrador recalcó que él no interviene en dichos asuntos, pues es la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena la responsable de ello.

Al gobernador Aguirre Rivero, expresó que “siga aplicando, hay que cumplir a los guerrerenses, es un pueblo extraordinario, que lo merece todo, y que no hay que dejar de luchar por el pueblo”, y consideró que el mandatario estatal le ha cumplido más que “lo que ha cumplido Añorve, Figueroa o este copetón irresponsable de Peña Nieto”, al que durante la gira, calificó de “señoritingo y junior”, al que no le importan los problemas del pueblo.

Oficio de Papel




Cisen compartió espionaje a EU
Firma de acuerdos con ese país
Violan soberanía y Constitución

En el sexenio anterior, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), todos los responsables de la seguridad nacional conocían perfectamente la constante intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos del país, pues eran ellos quienes firmaban acuerdos y contratos que lo permitían, y nadie en la administración de Felipe Calderón hizo algo para evitarlo.Esos órganos de seguridad nacional también sabían del espionaje de ese país a México, porque la Secretaría de la Defensa (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) utilizaron los equipos de seguridad para la intervención de comunicaciones que empresas estadunidenses les vendieron por instrucciones precisas de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Ahora sorprende la intromisión de Estagos Unidos en México, cuando han sido las mismas autoridades encargadas de proteger a la nación las que abrieron las puertas a los órganos de inteligencia extranjeros por instrucciones de quien ocupó la residencia oficial de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa. No es gratuito que el expresidente haya decidido salir del país una vez concluido su mandato para residir en Estados Unidos.

Esa intervención estadunidense ha sido documentada por la prensa mexicana desde el inicio del gobierno de Calderón y uno de los mecanismos para hacerlo es la supuesta colaboración binacional en contra del crimen organizado y a través de contratos millonarios que los distintos órganos encargados de la seguridad nacional del país otorgaron de manera directa (sin licitar) para beneficiar a empresas estadunidenses, las cuales sólo venden sus productos de seguridad y espionaje a los clientes que les autoriza el gobierno en Washington.

Es decir, México no sólo gastó parte del presupuesto público en adquirir en Estados Unidos costosos equipos de espionaje, sino que estos mismos sistemas de espía e intervención sirvieron al gobierno de Barak Obama para obtener información confidencial de México sobre cuestiones comerciales, de energía, de crimen organizado y hasta de la política mexicana.

Un ejemplo de lo anterior fue el sistema de espionaje que el Cisen adquirió de Verint Systems Inc, la empresa estadunidense de espionaje encargada de desarrollar un “Sistema de Intervención de Comunicaciones” para México y cuya información recabada era “compartida” con el gobierno de Estados Unidos, según se reveló en el número 100 de la revista Contralínea de la segunda quincena de abril de 2008, bajo el título Paga Cisen sistema de espionaje, firmado por el reportero Zósimo Camacho.

En aquella bien documentada investigación periodística se da cuenta de cómo desde la llegada del PAN a la Presidencia de la República, el Cisen firmó al menos 14 contratos con la empresa Sogams (Sistemas Gerenciales Administrativos, SA de CV), representante exclusivo en México de Verint Systems Inc.

En aquel año el Cisen reconoció la existencia de 12 contratos y el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, conocido también como Compranet, reportó dos más. Fueron 11 de esos contratos para adquisición de bienes (desde herramientas para la encriptación de teléfonos hasta “equipo educacional y recreativo”) y tres por servicio de mantenimiento.

Verint Systems –cuyos servicios y equipos se distribuyen en México mediante su filial Sogams– ha sido calificada por la prensa estadunidense como “muy bien conectada políticamente” desde el gobierno de George Bush.

La información periodística revela que uno de los contratos de esa empresa con las dependencias mexicanas habría sido financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a cambio de que la información recabada pudiera ser “compartida” con las autoridades de ese país. El monto del financiamiento de dicha operación habría ascendido a 3 millones de dólares, según informó el 2 de mayo de 2007 el diario Los Angeles Times.

Entonces ninguna intervención estadunidense se hizo en la clandestinidad o por cuenta propia, todo era autorizado por el gobierno panista de ultraderecha de Felipe Calderón, quien ante su temor que decía le causaba el crimen organizado, permitió a los órganos de seguridad de Estados Unidos utilizar el territorio nacional como un laboratorio para contener aquí a las bandas delincuenciales e impedir que se trasladaran a territorio estadunidense, sin importar al entonces presidente mexicano que decenas de miles de mexicanos murieran en ese sexenio.

El rotativo estadunidense Los Ángeles Times señaló desde aquel año (2007) que el “Sistema de Intervención de Comunicaciones”, desarrollado por Verint Systems, tendría la capacidad de espiar a las personas a través de las conversaciones telefónicas, los correos electrónicos y las salas de chat. El sistema constaría de 30 “estaciones de monitoreo”, una base de datos telefónicos con capacidad de albergar 8 millones de sesiones y grabar 60 conversaciones al mismo tiempo, las cuales podrían ser almacenadas hasta por tres años.

A pesar de la contundencia de dicha información, combinada con las denuncias públicas que se hacían en la prensa mexicana, el gobierno de Calderón siguió autorizando la perversa intervención de los policías extranjeros en territorio nacional, sin importarle que esto violara la soberanía nacional y por tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Carta Magna que el calderonismo siempre ignoró.

La semana el gobierno de México finalmente reclamó de su homólogo estadunidense una “explicación” sobre las revelaciones de que el país fue objeto de espionaje, “porque si así ocurrió, sería totalmente inaceptable”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Ahora se trata no sólo de una disculpa del gobierno de aquel país por algo que el gobierno mexicano aceptó y en algunos casos hasta firmó los convenios y contratos para esa intervención y espionaje extranjero, sino que por primera vez el gobierno de México frene todas esas intervenciones, deshaga los acuerdos establecidos con anterioridad con Estados Unidos y haga cumplir y defienda la Constitución Mexicana, pues de lo contrario el gobierno peñista también será cómplice de la violación de los derechos humanos de los mexicanos, como es el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión y de comunicación.

En julio de 2007, el Cisen –“el servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de México”, como se define en su página electrónica– había reconocido a la revista Contralínea la existencia de “dos contratos celebrados con la empresa Sogams, SA de CV, que se ostenta públicamente como representante exclusivo en México de Verint Systems Inc. y Verint Systems Inc Ltd.” .

Información reservada del Cisen

De los 12 contratos reconocidos por el Cisen, considera que siete “son de carácter reservado” en todas sus partes –cuatro por un periodo de 12 años y tres, por tres años– y los cinco restantes “admiten versión pública”.

Los contratos reservados por 12 años por el Cisen se identifican con los expedientes I-2002-004, A-2003-0025, 2005-0221 y 2006-0199. Los conceptos de los contratos son: “Adquisición de equipos analizadores de alta frecuencia”, “servicio de mantenimiento y actualización de software y hardware de comunicaciones”, “servicio de mantenimiento y actualización de equipos de comunicación” y “adquisición de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones”, respectivamente.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación reservó por tres años los contratos identificados con los expedientes 2005-0204, 2007-0130 y 2007-0286. Supuestamente fueron celebrados bajo los conceptos de “servicios de mantenimiento a equipos analizadores de alta frecuencia”, adquisición de “unidad duplicadora de discos” y la compra de “equipo de comunicaciones”, respectivamente.

Clasificados con la leyenda “parcialmente reservado susceptible de versión pública” se encuentran cinco contratos con los expedientes 2000-0583, A-2004-388, A-2004-691, 2005-0178 y 2007-0364. Los conceptos de cada uno de ellos, de manera respectiva, son: compra de “accesorios para encriptación de teléfono”; adquisición de “estación digitalizada, duplicación de disco duro, ploter (plotter o trazador gráfico: impresora especializada en planos)”; “adquisición de monitor de video LCD color, consola profesional de audio”; “adquisición de equipo educacional y recreativo y bienes informáticos”, y “bloqueador de RF de alta potencia”.

PFP, SAT y Pemex, clientes de Verint Systems

El Cisen no es el único cliente de Verint Systems –a través de Sogams– en México. En el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, conocido también como Compranet, aparecen dos registros de Sogams, SA de CV, y 11 contratos.

Tres de ellos fueron celebrados con la Policía Federal Preventiva (PFP). Bajo la licitación 22100003-005-04 y por 1 millón 940 mil 400 pesos (antes del impuesto al valor agregado, IVA), la PFP compró en 2004 un sistema de entrenamiento de armas de fuego y dos simuladores de manejo. Además, el contrato SSP/PFP/127/2002 ampara la compra de 10 equipos de “encriptación para línea telefónica, voz, fax y datos, modelo USS-900 de banda-angosta (por hardware)”. Y el contrato SSP/PFP/127/2002, según Compranet, otorgado luego de un proceso de invitación cuando menos a tres personas, respalda la adquisición de “equipo de encriptación para línea telefónica, voz, fax y datos, modelo USS-900 de banda-angosta (por hardware)”.

La Oficialía Mayor del gobierno de Querétaro compró a Sogams (bajo la licitación 51061001-016-06) 50 “consolas con GPS integrados”, 50 monitores, 50 “cámaras frontales”, 50 transmisores y receptores de audio, un software para manipulación de video, cinco “unidades de transferencia de información”, dos “unidades de respaldo”, 50 “cintas de respaldo”, dos “equipos de almacenamiento externo”, y cuatro “computadoras modelo GX620 0 DC7600”. Según Compranet, el gobierno de Querétaro pagó 463 mil 565 pesos antes del IVA.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) celebró con Sogams tres contratos. Con el AA-085/2002, luego de un proceso de invitación a cuando menos tres personas, compró 10 micrófonos, 20 cámaras digitales para fotos fijas, 10 grabadoras, 10 micrograbadoras, 20 reloj para pared con cámara de video y otras 10 micrograbadoras con un costo de 20 mil 995 pesos (antes de IVA) cada una. En total, el SAT pagó 453 mil 350 pesos sin sumar el IVA. Otro contrato (AA-097/02), éste por adjudicación directa, ampara la compra de 10 cámaras digitales de foto “fijas de color con montaje en reloj pulsera”. El SAT pagó por ellas 59 mil pesos más IVA.

Petróleos Mexicanos (Pemex) pagó a Sogams 20 mil 490 pesos más IVA por un “centro de interconexión y despacho de sistemas de radiocomunicación”. Adicionalmente, firmó el contrato 4200069739 por la adquisición de una “consola” identificada como de “juego”, por 45 mil 928 pesos antes de IVA. Pemex Exploración y Producción también compró equipo, según Compranet, a Sogams. Pagó 22 mil 200 pesos más IVA por una “lectora portátil”.

Compranet registra, asimismo, dos contratos celebrados entre Sogams y el Cisen, aunque ninguno de ellos corresponde a los solicitados por Contralínea. Se trata de los identificados con los números de licitación 04100001-034-07 y 04100001-035-05.

El primero ampara la adquisición de 20 equipos de audio de fibra óptica; cinco binoculares; 34 minitransmisores-receptores de audio; tres bloqueadores “de RF” de alta potencia; tres equipos de “energía ininterrumpible”; dos equipos “asistente personal”; un “switch hub”; un teléfono celular; dos detectores de transmisores ópticos; 50 transmisores-receptores de audio y video; cuatro equipos portátiles GPS; un generador eléctrico “de mediana capacidad”; cuatro “kit probador de tonos”; un “muro de fuego”; cinco terminales portátiles de transmisión; ocho video codecs; 55 grabadores de DVD con disco duro; tres “cámaras de video largo alcance”, y un sistema de grabación para video digital. El Cisen, en total, erogó 717 mil 20 pesos más IVA.

El segundo, da cuenta de la compra de seis cámaras fotográficas digitales estándar; 30 diademas telefónicas inalámbricas; cinco bloqueadores “de RF”; 12 computadoras portátiles de escritorio; dos computadoras portátiles de escritorio con tecnología inalámbrica, y dos computadoras portátiles personales. Por estos artículos, el Cisen pagó supuestamente, antes de IVA, 114 mil 500 pesos.

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