12 de junio del año 2010.
Se nos reportó hoy por la mañana que nuevamente la Policía Estatal y la Ministerial del Estado de Coahuila desalojó a familiares que estaban resguardados en el campamento que mantiene el grupo denominado la Otra Obrera fuera del perímetro de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos.
Toda la semana hemos escuchado declaraciones del Secretario Lozano, de la Secretaria de Gobernación “deslindándose” y “deslindar” a la Secretaria de Economía de la toma de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos. Escuchamos al Gobernador, Prof. Humberto Moreira, primero decir que no sabía nada, después afirmó que la Dirección General de Minas ordenó el sellado de la mina. Sus propias declaraciones los desnudan.
En el boletín de prensa emitido por la STPS el pasado 8 de junio se afirma: “Como consecuencia tanto de la suspensión ordenada como del convenio de terminación del contrato colectivo de trabajo entre la empresa y el sindicato titular, ratificado y aprobado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de noviembre de 2006, la mina dejó de ser un centro de trabajo y consecuentemente la STPS carece de atribuciones para realizar inspecciones y dictar medidas técnicas de seguridad e higiene. Por otra parte, la SE tampoco se encuentra facultada para ordenar alguna medida complementaria, una vez que fueron suspendidos definitivamente los trabajos. Asimismo, tampoco existe alguna orden relacionada con el sellado de la mina por parte de la autoridad de protección civil federal.”
Es absolutamente irresponsable y contra derecho, que la STPS diga que la desde el 30 de noviembre de 2006 “la mina deja de ser un centro de trabajo y que por tanto carecen de atribuciones”. La mina siguió siendo un centro de trabajo, porque habían trabajadores, había un patrón y había una materia de trabajo. La misma STPS ordenó peritajes en la mina posteriores a esta fecha y la SE hizo inspecciones posteriores a esa fecha. Así que mienten en su argumento, mienten en los hechos, actúan ilegalmente cobijados por la ideología y sus intereses como siempre.
No es la primera vez que el Gobierno de Humberto Moreira, ejerce violencia con su policía contra las familias de Pasta de Conchos. Lo hizo a fines de julio para permitirle a Rogelio Montemayor Segur, el mismo del PEMEXGATE “tomar la planta lavadora que se había comprado y que estaba en el perímetro de la mina”. La policía estatal en un despliegue brutal de fuerza desalojó a las familias. Y como lo denunciamos mucho antes de estos hechos, la empresa IMMSA declaró que la planta lavadora nunca se vendió y sigue siendo de su propiedad.
El día 9 de junio, personal de la PROFEDER, de la STPS y del Gobierno de Coahuila, citaron a un “grupo de viudas” en Sabinas. Les pidieron que “firmaran papeles en blanco” para “arreglarles las pensiones porque estaban muy bajas”. Las mujeres dijeron que no volverían a firmar nada en blanco y que no harían nada después de que les quitaron la mina para entregarla a Grupo México. Frente a esta respuesta las “las insultaron a gritos y les dijeron que se fueran a la chingada, que no verían nunca un peso”.
Hoy por la mañana, nuevamente la policía del Estado de Coahuila, intenta desalojar a las familias que replegadas fuera del perímetro de la mina. Les dijeron que era “por su culpa por haber que instalaron un campamento en Saltillo y se metieron al campamento del SME”.
La empresa Industrial Minera México, S.A.B de C.V., de Grupo México, puede decir y hacer lo que quiera, desde parar el rescate de los restos de los mineros argumentando que el agua acumulada en la mina puede estar contaminada de VIH, hepatitis, tuberculosis y otros patógenos, que contagiaría a rescatistas, ellos a sus familias y las familias a poblaciones enteras; puede sellar la mina porque el gas puede generar una explosión como argumentó para desalojar a las familias (si eso fuera cierto todas las minas que dejan las empresas abiertas en la carbonífera explotarían y no hay un solo registro de que algo así sucediera), hasta violentar el derecho a huelga de los trabajadores en Cananea porque “se han dañado sus equipos” sin decir, que la seguridad de sus equipos e instalaciones estuvo bajo custodia de una empresa contratada ex profeso por ella misma.
Llevar a los trabajadores y a las familias mineras, pero también a las comunidades afectadas por las políticas de muchas empresas mineras; a los trabajadores del SME; al pueblo de Atenco; a las familias de la Guardería ABC; a las comunidades Triquis, a límites inauditos y fuera del Estado de Derecho, y pretender resolverlos, violentando aún más con argumentos ideológicos para torcer y utilizar las leyes con que actúa el Gobierno es absolutamente condenable.
En este momento están siendo recibidas las familias por representantes del Gobierno de Coahuila para entregarles el documento de la Dirección General de Minas en que se ordena sellar la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos. La existencia o no de este documento, la entrega o no del mismo, sólo servirá para que se sigan hundiendo en declaraciones y justificaciones con el fin de ocultar todo el largo historial de ilegalidades de ambos gobiernos. De existir ese documento y de hacerlo público, ni explica la violencia de todos estos días, ni de todos estos años.
A menos de 24 horas de que se venza el plazo que otorgamos a la Secretaria de Gobernación para que responda a la propuesta que hicimos a partir de su invitación a instalar una Mesa Intersecretarial y una Mesa Técnica, no han enviado ninguna comunicación.
Hacemos un llamado a los Medios de Comunicación para mañana domingo 13 de junio a las 12 del día, en el Campamento del SME en el Zócalo para que conozcan el documento que dice el Gobierno de Coahuila entregará a las familias y la respuesta que recibimos de la Secretaria de Gobernación.
La Organización Familia Pasta de Conchos, permanecerá en el Campamento de los y las compañeras del SME. No saldremos de ahí y actuaremos de manera conjunta hasta que se restituya el Estado de Derecho en nuestro país.
A una voz, ¡Rescate ya!
Organización Familia Pasta de Conchos
Difusión: Soberanía Popular
