sábado, 18 de diciembre de 2010

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL ASESINATO DEL CUÑADO DE MARISELA ESCOBEDO

POR UNA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LOS FEMINICIDIOS, NI UNA MUERTA MÁS

Asesinan al cuñado de Marisela Escobedo e incendian negocio de su esposo
¡Juicio y castigo a los asesinos de Marisela y su cuñado!

Incendian maderería del esposo de Marisela Escobedo y asesinan a su cuñado mientras familiares y amigos velaban el cuerpo de la compañera. Ella había denunciado que el asesino de su hija pertenecía a Los Zetas.

Diversos medios nacionales e internacionales, han difundido la terrible noticia del incendio de la maderería de la pareja de Marisela Escobedo y el asesinato de su cuñado.

Sucedió la mañana de hoy, 18 de diciembre, mientras la familia velaba el cuerpo de la compañera y activista asesinada el 16 de diciembre, a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

El negocio ubicado en Ciudad Juárez, en la colonia La Cuesta, pertenecía a José Monge Marroquín, esposo de Marisela e informan que luego de rociar con gasolina el lugar, un comando armado “levantó” al copropietario y su hermano Arturo Monge Marroquín.

Arturo apareció más tarde baleado en una calle de Ciudad Juárez, lamentablemente murió antes de recibir atención médica.

Un vocero de la fiscalía general del estado, con un cinismo increíble, han declarado que no se puede establecer al momento, que tanto el incendio como el “levantón” tengan relación con la muerte de Marisela.

Sin embargo, la compañera venía denunciando que Sergio Barraza, el asesino de su hija, recibía la protección de Los Zetas. Ahora sus hijos y su nieta también corren riesgo, pues también habían sido amenazados de muerte.

Llamado urgente ante el asesinato de la compañera Marisela Escobedo Ortiz

El caso de Marisela, cada vez turbio entre tanta impunidad y una cadena de crímenes que no paran, nos llena de indignación ante tanta impunidad de los feminicidios ignorados por el gobierno, la persecución a los familiares de las víctimas y el asesinato a los luchadores sociales.

Recientemente salimos a las calles en el DF, junto con 200 compañeras, activistas de diversas organizaciones de mujeres. Llegamos a Gobernación y a pesar del cerco policíaco federal, nos enfrentamos con la policía para poder ingresar. Ahí gritamos furiosas e indignadas, nuestro repudio por este asesinato. Para posteriormente ser reprimidas sobre avenida Reforma cuando íbamos en camino hacia la Procuraduría General.

Redoblemos las protestas y movilizaciones compañeras, es urgente que logremos la protección total de la familia de Marisela, que solo se garantizará en nuestras propias manos y no de los cuerpos policiales estatales y federales, ni del ejército que mata civiles inocentes.

Proponemos a todas las organizaciones de mujeres del país, feministas, activistas y organizaciones de los derechos humanos, también a todos los sindicatos y organizaciones democráticas y de izquierda, una reunión urgente para discutir como implementar una campaña nacional contra los feminicidios y tomar acciones en contra la impunidad.

Nos solidarizamos con Nuestras Hijas, además con todas las activistas, feministas, y luchadoras de Chihuahua. Exigimos cese a la represión y persecución en su contra.

Repudiamos el asesinato a Marisela Escobedo y Arturo Monge Marroquín, exigimos juicio y castigo para los responsables y la detención inmediata y definitiva de Rafael Barraza.

Exigimos que el estado otorgue una pensión permanente para la hija de Rubí Marisol, nieta de Marisela.

Por una comisión independiente integrada por los familiares de las víctimas y personalidades de derechos humanos, que tome en sus manos el caso.

Apertura de todos los expedientes donde hay implicados asesinos de mujeres.

Basta de feminicidios en todo el país. Basta de impunidad.

Alto a la militarización del país.

Marisela tu lucha es nuestra lucha…

AGRUPACION DE MUJERES PAN Y ROSAS
LIGA DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO

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Organizaciones se pronuncian por el feminicidio de Marisela Escobedo Ortiz

Ante la incapacidad y el desprecio del gobierno federal y el gobierno estatal, Marisela fue asesinada por pedir justicia para su hija Rubí.


“No me voy mover de aquí hasta que detengan al asesino de mi hija” fueron las declaraciones de Marisela, antes de colocar su pequeño campamento en la Cruz de Clavos NI UNA MÁS, en la Ciudad de Chihuahua. Estaba dispuesta a pasar navidad y año nuevo en ese lugar emblemático, en el que apenas el 25 de noviembre pasado, había participado en una manifestación junto con las madres de Justicia para Nuestras Hijas, para colocar en la cruz, más de 300 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua tan sólo en este año, 2010.

Rubí, tenía 16 años cuando fue asesinada por Sergio Rafael en agosto de 2008. Desde que desapareció y su pequeño cuerpo fue encontrado en un terreno junto a huesos de marranos, la madre de Rubí, Marisela, una enfermera jubilada, dedicó su vida a buscar justicia para su hija, convirtiéndose una defensora de derechos humanos.

El mismo día que el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, pedía a la ciudadanía “sacudirse el miedo para combatir a los criminales”, Marisela fue asesinada frente a las puertas del Palacio de Gobierno de la Ciudad de Chihuahua, mientras realizaba una protesta pacífica e indefinida para exigir a las autoridades la detención del asesino de su hija Rubí.

Marisela no sólo se sacudió el miedo, caminó durante días desde la Subprocuraduría de Justicia a la Ciudad Judicial en Ciudad Juárez para exigir sanción para el asesino de su hija. La acompañaban una carriola con su nieta de dos años y un cartel con la foto de su hija Rubí. Un tribunal de juicio oral dejó en libertad al asesino, cimbrando el sistema de justicia.

Marisela, luchadora incansable, logró junto con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) que un tribunal de casación (integrado por tres magistrados) rectificara la decisión de los jueces y logró obtener una sentencia condenatoria contra Sergio Rafael, asesino confeso, en el que se le condenaba finalmente a 50 años de prisión.

“Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora les toca a ellos” decía Marisela. Efectivamente, mientras las autoridades no lograron encontrar a Sergio Rafael, Marisela con sus propios recursos, lo ubicó en Zacatecas y dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua, que alegó que por trámites burocráticos no pudo detenerlo.

La Procuraduría del estado de Chihuahua le informó a la madre, que en coordinación con la Procuraduría General de la República y las de los Estados “se encontraban buscando al asesino de su hija en todo el país”. Nunca lo encontraron.

Durante dos años, recorrió el país. Regresó a Zacatecas, viajó a la Ciudad de México donde solicitando audiencia con el Presiente Calderón y con el Procurador Arturo Chávez Chávez, quienes se negaron a recibirla. Se entrevistó con mandos de la Procuraduría General de la República que le prometieron que buscarían al asesino de su hija. Tampoco lo encontraron.

Días antes de ser asesinada, acudió a un acto donde se encontraba el Gobernador de Chihuahua, César Duarte y sacó una pancarta que decía “justicia, privilegio de gobiernos”. La solicitud de Marisela hizo enojar al Gobernador, como lo documentaron varios periódicos locales. El gobernador incluso la regañó y despreció. Después, logró entrevistarse con el Fiscal del estado de Chihuahua que le prometió que revisaría su caso.

Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) declaró “en estos momentos, no se puede descartar ninguna línea de investigación, incluida la de un crimen de estado pues Marisela no iba a parar hasta que detuvieran al asesino de su hija”.

Marisela murió a las puertas del Palacio de Gobierno y frente a la cruz de clavos que colocaron la red de mujeres de negro y madres de las jóvenes asesinadas en el estado de Chihuahua. Marisela fue asesinada por pedir justicia.

Sr. Presidente Calderón y Sr. Duarte, Gobernador de Chihuahua: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los ciudadanos para hacer justicia y dónde empieza su labor como autoridades?

Ante tal incapacidad, cantidad de omisiones, desprecio y negligencia, el Estado mexicano es responsable y debe responder inmediatamente por el asesinato de Rubí y Marisela.

Ya basta. Ni una más.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres / Mesa de Mujeres/ COSYDDHAC/ Justicia Para Nuestras Hijas / Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

No es el miedo lo que nos calla, es la impunidad la que nos paraliza

“NO ES EL MIEDO LO QUE NOS CALLA”

ES LA IMPUNIDAD LA QUE NOS PARALIZA


“NO ME VOY MOVER DE AQUÍ HASTA QUE DETENGAN AL ASESINO DE MI HIJA” Esas fueron las declaraciones de Marisela, antes de colocar su pequeño campamento en la Cruz de Clavos NI UNA MÁS, en la Ciudad de Chihuahua. Estaba dispuesta a pasar navidad y año nuevo en ese lugar emblemático, en el que apenas el 25 de noviembre pasado, había participado en una manifestación junto con las madres de Justicia para Nuestras Hijas, para colocar en la cruz, más de 300 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua tan sólo en este año, 2010.

Ante la impunidad que afecta gravemente a las víctimas de feminicidio y sus familiares en México, nuevamente el estado de Chihuahua demuestra la inexistencia de garantías de protección para las mujeres víctimas de violencia y las defensoras de derechos humanos. Este contexto de violencia institucional se confirma con el ASESINATO de la Sra. Marisela Escobedo Ortiz, madre y defensora de los derechos humanos que dedicó su vida a buscar justicia para su hija.

Rubí Marisol, hija de Marisela, tenía 16 años cuando su ex pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, la asesinó el 28 de agosto de 2008; a pesar que el asesino confesó y ubicó el lugar exacto en que arrojó y quemó el cuerpo de su víctima y pidió perdón en la audiencia de juicio oral, los jueces de primera instancia Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid decidieron, en abril de 2010, absolver y liberar al asesino. Frente a esta injustificable decisión judicial, la Sra. Marisela en colaboración con el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, recurrieron ante un tribunal de casación obteniendo una sentencia condenatoria de cincuenta años de prisión, la cual no se ha cumplido ante la fuga del asesino.

La lucha de la Sra. Marisela Escobedo continuó, al tener una sentencia sin detenido, muchas personas presenciamos su exigencia de justicia por el feminicidio de su hija, compartimos con ella su dolor y reconocemos su coraje y valentía en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

A pesar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga la coordinación entre instituciones y autoridades federales, estatales y municipales para la prevención, investigación y persecución de los delitos, en el caso de Rubí y el asesinato de la Sra. Marisela, este mecanismo demostró su inoperancia e ineficacia.

Ante la falta de coordinación, incapacidad, omisiones, desprecio, negligencia e impunidad en el feminicidio de Rubí, las autoridades federales y estatales contribuyeron a generar un contexto permisivo para que se privara de la vida a la Sra. Maricela Escobedo.



EXIGIMOS QUE EN UN PLAZO DE 21 DIAS

1. Un pronunciamiento público por parte del gobernador de Chihuahua y el Ejecutivo Federal condenando estos hechos;

2. Se instrumente el Sistema de Seguridad Pública para que realicen todas las acciones conducentes a ejecutar la orden de aprehensión en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de Rubí Marisol Fraire Escobedo;

3. Y se realicen las investigaciones correspondientes para localizar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de la Sra. Marisela Escobedo Ortiz.



¡¡¡¡¡¡¡¡YA BASTA NI UNA MUJER ASESINADA MAS EN CHIHUAHUA!!!!!!!!

OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO (Conformado por 46 organizaciones en 18 estados)



Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 46 organizaciones en 18 estados)



Academia Mexicana de Derechos Humanos; Academia Morelense de Derechos Humanos; Arte contra el Feminicidio; Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C.; Asociación Ecológica Santo Tomás; Asociación Sinaloense de Universitarias; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos "Solidaridad Popular AC; Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua; Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos; Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”; Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo local; Centro Integral Jurídico Pro-Derechos; Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”; Ciencia Social Alternativa; Ciudadanas por el derecho a decidir; Colectivo Bolivariano, Centro de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Comisión de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité contra los Feminicidios en Morelos; Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM Jalisco; Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Defensores Oaxaqueños por los derechos Humanos Isabel A.C.; Diver/ciudad; Diversidades y no Discriminación AC; El Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río; EQUIFONIA, Colectivo por la ciudadanía y Autonomía; Frente Cívico Sinaloense AC; GRUPO DE MUJERES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, A. C; HACERES A.C.; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla; Justicia para nuestras hijas; La Red Nacional de Periodistas; Liga Mexicana Por la Defensa de los Derechos Humanos filial Oaxaca; Mujeres Organizadas Yuubani; Mujeres por México en Chihuahua; MUJERES UNIDAS: OLYMPIA DE GOUGES, AC; Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Yauani; Mujeres y hombres socialmente activ@s ; Nosotras Ciudadanas; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; ProDESC (Proyecto de Derechos Economicos, Sociales y Culturales); Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC; Red Contra la Violencia hacia las Mujeres y los Hombres Jóvenes; Red Democracia y Sexualidad (Demisex); Red de Investigadoras “Por la Vida y la Libertad de las Mujeres” Red de Mujeres del Sur; Red de Mujeres por la Igualdad, Desarrollo, Género, Ciudadanía; Red de Promotoras en Derechos Humanos de Ecatepec; Red feminista sonorense; Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Red nacional de asesoras y promotoras rurales; Red nacional de asesoras y promotoras rurales; Red Nacional de Periodistas; Red Por sus Derechos Mujeres en Red; Servicio, paz y justicia-México; Unión Urbana Campesina Zapatista del Sur (UCAZS) en Jalisco; Vísión Mundial de México, A.C.



Internacionales

Radio Internacional Feminista- FIRE; “Las Dignas” Asociación Mujeres por la Dignidad y la Vida, El Salvador, Centroamérica.



Personal

Adriana Palacios Luna; Alma Celia San Martin; Ana Lidia Murillo; Ana María Emeterio Martínez; Ana Maria Hernanández Cárdenas; Ana Yeli Pérez Garrido; Anahí Espíndola Pérez; Eduardo Liendro Zingoni; Eduardo Morales Sierra; Fátima Najarro (El Salvador); Gabriela Rivera Díaz; Iliana Galilea Cariño Cepeda; Irazú Gómez Vargas; Isaac Torres Carmona; Juan Gutiérrez Contreras; Laura Jiménez García; Laura Yadira Rodríguez Estrada; Lourdes Pérez Oseguera; Luz María Pérez Cabrera; María de la Luz Estrada Mendoza; Marievna Donaji Vasquez Marcial; Marta Eugenia Solano Arias (Costa Rica); Martha Guadalupe Figueroa Mier; Martha Yuriria Rodríguez Estrada ; Oscar A. Castro Soto; Sergio Luna Cuatlapantzi; Teresa Emeneterio Martinez; Verónica Abreu Rivera; Yesica Sanchez Maya; Zenaida Pérez Gutiérrez.


Responsable de publicación: María de la Luz Estrada

Ciudad Juárez: incendian maderería de esposo de Marisela Escobedo


Poco antes de las 9 de la mañana los agresores llegaron al negocio, ubicado en la colonia Cuesta, donde rociaron gasolina y 'levantaron' al hermano del dueño de la maderería.

Miroslava Breach Velducea, corresponsal
Publicado: 18/12/2010 13:36

Chihuahua, Chih. Un negocio de maderas, propiedad del esposo de la señora Marisela Escobedo, asesinada el jueves, fue quemado esta mañana en Ciudad Juárez y uno de sus copropietarios levantado por un comando armado.

La fiscalía general del estado, confirmó que de acuerdo a los primeros reportes, un grupo armado llegó hasta el negocio ubicado en la colonia La Cuesta, y le prendió fuego al inmueble rociándolo con gasolina.

La empresa, denominada Maderas y Materiales Monge, ubicada en las calles Oscar Flores y Sierra Madre del Sur, en la colonia La Cuesta, es propiedad de José Monge Marroquín, esposa de Marisela Escobedo y durante el ataque fue levantado su hermano y socio, Arturo Monge Marroquín.

En el incendio se reportaron pérdidas totales.

El ataque fue perpetrado esta mañana, cuando los restos de la activista Marisela Escobedo Ortiz estaban siendo velados por sus familiares en una funeraria de Ciudad Juárez, donde la policía única del estado, montó vigilancia permanente.

El vocero de la fiscalía general del estado, Carlos González, dijo que hasta el momento, con los datos que se tienen no se puede establecer que tanto el incendio como el levantón de uno de los propietarios del negocio de maderas incendiado, tengan relación con la muerte de la señora Escobedo.

Fuente: La Jornada

Estalla coche-bomba contra policía de Nuevo León


Una carta enviada a diversos medios de comunicación asegura que la explosión del coche-bomba afuera de la Policía de Zuazua es una medida contra la corrupción policiaca en Nuevo León, que ha permitido cientos de secuestros, y amenaza con detonar otros 11 autos.

En el texto, que aparece firmado por el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, se indica que el atentado de hoy fue contra los "policías zetas" secuestradores.

"El Estado de Nuevo León no garantiza la seguridad de sus ciudadanos; en el Estado hay más de 1,000 secuestrados que no han sido denunciados por temor a las mismas autoridades.

"Todos los ciudadanos sabemos que los secuestros son cometidos por los mismos policías del Estado de Nuevo León conocidos como policías zetas, y en algunos casos, con ayuda de ellos", refiere el documento.

La misiva advierte que once coches-bomba están a la espera de ser detonados.

"El carro bomba detonado en Zuazua, N.L. es en contra de los secuestradores.

"Once carros bomba más están en espera de ser detonados para hacer justicia a los desaparecidos; por enterado están los policías zetas y funcionarios corruptos".

Dirigentes del PRD y Convergencia avalan que empresas administren servicios públicos

COMENTARIO: La Dra Asa Cristina Laurell ya ha explicado como las Asociaciones Público Privadas siempre encarecen varias veces el valor real de las obras o servicios concesionados. OJO en Puebla la corriente que apoyó la alianza con el PAN fue la de René Bejarano y su esposa Dolores Padierna, (IDN) a la cual vemos en cada mitin de AMLO trepada en el templete, así es que cuidado, no solamente son los Chuchos los traidores dentro del PRD.

MÓNICA CAMACHO

Los dirigentes del PRD y Convergencia, partidos de izquierda de la coalición Compromiso por Puebla, avalaron las reformas que impulsó el PAN para crear la figura de proyectos de prestación de servicios (PPS) que permiten delegar al sector privado la administración de los servicios públicos.

Sin embargo, el presidente del partido naranja, José Juan Espinosa Torres, se opuso a que los PPS se apliquen en materia educativa, ya que a su parecer es una obligación exclusiva del Estado.

Además, afirmó que el titular del Poder Ejecutivo en funciones no podrá impulsar dichos proyectos de manera unilateral, ya que necesitará la aprobación forzosa del Congreso del estado para afectar los recursos públicos a favor de esos proyectos.

En ese sentido, Espinosa Torres, diputado electo de la coalición, aseguró que vigilará que los PPS que impulse el gobernador electo, Rafael Moreno Valle Rosas, para que se ajusten a las disposiciones legales.

El miércoles pasado el Congreso local reformó los artículos 50, 57 y 103 de la Constitución del estado para faculta al Poder Ejecutivo a utilizar recursos estatales y federales para pagar deuda pública y costear infraestructura que administrará la iniciativa privada a través de PPS. La reforma se turnó a los ayuntamientos donde se espera que sea ratificada.

Miguel Ángel de la Rosa Esparza, dirigente del PRD, señaló que es “deseable” que el Estado maneje los servicios de mayor importancia, pero eso no debe impedir la participación del sector privado.

Para justificar su planteamiento, mencionó que modelos similares de participación entre el Estado y la iniciativa privada se impulsan en gobiernos como Chile, Brasil y España, por lo que concluyó que sería un gran error divorciar a la administración pública del sector privado.

“El PRD aprobará los PPS siempre y cuando sean beneficiosos para la mayoría de los gobernados y no vengan rescates –financieros–, como ocurrió en el pasado”, agregó el perredista.

En tanto, Cabalán Macari Álvaro, presidente estatal del Panal, afirmó que “lo positivo o negativo” de los PPS dependerá de la manera en la que los aplique el gobierno del estado.

“Si se utiliza con mala intención podría ser perjudicial, pero si se hace de manera conciente con un estudio a profundidad que defina los beneficios públicos, lo que se va a llevar la iniciativa privad y lo que va a dejar a Puebla será muy beneficioso”, explicó.

Fuente: La Jornada de Oriente

Tortillas más caras

Viernes, 17 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por Guillermo Knochenhauer

La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías anunció un alza en el precio de la tortilla de 50 por ciento en la zona metropolitana de la ciudad de México, elevación evidentemente exagerada. El gobierno amenazó con imponer multas enormes a los tortilleros si descubría que el aumento había sido concertado entre las miles de tortillerías que hay en la ciudad de México. En los hechos, el precio de la tortilla ha subido, hasta ahora, menos de cinco por ciento.

Una de las peculiaridades de la cadena maíz/tortilla es que en varios estados de la República, el maíz es más barato que en la ciudad de México y la tortilla se vende mucho más cara que en la capital del país.

Cada vez que se anuncia un aumento en el precio de la tortilla, el gobierno reacciona rápidamente y amenaza a los tortilleros con multas superiores al valor de sus negocios, pero sólo si la crisis se presenta en la Ciudad de México.

Lo que nunca ha tratado de corregir el gobierno es que la tortilla se venda en 12 pesos desde el año pasado, en estados como Morelos, donde el maíz cuesta lo mismo que en el Distrito Federal.

Según el seguimiento de precios que hace el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) que dirige Juan Carlos Anaya, el maíz a granel en el área metropolitana de ciudad de México cuesta 3 mil 300 pesos tonelada y la tortilla ha costado un promedio de 8.37 pesos durante 2010. En cambio, en Monterrey la materia prima cuesta 3 mil 170 pesos y el producto final ha promediado 11.22 pesos y en Yucatán, los precios son 2 mil 980 pesos y 10.83 pesos respectivamente. Estas son sólo muestras de una situación que hace del precio de la tortilla en la ciudad de México, el más bajo del país. Y no por efecto de subsidio alguno.

La única explicación del extraño caso, es que hay más tortillerías y están menos organizadas en la capital del país y que en las entidades sí se ponen de acuerdo los industriales para fijar sus precios. Son prácticas monopólicas que están prohibidas por la Constitución, pero ahí no interviene ni la Secretaría de Economía ni la Profeco.

Otra peculiaridad de nuestra básica cadena maíz tortilla es su plena globalización. Según la Sagarpa, la producción nacional de maíz blanco para consumo humano alcanzará los 22.5 millones de toneladas este año, cuatro millones más que el año pasado, con las que se cubren sobradamente el consumo nacional.

Según la lógica mercantil, estando en equilibrio la oferta y la demanda, los precios deben ser estables; sin embargo, en este caso, hay que considerar que son los precios de mercados internacionales, afectados en buena medida por la especulación, la referencia para establecer los nacionales.

El maíz representa el 60 por ciento del costo de la tortilla (combustibles y energía eléctrica dan cuenta de la mayor parte del resto). Hace un mes, por ejemplo, los molineros pagaban la tonelada del cereal, puesta en sus locales en ciudad de México, a 3 mil 350 pesos y ahora les está costando 3 mil 700 pesos. El GCMA estima que para mayo del año próximo, lo molineros estarán pagando 4 mil pesos por tonelada de maíz.

De esta llamada crisis de la tortilla, hay que subrayar que no se debe a desabasto de maíz en México y en segundo lugar, que el precio de la tortilla va a seguir aumentando por influencia de los mercados externos, donde la cotización del grano en su variedad amarilla (forraje) ha subido nada menos que 71 por ciento desde julio pasado.

Ese efecto es a lo que se refiere la FAO como amenaza de una nueva crisis alimentaria mundial, como la de 2008, que agregó 250 millones de personas al número de hambrientos en el planeta.

knochenhauer@prodigy.net.mx

Fuente: La Jornada de Morelos

Podría haber albazo en el tema de La Parota: ONG

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 16 de diciembre. Organizaciones sociales alertaron a la población sobre una posible imposición de la presa La Parota, pues destacaron que “es sospechoso” el uso electoral del tema y las diversas confusiones que se han dado en los candidatos. De igual forma recalcaron que los comuneros ya fijaron su postura y no hay negociación al respecto.

Luego de las diversas versiones que se han dado en torno a la construcción de la presa hidroeléctrica, organismos sociales de derechos humanos destacaron su preocupación por la negociación que pretenden dar los políticos y sus candidatos al proyecto, e imponer de esa manera la presa a pesar de que ya fue rechazado por la una amplia mayoría de los comuneros.

La Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), integra a grupos y organismos defensores de derechos humanos, alertó sobre el uso electoral que se le está dando a la Parota, y sobre todo el que se aprobara un presupuesto para su construcción y que dicha polémica sea en temporada vacacional.

“Esta situación nos despierta preocupación entre quienes conocemos los métodos con que operan las autoridades mexicanas cuando quieren imponer un proyecto ignorando los derechos de quienes resultarán directa e indirectamente afectados”, destacó el organismo estatal.

De igual forma aclaró que la postura de rechazo de los comuneros no responde a un pago justo de tierras, ni a las promesas de reubicación o desarrollo económico, sino a cuestiones que son difícilmente entendibles para gobernantes “ambiciosos, insensibles y tecnócratas”.

Ante esto, las organizaciones lanzaron un “enérgico” llamado a los organismos defensores de derechos humanos y a la sociedad en general, para mantenerse alertas ante cualquier acción de los gobiernos estatal y federal, que pretenda validar o legitimar el despojo y la violación de derechos de las y los habitantes de Cacahuatepec.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Agreden a reportero gráfico de La Jornada Guerrero

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Integrantes de la campaña del candidato por la coalición Tiempos Mejores para Guerrero, Manuel Añorve Baños, agredieron a personal de esta casa editora cuando tomaban fotografías de un poste de telefonía que tiraron cuando bajaban de la colonia Cumbre de Llano Largo luego de hacer proyecciones. Ayer por la noche un equipo de reporteros de éste medio informativo acudió a dicha colonia luego de una llamada de denuncia de perredistas con respecto a que había un trailer que repartía despensas sin embargo al llegar al lugar se observaron dos tráileres, uno de ellos de mayor magnitud, uno con placas del Estado de México y otro con placas de Coahuila que iba de salida sobre la calle principal. Por tratarse de una calle angosta la camioneta de Javier Verdín quedó frente al tráiler mayor por lo que éste junto al reportero gráfico Pedro Pardo aprovecharon para tomarles fotografías; posteriormente el camión se retiró. La gente del poblado argumento que las dos unidades llegaron al poblado a proyectar una película y descartaron la versión de que repartieron despensas.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Organizaciones se pronuncian por el feminicidio de Marisela Escobedo Ortiz

Marisela Comunicado de Prensa II(2)

Fuente: FRAYBA

Repudiamos el asesinato de la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo

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Fuente: FRAYBA

Hostigamiento y vigilancia a defensores de derechos

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Fuente: FRAYBA

Denuncia Comités de derechos Humanos de la zona indígena Ch’ol de Chiapas


Salto de Agua, Chiapas a 22 de Noviembre del 2010.

A LA SOCIEDAD CIVIL
A LOS MEDIOS INDEPENDIENTES
A LOS DERECHOS HUMANOS INDEPENDOIENTES
A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS ORGANISMOS DE DERCHOS HUMANOS, NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS ORGANISMOS SOLIDARIOS
PRESENTE.

El día 12 de noviembre del presente año, nosotros, los comités de derechos Humanos de la zona indígena Ch’ol de Chiapas, estuvimos reunidos en el municipio de Salto de
Agua para tratar el siguiente asunto.

Por este medio queremos DENUNCIAR PUBLICAMENTE los siguiente acontecimientos, pedimos que se ejecuten la acción penal y exigimos la reparación de daños, en contra de JULIAN ALFONSO DIAZ MENA Y JULIAN ALFONSO GALVES MENA, como culpable y responsable de la comisión de delitos de lesiones culposas cometidas en agravio de JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA Y el segundo en agravio JULIO HERNANDEZ SANCHEZ. Delitos cometido el pasado 12 de mayo del 2009, en la salida de la carretera de Salto de agua a Apasco, enfrente de la gasolinera de este municipio.

Cabe mencionar que el culpable de este accidente es el hijo del señor Julio Alfonso Gálvez Mena, quien pertenece al sindicato de unión de taxistas 14 de septiembre de salto de agua y es ahora quien protege a su hijo haciéndolo inocente dé los hechos.

Pedimos que el juicio se lleve conforme a la ley y exigimos justicia para la familia del afectado, proceso que se ha iniciado ante la secretaria penal, numero de expediente29/2009.

Nosotros los comités de Derechos humanos comprobamos la gravedad de las lesiones de la víctima, los daños irresponsables contra dicha persona, la privación a una vida ordinaria y vivir en dependencia de sus padres por quedar mal física y mental al mismo tiempo, la familia denunca la intimidación y amenazas que siguen teniendo por parte de los culpables ante la exigencia de la justicia y su derecho.

Por todo esto exigimos:

1. LA REPARACION DE LOS DAÑOS
2. QUE SE EJECUTE LA ORDEN DE APREHENSION
3. Exigimos que las autoridades correspondientes del tribunal supremo de justicia, se encargue de vigilar y velar por el buen funcionamiento del ministerio publico de Salto de Agua, para que no actúen con arbitrariedad o por intereses personales, si no que cumplan con el ejercicio de la justicia y derecho
4. Solicitamos que seamos informados sobre la pronta resolución de este ase hecho y exigimos que no se quede en la impunidad.


ATENTAMENTE.

LOS Y LAS COMITES DE DERCHOS HUMANOS DE LA ZONA INDIGENA CH’OL DE CHIAPAS.

PEDRO VAZQUEZ ARCOS
Presidente del comité de Derechos humanos
Salto de Agua, Chiapas.

NICLAS MENDEZ ARCOS
SECRETARIO DE COMITÉ DE Derechos humanos

Fuente: FRAYBA

Defienden pueblos nahuas de la zona serrana autonomía frente a ley estatal


“LA VIDA Y LAS RELACIONES COMUNITARIAS ES EL ELEMENTO MÁS IMPORTANTE PARA IMPEDIR LA EXISTENCIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA” ¦ FOTOVER

Soledad Atzompa, Ver.- Los abusos que cometen elementos de la policía estatal en contra de indígenas de la sierra de Zongolica están creando un clima de hartazgo social y rechazo, “nadie nos va a convencer de que sigamos agachando la cabeza para seguir soportando humillaciones. La paciencia tiene un límite”.

En este sentido, Julio Atenco Vidal, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), plantea las condiciones en las que se encuentran los pueblos indios “en materia de represión –cita–, pero hay que recordar, dice, que en junio del año 1997 el pueblo nahua de Soledad Atzompa se rebeló de igual manera, que ahora nosotros y hasta el día de ahora la policía del estado respeta su autonomía como pueblo indígena”.

De hecho, una de las propuestas que se expone es la creación de métodos propios de vigilancia, “se ha demostrado que con la policía comunitaria y las autoridades comunitarias se garantiza condiciones de paz y de tranquilidad social tan necesarias para que un pueblo pueda prosperar. La vida y las relaciones comunitarias es el elemento más importante para impedir la existencia de delincuencia organizada”.

Sin embargo, precisa: “no queremos vivir en conflicto permanente con la policía estatal, pero no volveremos a agachar la cabeza dócilmente. No somos rebeldes sin bandera. Queremos y necesitamos una buena policía respetuosa del ciudadano, hombre o mujer, colaboradora con nuestras autoridades y que nos inspire respeto y seguridad. Este tipo de policía debe organizarse con nuevos elementos capacitados y profesionales.

Es decir, narra una serie de acciones que se presumen violatorias a la ley y que caen en la extorsión de parte de los policías estatales. “Hay policías que fabrican delitos para extorsionar a nuestros compañeros, por ello es necesario que haga una depuración en la delegación de Ciudad Mendoza”.

Pero, advierte: “mientras no se hagan dichos cambios no queremos ver a las patrullas en nuestro territorio comunitario y podríamos volver a ejercer nuestro derecho inalienable de soberanía popular. Además, es necesario que se eliminen las prácticas de extorsión, los abusos y maltratos físicos y a nuestra dignidad por parte de los elementos policiacos y se restablezca su función pública para que de verdad esta corporación salvaguarde la seguridad pública y ciudadana en nuestra zona de montaña del municipio de Nogales, Mariano Escobedo y Maltrata.

Incluso, se plantea la firma “de un pacto público de unidad y coordinación con las autoridades comunitarias y el pueblo campesino e indígena de los municipios ya citados. Y de paso, precisa, “se haga lo necesario para que en consulta con la sociedad sus organizaciones y autoridades locales se defina una política pública en materia de seguridad pública que sancione severamente la corrupción e impunidad en la corporación policiaca y se eleve a rango de ley la participación ciudadana no corporativa y sí representativa desde la comunidad agraria o urbana”.

Pero hay un factor primordial que incrementa el hartazgo social en la zona indígena, “los operativos ordinarios son los que han llevado al hartazgo a nuestro pueblos, deberán ser públicos, mientras la secrecía de las acciones lo siga permitiendo, pero invariablemente deberán coordinarse con nuestras autoridades comunitarias antes o después de las acciones para certificar que se cumple con una función pública de beneficio para la población”.

Fuente: La Jornada de Veracruz