En lo que respecta a las reformas energética y política, las negociaciones en el Senado las realizaron sólo el PRI (con un equipo enviado desde Los Pinos) y el PAN, con el PRD excluido. Como ya había adelantado la senadora perredista Dolores Padierna, se trató de un “golpe legislativo”. Ambos partidos cocinaron los pormenores de dichas reformas; en el caso de la primera, con la apertura hacia el sector privado muy al gusto del blanquiazul, que a su vez impuso condiciones en algunos aspectos político-electorales.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El regalo de Navidad se adelantó en la sede del Senado la noche del 26 de noviembre. Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada priista, recibió la “visita especial” de los tres enviados de Los Pinos para destrabar las negociaciones con el PAN en materia de reforma político-electoral.
Con un dispositivo especial de seguridad, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, subió desde el sótano 1 del Senado a las oficinas de la Junta de Coordinación Política, presidida por Gamboa, y sostuvo una reunión a puerta cerrada con legisladores del PAN, del PRI y del Partido Verde.
A Nuño lo acompañaban Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de Los Pinos, y Andrés Massieu Fernández, coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental. Previamente el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, ya había negociado con los senadores de las comisiones dictaminadoras.
Mientras los enviados de Los Pinos cabildeaban en privado, en el pleno los senadores aprobaban el paquete de reforma financiera, un dictamen de más de mil 800 páginas que modificó una treintena de ordenamientos, escasamente analizados por los senadores, pero bajo presión de los asesores del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Prácticamente le dieron línea a los legisladores del PRI para que aprobaran sin discusión este complejo paquete proveniente de la Cámara de Diputados.
Así el Ejecutivo federal “invadió” y comenzó a presionar directamente a los senadores para que, en vísperas de cumplirse el primer año del Pacto por México se completara el ciclo de reformas que se comprometieron a aprobar.
Ya habían sacado en menos de un año las reformas educativa, de telecomunicaciones y radiodifusión (cuyas leyes reglamentarias ya no estarán listas para el lunes 9 y se pospusieron para marzo o abril de 2014), la fiscal-hacendaria, la de transparencia, la financiera y venía “la joya de la corona”, la energética que necesita librar la aduana de la político-electoral impuesta como condición por el PAN para votar cambios constitucionales en materia petrolera.
El senador perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las cinco que dictamina la reforma política, confirmó que entre los panistas y priistas había diez temas “encorchetados” que evitaban el avance.
El PRI insistía en incorporar el concepto de “determinancia” para aceptar que el rebase de topes de gastos de campaña y el uso de dinero de procedencia ilícita fueran causales de nulidad de la elección. El PAN defendió que la reelección legislativa se iniciara a partir de 2018 y no de 2024 como propuso el PRI. El tema del Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los organismos electorales estatales ya había quedado en una opción “mixta” (Proceso 1934).
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1935, ya en circulación)
