domingo, 2 de noviembre de 2008

Plan de acción del Movimiento Nacional en defensa del la economía popular, del petróleo y de la soberanía nacional.


Plan de Acción del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía del Pueblo, del Petróleo y de la Soberanía Nacional.


Objetivos generales:
a) Evitar que se viole la Constitución y se entregue el territorio nacional a empresas extranjeras para la exploración y producción de nuestro petróleo.
b) Defender la economía del pueblo ante la crisis y lograr que se utilicen todos los instrumentos del Estado para apoyar al pueblo y no a los potentados de siempre.
c) Ser solidarios, generosos, humanos, apoyando todas las causas justas de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de los ciudadanos de todo el país.

Objetivos específicos:
a) Darle seguimiento a la aplicación de las leyes aprobadas en materia de petróleo.
b) Cuidar que no se viole la Constitución para el otorgamiento de contratos de servicios con duración indefinida, con compensaciones especiales y concediendo a compañías extranjeras, en exclusiva, lotes o bloques del territorio nacional para la exploración y producción de petróleo.
c) Elaborar y poner en práctica un programa integral para la defensa de la economía popular, bajo los siguientes criterios: Orientar el presupuesto del año próximo para atender las necesidades del pueblo. Se tiene que reducir el costo del gobierno a la sociedad. Lograr que los créditos que se otorguen a empresas y comercios, sean con bajos intereses y condicionados a que no despidan trabajadores. Congelar los precios en alimentos, impuestos y servicios, y con la reducción de los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica. Impulsar la construcción de infraestructura, de vivienda y de obras públicas para reactivar la economía y crear empleos. Apoyar a los productores del campo para lograr la autosuficiencia alimentaria. Poner en práctica de programas de apoyo directo a personas con discapacidad, becas para madres solteras y programa de pensión alimentaria para los adultos mayores de todo el país. Proteger los ahorros y los fondos de pensiones de los trabajadores y de las clases medias. Dar atención especial y prioritaria a los jóvenes. Fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social. Hacer recomendaciones concretas a la población, orientar a la población para enfrentar la crisis con humanismo y buscando soluciones colectivas. Tenemos que fortalecer, cohesionar a la familia y cohesionar a la colectividad.

Calendario de Acciones:
1.- Al momento que se sepa la promulgación de las leyes en materia de petróleo (Mitin relámpago, estar pendientes) Hacer acto de protesta frente a Palacio Nacional.
2.- Martes 4 de Noviembre, a las 8 de la mañana en San Lázaro, en la puerta principal. Vamos a presentar nuestro programa en defensa de la economía popular. (Invitación voluntaria)
3.- Martes 11 de Noviembre a las cinco de la tarde, en Avenida Chapultepec. Vamos a ir a entregar una carta a Televisa, para solicitar tiempo en sus transmisiones, con el propósito de dar a conocer al pueblo de México nuestras razones acerca de la reforma en materia de petróleo. (Todos los que puedan ir, e invitar a más gente).
4.- Domingo 23 de noviembre a las 10 de la mañana, Ángel de la Independencia. Marcha y Asamblea nacional informativa y de evaluación, del Ángel de la Independencia a Bellas Artes.


Acciones de mediano y largo plazo. A partir del 23 de noviembre.
- Se llevará a cabo una campaña, casa por casa, colonia por colonia, para informar al pueblo de México con volantes, historietas y videos sobre las acciones de defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional.
- Crear oficinas, para orientar y defender a la gente, en estas circunstancias de crisis, ante despidos injustificados de trabajadores y defender a la gente de cobros indebidos de luz, agua, predial, teléfono, tarjetas de crédito y otros abusos.
- Organizaremos la creación de comedores populares en las zonas más pobres del campo y de la ciudad.
- Recogeremos experiencias para informar a países productores de hidrocarburos, tratando de hermanar nuestra lucha con quienes en otras partes del mundo defienden el petróleo y sus recursos naturales.
-Notificaremos a las empresas petroleras extranjeras sobre nuestra decisión de no permitir cualquier tipo de contrato que viole la Constitución, particularmente los contratos de servicios por tiempo indefinido, con compensaciones y que cedan bloques o lotes del territorio nacional para la exploración y la explotación de nuestro petróleo, para que sepan a qué atenerse.
- Estar alertas, para actuar en consecuencia cuando se integre el Consejo de Administración de Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y cuando se elabore su Reglamento interior. Vamos a asistir a estos lugares.
- Se van a elaborar y se va a recurrir a todos los instrumentos legales (amparos y otros) para la defensa del petróleo.
- Vigilaremos todo el proceso de contratación en Pemex. Será contrato por contrato y obra por obra.
- Se investigará y denunciará permanentemente actos de corrupción en Pemex.
- Daremos seguimiento a todas las decisiones del Consejo de Administración de Pemex.
- Llevaremos a cabo asambleas públicas de información y evaluación sobre el avance del plan para la Defensa del Pueblo, el Petróleo y la Soberanía Nacional, la primera asamblea se celebrará después de la marcha el 23 de noviembre.
-Actualizaremos nuestro Proyecto Alternativo de Nación y presentarlo como una opción posible ante el derrumbe del modelo económico neoliberal.

Tareas
1.- Convertir la actual Comisión Coordinadora de Defensa del Petróleo en una Coordinación Nacional de Defensa del Pueblo, del Petróleo y de la Soberanía Nacional, porque ahora ya son también otras tareas que tenemos que cumplir.


2.- Crear las siguientes Comisiones de trabajo
* Comisión para la Defensa de la Constitución y la Legalidad.
* Comisión de Asuntos Internacionales, que tiene que ver con los objetivos y con las acciones del plan general.
* Comisión de Combate a la Corrupción en Pemex.
* Comisión de Vigilancia del Consejo de Administración de Pemex.
* Comisión para la Defensa de la Economía Popular.
* Comisión de Seguimiento y Acciones Inmediatas.
* Comisión de Difusión.
* Comisión de Estudios y Actualización del Proyecto Alternativo de Nación.
* Comisión para la Ayuda Mutua en apoyo a la economía popular.

3. Mantener la organización de las brigadas como la base principal de nuestro movimiento para, a través de las brigadas, informar, orientar, concientizar y movilizar a la población, y para que también, a través de las brigadas, se lleve a cabo el programa y las acciones de resistencia civil pacífica. Para que se entienda bien, las brigadas son la base, es la organización que va a tener comunicación permanente con la gente, con el pueblo. Esa es nuestra organización más cercana a los ciudadanos. Ahora serán “brigadas para la defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional”.

4. Con este propósito se constituye la Coordinación Nacional de Brigadas y se mantienen las actuales coordinadoras y coordinadores de brigadas, tanto en el Distrito Federal como en todo el país. Esa organización se mantiene, continúa hacia adelante.


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Aún no son los comicios y en EU ya hay quejas del padrón y acusaciones de fraude.

■ Preocupación ante un sistema electoral defectuoso y vulnerable, señalan expertos
■ Hasta la fecha nadie puede confirmar el conteo real de votos de las dos presidenciales pasadas
David Brooks (Corresponsal)/La Jornada/ 31 de octubre de 2008

Nueva York, 30 de octubre.
¡Fraude! Y ni han transcurrido las elecciones.

Aun antes del día oficial de los comicios generales ya hay quejas por defectos en el proceso electoral y acusaciones de fraude y manipulación en este país que insiste en presentarse como “el modelo” de las democracias modernas.

Investigaciones federales sobre manipulación del proceso de empadronamiento, demandas legales por el padrón, y advertencias de intentos para suprimir el voto en varias regiones, entre otras quejas, se registran ya en varios estados que serán claves en la elección. No sorprende que la mayoría –58 por ciento según una encuesta de CNN– duda si los votos serán emitidos y contados de manera confiable.

Depositar una boleta en una urna es supuestamente el acto de ciudadanía más sagrado y que define la existencia de una democracia. Hoy en Estados Unidos pocos confían en que el sistema electoral registra de manera precisa la voluntad del pueblo. No hay garantía de que cada ciudadano tenga acceso pleno a las urnas ni que al salir de una casilla su voto quede correctamente registrado, y esos defectos no incluyen las manipulaciones del voto, incluido el fraude.

Las dos elecciones presidenciales pasadas fueron manchadas de fraude, manipulación del voto y hasta la fecha nadie puede confirmar el conteo real. Por ello, prevalece la preocupación de que el sistema electoral no funciona, y que el proceso es defectuoso y vulnerable. Es un sistema que nunca ha sido reparado a pesar de que todos saben que está descompuesto.

La ausencia de reglamentos federales y sobre todo de una autoridad electoral, como un tribunal especializado, para supervisar las elecciones a nivel nacional, no mejora las cosas. Peor aún, en los hechos, la elección nacional para presidente se realiza como si fueran 51 procesos electorales simultáneos (en cada uno de los estados más la capital), cada uno con sus propias reglas y autoridades, las cuales son partidistas y no neutrales.

La experiencia del conteo de la elección de 2000 provocó la promulgación de una ley en 2002 para resolver estos problemas, otorgando casi 4 mil millones de dólares en fondos federales para que los gobiernos estatales adquirieran máquinas de votación electrónicas. Pero en 2004 se detectaron serios problemas con miles de las nuevas máquinas, algunas de las cuales aparentemente cambiaron el voto emitido o lo anularon, y se comprobó, por expertos cibernéticos, que eran vulnerables a manipulación electrónica y se podía registrar o cambiar miles de votos. Muchas de estas máquinas no ofrecían un registro del voto en papel.

Ahora, expertos han propuesto regresar a las viejas prácticas de votar en boletas de papel, y no en pantallas electrónicas. Decenas de miles de máquinas electorales recién compradas ya han sido tiradas a la basura en Florida y otros estados, y la mayoría de los ciudadanos este año votarán de nuevo en boletas de papel.

Estos problemas podrían ser aún mayores, ya que se espera un nivel de participación electoral sin precedente en tiempos modernos, algo que podría poner enorme presión a un sistema ya de por sí vulnerable y defectuoso.

Las denuncias de manipulación del padrón y fraude ya se han registrado en varios estados, desde Michigan a Nevada, Wisconsin y Montana, entre otros. Hay casos de verdaderas muestras de ineptitud, como el famoso en Mississippi, donde en marzo una funcionaria electoral purgó más de 10 mil votantes del padrón, por error.

Más preocupantes son las iniciativas estatales promovidas generalmente por republicanos para imponer mayores requisitos para votar, donde un elector tiene que comprobar exactamente su identidad tal como está en el padrón, en lo que se critica como un intento de suprimir el voto.

Recientemente, el New York Times reportó que en los intentos de gobiernos estatales por modernizar sus bancos de datos del padrón, podrían haberse “purgado” decenas de miles de nombres en seis estados considerados claves en esta elección (Colorado, Indiana, Ohio, Michigan, Nevada y Carolina del Norte), en lo que sería una violación de la ley federal. De hecho, podrían ser cientos de miles, tal vez millones, los afectados por este caso, por ejemplo, en Wisconsin, 22 por ciento de los empadronados tenía errores en la manera en que estaban registrados, reportó la revista Time.

Muchos consideran que la reciente acusación del candidato republicano John McCain de que la agrupación comunitaria nacional ACORN “tal vez está al borde de realizar uno de los fraudes más grandes en la historia electoral en este país, tal vez destruyendo el tejido de la democracia”, como un intento de promover tanto el temor y la desconfianza, como para empezar a descalificar resultados que podrían serle adversos.

ACORN, vieja agrupación dedicada a la organización comunitaria en zonas marginadas y de bajos ingresos que generalmente son terreno demócrata, realizó una campaña de empadronamiento y reconoció que 30 por ciento de los 1.3 millones de nuevos empadronados que obtuvo, tenían fallas en su registro. El Partido Republicano ha convertido esto en un complot de los demócratas para promover el fraude electoral y “robarse” la elección, al vincular a la organización con el propio candidato demócrata Barack Obama.

El hecho es que siempre hay un alto número de fallas en estos actos masivos, y expertos electorales dicen que el proceso de empadronamiento tiene un efecto casi nulo en las casillas. El objetivo de los republicanos, dicen críticos, es promover confusión, dudas y las bases legales para cuestionar los resultados después de las elecciones, o sea retar un triunfo de Obama.

Los fraudes recientes no se han realizado por votantes en las casillas. Para expertos como el profesor Mark Crispin Miller, de la Universidad de Nueva York, el fraude el día de las elecciones no se lleva a cabo de la forma primitiva al intentar rellenar urnas y lograr que alguien vote varias veces, sino el fraude se comete electrónicamente.

En Ohio, en 2004, esto se logró de manera cibernética, documenta en su libro Loser Take All: Election Fraud and the Subversion of Democracy, por medio de programas que cambian los resultados en las computadoras donde se registran los conteos de cada casilla.

También hay los trucos de siempre para suprimir o manipular la votación. Volantes distribuidos en zonas demócratas informando a los ciudadanos que el voto es el miércoles y no el martes 4 de noviembre, llamadas telefónicas generando confusión o hasta intimidación (que la ubicación de las casillas ha cambiado, que podría ser detenido al votar si tiene alguna violación legal en su historial, etcétera), y la difusión de rumores sobre nuevos requisitos para votar, entre otros.

Vale recordar que los demócratas no son santos, y tienen una larga historia de emplear algunas de estas tácticas para manipular el voto. Todo indica que uno de los grandes héroes del Partido Demócrata, John F. Kennedy, llegó a la Casa Blanca en parte gracias a un fraude electoral en un par de lugares.

O sea, el ejercicio electoral aquí enfrenta operaciones para suprimir el voto, intentos para evitar o reducir la participación (las purgas o cuestionamientos en el padrón), descalificación de miles de votantes legítimos, máquinas que no registran el voto y el fraude electrónico en el conteo. La democracia parece ser una consideración secundaria.

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Al respecto un botón de muestra:

Hacking Democracy (2006)U.K.
Duración: 82 min.
Dirección: Simon Ardizzone y Russell Michaels.
Subtítulos en español.

CALDERÓN, DUDAS Y VIOLACIONES


JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, DF, 3 de noviembre (apro).- Felipe Calderón está por agotar su primer tercio como presidente de la República y no dejan de surgir evidencias de que ganó con violaciones a la ley que generaron, por lo menos, desequilibrios en su contienda con Andrés Manuel López Obrador.

La violación a los principios de legalidad, igualdad y equidad en las contiendas electorales dejó amplias dudas que alcanzaron ya trascendencia internacional y que echan abajo su cínica expresión de que ganó las elecciones "haiga sido como haiga sido".

La semana pasada ocurrieron dos hechos que no sólo confirman la existencia de tales violaciones, sino que abren la posibilidad de que se amplíen los derechos de los mexicanos para evitar que queden sin un verdadero escrutinio público elecciones como las que se le adjudicaron a Calderón Hinojosa.

El primero de ellos fue la resolución tomada el miércoles 29 de octubre por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF establecieron una verdad jurídica: que con el aval de PAN, PRI y el Partido Verde Ecologista, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) violó la ley electoral al hacer una campaña paralela en contra de López Obrador.

El principal beneficiario de esa violación fue Calderón y ahora su partido -al igual que PRI y PVEM- deberán ser multados por hacerse cómplices de la propaganda de la cúpula empresarial a sabiendas que se estaba violando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Los magistrados también pusieron en evidencia la pasividad del Instituto Federal Electoral (IFE), tanto el presidido por Luis Carlos Ugalde, como el de su sucesor, Leonardo Valdés Zurita.

Con Ugalde, el IFE guardó silencio, y con Valdés trató de desvincular a PAN, PRI y PVEM con esa campaña.

Si en la lógica del "haiga sido como haiga sido", la resolución del TEPJF sólo es para la historia, el segundo hecho representa un verdadero revés para Felipe Calderón que prolongará en el tiempo las dudas sobre su elección.

El viernes 31, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que mantiene vigentes las medidas cautelares otorgadas a Proceso para evitar que Calderón destruya las boletas de la elección presidencial.

La CIDH acabó de esa manera con la pretensión del gobierno calderonista de que se levantaran tales medidas, adoptadas en julio pasado como parte de la demanda interpuesta por la revista en contra del Estado mexicano por su reiterada negativa a dar acceso a la papelería electoral del 2006.

Las medidas cautelares son significativas por sí mismas, pues por primera vez el organismo interamericano toma medidas encaminadas a salvaguardar las garantías de los ciudadanos en una verdadera democracia, en particular el del acceso a la información.

Aunque la CIDH aún debe resolver si le da entrada al juicio, sentó ya un precedente a favor de la democracia, gracias a las dudas y violaciones de la elección de Calderón.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

Reforma energética: ganaron las trasnacionales


Jenaro Villamil

Los debates sobre la reforma petrolera dejaron en claro que en el país sí hay una oposición real que defiende la soberanía de los recursos energéticos, considera Manuel Bartlett en entrevista con Proceso. Decidido estudioso de la industria del petróleo, crítico de las iniciativas privatizadoras del presidente Calderón y del coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exsenador priista y exsecretario de Gobernación, lamenta que se hayan impuesto los intereses de las trasnacionales, empresas que se aprestan ya a firmar contratos para la explotación de crudo y gas en zonas como Chicontepec y en aguas profundas del Golfo de México.

"Una primera conclusión de la reforma petrolera es que ganaron los intereses de las empresas trasnacionales", asegura el exsenador priista Manuel Bartlett, uno de los principales críticos en su partido de las iniciativas presentadas por Felipe Calderón y por el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

"Ahora ya está permitida la inversión extranjera en áreas que antes estaban reservadas sólo para Pemex, como la exploración y la producción de petróleo", sentencia.

E ironiza: "Tienen razón Calderón, Labastida, Beltrones, el PAN y Nueva Izquierda. Por supuesto que es la reforma más importante desde la expropiación petrolera de 1938, pero porque va para atrás. Es la desnacionalización del petróleo".

En entrevista con Proceso, dice que de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de abril que aprobaron recientemente las dos cámaras sólo quedó el objetivo principal: "garantizar la apertura a la inversión extranjera; ceder la industria petrolera a las empresas trasnacionales. Por eso lo están celebrando".

Este es un adelanto de la entrevista al exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, que publica la revista Proceso en su edición 1670.

Las 37 inversiones ocultas de Pemex









Pemex y sus subsidiarias reconocen ser accionistas de 37 empresas privadas; de éstas, 20 son de su entera propiedad y forman parte del esquema empresarial estructurado por la petrolera en paraísos fiscales. En ellas ha “invertido” un monto superior a los 63 mil millones de pesos sin rendir cuentas a nadie

Desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias invierten recursos públicos en empresas privadas, a pesar de que ninguna legislación vigente las faculta para comprar o vender acciones.

Por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la paraestatal y sus filiales Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex Refinación (PR) y Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) reconocen inversiones por más de 63 mil millones de pesos en 37 empresas privadas.

Admiten ser los propietarios únicos de 20 de las 37 compañías, de acuerdo con las respuestas a las solicitudes de información 1857200101308, 18575000-60008, 1857600053108, 1857700015208, 1857800015-308 y 1860000004108. Ninguna está registrada como paraestatal.

El valor actual de las acciones de esa veintena de empresas asciende a 30 mil 425 millones 751 mil pesos, de los cuales, 29 mil 304 millones 533 mil pesos estarían radicados en los paraísos fiscales de Islas Caimán, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Bahamas, Países Bajos, Inglaterra y Delaware, Estados Unidos.

Ello, porque 17 de las 20 compañías forman parte del esquema de sociedades instrumentales o fantasmas (international bussines corporation) estructurado en el extranjero por la paraestatal mexicana a finales de la década de 1980 y actualmente manejado por la administración de Jesús Reyes Heroles González Garza (Contralínea 27 y 105).

Las acciones de esas empresas están capitalizadas en cinco monedas: pesos mexicanos, dólares estadunidenses, euros, libras esterlinas y francos suizos, descubren los informes entregados por Pemex y sus subsidiarias a esta revista.

Recursos multimillonarios
De acuerdo con los datos obtenidos, Pemex Corporativo detenta acciones de 26 empresas por 59 mil 898 millones 244 mil pesos. Dicho monto representa el 93.7 por ciento del total, por 63 mil 890 millones 439 mil pesos. Además, el organismo encabezado por Reyes Heroles es el único accionista en 15 de esas compañías.

El equivalente a 4.6 por ciento, es decir, 2 mil 964 millones 821 mil 984 pesos, corresponde a las acciones que posee Pemex Gas y Petroquímica Básica. Se trata de inversiones en seis compañías, de las cuales cuatro son ciento por ciento de su propiedad.

Aunque Pemex Refinación sólo ha invertido en Mexicana de Lubricantes, el capital destinado a ésta –764 millones 144 mil pesos– representa el 1.1 por ciento del valor total actual de las acciones adquiridas por Pemex y sus subsidiarias desde la década de 1980.

El 0.6 por ciento restante se liga a la participación de Pemex Exploración y Producción en tres empresas –una de éstas de su propiedad–, por 416 millones 605 mil pesos.

El ingeniero Rafael Decelis, experto en temas petroleros, asegura que Pemex ha omitido informar a los mexicanos cuántas empresas opera, en dónde y para qué. “Sabemos que existen, pero no tenemos más información”. Por ello, exige se dé transparencia y se rindan cuentas a la sociedad de esta red empresarial.

Al margen de la ley
El ingeniero Felipe Ocampo Torrea –quien durante sus 32 años de labores en la paraestatal llegó a dirigir proyectos industriales de Pemex en Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos– dice que lo único que se sabe respecto de las empresas que Petróleos Mexicanos ha constituido en el extranjero es que carecen de marco jurídico.

Para demostrar esto, lee el artículo tres de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, mismo que señala a PEP, PR, PGPB y Pemex Petroquímica como los únicos “organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios”.

No obstante, en su Informe anual 2007 y en sus Estados Financieros, la paraestatal consolida como sus subsidiarias a otras 15 compañías: PMI Comercio Internacional, SA de CV; PMI Trading, Ltd; PMI Holdings North America, Inc; PMI Holdings Petróleos España, SL; PMI Holdings, BV; PMI Norteamérica, SA de CV; Kot Insurance Company, AG; Integrated Trade Systems, Inc; PMI Marine, Ltd; PMI Services, BV; Pemex Internacional España, SA; Pemex Services Europe, Ltd; PMI Services North América, Inc; Mex Gas International, Ltd; Pemex Project Funding Master Trust; Fideicomiso F/163; RepCon Lux; Pemex Finance, Ltd.

Once de éstas coinciden con las empresas que Pemex Corporativo y sus filiales reconocen como propias; mientras que de las cuatro restantes, conocidas como vehículos financieros –Fideicomiso F/163; Pemex Finance, Ltd; Pemex Funding Master Trust; RepCon Lux–, ni siquiera poseen una sola acción.

Las otras empresas que sí son de su propiedad, aunque no las consolida como subsidiarias, son: III Servicios, SA de CV; Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, SA de CV; Pan American Sulphur Company, Ltd; Pasco International, Ltd; Pasco Terminals, Inc; y el vehículo financiero Pemex Capital, posiblemente en proceso de extinción.

Torrea Ocampo asegura que el Congreso de la Unión nunca ha asignado alguna partida a Petróleos Mexicanos para realizar estas inversiones. Ningún Presupuesto de Egresos de la Federación contiene recursos etiquetados para estas operaciones, detalla.

Consultada al respecto, a través de su vocera Gabriela Gallegos, la paraestatal omitió dar su opinión o conceder las entrevistas solicitadas.

Esquema empresarial
El pasado 17 de julio, el auditor superior Arturo González de Aragón señaló, en el Senado, que “se detectó opacidad, complejidad y confusión en las inversiones de Pemex en acciones de empresas nacionales y extranjeras, las cuales tienen múltiples fines, de las cuales 21 de ellas no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia en la cuenta pública federal”.
Las 20 compañías que Pemex revela como propias y los vehículos financieros se manejan en forma autónoma y no reportan su situación financiera ni económica a la cuenta de la hacienda pública; tampoco están registradas como paraestatales o filiales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El complejo esquema permite a Pemex Corporativo tener el ciento por ciento de las acciones de 15 empresas –de manera directa o indirecta– y operar los cinco vehículos financieros; otras cuatro compañías pertenecen a Pemex Gas y Petroquímica Básica, subsidiaria encabezada por Roberto Ramírez Soberón; y una más, es propiedad de Pemex Exploración y Producción, que dirige Carlos Arnoldo Morales Gil.

Las empresas de Pemex Corporativo son PMI Holdings, BV, Países Bajos; en ese mismo país, PMI Services, BV; PMI Services Europe, Ltd, Inglaterra; Kot Insurance Company, AG, constituida en Las Bermudas y reubicada en Suiza; PMI Holdings Petróleos España, SL –antes PMI Holdings, NV, Las Antillas Holandesas–, España; allí también es operada Pemex Internacional España; PMI Trading, Ltd, Irlanda.

Asimismo posee el ciento por ciento de las acciones de PMI Services North America, Inc, con sede Estados Unidos; en esa misma nación se ubican PMI Holdings North America, Inc; Integrated Trade Systems, cuyas cuentas bancarias están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas; y PMI Norteamérica, SA de CV, operada en México.

Además, maneja los vehículos financieros “privados”, destinados a contratar deuda a nombre de Pemex en los mercados internacionales de capital: RepCon Lux, de Luxemburgo; Pemex Capital, Inc, Estados Unidos; Pemex Finance, Islas Caimán; Pemex Project Funding Master Trust, Estados Unidos; y el Fideicomiso F/163, que obtiene líneas de crédito en México, también con carácter de “privado”.
Las empresas de PGPB son Mex Gas Internacional, Ltd (holding), Islas Caimán; Pan American Sulphur, Ltd, Luxemburgo; Pasco Internacional Sulphur, Ltd, Las Bahamas, y Pasco Terminals, Inc, Estados Unidos. Mientras que PEP posee la titularidad de PMI Marine, Ltd, creada y operada en Irlanda.

Respecto de las inversiones, destaca PMI Holdings, BV, cuyas acciones representan 9 mil 759 millones 819 mil pesos (574 millones 107 mil euros). Le siguen: PMI Norteamérica, SA de CV, 9 mil 274 millones 866 mil pesos; PMI Trading, Ltd, 7 mil 460 millones 3 mil pesos; Kot Insurance Company, AG, 929 millones 966 mil pesos.

Participación minoritaria
De las 23 empresas restantes, cuya inversión total asciende a 33 mil 464 millones 688 mil pesos, sobresale la participación del 4.9 por ciento en la trasnacional Repsol YPF. El valor actual de esas acciones asciende a 23 mil 146 millones 258 mil pesos.

De acuerdo con la información obtenida a través de la Ley de Transparencia, le sigue el paquete accionario de la refinería Deer Park, creada en sociedad con la trasnacional Shell. Éste asciende a 7 mil 113 millones 824 mil pesos.

Otra inversión importante es la que PGPB tiene en la empresa Gasoductos de Chihuahua. El 50 por ciento de la participación tiene un valor actual de 2 mil 11 millones 176 mil pesos.

Ramón Pacheco, diputado por el Partido de la Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Energía, califica estas operaciones financieras como opacas y asegura que el Congreso desconoce en qué términos se dan las relaciones entre Pemex, sus subsidiarias y las empresas privadas en las que participa.

Para la elaboración de este trabajo se solicitaron entrevistas con los titulares de Pemex Corporativo, Jesús Reyes Heroles; Pemex Gas y Petroquímica Básica, Roberto Ramírez Soberón; Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil; PMI Comercio Internacional, Rosendo Zambrano Fernández. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Renta Pemex plataformas texanas chatarra








Documentos confidenciales de Pemex revelan que algunas de las plataformas que rentan
los consorcios texanos a la gestión de Jesús Reyes Heroles no son aptas para operar y que, pese a los millonarios montos que se les paga por arrendamiento diario, tenían graves deficiencias desde el momento de su contratación.

Sonda de Campeche. El primer año de la gestión de Jesús Reyes Heroles González Garza en Pemex se cuenta como uno de los más convulsivos, por los accidentes que se sucedieron en las plataformas, atribuidos por el funcionario a fenómenos meteorológicos. Sin embargo, documentos confidenciales de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya copia posee Contralínea, revelan que en 2007 entraron en operación 40 plataformas, que en su mayoría presentaban graves deficiencias en infraestructura y sistemas de seguridad, detectadas desde que comenzaron funciones; incluso dos de ellas fueron declaradas “no aptas” por los supervisores de la petrolera sin que se rescindieran los contratos.

Las condiciones, ubicación y trabajos de las plataformas petroleras en esta zona neurálgica es considerada por el gobierno mexicano como un asunto de seguridad nacional. Solamente los directivos de Pemex y los contratistas conocen las condiciones físicas y de infraestructura en que los artefactos marítimos son arrendados a la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) –que dirige Carlos Arnoldo Morales Gil– por periodos multianuales y tarifas millonarias, y sólo se conoce de sus deficiencias hasta que ocurre algún desastre.

De las 40 plataformas, 31 son propiedad de los consorcios texanos Mexdrill Offshore, Noble Contracting, Nabors, Todco, Pride Drilling y su subsidiaria México Drilling, grupo económico para el cual trabajó como asesor el hoy director de Pemex y a quien asesora actualmente su predecesor Luis Ramírez Corzo. Todas se contrataron sin opción a compra.
Los documentos de Pemex revelan que la mayoría de estas plataformas presentaban fallas que contravienen las normas de seguridad y los acuerdos internacionales en la materia, como el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, por sus siglas en inglés). En algunos casos, el equipo y la infraestructura contratada y pagada por PEP no era la que en realidad tenían las plataformas al momento en que fueron supervisadas.

Norrie Mc Vicar, presidente del Grupo Internacional de Fuerza de Trabajo Costa Afuera de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), encargada de la supervisión y verificación del cumplimiento de las normas internacionales en las plataformas petroleras en los 148 países miembros, explica que su reciente inspección a la Sonda de Campeche detectó que: “Los mismos consorcios que tienen sus plataformas en el resto de los países petroleros tienen buenas prácticas industriales, pero en el Golfo de México bajan sus estándares de calidad e incumplen las normas internacionales de seguridad”.

Hace un mes, la ITF arrancó a nivel mundial la campaña emergente para mejorar las condiciones de los trabajadores en la Sonda de Campeche. Según la ITF, el principal problema en torno a la industria petrolera es la corrupción.

Chatarras texanas

La compañía Mexdrill Offshore, subsidiaria del consorcio Diamond Offshore Drilling, entró como contratista de Pemex en 2003, cuando Felipe Calderón, entonces secretario de Energía, avaló los millonarios arrendamientos. De las plataformas contratadas para el periodo 2007-2010, cuatro son de esta compañía: Ocean Nugget, Ocean Worker, Ocean New Era y Ocean Ambassador, pese a que el corporativo exime obligaciones con el fisco al operar en paraísos fiscales (Contralínea 111).

Las actas de Pemex revelan que las cuatro plataformas tienen deficiencias. En el caso de la Ocean New Era, se dictaminó “no apta”, aunque no se le rescindió el contrato.

Ésta fue construida en Alabama en 1974 y operaba con bandera de Estados Unidos. Actualmente utiliza bandera de conveniencia de las Islas Marshall, según datos de la Secretaría de Marina Armada de México. El 27 de julio de 2007 se arrendó con el contrato 421006824, por 250 millones de dólares, aún cuando éste estipulaba que la plataforma debía tener un año máximo de construcción de 1990.

Durante tres meses no se le sometió a ninguna verificación. El 14 de octubre el grupo multidisciplinario encargado de los check list, encabezado por Alberto Soberanis Gutiérrez, concluyó que no cumplía los requerimientos mínimos de PEP. El documento indica que, durante los dos días que se inspeccionó, “se presentaron condiciones inseguras” y que no se contaba con un plan de respuesta de emergencia: hubo una alerta de presencia de gas y el personal de la contratista no supo cómo actuar; además, se descubrió que no tenía el paquete básico de seguridad para detectar gas sulfhídrico.

Aún con estas deficiencias se le paga una renta promedio de 3.5 millones de pesos al día, vigente hasta el 29 de enero de 2010. La Ocean New Era opera al norte del campo Ku-Maloob-Zaap, a un costado de la plataforma Petrolia.

El 26 de julio de 2007, otras dos plataformas de Mexdrill comenzaron a operar en la Sonda: la Ocean Voyager y la Ocean Worker. La primera fue construida en 1973 y traída del Puerto de Sabine Pass, Texas; se rentó mediante el contrato 421006823 por 324 millones de dólares. Se supervisó hasta el mes de noviembre, aunque la norma indica que la revisión debe ser previa.

El monto del contrato incluye el mantenimiento integral de la plataforma y el costo de la tripulación (42 personas) del 26 de julio de 2007 al 10 de febrero de 2010. Cuando se supervisó, dicen los documentos, adolecía de mantenimiento general. La infraestructura más deteriorada: grúas, zona habitacional, comedor y servicio médico. En el área de seguridad, los extintores estaban caducos, los botes salvavidas no tenían equipo de comunicación y los remos no servían. Tampoco las balsas salvavidas eran aptas.

Aunque los sistemas de comunicación son vitales para comunicarse con tierra, los de la Ocean Voyager no estaban completos o no funcionaban. Ante las deficiencias, los representantes del área de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Calidad de PEP se negaron a firmar el acta donde se le determina “apta” para operar.

El check list de la Ocean Worker, rentada mediante el contrato 421007826 del 26 de julio al 24 de agosto de 2007, indica que el helipuerto presentaba fallas, al igual que los sistemas de detección de gas.

En diciembre de 2007 entró en operación la Ocean Ambassador, construida en 1975, arrendada mediante el contrato 421007832, que concluyó en abril pasado. El acta de supervisión indica que el software con el que operaba no era el estipulado en el contrato. En cuanto a la infraestructura, habían fallas en los sistemas de medición de flujo de combustible.

Todco, plataformas de alto riesgo

En 2007, la texana Todco, subsidiaria del The Offshore Drilling Company, rentó dos plataformas de perforación marina autoelevable: The 205 y The 206. La primera, del 25 de junio de 2007 al 23 de junio de 2009. La segunda, del 29 de octubre de 2007 al 27 de octubre de 2009.

La The 205 fue calificada “no apta” por los supervisores. Tampoco se le rescindió el contrato. Se verificó en enero pasado, tres meses después de que iniciara trabajos. Ante las deficiencias, los representantes del SIPAB, Alberto Pérez Hernández y Claudia Lizbeth Martínez Ascencio, y el encargado de mantenimiento SPESO, Ignacio Cárdenas Castan, se negaron a firmar las actas.
Se descubrió que requería mantenimiento anticorrosivo urgente. El equipo de radiotransmisión estaba incompleto. El sistema general de alarma no tenía señalización.

Las grúas no movían la carga requerida, lo que alteraba los trabajos en los pozos. La caseta de los perforadores de pozos no tenía equipo de comunicación. La contratista no presentó reportes de los pozos en los que trabajaba, tampoco de las fallas durante los trabajos ni las acciones correctivas. No se tenía sistema de mezclado de lodos. Las bombas contraincendio no alcanzaban la presión requerida. Las canastas de carga estaban oxidadas y rotas. El quemador ecológico, que de acuerdo con el contrato debe operar desde que la plataforma inicia trabajos y hasta el último día de arrendamiento, no servía. Los residuos de hidrocarburos estaban apilados por todas partes.

El gabinete médico carecía del instrumental y tanto el mobiliario como el material clínico eran de calidad inferior a los mínimos requeridos. Por ejemplo: la camilla ubicada en el piso de perforación estaba sucia y los tubos corroídos.

El mobiliario de las oficinas estaba oxidado y las láminas laterales filosas. El software y hardware no cumplían los requerimientos estipulados en el contrato de PEP. El drenaje en la zona habitacional y piso de perforación estaba tapado.
En cuanto a los sistemas de seguridad: los botes salvavidas no tenían mantenimiento y no pasaron las prueba de izaje. Los motores de las lanchas salvavidas no servían. El contrato marcaba que debía haber cuatro resucitadores de oxigeno y solamente había dos. Los cables de seguridad eran deficientes.

El check list de la The 206 revela anomalías en las áreas de infraestructura y seguridad. No se tenía el certificado clase ABS. No tenía detectores de concentración de gas sulfhídrico ni había alarmas de detección de gas.
El helipuerto requería de mantenimiento anticorrosivo y un programa contraincendio. Las grúas no tenían sistemas de comunicación, tampoco las zonas de perforación. El equipo de bombeo era deficiente, los motores estaban dañados.
Todo el mobiliario de la zona habitacional requería ser sustituido. El personal de la plataforma no pudo comprobar su experiencia y tampoco estaba capacitado para situaciones de emergencia.

Noble, plataformas vetustas
El primer año de la gestión de Reyes Heroles se arrendaron nueve plataformas del consorcio Noble International, construidas entre 1975 y 1981: Noble John Sandifer, Noble Eddie Paul, Noble Leonard Jones, Noble Johnnie Hoffman, Noble Sam Noble, Noble Earl Frederickson, Noble Bill Jennings, Noble Lewis Dugger y Noble Tom Jobe.

En las plataformas, los helipuertos son estratégicos para arribos, traslados y evacuaciones de emergencia de personas y materiales. Sus condiciones están delineadas en las cláusulas de los contratos de PEP con base en la norma aeronáutica internacional.
Los documentos de supervisión revelan que las plataformas de Noble presentan fallas en las normas de seguridad, infraestructura o mantenimiento de sus helipuertos. Cuando se inspeccionaron, más de la mitad tenía deficiencias de seguridad, mantenimiento, limpieza, tratamiento anticorrosivo, sistema contraincendio, iluminación para luz nocturna y rutas de acceso; tampoco había señalamientos ni instructivos básicos de seguridad para los pasajeros.

Destaca el caso de la Noble Earl Frederickson, que se rentó del 2 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2008 mediante el contrato 421007810. El helipuerto para descenso y despegue de helicópteros Bell 412 se aceptó “de forma condicionada”, pues no cumplía las normas de seguridad.

La observación general es que las plataformas de Noble carecen de mantenimiento anticorrosivo preventivo y correctivo. Las grúas presentan fallas y el equipo de salvamento (lanchas, botes, remos) está en malas condiciones. Las alarmas de emergencia presentan deficiencias.

Otras fallas se registran en los sistemas detectores de gas sulfhídrico, gas combustible y detección de humo y fuego, los cuales, al momento de la supervisión, requerían de mantenimiento inmediato.

La plataforma Noble John Sandifer, arrendada mediante el contrato 421006837 por 161 millones de dólares para el periodo del 20 de septiembre de 2007 al 20 de marzo de 2010, se verificó el 23 de septiembre. El documento registra: “Excesiva corrosión”. La estructura total de la plataforma requería de mantenimiento anticorrosivo emergente. La herramienta presentaba alto grado de deterioro y requería ser sustituida. Las grúas no estaban calibradas y los cables de acero no estaban certificados.

En la zona de perforación de pozos, las válvulas de las presas de lodo reportaban fallas, lo mismo que las anclas de perforación, las conexiones de transferencia de líquidos materiales, faltaban bombas para los pozos. El piso de perforación requería de mantenimiento anticorrosivo y sustituir el cableado. La plataforma no tenía todo el equipo de mezclado de activos y lodos y el que había tenía fallas, al igual que las anclas de perforación. Tampoco tenía sensores para la medición de parámetros de perforación.
El área habitacional estaba completamente deteriorada, por ejemplo no había aire acondicionado (indispensable ante la alta temperatura en altamar), los plafones de las cabinas, pasillos y oficinas estaban rotos o no había; los baños no estaban en condiciones de uso. La de almacenamiento de materiales y patio de tuberías tampoco cumplía con las condiciones de seguridad y salubridad. El área de bombas necesitaba mantenimiento anticorrosivo, engrase y verificación, lo mismo que las líneas de control.
Se registraron fallas en la red contraincendio y los detectores de humo. El sistema general de alarma no servía, tampoco tenía los certificados de alguna sociedad clasificadora perteneciente a la IACS, como indica el contrato. El equipo de salvamento tampoco estaba vigente.

Para los trabajos en plataformas, las grúas son cruciales para toda operación; éste es uno de los requerimientos primordiales en los contratos; empero, la mayoría de grúas de las plataformas del consorcio Noble han presentado fallas, de acuerdo con los documentos de supervisión. Otras no cumplen con la capacidad estipulada en el contrato para carga y descarga de las plataformas a los barcos abastecedores y viceversa. Todas requerían de mantenimiento inmediato.

Por ejemplo, en el caso de la Noble Sam Noble, plataforma arrendada del 21 de septiembre de 2007 al 21 de marzo de 2010, mediante el contrato 421006846 por 161 millones de dólares, la grúa no tenía sistema de emergencia y los cables de acero no estaban dentro de los periodos metalográficos tolerables.

En el caso de la Noble Johnnie Hoffman (supervisada el 28 de octubre), además de las fallas en la grúa, los sistemas de alarma de toda la plataforma tenían averías. El equipo de salvamento tampoco servía. Esta plataforma fue arrendada mediante el contrato 421006844 por 163 millones de dólares, del 15 de octubre de 2007 al 14 de octubre de 2010.
En algunas de las plataformas que entraron en operación el año pasado, los documentos revelan que se le dieron prórrogas para adaptar las especificaciones del contrato.

Uno de estos casos es el de la Noble Tom Jobe, que se arrendó mediante el contrato 421007820 del 8 de agosto de 2007 al 8 de agosto de 2008. A finales de agosto, durante la supervisión, se le autorizó una venia al mes de noviembre para adaptar la infraestructura y materiales según el contrato. Posteriormente, no se supervisó si la compañía cubrió los requerimientos.
Otra prórroga se le dio para la Noble Eddie Paul, rentada mediante el contrato 421006831 por 165 millones de dólares, del 5 de junio de 2007 al 3 de diciembre de 2009. Según los documentos de PEP, los tableros de control, los indicadores de presión y los de nivel de lodos estaban descompuestos.

El caso de Nabors
En 2007, cinco de sus plataformas fueron arrendadas por PEP, dos de ellas por adjudicación directa. Cuando los especialistas las evaluaron detectaron deficiencias en todas ellas. La falla generalizada es en los helipuertos, las áreas de perforación, zonas habitacionales y sistemas de seguridad.

No se contaba con atlas de riesgo, no había planos de distribución de equipo de emergencia ni de rutas de evacuación, tampoco dispositivos de seguridad. Las alarmas de gas y combustible no estaban calibradas. Los botes salvavidas no pasaron las pruebas de izaje y navegación. En algunos extintores faltaban señalamientos. Los barandales no se mantenían firmes.
La administración de la paraestatal contrató, sin licitación pública de por medio, las plataformas de Nabors argumentando que cubrían los requisitos contractuales. En contraste, los documentos internos revelan que no todas cubrían las especificaciones del contrato.

Uno de estos casos es la Mase 802. El contrato 421006840, del 24 de mayo de 2007 al 11 de febrero de 2008, estipulaba un mástil de 147 pies y una capacidad nominal bruta mínima de 1 millón 100 mil libras, el de Nabors era de 100 mil libras menos. Tampoco tenía sistema de circuito cerrado de televisión con zoom para monitorear todas las operaciones. El contrato requería de motogeneradores de arranque eléctrico, el de Nabors era manual. El equipo de perforación tampoco era acorde con las especificaciones. El sistema para separación de sólidos que supuestamente ya tenía el equipo de Nabors, según su propuesta ante Pemex, en realidad apenas estaba en proceso de adquisición.

Se encontraron fallas en los sistemas de detección de gas sulfhídrico, gas combustible y detección de humo y fuego en las áreas principales de riesgo: área de máquinas, piso de perforación y áreas habitacionales. El drenaje de aceites no tenía separador de contaminantes, tampoco había un tanque recolector que impidiera que las aguas aceitosas fueran desechadas directamente en el mar.
El helipuerto de la Mase 802 tampoco cumplía con las normas mínimas de seguridad. Los cristales de las grúas estaban estrellados, no había extintor y el tacómetro no servía.

Respecto de los servicios: los baños y servicios individuales, unidad para tratamiento de agua y calentadores de agua estaban en mal estado. El área de cocina y comedor tampoco cumplían los requerimiento del contrato.

En los equipos de seguridad: chalecos, botes, preservadores de vida, balsas inflables, resucitadores de oxígeno y aros requerían ser sustituidos. La red contraincendio no operaba; la presión de las bombas era 50 por ciento menor al mínimo requerido. No había extintores.

El contrato requería de por lo menos una unidad desaladora de agua para obtener agua potable en situaciones de emergencia, la de la Mase 802 estaba fuera de servicio. No había señalamientos de emergencia en el área habitacional ni otras zonas de operación. El personal no tenía conocimientos mínimos para situaciones de riesgo.

Los contratos de arrendamiento estipulan la certificación de todo el personal a bordo de plataformas, pero ninguno de los trabajadores de esta plataforma, desde el encargado por parte de la compañía, jefes de mantenimiento, supervisión mecánica, supervisión eléctrica ni el personal encomendado a la perforación de pozos pudo comprobar su experiencia.

En el caso de la P-18, alquilada mediante el contrato 421006841 del 3 de marzo de 2007 al 19 de enero de 2009, se descubrieron fallas en los sistemas de detección de gas; el helipuerto carecía del certificado que avalara la capacidad de la infraestructura receptora de naves. En el área habitacional no había alarmas. El consultorio médico carecía del instrumental básico.

En el caso de la plataforma Super Sundowner X, que se rentó del 9 de julio de 2007 al 25 de julio de 2008 a razón de 22 millones de dólares, fue supervisada el 12 de diciembre. Se descubrió que en general el equipo de monitoreo de toda la plataforma presentaba fallas, así que los trabajos de carga, descarga y perforación no eran monitoreados.

El dictamen señala que las condiciones del helipuerto ponían en riesgo a los helicópteros que arriban a la zona.
La Unidad de Bombeo de alta presión y las de lodos tampoco servían. Según el contrato, la plataforma debía contar con un separador de aguas aceitosas y un tanque de recolección con las líneas de drenaje interconectadas. Los supervisores encontraron que el separador no estaba instalado, es decir, durante más de un año descargó de manera directa las aguas contaminadas.
En el área de cocina se detectaron deficiencias en la zona de conservación de alimentos. Respecto al equipo de seguridad, la compañía no contaba con los certificados de sus botes salvavidas.

Las condiciones laborales de seguridad industrial e higiene son supervisadas, si acaso, una vez por año. Al respecto, trabajadores de este sector explican que aprovechándose de la falta de vigilancia, los contratistas no cubren los requerimientos a los que los obligan no sólo las cláusulas contractuales, sino la Ley Federal del Trabajo, de procurar a los empleados condiciones mínimas de seguridad laboral.

Uno de estos casos es el de la plataforma Nabors 659, que entró al servicio de PEP el 15 de enero de 2007 mediante el contrato 421006822; hasta pasados tres meses en que se hizo la supervisión (fechada el 26 de abril) se detectó que no había servicio médico.
El capitán Joaquín Dorantes, exfuncionario de Pemex y actual integrante del Frente Unido de Marinos Mercantes, explica que la falta de supervisión en las plataformas ha tenido como consecuencia muertes que se registran en esta zona. Destaca que un ejemplo son los check list que se realizan meses después de que las plataformas entraron en operación, lo cual es también contrario a los procesos de licitación, pues las condiciones de las plataformas deben revisarse antes de entrar a operar.

De acuerdo con las leyes y normas mexicanas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tienen obligación de realizar visitas frecuentes a las plataformas, sin embargo éstas no se ejecutan.
Los inspectores de la ITF en México, Enrique Lozano y Honorio Galván, denuncian que Pemex obstaculiza las visitas de supervisión a las plataformas. Se ha negado el acceso aún cuando México es miembro de la organización internacional y, por tanto, sujeto a que se inspeccionen las plataformas.

Pride Drilling
En 2007, 10 plataformas del consorcio texano Pride entraron a la Sonda de Campeche. Aún cuando ésta es una de las compañías que más dinero ha recibido de PEP por la renta de sus equipos, no ha procurado dotarlos de los sistemas de comunicación y de seguridad que especifican los contratos. Las principales irregularidades en las plataformas de Pride son respecto al habituallamiento, los equipos de comunicación y seguridad. Hasta se detectaron casos de plataformas cuyo software carecía de licencias de uso.
En la Pride 100SE, contratada del 19 de abril de 2007 al 17 de abril de 2009, se descubrió que las balsas inflables estaban caducas, no había preservadores de vida y faltaban chalecos salvavidas. En la Pride Tenesse, arrendada del 1 de marzo de 2007 al 28 de agosto de 2009, el helipuerto no tenía instalado el sistema contraincendio.

La plataforma de perforación autoelevable Pride Oklahoma, arrendada del 11 de agosto 2007 al 9 de agosto 2008, tenía los extintores caducos desde noviembre de 2004, no había resucitadores y los instructivos de seguridad no estaban en español. Los motores de combustión tenían fugas. Faltaban válvulas de seguridad. Gran parte del equipo contratado no estaba en plataforma, la contratista argumentó que lo tenía en su bodega de Ciudad del Carmen.

La plataforma Pride Louisiana, arrendada del 17 de marzo de 2007 al 15 de marzo de 2009 (contrato 421006829), no tenía las suficientes balsas inflables para toda la tripulación, en detrimento al contrato y a la norma SOLAS.

En noviembre de 2007 se supervisó la Pride Texas, rentada a PEP para el periodo del 15 de septiembre de 2007 al 13 de septiembre de 2009 (mediante el contrato 421006832). Toda la plataforma requería de mantenimiento anticorrosivo, “orden y limpieza de los equipos contraincendios”. Las áreas que requerían de mantenimiento emergente, cita el documento, eran los motogeneradores, motores y ductos. Hacía dos meses que estaba en operaciones, pero el equipo contratado no estaba completo y la grúa no servía.
La Pride Mississippi, arrendada con el contrato 421007808, del 17 de septiembre de 2007 al 15 de septiembre de 2008, registraba falta de mantenimiento anticorrosivo, tampoco contaba con la maquinaria contratada y no tenía unidades salvavidas.
La Pride Colorado, arrendada mediante el contrato 421007809, del 1 de julio de 2007 a 29 de junio 2008, registraba falta de mantenimiento general; drenaje y baños tapados, equipo médico incompleto; desperfectos en las líneas de pozos, el sistema contraincendio y los sistemas de gas presentaron fugas.

Cuando se supervisó la Pride California, arrendada mediante el contrato 421007825, del 29 de octubre de 2007 al 27 de octubre de 2008, reportó tantas deficiencias que el representante del consorcio ante Pemex, Bruce Thornock, y el coordinador de Operaciones de Pride, José Rodrigo Nieto Loyo, se negaron a firmar las actas. La plataforma no tenía documentos de certificación aplicable vigente, esto es que ninguna casa clasificadora había avalado su calidad.

En cuanto a la infraestructura, la Pride California registró deficiencias en su helipuerto; en el área de grúas era emergente el mantenimiento anticorrosivo, la cabina tenía una fuga de aceite hidráulico y no tenía cristales. Los equipos de perforación estaban oxidados y algunos fierros y barandales estaban doblados. El equipo de seguridad no tenía mantenimiento. Todo el mobiliario del área habitacional estaba deteriorado. No había equipo instrumental médico.

Mediante su subsidiaria Mexico Drilling Limited, Pride rentó la plataforma Pride 1002E (contrato 421006842), del 27 de junio de 2007 al 25 de junio de 2009. Cuando se supervisó, se detectó que operaba sin quemador ecológico, contrario a las normas internacionales y al contrato de PEP. El helipuerto no tenía sistema contraincendio ni equipo de protección personal. Había fallas en el equipo de perforación, grúa, motobombas y motores. El equipo médico estaba en mal estado. La Pride cobró a PEP cuatro lavadoras y cuatro secadoras industriales para el personal abordo, se descubrió que no había tales.

En cuanto al ámbito de seguridad, no había botes salvavidas ni balsas, señalamientos ni rutas de evacuación. Al respecto, durante la supervisión, la empresa argumentó que los botes salvavidas no estaban a bordo “por falta de espacio físico”; pero “que cuando PEP se los requiriera podrían mostrarlos”.

Contralínea solicitó entrevistas con los representantes de los corporativos y con Reyes Heroles y Morales Gil. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La farsa de la reforma electoral








La reforma electoral, que supuestamente haría menos onerosas las campañas proselitistas, apenas podrá reducir en 10 por ciento el total de los recursos destinados a las elecciones de 2009. Informes y especialistas revelan que, a cambio, el IFE perdió autonomía frente a los tres grandes partidos, los cuales seguirán enriqueciéndose

No obstante que la reforma electoral se realizó con el objetivo de “garantizar la equidad y la disminución en los costos de campañas electorales”, el financiamiento ordinario a partidos políticos no fue reducido sustancialmente.

Al comparar la propuesta del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre financiamiento de las campañas para elegir diputados a la LXI Legislatura en 2009 con lo erogado en 2006, sólo hay una disminución del 10 por ciento.

Por cada ejercicio de 2008 y 2009, los partidos políticos recibirán como “gasto ordinario” 2 mil 538 millones 574 mil 217 pesos; para “actividades específicas”, 76 millones 157 mil 226 pesos, y 50 millones 771 mil 484 pesos por “franquicias postales”.

Según el documento Reformas al Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) en materia de financiamiento y fiscalización, elaborado por la representación de Convergencia ante el IFE, el financiamiento público en 2008 será de 195 millones 952 mil 180 pesos en dinero y de 6 millones 436 mil 435 pesos en especie.

De 2007 a 2008 –año en que se concretó la reforma electoral–, el financiamiento público ordinario sólo se redujo 5 por ciento. En tanto, la partida para actividades específicas –educación y capacitación política, investigación y tareas editoriales– aumentó 63 por ciento para este año. Por lo tanto, el presupuesto total de 2007, que sumó 2 mil 697 millones 165 mil pesos, sólo disminuyó 3 por ciento para 2008.

Respecto de 2006, según datos del Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los partidos obtuvieron 4 mil 175 millones 367 mil pesos: 2 mil 68 millones 375 mil para actividades ordinarias y 37 millones 110 mil pesos para actividades específicas.

Con la modificación al artículo 41 constitucional, que reduce el financiamiento para propaganda política en 70 y 50 por ciento en elecciones intermedias y presidenciales, la campaña de 2009 tendría un costo de 761 millones 572 mil 265 pesos.

Sin embargo, el 30 de agosto el IFE aprobó su proyecto de presupuesto 2009 por 12 mil 880 millones de pesos: 9 mil 150 millones de pesos para su gasto operativo y 3 mil 730 millones para prerrogativas de partidos, de los que 856 millones 233 mil pesos serían destinados al financiamiento de campaña. Entre los años electorales 2006 y 2009, el presupuesto a partidos se reduciría 10 por ciento.

El Informe de la auditoría de desempeño, evaluación del proceso electoral federal de 2006, de la ASF, anota que se entregaron 2 mil 68 millones 375 mil pesos a partidos políticos para gastos de campaña y 1 millón 506 mil pesos para apoyo en radio y televisión. La diferencia entre las elecciones presidenciales y las intermedias de 2009, con la propuesta del IFE, es de casi el 60 por ciento.

Juan Pablo Becerra, en su artículo “La reforma electoral de 2007”, publicado en septiembre en la revista Topodrilo, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), deduce que con la nueva fórmula propuesta por la reforma, el presupuesto para campaña en 2006 hubiera disminuido hasta 1 mil 116 millones 890 mil 149 pesos.

Considerando las elecciones intermedias de 2003 y las presidenciales de 2006, la reducción sería del 62.12 por ciento. No así el financiamiento ordinario, que de 2001 a 2006 sólo alcanzaría una disminución de 10.96 por ciento.

El miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y académico en el Departamento de Sociología en la UAM- Iztapalapa argumenta que “si el elemento más fuerte de la reforma es la prohibición para contratar tiempos en radio y televisión, además de la disminución de las campañas, se antoja que la reducción en el financiamiento de partidos pudo haber sido mayor”.

Ejemplifica que con el nuevo modelo, el gasto diario de campaña en 2003, cuando se eligieron diputados federales, se reduciría en 70.7 por ciento. Ese descenso lo confronta con la disminución por el mismo concepto en 2006, la que se calcula en sólo 3.4 por ciento. Opina que “los partidos no están dispuestos a bajar sustancialmente su financiamiento público”.

Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), niega que la reforma reduzca el costo de las elecciones. Señala que la disminución del financiamiento debería ser sustancial, pues la duración de las campañas será menor y no se erogará por tiempo en radio y televisión.

“El presupuesto no se justifica porque mantiene burocracias partidistas”, opina. Observa que para 2012 tampoco habrá una disminución importante, pues habrá más ciudadanos inscritos al padrón electoral y costos añadidos en materia de monitoreo, fiscalización y centralización de funciones debido a la reforma.

Para la secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Dora Alicia Martínez Valero, la fórmula del financiamiento es mucho más clara y permite que se mantenga el presupuesto, sin que se incremente, de integrarse más partidos. “La fórmula –argumenta– le da mayor estabilidad a la entrega de prerrogativas a partidos políticos. Contrario a lo que se cree, el padrón irá decreciendo y eso va a disminuir los recursos”.

Inequidad en campaña
El análisis El costo de la democracia en México, ¿más barata y equitativa?, elaborado por la fracción parlamentaria de Convergencia, estima que el equivalente económico del tiempo gratuito en radio y televisión para las elecciones intermedias de 2009 y la presidencial de 2012 sería 600 y 900 por ciento más que lo erogado en las presidenciales.

Mientras por el proceso electoral de 2006 se gastaron 2 mil millones de pesos, la propaganda en las elecciones para diputados en 2009 costaría casi 12 mil millones de pesos. A su vez, el costo de publicidad en medios electrónicos para el sufragio de 2012 se incrementaría hasta 18 mil millones de pesos, nueve veces más que lo gastado en 2006.

Para el proceso electoral de 2009, los partidos tendrán derecho a 18 minutos diarios durante los 40 días de precampaña y 41 minutos diarios en los 60 días de campaña. Según el documento, gozarán de 4 millones 413 mil 840 minutos de exposición en medios electrónicos: 4 millones 95 mil 840 minutos en radio y 318 mil en televisión. Del total, 999 mil 360 se orientarán a la precampaña y 3 millones 414 mil 480 a la campaña.

Puesto que el Plan de Medios del Instituto Federal Electoral incluye a 1 mil 288 radiodifusoras y a 100 canales de televisión, legisladores del partido estiman que el costo de campaña ascendería a 11 mil 53 millones 600 mil pesos, repartido en 8 mil 191 millones 600 mil para radio y 2 mil 862 millones para televisión.

En opinión de Convergencia, las cifras reflejan que el espíritu del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) –que de manera mayoritaria aprobaron la reforma– fue beneficiarse de los tiempos oficiales: “A todas luces encarecen el costo de la democracia en nuestro país, que es la más cara e inequitativa del mundo”.

Fuera del periodo electoral, el IFE tiene el 12 por ciento del tiempo del Estado en medios electrónicos: ocho minutos para radio y seis minutos para televisión, que será repartido en 50 y 50 por ciento entre partidos políticos y autoridades electorales.

El estudio indica que mensualmente los partidos tienen derecho a 120 minutos en cada estación radiofónica y 90 minutos en cada canal de televisión. En 11 meses –entre marzo de 2008 y febrero de 2009, fecha en que arrancan las precampañas– el tiempo total sumará los 39 mil 600 en radio y 29 mil 700 en televisión. Por lo que el costo supondría erogar 346 millones 500 mil pesos.

El documento informativo Administración del tiempo del Estado en radio y televisión del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE, publicado en julio de 2008, señala que durante el periodo de precampaña y campaña el órgano tendrá 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, que será repartido entre partidos políticos y autoridades electorales.

El 30 por ciento del tiempo asignado a partidos políticos se distribuirá en forma igualitaria. Nuevos partidos políticos no gozarán de esta prerrogativa, mientras que el 70 por ciento restante se entregará en proporción a los votos obtenidos en el sufragio inmediato anterior para elegir diputados federales.

Así –apunta el estudio El costo de la democracia en México, ¿más barata y equitativa? de Convergencia– mientras Acción Nacional transmitirá en campaña y precampaña 1 millón 138 mil 592 minutos en radio y 88 mil 400 en televisión, el Partido Socialdemócrata (antes Alternativa Socialdemócrata) tendrá derecho a 213 mil 807 minutos en radio y 16 mil 600 en televisión.

La proporción –deduce Convergencia– es mayor de 5 a 1, es decir, que por cada cinco minutos que transmita el PAN, Socialdemócrata tendrá uno: “Con esta diferencia autolegislada por PAN, PRI y PRD, ¿qué probabilidades de penetración en medios tienen los partidos emergentes?”.

El documento Reformas al Cofipe en materia de financiamiento y fiscalización, de la representación de Convergencia en el IFE, enumera que PAN, PRI y PRD gozarán de 37.73 minutos diarios en radio y televisión durante la precampaña y la campaña de 2009.
El Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y el Partido Socialdemócrata tendrán derecho a 21.26 minutos. En tanto los tres partidos mayores se beneficiarán con casi el 64 por ciento del tiempo total, los cinco menores lo harán con el 36 por ciento.

Con la reforma, el artículo 78 del Cofipe establece que el financiamiento para actividades ordinarias resulta de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

También el 70 por ciento del presupuesto, tanto para actividades ordinarias como para específicas, se repartirá conforme al porcentaje obtenido en la votación anterior para elegir diputados federales. El resto se entregará de manera equitativa.
De esta manera para 2008, PAN, PRI y PRD obtuvieron 1 mil 623 millones 597 mil 24 pesos, y los cinco restantes, 914 millones 977 mil 192 pesos. Para actividades específicas –el 3 por ciento del financiamiento ordinario–, en total 48 millones 707 mil 910 pesos se orientaron a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del sol azteca.

Aunque observa que el sistema político mexicano se avecina a tener pocos partidos, Cárdenas Gracia sostiene que el bajo presupuesto a partidos pequeños los condena a seguirlo siendo, mientras se fortalece el tripartidismo entre el PRI, PAN y PRD. En tanto, la aparición de nuevos partidos está imposibilitada por el aumento en los requisitos que establece el Cofipe.

Juan Guerra, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, observa que los pequeños partidos tendrán derecho a prerrogativas, a las que no tenían acceso: “No deja de ser inequitativo, pero ahora gozarán de tiempo del Estado, que no hubieran podido solventar”.

Relacionado con la celebración de las campañas, la reforma al Cofipe en su artículo 211, párrafo tercero, establece que los precandidatos no realizarán proselitismo o difusión de campaña por ningún medio. La violación a esta disposición será sancionada con la negativa del registro del precandidato. También el apartado C de la fracción tercera del artículo 41 constitucional enuncia que, en la campaña electoral, los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren o calumnien a instituciones y partidos.
Al respecto, Cárdenas Gracia predice que en la elecciones intermedias de 2009 será común la presencia de candidatos en entrevistas y menciones en radio y televisión, es decir, vías que vulneren el sentido de la reforma. Al respecto, la legisladora Martínez Valero expone que los legisladores deben asumir de inmediato la tarea de reglamentar el artículo 134, párrafo séptimo.

“La propaganda –estipula el artículo–, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”
La diputada panista admite que “nos hemos quedado cortos en la instrumentación, porque la línea es muy delgada y corremos el riesgo de ser totalitarios. No hemos sabido encontrar los mecanismos para que no se le dé la vuelta a la ley”. En este sentido, el diputado Juan Guerra declara que 150 aspirantes ya se promueven con carteles y publicidad impresa, por lo que el IFE tiene pendiente su sanción.

Política electoral, retrocesos y avances
Con la reforma se incluyó la figura de un contralor general nombrado por la Cámara de Diputados, a propuesta de instituciones públicas de educación superior, que durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto una vez.

A decir del también exconsejero del IFE, Cárdenas Gracia, la disposición le quita autonomía al órgano. Para Martínez Valero la figura del contralor era necesaria, pues el IFE se volvía juez y parte: “Le da mayor certeza al ciudadano que exige transparencia y fortalece al Instituto”.

El investigador también califica de retroceso la desaparición de la Comisión de Fiscalización, pues ahora la revisión de los partidos recaerá en una unidad nombrada por el Consejo General del IFE. Opina que ello limita la inspección fiduciaria y el acceso de los consejeros a la investigación: “No podemos esperar grandes resultados, como la indagación recaerá en un órgano, que decidirá qué parte fiscalizar, los consejeros están condenados a conocer sólo el resultado”.

La diputada panista defiende que la unidad técnica permitirá tomar decisiones más claras, veraces y uniformes. En el pasado –describe– la investigación era sesgada por la comisión porque no tenía todas las herramientas.

El académico apunta como una regresión más que los militantes de los partidos agraviados durante el proceso electoral tengan que agotar las instancias de su partido antes de llevar su denuncia ante el Tribunal Electoral Federal. Considera que ello “favorece el poder de las nomenclaturas”. Agrega la derogación del artículo 97 de la Constitución, que le daba atribuciones a la SCJN para investigar la violación al voto público.

Por el contrario, para el integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Guerra, es una manera de garantizar que el partido trate la inconformidad y sea resuelta a tiempo mediante un órgano de control.

El legislador de la fracción perredista señala como otro asunto postergado el de las candidaturas independientes: “Se impuso el conservadurismo de los partidos que temen que un militante se registre como candidato independiente”. Añade que en el tema de la compra y coacción del voto, el PRI y el PAN tampoco quisieron avanzar. Por lo que será necesario que el Instituto Federal Electoral tome medidas.

RECUADRO: Costo del voto en 2006
El Informe de la auditoría de desempeño, evaluación del proceso electoral federal de 2006 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señala que en las elecciones presidenciales cada voto costó 35 dólares.
El máximo órgano de fiscalización refiere que el estudio Costo de las elecciones, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, arrojó que México no sólo se ubica en el último lugar de los países en transición democrática, sino que es el segundo país más caro en la obtención de cada voto, sólo por debajo de Cambodia.
Al comparar 21 países, la ASF explica que el costo del voto en países con una experiencia electoral consolidada varía entre uno y tres dólares, como en Estados Unidos y en países europeos.
Los costos se elevan de 3.7 a 35.3 dólares en países con menos experiencia y donde hay múltiples partidos políticos, mientras que en países con conflictos postelectorales el costo fluctúa entre 8 y 45.5 dólares. Así mientras en Palestina, asediada por un conflicto bélico desde hace 60 años, el voto cuesta 9 dólares, en México, su valor es cuatro veces mayor.

[Aquí va una infografía]

RECUADRO: IFE, en riesgo de politizarse: Ackerman
John Mill Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que tras la reforma al Instituto Federal Electoral (IFE) hay problemas respecto al diseño institucional del organismo. Ejemplifica que resultan confusas algunas causales de sanción en el régimen de responsabilidades.

El artículo 380 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) define como causales el inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competen a otros órganos del instituto y tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de labores. Expone que “se abre una amplia posibilidad para controlar y limitar la actuación de consejeros, además dan un poder discrecional y abierto al contralor del instituto”.

Califica también como negativo que se haya acotado la función de las comisiones del IFE, cuyos integrantes se redujeron de cinco a tres. Explica que dicha disposición fue motivada, pues se convertían en pequeños feudos dentro del órgano.

El especialista en derecho electoral indica que las comisiones descentralizan el poder y hacen más eficaz al Instituto: “Permiten que los consejeros electorales observen, fiscalicen y controlen lo que ocurre en el IFE. Si todo ocurre a nivel de Consejo General es más difícil conocer los detalles en la operación del Instituto”.

Al respecto, menciona que tampoco es positivo que se hayan fortalecido las facultades del presidente del Consejo General. En su opinión sería más benéfico que hubiera un cuerpo colegiado y que la presidencia fuera rotativa, pues “termina siendo el jefe del IFE, lo que no es democrático o plural”.

En relación con la remoción de consejeros prevista en la reforma, Ackerman señala que la idea de renovar el Consejo General con mayor pluralidad y capacidad, no se cumplió. Por el contrario, los actuales consejeros comparten el mismo perfil que los anteriores: “Es la misma actuación informal, sesgada y parcial como el consejo anterior”.

Describe que no han sido eficientes para demandar un trato equitativo a candidatos y partidos políticos, no han desarrollado criterios uniformes en el tema de la difamación en campañas y han permitido que el Tribunal Federal Electoral eche abajo lineamientos para monitorear el periodo electoral. “Siguen con la misma tónica del Consejo de 2006”.

Además, el proceso por el que los grupos parlamentarios propusieron a los consejeros, “no fue una auscultación auténtica para tener a los mejores candidatos”. Para Ackerman fue un asunto de negociaciones oscuras.

El investigador sugiere que debería haber un debate y la intervención de otro actor como un órgano ciudadano, el Senado o la SCJN, para equilibrar el proceso. Apunta que si bien la reforma electoral estableció que la elección de consejeros se realizaría después de una amplia consulta ciudadana, se dejó a un acuerdo parlamentario sin que se desarrollara más en la ley.

“Se presta a cuotas partidistas, o lo que es peor, prebendas o intercambio de favores. Los coordinadores de los grupos parlamentarios seleccionaron a personas cercanas, amigos y colegas. Se debe transparentar y asegurar una selección con base en los méritos de los candidatos”, concluye. (PM)

VARIAS DEL POR ESTO!!!





Hasta lo más alto…
Domingo, 02 de Noviembre de 2008 04:41

* Las diferencias entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal y la Procuraduría General de la República mantienen al gobierno espurio prácticamente sumido en la incredulidad y sin una estrategia eficaz en su lucha contra el Crimen Organizado

[En los últimos días aparecieron narcomantas en varios Estados del país en las que el titular de la SSPF, Genaro García Luna, y varios agentes de esa dependencia son señalados como protectores del Cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera El Chapo. (UNIVERSAL)]

En los últimos días aparecieron narcomantas en varios Estados del país en las que el titular de la SSPF, Genaro García Luna, y varios agentes de esa dependencia son señalados como protectores del Cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera El Chapo. (UNIVERSAL)
Las diferencias entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República mantienen al gobierno (espurio) de Felipe Calderón prácticamente sumido en la incredulidad y sin una estrategia eficaz en su lucha contra el Crimen Organizado.
En los casi dos años de administración calderonista, las filtraciones de información, la presunta protección a narcotraficantes, las pugnas de poder y los vicios en ambas dependencias se han exacerbado, lo que impide que la cruzada contra los cárteles de la droga sea exitosa.
Aunado a ello en los últimos días aparecieron narcomantas en varios estados en las que el titular de la SSP, Genaro García Luna, y varios agentes de esa dependencia son señalados como protectores del Cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera El Chapo.
A raíz de la captura de Jesús Zambada García, El Rey, su hijo Jesús Zambada y otros miembros del Cártel de Sinaloa, dos de los colaboradores de García Luna: Víctor Gerardo Garay Cadena y Luis Cárdenas Palominos, comisionado interno de la PFP y coordinador de inteligencia de la SSP, respectivamente, fueron interrogados por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por la presunta protección a los sicarios de esa organización.
El 30 de octubre, tres días después del interrogatorio, cuando todo parecía indicar que ambos serían arraigados, García Luna ejerció “fuertes presiones” ante la PGR para que los liberaran, aseguró una fuente interna de esta última dependencia. Así mismo, policías federales, particularmente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), acusan a García Luna de estar coludido con el cártel de Sinaloa desde el sexenio pasado, cuando fungía como director de la AFI.Leer mas


Saqueo espurio
Domingo, 02 de Noviembre de 2008 04:40

Tres de cada cuatro dólares aportados este año PEMEX a la reserva internacional de divisas del país fueron consumidos entre el 8 y el 24 de octubre pasados con las subastas de dólares realizadas por el Banco de México para tratar de contener la devaluación del Peso / Ya se utilizaron en este año 15 mil 496 millones de dólares

MEXICO, D.F., 1 de noviembre (LA JORNADA).- Tres de cada cuatro dólares aportados este año por Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la reserva internacional de divisas del país fueron consumidos entre el 8 y el 24 de octubre pasados con las subastas de dólares realizadas por el Banco de México para tratar de contener la devaluación del peso, indicó información oficial.
El Banco de México ha utilizado en este año 15 mil 496 millones de dólares de la reserva internacional de divisas para venderlos entre los intermediarios financieros que operan en el país, con el fin de contener la presión sobre el tipo de cambio del peso, en un mercado caracterizado en las últimas cuatro semanas por una constante falta de liquidez para cerrar las operaciones.
De esa cantidad, 12 mil millones de dólares corresponden a los dólares entregados a los intermediarios financieros entre el 8 y el 24 de octubre, de acuerdo con la información del banco central-
El monto de divisas subastados este año por la autoridad entre los intermediarios financieros es equivalente a 76 por ciento de los 20 mil 275 millones de dólares que Petróleos Mexicanos aportó a la reserva internacional de divisas entre el 1 de enero y el 24 de octubre pasados, de acuerdo con información del propio Banco de México.
PEMEX recibe de sus clientes en el exterior dólares como pago de sus exportaciones de petróleo crudo.
Las divisas son cambiadas en el banco central por pesos y pasan a formar parte de la reserva en moneda extranjera de la propia autoridad monetaria. En lo que va del año, las dos fuentes de acumulación de reservas han sido los 20 mil 275 millones de dólares aportados por la paraestatal petrolera y tres mil 257 millones de dólares que corresponden a rendimientos de los activos internacionales del banco central.
En 2007, Petróleos Mexicanos aportó 12 mil 899 millones de dólares a la reserva internacional de divisas, una cantidad que es equivalente a 63 por ciento de la aportación realizada entre el 1 de enero y el 24 de octubre de este año, de acuerdo con el Banco de México.
Los recursos utilizados por el banco central para contener la devaluación del peso no evitaron que la moneda mexicana se devaluara 23.9 por ciento frente al dólar estadounidense entre el 1 y el 24 de octubre, periodo en que la cotización para las operaciones interbancarias, las más representativas del mercado, pasó de 10.97 a 13.60 pesos por dólar.



CONSAR, sin vigilancia

Domingo, 02 de Noviembre de 2008 04:38

Advierten que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro NO está cumpliendo con el objetivo para el que fue creada: supervisar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de ahorro, así como otorgar mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores

MEXICO, D.F., 30 de octubre (LA JORNADA/UNIVERSAL).- El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados advierte que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), “no está cumpliendo con el objetivo para el que fue creada, que es supervisar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de ahorro, así como otorgar mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores”.
El secretario de la Comisión de Seguridad Social, el priísta Samuel Aguilar, refirió que una de las conclusiones de su partido en torno al trabajo de la CONSAR, se refiere que, debido a la crisis financiera global y a la volatilidad, el Indice de Rendimiento Neto (IRN) de las administradoras de fondos para el retiro fue de 5.14 por ciento en el mes de septiembre, un punto porcentual por debajo del promedio registrado en agosto pasado, cuando se otorgó 6.49 de ganancia a los ahorros invertidos de los trabajadores.
Durante los últimos doce meses el promedio del IRN fue de 6.50 por ciento, mientras que los Certificados de la Tesorería de la Nación (CETES) a 28 días otorgaron rendimientos de 7.66 por ciento para el mismo período, mostrando con ello que el portafolio de inversión de las administradoras de los ahorros de los trabajadores no están teniendo los mejores rendimientos al dejar pasar oportunidades con tasas de interés más altas.
Al dar a conocer un análisis elaborado por la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Aguilar expuso que resulta “increíble” que las afores registren minusvalía (pérdida), en lo que va del año por 53 mil 700 millones de pesos; esto manifiesta que la CONSAR no cumple con el cometido para el cual fue creada.
“En días pasados, Moisés Schwartz Rosenthal, presidente de la CONSAR, se presentó ante la Comisión de Seguridad Social argumentando que las pérdidas de los ahorros de los trabajadores, es consecuencia directa de la crisis económica mundial que se vive actualmente y que dichas pérdidas se deben a las variaciones en los instrumentos de renta fija y renta variable”.
Y el secretario de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Velasco Pérez, propuso reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a fin de reducir de 20 a 10 por ciento la participación del capital de riesgo en operaciones bursátiles en el extranjero.



Más de 5 millones en cartera vencida

Domingo, 02 de Noviembre de 2008 04:36

Aun cuando todavía no se sienten los efectos de la crisis económica ni las consecuencias de lo sucedido durante el octubre negro, ya existen 5.1 millones de mexicanos que tienen problemas de cartera vencida en créditos bancarios, hipotecarios y automovilísticos

MEXICO, D.F., 1 de noviembre (LA JORNADA).- Cuando todavía no se sienten los efectos de la crisis económica ni las consecuencias de lo sucedido durante octubre, el Buró de Crédito reportó que existen 5.1 millones de mexicanos que tienen problemas de cartera vencida en créditos bancarios, hipotecarios y automotrices.
La cifra equivale al diez por ciento de los 51 millones de personas registradas actualmente en el Buró de Crédito (BC), una de las instituciones que existen en el país encargadas de sistematizar y actualizar periódicamente los millones de historiales crediticios y que está constituida en un 70 por ciento por empresas que pertenecen al sistema financiero nacional.
El índice de morosidad se incrementó únicamente un punto porcentual en un año, ya que pasó de 9 a 10 por ciento respecto al total de registros, “pero aún no se muestra el impacto de la crisis porque esto tiene un efecto que se revela a través del tiempo. Si alguien tiene un problema en su flujo de efectivo, deja de pagar hasta el mes siguiente”, comentó Miguel Tijerina Shon, vocero del Buró de Crédito, en entrevista con este diario.
Sin embargo, en sólo un año 700 mil personas más ingresaron a las listas de cartera vencida ya que debe tomarse en cuenta que el 9 por ciento de morosidad registrado en el 2007 fue respecto a 49 millones de personas que tenía entonces el Buró. Así que en 2007 hubo un total de 4.4 millones de mexicanos en mora, pero la cifra ya se elevó este año a 5.1 millones, lo que implica un aumento del 13 por ciento en cuanto a número de personas.
Las estadísticas del Buró de Crédito contabilizan un total de 51 millones de personas físicas y morales – éstas últimas sólo representan 3.7 por ciento del total --, pero los créditos registrados ascienden a casi 132 millones de casos, lo que se explica porque cada persona o empresa tienen 2.5 créditos en promedio o bien, según el vocero, “el 80 por ciento de las personas que tenemos registradas maneja más de un servicio crediticio”.



Viene hambruna

Domingo, 02 de Noviembre de 2008 04:36

México vive un descenso en la disponibilidad de alimentos que en el largo plazo generará hambre / Necesario atender oportunamente el problema de la producción y acanzar un monto presupuestal elevado para el campo

MEXICO, D.F., 1 de noviembre (LA JORNADA).- Alcanzar un monto presupuestal elevado para el campo es de suma importancia para el sector, pero lo es más determinar puntualmente en qué se va a ocupar ese dinero público, esto porque como país estamos viviendo “un descenso en la disponibilidad de alimentos” que en el largo plazo pueden generar una hambruna si no es oportunamente atendido el problema de producción, consideró el director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, Sergio Barrales.
El ex rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) afirmó en entrevista que para salvar la crisis alimentaria internacional, como país la única opción que tenemos es “autoproducir los alimentos para el campo”. De lo contrario, advirtió, en un lapso de dos años podríamos empezar a vivir una escasez generalizada de alimentos.
Se prevé, dijo, que la crisis alimentaria y financiera para el país estará “muy caramba, porque simplemente no habrá qué comer, debido a que los ricos ya le están encontrando otros usos a la producción en el campo”.
Aunque no es inmediata la generación de hambrunas, en el territorio nacional “la disposición de alimentos va a ir bajando en forma gradual, ya lo vemos. La gente del campo seguramente tienen sus guardaditos y eso les va a permitir alargar el tiempo. Pero hay que empezar a ver cómo elevamos la productividad para no caer en esas situaciones de hambruna”, alertó.


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CAE PAN : AVANZAN PRIISTAS




2/NOVIEMBRE/2008
Cae PAN: avanzan priístas


Apro / Álvaro Delgado

El Partido Acción Nacional sufre un sostenido desplome en el respaldo de los mexicanos después de la elección presidencial de 2006 y, a casi dos años del Gobierno de Felipe Calderón, ha perdido más de 2 millones de votos.

Inclusive este año, ya con Germán Martínez como Presidente, ha padecido tantas derrotas que de ser primera fuerza electoral en 2006, se convirtió en la tercera, detrás del PRI y hasta del PRD.

El PRI se consolidó como la primera fuerza con un millón 690 mil votos, seguido del PRD, que acumuló poco más de 730 mil sufragios, y el PAN sumó 592 mil, según cifras de los órganos electorales de los estados.

Tras 21 procesos electorales locales en dos años, el PAN se ‘consolidó’ también como cuarta fuerza política en estados como Guerrero e Hidalgo, detrás de Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo, con la que Martínez negocia una coalición para 2009.

La última elección del año tendrá lugar el próximo domingo en Hidalgo -donde las expectativas de éxito del PAN son prácticamente nulas- un día después de que se reúna el Consejo Nacional para discutir las causas de las derrotas.

“En ese momento haré juicios de valor, haré valoraciones de la estrategia y en ese momento propondré rutas de futuro, pero antes no emitiré ningún comentario”, advirtió Germán Martínez tras convocar a ese órgano un día después de la elección en Coahuila, donde fueron vapuleados los candidatos impulsados por el senador Guillermo Anaya, compadre de Calderón.Leer mas


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