En concreto | Laura Itzel Castillo
El tema del acceso a la vivienda puede abordarse desde distintos enfoques y disciplinas; cubre aspectos técnicos, jurídicos, financieros, sociales, culturales, urbanos; trastoca a diversidad de instituciones y trasciende la actuación de una amplia gama de actores. Por ello la complejidad para su análisis y evaluación.
El antecedente remoto de la política habitacional en México, es decir donde el Estado asume la responsabilidad de promover y financiar la vivienda, en particular la dirigida a los sectores de menores recursos, se ubica en la década de los años 40.
Inicialmente se limita al control de los alquileres, que entre los años 1942 y 1948 tiene relevancia. Es en ese entonces que surgen los decretos de congelamiento de rentas como medidas emergentes para atenuar los efectos económicos derivados de la Segunda Guerra Mundial, para intentar frenar la especulación inmobiliaria.
En 1925 se funda la Dirección General de Pensiones Civiles para los Trabajadores del Estado, que es el antecedente inmediato del ISSSTE, institución que a finales de los 40 inicia la construcción de grandes conjuntos de vivienda para trabajadores.
A nivel ciudad, se inicia un proceso de transformaciones que tuvo implicaciones tanto en el ámbito urbano, como en el social y cultural; se construyen grandes unidades habitacionales como el Conjunto Miguel Alemán (mil 80 viviendas) y Nonoalco Tlatelolco (11 mil 960 viviendas) en el DF, que se convirtieron en símbolos de un nuevo habitar urbano, sinónimos de la modernidad, en la búsqueda de alternativas habitacionales, acompañados de amplias áreas verdes, equipamientos, servicios y comercios. A partir de entonces las instituciones de seguridad social se preocupan por proveer de vivienda a sus trabajadores.
A partir de la década de los 70 del siglo pasado el Estado mexicano empezó a asumir un papel más activo en la producción de vivienda de interés social, destinada a los sectores más desfavorecidos.
En esta etapa, el Infonavit, FOVISSSTE, Indeco y Fonhapo priorizan la atención a la necesidad de vivienda, ponderan las condiciones de hacinamiento y menor nivel de ingresos y desarrollan mecanismos para potenciar la participación social, pues la vivienda es considerada un vehículo de desarrollo social frente a la pobreza.
Desde la década de los 90 del siglo pasado, el Estado mexicano pasó de ser “promotor” a “facilitador”, centrándose en la supuesta eficacia del mercado habitacional. Es por esto que el desempeño del sector vivienda ha obedecido, desde entonces, al comportamiento de las fuerzas del mercado, donde el papel del gobierno sólo consiste en formular la política, promover las reformas institucionales y crear y proteger los derechos de propiedad, para facilitar el desarrollo del sector inmobiliario.
Lo anterior significó una mayor participación del sector privado en la oferta habitacional, orientada a los sectores sociales de mayores ingresos y una escasa producción de vivienda social con respecto a la demanda. De tal manera que, las opciones para acceder a la vivienda en México, sobre todo para la población de bajos ingresos, son mediante programas gubernamentales marginales e insuficientes, como los denominados Piso firme o Vivienda tu casa.
Por otro lado, las desarrolladoras inmobiliarias han saturado el mercado de vivienda con productos, en su mayoría, de muy mala calidad. Esta sobreoferta inadecuada da lugar a 5 millones de viviendas desocupadas en el país, reconocidas por el Inegi. La mayoría de estos fraccionamientos se encuentra alejada de las zonas urbanas y no cuenta con equipamiento ni con la infraestructura necesaria para poder albergar a las familias dignamente.
Preguntamos: ¿qué pretende hacer el nuevo gobierno con este grave problema heredado?, ¿cuál es su diseño de política urbana? ¿Acaso continuar profundizando la crisis?
