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lunes, 28 de marzo de 2011
Acompañado de Ebrard, Encinas anuncia frente para su candidatura
Acompañado de Ebrard, Encinas anuncia frente para su candidatura
Señaló que el 10 abril buscará en el Consejo perredista en Edomex una alianza con PT y Convergencia.
Bertha Teresa Ramírez
México, DF. Alejandro Encinas anunció que el jueves próximo solicitará licencia como diputado federal para poder contender solo por la candidatura del PRD al gobierno del estado de México.
Acompañado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, Dolores Padierna, Alejandra Barrales, Encinas dijo que irá sólo y no en alianza con el PAN.
Frente al anunció, Ebrard expresó su apoyo al ex jefe de Gobierno, quien también propuso un frente para que la izquierda no se alíe con Acción Nacional para la gubernatura mexiquense.
Lo anterior fue dado a conocer por ambos politicos luego de una reunión privada que tuvieron esta tarde en el Club de Periodistas ubicado en el Centro Histórico.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Eruviel Ávila, parte de la mafia salinista: López Obrador
Eruviel Ávila, parte de la mafia salinista: López Obrador
Rosalía Vergara
MÈXICO, DF. 27 de marzo (apro).- Andrés Manuel López Obrador minimizó la candidatura del priista Eruviel Avila como candidato del gobierno del Estado de México y aseguró que la izquierda ganará los comicios del 3 de julio con su abanderado perredista Alejandro Encinas Rodríguez.
Entrevistado al terminar la Asamblea Nacional Constitutiva del Movimiento de Unidad Social (Musoc), en la que se firmó un pacto junto con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que encabeza y la asociación civil Encuentro, consistente en apoyar al tabasqueño en su camino por la candidatura presidencial del 2012, reafirmó que le ganarán a la mafia en el poder en su afán por conservar el cacicazgo en la entidad mexiquense.
“El PRI y el PAN son lo mismo, lo acabamos de decir. Son lo mismo, son iguales, hechos en serie, irresponsables, corruptos”, dijo, después de saludar a decenas de seguidores que se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
El excandidato presidencial afirmó además que Televisa compró las franquicias de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional para encargarse de su propaganda política.
“Es lo que tienen el PRI y el PAN, el control absoluto de los medios de comunicación o casi absoluto, salvo honrosas excepciones, y mucho dinero para comprar conciencias”, expresó.
Por eso, se dijo confiado en que Encinas Rodríguez sea el candidato de Morena “y les vamos a ganar en el Estado de México a Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Eruviel Avila, a toda esa mafia en el poder incluida Elba Esther Gordillo Morales”, resaltó.
Entre ese equipo “mafioso”, destacó también a Televisa, porque forman un equipo en el Estado de México que pretende ganar las elecciones para gobernador.
También destacó que Morena y Encinas le ganarán al equipo formado por los panistas encabezados por Felipe Calderón, Vicente Fox, Luis Felipe Bravo Mena “y este farsante, Javier Corral”, coordinador de la campaña del PAN al gobierno del Estado de México.
Durante la asamblea surgió la consigna “con el voto al gobierno, con el pueblo al poder”, con la que se pretende identificar esta unión entre organizaciones sociales, campesinas, obreras y populares con el Morena, apadrinados por la asociación civil Encuentro, dirigida por el senador de Convergencia, Dante Delgado y por Alfonso Durazo, exsecretario particular de Vicente Fox y de Luis Donaldo Colosio.
El objetivo es organizar la lucha social para que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia en el 2012, afirmaron los voceros de organizaciones sociales, como Eduardo Miranda Esquivel y otros. En el templete no estuvo presente Encinas, como lo ha hecho en las giras por el Estado de México, pero si asistieron el senador petista Ricardo Monreal, Jesús Martín del Campo, Alejandro Fernández, funcionario de la delegación Cuauhtémoc, Raquel Sosa y el secretario de desarrollo social del gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama.
En su discurso, López Obrador sostuvo que Morena requiere la unidad de fuerzas progresistas, por lo que se congratuló de la alianza con campesinos, productores, obreros, de organizaciones defensoras de derechos humanos, ecológicas y “en fin, con todo el pueblo, con quien sí quiere que haya un verdadero cambio”.
Esta vez no repitió los objetivos de Morena porque, indicó, ya se han dicho en distintos escenarios del movimiento. Por lo que invitó a sus seguidores a convencer a la ciudadanía casa por casa para lograr que “el gobierno del pueblo sea para el pueblo, pues debemos derrotar a la oligarquía”.
El tabasqueño informó que Morena tiene 2 mil comités nacionales y se están formado los seccionales; se ha logrado construir cerca de 26 mil comités seccionales de los 65 mil que hay en el país.
“Este año queremos llegar a 4 millones de protagonistas del cambio verdadero. Por eso vamos hacia delante, que cada quién sepa qué hacer. Aquí la gente no está por conveniencia, la gente está por convicción”, dijo y anunció que en breve iniciará una nueva gira por todo el país para seguir impulsando a Morena y lograr la transformación de la vida pública de este país.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
La traición de Calderón
La traición de Calderón
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 25 de marzo (apro).- Felipe Calderón Hinojosa ¿traicionó al Ejército? Veamos…
El 7 de diciembre de 2006, el hombre que entró al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la puerta de atrás para recibir su constancia de mayoría que lo acreditaba como presidente de México, declaró “la guerra” al narcotráfico; el mismo personaje que ingresó también por la puerta de atrás al Poder Legislativo para protestar como titular del Ejecutivo, resguardado por elementos de la Marina, parece que no cumplirá la palabra empeñada a las Fuerzas Armadas, sus principales seguidores y protectores en esta lucha desigual.
Desigual porque mientras las organizaciones criminales conocen su territorio, tienen armas más potentes y están bajo la protección de las cientos de pandillas y de policías, el Ejército no puede recurrir al mismo armamento ni actuar bajo la misma lógica de éstos. Hacerlo sería provocar masacras de civiles, las muertes del llamado “daño colateral” serían mayores.
Calderón, en su calidad de comandante supremo, ordenó a militares y marinos combatir lo que los policías de Genaro García Luna, titular de la Secretaria de Seguridad Pública, no han podido.
Por su tradición y origen, el Ejército en México ha sido, y es, obediente a lo que diga el mando supremo, y en esa obediencia se colocó en la palestra del descrédito, generó entre la población sentimientos encontrados, pues mientras unos aplauden su participación, otros la reprueban por, supuestos o reales, abusos y violaciones a los derechos humanos.
Después de que Calderón sacó a las calles al Ejército, en 2008 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pidió que se le dieran las bases legales para accionar en terreno que, por ley, les esté vedado. Demandaron establecer los protocolos para realizar labores de inteligencia militar (toda la vida la han realizado pero pedían la legalización), que se definiera en qué momentos un acto puede ser combatido por las policías públicas, locales o federales, y en cuáles, el Ejército.
Año con año, en el Día del Ejército la demanda ha sido la misma: otorgar legalidad a su trabajo en las calles, rancherías, poblados; en suma, todo el territorio en su combate al narcotráfico y lucha contra el crimen organizado.
Calderón los sacó a las calles, Calderón tendría que darles las herramientas. Por lo menos eso fue lo que creyeron las Fuerzas Armadas. Y se enviaron al Senado de la República iniciativas de reformas a la Ley Nacional de Seguridad, pero de manera absurda, sin la participación del sector castrense en la elaboración. De ahí que durante la discusión en el Senado más de un militar sostuvo que nunca fueron consultados. El operador de tal maniobra fue Fernando Gómez Mont, entonces secretario de Gobernación.
Por eso, cuando el documento fue turnado a la Cámara de Diputados para su ratificación, la Sedena pidió al entonces presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, que el documento fuera “congelado”. Y durante casi un año, Sedena, Marina, Policía federal, Procuraduría, Cisen, diputados priistas y el jurídico de la Presidencia de la República, prácticamente reelaboraron los temas cruciales de la minuta. Esto es, lo que tiene que ver con suspensión de garantías, inteligencia militar, cateos, detenciones y los momentos en que los militares deberían sustituir a las policías y los momentos en que deberían actuar en coordinación con estas.
La Sedena incrementó su cabildeo en la Cámara de Diputados, se supone que el PAN --partido del presidente de la República que puso a las fuerzas armadas en este brete de perseguir a capos de la droga--, los apoyaría pero nunca ha podido operar políticamente en su favor, es mas, los legisladores panistas ni siquiera han participado en los encuentros recientes que ha habido.
Del lado de quien dicta la agenda, el PRI, la Sedena tuvo poco eco, quizá porque algunos ven al sector castrense actual como una organización militar “calderonista” y no “institucional”; quizá porque los tricolores ya se sienten en la silla presidencial y quieren ser ellos, los que den las bases legales para el proceder de las Fuerzas Armadas con la debida consecuencia de que sea a este partido al que se le deba el favor y no al gobierno-PAN.
Hipótesis puede haber muchas, lo cierto es que en su quinto año de estar actuando en las calles fuera de la legalidad, Calderón aún no le cumple al Ejército. Y por como están las cosas en la Cámara de Diputados, todo parece indicar que no habrá Ley Nacional de Seguridad, por lo menos no en este periodo que concluye el próximo 30 de abril.
En el siguiente periodo de sesiones, de septiembre a diciembre, el tema tendrá más dificultades para ser abordado, debido a que todos los trabajos se centran en el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos. De 2012, ni hablar, la carrera presidencial entrará a su recta final y a los partidos lo que menos les interesará en ese momento es andarse peleando con el Ejército o dedicar su tiempo en asuntos que no tengan que ver con la elección.
En la Secretaría de la Defensa Nacional están conscientes de que no habrá ley, pero lo que no está claro es si ellos piensan que Calderón los traicionó, les incumplió.
En este espacio no se pretende que se legalice todo lo que hace el Ejército pero sí que se establezcan las reglas bajo las cuales debe actuar en la calle durante el combate al crimen organizado y el narcotráfico. Si no es así, que regrese a los cuarteles.
La traición de Calderón no es sólo por no operar políticamente a favor de las fuerzas armadas que lo respaldan, para que se apruebe la ley, sino porque finalmente los deja en la indefinición.
En este momento, un sector del PRI está queriendo negociar con la Sedena lo que tanto les molestó el año pasado a los militares y que fue promovido por Gómez Mont: supeditarlos a los gobernantes locales.
La historia se reedita sólo que ahora quien empuja en sentido contrario de la Sedena parece ser el PRI.
Calderón traicionó a las Fuerzas Armadas que lo protegieron aquel 1 de diciembre en San Lázaro, a las fuerzas a las que envió a la guerra sin ley que respaldara su accionar, y con esta traición está dejando la puerta abierta para que el siguiente presidente de la República pueda juzgar a la milicia por violaciones graves a los derechos humanos, a las garantías individuales.
Calderón abre el paso para que el futuro gobernante de la nación, si quiere, pueda dar paso a una comisión de la verdad para juzgar el actuar del sector castrense en las calles del país y cómo fue su participación en las 35 mil muertes que, al día de hoy, ha dejado esta “guerra”.
* * * * *
Dato: muy activo inició el nuevo presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Rogelio Cerda. A un mes de que asumió el cargo ya realizó dos reuniones y la próxima semana tendrá la comparecencia del procurador General de la República, Arturo Chávez; del titular del Sistema de Admisitracion Tributaria, y posiblemente al administrador General de Aduanas para que detallen lo que se ha hecho como consecuencia del operativo “Rápido y furioso” realizado por Estados Unidos para introducir ilegalmente más 2 mil armas a México.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
El avestruz y el conflicto armado
El avestruz y el conflicto armado
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, DF., 27 de marzo (apro).- La madrugada del sábado, decenas de personas en pleno centro del puerto de Veracruz les tocó quedar en medio de una balacera entre militares y bandas armadas. Por lo menos seis personas murieron y otras fueron heridas.
Pero la prensa local evitó consignar el hecho. Unos, por el silencio impuesto por el narco. Otros, en consonancia con el oficialista Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.
En el México narco con el que el propio Felipe Calderón marcó su gestión, unos y otros –delincuentes y oficialistas– pretenden hacer de la prensa un avestruz para que entierre la cabeza ante la realidad. Aunque miles de personas en todo el país padezcan las consecuencias de algo que cada vez más toma la forma de un conflicto armado interno, pretenden que deje de ser noticia que mueran o sean lesionadas personas ajenas al combate entre las fuerzas federales y la delincuencia o entre carteles rivales.
Tampoco quieren que se informe, salvo cuando a cada una de las partes le conviene, que son muchos los mutilados, vejados y torturados, muchos más los amenazados en todo el territorio y cientos los pobladores que han tenido que abandonar sus lugares de residencia a causa de la violencia.
El narco y el gobierno se disputan el control de la prensa en la lógica de una guerra: A la propaganda gubernamental, le sigue una contrapropaganda de los grupos armados organizados que se pelean entre sí y con las fuerzas gubernamentales.
La propaganda de Calderón, sintetizada en una entrevista que publicó este domingo el periódico español El PAÍS, dice que “este es un país que funciona”.
Comparado, como lo hace, con los países de África del Norte –donde hay ahora una revuelta y en uno de ellos, Libia, una intervención armada internacional– por supuesto que funciona, pero en el México de Calderón la norma es la violencia.
La contrapropaganda narca busca demostrar que la guerra está lejos de acabarse. A pesar de los millones de pesos que Calderón se ha gastado para decir que va ganando, recuperando el control de la violencia y el territorio, los narcos le responden con mantas y pintas para decir lo contrario.
El propio Calderón le ha reclamado a la prensa hacerse eco de la contrapropaganda, pues mientras él y su gobierno gastan millones de pesos de los impuestos en la prensa, los narcos tienen gratis los espacios en los medios de información.
Pero cuando un grupo de narcotraficantes no quiere que se informe de un hecho o, por el contrario, quiere darle difusión a sus actividades delictivas, entonces obliga a la prensa a callar o publicar a riesgo de sufrir las consecuencias.
El gobierno, sus voceros –oficiales y oficialistas– y los narcotraficantes podrán hacer de una parte de la prensa un avestruz, pero en el mundo ya se sabe que en México mucha gente padece la realidad de un conflicto armado interno.
Si no lo es, se parece mucho, de acuerdo con las características acordadas bajo los principios del derecho internacional humanitario: confrontación prolongada entre fuerzas armadas y grupos organizados, o entre estos, disputa territorial, afectación a la población civil, ejecuciones extrajudiciales, detenidos desaparecidos, desplazados, reclutamiento de menores y otras manifestaciones que se saben en el mundo.
A pesar del síndrome del avestruz, lo que pasa en el país es inocultable; no hay propaganda ni contrapropaganda que oculte las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren cada día y que hacen que México sea hoy uno de los países más incivilizados del mundo, por más que “funcione”.
jcarrasco@proceso,com.mx
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
La república de Televisa
La república de Televisa
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 28 de marzo.- Aunque faltan 15 meses para la elección constitucional, Televisa parece haber consumado su proyecto de construir la figura del presidente de la República. Ahora pretende algo más ambicioso. Quiere edificar la república misma. Quiere diseñar la clase de sociedad que Peña Nieto gobierne, el género de medios de comunicación que lo arropen, los criterios editoriales con que se transmita la información sobre la política de seguridad pública y las acciones del crimen organizado. No se propone trazar una raya, sino erigir un muro que divida a los participantes de los excluidos. Como si se tratara de un club gigantesco, Televisa se reserva el derecho de admisión a los territorios donde habitan los elegidos, el tipo de personas que protagonicen la vida pública y sean capaces de generar confianza. Nadie que no figure en el elenco preparado por Televisa tendrá existencia real. Quedará al margen, en la cuneta de la supercarretera.
Tal desmesurado propósito es el objetivo de Iniciativa México, un proyecto de propaganda que ya tuvo su primera edición el año pasado. Con enorme aparato se convocó a la presentación de ideas y tareas que dieran cuenta de las verdaderas capacidades de los mexicanos. Se presentaron miles de esos proyectos, en distintos rubros, algunos de los cuales fueron premiados para denotar que hay una porción de la sociedad que no pierde su tiempo ni espera auxilio gubernamental para su realización personal o de grupo.
Ahora se ha lanzado la segunda edición de Iniciativa México. Se alzó el telón el jueves 24, con una magna reunión ya no en un recinto privado (el exconvento de San Hipólito), sino en un auditorio público, el Museo Nacional de Antropología. El contenido de esta nueva edición es más claramente político que el primero. Televisa lo adopta más temprano que el año pasado, cuando comenzó en junio. Ahora se lanza en marzo, en plenos procesos electorales. Se refiere a la comunicación social relacionada con la violencia que genera la delincuencia organizada. Ya desde allí, desde la definición del tema, se adopta un punto de vista afín al del gobierno, que requiere alejar de sí la responsabilidad en la génesis de la violencia: ésta surge sólo por la actividad criminal, no porque la practica también el Estado.
La pieza ostensible de la Iniciativa México II es el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Televisa y sus aliados y dependientes prepararon una suerte de código de ética que parte del supuesto (que no se presenta como tal, pero es explícito) de que el manejo de la información colectiva “es esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Esto es, que una política informativa homogénea, uniforme, puede hacer que disminuya la violencia, como si difundirla fuera su causa. De ese razonamiento se desprendería fácilmente el corolario de que para suprimir la violencia no hay más que dejar de hablar de ella, de negarle a la sociedad la información que le hace falta para regular su vida.
Hay otros supuestos, algunos tácitos, en la formulación de los objetivos del Acuerdo. Se presume que la cobertura informativa de la violencia puede servir “para propagar terror entre la población”. Padecer los efectos directos de la violencia sin duda genera miedo, pero es difícil probar que la difusión de la violencia lo cause también. Un indicio de que no hay relación de causa-efecto entre difundir violencia y provocar miedo acaba de ser observado: hay gran violencia en Acapulco, de la que se sabe fuera del puerto, y sin embargo esa información no inhibió al turismo nacional para llegar en los puentes recientes. El del fin de semana pasado permitió que hubiera más del 90% de ocupación hotelera.
El Acuerdo enumera 10 criterios editoriales que deben aplicarse “sin demérito de la independencia editorial de cada medio”. En general, tales criterios son adecuados y compatibles aun para medios que no suscriben el Acuerdo. Algunos de ellos son, sin embargo, francamente ridículos. Los dos primeros están en ese caso. El inicial ordena “tomar postura en contra”. Instruye a (porque usa el verbo debemos) “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada”, algo por completo innecesario, pues está “en la naturaleza de las cosas”, como se diría en el lenguaje de los autores del decálogo. El segundo es francamente chistoso. Cualquier medio debe evitar “convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”: ¿Cómo evitar un acto involuntario, puesto que es eso precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo?
En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es un sesgo deliberado que altere el sentido de la información. Ordena “omitir y desechar la información que provenga de las organizaciones delictivas”. Se refiere sin duda a los narcomensajes, que en mantas y cartulinas anuncian acciones o sentencian a personajes. Si se procede como ese mandamiento prescribe, se corre el riesgo de hacer incomprensible la información, carente de uno de sus elementos, que puede darle sentido.
Los criterios restantes son en general admisibles, compartibles. Algunos proceden de manuales elementales de periodismo, como “dimensionar adecuadamente la información”, o de ordenamientos legales, como “no prejuzgar culpables” y “cuidar a las víctimas y a los menores de edad”. Hasta creería que resultaron de un ejercicio de autocrítica de las televisoras, que presenta como culpables a recién detenidos al hacerse mera extensión de los interesados e ilegales mensajes de las autoridades de procuración de justicia o de seguridad pública, las cuales los condenan aunque tiempo más tarde, ya sin la difusión adecuada, los jueces los exoneren porque son inocentes o porque sus responsabilidades no fueron probadas.
El código periodístico de la Iniciativa México, es decir, de Televisa, manda “proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”. Son palabras huecas en boca de periodistas que se pusieron con soberbia por encima de la solidaridad que el gremio quiso mostrarles durante y después de la crisis de julio pasado, cuando reporteros y camarógrafos de televisión fueron secuestrados. A la marcha de protesta contra esa acción no acudieron los involucrados, y hasta rechazaron el gesto de aquellos a los que no consideran dignos de ser llamados sus compañeros. En casos más recientes, en vez de solidarizarse con reporteros y medios puestos en entredicho, las televisoras fueron las autoras del entredicho, al formular arteras acusaciones que no se sustentan de ninguna manera. Ese fue el caso de Ricardo Ravelo, el reportero de Proceso, y la revista misma, así como el del diario Reforma, todos ellos señalados como perpetradores de delitos, cuando sólo habían cometido el de desnudar acciones políticas, no informativas, de Televisa.
Independientemente del decálogo, la porción objetable de este Acuerdo es el aviso de que se creará un “órgano ciudadano de observación” que examine el apego de los medios a esos criterios editoriales. Se trata de un amago de exclusión. Los medios suscriptores del Acuerdo formarán el catálogo de la “buena prensa”, como antaño lo hicieron corporaciones religiosas. Quedará fulminado todo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos, a juicio de los ciudadanos observadores. Y no se diga la situación marginal en que han quedado los medios no invitados o que no aceptaron participar en este Acuerdo. Se les coloca con esa omisión en calidad de sospechosos, como quiere hacer el gobierno con este semanario, al que ya dos veces ofendió colocando ejemplares de la revista con arsenales decomisados a bandas delictivas. La primera gran reacción de condena de este sistema inquisitorial ocurrirá, téngalo usted por seguro, cuando Ismael Zambada, El Mayo, o Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, respondan a los cuestionarios que les presentó Julio Scherer García, según relata en su libro Historias de muerte y corrupción, en la parte que en cierto sentido continúa la publicación de su encuentro con Zambada. En vez de considerar el valor periodístico, la utilidad social de conocer los móviles de quienes tienen en jaque al país, los falsos profesores de periodismo, inocuos e inicuos propagadores de una ética que no conocen ni por los forros, tendrían, quieren tener, piezas de ese calibre en las cuales cebarse.
Ese es el tipo de periodismo de personas que no tendrán lugar en la república de Televisa.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
El narco ingresa a la Universidad
El narco ingresa a la Universidad
Rodrigo Vera
La violencia irrumpió hasta en las aulas de las universidades… Ante la ineficacia de autoridades civiles y corporaciones policiacas para contenerla, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tomó sus propias medidas: diseñó un manual para que las comunidades universitarias prevengan y reduzcan los riesgos provocados por la guerra calderonista y los ataques del crimen organizado.
MÉXICO, DF., 25 de marzo (Proceso).- El joven estudiante de sociología Bernardo Romero Cabanillas escuchaba la exposición de su maestro en el salón de clase de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando, de pronto, un desconocido que había pedido permiso para ingresar al aula se levantó de su asiento, sacó su pistola y le disparó en cuatro ocasiones.
Cayó ensangrentado al piso. Sus compañeros gritaron, algunos salieron corriendo y otros quedaron paralizados en sus asientos. Aprovechando el pánico, el desconocido guardó su pistola y se marchó a grandes zancadas sin que nadie lo persiguiera.
Esto ocurrió el pasado 11 de febrero, en la Facultad de Historia de esa universidad. Hasta la fecha no se ha encontrado al sicario. Se supone que el incidente fue un ajuste de cuentas entre bandas rivales del narcotráfico.
Rafael López Castañares, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), comenta que este es un caso más de la violencia que ya se introdujo a los campus, producto de la guerra contra el narco emprendida por el presidente Felipe Calderón:
“¡Cada día está peor! Ahora los asesinatos se están dando dentro de las aulas. Los matones ya entran directamente a las universidades para acribillar o secuestrar estudiantes.”
–¿Serán estudiantes vinculados a los cárteles de la droga? –se le pregunta.
–Lamentablemente, parece que así es, pues van directo contra un estudiante específico, matándolo frente a sus compañeros y maestros. A las autoridades judiciales les corresponde investigar si existen esos nexos.
En su despacho de la ANUIES –asociación que aglutina a las 159 universidades públicas y privadas más importantes del país–, López Castañares exclama con preocupación:
“¡Caray! Los homicidios de estudiantes eran sobre todo accidentales. Al principio de la guerra contra el narco a nuestros jóvenes les tocaban balas perdidas en algún fuego cruzado, y generalmente eso ocurría afuera de los campus. Ahora las cosas cambiaron. La violencia entró a las universidades.”
–¿A partir de cuándo?
–A partir de 2010, después de la muerte de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Ese fue el inicio de la escalada. Ahora me llegan reportes terribles sobre balaceras, granadazos y bombazos que ocurren a las afueras y dentro de las universidades.
“Me comentan sobre las esquirlas que alcanzaron a la directora de una facultad en Nuevo León, sobre las balaceras en los campus o sobre los levantones y secuestros que se están dando en los estacionamientos de las universidades. Los maleantes entran al estacionamiento, esperan al estudiante, lo sacan de su automóvil y lo introducen violentamente al vehículo de ellos. Luego se lo llevan.”
Indefensión
Cada vez con más frecuencia las policías ingresan a las universidades para capturar a presuntos narcoestudiantes. Así ocurrió el 3 de junio pasado, en Mexicali, cuando agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) irrumpieron en la Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep).
A bordo de 10 patrullas, los policías rodearon primero las instalaciones de esa universidad privada. Luego se metieron sin orden de cateo. Iban encapuchados y fuertemente armados. Apuntaban con sus armas a los aterrados estudiantes. Hasta que encontraron al estudiante de derecho Roberto Carlos Morayla Medina, a quien capturaron por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
López Castañares señala:
“Ni la policía, el Ejército o los sicarios del narco deben entrar a las universidades, pues son un espacio académico para el estudio y la formación de los jóvenes. No queremos gente con armas que pueda provocar balaceras. Los estudiantes quedarían indefensos, a menos que se defiendan a librazos. Ni siquiera van armados los guardias de seguridad de las universidades, porque su función no es repeler ese tipo de ataques.”
–¿Cuáles son las universidades más peligrosas del país?
–Las de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán, Morelos y, últimamente, algunas universidades de la ciudad de Guadalajara. Entre el alumnado de esas instituciones se han dado muchas muertes, no sabemos cuántas porque carecemos de estadísticas al respecto.
Sin embargo, hay algunos intentos por llevar ese registro. En marzo del año pasado, Gloria Ramírez, investigadora de la UNAM y titular de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, informó que, hasta esa fecha, la violencia había arrojado un saldo de 55 estudiantes y nueve profesores muertos en el estado de Chihuahua. Para atender estos y otros casos, algunas organizaciones ya proponen crear un ombudsman de la educación.
Muchos de esos crímenes –en Chihua-hua y otros estados– ocurren afuera de las universidades, como pasó con los asesinatos, perpetrados en Torreón, de Mauricio Alberto Murra Valdez y Roberto Damián Cepeda Esparza, ambos estudiantes del campus Laguna del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Unos desconocidos los asesinaron mientras estaban en un bar, en mayo pasado.
Ese mismo mes, a las afueras de un centro comercial de Gómez Palacio, Durango, aparecieron decapitados los cuerpos de cuatro estudiantes de distintas universidades laguneras: Juan Jaramillo Montes, Paul Michell España, Abraham Alvarado Hernández y Cristian Guillermo Méndez.
Parálisis
En la sonada matanza de Villas de Salvárcar, ocurrida a principios del año pasado, en Ciudad Juárez, los 15 jóvenes masacrados eran también estudiantes. La mayoría cursaba educación media. Sólo uno de ellos era universitario, Marcos Piña Dávila, estudiante de relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). A todos ellos, el presidente Calderón los acusó de estar involucrados con el crimen organizado.
Otros estudiantes han logrado sobrevivir a las balas casi de milagro, como sucedió con José Darío Álvarez Orrantía, de 19 años, alumno de la UACJ. En octubre del año pasado, agentes de la Policía Federal dispararon contra él mientras participaba en una manifestación en Ciudad Juárez que pedía el cese a la violencia. Dos balas de alto poder le dieron en el abdomen y le sacaron las vísceras. El estudiante fue trasladado al Hospital General, donde se le salvó la vida. Su universidad interpuso una demanda por el delito de homicidio en grado de tentativa.
López Castañares sostiene que los jóvenes son un grupo “muy vulnerable” a los embates del crimen organizado, de ahí que las universidades en las que estudian también se vean afectadas.
“La policía o los carteles de la droga no atacan a la universidad como institución en sí. Incursionan en sus planteles porque son un espacio de población juvenil, un grupo muy vulnerable en esta guerra contra el narcotráfico”, explica.
–¿El quehacer académico se ve afectado por la violencia en las universidades?
–¡Muchísimo! ¡Muchísimo! Y le pongo un ejemplo. Para nosotros es fundamental la movilidad estudiantil, que los jóvenes de una universidad vayan a otras para intercambiar experiencias y adquirir otra visión de las cosas. Pero ahora los chavos tienen mucho miedo de salir. Y las autoridades universitarias sopesan los riesgos. Esa movilidad se está acabando. Sobre todo, quienes habían ido a las peligrosas universidades del norte del país ya se regresaron a sus universidades de origen.
“Lo mismo pasa con los estudiantes de universidades extranjeras que venían a las de México por algún tiempo. En sus países ya les están diciendo que no vengan porque les pueden dar un balazo. Para no exponer sus vidas, mejor se quedan allá. Todo esto empobrece mucho nuestra vida académica.
“En Tamaulipas, las cosas han llegado a tal extremo, que los rectores y otras autoridades universitarias ya ni siquiera se atreven a viajar por carretera, porque los asaltan y les quitan sus vehículos. Esto provocó la supresión de reuniones y de intercambios académicos. En el norte del país, el temor ha incrementado la llamada educación a distancia.”
Al igual que las escuelas de educación básica y media, también las universidades suspenden clases ante los rumores de supuestos enfrentamientos. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha cancelado sus labores por psicosis colectivas, ocasionadas por narcomantas que anuncian incursiones armadas.
Los académicos extranjeros no escapan al peligro. El pasado 11 de marzo, en Ciudad Juárez, un comando armado secuestró a una doctora en arqueología, de origen estadunidense, cuyo nombre no se dio a conocer para proteger su integridad física. La Universidad del Norte de Arizona (NAU, por sus siglas en inglés), donde labora la profesionista, informó escuetamente del secuestro.
La desaparición de la joven Adriana Morlett también sacudió a la comunidad universitaria. Estudiante de arquitectura en la UNAM, Morlett, de 22 años, desapareció desde el pasado 6 de septiembre. Nada se sabe de su paradero, pese a las manifestaciones estudiantiles frente a la Torre de Rectoría.
Manual de sobrevivencia
El problema en México es más grave incluso que en Colombia, donde la lucha contra el narcotráfico no afectó a su comunidad académica, según dijo Gilberto Giraldo Buitraso, rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza. “El tema para nosotros felizmente no llegó a las universidades”, aseguró Giraldo en un encuentro de rectores celebrado en Guadalajara en junio pasado.
Presionada por esta gravísima situación de violencia e inseguridad en las aulas, y por varios rectores que ya le piden tomar medidas, la ANUIES acaba de elaborar un manual de seguridad que será aplicado en las universidades del país.
López Castañares toma el manual de la mesa circular frente a la que está sentado. Son 77 páginas engargoladas. Las muestra con satisfacción, y comenta:
“El objetivo de este manual de seguridad es garantizar, dentro de los recintos universitarios, la integridad física y psicológica de alumnos, maestros, empleados administrativos y demás trabajadores.”
–¿Será un manual único para todas las universidades?
–Sí, único. Y lo repartiremos gratuitamente a todas las universidades en cuanto esté listo, pues por el momento lo enviamos a la Secretaría de Seguridad Pública federal, para que lo revise y nos haga sus comentarios y sugerencias. Sólo falta afinarlo. A mediados de abril empezará a circular.
“Al manual se incorporaron las experiencias de algunas universidades que, de manera independiente, empezaron a tomar sus propias medidas de seguridad para enfrentar la violencia actual.”
López Castañares se refiere a instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Guanajuato o la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ya tienen sus manuales y llevan meses aplicando medidas de seguridad.
Agrega el dirigente de la ANUIES que el manual contiene un diagnóstico de la situación y, en otro apartado, una lista de medidas preventivas, así como de las acciones a tomar ante situaciones de riesgo.
Las universidades mexicanas –recomienda el manual– deben implementar sistemas de credencialización, bitácora de visitantes, sistemas de control de acceso y de salidas, un directorio telefónico con números internos de emergencia, equipos de vigilancia, mejoramiento en el alumbrado interno y externo, así como autobuses que transporten al alumnado a lugares seguros cerca de sus casas.
También recomienda realizar simulacros, charlas sobre seguridad o difusión de información en esa materia, con el fin de crear una “cultura de la participación” para afrontar colectivamente cualquier eventualidad.
Abunda López Castañares:
“Ante un tiroteo, es muy importante que los estudiantes se tiren al piso, pues quedarse parados o correr los hace un blanco más fácil para las balas. También deben detectar con rapidez en qué lugar se encuentran. Es muy distinto estar en la biblioteca, donde sólo hay libros y computadoras, a estar en un laboratorio donde hay tanques de oxígeno, de gas o de nitrógeno. Una balacera en estos lugares puede ocasionar tremendas explosiones.”
–¿Y cómo se mejorará el control del acceso?
–Mediante la credencialización, cosa que ya hacen muchas universidades privadas. Nada le cuesta al joven mostrar su credencial de alumno, ni al visitante mostrar su identificación oficial. Así ya no será tan fácil entrar a matar. Tenemos que saber quién entra, a dónde va y a quién busca.
“Muchos estudiantes nos comentan: ‘Salimos de noche, corremos peligro’. Bueno, por eso el manual recomienda mejorar el alumbrado y tener autobuses que lleven al estudiante, no directamente a su casa, pero sí a lugares céntricos y seguros.
“Otro grave problema son los locales externos a las universidades donde se vende, por ejemplo, alcohol. Aquí debemos coordinarnos con las autoridades locales para que muevan a otro espacio esos comercios. No queremos que los jóvenes caigan en las adicciones.”
–¿Les darán armamento a los guardias de las universidades para que puedan repeler una agresión?
–No, eso no lo haremos. Nuestros guardias deben seguir desarmados, porque están para vigilar y procurar que no haya robos de bolsos o laptops, o para evitar algún tipo de abuso sexual que pueda darse en los campus. Si les damos armas, hay el riesgo de que empiecen a disparar contra los propios estudiantes. Esa medida quedó descartada en el manual, lo mismo que la instalación de detectores de metales, pues no podemos estar revisando mochila por mochila a los alumnos.
–¿Qué harán con los hijos de los capos que ingresan a las universidades?
–En primer lugar, desconocemos quiénes son, y en segundo, no podemos negarle la educación a nadie. Sería una discriminación aberrante. No estamos en Estados Unidos, donde a los migrantes ilegales se les impide acceder a la educación.
López Castañares considera que la falta de recursos económicos de las universidades mexicanas es un serio obstáculo para la aplicación del manual de seguridad de la ANUIES:
“Las universidades públicas atraviesan por una grave crisis económica. Cada año nos estamos peleando para que se aumente el raquítico presupuesto a la educación superior. Ahora la violencia agravó la situación. Y se necesitan urgentes recursos para enfrentarla.”
Sin embargo, comenta que algunas universidades, a costa de grandes esfuerzos, han aumentado sus partidas presupuestales destinadas a seguridad.
Es el caso del Instituto Politécnico Nacional, que ya incrementó en 20% ese gasto. La UACJ, según informó su rector, Jorge Mario Quintana, este año incrementó en 200% su presupuesto en el rubro. Mientras que la Universidad de Morelos lo elevó en 100%.
“Las universidades están haciendo descomunales esfuerzos para proteger la vida y la integridad física de sus jóvenes. Es un gasto prioritario que no debe desdeñarse. En la ANUIES, en cuyas universidades estudia 83% de la matrícula nacional, también estamos buscando recursos para seguridad.”
–¿Qué puertas ha tocado usted?
–Primero acudimos a la Secretaría de Educación Pública. Ahí nos dijeron que lo lamentaban mucho, pero que no tenían recursos para ese rubro. Nos mandaron a la Secretaría de Hacienda, donde también nos dijeron que no podían apoyar a las universidades. Actualmente estamos en pláticas con la Secretaría de Gobernación, que promete apoyarnos indirectamente, a través de recursos destinados a los municipios. Seguiremos tocando puertas.
–¿Cuál es la postura de la ANUIES ante la actual guerra contra el narco emprendida por el gobierno federal?
–Como universidades, sostenemos que a través de la educación podemos resolver ese y muchos otros problemas. Pero necesitamos que el gobierno nos explique el porqué de su guerra. Ya estamos cansados de tanta violencia y muerte. Nos hemos reunido con el presidente Calderón y con otros de sus funcionarios, y les hemos dicho en corto: “Oigan, ya bájenle”.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Entrega Duarte al Congreso propuesta para enlistar a “ninis” en el Ejército
Entrega Duarte al Congreso propuesta para enlistar a “ninis” en el Ejército
La Redacción
CHIHUAHUA, Chih., 28 de marzo (apro).- El gobernador César Horacio Duarte Jáquez presentó esta mañana ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar diversos artículos tanto de la Ley del Servicio Militar, como de la Ley de Educación Militar, con lo que se busca que este servicio sea remunerado y se extienda a un periodo de hasta tres años en aquellos jóvenes que al momento de ser convocados no estudien ni trabajen.
En la propuesta del Ejecutivo Estatal -que por su carácter, deberá ser turnada para su aprobación al Congreso de la Unión-, se destaca que para lo anterior se deberá establecer “un régimen especial de servicio militar remunerado y de facilitar su posterior ingreso al Sistema Educativo Militar, en caso de que los jóvenes opten, de manera voluntaria, por la carrera de las armas”.
“No se trata de una medida que los obligue a prestar este servicio, se trata de una oportunidad de que dichos jóvenes se sientan útiles a la sociedad y a la patria, de ocupar su tiempo al servicio de la Nación y alejarlos del ocio, los vicios y cualquier mala influencia con motivo de su inactividad”, aseguró el Ejecutivo.
En cuanto a la reforma a la Ley de Educación Militar, se propone que se desarrolle un programa institucional por medio del cual se fomente la incorporación al Sistema Militar de estos jóvenes, otorgándoles, frente a otros mexicanos, el derecho preferencial de incorporarse a las instituciones del Sistema Educativo Militar, cuando ellos opten, de manera voluntaria, al servicio de las armas.
Duarte Jáquez precisó que las reformas propuestas no se limitan a la prestación de un servicio con remuneración económica, sino que busca también incentivar la educación militar, y por medio de esta disciplina reencontrar el amor a la patria.
“Uno de los fenómenos que más preocupan al gobierno estatal y a la sociedad en general, es el de los jóvenes que en la actualidad, por diversas circunstancias no se encuentran realizando ningún tipo de estudios, pero tampoco son económicamente activos, esto es, no realizan actividad laboral alguna; aunque formalmente no existe una cifra oficial, en los diversos estudios en la materia se ha manejado que existen más de siete millones de ellos en esta situación; ante lo cual, son blanco fácil para ingresar en las filas de la delincuencia organizada, o bien, en la economía informal o en el subempleo”, dijo.
“Estos muchachos no son en realidad nuestros enemigos, son las víctimas del entorno que nosotros mismos como sociedad les hemos creado, y es desde el gobierno y desde la sociedad donde debemos crear las condiciones para evitar entregarlos a las ramificaciones del tumor social que es el crimen organizado”, puntualizó.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Noticias con El Bote 28-Marzo-11
Tweet Hoy tuvimos de invitados a @yuririaunam y a @Jonapolifonia con quienes hablamos del tema de la encuesta que se realiz en el EDOMEX, lo que han dicho los organizadores y las diversas reacciones polticas que se ha derivado, tambin comentamos sobre las revisiones a pequeos negocios por parte del SAT de manera sorpresiva, tambin comentamos sobre la migrante Hondurea que fue perseguida con machete en mano por parte de autoridades del INM en una clara violacin a la ley ya que estos no pueden portar ningn tipo de arma y dems temas. Presentamos el VIDEOMENSAJE semanal de AMLO y el video que muestra la ilegalidad de personal del INM en Chiapas.
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“México se ha convertido en una sociedad de clase media”: Calderón
“México se ha convertido en una sociedad de clase media”: Calderón
Arturo Rodríguez
MEXICO, D.F. 28 de marzo (apro).- Con cifras de abatimiento de pobreza, analfabetismo y migración, así como de disminución de la tasa de mortalidad y de la tasa de crecimiento poblacional, el presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que en los últimos diez años el país ha cambiado para bien.
Durante la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Calderón consideró que el estudio es “una fotografía que retrata de cuerpo entero” al país, y la forma en que ha evolucionado en la primera década del siglo XXI.
La presentación de los resultados se realizó esta mañana, en el Museo Nacional de Antropología, donde Calderón estuvo acompañado del director del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Eduardo Sojo Garza-Aldape, así como del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz.
Luego de que Sojo diera a conocer diferentes aspectos del censo, Calderón Hinojosa pronunció un discurso en el que en 14 ocasiones hizo referencias a los “últimos 10 años” o “la última década” para de inmediato dar a conocer indicadores positivos de la medición.
En su intervención, el presidente calificó e México como un país de jóvenes y clasemedieros.
Entre otros aspectos, destacó que la tasa de fecundidad se ha mantenido a la baja, así como la tasa de mortalidad, aunque admitió que el envejecimiento de la población “está generando ya, enormes presiones sobre el Sistema Nacional de Salud”.
No obstante, afirmó que la población es mayoritariamente joven, pues la mitad de la población tiene menos de 26 años, y porque la edad promedio en México es de 29 años de edad.
En cifras absolutas, dijo, 32 millones 915 mil personas tienen menos de 15 años; 72 millones 345 mil tienen entre 15 y 65 años, en tanto 7 millones 77 mil son mayores de 65 años.
El mandatario consideró que una gran ventaja para el país es el bono demográfico puesto que en la actualidad, por cada dos personas en edad de trabajar, hay una que es dependiente económico, con lo que se debe acelerar la transformación económico, social y política del país.
Aun más. Con base en los resultados del censo, Calderón aseguró que en los últimos 10 años aumentó el número de trabajadores que perciben mejores salarios, pues quienes ganan tres o más salarios mínimos aumentaron de un 25 por ciento, a un 37 por ciento, en tanto el 41 por ciento que percibía menos de dos salarios mínimos bajó a 31 por ciento.
“Este cambio ha sido fundamental para mejorar de manera gradual y consistente el nivel de ingreso y de bienestar de las familias. La mejora salarial también incrementa la capacidad de compra. Gracias a ello, hoy los hogares cuentan con más bienes de consumo duradero (como) televisores, refrigeradores, estufas, automóviles, incluso”, dijo.
Citando al investigador Luis Rubio, Calderón afirmó que “México se ha convertido en una sociedad mayoritariamente de clase media”.
“En suma, en estos 10 años, pienso que hemos cambiado y que hemos cambiado en muchas cosas para bien en México. Se han mejorado condiciones de vida, sobretodo de las familias más pobres; se ha incrementado el acceso a servicios tan importantes como salud, educación vivienda”, continuó.
El mandatario federal consideró que el censo será una herramienta muy útil para rediseñar programas sociales y atender las problemáticas derivadas del aumento de precios, cuyo impacto se da principalmente en zonas urbanas, pues dijo, en el medio rural se ha enfocado su gobierno para combatir la pobreza.
Calderón insistió en que el censo enseña que México sigue avanzando, que hay logros importantes.
“Aún no estamos donde queremos, aunque hemos avanzado sustancialmente, pero vamos con paso firme y decidido a donde México, debe estar”, expresó.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Bajo la mesa, Washigton culpa a México del tráfico de armas
Bajo la mesa, Washigton culpa a México del tráfico de armas
El escándalo por el plan Rápido y furioso revela el diálogo de sordos que existe entre ambos gobiernos
Blanche Petrich /I
Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2011, p. 2
A lo largo del sexenio de Felipe Calderón, el tema del contrabando de armas ilegales de Estados Unidos hacia México ha sido un diálogo de sordos entre los dos gobiernos. Los mexicanos –presidente, procurador general, ministros y militares– demandan en público y en privado que Washington detenga el trasiego de armamento bélico prohibido por ley en México y que al norte de la frontera se vende libremente. Mientras tanto –ahora se sabe– parte de este tráfico ilegal contó con la luz verde del gobierno en Washington, mediante su operativo encubierto conocido con su nombre clave Rápido y furioso. Gracias a éste circulan en el país más de 2 mil fusiles de alto calibre sin control.
Ante las quejas mexicanas, los interlocutores estadunidenses eluden el tema y responsabilizan a las autoridades mexicanas por su incompetencia, por el mal estado de los registros de armas confiscadas y por el desorden existente en las bodegas donde la Secretaría de la Defensa resguarda los arsenales decomisados al crimen organizado.
Cuando los funcionarios mexicanos piden resultados en el tráfico de armas, sus contrapartes invariablemente responden que lo que se requiere es acceso total de las agencias especializadas estadunidenses a los enormes arsenales de material confiscado en el país para rastrear la ruta que siguen las armas desde los proveedores en la frontera hasta el usuario en la delincuencia organizada.
Las únicas medidas concretas que han tomado ha sido la aplicación del programa E-Trace y las operaciones Armas cruzadas y Chuck Wagon. Según explica un cable preparado para la visita del entonces secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, del 17 al 19 de julio de 2008 (cable 08MEXICO2160), E-Trace es un software instalado en la PGR y la SPP en los 32 estados que permite indagar directamente en un banco de datos del Departamento de Justicia en Washington sobre el origen de un arma determinada. Armas cruzadas es un mecanismo de cooperación entre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y su contraparte mexicana. Chuck Wagon era una operación que existía entonces para que la oficina del agregado militar estadunidense, que depende directamente del Pentágono, ayudara a la Sedena a identificar armamento militar, incluidos cohetes, lanzacohetes antitanque RPG y granadas.
Según consta en cables de la embajada estadunidense contenidos en el archivo de Wikileaks en poder de La Jornada, el gobierno mexicano reclamó reiteradamente durante los primeros años del sexenio que eso no era suficiente. Después dejó de hacerlo.
Las agencias estadunidenses involucradas –Inmigración y Aduanas (ICE), por parte de la Secretaría de Seguridad Interna, y Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), por la oficina del procurador general– obtuvieron todo el acceso que exigieron. El resultado fue el escándalo de Rápido y furioso; aún no se sabe hasta dónde asciende en el escalafón del ejecutivo estadunidense la responsabilidad en esta operación encubierta y fallida.
A la fecha, ATF tiene acceso a las escenas del crimen que solicite en México, a los bancos de datos y depósitos de la PGR y la Sedena, incluso a los indicios balísticos (casquillos y piezas de explosivos) que le parezcan de interés, pero no ha logrado presentar un solo caso de identificación de traficantes de armas, un episodio de intercepción de armamento contrabandeado o información sobre el origen de los cargamentos ilegales o su destino en territorio mexicano. En los cables en poder de este diario y en los anales de la Secretaría de Relaciones Exteriores no figura ningún reclamo formal, por la parte mexicana, por esta falta de resultados sobre un asunto tan vital.
¿Quién tiene la culpa?
Los socios estadunidenses en estos convenios –en los que participan también Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) y la agregaduría militar de la embajada– culpan al gobierno mexicano de obstaculizar los esfuerzos debido a la incapacidad de las principales agencias de seguridad y justicia de trabajar en equipo.
Al menos ésta es la conclusión a la que llegó el ministro consejero John Feeley (ahora virtual titular interino de la legación, después de la renuncia de Carlos Pascual) en un cable revelado por Wikileaks (09MEXICO3108) del 28 de octubre de 2009 enviado a los departamentos de Estado, Justicia, Seguridad Interna e incluso al Comando Sur. El respaldo del gobierno mexicano a una base de datos integral parte del pretexto de que la medida permitirá una mejor cooperación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, sin que haya un compromiso real por superar las diferencias que impiden resolver el problema del tráfico de drogas.
También responsabilizan a los gobiernos de los estados por no tener mecanismos de control suficientes sobre los envíos de armas que les entrega la Secretaría de la Defensa para la dotación de las policías y fuerzas locales. De este modo, se asegura en un cable del 30 de noviembre de 2009 (09MEXICO3376), funcionarios del sistema judicial estadunidense tienen razón para creer que algunas armas (de los lotes importados legalmente por la Sedena) simplemente desaparecen. Se refiere a un caso detectado mediante su programa de verificación conocido como Blue Lantern (Linterna azul): un fusil AR-15, perteneciente a un lote de mil 30 armas similares, importado legalmente por Sedena y entregado a las autoridades michoacanas. El arma fue recuperada después de un enfrentamiento en Panindícuaro, Michoacán, a mediados de 2009, pero nunca se pudo determinar en qué momento se desvió para caer en manos de grupos criminales.
Desorden en las bodegas de Sedena
En ocasiones, según se reporta en el cable confidencial 09MEXICO3114, fechado el 29 de octubre, la embajada logra salvar las restricciones impuestas por una resolución de la Suprema Corte de Justicia y consigue la información que persigue. En julio de este año (2009) la Sedena se decidió a compartir la información con nosotros, lo que permitió a la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y ATF revisar los datos, con la idea de poder abrir averiguaciones contra individuos que venden armas al narcotráfico.
El resultado fue la frustración estadunidense por el desorden con el que son resguardados los datos claves. Esto es lo que escribe el ministro consejero Gustavo Delgado: Desafortunadamente la información está incompleta y carece de datos sobre el origen de las armas, lo que refleja los métodos irregulares y deficientes empleados tanto por la policía federal (SSP) como por los oficiales de la Sedena a la hora de procesar las armas confiscadas.
Aflora la crítica contra los militares: Además de la inmensa cantidad de armamento almacenado, el desorden con el que el gobierno de México administra las bodegas (bajo jurisdicción de la Sedena) ha propiciado un sistema de resguardo discrecional, sin responsabilidades claras. Con frecuencia las dependencias anteponen sus intereses y conflictos, disputando abiertamente quién tiene prioridad en el manejo de investigaciones claves. La PGR defiende de manera intransigente su autoridad sobre los aspectos judicial, de investigación y forense del arma, mientras la SSP hace valer su posición de líder entre las dependencias judiciales. La SSP solamente accede a compartir su información cuando el caso es transferido a la jurisdicción de la PGR.
Según los datos de contexto que contiene este despacho, hasta 2009 las bodegas del gobierno en todo México resguardaban aproximadamente 140 mil armas, ya sea recuperadas en escenas de crimen o confiscadas en retenes. Las bodegas están bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa, que conserva información fragmentada sobre alrededor de 64 mil armas recuperadas desde el inicio de la administración de Calderón.
En este análisis la embajada pone en duda incluso la versión oficial de su propio gobierno, que sostiene que 90 por ciento de las armas ilegales confiscadas aquí proceden de Estados Unidos. El dato está basado en revisiones incompletas. De hecho, sin un acceso más completo, no tenemos forma de verificar estas cifras.
Escaparate de una tienda ubicada en avenida Industria Militar, donde se venden armas de fuego de variados calibres a militares y policías. Sólo la pistola de 38 mm es vendida al publico en general, luego de cubrir los requisitos de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones de la Secretaría de la Defensa NacionalFoto Francisco Olvera
En marzo pasado, soldados decomisaron municiones de AK-47 en un rancho de Veracruz, en el que se entrenaba a sicarios. Autoridades mexicanas y estadunidenses han tenido diferencias debido al contrabando de armas hacia territorio mexicanoFoto Reuters
La promesa de Napolitano y su intención encubierta
El 14 de abril de 2009 Calderón abordó el tema con la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, y con el procurador general, Eric Holder, poco después de la realización de la conferencia binacional sobre tráfico de armas, en Cuernavaca los primeros días del mes. Calderón –según el cable confidencial 09MEXICO1048– reiteró su conocida posición sobre la reimposición del embargo que prohibía la libre venta de armamento pesado antes de 2004. Es un tema con el que ya había topado pared antes, ya que el gobierno de Barack Obama lo elude con tal de no confrontar a los sectores más duros del conservadurismo, defensores a ultranza de la segunda enmienda, que ampara los derechos de portar, vender y comprar armas.
Para salvar las formas, Napolitano sugirió que su dependencia reforzaría los cruces fronterizos con supervisión complementaria de viajeros que abandonaran Estados Unidos hacia México. Incluso ofreció poner unidades caninas, aunque advirtió a Calderón que en la medida en que fueran más exitosos en la intercepción de armas, los contrabandistas intentarían rutas marítimas, lo que pondrá mayor presión a la Marina mexicana.
En efecto, Holder desplegó 110 nuevos agentes de la ATF, y Napolitano 360 funcionarios del ICE en los puntos aduanales, bajo el programa Project Gunrunner (en vigor desde 2005). Entre ellos, John Dodson y René Járquez, quienes, según su dicho, fueron presionados por instancias superiores para participar en la operación Rápido y furioso.
El cable de referencia sobre el encuentro Calderón-Holder-Napolitano, suscrito por la consejera política Leslie Basset, no indica si los funcionarios estadunidenses mencionaron a Calderón los operativos Gunrunner y Rápido y furioso, que según la reportera investigadora de la televisora CBS Sharyl Attkinson funciona al menos desde 2008. Hoy, en medio del escándalo, ambos gobiernos se lanzan acusaciones mutuas y el mismo presidente Obama sostiene una afirmación sujeta a averiguación judicial: que ni él ni Holder sabían de las armas caminantes.
En septiembre de 2010, una alerta policiaca informó a la ATF que en siete tiendas de armas en Phoenix, Arizona, se habían detectado compras irregulares. Un hombre identificado como Jaime Ávila –que resultó ser prestanombres de los verdaderos compradores– estaba adquiriendo fusiles de asalto tipo militar en grandes cantidades y pagando al contado, incluso con billetes que portaba en grandes bolsas de papel. Según denunciaron Dodson y Járquez a la televisora CBS recientemente, la ATF ordenó a sus agentes no actuar y dejar pasar los cargamentos.
Los fusiles eran contrabandeados en los puntos de las aduanas que, según la promesa hecha a Calderón, se encontraban controlados. La orden, que no se sabe aún qué tan alto se originó ni si contaba con el conocimiento del gobierno de México, pasó por encima de la opinión adversa de varios agentes, entre ellos la de Darren Gil, ex delegado de la ATF en la embajada estadunidense en México. Parte de las obligaciones de Gil era sostener relaciones muy estrechas con la PGR, la SPP y la Sedena. Gil, quien se mantuvo en el cargo hasta fines de 2010, aseguró este sábado a la televisora CBS, la cual destapó el escándalo, que se percató de este tráfico irregular a principios de 2010 y advirtió a sus superiores de que algo podría salir mal en el operativo. Los mexicanos se van a poner furiosos cuando se enteren de esto, dice que advirtió a sus superiores. En eso se equivocó. Aun con el escándalo expuesto, la reacción del gobierno mexicano dista de ser furiosa o tajante.
Gil, cuya atribución era precisamente autorizar esas entradas supuestamente controladas de armas, fue bloqueado. Mis superiores me aseguraron que el caso estaba ahora en manos del Departamento de Justicia.
El operativo empezó a fallar cuando se supo que dos armas encontradas en el sitio donde fue asesinado un agente de la patrulla fronteriza en EU, Brian Terry, tenían números de serie del lote que la ATF dejó caminar desde las tiendas de Phoenix. Más tarde se reveló que otra de las armas con las que fue asesinado en México el agente del ICE Jaime Zapata también era parte del lote del operativo Rápido y furioso.
Otra mancha en la trayectoria de Medina Mora
Ante la salida del ex procurador general Eduardo Medina Mora, la embajada evaluó su comportamiento y le dio una calificación mixta, con pros y contras, en el cable 09MEXICO3092. Su principal falla fue haber criticado públicamente a Estados Unidos por no haber hecho lo suficiente para reducir el tráfico de armas durante la conferencia bilateral de 2008. Una lástima, porque Medina, sobre este tema, era constructivo, ponía el acento en la colaboración y estaba lejos de los alegatos baratos de quienes critican la segunda enmienda y la derogación del embargo de armas.
Entre sus fallas, como ya se ha publicado, este mismo cable cita su incapacidad de superar la animosidad personal que tenía con el secretario de Seguridad Pública García Luna. Entre sus pros, la embajada valoró el alto número de extradiciones que autorizó y los esfuerzos que hizo para reforzar la colaboración tripartita Colombia-Estados Unidos-México.
Es pertinente la mención de Medina Mora porque en 2007 –aun en tiempos de George Bush– el entonces flamante procurador del calderonismo se reunió con el director de la Oficina Nacional de control de Drogas de la Casa Blanca, John Walters. Empezaba una operación binacional llamada Armas cruzadas, que pretendía aumentar los niveles de generación de información de inteligencia sobre las redes de contrabandistas de armas (cable 07MEXICO1854). Medina Mora hizo una petición concreta: demandó información sobre los compradores, en Estados Unidos, de munición de altos calibres para armamento tipo militar. Nunca se respondió a su requerimiento.
Mouriño y su reclamo olvidado
Otro antecedente de estos diálogos de sordos fue el encuentro que tuvo el fallecido secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño con el entonces secretario de Seguridad Interna Michael Chertoff. Fue el 28 de febrero de 2008, en una conversación al margen de un encuentro bilateral en Los Cabos, reportada el 11 de marzo de 2008 en el cable 08MEXICO714.
Sobre el tráfico de armas, Mouriño expresó a Chertoff su preocupación porque el programa E-Trace (registro digital que sigue la ruta de cada arma mediante su número de licencia), si bien era apreciado por las autoridades mexicanas, no representaba la solución al problema de fondo, que era la imposibilidad de seguir la pista a los grandes y pequeños embarques de armas compradas en las exposiciones de armamento en Estados Unidos ni de detectar los cargamentos que entraban a Estados Unidos de terceros países para seguir su camino, ilegalmente, hasta México.
Chertoff respondió con el consabido: Es necesario elevar el nivel de intercambio de inteligencia. Fue la conversación en la que Chertoff reclamó a Mouriño el acceso para que los funcionarios estadunidenses pudieran interrogar a extranjeros detenidos en instalaciones de inmigración mexicanas, calificados como de interés especial (special interest aliens).
Pertinentes o no, las observaciones de Mouriño cayeron en el olvido. No volvieron a aparecer en las agendas de los dos países cuando se discutió el tema del contrabando de armas.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Sueldos y prestaciones abusivos en la Comisión Nacional Bancaria
El ente público relega al ISSSTE; usa servicio médico privado: ASF
Sueldos y prestaciones abusivos en la Comisión Nacional Bancaria
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2011, p. 17
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los sueldos de los funcionarios se duplican con bonos, y que el servicio médico de altos mandos y trabajadores se subrogó a empresas privadas, porque desconfían de la calidad de las medicinas del sector salud y no les gusta esperar largas horas en el ISSSTE sólo para una consulta corta, degradante y negligente.
En 2009, la ASF halló que los salarios pagados en la CNBV ascendieron a 269 millones 493 mil pesos, pero los bonos sumaron 263 millones 700 mil.
Además, resaltó, tan sólo el servicio médico privado para mil 503 funcionarios y empleados costó 98 millones de pesos, y pidió a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados indagar para determinar si debe continuar la atención privada o aceptar la que por ley les otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Al respecto, el presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales (PVEM), informó que asumirá la solicitud del órgano fiscalizador, porque un acuerdo entre el ISSSTE y la comisión bancaria no puede conceder privilegios que 11 millones 300 mil derechohabientes no tienen. Todo indica que se trata de un abuso y vamos a investigar, dijo.
En su informe de la Cuenta Pública 2009, la ASF informó a la Cámara que, al revisar la partida 3414 de la CNBV, Subcontratación de servicios con terceros, que ascendió a 110 millones 668 mil 900 pesos, encontró que de éstos 98 millones 833 mil pesos se destinaron a los servicios médicos del personal.
Los auditores definieron que, como a los funcionarios y trabajadores de la CNBV no les gusta la mala atención del instituto, éste aceptó firmar un convenio para cederle a la comisión bancaria prestar los servicios médicos a su personal, pero como no tiene infraestructura para ello, decidió adjudicar un contrato directo, cuando al menos debió realizar una invitación restringida a tres proveedores.
Uno de los argumentos que esgrimió la comisión fue que el ISSSTE no cuenta con la posibilidad de prestar los servicios, porque la demanda supera su capacidad instalada, lo que, para la ASF, resulta cuestionable, si se toma en cuenta que el instituto otorga salud a más de 11 millones de personas.
Aun así, la CNBV contrató servicios de médicos, hospitales, farmacias, laboratorios, ópticas, casas de ortopedia, ambulancias, aparatos auditivos y vacunas a firmas privadas.
En el punto cuarto de su resolución, la auditoría reprodujo las justificaciones de la comisión bancaria para atención médica privada:
“Que el servicio médico público experimenta radicales deficiencias, como una organización burocrática que deriva en largas horas de espera; sustitución de personal médico por pasantes que derivan en diagnósticos inadecuados y negligencia; breve duración de la consulta; periodos irrazonablemente prolongados para estudios de laboratorio y sus resultados no son confiables; número deficiente de camas.
Trato eventualmente degradante al paciente y familiares; áreas sin limpieza; infecciones hospitalarias, escasez de medicamentos; tiempo de espera irrazonable en urgencias; complicaciones posquirúrgicas; errores en la prescripción de medicamentos y desconfianza de éstos; el paciente pierde su nombre para convertirse en un número o una ficha; los dentistas están mal pagados y su compromiso en atención es inexistente.
La auditoría a la comisión bancaria concluyó que de las mil 503 plazas autorizadas en 2009, sólo 440 eran de personal operativo. El resto eran altos mandos.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
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