jueves, 9 de mayo de 2013

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EL BOTE.

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Europa: Presión política para que Peña respete derechos laborales


MARCO APPEL

BRUSELAS (apro).- El panorama de los derechos laborales en México ha generado tal grado de preocupación que sindicatos internacionales han decidido movilizarse para denunciar al gobierno mexicano y apoyar a los trabajadores del país.

Como parte de esa movilización mundial, una delegación del sindicato global IndustriALL, con sede en Ginebra, Suiza, prepara un viaje a México para entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto y exhortarlo a que cumpla con las convenciones internacionales en la materia y con las recomendaciones dirigidas a las autoridades del país por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Más aún, esa asociación sindical —que dice contar con 50 millones de trabajadores adherentes de la industria minera, energética y de la manufactura en 140 países— está en pláticas con la OIT para que representantes suyos se unan a la delegación, afirma el brasileño Fernando Lopes, secretario general adjunto de IndustriALL en Ginebra, quien prevé que esa visita a México se realice “en julio o agosto”.

En declaraciones a Apro, Lopes cuestiona la nueva Ley Federal del Trabajo —promulgada el 1 de diciembre de 2012— que, a su juicio, empeoró todavía más la situación de los derechos laborales de los mexicanos. “No vemos ningún indicio de que haya una intención seria en el gobierno de Enrique Peña Nieto de cambiar las cosas, que hoy permiten la subsistencia de un ‘sindicalismo charro’ que acepta contratos de protección empresarial”, denunció el dirigente sindical.

IndustriALL exige que se derogue tal legislación, pues fomenta el despido de activistas sindicales, aumenta la subcontratación y conduce a la expansión masiva del empleo precario.

El gobierno de México —acusa Lopes— no ha cumplido hasta ahora con la implementación de las recomendaciones que emitió la OIT hace dos años, y que derivaron de una queja que el 5 de febrero de 2009 presentó, a nombre de varios sindicatos, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (IMF, por sus siglas en inglés), que es miembro de IndustriALL.

Esa queja fue la primera que se introdujo ante la OIT —específicamente ante su Comité de Libertad Sindical— contra el gobierno mexicano. En ella se solicita a la OIT “condenar la violación sistemática del derecho de asociación; emplazar a las autoridades del país a adoptar correctamente la Convención 87 de la OIT dentro de la ley nacional, y promover las relaciones democráticas en las relaciones industriales en México”, según explicó en ese momento el presidente de la IMF, Jürgen Peters, presidente también del poderoso sindicato alemán IG Metall.

El 29 de marzo de 2011 el Comité de Libertad Sindical de la OIT emitió un informe en el que recomendó al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón que sostuviera un “diálogo social constructivo” con los sindicatos para examinar cuestiones relativas a las cláusulas de seguridad sindical y de representatividad mínima de los sindicatos para poder negociar colectivamente, así como las alegaciones sobre la falta de imparcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la excesiva duración de sus procedimientos.

Ese diálogo tenía que incluir aquellas organizaciones sindicales que interpusieron la queja ante la OIT: la IMF, la Confederación Sindical Internacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), así como el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (STIMAHCS) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), estos dos últimos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) de México.

Asimismo, el comité de la OIT instó al gobierno mexicano a tomar “medidas legislativas en el corto plazo” que fortalecieran “la protección contra las prácticas antisindicales, que están violando los principios de la negociación colectiva”.

En junio de 2012, el Consejo de Administración de la OIT, uno de los órganos superiores, aprobó tales recomendaciones de su comité. El 9 de julio de 2012 el secretario general de IndustriALL, el finlandés Jyrki Raina, acusó:

“El gobierno mexicano clama que respeta los derechos laborales fundamentales, incluyendo la libertad de asociación, pero su fracaso para tomar cualquier paso real para cambiar el sistema de los contratos de protección, que sistemáticamente minan la independencia sindical para organizarse, prueban otra cosa”.

En octubre de 2011 y febrero de 2012, los sindicatos demandantes incluso transmitieron cartas al presidente Calderón, en donde urgían que tomara las acciones correspondientes, pero eso nunca ocurrió.

Por esa razón, entre el 19 y el 25 de febrero de 2012 el consejo de la organización Global Unions —de la que forman parte, entre otras federaciones sindicales mundiales, IndustriALL y la Confederación Sindical Internacional— realizó una campaña de acción global sin precedente, en la que se exigió al gobierno mexicano que concretara las recomendaciones de la OIT y que hiciera algo para terminar con la violación de los derechos laborales.

“Para nosotros, la demanda que interpusimos en la OIT sigue vigente”, recalca Lopes a Apro, y agrega que las intervenciones de ese organismo reflejan una “condena muy fuerte contra México”.

Sin embargo, reconoce el sindicalista, el problema es que la OIT no cuenta con facultades para obligar a los Estados a cumplir con sus resoluciones, por lo que “la única forma de hacerlo es ejercer una presión internacional”.

“Por eso —recalca Lopes— estamos discutiendo con la OIT el envío de una misión a México de sindicalistas, de las federaciones y confederaciones mundiales, para reunirnos con Peña Nieto y discutir y presionar; porque sólo la presión política sobre el gobierno de México puede hacerlo actuar, pues no existen instrumentos internacionales que lo obliguen.”

—¿Están en pláticas con la OIT para que representantes suyos se unan a esta misión a México?

—Así es.

Movilización inédita

Dado que el gobierno de Peña Nieto persiste en el incumplimiento de las recomendaciones de la OIT, la Confederación Sindical Internacional e IndustriALL lanzaron una nueva campaña de denuncia y de presión internacional —bajo el eslogan Días de Acción México—, la cual tuvo lugar del 18 al 24 de febrero pasados.

Como lo informó Apro, durante esa movilización sindicatos de todo el mundo solicitaron a la administración priista que ponga fin al uso de los contratos de protección impuestos por el empleador; que derogue las leyes del trabajo promulgadas el 1 de diciembre de 2012 y que haga justicia a las familias de los 65 mineros muertos en la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.

También exigieron al gobierno federal que “readmita a los activistas sindicales despedidos ilegalmente” —como consideran que ocurrió en los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), PKC, Vidriera de Potosí/Grupo Modelo, Honda y Calzado Sandak/Bata— y que “permita la celebración de elecciones libres y justas”, en concreto en las empresas PKC, Excellon, Honda y Atento.

Una fuente de la Confederación Sindical Internacional —que pidió no ser citada para no saltarse las normas de comunicación interna— señaló en esa ocasión que el gobierno mexicano viola el artículo 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho a la sindicación, además de que México es uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado el Convenio 98 de la referida organización, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.

Como parte de esa campaña, la Confederación Sindical Internacional —que se presenta como la mayor organización sindical del planeta con 175 millones de trabajadores agremiados de 156 países— entregó en la embajada mexicana en Bruselas una carta dirigida a Peña Nieto en la que expresa su “profunda preocupación” por las “graves violaciones” a los derechos laborales que se cometen “sistemáticamente” en el país.

La australiana Sharan Burrow, presidenta de esa confederación, dice al presidente priista en esa misiva que la administración de Calderón le heredó “graves conflictos laborales” cuya solución aún está pendiente; el más reciente de ellos, “la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar los despidos ilícitos de 16 mil 599 trabajadores del SME”. Burrow hace un llamado a Peña Nieto “para que rectifique esta injusticia reintegrando a los trabajadores a su puesto de trabajo”.

A tal movilización se sumaron federaciones sindicales de países tan lejanos como Japón, Rusia o Sudáfrica, además de Suecia, Noruega, República Checa, Argentina, Uruguay o Brasil, que en algunos casos también entregaron comunicaciones en las respectivas representaciones diplomáticas mexicanas.

El 21 de febrero, Christine Olivier, la vicepresidenta del sindicato sudafricano Numsa, dijo a 200 de sus compañeros que protestaron frente a la embajada mexicana en Pretoria: “Nos hemos reunido aquí en solidaridad con nuestros compañeros en México, a quienes se les niegan sus derechos como trabajadores y como seres humanos a asociarse y organizarse en sindicatos democráticos controlados por los trabajadores, y sin represalias”.

Y las alertas internacionales continúan. El pasado 17 de abril, IndustriALL emitió un boletín de prensa en apoyo de los trabajadores en México de la empresa automotriz japonesa Honda, que un día antes comenzaron un paro indefinido en la planta de El Salto, Jalisco.

A pesar de un aumento en la productividad en 2012, la empresa disminuyó la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades, que, según el sindicato, debía subir 60%. Además, la dirección de Honda México se niega a negociar con el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda México (STUHM), al que sostienen los trabajadores, y sólo quiere hacerlo con el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Estructura, Armadura Motriz y Manufactura Industrial (SETEAMI), el cual está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y al que se acusa de estar coludido con la dirección empresarial.

Eso no es todo, ya que el 25 de marzo último murió el trabajador Armando Arana, prensado por un contenedor mientras pintaba una rampa. Arana tenía 14 años de antigüedad en la empresa y había reclamado en varias ocasiones las malas condiciones de seguridad en las que hacía su trabajo, por lo cual, señala el boletín de IndustriALL, el personal directivo de la empresa lo hostigaba.

José Luis Solorio, secretario general del STUHM, explica en ese comunicado que a Arana “se le ordenó junto con otros compañeros que pintaran las rampas de desembarque en la planta de motos. Para ello debían mover algunos contenedores y, en un espacio de aproximadamente un metro, pintar de amarillo las rampas”.

“Los trabajadores —continúa Solorio— pidieron a la empresa señalizaciones de seguridad para evitar accidentes, dado que era un lugar de carga y descarga de contenedores. Pero les respondieron que no era necesario y que realizaran el trabajo o si no que sería despedido quien se negara o protestara.”

El pasado jueves 2 el vicepresidente ejecutivo de Honda Motor, Tetsuo Iwamura, anunció que el corporativo invertirá 470 millones de dólares en la construcción de una nueva planta en Celaya, Guanajuato, la cual generará, dijo, mil 500 empleos directos.

El anuncio se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Economía en presencia de su titular, Ildefonso Guajardo; el encargado de despacho de ProMéxico, Alejandro Delgado; el embajador de Japón en México, Shuichiro Megata, y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, de acuerdo con una nota del portal Mexican Business Web.

Riesgos de una gran explosión social


JESÚS CANTÚ

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Siempre que los gobiernos mexicanos se han aliado clara y abiertamente con el gran capital han generado explosiones sociales de distintas magnitudes y características, pero siempre con costo de vidas humanas e inestabilidad política y social. En los sesenta y los setenta provocaron el movimiento estudiantil del 68 y la irrupción de los grupos guerrilleros, primero rurales y posteriormente también urbanos; en los noventa, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Los impactos de todos estos movimientos en la construcción de las instituciones políticas mexicanas no han sido menores. Todos reconocen que el inicio del proceso de liberalización política, con la reforma electoral de 1977, tuvo entre otras de sus motivaciones el abrir cauces legales para que las inconformidades de los guerrilleros pudieran expresarse por estas vías; tampoco puede escatimarse la influencia que el alzamiento zapatista tuvo en las reformas electorales de 1994 y 1996.

Los últimos meses del gobierno panista de Felipe Calderón y los primeros del priista Enrique Peña Nieto están claramente marcados por el esfuerzo de reactivar las llamadas reformas estructurales, que básicamente implican alinear la legislación mexicana a los requerimientos del neoliberalismo imperante desde principios de los ochenta y que en México encontró en Carlos Salinas de Gortari su gran impulsor.

El error de diciembre de 1994 y la crisis económica que ello provocó, primero, y posteriormente la pérdida de la mayoría priista en el Congreso y la alternancia partidista en la Presidencia postergaron la aplicación de las más importantes durante casi 20 años, pero no han hecho desistir a sus promotores. Y los resultados electorales del 1 de julio de 2012 y el reparto de curules en el Congreso de la Unión les permitieron impulsarlas nuevamente; el mejor ejemplo de ello es la reforma laboral aprobada todavía antes del cambio de gobierno.

A esta reforma se sumaron, ya como producto del Pacto por México, la reforma educativa y la de telecomunicaciones; pero se anticipan, entre otras, la energética y la hacendaria, que también pueden tener una orientación muy similar a la laboral y responder a los requerimientos de los organismos financieros internacionales.

Los opositores a las reformas son numerosos y diversos y se han hecho presentes en distintos escenarios y por distintas vías; particularmente se hicieron presentes en las manifestaciones con motivo del 1 de mayo. Pero también ha habido acciones violentas en diversas entidades del país, particularmente en Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal; es muy sintomático que estos eventos se desarrollen en dos de las entidades más pobres de México y obligan a una reflexión más profunda antes de pensar que la vía para enfrentar los desmanes es simple y únicamente la aplicación de la justicia penal.

Por lo pronto en el caso de Guerrero la policía ya detuvo a cuatro maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y los acusó de los delitos de sedición, motín, terrorismo y daños. Centrar la respuesta en la criminalización de los opositores y exagerar los delitos cometidos contribuye a exacerbar los ánimos y eventualmente puede contribuir al surgimiento de irrupciones sociales.

Y las consecuencias de éstas pueden ser mayores que en el pasado por las actuales condiciones del país. Basta ubicar que el número y el tipo de las armas que hoy se encuentran en México es muy superior al que existía en los momentos previos, la existencia de las llamadas policías comunitarias armadas en varias de las entidades federativas (Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Estado de México, entre las ya conocidas) y desde luego la presencia y extensión de los grupos de la delincuencia organizada, particularmente los cárteles de la droga, que bien pueden buscar alianzas con la guerrilla como ya ha sucedido en países sudamericanos.

Dictan formal prisión a cuatro cetegistas; seguirán el proceso en libertad


EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANCINGO. Gro. (apro)-. El juez primero del ramo penal de primera instancia, Leoncio Molina dictó auto de formal prisión a los cuatro integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), detenidos la semana pasada por protestar en contra de la reforma educativa y posteriormente liberados bajo fianza, quienes enfrentarán su proceso en libertad porque los delitos de sedición y motín que les imputa el gobierno estatal no son graves.

La resolución judicial se emitió este viernes a las 08:20 horas y se indica que a partir de esta fecha se abre un periodo de tres meses para que los procesados presenten pruebas a su favor antes de que se emita la sentencia definitiva, indica el documento oficial incluido en la causa penal 44-2013-I consultado por Apro.

Los argumentos del juez de primera instancia para emitir el auto de formal prisión en contra de Genaro Guevara Hernández, Mauro Lázaro García, Cesáreo Rosendo Feliciano y José Lucas Juárez Tlatempa, están basados en el testimonio de trabajadores de la Secretaria de Educación en Guerrero (SEG), recabados por la Procuraduría local donde acusan a los cuatro cetegistas de “encabezar una protesta en contra de la reforma educativa”.

Esta manifestación se realizó el 25 de febrero en las oficinas administrativas de la SEG, ubicados sobre la avenida Rufo Figueroa, donde desalojaron al personal y cerraron el inmueble, refiere el documento oficial.

Es decir, los cuatro cetegistas no están siendo procesados por los destrozos causados en edificios partidistas y las sedes del Legislativo y Ejecutivo, hechos registrados en el momento más álgido de las protestas magisteriales en esta capital, sino que están siendo acusados por el gobierno estatal por una manifestación pacífica como lo dio a conocer Proceso este domingo 5.

El expediente de esta causa penal señala que la defensa de los cuatro cetegistas fue asumida por el gobierno de Ángel Aguirre, a través del defensor de oficio Mario Jaimes, quien solicitó al juez la caución de los procesados porque los delitos de sedición y motín no son graves.

El juez de primera instancia fijó la fianza en 20 mil pesos, cinco mil por cada uno de los inculpados, cantidad que fue exhibida el viernes 3 de esta forma salieron libres los cetegistas, indican los documentos oficiales.

Este tema difundido por Proceso ha provocado la molestia del gobernador Aguirre, quien acusó a este reportero de inventar que el gobierno estatal haya asumido la defensa legal y pagado la fianza de los cetegistas, a pesar de las pruebas que constan en la causa penal 44-2013-I y difieren con las expresiones del mandatario.

Incluso, el expediente advierte que hay una veintena de cetegistas que también participaron en la toma de las oficinas administrativas de la SEG el 25 de febrero, que tienen orden de aprehensión y deberán presentarse ante el juez que los reclama para resolver su situación jurídica.

Peña enfrentará primer juicio ante la CoIDH por abusos contra dos presuntos eperristas


GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tendrá que enfrentar su primer juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por abusos cometidos contra dos presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), durante la administración de Ernesto Zedillo.

En junio de 1997, Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre fueron detenidos ilegalmente y torturados por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). El juez de la causa los sentenció a tres años por portación de armas y en 2001 fueron condenados a 40 años por homicidio, delincuencia organizada, robo, lesiones y daños.

De acuerdo a la versión oficial, ambos fueron detenidos por policías judiciales del DF el 6 de junio en las inmediaciones de la estación del metro Santa Martha, portando armas y repartiendo propagada del EPR, de ahí la condena a tres años.

Una vez cumplida la sentencia, García Cruz y Santiago Sánchez fueron acusados de matar a un policía del Estado de México en un operativo atribuido al EPR cerca de la carretera a Teotihuacán en octubre de 1996.

Ambos se encontrarían actualmente en libertad desde el 18 de abril de 2013, tras ser favorecidos por una sentencia de amparo que anuló la sentencia contra ellos y ordenó emitir otra.

El caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2013 y el pasado 17 de marzo determinó presentarlo ante la CoIDH, considerando que se trata de un caso en el que “no se observaron las garantías del debido proceso, en particular por la utilización de sus confesiones obtenidas bajo tortura y por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados”.

La CIDH destaca que pese a que García Cruz, un indígena nahua originario de Puebla, y Santiago Sánchez, mixteco de Oaxaca, denunciaron ante autoridades ministeriales y judiciales que habían sido torturados, “no iniciaron una investigación con base en los certificados médicos y las denuncia recibidas”, fue hasta 2002 cuando se inició una averiguación previa con respecto a las lesiones “la cual habría concluido debido a que Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre no interpusieron un querella criminal”.

El organismo interamericano agrega que las confesiones autoincriminatorias bajo tortura fueron utilizadas para las dos sentencias, en tanto que los indígenas no contaron con una efectiva defensa durante las primeras etapas del proceso penal.

La CIDH señaló que la decisión de llevar el caso a la CoIDH se debe a que el Estado Mexicano “no cumplió con las recomendaciones en su Informe de Fondo”, en el que la CIDH demandaba “una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, con el fin de investigar las violaciones a la integridad personal y a la libertad personal cometidas en contra de García Cruz y Sánchez Silvestre”.

En el Informe de Fondo también se recomendaba “adecuar la legislación y las prácticas mexicanas a los estándares interamericanos en materia de tortura”, verificar la validez del proceso penal seguido a los indígenas, “especialmente el valor probatorio dado a las confesiones rendidas por las víctimas bajo los efectos de tortura”; reparación moral y material de daño causado y tomar medidas para evitar que se repitan hechos como los narrados.

En su comunicado, la CIDH informó que después de decidir llevar ante el máximo órgano de justicia del continente la causa, el Estado mexicano notificó que “el 11 de abril fue revocada la sentencia condenatoria en perjuicio de las víctimas, y el 18 de abril de 2013 se decretó su liberación y se ordenó la cancelación de sus registros penales”.

La liberación, detalló, fue el resultado de una sentencia de amparo del 25 de marzo de 2013 por la que se declara nula la sentencia contra García Cruz y Sánchez Silvestre y dictar una nueva, “considerando el derecho de las víctimas a una adecuada defensa, que la confesión fue obtenida por medio de la tortura, y que la declaración de los agentes del Estado que realizaron el arresto carece de eficacia como prueba testimonial”.

Fusión de Pemex y Mexichem, inicio de la privatización del petróleo: UNTyPP


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) interpondrá un juicio civil contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por su asociación con la empresa química Mexichem, ya que señalan que se están cediendo a particulares los bienes de la nación.

Los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana son violados con el establecimiento de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo SA de CV, la cual operará todo el complejo petroquímico Pajaritos.

Moisés Flores Salmerón, secretario general de la UNTyPP manifestó que la fusión de Pemex y Mexichem para acaparar la cadena del cloruro de vinilo es el inicio de la privatización de la industria petroquímica.

Refirio que la llamada “alianza estratégica” que propone la empresa no busca hacer más eficiente la empresa sino por el contrario entregar la infraestructura que lleva años instalando la empresa paraestatal.

Especificó que aunque el convenio señala que 58 por ciento de la inversión la pondrá Pemex, este porcentaje es más elevado, pues Mexichem tendrá acceso a todos los servicios complementarios que tiene el complejo como gas, energía eléctrica y vapor, lo cual aprovechará para sus otros procesos.

“Es inconstitucional porque no se puede ceder o vender un bien de la nación y eso se está haciendo, no existe la petroquímica secundaria, eso es una excusa que pusieron para poder entregar todo el petróleo y después de ésta vendrán más acuerdos, hasta que sólo estemos vendiendo materia prima”.

Debido a esto, como sindicato de Pemex buscarán establecer un recurso legal basado en la inconstitucionalidad del acuerdo para frenar la alianza, pues la desincorporación de las plantas del complejo generarán afectaciones entre los trabajadores, los cuales deberán ser reubicados o despedidos.

Didier Marquina Cárdenas, presidente de la comisión de vigilancia y ex secretario general de la unión, refirió que con este acuerdo se da inicio a una privatización de los activos de la nación, lo cual afectará en la renta que recibe el país no sólo por la venta de petróleo, sino también sus derivados.

Expuso que aunque el presidente Enrique Peña Nieto haya asegurado que no habrá una privatización, sus afirmaciones son discursos o “semántica” puesto que se están firmando acuerdos donde sólo ganan las trasnacionales.

Puntualizó que la estrategia de los gobierno panistas, con Rafael Beverido al frente, fue “quebrar” los complejos petroquímicos para tener argumentos para poder sustentar las asociaciones con las grandes empresas.

Manifestó que Pemex ha querido ver la industria petroquímica como un ente aislado, pero todas las subsidiarias son complementarias y producen muy buenas ganancias a la empresa y al país, pero no han querido liberarla de su carga tributaria.

Marquina Cárdenas indicó que actualmente Pemex está generando muy buenas ganancias, pero se están destinando a proyectos fallidos como la asociación con la empresa española Repsol.

“En lo que va del sexenio, Pemex ha tenido ganacias tan sólo de 500 mil millones de pesos, son grandes ganancias que no se invierten en la empresa para mejorarla y se destinan en su totalidad a gasto social, el cual no se ve ningun resultado”.

La privatización de la educación pública, generadora de endeudados sin título: Vallejo


Por : Javier Puga Martínez

La privatización de las universidades en Chile dejó a miles de estudiantes endeudados y sin título universitario. Ni siquiera pueden ser apoyados por sus padres porque la privatización de las pensiones de ese país –un sistema similar al que existe en México– arrojó a millones de jubilados sin las condiciones mínimas para sobrevivir, y menos para pagar la deuda escolar de sus hijos.

Así lo dio a conocer la ex líder de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo Dowling, quien ayer se presentó ante más de 3 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, a quienes subrayó que la educación privada nunca ha sido ni será mejor que la educación pública.

En su conferencia “La importancia de la educación pública como una obligación del Estado. Una perspectiva de América Latina desde los otros”, recordó que algunas de las universidades que fueron privatizadas por los gobiernos chilenos posteriores a la dictadura militar que gobernó ese país, ahora no existen más, pues fueron cerradas tras demostrar que “fueron un auténtico fraude”; en aras de la rentabilidad, expuso, se enfocaron más en la “tiza y el pizarrón” que en todo lo que hay alrededor de la educación universitaria.

Esa situación se agudizó cuando los jubilados que ingresaron al sistema chileno de retiro de trabajadores –que fue copiado en México como el sistema de Afores– redujo a tal grado las pensiones que fue imposible costear las deudas de estudio en esas universidades privadas; deudas de 15 años por sólo cinco años de una licenciatura.

Invitó a los jóvenes estudiantes poblanos a no permitir que la política neoliberal de privatización de la educación se extienda por México.

De igual forma les hizo un llamado a no sólo “protestar por protestar”, porque eso tampoco tiene sentido; se trata, dijo, de determinar si la actividad política o social que cada quien realice tiene un rumbo claro, y si ésta puede incluir a otros sectores de la población.

La hoy candidata a diputada admitió que no se había presentado ante un auditorio tan numeroso, algo que, reconoció, la puso “nerviosa”, pero que entró en confianza con la calidez de aplausos de los estudiantes poblanos. Incluso se permitió comentar que hasta el volcán Popocatépetl la había recibido con una lluvia de ceniza.

Agradeció el recibimiento que le ofreció la comunidad estudiantil, así como la invitación del rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, quien la invitó a exponer la conferencia, dentro de las actividades de la Expo Educación UAP 2013.

Ante el abarrotado auditorio del Complejo Cultural Universitario, Vallejo Dowling subrayó que en Chile sólo 10 por ciento de las universidades de ese país son públicas; el porcentaje restante se caracteriza por ser instituciones privadas que lucran con los estudiantes, quienes adquieren enormes deudas a lo largo de sus estudios universitarios y egresan pero sin la posibilidad de obtener su título profesional. Más de 20 mil jóvenes se encuentran en esa situación. “Debemos desechar la idea de que una educación, entre más cara es mejor; no es cierto que lo privado sea de mayor calidad”, afirmó.

Sin embargo, subrayó que la gratuidad de la educación tampoco resuelve todos los problemas, como tampoco es garantía de que realmente pueda llamarse “pública”.

En esa tesitura, propuso el rescate de tres elementos que, a su criterio, son los que le dan ese carácter de pública a la educación, que sea de calidad y que cumpla su función dentro de la estructura social.<
/> El primero es que debe ser abierta a todos los segmentos de la población, permita la integración social y la escuela sea el espacio de convivencia y conocimiento de la diversidad. “Donde convivan el hijo del pobre, del rico; donde puedan expresarse distintas visiones”.

El segundo es que las escuelas deben ser lugares donde se practique la democracia interna. “No sirve de mucho la gratuidad si no puedo fiscalizar cómo se utilizan las cuotas escolares, que a veces éstas no van al proceso formativo. Se requiere la participación de todos”.

Y el tercero es que las universidades y escuelas públicas deben ser pluralistas, donde quepan todas las corrientes del pensamiento y no se censure. En las escuelas privadas de Chile está prohibido que las bibliotecas contengan las obras de Marx y Hegel, ejemplificó.

Protestar por protestar

A los jóvenes universitarios de Puebla los invitó a no ser pasivos, ya que esta actitud resulta funcional a la estrategia neoliberal de privatización educativa que, advirtió, está llegando con fuerza a México.

Les expuso que la lucha de miles de estudiantes chilenos en defensa de la educación pública les ha llevado a represiones violentas; muchas mujeres fueron agredidas física y sexualmente; otros más padecieron encarcelamientos, pero la lucha continúa y los movimientos de jóvenes están mejor organizados.

“Pero protestar por protestar tampoco tiene sentido. Muchas veces nos perdemos en eso, porque somos jóvenes cuestionamos, nos levantamos y le gritamos a cualquier autoridad que se nos ponga enfrente. No soy de la idea de que por tener a una autoridad enfrente tenemos que rebelarnos, sólo por ser autoridad. Eso muchas veces pasa en los movimientos estudiantiles y sociales”, planteó.

Y agregó: “creo que en la medida en que finquemos nuestra base en comprender que hay problemas, pero saber cuál es su origen y plantear soluciones funcionales, vamos a dejar de ser agentes pasivos del status quo y del modelo que otros nos imponen”.

Sentenció que la responsabilidad actual de la juventud no es simplemente saber qué tan activo se puede ser, sino saber si el movimiento o la actividad política o social que se realice tiene un rumbo claro para concretar cambios y si a éstos hay una amplia suma social.

“En Chile aprendimos fue que no sólo los estudiantes pueden hacer los cambios. Necesitamos de la fuerza de los trabajadores, de los profesores y hasta de la propia autoridad universitaria para enfrentarnos a un poder mayor.

Necesitamos de la fuerza de la población y una convergencia social y política amplia para enfrentar al adversario, que es el modelo neoliberal. Es necesario tener mucha humildad para pararse frente a otro y entender cuáles son las diferencias que ahora nos separan, pero por más que tengamos siempre tenemos horizontes que nos pueden unir y dinamizar el proceso de lucha”, expresó.

La izquierda debe sumarse

Camila Vallejo también se dio oportunidad de hacer una crítica a los partidos políticos, pero especialmente a los de izquierda. Se reconoció como política –es candidata a diputada por la región de La Florida, en Chile–, pero subrayó que la política partidista no influyó en el movimiento estudiantil de 2011.

Desde su posición como militante comunista, aseveró que los partidos no deben responder a los intereses corporativos, sino a los intereses de la gran mayoría. Recordó que lo social y lo político no pueden estar separados, “y si los partidos políticos quieren estar (en los movimientos sociales), que estén, pero que respondan a los intereses de los movimientos, sobre todo los partidos que se dicen de izquierda”.

Se trata de ser parte de ellas y no de representarlas, agregó la activista, quien tras su conferencia tuvo otras actividades con el Consejo Universitario, colocó una ofrenda florar a Salvador Allende en el edificio Carolino, sede de la máxima casa de estudios de Puebla, además de convivir con alumnos de las diferentes preparatorias y licenciaturas de la UAP.

Michoacán, cuarta entidad con más casos de personas desaparecidas y homicidios: Províctima


• Desde la creación de Províctima, en la entidad se han atendido 754 casos de delitos de impacto relacionados con la delincuencia organizada.

Záyin Dáleth Villavicencio

Con delitos como privación ilegal de la libertad, desaparición, homicidio y violencia familiar, Michoacán se coloca en la cuarta entidad donde las Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito atiende más casos a nivel nacional, luego de entidades como: Tamaulipas, Durango y Nuevo León, aseguró Sara Irene Herrerías, titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima).

Toda vez que en la entidad desde su creación, se han atendido alrededor de 754 casos de delitos de acto impacto que tienen que ver con la delincuencia organizada, de esos casos advirtió, el 60 por ciento de las personas atendidas son mujeres.

Lo anterior en el marco de la firma de convenio que dicho órgano descentralizado signará con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la finalidad de instrumentar acciones de prevención, defensa, protección, asistencia y difusión de los derechos de las víctimas del delito.

Borran autoridades culturales murales de la Fundación Lucio Vive, denuncian


FRANCISCA MEZA CARRANZA

Integrantes de la Fundación Lucio Vive denunciaron que los murales que pintaron en la celebración de su aniversario en el municipio de Atoyac durante el festival Expresión Urbana, fueron borrados por los directivos del Centro Cultural.

El consejo directivo de la agrupación expresó que han efectuado murales, en su mayoría con recursos propios, que plasman sucesos históricos del municipio, lo que, consideran, ha molestado a quienes han pretendido negar la realidad, a los desaparecidos, a los agravios del Estado, a los habitantes y a la historia del mismo pueblo.

Recordó que en su sexto aniversario invitaron al artista urbano llamado Humo del SF Crew, quien pintó un mural en las instalaciones del Centro Cultural.

Dijo que la directiva del Centro Cultural de Atoyac les informó que lo querían borrar, porque para ellos no era un mural, con el argumento que debería cubrir en su totalidad la pared, lo cual rechazaron y finalmente el mural se respetó.

Sin embargo, “nos confirman que dicho mural ha sido borrado recientemente; manifestamos nuestro más enérgico rechazo a tal decisión, lo consideramos un ataque a la libre expresión y al arte urbano, lo consideramos un intentó más de pretender borrar esa parte de nuestra historia siempre negada, siempre manejada con hermetismo, con alevosía y ventaja; lejos del costo económico y físico que para nosotros y para el artista urbano significó la realización de dicha obra, consideramos aún más costoso el pretender borrar nuestra historia”, expresaron.

Aseguraron que continuarán en la lucha por el rescate de la memoria, de los desaparecidos, encarcelados, torturados y agraviados además de que seguirán con las pintas en manifestación y para que la historia sea conocida.

En un comunicado, la organización dijo que el 7 de mayo fue retirado el mural pintado atrás de la casa de la cultura, tras lo cual expresó su rechazo y manifestó que los artistas “nos negamos (a desaparecer la historia) y a lo cual les respondemos que seguiremos en la lucha por el rescate de la memoria, que seguiremos en el rescate de nuestros desaparecidos, de nuestros encarcelados, de nuestros torturados, de nuestros agraviados, de nuestros muertos”.

La organización recordó que Atoyac de Álvarez es uno de los municipios del país que más ha sufrido la represión y ha hecho una importante aportación en vidas humanas “para la liberación de la Patria; no hay lucha en la que el pueblo de Atoyac no esté presente”.

“En nuestro papel de organización de la sociedad civil, uno de nuestros principales preceptos ha sido la recuperación de la memoria histórica, ello con el fin de dar a conocer a las nuevas generaciones de nuestro municipio la riqueza histórica del mismo, así como el aporte que se ha hecho a nuestro país; pero sobre todo que, como reza la máxima “aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”, expresa.

Protestan en Tlapa por detenciones de integrantes del MPG


S. CISNEROS, CORRESPONSAL

Tlapa, 8 de mayo. Alumnos y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de la Normal Regional de La Montaña, e Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, se manifestaron en las instalaciones del 93° batallón de infantería, el cuartel regional de la Policía del Estado y las oficinas de la Policía Federal, en protesta por las detenciones de profesores, normalistas y policías comunitarios. La protestas comenzaron en las instalaciones de la UPN , de donde unos 200 marchistas se movilizaron hacia las instalaciones del Ejército en la ciudad de Tlapa, donde se manifestaron por varios minutos contra las acciones de soldados y policías. “Ustedes son los que deberían de cuidar a la comunidad guerrerense, pero, al contrario, han estado realizando actos de represión mientras que los delincuentes se andan paseando por las calles como si no pasara nada”, dijo una profesora a los soldados que resguardaban la entrada. Después de protestar y bloquear por unos minutos, continuaron a marcha hacia el cuartel regional de la Policía Estatal, a unos 400 metros, a cuyas instalaciones ingresaron.

Documenta Gobernación amenazas contra Rosalinda Vargas y su familia


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 8 de mayo. Rosalinda Vargas Barrera, quien se mantiene en huelga de hambre fuera de Palacio de Gobierno desde el lunes pasado, acompañada por sus hijos, en demanda de seguridad y protección, fue visitada por la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) para documentar su caso.

Vargas Barrera desde hace varios años ha sufrido hostigamiento, amenazas, atentados y el secuestro de su hija Elizabeth Olguín Vargas, tras haber demandado a Rubén Robles Catalán, su ex pareja. En marzo denunció que el gobierno le retiró la protección personal que había ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ella y su hija por su activismo.

La unidad de Segob debió visitarla desde hace un mes y en su domicilio para hacer un análisis del riesgo en que viven la profesora y sus hijos.

En entrevista, ella explicó que en una reunión el 24 de marzo, la SG se comprometió a otorgarle las medidas cautelares necesarias que la CIDH dictó, y hacer el análisis de riesgo en su domicilio.

La demanda que es motivo de la huelga de hambre es la remoción de por lo menos ocho factores de riesgo humanos y materiales que ponen en peligro la vida de su familia.

En 2009, su hija Elizabeth Olguín Vargas fue secuestrada, y acusó a agentes ministeriales, que aún forman parte del gobierno estatal, de ese delito.

Las dos personas de la unidad de la Secretaría de Gobernación le pidieron desmenuzar las amenazas. Duró dos horas el levantamiento del testimonio. Al lugar también acudió personal de la Coddehum.

Vicente García, del lado de la unidad, escueto, dijo que la visita era parte del análisis de riesgo. Alrededor de las 14 horas, García se reunió con el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, pero tampoco dio detalles de ese encuentro.

La maestra y sus hijos fueron revisados por personal de la Coddehum; su hijo Alejandro Olguín tuvo hipertensión, y su hija Elizabeth Olguín, hipotensión.

Irrumpen marinos con violencia en casas de una comunidad de Atoyac, denuncian


Golpearon a menores de edad, mujeres y ancianos, y robaron celulares, dinero y joyas, acusan

RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)

Atoyac, 8 de mayo. Pobladores de la comunidad de El Quemado, de este municipio, encabezados por el comisario municipal, Eulogio Vargas Bello, denunciaron que efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) irrumpieron de forma violenta en esa localidad la madrugada del pasado 1º de mayo, y durante su estancia golpearon a menores de edad, mujeres y ancianos, y robaron sus pertenencias.

En conferencia de prensa, acompañados por Nicomedes Fuentes, Pilar Noriega e Hilda Navarrete, miembros de la Comisión de la Verdad del Congreso del estado (Comverdad), los agredidos precisaron que a las 4 de la madrugada los militares, junto con policías ministeriales, llegaron al lugar y entraron violentamente a las casas sin identificarse, ni mostrar una orden judicial, y sólo expresaron que “la única orden que traemos es dar con las armas”.

El comisario dijo que notaron que se trataba de marinos por los emblemas de la Semar que portaban los seis carros en que llegaron, además que estaban pintados tipo militar.

Abundó que una vez en el pueblo los soldados abrieron a la fuerza las puertas de unas 12 viviendas y entraron insultando a los pobladores; además, golpearon a niños y mujeres, y obligaron a salir a los adultos mientras registraban los hogares. Durante ese tiempo, agregó, también se llevaron teléfonos celulares, dinero y joyas.

Una hora y media después, y luego de haber cateado varias casas, se retiraron de la población, añadió la autoridad del pueblo, quien asentó que los pobladores no están contra el cumplimiento de la ley, sino contra la violencia con que fueron tratados.

Dos de los agredidos, Marcos Parra y Manuel Martínez, responsabilizaron a los militares por las secuelas físicas que pudieran sufrir los pobladores, pues muchos sufren problemas cardiacos y enfermedades crónicas que pueden agudizarse por las agresiones verbales y físicas que les hicieron los uniformados.

Asimismo, mientras mostraban la denuncia que presentaron ante el Ministerio Público (MP) de Atoyac, adelantaron que llevarán la querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir justicia en torno al caso.

Durante un recorrido por la comunidad, se pudo ver varias casas que tenían las puertas derribadas, así como paredes de madera rotas, producto de los golpes de los militares en su intento por ingresar a las viviendas a la fuerza.

Comunidad arrasada

De acuerdo con Nicomedes Fuentes Chávez, miembro de la Comverdad, la comunidad de El Quemado fue arrasada por los militares durante la guerra sucia en los años 70. En este sitio, los militares detuvieron y se llevaron a casi todos los lugareños, hasta el extremo de dejar al pueblo solo, asentó el comisionado.

En entrevista, mientras acompañaba a los pobladores que denunciaron la irrupción violenta de los marinos, manifestó que lo sucedido en ese lugar se asemeja a la represión que vivieron los habitantes décadas atrás, cuando empezó la persecución del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, y ese recuerdo que permanece vivo entre la gente origina zozobra y temor.

Los policías nos golpearon, nos apuntaron y nos dispararon, denuncian normalistas


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 8 de mayo. Los normalistas de Ayotzinapa detenidos por la Policía Estatal fueron liberados por la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) y anunciaron que responderán con una queja en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) contra el gobierno de Ángel Aguirre Rivero por la aprehensión indebida, la tortura y la golpiza que sufrieron.

Los 25 estudiantes fueron liberados la madrugada de hoy, tras rendir su declaración ante la PGJE. Por la tarde del martes fueron desalojados por policías federales y estatales cuando boteaban en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, cerca de la Casa Verde, para el festejo a las madres.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la normal en Ayotzinapa (Tixtla), detallaron que los policías utilizaron toletes y escudos, e hicieron balazos al aire. Incluso, denunciaron que a dos que lograron escapar por un cerro, les apuntaron y dispararon con el firme propósito de herirlos, pero no lo consiguieron.

Puntualizaron que su delito, según los policías, fue el boteo en la carretera. También precisaron que fueron 25 detenidos y dos que lograron escapar, en total, 27; ayer las cifras que se manejaron fueron distintas porque los dirigentes no tenían la información clara. El director de la Policía Ministerial, Marcos Esteban Juárez Escalera, informó que sólo eran 24.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra, consideró que fue un exceso enviar policías armados al desalojo, y que eso será un elemento jurídico más para reforzar la denuncia ante la Coddehum.

Los hechos

A decir de los jóvenes, más de 100 policías estatales y federales llegaron a Casa Verde a desalojarlos a toletazos y a balazos.

Dijeron que llevaban varias camionetas en las que los trasladaron a la PGJE; también utilizaron el autobús de una empresa privada secuestrado por los propios normalistas, en el que viajaron al lugar del boteo, para llevarlo a la dependencia en calidad de presentado.

Uno de los estudiantes denunció que, junto a otros de sus compañeros, los policías los golpearon cuando los llevaban en las camionetas. “Me pidieron que les diera la contraseña de mi celular; les dije que no, y como represalia me pegaron con los cascos que usan”, comentó.

En la conferencia de prensa sólo estuvo una parte del grupo, porque los otros temían que al ser exhibidos públicamente sufran represalias.

Los estudiantes de Ayotzinapa exigieron castigo a los funcionarios del gobierno que ordenaron el desalojo de este miércoles.

El dirigente estudiantil José Solano Ramírez insistió en que el gobierno estatal montó una estrategia de represión en su contra por las acciones de protesta en la demanda de castigo a los responsables del crimen de sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, el 12 de diciembre de 2011, y contra la liberación de los dos ministeriales identificados como autores materiales del doble asesinato.

También, dijo, tiene que ver con el apoyo que mantienen en favor del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

El plan para liquidar a los orangutanes

Queridos amigos y amigas,

Vivo y trabajo en el último rincón del planeta donde orangutanes, tigres, elefantes y rinocerontes amenazados vagan libremente -- pero será arrasado, a menos que el Presidente de mi país escuche nuestro llamamiento y de un paso al frente para salvar este hábitat único.

La suspensión de nuevas explotaciones forestales en Indonesia ha actuado como seguro de vida para nuestras especies amenazadas. Pero esta moratoria está a punto de caducar, lo que permitiría que empresas mineras y de palma de aceite devastasen ¡un área equivalente a un millón de campos de fútbol! Si la comunidad de Avaaz pone en jaque al Presidente, haciéndole saber que tanto su reputación internacional como su posible próximo trabajo en Naciones Unidas están en entredicho, podemos lograr que actúe y apague las motosierras.

Necesitamos actuar ya. Todo indica que el Ministerio Forestal dará acceso a las compañías. Pero el Presidente, que impulsó la prohibición actual, puede ahora bloquear este mortífero plan. Firma esta petición urgente y cuéntale a todo el mundo sobre el peligro que acecha a nuestros majestuosos bosques. Si un millón de personas firmamos en los próximos tres días, yo me aseguraré de que el Presidente nos escuche:


Conozco bien estos bosques -- He trabajado como gerente de conservación aquí desde 2007 y este año he recibido el premio 'Future for Nature Award 2013' por mi trabajo protegiendo a los grandes mamíferos de Sumatra, especialmente a los rinocerontes. Este lugar cuenta con la mayor biodiversidad de toda la región de Asia-Pacífico y algunas partes están consideradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero este nuevo plan respaldado por empresas mineras arrasaría gran parte de este territorio, amenazando también la vida de las comunidades locales que se verían afectadas por bruscos deslizamientos de tierras e inundaciones. Y si destruyen este hábitat, podrían acabar con los últimos orangutanes, tigres, elefantes y rinocerontes que quedan.

Sabemos que al Presidente Susilo Bambang le preocupa cuidar su reputación internacional como defensor del medioambiente. Hace dos años, cuando Indonesia apareció en las noticias internacionales por talas y quemas excesivas, convirtiendo al país en uno de los principales emisores de gases del mundo, el Presidente creó una brigada nacional para combatir la deforestación y firmó una moratoria de dos años sobre las nuevas concesiones de explotación forestal. Ahora le queda un año y medio de gobierno y algunos dicen que aspira a conseguir un alto cargo en la ONU cuando deje la presidencia. Nosotros solo pedimos que los políticos cumplan sus promesas: "Llevo a los bosques en mi corazón… perder nuestras selvas tropicales supondría el mayor desastre nacional, global y planetario", dijo nuestro presidente en una conferencia reciente frente a otros líderes mundiales.

A las grandes empresas de palma de aceite les encantaría arrancar los árboles para sembrar sus monocultivos. La empresa canadiense East Asia Minerals Corporation es una de las compañías que está moviendo los hilos, presionando para impulsar este plan. Países como el mío tienen derecho al desarrollo, pero no a expensas de nuestro inestimable patrimonio natural, y debería beneficiar y no perjudicar al pueblo de Indonesia.

Digámosle al Presidente que existe una sencilla solución: abandonar cualquier plan para destruir el bosque de Sumatra y extender la moratoria de tala de árboles en Indonesia. Firma ahora y cuéntaselo a todo el mundo antes que expire el plazo de la prohibición. Si tienes Twitter, envíale al Presidente (super fan de la aplicación) un mensaje directo después de firmar:


Como miembro de Avaaz he visto como esta comunidad es capaz de unirse para proteger los bosques y las especies más amenazadas. Desde la protección de la Amazonía en Ecuador y Brasil, hasta la defensa de los elefantes y rinocerontes de la caza furtiva. Ahora ha llegado el turno de Indonesia -- únete para defender esta mágica selva.

Con esperanza

Rudi Putra en Indonesia, con todo el equipo de Avaaz.

PD: ¡Muchas campañas de Avaaz son creadas por miembros de nuestra comunidad! Empieza una ahora y consigue cambiar la realidad a nivel local, nacional o global en cualquier asunto: http://www.avaaz.org/es/petition/start_a_petition/?bgMYedb&v=24821

MÁS INFORMACIÓN:

Indonesia anuncia una moratoria de dos años para los permisos de tala de bosques (AFP):

La quema de bosques en Indonesia amenaza a la población de orangutanes (BBC):

Exhortan en Indonesia a evitar la erosión de los suelos (Prensa Latina):

Excavadoras en la selva de Indonesia (Diario de Ávila):

La deforestación marchita a Indonesia (IPS noticias):

Rudi H. Putra: Ganador del Premio "Future For Nature, 2013" (sólo en inglés):