jueves, 25 de abril de 2013
Noticiasconelbote *Dice #AMLO que #EPN se muerde la lengua*
Hoy comento sobre lo que dijo el representante legal del proyecto dragon mart después de que fue negada la licencia de construcción de dicho proyecto, también comento sobre lo que dijo AMLO respecto a que EPN se muerde la lengua respecto al uso electoral de programas sociales, también hablo sobre lo que dijo el presidente y más temas.
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Ataca MPG sede del SNTE en Chilpancingo
Sergio Ocampo, corresponsal
Publicado: 25/04/2013 13:49
Chilpancingo, Gro. Alumnos de la Normal de Ayotzinapa, apoyados por el Movimiento Popular de Guerrero (MPG), marcharon en contra de las autoridades de la procuraduría de justicia y del gobierno estatal, en repudio por la liberación de los policías ministeriales Rey David Hernández Flores e Ismael Matadama Salinas, señalados como presuntos asesinos de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Durante la movilización, integrantes del MPG lanzaron piedras contra el edificio de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y rompieron cristales de la parte frontal del inmueble.
Por su parte, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa protestaron en el Centro Regional de Readaptación Social de Chilpancingo, donde se encuentra el juzgado que determinó la liberación de los ministeriales.
Los contingentes marchan en este momento sobre la lateral de la Autopista del Sol, sin bloquear los carriles de alta velocidad. Se dirigen al plantón que los maestros mantienen en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).
Decomisan camioneta a caravana promigrantes que encabeza el padre Solalinde
ANTONIO HERAS
TIJUANA, B.C. (apro).- Agentes aduanales decomisaron en el puerto fronterizo de San Luis Río Colorado, Sonora, una camioneta de la caravana “Abriendo puertas a la esperanza” que encabeza el padre Alejandro Solalinde, director del albergue “Hermanos en el camino”.
La camioneta Van, modelo 2006 de 20 pasajeros, fue decomisada desde el pasado 13 de febrero, cuando cruzó la frontera de San Luis, Arizona, para rotularla con los logos de la caravana, pero no se había dado a conocer hasta que las autoridades aduanales informaron a los organizadores de la caravana que la liberación del vehículo podría tardar hasta cuatro meses.
Por ello, unos cincuenta activistas de la organización “Ángeles sin fronteras”, que organizan la movilización, se plantaron hoy frente a la Aduana de San Luis, Río Colorado para protestar por el decomiso irregular de la camioneta y exigir que se les devuelva.
La caravana partirá el próximo 29 de abril desde el bordo Caléxico-Mexicali, hacia Washington D.C. para plantear a los congresistas estadunidenses la urgencia de una reforma a las leyes de migración que implique la legalización de más de 11 millones de indocumentados que viven en ese país.
Hugo Castro, coordinador internacional de “Ángeles sin fronteras” comentó al portal de Los Ángeles Press que un asesor legal de la organización, quien se desempeñó como agente de aduanas durante años, revisó el proceso del decomiso de la camioneta y confirmó su irregularidad: desde la falta de expedición de documentos que dieran cuenta del decomiso y por qué, hasta el maltrato institucional contra los activistas.
“Esta situación es una arbitrariedad más de las autoridades mexicanas. Si eso le hacen a los activistas de derechos humanos como el Padre Solalinde y el presidente de la Coalición Promigrantes, Irineo Mújica, ¿qué no le hacen a la gente que no se puede defender?” cuestionó Castro.
El activista advirtió que permanecerán en plantón hasta que tengan un resultado favorable de la autoridad aduanal y sostuvo que el decomiso es una “arbitrariedad” que está afectando el éxito de la caravana porque la camioneta es uno de los tres transportes principales que utilizarán para llegar a Washington.
Por su parte Irineo Mújica, dirigente de la Coalición Humanitaria Internacional ProMigrantes (CHIP Migrante) calificó el decomiso de la camioneta como “un claro boicot” porque fue confiscada con sus documentos en regla a un miembro del grupo de trabajo de ciudadanía estadunidense.
El activista relató que sin dar mayor explicación, las autoridades le arrebataron el vehículo y le dieron un documento como prueba de la confiscación con fecha vencida.
De acuerdo con el relato del conductor, al momento de cruzar el puente fronterizo de San Luis, Arizona, le tocó luz verde para pasar la revisión pero un agente aduanal lo detuvo y le ordenó que le diera las llaves. Al preguntar por qué le respondieron que el auto estaba “restringido”.
El conductor intentó entonces gestionar el regreso de la camioneta a Arizona, pero el oficial federal le indicó que no podía llevársela porque estaba confiscada.
Una semana después del decomiso, el 21 de febrero, Castro se dirigió a la oficina de asuntos legales de Aduana de San Luis para hacer el reclamo del vehículo. Ahí fue atendido por el subadministrador, Abel Otero, quien se comprometió a dar una respuesta el 14 de abril, ya que la camioneta sería utilizada para una serie de conferencias en Baja California a las que asistiría el padre Solalinde.
En atención a los protocolos impuestos por Aduana, Castro esperó a la fecha señalada, pero no hubo respuesta.
El martes pasado martes 23 volvió a las oficinas de la Aduana y solicitó una audiencia con el administrador, Tobías Marcelo Echeverría, a quien le informó de la urgencia de tener listo el transporte antes del 29 de abril.
De plano, Marcelo Echeverría le dijo que tendría que esperar hasta cuatro meses para una resolución, porque la oficina aduanal está a la espera de “una respuesta del Departamento de Vehículos de Arizona”, para validar los documentos presentados por el conductor.
Por ello, los activistas decidieron instalar un plantón frente a la Aduana, hasta que les den una respuesta positiva.
Policía de Guerrero instala retenes para evitar escape de líderes magisteriales
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Agentes de las policías Ministerial y Preventiva instalaron retenes en las entradas y salidas de esta capital para evitar que los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Gonzalo Juárez Ocampo y Minervino Morán, salgan de la entidad, informaron a Apro fuentes oficiales.
Este reportero constató en la madrugada que los agentes policíacos que rondan el perímetro donde se encuentra la sede de la CETEG, sobre la calle Rufo Figueroa, al sur de esta capital, portan las fichas técnicas de los principales dirigentes del movimiento magisterial, con fotografías incluidas, en acatamiento a la disposición del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Desde ayer, el mandatario estatal ordenó a la procuradora Marta Garzón Bernal ejecutar las órdenes de aprehensión que existen en contra de los dirigentes cetegistas, luego de las acciones violentas protagonizadas ayer por integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) que destrozaron e incendiaron sedes partidistas y oficinas gubernamentales, indicó la fuente consultada.
Por separado, el vocero de la CETEG, Minervino Morán, anunció que los dirigentes del magisterio disidente buscan ampararse contra cualquier orden de aprehensión, y advirtió que las movilizaciones del MPG continuarán durante estos días.
Incluso hoy se prevé una nueva marcha en esta capital, por parte de miembros del MPG –donde convergen integrantes del magisterio disidente, normalistas y diversos sectores sociales–, para protestar en contra de la liberación de dos agentes ministeriales que se encontraban en el penal capitalino, acusados del asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa durante el desalojo de diciembre de 2011, sobre la autopista del Sol.
De acuerdo con Morán, Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores fueron liberados el martes 23, luego de que un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación les concedió un amparo al considerar que no había pruebas suficientes para inculparlos por el homicidio de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
La marcha de los normalistas de Ayotzinapa incluye una protesta en el punto donde fueron abatidos a tiros los estudiantes, para exigir que se les haga justicia.
Diario Vanguardia amonesta al gobierno por involucrar a su fotógrafo con el narco
SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- El diario Vanguardia exigió a las autoridades que presenten pruebas para asegurar que los dos jóvenes encontrados descuartizados ayer, uno de ellos fotógrafo del diario, presuntamente están relacionados con el crimen organizado.
En una editorial, el diario de Saltillo señala:
“Contrario al procedimiento que efectúa, incluso para el cual solicita el apoyo de los medios de comunicación, en el documento de anoche la PGJE interpreta irresponsablemente los cartelones afirmando que ambos hacen ‘alusión directa’ a que las víctimas habían sido miembros, y desertaron, del crimen organizado.
“Al solicitar algún elemento de prueba, el mínimo, cualquiera que sustente dicha interpretación que hace de los cartelones, la dependencia del gobierno estatal no ofreció respuesta alguna hasta el cierre de esta edición.
“Desde que inició la administración actual, específicamente se han prometido investigaciones serias, responsables y profesionales en los ataques a periodistas. El ahora gobernador encabezó hace años la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Federal; Homero Ramos Gloria, antes de asumir como titular de la PGJE, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, puestos desde donde en innumerables ocasiones dijeron luchar por el respeto a las víctimas del delito, a no condenar sin pruebas.
“En el comunicado de anoche, lo que la PGJE no estableció es que el otro cartelón dice que el doble asesinato es un mensaje para la ciudadanía de Coahuila, señalando directamente a los cuerpos policíacos como los Groms y Gates. Cartelones como éste se han repetido desde hace tiempo, mismas ocasiones en que la PGJE solicita a los medios de comunicación ni siquiera publicar los contenidos textuales, mucho menos hacer interpretaciones”.
Vinculan a delegada de la PGJE con crimen de fotoperiodista
SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- Claudia Elodia Brondo Morales, delegada Regional de la Procuraduría General del Estado de Coahuila (PGJE), supo anticipadamente dónde iban ser abandonados los cadáveres del fotógrafo de Vanguardia, Daniel Martínez, y de otro joven más, comentaron a Proceso, periodistas de Saltillo que solicitaron el anonimato.
La noche del martes, la delegada Regional Elodia Brondo alertó a la Policía Investigadora del Estado sobre dos cuerpos descuartizados que estaban en medio del pavimento en la intersección del bulevar Diamante, Alejandrina y Arco Suizo, de la colonia Miravalle, ubicada al sur de la ciudad.
Cuando llegaron los efectivos policíacos al lugar indicaron que no encontraron nada y comenzaron a buscar en otros rumbos del barrio, comentaron los periodistas consultados.
Sin embargo, cuando los agentes pasaron por tercera vez por el sitio ya estaban los cuerpos descuartizados.
Incluso esa versión fue dada a conocer desde ayer por el Diario de Coahuila, que hoy la publica.
“Lo más extraño fue que por versión directa de los elementos de la Policía Investigadora del Estado, éstos fueron alertados del hallazgo de los dos cadáveres, con tanto detalle en las señas por parte de la Delegada Regional de la PGJE, Claudia Elodia Brondo Morales”, precisa la nota del diario.
Y fue con tanta anticipación que cuando llegaron aún no los habían abandonado: “Pues ustedes vieron que dimos tres vueltas y pasamos por el mismo lugar tres veces, y hasta la tercera ya estaban los cuerpos aquí, es raro que la delegada haya sabido hasta cómo iban vestidos y como estaban envueltos, y nos mandara con tanta insistencia al punto exacto, lo peor es que nos enviara aún antes de que fueran dejados en el lugar”, comentó al periódico uno de los detectives.
Los cuerpos fueron localizados desmembrados junto con tres narcomensajes, uno de ellos señalaba: “Esto es lo que les va a pasar a todos lo chapulines de mierda este territorio es 100 por ciento zetas, no se confundan ni gatas ni croms de mierda, con nosotros no se metan”.
Los familiares los identificaron horas después como Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años de edad, y Julián Alejandro Zamora Gracia, de 23 años.
Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa se desempeñaba desde hace aproximadamente un mes como fotógrafo de la sección de sociales del periódico Vanguardia.
Julián Alejandro Zamora Gracia, según información proporcionada por sus familiares, estudiaba ingeniería plástica en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) y realizaba prácticas profesionales en una empresa de Ramos Arizpe.
Ambos dejaron tener contacto con sus familiares y con su trabajo desde el pasado 23 de abril.
La procuraduría mencionó en un comunicado: “Junto a los cuerpos había dos mensajes que hacen alusión directa a que ambas personas habían pertenecido y desertado a una organización criminal”.
Este jueves, el periódico Vanguardia publicó una editorial exigiendo a la procuraduría que aporte pruebas para afirmar que su fotógrafo estaba relacionado con el crimen organizado.
“Como en todos los asesinatos, Vanguardia exige a las autoridades militares, federales, estatales y municipales una investigación a fondo. De la misma, se deberá desprender si estos crímenes están vinculados con el ejercicio periodístico.
“Nos parece triste y alarmante que Coahuila se convierta en un Estado en el que la autoridad condene a personas asesinadas, convirtiéndolas en delincuentes, sin que para esto ofrezca el mínimo de pruebas o argumentos, como ocurrió anoche.
“Sólo una investigación seria y profesional puede al final dar con la verdad que la sociedad se merece… por dura que ésta pudiera resultar para los familiares involucrados, como puede ser en este y cualquier otro caso.
“Para las familias de Martínez Bazaldúa y Zamora Gracia, no hay palabras que atenúen su dolor, pero junto con ellos demandamos que estos crímenes sean aclarados y castigados.
“Inmersa en el desconcierto, esta casa editora lamenta el salvajismo de la violencia que hoy golpea a México y la capacidad de respuesta mostrada hasta ahora por el Gobierno Estatal”, concluye el texto de Vanguardia.
Exigen a Peña investigar amenazas contra reportero de Proceso
GLORIA LETICIA DÍAZ
MÉXICO, D.F. (apro).- La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI) exigieron al presidente Enrique Peña Nieto investigar de manera exhaustiva el origen de las amenazas contra el reportero de la revista Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, así como de disponer de las medidas necesarias para garantizar su integridad física.
En una carta fechada el pasado lunes 22, ambas organizaciones expresaron a Peña Nieto su preocupación por las denuncias que presentó el semanario fundado por Julio Scherer García, en el sentido de que “exfuncionarios del estado de Veracruz podrían estar planeando secuestrar o dañar al periodista Jorge Carrasco Araizaga”.
En el documento, WAN-IFRA y el IPI reproducen la información obtenida por Proceso en el sentido de que “agentes de seguridad en Veracruz han participado en esfuerzos de vigilancia y recolección de antecedentes sobre la identidad de Carrasco, con la intención de secuestrar o atacar el periodista”, situación que podría derivar de sus investigaciones periodísticas sobre la muerte de Regina Martínez, corresponsal de la revista en la entidad.
“Estamos profundamente preocupados por estas denuncias, e instamos a las autoridades mexicanas a investigar de inmediato la situación y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Carrasco”, pidieron a Peña Nieto Galina Sidarova, presidente de la Junta Ejecutiva del IPI, y Jacob Mathew, presidente de WAN-IFRA.
“Con el debido respeto –expresaron al Ejecutivo– nos permitimos recordarle que el Estado mexicano está obligado por el derecho internacional a proteger a los periodistas que llevan a cabo su función de informar al público. Por lo tanto, las denuncias presentadas contra las autoridades de Veracruz deben ser investigadas con prontitud y seriedad”.
Los directivos de ambas organizaciones solicitaron a Peña Nieto cumplir con el compromiso que en nombre de su gobierno hizo el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández, de que “el gobierno federal utilizará todos los instrumentos legales disponibles para asegurarse de que los estados no cometan abusos, independientemente de su partido político”.
Sánchez signó el compromiso en una reunión que sostuvo con una misión de WAN-IFRA y el IPI en febrero pasado, durante una visita oficial de integrantes de esas organizaciones a México.
En la misiva, Galina Sidarova y Jacob Mathew recordaron que la frase pronunciada por Sánchez Hernández surgió precisamente a partir de que los emisarios de las organizaciones le manifestaron “su preocupación por casos como el de Veracruz, donde las autoridades han adoptado una actitud particularmente hostil hacia los periodistas críticos”.
Puntualizaron que durante la visita de trabajo, los representantes de las organizaciones se reunieron con funcionarios del estado de Veracruz, encuentro que “no inspiró ninguna confianza en el compromiso de las autoridades para proteger a los profesionales de los medios”.
Sidarova y Mathew manifestaron a Peña Nieto que después de la gira de trabajo, WAN-IFRA e IPI publicaron el informe “La situación de la libertad de prensa en México”, que “reveló que algunas autoridades estatales se habían convertido en un serio obstáculo a la libertad de expresión en el país”.
Los directivos destacaron que el informe –del que da cuenta Proceso en la edición que circula actualmente– resalta que durante los últimos seis años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, y recomienda esfuerzos coordinados entre los gobiernos locales y el federal para “mejorar la situación de seguridad de los medios de comunicación”.
En la carta, los activistas señalaron a Peña Nieto que para ellos “las denuncias de que los propios funcionarios (públicos) puedan estar involucrados en amenazas de muerte a los periodistas, deberían ser considerados por su oficina como una cuestión de suma urgencia”.
Secuestran y matan a fotoperiodista de ‘Vanguardia’, en Coahuila
Daniel Alejandro Martínez Bazaldú, de 22 años, quien recientemente se unió al diario, fue secuestrado, mutilado y asesinado la madrugada del miércoles, en Los Arcos, al sur de Saltillo, Coahuila.
La madrugada del miércoles encontraron los cuerpos mutilados de dos jóvenes, uno de ellos, el de Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años de edad, fotógrafo en el área de sociales del diario Vanguardia.
También estaban los restos de Julián Alejandro Zamora Gracia, de 23 años.
Los cuerpos desmembrados fueron encontrados a las 02:00 horas de la madrugada del miércoles en calles de la colonia Los Arcos, al sur de Saltillo, pero no había identificación alguna, de acuerdo con información oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La PGJE difundió un comunicado oficial en el que identifica a Martínez Bazaldúa y a Zamora Gracia como las víctimas.
Junto a los cuerpos, aparecieron cartelones que hacen alusión directa a que las víctimas habían sido miembros, y desertaron, del crimen organizado, según las autoridades locales.
La postura de Vanguardia
Como en todos los asesinatos, VANGUARDIA exige a las autoridades militares, federales, estatales y municipales, una investigación a fondo. De la misma, se deberá desprender si estos crímenes están vinculados con el ejercicio periodístico.
Nos parece triste y alarmante que Coahuila se convierta en un Estado en el que la autoridad condene a personas asesinadas, convirtiéndolas en delincuentes, sin que para esto ofrezca el mínimo de pruebas o argumentos, como ocurrió anoche.
Sólo una investigación seria y profesional puede al final dar con la verdad que la sociedad se merece… por dura que ésta pudiera resultar para los familiares involucrados, como puede ser en este y cualquier otro caso.
Para las familias de Martínez Bazaldúa y Zamora Gracia, no hay palabras que atenúen su dolor, pero junto con ellos demandamos que estos crímenes sean aclarados y castigados.
Inmersa en el desconcierto, esta casa editora lamenta el salvajismo de la violencia que hoy golpea a México y la capacidad de respuesta mostrada hasta ahora por el Gobierno Estatal.
(Con información de vanguardia.com.mx)
6 claves sobre cómo los extranjeros podrán comprar casas en playas mexicanas
La Cámara de Diputados aprobó esta semana el dictamen de reforma al Artículo 27 de la Constitución Política, con lo que los extranjeros ya podrán adquirir propiedades para vivienda en playas.
Estas son las claves de la legislación:
1- Quita la prohibición de que los extranjeros adquieran directamente inmuebles en una franja de 100 kilómetros de las fronteras y de 50 en las costas.
2- Históricamente se ha prohibido a los extranjeros adquirir tierras en la frontera y en playas, ya que “por motivos estratégicos militares se consideró un riesgo (de invasión) establecer a los extranjeros en las fronteras y las costas“.
3- El dictamen aprobado expone que dicha prohibición ha dejado de tener vigencia, pues la suscripción de tratados internacionales dan al país la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público.
4- La modificación al Artículo 27 repercutiría favorablemente en los ingresos tributarios de los municipios, ya que al tener los extranjeros la propiedad de las tierras para uso habitacional, las autoridades podrán recaudar el impuesto predial.
5- La adquisición de tierras en las fronteras y en las playas se condicionará especialmente a que el uso de las tierras sea destinado para viviendas única y exclusivamente; además de que no tenga un uso comercial, industrial, agrícola, o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta.
6- El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores la compra de la propiedad.
(Con información de Notimex)
Ordenan aprehensión de 2 líderes de la CETEG
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que se liberaron órdenes de aprehensión contra Minervino Morán y Gonzálo Juárez, a quienes identificó como “autores intelectuales de los actos vandálicos” del miércoles en las diferentes sedes de los principales partidos políticos y el Congreso, en Chilpancingo.
Así lo informó:
"Se liberaron ordenes de aprehensión en vs de Minervino Moran y Gonzalo Juarez,autores intelectuales de los actos vandalicos acontecidos hoy"
Posteriormente, el gobierno del estado emitió el siguiente comunicado:
Con relación a los reprobables hechos de violencia y vandalismo registrados el día de hoy en la ciudad de Chilpancingo, el Gobierno del Estado informa:
1.- Las instancias correspondientes actuarán contra los autores intelectuales y materiales de los hechos acontecidos el día de hoy en esta ciudad capital, donde miembros de la CETEG y del autollamado Movimiento Popular de Guerrero causaron destrozos en las instalaciones de varios partidos políticos, y aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten responsables de los delitos que se cometieron en estos lamentables hechos.
2.- El Gobierno del Estado ha dado muchísimas muestras de diálogo, de apertura, de entendimiento, pero los dirigentes y los maestros agrupados en la CETEG y los miembros de otras organizaciones que los secundan han tomado un camino erróneo, equivocado, que los coloca totalmente fuera de ley.
Los principales dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Minervino Morán y Gonzalo Juárez, avalaron públicamente, en varias entrevistas con medios de comunicación locales y de la Ciudad de México, los actos delictivos que se cometieron hoy. En consecuencia, se reitera que habrá de aplicarse con toda severidad la ley contra los instigadores y responsables de los hechos de violencia.
3.- La indicación que recibieron las diferentes instancias policiales fue la de no caer en la provocación, que era muy evidente, pues de acuerdo con los reportes de las áreas de investigación y de inteligencia había individuos que no sólo llevaban bombas molotov, sino también armas de fuego. Se actuó con prudencia porque se sabía de antemano hacia donde estaban orientadas sus pretensiones: querían que hubiera muertos de por medio. Lo que ellos han pretendido estos últimos días es buscar mártires, pero el Gobierno de Guerrero no se los va a dar.
Lo que pretendían los autores de los hechos de vandalismo que fueron registrados por las cámaras de televisión era que el Gobierno del Estado cayera en la provocación y que la Policía del Estado entrara en un terreno de confrontación directa. Se actuó con prudencia, pero ésta no sustituye la aplicación de la ley.
4.- En esta postura, el Gobierno del Estado ha actuado en coordinación con el Gobierno Federal. Se ha mantenido una comunicación fluida, estrecha y permanente al más alto nivel con la Secretaría de Gobernación, para tomar las acciones preventivas necesarias para las próximas horas y actuar también en consecuencia por los actos evidentemente fuera de la ley que se cometieron hoy.
5.- El camino del diálogo se ha agotado. No queda otra alternativa más que la aplicación irrestricta de la ley y la preservación del Estado de Derecho. No hay otro camino.
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.
Propuesta de la SEP para controlar plazas viola derechos, acusa CNTE
FERNANDO INÉS CARMONA
Orizaba, Ver.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se opone a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asuma el control de las plazas magisteriales “como lo propuso la dependencia”, no obstante, advierte del inicio de movilizaciones si la dirigencia del SNTE lo avala; además, revela que en la designación de funcionarios escolares “hay irregularidades con complicidad entre el SNTE y la SEV”.
El delegado de la CNTE en Veracruz, Víctor Moreno Bolaños, explica por qué esta expresión al interior del SNTE se opone a la iniciativa que propone la Secretaría de Educación Pública: “No se puede ir contra las conquistas sindicales, no se puede entregar lo que está ganado en la lucha magisterial”.
Sin embargo, admite que “de la dirigencia del SNTE todo se puede esperar”. No nos sorprendamos, dice, que veamos a los dirigentes nacionales y seccionales aplaudiendo y respaldando esta iniciativa, ése es uno de los eventuales escenarios y muy probables”.
Empero reconoce que el control que el SNTE aún ejerce en el manejo de las plazas sindicales “es sinónimo de corrupción, la venta de las plazas es un hecho, pero que es solapado por las propias dirigencias sindicales. Esa fue una de las prácticas que ejerció Elba Esther por muchos años. Eso es un hecho”, sostiene.
En todo caso, propone, “ahí están las plazas magisteriales y vamos todos, pero todos a un examen, pero sí debemos dejar en claro que la CNTE está en contra de esta propuesta que es violatoria a los derechos de los trabajadores de la educación”, expresa.
Las plazas magisteriales, explica, “es una de las prestaciones para que nosotros los que trabajamos en la educación pudiéramos proponer a un familiar que reúna el perfil para que ocupara una de ella. Ahora lo que propone la SEP atenta contra los derechos de los propios trabajadores”, apunta.
Lo peor de esto, señala, es que a la dirigencia nacional del SNTE ya le tomaron la medida, “y es un hecho que a cambio de que mantengan sus cotos de poder, todos los dirigentes sindicales van apoyar la postura que asume la SEP para que con ello se desplace el control de las plazas”.
Por otro lado, señaló que la campaña en contra del magisterio “y la educación pública” se recrudeció, “porque tratan de generalizar a los maestros como si todos fuéramos Elba Esther Gordillo, ahora todos nos odian porque ven a Elba Esther en cada uno de los maestros, eso no se vale, eso no es cierto”.
El caso de Elba Esther, dijo, afectó a todos los integrantes del magisterio, “pero es una realidad que el sindicato perdió credibilidad y eso afecta todos los maestros, por un lado dicen que hay normas para valorar a los maestros y se queden los más idóneos, pero por el otro se sigue con la práctica de que en las supervisiones, inspecciones escolares o jefaturas de servicio se designan a los recomendados de los dirigentes sindicales, es gente que está cercana a las dirigencias seccionales, son recomendaciones, a ellos también debe sometérseles”.
“El SNTE si quiere mantener sus privilegios, debe apoyar todo lo que diga Peña Nieto, si no lo hacen, corren el riesgo de que les pase lo mismos que a Elba Esther Gordillo”, declaró.
Por las promesas incumplidas de Aguirre,“nuestros hijos están muertos”, reclaman
Critica el Instituto para la Seguridad y la Democracia la impunidad en el homicidio de los jóvenes
ARTURO DE DIOS PALMA Y
HERCILIA CASTRO (Corresponsales)
Tixtla, 24 de abril. “Debido a que el gobernador Ángel Aguirre Rivero no cumple lo que promete están muertos nuestros hijos”, soltó Jorge Herrera Suárez, padre del normalista de Ayotzinapa Alexis Herrera Pino, asesinado el 12 de diciembre de 2011 en la autopista del Sol durante el desalojo de policías federales, estatales y ministeriales.
Un día después de la liberación de los policías Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, acusados por la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) como autores materiales del crimen de los normalistas, los padres de éstos se reunieron con integrantes del comité ejecutivo de la normal y el abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, en las intalaciones de la escuela.
Al final de la junta, los padres de familia aseguraron que se encuentran con rabia e impotencia por la impunidad, por la ausencia de justicia y por la falta de esclarecimiento y castigo del crimen de sus hijos. “No vamos a parar de pedir justicia, porque hasta la fecha, un año y cinco meses, no se ha visto nada de justicia. Vamos a seguir luchando para pedir justicia y el juicio político contra este mal gobernante que tenemos”.
Por su parte, Gabriel Echeverría Huerta, padre de Gabriel Echeverría, dijo que si los ministeriales están libres, entonces el gobierno debe entregar a los verdaderos responsables materiales de los normalistas.
“El gobierno hace justicia a su manera y queremos ver que haya avances y que no hagan las cosas a su favor”, sostuvo.
Mientras tanto, integrantes del comité ejecutivo de la normal no descartaron la posibilidad movilizarse contra la liberación de los policías como presión para el esclarecimiento del asesinato de sus compañeros.
El normalista José Salano Ramirez señaló que continuarán pidiendo justicia por los dos jóvenes asesinados el 12 de diciembre, hasta que se encuentren a los responsables materiales e intelectuales, “porque no queremos que pase impune otra muerte más en Guerrero”.
El estudiante Guillermo Castro Hernández aseguró que la liberación de los ministeriales es un acto de indignación porque “ahí están las pruebas necesarias para meterlos a la cárcel”.
Jose Sánchez Madero calificó como algo abarrante que los dos ministeriales hayan sido liberados, pues aseguró que son ellos los que aparecen en las fotografías y videos disparando con arma de fuego. Asimismo, reiteraron la intensión de someter a juicio político a Aguirre Rivero.
Condena ONG impunidad en el caso Ayotzinapa
En tanto, en Zihuatanejo, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde AC, emitió un comunicado para condenar la liberación de los responsables de los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Insyde criticó que en el crimen de Herrera Pino y Echeverría de Jesús se utilizó un violento operativo policial con elementos de la Policía Federal, Estatal y municipal de la ciudad de Chilpancingo, hechos por los cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió su facultad “por primera vez” para investigar las graves violaciones a los derechos humanos mediante un procedimiento especial e hizo la recomendación especial 1vg/2012.
Recordó que la CNDH concluyó con base en su propio trabajo pericial, que a los estudiantes se les privó de la vida debido a disparos de la Policía Ministerial Investigadora del estado.
Enfatizó que el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan ha señalado que la decisión de los jueces por la liberación de los ejecutores, evidenció las deficiencias en la investigación conducida por la PGJE. “Estos hechos desnudan no sólo la impunidad en Guerrero, sino además la absoluta indiferencia con respecto a las conclusiones y recomendaciones del ombudsman nacional”, dijo.
Compartimos denuncia de Andrés y Josué presos de forma injusta y torturados
Compartimos denuncia del caso de Privación Arbitraria de la Libertad y Tortura de los tsotsiles Andrés y Josué, que se encuentran injustamente encarcelados actualmente en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 11, en Pichucalco, Chiapas.
El pasado 19 de agosto de 2011, los familiares denunciaron está situación, aquí encontraras la denuncia:
http://chiapasdenuncia.blogspot.mx/2011/08/conferencoa-de-prensa-en-vivo-familares.html
Caso Josué y Andrés
Vídeo testimonio: http://www.youtube.com/watch?v=76rgiNs10iE
Pichucalco Chiapas
14 de abril 2013
Yo Andrés López Hernández, profesor de nivel primaria bilingue en la cultura maya y etnia tsotsil, estoy preso injustamente sin cometer el delito que me acusan, luego la fecha y la hora que me acusan estaba yo haciendo papeles para los niños, todo esto esta en su conocimiento de los integrantes de la comitiva en la comunidad, principalmente el presidente de padres de familia de la comunidad donde yo estaba trabajando.
Pero hoy día sigo preso injustamente las autoridades no me quieren dar la libertad luego ya llevando casi todo el proceso o mejor dicho desahogando todas las pruebas lo que marca la ley penal también lo que marca la ley constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Hoy en día sigo preso injustamente soy inocente mi conciencia esta limpia pero las autoridades son unas injustos.
Recibiendo hoy en día todo tipo de maltrato de las autoridades estando sujeto el la prisión, sin cometer este delito que me acusan.
Bien decía Nelson Mandela, por dar a conocer su derecho lo metieron a la cárcel tanto tiempo, hoy en día pasa lo mismo en nuestro estado y en nuestro estado sigue siendo y practicando lo racista.
Las autoridades y los policia hacen lo que quieren como ellos tienen el poder, pero hoy quiero (que se publique en todo medio de comunicación estatal nacional y internacional) por nuestro asunto, por Andrés y Josué de apellidos López Hernández que practican lo racista como en tiempos y época de Nelsón Mandela, por ser humilde y sencillo lo hunden en a cárcel por muchos años.
Atentamente
C. Andrés López Hdz.
C. Josué López Hernández
Dile a Obama que no queremos más armas estadounidenses en México.
Estimada, estimado,
Con tu firma apoyando las peticiones de Amnistía Internacional, haces posible grandes cambios. En marzo logramos que se aprobara el Tratado sobre Comercio de Armas, que por primera vez regulará el comercio internacional de armas. Pero ese fue solo el inicio del camino.
Ahora te necesitamos, para exigir la firma de este tratado y otras medidas concretas de control de armas en Estados Unidos. Este país que debe asumir su responsabilidad cómo principal exportador mundial de armas y cómo origen de las armas que llegan a México ilegalmente y se usan en la violencia que hemos sufrido los últimos años.
El próximo 2 de mayo el presidente Obama visitará México. Por eso, junto con el Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad y el Museo de Memoria y Tolerancia estamos recogiendo firmas para exigir medidas concretas de control de armas.
Actúa ahora para detener la ola de violencia que vive México, alimentada por las armas de Estados Unidos.
En solidaridad,
El equipo de Amnistía Internacional México
Gracias,
El equipo de Amnistía Internacional México
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La muerte del Mecanismo de Desarrollo Limpio
Gerardo Honty
ALAI AMLATINA, 25/04/2013.- El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) fue creado por el Protocolo de Kioto en 1997 y entró en vigor en 2005. Por este medio, los países en desarrollo pueden realizar proyectos que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, y transferir (vender) esas reducciones a los países desarrollados para que estos puedan cumplir con sus metas de reducción establecidas en Kioto.
El MDL ha sido, desde sus orígenes, fuente de todo tipo de especulaciones y debates. Desde los más optimistas que veían en él una forma efectiva de reducir gases de efecto invernadero y de transferir recursos económicos y tecnológicos a los países en desarrollo, a los más críticos que sostenían que no se iba a producir ni lo uno ni lo otro. La mayoría de los análisis de evaluación del mecanismo, una vez cerrado el primer período de compromiso 2008 – 2012, le ha dado la razón a los más críticos.
Sus defensores aducen que el fracaso del MDL se debe a los altos costos demandados por un sistema extremadamente complejo y burocratizado. Sus detractores afirman que es imprescindible un sistema así para intentar evitar las enormes posibilidades de fraude (en un mecanismo en el que tanto al comprador, como al vendedor y al fiscalizador, les conviene sobrestimar reducciones) y de error (dadas las incertidumbres científicas y técnicas que envuelven los proyectos).
Pero más allá del análisis de sus logros o carencias, los resultados de la última reunión de la Conferencia de las Partes le han puesto un punto final al Mecanismo de Desarrollo Limpio, al menos en América Latina.
La enmienda de Doha (2012) al Protocolo de Kioto ha establecido un Segundo Período de Compromiso que cubrirá el lapso 2013-2020 durante el cual los países firmantes se comprometen a reducir en un 18% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las que tuvieron en el año 1990. Pero esta enmienda no ha contado con la firma de cinco países claves: Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Nueva Zelandia.
Esto deja prácticamente sola a la Unión Europea en el esfuerzo convenido internacionalmente de reducir emisiones y la convierte en la única potencial compradora de créditos de reducción de emisiones en cualquiera de sus formas. El MDL es el único medio que tienen los países en desarrollo de participar del mercado de carbono. Consecuentemente los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) que puedan obtenerse a partir de este mecanismo tendrán como su potencial y exclusivo comprador a la Unión Europea.
Pero la Unión Europea ha decidido que para este segundo período de compromiso solo aceptará CERs que provengan de los Países Menos Desarrollados, una lista de 49 países de África y Asia, entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano. Por lo tanto, los proyectos de MDL provenientes de América Latina que no hayan alcanzado a ser registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL antes del 31 de diciembre de 2012 no podrán vender sus certificados dentro del sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.
Al final de 2012 había unos 6.000 proyectos registrados ante la Junta que generaron hasta el 2012 un total de CERs por aproximadamente 2 mil millones de toneladas de CO2. A su vez se espera que esos proyectos generen CERs por más de 6 mil millones de toneladas de CO2 hacia el 2020. A estos habría que sumarles todos los proyectos que están en las etapas previas esperando a ser registrados.
Esto ya supera largamente las expectativas de demanda esperada de créditos de carbono en el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea para el período 2013-2020, lo cual deja muy poco margen para la colocación de los certificados del Mecanismo de Desarrollo Limpio, aún para aquellos países menos desarrollados que podrán ser los únicos ofertantes en ese mercado.
Por otra parte, los precios de los certificados de carbono en la actualidad no son para nada alentadores. La sobreoferta de créditos de carbono, sumada a las incertidumbres sembradas por unas negociaciones lentas y controversiales en la Convención de Cambio Climático, hicieron caer los precios de los certificados de reducción de un precio que llegó a estar por encima de los 30 euros a un mínimo de 2,8 euros a comienzos de este año.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio ha muerto y con él ha fenecido el mercado de carbono para los países latinoamericanos. No obstante la Convención está analizando nuevos mecanismos de mercado que, se espera, estarán definidos para el año 2015 y entrarán en vigor a partir de 2020. Veremos. Por ahora, Latinoamérica puede ir guardando sus sueños de certificados de carbono en el cajón.
- Gerardo Honty es analista en Energía y Cambio Climático de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). www.energiasur.com / twitter: @energiasur
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