El pasado lunes 4, medios locales e internacionales dieron informaron sobre seis turistas españolas fueron víctimas de violación durante sus vacaciones en Acapulco, en el estado de Guerrero.
Tras inicialmente haber minimizado los hechos, las autoridades del Estado de Guerrero se vieron forzadas a reafirmar que se conduciría una investigación completa para procesar a los responsables. Este cambio de discurso pareció obedecer una creciente ola de indignación pública así como a presiones internacionales.
pecialmente lamentable, es que este trágico suceso no es ajeno a la realidad a la que se enfrentan incontables mujeres, ya que de acuerdo a información recopilada por Amnistía Internacional (AI) cada año miles de niñas y mujeres son víctimas de violencia sexual en México.
De acuerdo con la información que el año pasado presentó Amnistía Internacional al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más de 14.000 mujeres son víctimas de violación cada año. Además, de acuerdo a estudios, está cifra podría representar solo un 20% de los casos reales, pues el 80% de los casos no son denunciados.
De acuerdo a información de condenas ocurridas en 2009 – la última a la que la organización ha tenido acceso - en México solamente se produjeron 2.795 condenas por violación.
De esta forma, la organización puede concluir que la impunidad sigue siendo uno de las características de la violencia sexual contra las mujeres en México.
Amnistía Internacional reconoce que si bien han habido algunos avances positivos, como la aprobación de la ley “de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, la violencia de género sigue siendo generalizada. Tanto las autoridades federales como estatales han fracasado sistemáticamente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de esta ley, lo que contribuido a que la impunidad subsista.
El pasado mes de enero, familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde cientos de mujeres han sido víctimas de asesinatos o desapariciones, se manifestaron en una caminata a la Ciudad de Chihuahua para exigir a las autoridades que investiguen adecuadamente los delitos y lleven a los responsables ante la justicia.
Las organizaciones de mujeres de otros estados, como Nuevo León, Oaxaca y México, han señalado pautas similares de violencia de género –que las autoridades no combaten con eficacia–.
La justicia es crucial cuando se trata de abordar la violencia contra las mujeres y acabar con ella. Si quien viola a una mujer no recibe ningún castigo, el mensaje que se está transmitiendo es que tales abusos son aceptables –es una firme invitación a que otros cometan ese mismo delito–.
Amnistía Internacional considera que las autoridades mexicanas no pueden seguir esperando para atender las demandas de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y exige que se tomen medidas concretas y efectivas que mejoren la investigación y logren que se incremente la cifra de procesamientos y condenas y de esta forma reducir la impunidad.
Además, el gobierno mexicano debe urgentemente implementar políticas destinadas a poner fin a la violencia y apoyar a las mujeres y niñas sobrevivientes de abusos sexuales.
