En concreto | Laura Itzel Castillo
El Congreso aprobó en diciembre pasado la propuesta del gobierno federal para desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria y crear la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorrial y Urbano. Esta modificación (que prácticamente pasó desapercibida hasta por los mismos legisladores) acaba por extinguir prácticamente la figura jurídica del ejido y la propiedad comunal, con el objeto de lograr urbanizar el territorio.
La reciente reforma implica, desafortunadamente, renunciar al campo e imponer la ciudad. Es visualizar lo agrario como un nicho de mercado para hacer negocios privados con proyectos urbanizadores. No contempla como objetivo el impulso del campo para la necesaria generación de alimentos. Se trata sólo de fraccionar y dividir para vender la tierra. ¿De dónde van a comer las ciudades? Se trata de un contrasentido que perjudica tanto a los habitantes del campo como a los de la ciudad.
Pareciera que no se ha evaluado que uno de los principales problemas que aquejan a las ciudades en el mundo y especialmente a las latinoamericanas es el desbordado crecimiento expansivo hacia el suelo forestal y agrícola, es decir, el cambio acelerado de uso de suelo. Según datos oficiales, durante los últimos 50 años los países desarrollados emitieron al ambiente alrededor de 600 mil millones de toneladas de CO2, más de 90% de las cuales derivan de la quema de combustibles fósiles y producción de cemento.
No obstante, en el mismo periodo, los países eufemísticamente llamados en vías de desarrollo, entre los cuales estamos, emitieron casi 500 mil millones de toneladas de CO2, de las que solamente 37% corresponde a quema de combustibles fósiles y cemento, en tanto que 63% corresponde al cambio de uso de suelo.
Sistemáticamente se desconocen o niegan los umbrales ecológicos y termodinámicos de la naturaleza, y se ofrecen como externalidades del modelo, el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de los ecosistemas, los residuos industriales y la emisión de diversos tipos de contaminantes y sus documentados efectos sobre la población.
Entonces, ¿cuáles son los requisitos para alcanzar un desarrollo sustentable? En el plano general, sin hacer énfasis en la situación particular de cada nación, los requisitos para la sustentabilidad deben ser los siguientes: un sistema político que asegure la participación ciudadana; un sistema económico capaz de generar excedentes que sean aplicados a la sustentabilidad; un sistema social que reduzca la posibilidad de que se generen conflictos ambientales; un conjunto de sistemas de producción compatibles con la conservación de la calidad ambiental, e inversiones importantes en investigación y desarrollo tecnológico.
Desafortunadamente en México, los conceptos científicos y metodológicos de las ciencias ambientales (por ejemplo el ordenamiento ecológico de los territorios, las metodologías de impacto ambiental y la protección de la variabilidad genética) con frecuencia son deformados.
En consecuencia un modelo de desarrollo sustentable real requiere de un conjunto de condiciones que no se dan en México, ni en muchos países del mundo y que son, por definición y por génesis, irreconciliables con el modelo económico actual.
De tal manera que la nueva secretaría tiene como fundamental objetivo fraccionar y vender los ejidos y las tierras comunales para sembrar, en lugar de maíz y frijol: viviendas y especulación.
