ESTADO DE LOS ESTADOS
Por: Lilia Arellano
“Los políticos tímidos e interesados se preocupan más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país”: Thomas Macaulay.
• Intervencionismo en puerta
• México “punto estratégico ciego”
• Violencia, pretexto para invasión
• Silencio cómplice en el Congreso
• Desploma aceptación de Calderón
• Diputados aplican la ley mordaza
Febrero 8, 2010.- Directa, tajante y categórica fue la amenaza de intervención militar de Joseph W. Westphal, subsecretario del Ejército de Estados Unidos: “los cárteles del narcotráfico en México representan un tipo de insurgencia con el potencial de tomar el control del Gobierno del país”, lo que podría tener como consecuencia “llegar a una situación en que Estados Unidos deba enviar soldados armados a la frontera, o incluso cruzar hacia México”. Las tronantes declaraciones del segundo hombre al mando del Ejército estadounidense fueron recogidas y reproducidas por los diarios Deseret News y Salt Lake Tribune en sus ediciones de este martes y el audio estuvo disponible en la radio pública de la Universidad de Utah.
La abierta amenaza de ocupación hecha desde el Hinckley Institute of Politics de la Universidad de Utah en Salt Lake City, se suma a las advertencias públicas que también hicieron en un sentido similar hace apenas unas semanas funcionarios de alto nivel de la administración del presidente Barack Obama, como Hillary Clinton, secretaria de Estado, y Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como a las revelaciones de los cables diplomáticos de Wikileaks difundidos por varios prestigiados diarios, que denotan la preocupación por los extremos niveles de violencia derivados de la “guerra” de Felipe Calderón contra algunos cárteles de la droga, critican la capacidad de su administración y las fuerzas armadas mexicanas para luchar contra el narcotráfico, debido a la corrupción oficial, y que por sus repercusiones diplomáticas en el continente tuvieron que ser “corregidas” horas después. En este caso, sucedió exactamente lo mismo: Joseph W. Westphal se retractó este martes de sus dichos, pero el daño ya estaba hecho.
Durante el foro del lunes, el subsecretario del Ejército de Estados Unidos advirtió que el problema en la frontera no se trata sólo de drogas o inmigración ilegal: “esto es quizá más que una opinión personal, pero que ciertamente he compartido con gente de la Casa Blanca y en otros lugares: esto no se trata sólo de drogas o inmigrantes ilegales; esto se trata potencialmente de la toma de un gobierno por parte de individuos que son corruptos y que tienen una agenda distinta. Y esto sería de nuevo, justo en nuestra frontera”. Añadió que México es un país rico e importante al que se debe prestar mucho más atención debido al tipo de insurgencia que existe y que ésta se ha instalado “justo” en la frontera con Estados Unidos. Explicó que ha compartido sus inquietudes con la Casa Blanca, pues no quiere que Estados Unidos deba enviar soldados armados para combatir insurgentes en la frontera o a través de ésta.
Las palabras textuales del funcionario del Ejército estadounidense fueron: “porque lo que yo no quiero es alguna vez estar en una situación en la que tengamos que enviar soldados estadounidenses, y no sólo de la Guardia (Nacional) y reservistas sin balas en las cámaras (de sus armas) (…) sino una en la que tenga que enviar soldados en activo, o Guardia (Nacional) y reservistas armados y peleando una insurgencia en nuestra frontera, en violación de nuestra Constitución o que tengamos que enviarlos a través de la frontera”.
El martes, Westphal corrigió sus dichos del lunes, que ubicaban a América Latina y en particular a México, como uno de los “puntos críticos” para Estados Unidos, y abiertamente se retractó en una declaración distribuida por el Ejército estadounidense: “mi declaración caracterizó equivocadamente el reto que los cárteles de la droga plantean a México como una forma de insurgencia”. “Ayer, en un evento auspiciado por el foro Hinckley Institute of Politics, mi respuesta a una pregunta sobre la política de defensa de EU caracterizó incorrectamente a América Latina como “punto estratégico ciego”.
Ante las posibles repercusiones que sus dichos provocarían en América Latina y en especial en el Gobierno de México, que ha negado que el término de “insurgencia” aplique al narco, el funcionario señaló: “lamento que mis declaraciones inexactas hayan causado preocupaciones con nuestros socios y amigos en la región, especialmente México”. Y añadió: “mis comentarios no fueron y nunca han sido la política del Departamento de Defensa o del Gobierno de EU frente a América Latina. Yo no hablé a nombre del Presidente, del Asesor de Seguridad Nacional, del Secretario de Defensa o cualquier otro funcionario encargado de establecer o articular la política de EU”.
REPUDIO
A las declaraciones del segundo hombre en importancia en el Ejército de Estados Unidos le siguió en la administración federal que encabeza Felipe Calderón un silencio cómplice por varias horas, el mismo que también predominó en el Congreso de la Unión, en donde tampoco, inexplicablemente, se abordó el asunto, a pesar de su enorme importancia para la soberanía nacional. En el primer caso todo parece indicar que los calderonistas no quisieron enturbiar la entrega que hizo el gobierno de Estados Unidos a México de ocho camionetas de Rayos X de retro-dispersión ZBV para facilitar en las aduanas del país la detección de explosivos, armas, drogas, contrabando y personas, bienes ilegales que “dan tanto poder” al crimen organizado. Dicho equipo que tiene un valor total de 8 millones de dólares. Quizá tampoco quiso interrumpir las programas de capacitación a policías mexicanos por parte de corporaciones extranjeras, por lo que se limitaron, a través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación, a rechazar que las organizaciones criminales sean “una forma de insurgencia que podría atentar contra el gobierno mexicano”. Y se apresuraron a reiterar que trabajan con la administración estadounidense sobre la “responsabilidad compartida y el respeto muto”.
Pero en el caso de los legisladores la omisión de abordar el tema es injustificable. No sucedió así, afortunadamente, en los círculos académicos e intelectuales del país en donde se reprobó airadamente los dichos del funcionario estadounidense y en donde se consideró que sus declaraciones no deben ser tomados a la ligera pues son una clara amenaza de ocupación militar, que los medios de comunicación y el Congreso de la Unión no le dan la debido importancia. Se razonó que “si en México se tiene un Estado fallido es posible que el titular del Ejecutivo pueda pensar en recibir ayuda del exterior, Cascos Azules o Marines estadounidenses, dado que la fuerza nacional es insuficiente, corrupta o no confiable”.
Lo peligroso del caso es que la elección presidencial en México está a la vuelta de la esquina y “ahora resulta que si el pueblo escoge al próximo presidente en el 2012 y éste no va con los intereses del gobierno de EU, al que gane la elección lo van a acusar de delincuente y narcotraficante y acto seguido procederían a su derrocamiento por intervención militar”. Esta, señalan, es una agenda oculta del gobierno estadounidense, bajo la pantalla de que en México fueron rebasados por la violencia en la lucha contra las drogas, cuando el fondo es que el principal negocio de EU es precisamente la venta de armas y que su economía está basada en generar conflictos en diferentes regiones del mundo.
Una acción, sin duda, más efectiva de parte del gobierno y la sociedad de Estados Unidos para evitar que la violencia los alcance a los niveles que se resienten en México, en donde ya se cuentan más de 40 mil víctimas, sería que los negocios de armas dejaran de venderles a los cárteles de las drogas mexicanos y también evitarán comprarles drogas. Pero esto es una solución ideal que no se apega a sus intereses económicos, tanto en la boyante la venta de armas como en el también floreciente negocio del lavado de dinero productos del narcotráfico.
MESA PUESTA
En términos fríos, todo parece indicar que el plan de los estrategas del Pentágono con respecto a México avanza conforme a lo programado desde que se firmó el “Plan México” o “Iniciativa Mérida”. Basta revisar el contexto actual del país y de la administración de Felipe Calderón: su aprobación está en el nivel más bajo de los últimos dos años, apenas de 52 por ciento, si es que las cifras no están maquilladas, y exhibe una tendencia decreciente desde mayo pasado. El reciente sondeo de El Universal/Buendía & Laredo destaca que después de cuatro años en el poder, simpatizantes del PRI le han retirado su apoyo al inquilino de Los Pinos, desgaste que también es visible incluso entre los militantes panitas.
También hay que destacar que los mexicanos en general perciben menos seguridad en el país. La Encuesta Continua de Percepción sobre Inseguridad Pública en el país que aplica el INEGI revela que la seguridad pública cayó 2.4 por ciento en enero. El indicar que mide la percepción de los ciudadanos sobre seguridad pública quedó en 98.2 por ciento, mientras que en el mismo mes de 2010 había alcanzado 100.5 por ciento. La baja que es más significativa conforme se le compara con meses anteriores, se debió a la disminución de tres de los cinco componentes que integran dicho indicador.
La desesperación de la administración calderonista es evidente también en el Congreso de la Unión, en donde la fracción parlamentaria de su partido, el PAN, urgió a los otros grupos parlamentarios para que asuman un compromiso serio en la aprobación de las reformas de justicia y seguridad pública, que dicho sea de paso tienden más al autoritarismo en que ha ido cayendo la administración calderonista. El panista Agustín Castilla demandó dejar de lado los intereses electorales, que ellos mismos han privilegiado como fue evidente en las elecciones del año pasado y confirmado en los recientes comicios de Guerrero y Baja California Sur, y pidió legislar las reformas inaplazables contra la delincuencia.
Sin embargo, los panistas han encontrado resistencia a las medidas extraordinarias planteadas por Felipe Calderón en las iniciativas de lavado de dinero, mando único, ley de amparo, entre otras. Por ejemplo, este martes, a iniciativa de la fracción parlamentaria del PRI, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un llamado al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Gobernación detenga la ejecución del programa de Cédula de Identidad para Menores de Edad. Los grupos parlamentarios pusieron en duda la confiabilidad del resguardo de datos personales de niños, niñas y adolescentes.
El nivel de la peligrosa ola de violencia se puede ver tan sólo en la fotografía del estado actual del crimen en el reporte de las últimas unas horas: informes policíacos del Estado Sinaloa aseguraron que un grupo armado intentó infructuosamente “levantar” a Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del ex candidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa, en el municipio de Navolato. El funcionario del gobierno de Sinaloa logró escapar a sus plagiarios gracias a que conducía una camioneta blindada y contaba con escoltas… Un comando armado que circulaba en varias camionetas arrojó los cuerpos decapitados de dos hombres afuera de la comandancia de Tamuín, en la zona huasteca de San Luis Potosí. Posteriormente, se trasladaron al municipio de San Vicente Tancuayalab, en donde balearon las instalaciones de la comandancia.
Y aún más: Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador especial para la Atención de Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, denunció que tres familiares de la activista social Josefina Reyes Salazar, asesinada en enero de 2010, se encuentran desaparecidos desde el lunes y se sospecha que fueron secuestrados por un comando… En Zacatecas, militares lograron la detención de 13 integrantes de la delincuencia organizada que cometían asaltos, secuestros y extorsiones en el cañón de Juchipila, colindante con Aguascalientes y Jalisco, y aseguraron un arsenal y siete vehículos… En Reynosa, Tamaulipas, militares liberaron a 47 personas que se encontraban presuntamente privados de la libertad, de los cuales 44 eran de nacionalidad guatemalteca y tres mexicanos, además de que aseguraron 102 kilos de cocaína.
La violencia derivada de la lucha anticrimen se incrementó el año pasado. Al presentar el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, presidente de ese organismo, relató que “en 2010 la sociedad mexicana experimentó momentos difíciles derivados de la violencia del crimen organizado, así como de los enfrentamientos entre autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia, dando como resultado un incremento considerable de muertes violentas, entre éstas de personas ajenas a la comisión de delito u operativos cuyos familiares en la mayoría de los casos aún aguardan se haga justicia”.
Plascencia reportó que de las 16 mil 66 quejas presentadas, 6 mil 916 fueron calificadas como presuntas violaciones a los derechos humanos. Las autoridades señaladas con mayor frecuencia fueron: las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, además del IMSS, el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República.
Ese es el lamentable panorama del país.
DE LOS PASILLOS
Tensión este martes en la Cámara de Diputados al iniciar la sesión: el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, desplegó una manta que no terminó de colgar porque los diputados panitas Agustín Torres Ibarrola y Arturo García Portillo, intentaron arrebatársela generando un zafarrancho que provocó un receso decretado por Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva. La manta con una fotografía de Felipe Calderón hace alusión a Belisario Domínguez: “El Senador Belisario Domínguez acusó a Victoriano Huerta de traidor y asesino; éste lo mando matar y cortar la lengua. Belisario Domínguez nunca aportó pruebas”.
En el caso del despido de Carmen Aristegui de la radiodifusora MVS, cabe señalar que “a confesión de parte relevo de pruebas”, como dicen los abogados. Después de que la vocera de la Presidencia de la República, Alejandra de la Sota, declarara que no interfirieron “en lo absoluto” en su despido, el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, negó que la administración de Felipe Calderón haya tenido injerencia en el despido de la periodista y aseveró que tampoco vincula la situación del concesionario con elementos ajenos a lo que marca la ley para la operación de empresas de este sector. Muchas explicaciones para un hecho inocultable.
De pena ajena es el papel que desempeña al servicio de Estados Unidos el ex presidente mexicano Vicente Fox. En República Dominicana, el guanajuatense arremetió contra Hugo Chávez y acusó que mientras Colombia sigue produciendo narcóticos, “Venezuela sigue facilitando el tráfico de drogas”. Fox dijo que “tal parece que hay una asociación entre el mandatario venezolano y los cárteles de las drogas, porque eso es lo que pasa cuando perdemos la brújula democrática”. De inmediato le respondió el embajador de Venezuela en República Dominicana, Alfredo Murga Rivas, quien se refirió a Fox como “ejecutivo de la Coca-Cola” y le criticó por realizar acusaciones sin aportar datos concretos para fundamentarlas.
(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)
Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV
