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* ¡Basta de cambios cosméticos! México necesita un proyecto alternativo de nación que anteponga el lema: Por el Bien de Todos, Primero los Pobres, precisa |
domingo, 8 de febrero de 2009
Sin un cambio en la vida pública, México seguirá en picada, habrá más desempleo, inseguridad y violencia, alerta López Obrador
Arnaldo Córdova - De nuevo el desafío de las televisoras
Para algunos, se trató sólo de una (mala) ocurrencia de Televisa y Tv Azteca el empaquetar en bloques espots del IFE y de los partidos y transmitirlos interrumpiendo programas comerciales predeterminados. Para otros se trató de una abierta violación de la legalidad que debe ser sancionada. Para otros (entre ellos los coordinadores de los grupos parlamentarios) fue algo que no quedó claro en cuanto a su legalidad o ilegalidad. Para el IFE se trató de “conductas atípicas”. En realidad, todos podrían tener razón, pero no se trata sólo de eso, sino de algo mucho más importante para la institucionalidad del Estado mexicano: el desafío abierto de las televisoras al árbitro constitucional electoral, a la legalidad y a la misma Constitución. Ello no radica sólo en el hecho de haberse hecho esas transmisiones, sino en las justificaciones que durante y después han alegado los personeros de los monopolios televisivos. Ni siquiera hace falta, por principio, recurrir a las especificaciones reglamentarias del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) para darse cuenta de que se obró contra la legalidad en esos actos de las televisoras. Éstas adujeron que lo hicieron porque así se los impuso el IFE (éste lo ha negado rotundamente); pero el hecho es que la misma Constitución establece claramente que la transmisión de comunicados del instituto y de los partidos debe darse tan sólo en los tiempos que corresponden al Estado (y el IFE forma parte del Estado). Esos tiempos deben separarse de los demás y utilizarse sin encimarse con otros. Era tan obvio que no se estableció en la ley. El encabezado del apartado A del artículo 41 constitucional dicta que el instituto será la autoridad única para la administración del tiempo “que corresponda al Estado” para sus fines institucionales y para el ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales a realizar sus funciones (instituidas en la primera fracción del mismo artículo constitucional). El inciso d) del mismo apartado A establece que las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán en el horario de programación entre las seis y las veinticuatro horas en tiempo de precampañas y campañas. Se trata siempre sólo del tiempo que corresponde al Estado y que es un pago en especie de derechos e impuestos debidos al mismo. El presidente consejero del IFE dio 24 horas de plazo a las televisoras para que informaran de las razones de sus hechos; la Secretaría de Gobernación les demandó “una explicación técnica” de las mismas. Los concesionarios explicaron que la saturación de anuncios que se han visto obligados a programar los obligó a interrumpir otros eventos para transmitir los del IFE; en los alegatos de los merolicos que justificaron esa medida se hizo gala de chacoteo y mala leche. “¡Agárrense! Vienen 24 millones de espots”, dijo Alatorre, de Tv Azteca. En un comunicado, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) afirma que las mil 569 concesionarias “otorgan gratuitamente 48 minutos diarios para los promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales” y remata que ello “tiene un precio o costo para la sociedad” pues se trata del pago en especie de un impuesto. El presidente consejero del IFE tendría que aclarar de qué instrumento legal sacó eso de “conductas atípicas” y, desde luego, qué diablos significa en el ámbito federal. Si sugiere que pudo haberse violado la ley y no tiene el valor para decírselo a las televisoras y todavía les pide que le expliquen en qué consistieron sus actos y si violaron la ley, quiere decirles que lo sorprendieron y, también, que el servicio de monitoreo de su instituto vale para maldita la cosa y no está en condiciones de parar o llamar instantáneamente la atención a quien no se conduce dentro de la normatividad. Por otro lado, está claro que actuó a destiempo y, él mismo, fuera de la legalidad que está obligado a resguardar y hacer respetar en el área de su competencia. La Secretaría de Gobernación, ahora a cargo de Gómez Mont, prefirió nadar de a muertito. El encargado de esa dependencia dijo que, tan serio como es, “no va a precipitar sus juicios” y “lo que está sucediendo”, como si lo ignorara, lo “está moviendo a analizar cuál es la respuesta que deben tener de la secretaría estos hechos”. Luego dijo que el tema sigue en la agenda y “se avanzará en términos de la democratización del país”. Que no se sepa cuál ley fue violada y una dependencia del Ejecutivo, encargada de su estricta aplicación, también en los términos de su competencia, nos dice que lo está investigando no es otra cosa que tomarle el pelo a todo mundo. Que el abogado al frente de la Secretaría de Gobernación (SG) no sepa ni qué leyes está encargado de ver que se apliquen, de verdad que sorprende. No así los voceros de las televisoras y de la CIRT. Para ellos las leyes no existen o se aprobaron sin su consentimiento y, además, no están de acuerdo con ellas. El número de espots es irrelevante. Se trata del tiempo, 48 minutos diarios, a disposición del IFE y de los partidos políticos, que se toma del que corresponde al Estado. La CIRT debería informar cuánto pagan por derechos e impuestos sus representadas y si no están de acuerdo en que se paguen en especie (tiempo del Estado). Ese tiempo no significa tiempo de la sociedad como dicen, sino de ellos que el Estado se toma como pago de derechos e impuestos. Si no están de acuerdo, entonces que paguen en dinero. En febrero de 2008, la CIRT pidió al IFE que permitiera a los concesionarios ajustar el pautado de la transmisión de espots. Nada se dijo de interrumpir programas ni de presentar en bloque los mensajes. Ahora se dice que no hay violación a la ley. El tiempo que corresponde al Estado debe incluirse entre programas ordinarios y no en el seno de éstos. Las televisoras y las estaciones de radio lo hicieron, por tanto, violaron la ley (Cofipe, artículos 49 a 51 y 55 a 58) y la misma Constitución, de la que aquella deriva. Nadie pide que la SG y el IFE se vuelvan tribunales; pero si sus titulares saben de leyes podrán entender que sus dependencias están obligadas a hacer que los actores políticos (incluidos en este caso las televisoras) se conduzcan de acuerdo con la ley y la Carta Magna. Gómez Mont está preocupado, dijo, porque no se viole la libertad de expresión de los dueños de los medios. Debería decirnos si él cree que esa libertad incluye permitirse violar la ley.
Mario Di Costanzo Armenta - Resultó más caro el caldo que las albóndigas
No cabe duda de que las declaraciones que hiciera el ex presidente Ernesto Zedillo respecto del rescate bancario y las recomendaciones de Felipe Calderón en el sentido de “aplicar un Fobaproa mundial” deberían apenarnos como mexicanos, pues reflejan la tremenda ignorancia de quienes dicen ser o haber sido nuestros gobernantes. A todos ellos les dirijo en estas líneas una reflexión que, por dignidad y respeto a los mexicanos, deberían aclarar públicamente. Más aún, cuando aseveran que el Fobaproa tuvo como fin proteger a los ahorradores y salvar a la gente. Para ello, sólo basta señalar lo siguiente: De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el Fobaproa permitió que 14.7 millones de personas (cuentahabientes) no perdieran sus ahorros y de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el costo del salvamento de esas cuentas ascendió a 1.2 billones de pesos. Sin embargo, en el Informe Anual del IPAB correspondiente a 2000 se señala textualmente que“considerando las cifras de captación de la banca comercial en moneda nacional a junio de 2000, el universo de ahorradores bancarios en México está representado por 29.3 millones de contratos que representan 996 mil 341.8 millones de pesos”. “Cerca de 50 por ciento de los ahorradores bancarios mantiene un saldo promedio en el total de instrumentos de captación inferior a 500 pesos. En este estrato de depositantes, cuyo saldo fue de 6 mil 119.2 millones de pesos, se encuentran 14.87 millones de contratos”. El mismo informe añade: “El siguiente rubro, que incluye depósitos mayores a mil y hasta 5 mil pesos, mantiene un saldo de 17 mil 940.6 millones de pesos, en un total de 5.6 millones de contratos (19.1 por ciento)”. Y continúa: “El mismo patrón de captación se mantiene para los siguientes tres estratos que incluyen saldos hasta por 100 mil pesos. Estos cinco estratos incorporan a cerca de 97 por ciento de los contratos”. De esta manera, si asumimos que en 1995 la estructura de las cuentas bancarias era la misma que en 2000, se obtiene que cerca de 50 por ciento de las cuentas, es decir, la mitad de los 14.7 millones de cuentas que dice la SHCP que salvó (7.35 millones de cuentas bancarias) eran de cuentahabientes que mantenían un saldo promedio inferior a 500 pesos. Luego entonces, el costo para el Fobaproa de haber rescatado a la mitad de los cuentahabientes que existían en 1995 dado su saldo promedio fue de 3 mil 675 millones de pesos (es decir, 7.35 millones multiplicados por 500 pesos). Más aún, si añadimos el siguiente nivel de cuentahabientes rescatados, los que mantenían un saldo promedio de entre mil y cinco mil pesos y representaban 19.1 por ciento del total de los cuentahabientes en 1995 (2.8 millones de cuentas bancarias), obtenemos que el costo de salvamento de este segmento ascendió hace 14 años a 8 mil 400 millones de pesos (2.8 millones multiplicados por 3 mil pesos, que es un promedio entre mil y 5 mil pesos). Hasta este punto podemos decir que el salvamento de 10.1 millones de cuentas bancarias (7.35 millones de 500 pesos y 2.8 millones de 3 mil pesos), es decir, de 69 por ciento de las cuentas bancarias que existían en 1995, le costó al Fobaproa aproximadamente 12 mil 75 millones de pesos. Si consideramos el mismo razonamiento para el tercer segmento de cuentas, que representaba a cuentahabientes que mantenían saldos promedio de entre 5 mil y 10 mil pesos y que representaban aproximadamente 20 por ciento del total de las cuentas de 1995, podemos decir que el costo del salvamento para el Fobaproa de este segmento de cuentahabientes fue de 23 mil millones de pesos. Así, podemos afirmar que el salvamento de 13.23 millones de cuentas bancarias, o 90 por ciento de las cuentas que existían en 1995, le costó al Fobaproa aproximadamente 35 mil 25 millones de pesos (3 mil 675 más 12 mil 75 más 23 mil). Luego entonces, ¿cómo es que estos 35 mil 25 millones de pesos se convirtieron en 1.2 billones? Es decir: la cifra creció 35 veces. ¿Acaso el salvamento de las cuentas de los más ricos y que representaban sólo 10 por ciento del total de las cuentas bancarias que existían en 1995 fue lo que elevó 35 veces el costo del rescate de los ahorradores? Si lo anterior es cierto, podemos concluir que lo que elevó el costo del rescate de los ahorradores fue paradójicamente el rescate de los ricos. Y nos preguntamos, entonces, ¿por qué los pobres están pagando el rescate de los ricos? Si lo anterior no es cierto, entonces debemos de asumir que lo que verdaderamente elevó el costo del rescate de los ahorradores en más de 35 veces fue el rescate de los banqueros… por lo que Ernesto Zedillo miente al señalar que fue un rescate de ahorradores y Felipe Calderón lo que en realidad le recomendó al mundo fue rescatar a ahorradores ricos y a banqueros, con su propuesta de un “Fobaproa mundial”. Conviene señalar que datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que en junio de 1995 los 14.7 millones de cuentas que existían en México representaban ahorros por 656 mil 700 millones de pesos. Es decir, que esta cifra resulta ser la mitad del costo del rescate bancario según la ASF (1.2 billones de pesos), luego entonces: esto quiere decir que por cada peso que rescató el Fobaproa acabó pagando dos pesos. Pero lo más grave es que durante la semana el grupo Vitro se adhirió al “nuevo Fobaproa” implementado por Felipe Calderón y Nacional Financiera, y lo curioso es que, Gustavo Madero, presidente del Senado, ahora resulta que figura como integrante del Consejo de Administración de Vitro. Por eso digo, no nos vaya a resultar otra vez, más caro el caldo que las albóndigas.
Bajo La Lupa - Alfredo Jalife
■ ¿Empezó la “desglobalización”? Este año fue notoria la sequía de ideas en el Foro Económico Mundial celebrado en la necrópolis de Davos por la teología neoliberal que vive la primera fase (la negación) del “síndrome de estrés postraumático”, antes de entrar a la otra fase de la doble depresión (la siquiátrica y la económica). Con la esperada excepción de los guetos teológicos de los friedmanitas(e itamitas en México, controlados por los fracasados salinistas, zedillistas, aspianos, y ahora calderonistas) concluyó el paradigma pernicioso del thatcherismo y su caricatura estadunidense(reaganomics) con su engendro teratológico tropical: el decálogo neoliberal del Consenso (sic) de Washington. Mientras los pensadores lúcidos y los samaritanos del planeta se abocan a rehacer un mundo más viable y sustentable, habrá que vivir el calvario inevitable de la “desglobalización”: término acuñado y hecho libro por Bajo la Lupa, que ya empieza a ser usado en la city, la capital devastada de la desregulada globalización financiera. Sean O’Grady aborda sin complejos la “desglobalización”, su significado (a su juicio) y la razón por la cual Gran Bretaña, la cuna del libre-cambismo y el neoliberalismo, “debe tener miedo” (The Independent, 31/1/09). ¿Cómo no va a tener miedo Gran Bretaña, un archipiélago de un poco más de 200 mil kilómetros cuadrados (la décima parte de México), que dominó al planeta y vivió parasitariamente de él gracias a la triple imposición conjunta (colonial, militar y financiera) de su capitalismo radical que se subsume en el desregulado neoliberalismo global? La “desglobalización” es mucho más profunda y extensa (no es unidimensionalmente mercantilista), como explayamos en nuestro libro (Hacia la desglobalización, Editorial Jorale, 2007), que el reduccionismo operado por Sean O’Grady y que comprime a un vulgar “proteccionismo”. El neoproteccionismo con el que ha comenzado a amagar el Congreso de Estados Unidos (Buy American: comprar estadunidense ante todo) tiene sin dormir al primer británico Gordon Brown, quien acaba de deslizar un lapsus linguae freudiano (The Times, 4/2/09) al admitir que su país está por penetrar el infierno de la “depresión” económica (ahora sí que vale hacer la distinción etimológica con su similar siquiátrico). Aun en su edición reduccionista y bajo la óptica exageradamente anglocentrista, es útil el abordaje de Sean O’Grady sobre la desglobalización: “Gran Bretaña tiene más que perder que la mayoría con el renacimiento del proteccionismo y la desintegración (¡súper sic!) de la economía mundial”. Describe correctamente la dimensión cosmogónica (y agónica) de Gran Bretaña que se encuentra a la deriva: “una de las economías tradicionalmente (sic) más abiertas al exterior, un poder que construyó el mayor imperio que el mundo haya jamás visto, fincado en su comercio internacional”. Es cierto: Gran Bretaña no sería nada sin su comercio internacional y su legendaria piratería (marítima, económica y financiera). El libre mercado para Gran Bretaña es una necesidad aeróbica y ontológicamente geopolítica por la que se ha consagrado durante más de tres siglos a librar guerras globales con el fin de imponer su modelo parasitario al resto del mundo y que llevó a sus últimas consecuencias con el thatcherismo desbocado y su globalización desregulada, que la colocaron como el primer sitial de las finanzas globales (paradójicamente, con una economía cada vez más en declive). Sin el parapeto del neoliberalismo global, Gran Bretaña está punto de ser un país menos relevante y de perder su oxigenación financiera que consiguió a costa de la explotación de los países valetudinarios del planeta, aun al precio de guerras depredadoras: desde sus dos “guerras del opio” contra China hasta sus recientes aventuras en Medio Oriente, que dejó devastado después de su colonización. O’Grady expone que la “historia mercader (sic)” de Gran Bretaña la “dejó con una dependencia todavía importante en las exportaciones para su supervivencia (¡súper sic!) nacional económica”. Es elementalmente entendible que sus ideólogos, desde Adam Smith hasta el thatcherismo, aboguen fanáticamente por el “libre (sic) mercado” (que ni es “libre” ni es “mercado”), su “razón de ser”: “17 por ciento de la producción nacional deriva de bienes y servicios vendidos al exterior”, en comparación con las otras dos potencias marítimas de Estados Unidos (7 por ciento) y Japón (10 por ciento). Se desprende que Estados Unidos no depende tanto de su comercio con el exterior y que la globalización mercantil fue un contagio británico al que sucumbió teológicamente Reagan. Es decir: si Estados Unidos se protege, después de sus descalabros en todos los rubros de la globalización (la modalidad “financiera”, por suicidio; la “mercantil” frente a China; la “energética” ante Rusia y los países del golfo Pérsico, etcétera) puede recuperar vibrantemente, como en el siglo XIX, cuando prácticamente era autosuficiente, su alicaída manufactura con el fin de crear empleos locales. No sólo los sindicatos que apoyaron a Obama solicitan una fuerte tajada del paquete de estímulo económico para la manufactura estadunidense, sino también el vicepresidente Joe Biden defendió las provisiones neoproteccionistas (en particular la compra del hierro y el acero de Estados Unidos) agregadas por el Congreso (The Independent, 2/2/09), lo cual erizó los cabellos de Gran Bretaña, Europa, Canadá y China. O’Grady explica nostálgicamente cómo Gran Bretaña se benefició como nadie de la “integración transfronteriza de la globalización”. Pues sí: “integración” para la anglósfera y “desintegración” para los demás, como México, el cual, en efecto, es el ejemplo perfecto del suicidio económico a partir de haber adoptado el neoliberalismo (en realidad, le fue impuesto a Salinas por Daddy Bush, después de su fraude electoral). Ya desde De la Madrid Hurtado, es decir, desde hace 27 años, no solamente se estancó en un mediocre “crecimiento” de 2 por ciento (el más bajo de Latinoamérica), sino que, peor aún, en su fase terminal, con el calderonismo (la condensación monstruosa del delamadridismo, salinismo, zedillismo y foxismo), ya entró al territorio negativo, con todo y su hilarante cuan delirante gerenciocracia (el “gobierno de los empresarios” parasitarios, al estilo Cemex). ¿Qué advendrá de los flujos de capitales que solían refugiarse en Londres, ahora que su banca especulativa se encuentra postrada en la insolvencia? ¿Quién sustituirá sus servicios financieros, sus seguros y sus consultorías que se habían convertido en una adicción inescapable para los pobres de espíritu, quienes sucumbieron a la intoxicación de la desregulada globalización financiera? Con la inevitable desglobalización –sea en la acepción reduccionista y anglocentrista de O’Grady, sea en nuestra más amplia definición–, se mueren más de tres siglos de la tiranía teológica del libre-cambismo anglosajón. Hasta hoy se pudo enterrar a Adam Smith, Margaret Thatcher, Fredrich Hayek (con su clóntrasatlántico: Milton Friedman y sus Chicago Boys) y Tony Blair (con su alucinación efímera de la tercera vía). Lo más trágico es que en ese lapso nadie había conseguido asesinarlos: se suicidaron.
Sequía de ideas en el pasado Foro Económico Mundial realizado en DavosFoto: Ap
El Silencio del Pentágono
Desde hace años las concepciones del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) de EU sobre los problemas primarios de “seguridad nacional” en México se centran de manera exclusiva e interesada en los efectos y no en las causas de la “inestabilidad”. No es por miopía conceptual. Tampoco es asunto menor si se recuerda que cuando sus docentes del Colegio de Guerra han señalado que los programas de ajuste estructural del “consenso de Washington” (auspiciados por el Banco Mundial –BM–, el BID y el FMI) están en la raíz del problema de seguridad nacional en México, se les margina y hasta se les castiga con el cese fulminante de sus cargos.
Se presentan así amenazas graves a la integridad territorial mexicana, ya que el DoD utiliza estos argumentos “para planificar el uso de su fuerza en las siguientes décadas, lo que haría evidente que la intervención militar debe estar considerada dentro de los escenarios posibles en la relación EU-México”. En todo esto lo que más llama la atención es el silencio del Pentágono sobre el papel tan activo de EU en el auspicio de las condiciones básicas de esos “juegos de guerra” en los últimos 26 años al impulsar desde el FMI-BM-BID el retiro del Estado mexicano de sectores estratégicos desnacionalizando bancos, ferrocarriles, petróleo, electricidad, infraestructura, agricultura, agua, etcétera, y propiciando el desequilibrio sociopolítico por medio de la rigurosa aplicación (con el concurso de sus empleados en Los Pinos) de un guión basado en una drástica reducción del gasto público; la anulación de subsidios al campo, a los alimentos, al transporte para los sectores populares; la promoción de despidos masivos de burócratas, técnicos y trabajadores de las empresas privatizadas; la desregulación en beneficio de banqueros y comerciantes; la eliminación de límites a ganancias y al capital especulativo; la supresión del control de precios, devastando más el ingreso familiar con los topes salariales; la promoción de la apertura total e in discriminada a la inversión extranjera y a las mercancías y capitales del exterior, socavando empleo y aparato productivo; el auspicio de los inversionistas foráneos como piedra angular del modelo, instaurando una política cambiaria muy flexible que permite la entrada y salida irrestricta de capitales nacionales y extranjeros, es decir, con “libertad para saquear a un país si en otro hay mayor seguridad o mayores tasas de ganancia”. Hasta hoy EU considera básica la libre oportunidad para especular en bolsas de valores y paraísos fiscales donde se bursatilizan y rematan nuestros activos estratégicos.
Tal es el recetario para la informalidad económica, la criminalidad y el narcotráfico. El Pentágono sabe que el estallido social está en curso y es de largo alcance: sin cambio de rumbo siguen balcanización e incautación del país.
VEA USTED POR QUE LAS TELEVISORAS HACEN CORAJES POR LA NUEVA REFORMA ELECTORAL
Rabietas en la pantalla
JESúS CANTú
Los concesionarios de radio y televisión, sobre todo Televisa y TV Azteca, se oponen de manera rotunda a la reforma electoral que limita la publicidad en este rubro a los tiempos de Estado. Con esta modificación a la ley dejan de percibir varios miles de millones de pesos que cada tres años ingresaban a sus arcas por concepto de propaganda de los precandidatos y candidatos a los puestos de elección popular, así como de terceros interesados que compraban espacios para incidir en la intención de voto.
Cuando esa reforma todavía se discutía en el Senado, a finales de 2007, el duopolio intentó bloquearla; una vez promulgada, interpuso recursos para evitar su cumplimiento e, incluso, se negó a transmitir las primeras pautas programadas por el Instituto Federal Electoral (IFE).
En el marco de su campaña opositora, estas televisoras han intentado generar animadversión en contra de partidos políticos, de la autoridad electoral, del Congreso de
A fin de hacer patente su rebeldía, los concesionarios decidieron interrumpir las transmisiones de los encuentros durante el tiempo de juego o demorar el enlace en el caso del futbol americano, para difundir en bloque los promocionales ordenados por el IFE (los institucionales de la autoridad electoral y los correspondientes a partidos políticos). Al inicio del segmento colocaron un escueto mensaje en el cual señalaban que la transmisión de dichos anuncios se realizaba por instrucción de la autoridad electoral, y en cumplimiento de disposiciones legales.
Los televidentes, sabedores de que mientras se transmitían esos mensajes los partidos continuaban con su desarrollo normal, no se explicaban qué estaba ocurriendo. De esta manera, los concesionarios buscaron que el público repudiara las nuevas disposiciones legales.
Estas acciones las realizaron con pleno conocimiento de causa y un minucioso análisis de la normatividad; ubicaron las lagunas jurídicas que les permitían desarrollar su operación con el mínimo riesgo de ser sancionados.
La irresponsabilidad de los legisladores, que todavía no culminan el proceso legislativo que se desprende de la reforma constitucional, le permite al duopolio acotar las eventuales sanciones a multas que en ningún caso podrán superar los 10 mil días de salario mínimo equivalentes a casi 5 millones 300 mil pesos.
Además, las televisoras descubrieron que la autoridad electoral incurrió en un error que modificó la redacción de sus acuerdos y eliminó considerandos e incluso puntos de acuerdo que impedían a los concesionarios realizar maniobras como las que realizaron.
En el acuerdo ACRT/002/2008 aprobado en la cuarta sesión del Comité de Radio y Televisión del IFE, que se realizó los días 27 de febrero y 3, 6 y 7 de marzo de 2008, se establecieron las primeras pautas de transmisión de los tiempos de Estado que les corresponden a los partidos políticos nacionales en las estaciones de televisión que operan desde el Distrito Federal.
Así mismo, se incluyeron un considerando y un punto de acuerdo que señalaba: “Se establece un rango de transmisión de veinticinco minutos previos y veinticinco minutos posteriores a los horarios previstos en las pautas de transmisión, con el objeto de que las estaciones concesionarias de televisión cumplan las obligaciones que hayan adquirido con terceros con anterioridad a la aprobación de este Acuerdo”.
En acuerdos posteriores ya no aparece el punto de acuerdo, pero sí el considerando con ligeras variaciones en su redacción. Por ejemplo, en el acuerdo ACRT/011/2008, señalaban en su considerando número 33: “Que el esquema de distribución de transmisiones de las pautas se basa en horarios, sin precisar minutos y segundos, lo que permite el cumplimiento de las obligaciones que los concesionarios hayan adquirido con anterioridad a la aprobación de este Acuerdo y la continuidad de los programas que se transmiten en las emisoras de radio y televisión, al tiempo que garantiza a los partidos políticos nacionales el uso de sus prerrogativas constitucionales en los horarios elegidos por el Comité de Radio y Televisión, referenciados en las pautas de transmisión”.
En todos los casos también se incluían considerandos y puntos de acuerdo que reproducían las disposiciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral que señalan con claridad que los concesionarios y permisionarios deben garantizar que las transmisiones se efectuarán conforme a las pautas, y que les prohíbe alterarlas o exigir requisitos técnicos adicionales a los autorizados por el comité.
Sin embargo, en el acuerdo ACRT/022/2008 aprobado el 19 de diciembre de 2008, que es precisamente el que establece las pautas para los mensajes que se transmitirán dentro de las precampañas electorales, del 31 de enero al 11 de marzo de 2009, se elimina del texto de los considerandos y los puntos de acuerdo de dicho texto, pero se mantiene el considerando que señala: “Que las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión no podrán ser modificadas o alteradas por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, así como tampoco podrán exigir mayores requisitos técnicos a los aprobados por el mismo Comité, como lo señalan los artículos 74, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 36, párrafo 5 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral”.
La modificación en el texto del acuerdo fue el pretexto que los concesionarios esperaban para instrumentar una nueva acción en su desafío al Estado mexicano. Aunque en estos momentos la batalla parezca enfrentar a los concesionarios con el IFE, la intención de éstos consiste en derogar las disposiciones que les impiden incrementar sus pingües utilidades con los miles de millones de pesos que obtenían con la publicidad electoral. Y, como demostró la fallida Ley Televisa, recuperado el terreno perdido volver a la ofensiva en un intento por acrecentar su poder y sus privilegios.
Los concesionarios se valen del control de la pantalla para desaparecer a los políticos que se oponen a sus designios, promocionar a quienes les son afines, y en este caso generar irritación en contra de autoridades electorales y partidos políticos nacionales. La autoridad, pero no sólo ella, tiene que responder con una lectura igualmente acuciosa y precisa de la ley a fin de encontrar las normas para sancionarlos, pero sobre todo demostrar firmeza y decisión para no sucumbir ante sus pretensiones. El de las televisoras es otro de los poderes fácticos que actúan en contra de la democracia en México y vulneran la vigencia del estado de derecho.
OPINION Y VARIAS DEL POR ESTO!!!
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APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
http://www.yunqueland.com/
Está calando fuerte la crisis en los bolsillos de millones de familias y la economía no está fuerte, como alega Calderón: AMLO
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* No habrá crecimiento económico este año y el peso se ha devaluado alrededor de 40% frente al dólar, señala |
Fuente: Gobierno Legítimo
