viernes, 8 de octubre de 2010

Audio: Entrevista al Lic. Andrès M. Lòpez Obrador con Salvador Camarena

entrevista






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Difusiòn: AMLOTV

Noticias con El Bote 8-Octubre-10

Hoy estuvo con nosotros Yuriria Rodriguez con quien hablamos sobre el intento de golpe de estado en Ecuador, también sobre las alianzas electorales, los dichos de Calderón y las reacciones que generó, también sobre lo que ocurre en San Juan Copala y en Cd. Juárez y demás temas, tuvimos también la síntesis informativa NOTIMEX. ;
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Partidocracia mexiquense: el abuso desenfrenado



Partidocracia mexiquense: el abuso desenfrenado
Lourdes Morales Canales


MÉXICO, D.F., 6 de octubre (apro).- En los últimos 10 años, ninguna entidad ha invertido en los últimos 10 años tantos recursos para el financiamiento de los partidos políticos y la promoción del voto, como lo ha hecho el estado de México.

La entidad gobernada por Enrique Peña Nieto, que concentra poco más de 10 millones de electores –el padrón electoral más importante del país–, ha aumentado en este tiempo casi en 300% el monto del financiamiento, ignorando las demandas ciudadanas de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, ya que en 2009 destinó un total de 693 millones de pesos para que las ocho fuerzas políticas con registro pudieran realizar actividades ordinarias y de campaña.

El partido que más recibió fue el Revolucionario Institucional (PRI), que cuenta con la mayoría en el Congreso y gobierna actualmente 97 de los 125 municipios de la entidad.

El financiamiento a los partidos se aprobó en un año de fuerte crisis económica y en un contexto en el que, a raíz de la reforma electoral del 2007, se realizaron en un mismo día elecciones de gobernador, diputados locales, diputados federales y ayuntamientos.

Hasta antes de esa fecha, el joven electorado mexiquense –en 2005, 28% estaba en un rango de edad de 15 a 29 años–, diverso y muy desigual, estaba constantemente expuesto a procesos electorales, dado que en diferentes fechas se realizaban las elecciones federales, las de diputados, alcaldes y gobernador.

Sin embargo, el cambio no sólo impactó en las cifras de participación ciudadana estatal y nacional, también puso a prueba un modelo de operación electoral en el que con toda impunidad se logró reforzar el clientelismo, la compra y coacción del voto.

El “efecto Estado de México”, aunado a otros fenómenos como el voto nulo y las elecciones coincidentes en otras entidades, logró una participación ciudadana nacional de 44.6%. En esta entidad se registró un histórico 51.2%, que supera largamente el escaso 36.4% de participación registrado en 2003, año en el que sólo se renovaron diputados federales, dado que las elecciones locales se hicieron en otra fecha.

En cuanto al modelo de operación electoral, un ejercicio de observación realizado por Alianza Cívica registró que de 10 entidades monitoreadas, cinco de ellas con elecciones coincidentes, el Estado de México fue el que tuvo más acciones de compra y coacción del voto y más problemas de cultura política clientelar.

Efectivamente, en esta entidad 39.4% de un universo muestral encuestado considera que el voto no es secreto, cifra mucho más alta que el 18% del promedio total del trabajo de observación y el 17% que el PNUD registró pasadas las elecciones de 2006.

Al preguntar sobre el tipo de prácticas que realizaban los partidos políticos días antes de la elección y aun en la fecha de la jornada electoral, además de amenazas registradas a observadores electorales, se detectó que fueron los municipios mexiquenses los que más irregularidades presentaron.

Los casos más alarmantes de una muestra de 23 distritos electorales federales fueron los de Toluca y Valle de Chalco Solidaridad, donde 42% de la población encuestada en el primer caso y 57% en el segundo estuvo expuesta al menos a una práctica de compra y coacción del voto.

Entre esas prácticas destacó el cambio de voto por despensas, la compra directa del sufragio, la intervención del magisterio en la promoción del voto a favor de un partido, la violación de la secrecía y la compra o uso de las credenciales electorales para coaccionar al votante.

La realidad expuesta preocupa sobremanera y, además, anuncia lo que puede suceder en el futuro si este modelo de “operación electoral” se reproduce a gran escala.

La aprobación del financiamiento público a los partidos políticos sin contrapesos efectivos, sin freno posible y, sobre todo, sin una fiscalización expedita, genera y refuerza una cultura clientelar que es muy onerosa no sólo en términos de costo económico, sino también en términos de costo ciudadano.

El dilema de la compra y coacción del voto no puede ser combatido sin enfrentar el problema cultural del clientelismo político, y el modelo del Estado de México asusta, si se reproduce, e invita a una intervención urgente que evite el creciente abuso y el desenfreno partidista.

Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Corporativismo michoacano



Corporativismo michoacano
Ernesto Villanueva


MÉXICO, D.F., 7 de octubre.- En el último bastión del PRD, en Michoacán, prevalecen ejercicios indebidos que no sólo gozan de impunidad, sino que se practican con un cinismo que debiera preocupar a todos. Puesto que el que afirma tiene la carga de probar sus dichos, vayamos a los hechos.

Primero. El régimen de partidos políticos en México se basa en dos principios básicos: a) el financiamiento oficial de los mismos, bajo el argumento de que así se acotan las posibilidades de infiltración de intereses ajenos al interés público; y b) la libre participación de los ciudadanos mexicanos en ellos, incluyendo aportaciones complementarias para su desempeño.

De acuerdo con los datos oficiales del PRD estatal sobre sus ingresos, parte de los mismos provienen de descuentos salariales que se hacen a un alto número de empleados, desde miembros de la escolta del gobernador y servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta directivos, reporteros y gerentes de noticias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. ¿Alguien en su sano juicio podría creer que esas aportaciones nacen de la convicción de contribuir a la realización de los ideales revolucionarios de dicho partido? ¿No será más bien que el incentivo de aportar al PRD surge del temor a perder el empleo?

Esta práctica corporativa con la que el gobierno del estado tiene agarrados del ombligo a los burócratas michoacanos se aplicaba tal cual en los sindicatos del viejo régimen priista de partido casi único. Se trata de una violación clara de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 5º dispone: “El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa”. ¿No se enajena la libre voluntad de la persona al condicionar su empleo a su lealtad económica ante el PRD?

Segundo. Paradójicamente, la política clientelar del gobierno del estado-PRD puede tener un efecto bumerán. En efecto, el PRD michoacano afirma que durante 2009 tuvo ingresos por 24 millones 107 mil pesos, de los cuales sus militantes y simpatizantes aportaron 14 millones 526 mil pesos, cifra muy superior a la recibida por concepto de financiamiento público, correspondiente a 6 millones 441 mil pesos.

Esto significa que el PRD de la entidad obtiene mayores recursos privados que públicos. Y así se configura una falta grave a la Constitución, cuyo artículo 41, fracción II, advierte: “La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.

De manera correlativa, el artículo 116 constitucional prescribe en su apartado IV: “Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que (…) h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el 10% del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias”.

El tope de gastos de campaña en la más reciente elección de gobernador fue de 32 millones 600 mil pesos, conforme al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán del 18 de mayo de 2007, y el PRD se excedió en casi 400% del total autorizado por la Constitución federal.

Tercero. En un caso similar, en el juicio de revisión constitucional electoral bajo el expediente SUP-JRC-10/2009, siendo magistrado ponente el maestro Flavio Galván Rivera, se ha sentado el precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta materia, que confirma lo que aquí se expone. Más todavía, el artículo 48, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de Michoacán, dispone claramente que “las aportaciones que en lo individual realicen los simpatizantes tendrán un límite anual equivalente al 5% del monto total que para actividades ordinarias se otorgue a todos los partidos en el año que corresponda”.

Los miembros del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán tienen frente a sí la responsabilidad de actuar conforme a estricto derecho y sancionar al PRD en el estado. De la misma suerte, es necesario que el gobierno estatal establezca mecanismos transparentes para garantizar que no se impongan más formas de coacción de la libre voluntad de los servidores públicos, dándoles plenas garantías para que aquellos que quieran aportar al PRD parte de su sueldo lo hagan libremente, y que quienes prefieran no hacerlo procedan de ese modo sin ningún riesgo de sufrir represalias.

El Congreso de Michoacán tiene ahora una espléndida oportunidad para legislar en tal sentido, de manera que nunca vuelva a ocurrir lo que hoy pasa en perjuicio de los mejores intereses del país. l



evillanueva99@yahoo.com



Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Agenda legislativa: militares y fuero civil



Agenda legislativa: militares y fuero civil
Sara Lovera


MÉXICO, D.F., 7 de octubre (apro).- Mujeres organizadas se dispusieron a analizar, el pasado viernes 1, cuáles son los temas de la agenda en beneficio de las mujeres. Hay uno, actual y candente, que nos tendría que hacer reflexionar.

De manera central, esta agenda debería atajar la violencia institucional contra las mujeres, como la ocasionada por el funcionamiento de policías y militares.

Hace una semana, los senadores –encabezados por Manlio Fabio Beltrones– señalaron que el gobierno mexicano debía cumplir con los señalamientos de la Corte Interamericana para sacar del Código Militar la interpretación de que los militares sólo deben ser juzgados por una Procuraduría Militar, aun cuando cometan delitos del orden civil, lo que viola la Constitución.

Bastaría leer el artículo 13 de la Constitución, que señala claramente que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, y subsiste el fuero de guerra por delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.

Hay más: “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda”.

El mandato constitucional es tan claro que provoca ira saber que las quejas realizadas a través de mecanismos nacionales e internacionales sobre abusos militares, no a paisanos, sino a paisanas, rebasa media centena, sin embargo persiste una impunidad que lacera.

Pero con frecuencia se ve que hay fiebre por legislar. Llovido sobre mojado, sin mirar lo esencial, e irse al bosque sin mirar la rama. ¿Para qué necesitamos tantas leyes, reacomodos, mejoras, si la Constitución es tan clara?

En el Congreso hay al menos tres iniciativas documentadas para que los militares respondan por delitos del orden común y penal como civiles, porque ninguna acción militar puede justificar el abuso a las mujeres.

Así también, una centena de modificaciones para perfeccionar leyes en materia de violencia contra las mujeres circulan desde que Griselda Álvarez --la primera gobernadora del país, a finales de los años 70-- puso el acento en que había que pasar del horror de considerar como mucho peor el robo de una vaca, que la violación a una mujer.

Hay ordenamientos estatales, como el de Quintana Roo, que todavía dicen eso. Las modificaciones urgen en los estados, o habría que hacer uso del 133 constitucional para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará, que México ratificó desde 1994.

Hoy sabemos que el estado de violencia circula y se pega como una hidra en el país, lo que hace prioritario detener el horror, donde las violaciones a manos de integrantes del Ejército son ciertas, insostenibles e inaceptables y se mantienen impunes.

Se conocen, se han documentado al menos 20 casos que no significan 20 personas, sino muchas más. Solamente en 1978, 18 mujeres fueron violadas en la región Triqui de Oaxaca; tres en Altamirano, Chiapas, en abril de 1994; otras más en San Cristobalito, en 1995, y también en Lagos de Montebello, por hablar sólo de Chiapas, pero está el caso de Soledad Atzompa, Veracruz, donde en 2007 fue violada Ernestina Ascencio, quien murió a causa de ese atropello. Y también la denuncia de dos adolescentes violadas en Ciudad Lerdo, Durango, en 1998, a manos de militares de la VI Zona Militar.

Desgraciadamente estos casos, documentados, sostenidos, tramitados en los espacios nacionales e internacionales, no han recibido la visibilidad necesaria, y la batalla por la justicia empieza a significar alguna respuesta.

Todo esto viene a cuenta porque el pasado viernes 1, cuando sesudamente se revisaba lo que había que hacerse, se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 (la primera en Barranca de Bejuco y la segunda en Barranca de Tecuani).

Evidentemente esta sentencia condenatoria se suma a la surgida por el asesinato de varias jovencitas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En breve se conocerá oficialmente la primera sentencia relativa a la violación de mujeres a manos de elementos del Ejército, y debiera, esperamos, como la del Campo Algodonero, significar que en lo inmediato el Congreso resolverá las iniciativas que obran en sus archivos para, de una vez, juzgar en tribunales civiles decenas de casos que han sido documentados, como decía, desde 1956, entonces con el justificante de la guerrilla y hoy con el del narcotráfico.

Las denuncias de hechos similares han sucedido, según la investigación de numerosas organizaciones sociales y periodísticas, en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Veracruz.

Por supuesto que no puede desdeñarse el comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), en el que resaltan que las sentencias fueron notificadas el pasado viernes 1 y significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas”, quienes han mantenido su acusación desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.

Querella similar existe desde 1994 por el atropello a las indígenas tzeltales, que también atiende Cejil y que comenzó la abogada Martha Figueroa.

El Estado Mexicano se rehusó sistemáticamente a reconocer el abuso de los militares que entonces habían cercado a cientos de comunidades en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

La sentencia por los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú ocuparán miradas y comentarios, porque la CoIDH considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia, a no ser torturadas, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial”.

El tribunal estima que México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales”, aunque la Ley General y sus similares en casi toda la República, que garantizan una vida libre de violencia para las mujeres, está, por supuesto, armonizada al derecho internacional.

Lo grave es que no se cumpla ninguna de las dos aristas y que, se sabe, “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.

Lo importante es ir más allá: Las legisladoras debían concentrarse en hacer valer los contornos que ofrece la sentencia, no sólo en lo que se refiera a la reparación de daño para Inés y Valentina, sino sacar a relucir las denuncias históricas, las que están documentadas en la misma Corte, las archivadas en numerosas organizaciones de derechos humanos, y no quitar el dedo del renglón, en el sentido de señalar que el Ejército en la calle es un peligro real para las mujeres.

Es de aplaudirse la tenacidad de Cejil, que en forma sistemática e inteligente ha logrado armar un expediente tan contundente que la Corte actuó y ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir.

Los documentos siempre dicen eso. Lo grave es que ocurre, sigue pasando, a la vista de todas y todos, sin posibilidades de juzgar a los culpables.

Al cierre de este escrito, la Secretaría de Gobernación ya había emitido un comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano. Lo de siempre.

saralovera@yahoo.com.mx

Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Calderón "entregado a la mentira": AMLO




Calderón "entregado a la mentira": AMLO
La redacción


MÉXICO, D.F., 7 de octubre (apro).- El líder opositor Andrés Manuel López Obrador afirmó que las declaraciones del presidente Felipe Calderón, quien el martes defendió la frase “es un peligro para México”, endilgada al perredista durante las campañas electorales de 2006, forman parte de una estrategia de “la banda de los 30” que comandan el titular del Ejecutivo y el expresidente Carlos Salinas.
Entrevistado en Tezoyuca, durante su gira por el Estado de México que abarcó los municipios de Acolman, Teotihuacan y San Martín de las Pirámides, López Obrador calificó al presidente Calderón como una persona “mentirosa” y “deshonesta” que enfrenta un “problema de conciencia”.
Dijo que Calderón, en su afán de alcanzar el poder, “haiga sido como haiga sido”, renunció a los principios, ideales y valores que le inculcaron en su familia y se ha entregado por entero a la mentira.
Dijo que las declaraciones de Calderón dan “pena ajena”, sin embargo, estimó que “la mafia del poder y del dinero” está nerviosa por el crecimiento del “movimiento de transformación” que encabeza el tabasqueño. Por tal motivo, consideró que “vendrán más ataques”
“La banda de los 30”, aseguró López Obrador, va seguir atacando, pero desestimó los alcances de dicha estrategia porque “ya hay mas conciencia del pueblo de México”.
Agregó que a la “mafia” no le funcionó la calumnia de que López Obrador sigue siendo “un peligro para México”, porque el pueblo ya se dio cuenta de que Calderón y su equipo manipularon, mintieron al pueblo. Sin embargo, “nosotros ganamos, a pesar de la guerra sucia, y lo que sucedió es que nos robaron la Presidencia”, insistió.
En ese sentido, afirmó que Calderón es “un reverendo mentiroso, un gran mentiroso; lo que pasa es que, la verdad, no hay posibilidad de confrontar ideas ni de debatir. En otro país, por esa mentira ya le hubiesen pedido que diera una disculpa a la opinión pública”.
“Cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde la imaginación, el talento y la dignidad, y ese es el problema de Calderón”, expresó.
Un ejemplo claro de que dice mentiras, explicó, es que dice que la frase “haiga sido como haiga sigo”, no tiene que ver con el tema electoral y, sin embargo, lo dijo en una entrevista con la periodista Denise Maerker, en el programa Punto de Partida, cuando lo estaban cuestionando sobre la guerra sucia y él responde: “como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido”.
Con la respuesta que concedió Calderón a la periodista, continuó, solo refleja que él estaba dispuesto a ganar sin escrúpulos morales de ninguna índole, pero todavía se atreve a decir que “el haiga sido como haiga sido no es una frase que utilizó en el marco del proceso electoral”.


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Mueren seis sicarios en enfrentamiento con militares en Tamaulipas




Mueren seis sicarios en enfrentamiento con militares en Tamaulipas
La redacción


MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- Un enfrentamiento entre militares y un grupo armado en el municipio Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, dejó un saldo de seis presuntos sicarios muertos y un soldado herido.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que los hechos ocurrieron ayer a las 15:00 horas, cuando soldados de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, hacían reconocimientos aéreos sobre el poblado Barriales, en Nueva Ciudad Guerrero.
En el lugar observaron un vehículo escondido entre la maleza, por lo que descendieron del helicópetero para hacer una revisión. En ese momento "fueron agredidos con disparos de armas de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, que se protegían en una construcción".
De acuerdo con la dependencia, al repeler la agresión, el personal militar abatió a seis de los agresores y un soldado resultó herido.
Tras la refriega, añadió, los militares aseguraron en el lugar siete armas largas, 38 cargadores para diversas armas de fuego, un lanza granadas y cartuchos útiles de diversos calibres, así como una camioneta marca Dodge tipo RAM.
El vehículo y el arsenal fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que inicien las investigaciones correspondientes.


Fuente: Proceso
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El Fideicomiso del Seguro Popular y la Salud de los Mexicanos



El Fideicomiso del Seguro Popular y la Salud de los Mexicanos
Asa Cristina Laurell

Ningún partido quiere oponerse al incremento del presupuesto a la Secretaría de Salud (Ssa) y por esta razón pasa tal como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo presenta. Sin embargo, una vez aprobado, la Ssa maneja el presupuesto con poca transparencia y tiene un subejercicio importante. Uno de los mecanismos que utiliza es depositar cantidades muy por encima de lo estipulado en la Ley General de Salud en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS). Año con año se han acumulando muchos recursos en este fideicomiso, como se observa en el cuadro.

En junio de 2010 estaban guardados 22.8 mil millones de pesos en el fideicomiso sin ningún beneficio para la salud de la población.

Estos recursos no se utilizan para pagar la atención de padecimientos de alto costo actualmente excluidos del Seguro Popular (SP), como son, por ejemplo, la mayoría de los cánceres de jóvenes y adultos o el infarto del corazón o la insuficiencia renal crónica o los accidentes graves. Tampoco se invierten en la infraestructura de salud, que hace mucha falta.

La Ley de Salud establece que se debe depositar el 11 por ciento de los recursos federales y estatales en el FSPSS. Sin embargo, cada año el gobierno ha transferido entre 18 y 25 por ciento y, una vez depositados en el fideicomiso, cuentan como ejercidos, o sea, como presupuesto gastado. Los fideicomisos son la parte menos transparente de la administración pública y el FSPSS es uno de los más importantes.

La discusión y aprobación presupuestal es el mejor momento para exigir una explicación clara de las autoridades de salud del por qué transfieren más recursos que los estipulados por la ley y por qué se acumulan en el fideicomiso en vez de ser usados para ampliar las enfermedades de alto costo cubiertas por el SP o para invertir en infraestructura.

El primer problema habla de la falta de cobertura médica del SP precisamente en los casos cuando los enfermos tienen más problemas para acceder al tratamiento requerido por su altísimo costo. No es cierto, como se dice en la propaganda gubernamental, que la cobertura universal dará acceso a todos al médico, a las medicinas y al tratamiento

La falta de unidades de salud donde atenderse restringe todavía más el beneficio del SP, ya que en muchas partes del país no hay donde hacer valer el seguro. Por ejemplo, los recursos acumulados en el fideicomiso en junio de 2010 alcanzarían para construir y equipar 46 hospitales generales de 100 camas. La propaganda oficial dice que la infraestructura hospitalaria es la base para lograr la cobertura universal en salud. Sostiene además que desde 2007 se ha invertido como nunca antes en centros de salud, hospitales y equipo. Las mil 800 acciones presumidas son en su gran mayoría pequeñas inversiones de sustitución de equipo o mantenimiento de unidades médicas y no nuevas obras o ampliación de la capacidad de atención.

La inversión total de la Ssa, durante el periodo 2007 a 2009, ha sido de mil 888.9 millones según la cuenta pública. Este dato incluye mantenimiento, compra de equipo, construcción, así como compra de inmuebles y no llega a representar siquiera 10 por ciento de los fondos del FSPSS. Si se suman la inversión de la Ssa, la inversión total del Instituto Mexicano del Seguro Social con 6 mil 812.5 millones y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con 11 mil 94.70 millones la inversión total en salud y seguridad social ha sido 19 mil 796.05 millones en el sexenio. Es decir, aproximadamente la misma cantidad que se encontraba acumulada en el FSPSS a finales de 2009.

La posibilidad de conocer objetivamente la situación del sector salud depende de la información verídica y transparente. Es inaceptable que la propaganda gubernamental pretenda convencer a los ciudadanos de que hay grandes avances en salud cuando los tratamientos costosos que pueden salvar vidas están excluidos del Seguro Popular y la capacidad pública de atención médica está muy restringida.

secretariasaludgl@gmail.com


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

El miedo




El miedo
Luis Javier Garrido

El escenario político del país está marcado de manera cada vez más evidente por las querellas entre sí de los grupos mafiosos en el poder, que se advierten en la ruptura de la antigua alianza entre PRI y PAN y en la actitud de apanicamiento de Felipe Calderón, cada vez más incapaz de liderear a la ultraderecha mexicana.

1. El mecanismo de las alianzas electorales entre PAN y PRD, que de proseguir en 2011 en el estado de México, y aún después, permitirían al gobierno calderonista confundir al electorado sobre las propuestas de ambas formaciones políticas y someter más claramente la cúpula perredista al proyecto de la derecha de mantenerse en el poder en 2012, para lo cual habría que llegar al ignominioso escenario de un candidato de unidad PAN-PRD para oponérselo a Enrique Peña Nieto, casi seguro abanderado presidencial priísta, ha quedado desenmascarado al mostrarse que su objetivo fundamental es cerrarle el camino a una candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

2. El ardid de las alianzas electorales PAN-PRD fue posible por las negociaciones entre el perredista Jesús Ortega y César Nava, presidente de Acción Nacional, que llevaron al gobierno a imponer hace dos años a Ortega en la dirección del PRD, mediante un fallo del tribunal electoral, que validó decenas de miles de votos fraudulentos a favor de los Chuchos en la elección interna, a cambio de que Ortega y su grupo pudieran apoderarse del aparato del partido y prestarse a las pretensiones del gobierno.

3. No es de sorprender que dicho acuerdo entre el calderonismo y los Chuchos hubiese sido ultimado por Ortega con el que ha sido señalado como uno de los funcionarios más corruptos del calderonismo, César Nava, acusado en el sexenio pasado de haber entregado concesiones anticonstitucionales a multinacionales hispanas durante su paso como funcionario de Pemex (en los años en que Calderón fungía como titular de Energía) y ahora de un enriquecimiento inexplicable al adquirir un departamento en Rincón del Bosque por cerca de 30 millones de pesos.

4. El miedo de Calderón ante el 2012 lo está llevando a cometer todo género de ilícitos, y ya está empezando ante el azoro de sus propios compañeros de partido que sostenían en privado que se repetiría el escenario de 2006, y lo más significativo es que él se asume como responsable de aquellas y de estas acciones delictivas. Al quedar desenmascarada la estrategia de las alianzas PAN-PRD, adelantándose a los tiempos electorales Calderón ha tenido que descender aún más al lodazal, y durante la entrevista que le organizaron desde Los Pinos con Pablo Hiriart y Salvador Camarena el martes 5 por la noche en W Radio, arremetió una vez más contra López Obrador, el principal líder de la oposición, calumniándolo otra vez como un peligro para México y acusándolo de realizar una campaña de rencor y odio, no sin antes reconocer que la verdadera campaña de odio, que fue la suya, la decidió su equipo de campaña, que el eslogan de descalificación acuñado por los publicistas Dick Morris y Antonio Solá es de su equipo, según se ufanó, no sin antes enredarse en mil y una explicaciones por haber afirmado en 2006 que no le importaba que se le considerara ganador haiga sido como haiga sido, según informó El Universal el miércoles 6.

5. La respuesta a Calderón no se hizo esperar, y desde distintos horizontes políticos se reconoce que su proceder configura una violación a las libertades electorales de los mexicanos, y no puede conducir más que a que se torne en el hazmerreír de todos y a que, de persistir, se le forme juicio político para destituirlo, conforme al 108 constitucional. Los panistas Creel y Espino lo acusaron de no gobernar y estar dedicado a la campaña de 2012. Los consejeros y el presidente del IFE se aterraron ante la posibilidad de que se reviva el trauma de 2006, cuando el propio instituto fue artífice del fraude y fungió además como encubridor de las acciones delictivas de Fox y de Calderón, perdiendo toda credibilidad. Y PRI, PRD y PT lo acusaron de ser el burro hablando de orejas y lo exhortaron a dejar de actuar como jefe de campaña del PAN y de seguir polarizando a la sociedad con sus desatinos (La Jornada, 7 de octubre).

6. El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, fue más allá, y tras señalar que la afirmación de Felipe Calderón es una señal de autoritarismo e intolerancia, pidió a la PGR señalar cuáles son los verdaderos peligros para el país (El Universal en línea, del 7 de octubre).

7. La campaña de irracionalidad de los extremistas fanáticos de la ultraderecha ha sido así de momento silenciada, y éstos deberán tener más cuidado en sus planteamientos desaforados con vistas al 2012. Más difícil les va a resultar traer a México a personalidades de la derecha trasnacional para que le hagan el juego a los intereses trasnacionales, como lo hicieron hace una semana con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que por muy Premio Nobel que sea ahora, desconocía y desconoce la realidad de México y el papel del gobierno corrupto, entreguista y antidemocrático del PAN.

8. La respuesta de López Obrador no fue por breve menos significativa, pues al presentar en la Alameda capitalina su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012, que tanto ha ofuscado a Calderón y a los que han sido sus cómplices durante estos cuatro años en el desmantelamiento de la nación, se limitó a decir que esa frase burda y ofensiva no se atrevería a usarla ni siquiera contra Calderón, a pesar de que han perdido la vida cerca de 30 mil mexicanos por su irresponsabilidad e ineptitud.

9. La campaña para la sucesión de quien ha sido no sólo un gobernante espurio e inepto sino un individuo violento y de gran perversidad que se prestó a ser instrumento de los poderes trasnacionales para atentar contra los derechos del pueblo mexicano, está abierta, como dicen los franceses malgré lui, a pesar suyo, por su propio miedo, y no anuncia nada bueno para los mexicanos. Se anuncia como una campaña que va a residir en lo esencial en el poder del dinero para comprar y corromper dirigentes y cuadros partidistas y en el poder de los medios para confundir, engañar y someter a los mexicanos, sin olvidar la violencia desatada por Calderón para amedrentar a todos: a fin de impedirles que sean verdaderos ciudadanos libres, con plena capacidad para elegir a sus representantes.

10. El escenario electoral de ilegalidad y de violencia que reposa en el papel del dinero y de los medios no es empero privativo de México, sino que se anuncia como el modelo institucional del neoliberalismo en todas las latitudes. Gobernantes de distintos países están siendo señalados por haberse apoyado en sus campañas en financiamiento ilegal. En Francia Nicolás Sarkozy está siendo acusado de haber recibido de Liliana Bettencourt –dueña de L’Oreal– multimillonarias sumas ilegales para su campaña y deberá afrontar a la justicia, como en España el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, miembro del PP. Y en Estados Unidos, si se acusó también a Obama de ser un peligro para Estados Unidos, ahora se denuncia que el multimillonario australiano Rupert Murdoch, dueño de una vasta red de diarios conservadores en el mundo, ha donado en vísperas de las legislativas un millón de dólares para impulsar a la cadena Fox y al grupo ultraderechista del Tea Party (El País, 6 de octubre).

El poder del dinero y de los medios no puede sin embargo más que el poder del pueblo, y ese va a ser el verdadero desafío en 2012.


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Telecomunicaciones: excesos y contrapesos




Telecomunicaciones: excesos y contrapesos

Con el apoyo de casi todas las bancadas legislativas, excepto la de Acción Nacional, la Cámara de Diputados aprobó ayer presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por el decreto presidencial –publicado el pasado 2 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación– que adelanta la transición de televisión analógica a digital para finales de 2015. A decir de los legisladores, el Ejecutivo federal se extralimitó en sus funciones al emitir el decreto referido, invadió facultades exclusivas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones –instancia encargada de resolver los temas relativos a radio y televisión– y vulneró, con ello, la autonomía de ese organismo.

La decisión adoptada ayer en San Lázaro es positiva y saludable: con ella los integrantes del Poder Legislativo ejercen funciones de contrapeso a un Ejecutivo federal excedido y proclive a la toma unilateral de decisiones que, ante todo, requieren de un mínimo consenso y de pleno apego a derecho.

Un antecedente ineludible es la determinación adoptada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de entregar los títulos de concesión correspondientes a la llamada licitación 21 a contrapelo de resoluciones judiciales que ordenaban no hacerlo, y a pesar de que ese proceso ha estado marcado por la opacidad, la sospecha y la presumible ilegalidad. Por elementales razones de legalidad y decoro institucional, el Poder Judicial tendría que emular al Legislativo y emprender las medidas correspondientes para esclarecer y en su caso corregir las irregularidades en que pudo haber incurrido el gobierno federal.

Por otra parte, y con independencia de lo que determine el máximo tribunal sobre el decreto presidencial referido, la medida impulsada por la Cámara de Diputados es oportuna si se toma en cuenta que –como han señalado especialistas sobre el tema, legisladores de oposición y directores de sistemas de radio y televisión educativas y culturales– el adelanto del apagón analógico sólo se explica como una medida electorera y como una forma de beneficiar los intereses del duopolio televisivo.

Sobre el primer punto cabe señalar que el referido decreto es acompañado por la creación de una comisión intersecretarial, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social y encargada de distribuir equipos digitales en los hogares del país a partir del año entrante, en lo que ha sido denunciado como una ampliación del uso clientelar y electorero de los programas sociales federales.

En lo que toca al segundo, es pertinente traer a cuento los términos del acuerdo original sobre la transición a la televisión digital –redactado el sexenio pasado con la asesoría de Televisa y Tv Azteca– en el que se fija 2021 como fecha límite para el apagón analógico. Dicho acuerdo permitió a las empresas de medios electrónicos extender automáticamente hasta ese año sus concesiones televisivas –94 por ciento de las cuales están en poder de las televisoras del Ajusco y Chapultepec–, les asignó canales adicionales y limitó la posibilidad de que otros competidores obtuvieran nuevas frecuencias o pudieran ofrecer servicios de telefonía, Internet o televisión restringida.

Significativamente, aunque el decreto del pasado 2 de septiembre tiene el propósito declarado de promover una mayor competencia en el ámbito de las telecomunicaciones, en él no se prevén medidas claras para revertir esa desmesurada concentración ni para dar paso a la entrada de nuevos competidores.

Cabe esperar que la determinación adoptada por el pleno de San Lázaro tenga el efecto de corregir una decisión que resulta benéfica para intereses particulares y lesiva para el país. Mas aún, es necesario que los legisladores avancen en una reforma integral de las telecomunicaciones que ponga fin al control oligárquico de ese sector y coloque a las frecuencias nacionales –que son, cabe recordar, una extensión del territorio– al servicio de la población.


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

La factura de Mexicana




México SA
La factura de Mexicana
Concesiones y pachorra
PGR: hechos, no dichos
Carlos Fernández-Vega

De acuerdo con la brillante idea de los rescatistas y salvadores de la aerolínea más longeva del país, Mexicana de Aviación podría retomar los cielos nacionales e internacionales sólo si sus trabajadores de aire y tierra pagan por la rapiña, los excesos y los malos manejos del intocado empresario hotelero Gastón Azcárraga Andrade, y de pasadita por los olvidos, la ceguera y la pachorra, por decirlo suave, del gobierno federal (en este caso personificado por Juan Molinar Horcasitas, increíblemente aún secretario de Comunicaciones y Transportes) en eso de supervisar y constatar la salud operativa y financiera de quienes han sido beneficiados con una concesión federal, como en el caso citado.

A lo largo de cinco años (desde que en diciembre de 2005 el gobierno foxista le entregó la aerolínea al presidente del Grupo Posadas), Gastón Azcárraga Andrade se dedicó a chantajear con la inminente quiebra, a mutilar los contratos colectivos del personal de Mexicana de Aviación y, paralelamente, a saquear financieramente a la empresa para fortalecer a otros dos negocios asociados (Click y Link). El entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, no dijo ni pío.

Concluyó el sexenio del cambio, y a la oficina principal de esa dependencia del Ejecutivo llegó el inefable Luis Téllez, quien no se dio cuenta de las inmundas prácticas del citado hotelero en su manejo de la concesión federal. Tal funcionario fue destituido, aunque no por su deficiente labor al frente de la SCT, ni por su ceguera en el caso de la citada línea aérea, sino por haber balconeado a Carlos Salinas de Gortari quien, según dijo, se robó la partida secreta del presupuesto federal (de cualquier suerte fue premiado con la presidencia de la Bolsa Mexicana de Valores).

Por decisión del inquilino de Los Pinos el relevo de Téllez en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue Juan Molinar Horcasitas, quien hizo lo mismo que dos sus antecesores (nada), mientras Azcárraga Andrade seguía mutilando los contratos colectivos, saqueando a Mexicana de Aviación y creando otra empresa (Nuevo Grupo Aeroportuario) para fortalecer los negocios paralelos y evadir responsabilidades. Cada uno en su momento, los tres personajes citados actuaron de la misma forma: nada vieron, nada oyeron, nada dijeron, mientras el empresario hotelero reventó el negocio, aventó la toalla y se fue tan campante dejando el espantoso tiradero tras de sí, es decir, hizo lo mismo que en 1994 cuando este consorcio fue salvado por el Fobaproa.

En el mismo contexto, dos secretarios del Trabajo nada vieron, nada oyeron, nada dijeron: Francisco Javier Salazar (protector de otro empresario voraz, Germán Larrea, el de Pasta de Conchos y Cananea), titular del ramo en el último año de la administración Fox, y el siempre oportuno Javier Lozano Alarcón, designado por el actual inquilino de Los Pinos. Ambos permitieron, sin más, la mutilación de los contratos colectivos en Mexicana de Aviación y la sistemática cancelación de plazas laborales, cuando se supone que deberían haberlo impedido. En este par Gastón Azcárraga también encontró un fuerte respaldo para seguir adelante con su plan de negocios en la aerolínea, hasta que en agosto pasado todo reventó, y el hotelero dijo allí se ven, dejando la papa caliente a quien otorga la concesión.

Sólo hasta entonces apareció la supuesta autoridad. De la nada surgió la misteriosa Tenedora K, cuyo plan de rescate y saneamiento de Mexicana de Aviación resultó más depredador aún que el puesto en marcha por el propio Azcárraga Andrade. Advent, Grupo Industrial Omega y Grupo Arizan se anotan para adquirir 95 por ciento de la aerolínea y para ello ofrecen 49 millones de dólares, siempre y cuando se diera de baja a 100 por ciento de la plantilla laboral, para después recontratar, ya sin contrato colectivo, a 25 por ciento de los trabajadores, en el mejor de los casos.

Entonces, el avezado Juan Molinar Horcasitas aseguraba que lo de Mexicana de Aviación no es quiebra, mientras Javier Lozano afirmaba que la aerolínea reanudará sus vuelos a partir de diciembre próximo, y que nunca podría estar de acuerdo en que se haga un planteamiento en el que se pretenda liquidar al ciento por ciento del personal, no con base en su contrato colectivo, sino conforme a la Ley Federal del Trabajo a secas para después contratar a una cuarta parte.

La misteriosa Tenedora K huyó de la escena, y de la nada apareció el Grupo Ixe (uno de los accionistas con Gastón Azcárraga) para rescatar y sanear a Mexicana de Aviación. Su propuesta fue exactamente igual a las anteriores: que paguen los trabajadores; que se vayan todos, con miserables liquidaciones (pagaderas cuando haya dinero), y que se recontrataría al mínimo posible. La respuesta de los trabajadores fue la misma: de ninguna manera. Así, Ixe se retiró y el personal de la aerolínea procedió a demandar a Juan Molinar Horcasitas, aunque éste ni se enteró, porque estaba otorgando los títulos de concesión de la licitación 21.

La oferta, por llamarle así, de Ixe la resumió el dirigente de los trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación, Miguel Ángel Yúdico: la indemnización ofrecida equivale a 10 por ciento de lo que marca el contrato colectivo; el personal aportaría 90 centavos de cada peso al rescate y saneamiento de la aerolínea. Entonces, el banco se retiró, los trabajadores se quedaron, y el secretario del Trabajo anunció por Twitter: “el concurso mercantil sigue adelante con la leve esperanza de lograr un nuevo arreglo. Si no es así, procede la quiebra… Trataremos de que esto pueda salir adelante. Si no, vigilaré que se respeten los derechos laborales en la liquidación… No habrá requisa ni rescate”.

Y colorín, colorado, esta telenovela no ha acabado. Si los legalmente responsables de supervisar y constatar la operación y manejo financiero de las concesiones federales hubieran estado al tanto, Mexicana de Aviación estaría volando, y los trabajadores no tendrían por qué ser obligados a pagar la factura. Pero, ¡sorpresa!, estamos en México, Sociedad Anónima.

Las rebanadas del pastel

Dice el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, que la inacción con tintes políticos también es injusticia y vulnera el estado de derecho, y que la justicia con tintes políticos, simplemente no es justicia. Pues bien, que lo demuestre, porque existe una averiguación por la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, que implica a Juan Molinar Horcasitas y otros, que a la fecha permanece congelada, es decir, inactiva, o lo que es lo mismo, vulnera el estado de derecho. Va de nuevo: hechos, no discursos.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega


Fuente: La jornada
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Para reformar la reforma social neoliberal / I




Economía Moral
Para reformar la reforma social neoliberal / I
Crisis del Programa Oportunidades
Julio Boltvinik

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Después de operar durante 13 años, el Programa Progresa-Oportunidades (PPO) está en crisis de credibilidad. Ha transcurrido un periodo suficientemente largo para que se pueda observar si su objetivo principal, romper la transmisión intergeneracional de la pobreza se está cumpliendo. Los niños y jóvenes de ambos sexos de las primeras cohortes (que fueron rurales), habiendo sido becados desde tercer año de primaria, han terminado la secundaria y, algunos, la preparatoria y (una parte importante de ellos y ellas) están trabajando o buscando trabajo. Por ello, en la ronda de evaluación 2008 del PPO su buscó evaluar la inserción laboral y los ingresos de estos ‘egresados’1. En la evaluación cuantitativa sobre el impacto en empleo, salarios y movilidad social, Rodríguez y Freije señalan que:

“Los jóvenes encuestados en localidades beneficiarias de Oportunidades se encuentran en una posición menos favorable que sus similares en zonas rurales en general”.

Encuentran que, entre los varones, sí hay un efecto positivo del PPO pero éste es negativo entre las mujeres, por lo cual la afirmación inicial resultaría de la suma de ambos sexos. Además, encuentran una movilidad social nula (véase gráfica):

“En términos de mejora de hijos respecto de los padres no se encuentra que haya algún efecto importante de Oportunidades en términos de mejora salarial, estar en trabajos formales o de ocupaciones mejor calificadas”. (p. 20 del volumen citado en nota al pie N° 1)

Estos hallazgos han sido matizados de diversas maneras. Por una parte, en la evaluación citada se aclara que la muestra utilizada corresponde sólo a jóvenes que han permanecido en las localidades beneficiarias y que alrededor del 64 por ciento de los jóvenes que deberían haber sido encuestados han migrado desde 2003. Añade que no hay evidencias que los jóvenes beneficiarios del PPO tiendan a migrar más que los no beneficiarios y refiere a un estudio adicional que dio seguimiento a los migrantes para evaluar, en ellos, el efecto del programa. Este estudio debe estar ya disponible.

Por otro lado, en la evaluación cualitativa dirigida por Mercedes González de la Rocha se desmiente la supuesta no evidencia sobre la tendencia a migrar de los más educados:

Los jóvenes más escolarizados en todas las microrregiones estudiadas, pero sobre todo en Chiapas y Oaxaca, son los que se suman a las huestes de emigrantes rurales y los menos escolarizados son los que se quedan a residir y trabajar en sus lugares de origen.

La autora prevé que tampoco los migrantes graduados del PPO tendrán en EU mejor destino que sus predecesores, salvo (quizás) a mediano plazo. Todo ello sin incluir la crisis en EU. Argumenta acertadamente así:

Es importante señalar que estos son nuevos migrantes (con un perfil distinto a los que los han precedido). Por lo tanto, las redes existentes [que son las que les permiten emigrar] no responden a las características de los nuevos flujos. Muchos migrantes oaxaqueños relativamente exitosos laboran con sus parientes en negocios informales o familiares en la ciudad de México o en Estados Unidos. Aunque sus habilidades escolares son bienvenidas, no son los empleos que les pueden brindar los beneficios que corresponden a su escolaridad. Hay cierto optimismo en el sentido de que algunos de los primeros migrantes con nivel bachillerato o universitario servirán como puente hacia mejores redes para los jóvenes que sigan sus pasos. Pero este proceso está por verse. 2

En la serie de entregas que hoy inicio, examinaré la evidencia sobre los efectos del Oportunidades y la contextualizaré con los otros elementos de la reforma social neoliberal iniciada en los años noventa, como la creación de la Sedeso, la reforma de las pensiones en el IMSS (y luego del ISSSTE) y la descentralización de una parte significativa del gasto social. Para entender adecuadamente esta reforma y la necesidad de reformarla será necesario estudiar el modelo social que prevaleció hasta fines de los ochenta y entender la racionalidad de la reforma emprendida. Santiago Levy describe lo que aquí llamo reforma social neoliberal como “un alejamiento bastante radical del status quo”. Dice que la crisis económica que se inició en diciembre de 1994 proveyó la motivación inmediata para el cambio y que el reto era sustituir el conjunto de programas existentes, que eran inadecuados para proteger a los pobres durante la crisis por un nuevo enfoque de los subsidios alimentarios en particular y de manera más amplia de los programas relacionados con la pobreza que fuese capaz de incorporar los resultados de la investigación académica de los años ochenta y noventa, aprovechar las lecciones y experiencias de los programas propios de México y usar la crisis como una motivación para el cambio” (Progress Against poverty. Sustaining Mexico’s Progresa-Oportunidades Program, Brookings Institution Press, Washington, 2006, pp. 14-15; disponible en español en la página de la Brookings como Pobreza y transición democrática en México. La continuidad del Progresa Oportunidades). Este libro es, en muchos sentidos, una actualización del libro de Levy y Evelyne Rodríguez de 2005 publicado por Planeta para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Sin herencia de pobreza. El programa Progresa-Oportunidades de México). El prólogo de aquel libro está escrito por James Wolfensohn quien era presidente del Banco Mundial cuando se lanzó el Progresa. En la contraportada, al presentar a Levy, los editores lo describen como el principal arquitecto del programa Progresa Oportunidades (PPO). Escribe con el tono y la perspectiva de principal arquitecto y del enorme poder que el entonces subsecretario de Egresos de la SHCP tenía, aunque nunca en primera persona. El libro es una gran auto-apología pero inteligente e informada. Será fuente importante para esta serie.3

1 Lamentablemente, se hizo rompiendo el modelo de evaluación instituido por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), según la cual es el Coneval el que lleva a cabo, directamente o contratando a terceros, la evaluación, lo que debería garantizar la neutralidad de la misma. Pero en 2008, el financiamiento provino fundamentalmente del mismo programa. (A diez años de intervención. Evaluación externa del Programa Oportunidades 2008, Síntesis Ejecutiva, Agradecimientos, Sedeso, 2008). El modelo instituido por la LGDS busca garantizar la libertad total de los evaluadores, lo que se garantizaría si es un organismo relativamente autónomo (como el Coneval) el que paga (el cliente), pero no si el cliente es el mismo organismo evaluado.

2 La autora, al incluir el nivel universitario, desborda los posibles efectos del PPO que no otorga becas en ese nivel. Por otro lado, me parece que las redes de reclutamiento de migrantes sólo funcionan para actividades informales pero no para trabajadores formales. Por otra parte, las habilidades adquiridas de lectura y escritura en español (muy deficientes, como señala la autora) tendrán, además, muy bajo valor ya que sus portadores no dominan el Inglés.

3 En 2008 la Brookings publicó el libro de Levy Good Intentions, Bad Results. Social Policy, Informality and Economic Growth in Mexico, en el cual critica al Seguro Popular (Protección Social en Salud es su nombre oficial). Sostiene que las diferencias en la naturaleza de los beneficios y en el financiamiento de la seguridad social y la protección social[léase Seguro Popular], resultan en un impuesto al trabajo asalariado y un subsidio al no asalariado: la fuerza de trabajo se segmenta en un sector formal, que tiene cobertura de la seguridad social, y un sector informal que tiene cobertura de la protección social. Lo anterior daña al PPO porque “los jóvenes pobres que entrarán a la fuerza de trabajo después de haberse beneficiado del PPO tienen muy pocas probabilidades de encontrar trabajo en el sector formal que ofrece cobertura de la seguridad social. Bajo las condiciones actuales, el PPO no podrá romper la transmisión intergeneracional de la pobreza porque los incentivos generados por la interacción entre los programas de seguridad social y de protección social no están alineados en la dirección de aumentar la productividad y los salarios reales”. (p.4)

jbolt@colmex.mx


Fuente: La jornada
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Se retira Ixe de Mexicana




Dinero
Deuda pública en su máximo histórico
Se retira Ixe de Mexicana
El Quijote, Google, YouTube
Enrique Galván Ochoa

La Secretaría de Hacienda anunció esta semana que contraerá un nuevo préstamo internacional por mil millones de dólares. Se distingue de los otros porque el pago fue concertado a 100 años. Nuestros tataranietos estarán celebrando entonces el tricentenario de la Independencia y el bicentenario de la Revolución, si es que hubiera algo que festejar. Pero ¿a cuánto asciende la deuda pública del gobierno mexicano? Según el semanario británico The Economist llega a una cifra que asusta: 384 mil millones de dólares. El nuevo préstamo de mil millones, pagadero a 100 años, es apenas una fracción de la deuda total. Los datos de The Economist coinciden con los de la Secretaría de Hacienda en lo general. En su más reciente reporte sobre la situación financiera del país –agosto pasado– divide la deuda del sector público mexicano, incluyendo al gobierno federal, organismos y empresas y la banca de desarrollo, en dólares y en pesos. La denominada en dólares roza ya los 100 mil millones. Y la de moneda nacional es de 2 billones 722 mil millones. El semanario británico aporta otro dato: cada mexicano, hasta los que están naciendo en este momento, cargamos con una deuda de más de 3 mil dólares cada uno. El gobierno panista casi duplicó la deuda a partir del año 2000.

Mexicana a la deriva

En días pasados comentaba que despertaba cierto sospechosismo la participación del grupo financiero Ixe en el rescate de Mexicana de Aviación, dado que el director general, Javier Molinar Horcasitas, hermano del secretario de Comunicaciones, había participado en el consejo de administración que presidió Gastón Azcárraga. Ayer el grupo bancario anunció su decisión de retirarse. Su argumento es que no pudo llegar a un acuerdo con los sindicatos. Es que no están buscando un acuerdo, sino diezmar al personal. Será complicado conseguir a otro interesado; no quedan más que dos caminos: la quiebra o el rescate por el gobierno federal, llevando a los trabajadores como socios.

El Quijote

Google, el popular buscador de Internet, y la Real Academia de la Lengua de España, lanzan una iniciativa audaz, creativa. Invitan al mundo de habla hispana, de aquel y de este lado del océano, a que suban a Internet el texto completo, con su propia voz y en videos, de El Quijote, la obra fundamental de Miguel de Cervantes Saavedra, cuya primera parte se publicó en 1605. La singular iniciativa cuenta con el apoyo de YouTube, donde abrieron un canal para que los participantes coloquen sus videos. La direccion es: www.youtube.com/elquijote.

@Vox Populi

Asunto: los agujeros en la CFE

Sólo para preguntarte: ¿de verdad no hay nada que hacer contra CFE? Este septiembre a todos mis conocidos y a mí nos llegaron recibos de entre 800 y 17 mil pesos, cuando en promedio pagábamos 200. En el 071 de plano te dicen que es un reajuste y que no hay nada que hacer. Un amigo dice que tomó foto de su medidor y se fue a pelear en vivo. Dice que ya le respetaron la cuota de siempre. En los foros otros dicen que esperes al tipo para que tome la medida de nuevo; por supuesto, nunca llega. ¿Legalmente qué procede?

Marisol Reyna/Distrito Federal

R: Al parecer la forma que han encontrado para tapar los agujeros que deja la corrupción –ahí está el caso del funcionario del yate y el Ferrari– es sacándole más dinero a los usuarios. Presenta una reclamación en Profeco y nos platicas cómo te fue.

Asunto: tarjetas Bancomer y Banamex

Tengo un problema con BBVA Bancomer. Debo aclarar que no les debo nada, ni tengo tarjeta de crédito con ellos, y aun así tengo un problema. Soy titular de un humilde Libretón o cuenta de ahorros, y el banco quiere que forzosamente contrate una tarjeta de crédito. Me llaman al menos cuatro veces por semana a cualquier hora, diciéndome las maravillas de una tarjeta. Estamos hartos de ellos, ya no sabemos qué hacer; por más que insistimos en que no nos llamen siempre lo hace una persona diferente. Espero que mi caso tenga una solución civilizada. Sé que la gente de telemarketing come de lo que vende, pero después de seis largos meses de decir no simplemente no paran.

Gerardo Rubio/Distrito Federal

Quisiera que me dieras tu sugerencia sobre la siguiente situación: tengo una tarjeta de débito en Banamex y me han enviado a mi domicilio en dos ocasiones un formato para que yo les solicite una tarjeta de crédito; el formato trae como título solicitud preaprobada. Ellos se tomaron la molestia de escribir mi nombre y domicilio en la solicitud, pidiéndome completar la información restante y enviársela al banco. Claro que no completé la solicitud ni la envié, no estoy interesado. ¿Qué tengo que hacer para que ellos no me asignen la tarjeta sin mi consentimiento o resulte en mi estado de cuenta un cargo por ésta?

Saúl García D./Distrito Federal

R: Estimados Gerardo y Saúl: ojalá todas las personas fueran responsables como ustedes y declinaran las tarjetas que no necesitan. Pero hay muchas que no lo hacen: las toman, las usan y no tienen cómo pagarlas. Luego tienen que sufrir las consecuencias. Hay una gran dosis de culpa en los bancos.

(Los mensajes no publicados en este espacio aparecen en el Foro.)

galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Economía ficción



Clase Política
Economía ficción
Miguel Ángel Rivera

Eso sí es economía ficción: sostener que el aumento de precios al consumidor en septiembre fue menor a un punto porcentual (apenas 0.52 por ciento).

Los analistas del Banco de México que hacen tales cálculos deberían dejar sus cómodas oficinas y acompañar a una ama de casa para que conozcan la realidad.

La cosecha

El doctorado honoris causa que le concedió la UNAM resultó un buen amuleto para Mario Vargas Llosa, quien al fin recibió el premio Nobel…

Relevo de primer nivel en el Instituto Nacional de Migración (INM). El nuevo comisionado, Salvador Beltrán del Río Madrid, era subsecretario para América Latina y conoce a fondo la problemática migratoria del país, ya que trabajó al lado de su antecesora Cecilia Romero, sobre todo en temas vinculados con la frontera sur y en la revisión de mecanismos para la repatriación ordenada y segura de los migrantes…

En reunión con su homóloga estadunidense, Martha Kanter, el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Fernando González, anticipó que si el Congreso aprueba el presupuesto necesario, el próximo año se generalizará en México la enseñanza del inglés, además de ponerse en práctica la estrategia habilidades digitales, que dotará a 98 mil escuelas con computadoras portátiles y conectividad…

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que una juez federal negó a Grupo Iusacell la suspensión solicitada contra la licitación 21, ganada por Televisa y Nextel, y sostuvo que al utilizarse estas frecuencias mejorararán los niveles de precios, diversidad, cobertura y calidad de los servicios, en beneficio de los usuarios…

El gobierno de Veracruz mantendrá su alianza con el gobierno federal porque sólo la colaboración interinstitucional permitirá al estado salir adelante y al presidente Felipe Calderón continuar con su programa nacional por empleo, seguridad y desarrollo social, dijo el gobernador electo Javier Duarte de Ochoa en reunión privada con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora…

El tribunal colegiado del 25 circuito revocó la suspensión provisional que había decretado la juez segunda de distrito a demanda del ex rector de la Universidad Juárez de Durango, Salvador Rodríguez Lugo, quien buscaba permanecer en el cargo…

Los legisladores federales priístas corregirán la pretensión del presidente Felipe Calderón de disminuir los recursos a las universidades públicas, aseguró el líder del PRI en el estado de México, Ricardo Aguilar Castillo...

La Cámara de Diputados aprobó la ley antisecuestro, con la cual se endurecerán las sanciones por este delito, incluso con cadena perpetua, además de que prevé la reparación del daño a las víctimas…

riverapaz@prodigy.net.mx


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Corrupción de clase mundial



Astillero
Corrupción de clase mundial
Elías Ayub nada sabe
Cobros inflados
Gobierno minimalista
Julio Hernández López

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ASOMBRO LEGISLATIVO. Los diputados panistas Gabriela Cuevas y Francisco Ramírez Acuña durante la sesión en San LázaroFoto Carlos Ramos Mamahua
E
l calderonismo se ha especializado en la sustracción de los bienes nacionales para colocarlos en el ámbito de lo privado mediante contratos, concesiones, asignaciones u otras formas de transacción político-empresarial, cuyo momento cumbre se vivió en la etapa del ahora difunto Juan Camilo Mouriño, y mediante la apropiación rapaz, directa, dinero en mano que practican funcionarios de diversas áreas y niveles. La energía –sobre todo el petróleo–, la ecología, el turismo, las vacunas de emergencia, la agricultura, la minería, el espectro radioeléctrico, los medios masivos de transporte, en especial los aéreos, y el gasto operativo de los desplazamientos y acciones contra el narcotráfico son algunos de los rubros opacos, en el mejor de los casos, de ese deslizamiento discrecional.

Ejemplos vivos de esa vocación delictiva están hoy sobre la mesa sin que las autoridades que supuestamente estarían por encima de esos punibles yerros se atrevan a actuar más que de manera sesgada, insuficiente, con tufos de complicidad. La misma tarde en que los ojos de los mexicanos estaban puestos en el carísimo desfile celebratorio del bicentenario, la Comisión Federal de Electricidad aprovechó para anunciar que aceptaba el retiro de Néstor Moreno, un alto burócrata que en Estados Unidos había sido exhibido días atrás como parte de un caso de corrupción. Ni arraigo domiciliario ni molestias precautorias: salida de la plaza caliente para tratar de disolver el asunto. Ante el creciente escándalo, el gobierno calderonista tomó una decisión de antología: presentar una denuncia contra las empresas que corrompieron a funcionarios mexicanos, pero sin abrir procesos de calado similar contra éstos, en particular contra el ex director de operaciones, el citado Moreno, que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría recibido 1.9 millones de dólares como soborno por asignar contratos por 81 millones de dólares a ABB Inc. en septiembre del año pasado, pero a quien apenas ayer se le tocó con el pétalo del aseguramiento precautorio de un yate que junto con un Ferrari (un auto, no el secretario de Economía, Bruno, quien en estos momentos está labrando afanosamente su propio historial) fueron parte del pago delictivo, según las primeras indagaciones oficiales.

Pero, de no haber sido porque en Estados Unidos fue destapado el asunto, el funcionario Moreno seguiría haciendo negocios en la CFE, que ha sido largamente concesionada al representante de una de las familias de más crecimiento económico del mundo, como si no hubiera conflicto de interés en esas relaciones político-empresariales. El director de esa comisión, Alfredo Elías Ayub, se portó ayer escrupulosamente distante de la realidad procesal que en Estados Unidos camina rumbo al castigo de la corrupción detectada. El director-avestruz no sabe nada de esa investigación, pedirá un informe oficial sobre el caso, reprueba los hechos siempre y cuando se demuestre que sean ciertos y no se atreve a decir si el ex funcionario Moreno es inocente, pues esas consideraciones deben hacerlas las autoridades judiciales, es decir, la PGR.

La paraestatal dirigida por el citado Elías Ayub es, mientras tanto, presentada con cinismo como una empresa de clase mundial. La cantaleta publicitaria va a contrapelo de la realidad cotidiana que, entre otras cosas, mantiene un servicio deficitario en las zonas transferidas a la CFE por un golpe laboral calderonista de Luz y Fuerza del Centro. En los domicilios ubicados en esa franja de uno de los grandes negocios del calderonismo se vive periódicamente el asalto derivado del cobro abusivo de las estimaciones de consumo de energía eléctrica, en un proceso de saqueo de la economía familiar al amparo de la situación irregular que se fabricó para colocar el patrimonio de LFC en el camino de los negocios particulares, en particular la red de fibra óptica sobre la cual quiere mantener reserva el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, aunque ayer el Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó que se informe en manos de quién está y qué uso se le está dando.

Lo antes dicho no es más que un ejemplo de cómo la política oficial mexicana ha entrado en una fase minimalista. Cuando más y mejores personajes y procesos políticos se necesitan para enfrentar la gran crisis causada por la decena trágica del panismo, en particular por los cuatro años sangrientos del comandante Calderón, peores resultados se tienen. El escaparate institucional presenta productos de caducidad vencida, menjurjes costosos, pero ineficaces, juegos mortecinos de luces engañosas, presuntas gangas que son atracos, mecanismos de alerta y salvación que no funcionan, sistemas que ya no sirven. Tal es la dimensión de la tragedia: un país deshaciéndose en manos de dirigentes orgullosamente fallidos, pomposamente vacuos, irremediablemente fracasados.

Astillas

Dos mil 400 millones de pesos costaría el nuevo capricho calderonista de los mandos policiales únicos en los estados, sin entender que el problema de la delincuencia desbordada no está en las etiquetas, las nomenclaturas o los organigramas represivos o preventivos, sino en la recomposición profunda de la relación del poder con la sociedad y de la elaboración de programas de mejoría económica, social y cultural que puedan ser cumplidos porque fueron elaborados con criterios no armamentistas ni bélicos... Luego de la más reciente confrontación entre Leonel Godoy y Felipe Calderón, a propósito del discurso central en la ceremonia conmemorativa del natalicio de José María Morelos, cuando el panista hubo de conformarse con escuchar al perredista, se han multiplicado los problemas para los michoacanos... En la UNAM fueron echados de un coloquio sobre educación los representantes del SNTE... Hoy, El Colegio de México celebra sus 70 años con actividades en las que participará Felipe Calderón...

Y, mientras son vistas Las reinas chulas en El Vicio, con Qué suave patria, el musical, ¡feliz fin de semana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://www.twitter.com/julioastillero


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Decomisan yate de Moreno Díaz; lo acusan de aceptar soborno para otorgar contratos de CFE




Decomisan yate de Moreno Díaz; lo acusan de aceptar soborno para otorgar contratos de CFE

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El 8 de febrero de 2006, el entonces presidente Vicente Fox entregó a Néstor Félix Moreno Díaz el Premio Nacional de Calidad y Tecnología 2005, en la residencia oficial de Los PinosFoto Cuartoscuro
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 8 de octubre de 2010, p. 16
La Procuraduría General de la República (PGR) decomisó este jueves el yate propiedad del ex director de operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, que estaba en el puerto de Acapulco.

En un comunicado, la PGR indicó que se trata de una embarcación marca Horizon, modelo 1999, de 82 pies de eslora, con número de casco HRN82109L899, identificación oficial 1078029, rotulada con el nombre Dream Seeker.

El decomiso fue ordenado por el Ministerio Público Federal, debido a que se tratar presuntamente de un objeto instrumento o producto de un delito, con el número de averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPJ/MXXVI/136/2009.

Según consta en el acta radicada en una Corte del distrito de California, Estados Unidos, este yate forma parte del pago de un soborno, que incluye un automóvil deportivo marca Ferrari y 770 mil dólares, que presuntamente Moreno Díaz habría recibido de la empresa estadunidense Azusa para que le otorgara contratos de arrendamiento de plantas de emergencia.

Moreno Díaz y su abogado, Carlos Cuenca, negaron ayer, en entrevistas radiofónicas, las imputaciones que enfrenta el ex funcionario. Aseguraron que el yate es propiedad de un empresario regiomontano llamado Pedro Moreno.

En el comunicado, la PGR indicó que la autoridad ministerial practicó la diligencia de inspección y dio fe del decomiso del yate Dream Seeker, en el puerto de Acapulco, con la finalidad de contar con elementos de prueba en el caso”.

El yate fue trasladado para su guarda y custodia a la octava Región Naval con sede en el puerto de Acapulco, Guerrero.


Fuente: La jornada
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Incautan un yate a ex funcionario de la CFE




La Procuraduría General de la República decomisó la embarcación en el puerto de Acapulco a Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de operación de la paraestatal. Según un acta radicada en una corte de California, Estados Unidos, el navío forma parte de un soborno, que incluye un automóvil Ferrari y 770 mil dólares que el ex funcionario habría recibido de la empresa Azusa para otorgarle contratos de arrendamiento de plantas eléctricas de emergencia. El acusado negó las imputaciones y aseguró que el yate es propiedad de un empresario regiomontano

Interpondrán controversia contra el apagón analógico




Acuerdan diputados, excepto los panistas, llevar el caso a la Corte
Interpondrán controversia contra el apagón analógico
El Ejecutivo ignoró las atribuciones de la Cofetel, argumentan
Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 8 de octubre de 2010, p. 15
La mayoría de la Cámara de Diputados, con la oposición del PAN, ordenó a la mesa directiva presentar en tiempo y forma, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional contra las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre pasado, acerca de las acciones que deberá emprender la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, conocidas como apagón analógico.

El priísta Alfonso Navarrete Prida señaló que por acuerdo de PRI, PRD, Panal, PT, Convergencia y PVEM, la Cámara de Diputados presentará la controversia con el propósito de que la SCJN clarifique las competencias constitucionales en materia de telecomunicaciones, porque el presidente Felipe Calderón decretó la transición analógica ignorando las atribuciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

A juicio de estas fracciones parlamentarias, el Ejecutivo invadió la competencia de un órgano al que la ley otorgó el carácter de autónomo e independiente, que es la Cofetel, y se arrogó facultades que no le son propias en el decreto publicado el 2 de septiembre, explicó.

Agregó que esta acción tiene un antecedente: cuando se emitió el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que otorgaba a esa dependencia facultades que son propias de la Cofetel, la Corte resolvió que se vulneraba la autonomía del organismo y se invadía la competencia de lo que se denomina reserva de ley. Se trata de esclarecer las competencias originales de un órgano autónomo, porque el Ejecutivo federal ha invadido la esfera de competencia del mismo.

En respaldo a la propuesta del PRI, Jaime Cárdenas, del PT, reiteró que la SCJN, al resolver la controversia 7/2009, determinó que el Ejecutivo –en este caso la SCT– no tiene competencia en la regulación de esta materia, facultades que son exclusivas de la Cofetel, de acuerdo con los artículos 9-A y 36, fracción XVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Aseguró que la invocación del Ejecutivo federal al artículo 89, fracción I, como fundamento para emitir ese reglamento, que establece el apagón analógico, es una atribución que escapa a sus competencias. Un reglamento no puede vulnerar una jurisprudencia de la Suprema Corte. Tampoco puede vulnerar las competencias del Congreso ni las de la Cofetel.

Francisco Hernández Juárez, del PRD, consideró que adelantar el apagón analógico es una medida adecuada, pero la forma en que la instrumenta el gobierno federal pasa por alto las competencias de los diferentes organismos. De manera que no puede uno dejar de sospechar que la manera en que lo están haciendo es para incidir en el proceso electoral, ya que los recursos que se utilizarán para emprender ese proceso se van a canalizar a la Secretaría de Desarrollo Social, para que los aparatos que se utilizarán en el cambio tecnológico puedan ser empleados en el transcurso del año próximo.

Roberto Gil, del PAN, intentó restar importancia a los motivos políticos de la decisión de Calderón. No es ésta una discusión sobre la valía, la importancia, los fines, los objetivos, los propósitos de la transición digital, y parece que existe un importante consenso en que es una política pública que este Congreso debe impulsar. Advertimos que el diferendo se centra en el asunto de las competencias que el propio acuerdo, suscrito por el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades, asigna para la implementación de la transición digital.

Aseguró que desde la propia fundamentación y motivación del acuerdo del Ejecutivo federal se razona que la transición digital no es sólo una cuestión de radio y televisión. En el fondo se trata de una reordenación integral de las telecomunicaciones. Y en esta materia la ley es clara al señalar que la SCT y la Cofetel comparten atribuciones.


Fuente: La jornada
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