viernes, 8 de noviembre de 2013

IMÁGENES: Protesta de los maestros de la CNTE en la PGR



Ciudad de México, 8 de noviembre de 2013. Varios cientos de maestros de la CNTE protestaron afuera de las oficinas de la PGR en Avenida Reforma, para exigir la liberación de sus presos políticos. Aunque la protesta fue totalmente pacífica, la Policía del D.F. encapsuló a los manifestantes en el carril lateral de Reforma, además de bloquear la circulación de uno de los carriles centrales. permitiendo solo el paso peatonal.









CNTE se manifiesta en PGR y SEIDO




Fuente: Juan Carlos Alarcón López

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiestan en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) y frente al edificio de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada.

Los profesores se dividieron en dos grupos y marcharon a esas instalaciones para demandar la liberación de “presos políticos” y cancelación de órdenes de aprehensión.

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina implementó un dispositivo vial para agilizar la circulación en carriles centrales del Paseo de la Reforma, ya que los laterales se encuentran cerrados a la altura del 211, donde se ubica el inmueble de la PGR.

El grupo más reducido marchó a la SEIDO, en Reforma y Violeta, colonia Grerrero. En ambos sitios, los profesores entregaron su petición por escrito.

La policía capitalina no reportó ningún incidente o alteración al orden público, por lo que los manifestantes realizaron su movilización de manera pacífica.

Por otra parte, locatarios de mercados populares realizan un mitin en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, por lo que se encuentra cerrada la circulación en avenida Bucareli, al cruce con la calle de Ayuntamiento.

En ese sitio, elementos de la Policía Federal instalaron vallas metálicas para impedir el paso de los manifestantes, mismos que se movilizaron esta mañana de diferentes puntos.

El primer contingente avanzó de las inmediaciones del Metro Tacuba y el segundo de Fray Servando y Congreso de la Unión. Ambos se reunieron frente a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda.

Posteriormente se dirigieron a la Segob, donde entregaron un documento en el que plantean agravios fiscales en su actividad, por la reforma hacendaria.

@amarilloalarcon

Exigen ong´s a gobierno federal protección para defensoras y periodistas




Fuente: Natalia Estrada García

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos exigieron al gobierno Federal tome medidas urgentes para que defensoras y mujeres periodistas desarrollen su labor en condiciones de seguridad.

En conferencia de prensa Yunuhen Rangel de CIMAC señaló desde el año 2010 México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América latina y es el segundo a nivel mundial.

Apuntó que desde el 2002 a lo que va de este año, CIMAC ha documentado 162 casos de violencia contra mujeres periodistas en el país, 11 de estos casos considerados como feminicidios y que hasta hoy están en total impunidad.

Señaló que los principales agresores son funcionarios públicos de todos los niveles en un 60 por ciento de los casos.

Detalló que en el reciente Examen Periódico Universal, México registró 176 recomendaciones por otras naciones, de las cuales 25 son en materia de protección a defensores de derechos y periodistas.

Ante ello las organizaciones pidieron adoptar mecanismos de protección a periodistas, incorporar medidas para llevar a cabo evaluaciones de riesgo con perspectiva de género así como el que se unifiquen las denuncias por los casos de asesinatos, desapariciones y agresiones denunciadas por estos sectores de la población.

Europa: Plan alterno para defender derechos humanos en México


MARCO APPEL

BRUSELAS (apro).- Mientras que el gobierno mexicano se vanagloria con la creación en 2012 del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas —tal como lo hizo el pasado 23 de octubre durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza—, la Unión Europea (UE) decidió financiar un ambicioso proyecto paralelo para proteger la vida de tales activistas y atraer la atención internacional y mediática sobre la situación de riesgo que viven en el país a causa de la ineptitud de las autoridades.

El Proyecto de protección de los defensores de derechos humanos a través de su capacitación y visibilidad tiene una duración de tres años y un costo total de 921 mil 49 euros. La UE aporta 90% de ese monto (828 mil 944 euros), el más cuantioso que concede a un proyecto en su género en México, y el cual procede del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, un mecanismo de la agencia de desarrollo y cooperación EuropeAid instaurado en 2006.

La instauración del proyecto está a cargo de un consorcio integrado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Conexx-Europe, un organismo independiente de investigación y desarrollo asociado a la Universidad Libre de Bruselas, y Brigadas Internacionales de Paz-Reino Unido (PBI-UK por sus siglas en inglés), una organización que otorga protección física y apoyo a defensores que actúan en zonas de represión y conflicto.

Daniel Joloy, director del área internacional de la CMDPDH, comenta a Apro: “La existencia de este proyecto exhibe la magnitud del problema que se está viviendo en México en materia de derechos humanos, la cual no han querido reconocer las autoridades: en el sexenio del presidente Felipe Calderón hubo más de 70 defensores asesinados, y en el de Enrique Peña Nieto van seis o siete casos, el último de ellos el de Rocío Mesino en el estado de Guerrero (el pasado 19 de octubre)”.

Sin avances

Joloy acusa que la problemática que enfrentan los defensores de derechos humanos en México no sólo no cambió con la llegada del gobierno priista, sino que se agravó. “El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas —explica—, es un paso importante que dimos desde la sociedad civil para alcanzar una ley y su aplicación final; sin embargo, la situación en el terreno continúa siendo de mucha gravedad y las medidas del mecanismo no han sido aplicadas de forma adecuada para garantizar la seguridad y protección de los defensores”.

El proyecto —que será presentado en el Parlamento Europeo este 5 de noviembre en un evento apoyado por la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, la eurodiputada alemana verde Barbara Lochbihler—, proporcionará capacitación a 40 defensores en el Distrito Federal y los estados de Guerrero, Oaxaca y Baja California. Entre ellos, el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes; la indígena Silvia Pérez, coordinadora de la organización Mujeres Indígenas por Ciarena; Irina Leyesvska Echeverría, defensora de los derechos del colectivo transgénero, y Claudia Centeno, defensora del medio ambiente en Xochimilco.

El folleto en el que las organizaciones del consorcio presentarán el proyecto en el Parlamento Europeo plantea que, “en los últimos años, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos, organizaciones civiles internacionales y organizaciones nacionales de derechos humanos han denunciado el incremento de asesinatos, amenazas, hostigamientos e incidentes de seguridad que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos en México”.

Axel García, quien coordina el proyecto en la CMDPDH, comenta a este corresponsal que “el objetivo es brindar a los defensores mexicanos herramientas de capacitación en materia de autoprotección y visibilidad”, y menciona, como también lo hace el citado folleto, que se realizarán actividades de “incidencia” (cabildeo), “documentación legal y compilación de testimonios de vidas”, de tal forma que los defensores de derechos humanos amenazados puedan “identificar, prevenir y atender incidentes de seguridad, además de que aprendan a promover su labor”.

Los elementos más relevantes de las capacitaciones serán compartidos con defensores de derechos humanos “en riesgo de todo el mundo”, y “se divulgarán los logros obtenidos a una audiencia internacional”, añade el folleto de presentación, y precisa que serán organizados talleres de protección y acompañamiento; cursos de capacitación por Internet; talleres de documentación jurídica y de testimonios de vida; talleres para una mejor interacción con la prensa, además de que se prevé la elaboración de una base de datos propia sobre ataques a defensores de derechos humanos en el país.

Cabildeo internacional

El financiamiento europeo –que incluye el costo de todas las actividades y gastos que genere el proyecto—será utilizado también para sostener las tareas de representación en Bruselas (sede de las instituciones de la UE), las de difusión de los casos de defensores en peligro, y las de organización de una visita a México en 2014 de una misión de observación civil.

El historiador y activista francés Thibaut Lejeune, coordinador de Conexx-Europe, adelanta que tal misión, que incluirá a especialistas universitarios, contará con la presencia del diplomático y poeta español Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Uneco) y actual presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, que él fundó.

“Esa visita a México –explica Lejeune a Apro— tiene un doble propósito: que el mundo académico adquiera una base empírica sobre el terreno y que, a su vez, las organizaciones no gubernamentales dispongan de más teoría e información científica (en materia de defensa de los derechos humanos)”.

Añade que Conexx-Europe también apoyará el trabajo de “incidencia” ante las instituciones de la UE y los países miembros, así como la difusión del proyecto en la sociedad civil europea.

Axel García agrega que el proyecto pretende fortalecer las acciones que han implementado en México la Delegación de la UE y las representaciones diplomáticas acreditadas de sus países socios. A través de las Directrices de la UE sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la UE acordó en 2010 un plan local que consiste en la creación de cinco “grupos de trabajo” de las embajadas de los Estados miembros, los cuales dan seguimiento a los casos individuales de defensores —separados por regiones geográficas— y que actúan bajo la coordinación de la Delegación de la UE como el “punto focal”.

Joloy refiere que el proyecto “busca analizar cómo se están implementando tales directivas y cómo se pueden reforzar”, y menciona que bajo su amparo se han podido organizar misiones en las cuales los diplomáticos europeos se han encontrado con activistas en riesgo. Desde 2010, la UE ha realizado visitas de campo a los estados de Baja California, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Chihuahua (la capital y Ciudad Juárez), indica en su página de internet la delegación de la UE en México.

Esas visitas, advierte Joloy, “han conseguido levantar el perfil (político) de esos activistas en sus estados, ya que la UE les ha procurado un respaldo institucional fuerte, lo que les ha permitido tener cierta protección en contextos muy locales”.

Prosigue: “Este proyecto servirá para explorar áreas donde la UE puede contribuir, aún más de lo que ya ha hecho, para garantizar la protección de los defensores, tomando en cuenta el panorama de gran riesgo y vulnerabilidad que enfrentamos en México: un contexto de militarización, apertura a empresas trasnacionales que vulneran el territorio de pueblos indígenas, y donde no hay condiciones para que los defensores realicen su trabajo en plena seguridad”.

El primer caso que dentro del proyecto se presentará en Bruselas es el de la veterana defensora zapoteca de derechos humanos Silvia Pérez, quien participará como oradora en el acto del Parlamento Europeo y sostendrá encuentros con eurodiputados, funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior y organizaciones no gubernamentales.

Pérez, acosada por brindar asesoría y acompañamiento a casos de violación y asesinato de mujeres y niñas indígenas, tuvo que huir de su estado en enero pasado, luego de que el 17 de ese mes un grupo de hombres armados rodearan la vivienda donde vivían ella y su hijo para después escapar ante la presencia de varios vecinos. En ese momento, ella estaba ya integrada al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y gozaba de medidas cautelares, las cuales no se habían implementado hasta este 30 de octubre.

Los funcionarios del mecanismo ni siquiera le han proporcionado una ayuda para su alimentación. “Necesito recursos para sobrevivir. No tengo para una renta o para comer. Me están obligando a regresar (a mi comunidad)”, relata Pérez.

—¿Regresaría aún con el riesgo que supone para su vida?, se le pregunta.

—Pues sí. ¿A dónde más puedo ir?

El proyecto asegura un apoyo económico a Pérez hasta diciembre, pero podría analizarse su prolongación, comenta Axel García.

Las facetas de la violencia


JAVIER SICILIA

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un año después de haber recorrido Estados Unidos con la Caravana de la Paz para señalar a los estadunidenses su corresponsabilidad en la violencia que vive México por la prohibición de la droga y el comercio de armas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) ha regresado a ese país. El sentido de dicho retorno, al lado de las organizaciones estadunidenses que nos acompañan, es recordarles que esa realidad continúa y que nuestros muertos y nuestro dolor aumentan.

El trabajo es duro. La sociedad estadunidense no sabe mirar a los otros, mucho menos reconoce que gran parte de sus políticas afectan de manera brutal no sólo la vida de su nación, sino también la de sus vecinos. México también ha perdido en este caso la capacidad de ver tal hecho. Ambas naciones parecen ignorar que la violencia que padecemos y que sólo se atribuye a una equívoca política de seguridad y a la corrupción de los aparatos judiciales de México, tiene sus otras facetas en la prohibición de las drogas y en la libertad del comercio de armas en Estados Unidos. Los dos países, por lo mismo, parecen ignorar que un cambio en la estrategia de seguridad, una política anticorrupción y la implementación real de la Ley General de Víctimas en México no podrán detener la violencia si tales medidas no se acompañan de una política bilateral de regulación de las drogas, de control de las armas en Estados Unidos y de políticas reales contra el lavado de dinero.

La evidencia es tan obvia que negarse a enfrentarla parece más el accionar de una lógica perversa que el fruto podrido de la imbecilidad.

Si, por un lado, la droga dejara de verse como un problema de seguridad nacional que se enfrenta con violencia y políticas prohibicionistas, y se viera como un asunto de salud pública y de libertades que se controla por la legalidad del mercado y las férreas leyes del Estado, los cárteles no tendrían que estar construyendo ejércitos de sicarios para defenderse. El hecho es que la prohibición de las drogas ha ocasionado en los últimos siete años en México más de 80 mil muertos.

Si, por otro lado, se aplicaran suficientes mecanismos para el control de la venta de armas, los sicarios, que, frente a la estrategia prohibicionista, han diversificado el crimen –secuestro, trata, extorsión, etcétera–, verían reducida en mucho su capacidad para hacerlo.

Las armas, a diferencia de las drogas, son un verdadero asunto de seguridad nacional. No sólo son contundentes y expansivas, son también un poder que somete. Mediante ellas no sólo se asesina, también se secuestra, se extorsiona, se intimida, se destruye.

Un estudio de marzo de 2013 realizado por el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego ha estimado que 253 mil armas de fuego se compraron durante el periodo 2010-2012. Muchas de ellas –rifles AK y AR con compartimientos desmontables– son las que utilizan con mayor frecuencia las organizaciones de tráfico de drogas para cometer delitos.

Si a la regulación de las drogas y al control de las armas se agregara una dura política contra el lavado de dinero, ¿dónde quedaría el negocio del crimen y dónde su fuente de financiamiento?

Cuando el 5 de mayo de 2011 el MPJD salió de la ciudad de Cuernavaca para recorrer el país y develar el dolor de la víctimas, mostró no sólo la necesidad de crear una ley que protegiera a las víctimas, sino también la necesidad de atacar la corrupción del Estado y de los partidos, y de cambiar la estrategia de seguridad nacional. Cuando en el verano de 2012 recorrió Estados Unidos para revelar a los estadunidenses su corresponsabilidad en nuestro dolor, mostró la necesidad de regular las drogas, controlar las armas y atacar el lavado de dinero, como un complemento necesario para erradicar la violencia.

Hoy hemos vuelto al país del norte para decir que tales políticas deben articularse de manera conjunta, pues son las únicas que pueden destruir las facetas del cristal opaco y aterrador de la violencia. Sin ellas, como una prioridad de la agenda binacional, no habrá alternativa real de paz ni de justicia para México; tampoco para Estados Unidos. ¿Podrán ambos países estar a la altura de esa exigencia? En todo caso, la responsabilidad no quedará de nuestro lado. Frente a las aterradoras perspectivas que la guerra contra las drogas ha abierto, sólo la paz y la justicia son el camino.

Ese camino pasa por un cambio en la política de seguridad, por una política anticorrupción en México y por la implementación real de la Ley General de Víctimas, pero también, y de manera conjunta, por la regulación de las drogas, el control de las armas y el combate al lavado de dinero en los dos países. No es una súplica, sino una orden la que en ese sentido debe subir de los pueblos de México y de Estados Unidos hacia sus gobiernos, la orden de elegir con toda claridad entre la razón y el infierno.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

Profesores toman la sección XXV del SNTE en Chetumal


SERGIO CABALLERO

CANCÚN, Q. Roo., (proceso.com.mx).- Alrededor de 500 maestros pertenecientes al Comité de Lucha Magisterial de Quintana Roo tomaron este mañana la sede de la sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Chetumal.

Los docentes, también sindicalistas del SNTE, arribaron antes de la apertura de las oficinas y bloquearon la entrada principal del inmueble, ubicado en la avenida Insurgentes, a unos 200 metros de la sede de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Ayer, en Felipe Carrillo Puerto, en donde se celebró la Primera Asamblea General del Movimiento Magisterial Quintanarroense –que reúne a sindicalistas del SNTE, Siteqroo y SITEM- , los docentes habían anticipado como una de sus primeras acciones que derrocarían a los líderes de la sección XXV del SNTE.

Este mismo viernes, los maestros tomaron la sede la sección XXV del SNTE; reclamaron la dimisión del Comité Ejecutivo Seccional (CES), que encabeza Rafael González Sabido. Lo acusaron, junto con el resto de los dirigentes, de no apoyar a la base magisterial en su lucha contra la Reforma Educativa.

Al interior del edificio no se encontraba ningún integrante del CES del SNTE y los maestros del Comité de Lucha permanecen en la entrada del inmueble.

Apenas el pasado miércoles, el Comité de Lucha acordó levantar sus protestas, que habían reanudado el pasado 7 de octubre, con la toma de la Secretaría de Educación y Cultura (Seyc) –en Chetumal- por el incumpliendo de acuerdos por parte del gobierno del estado que se formalizaron en una minuta firmada por el gobernador Roberto Borge el pasado el 21 de septiembre.

Los docentes, que en septiembre suspendieron tres semanas labores, regresaron a las protestas luego que la titular de la Seyc, Sara Latife Ruiz Chávez, llevó a cabo movimientos de adscripción de maestros, que el Comité de Lucha consideró “unilaterales”.

A partir del 7 de octubre los maestros realizaron diversas protestas, desde la toma de instalaciones de la Seyc en varias ciudades y apariciones en la zona hotelera de Cancún y manifestaciones en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, hasta la toma de carreteras del estado.

Sin embargo, el pasado fin de semana, el Comité de Lucha reinició negaciones con el gobierno del estado, a través de la Comisión Interventora para la Reforma Educativa que preside Juan Pedro Mercader Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno.

Tras tres días de negociaciones los maestros acodaron levantar el bloqueo de la carretera Cancún-Chetumal y regresar a clases, luego que fue publicada en un número extraordinario del Periódico Oficial (PO) la minuta del acuerdo, en la que el gobierno del estado acepta no sancionar a los docentes que no aprueben la evaluación, como establece la reforma educativa.

Los maestros también consiguieron que la Seyc no les aplique sanciones ni descuentos a sus salarios por los días que estuvieron en paro y que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) se desista de las acciones penal contra los docentes que fueron detenidos el 14 de octubre, tras ser reprimidos en un enfrentamiento con granaderos frente al plació municipal de Benito Juárez (Cancún).

En los últimos 13 años, 98 periodistas asesinados y 23 desaparecidos: PGR


PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax. (apro).- En los últimos 13 años, 98 periodistas han sido asesinados y 23 más desaparecidos, informó hoy la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), Laura Angelina Borbolla Moreno.

La funcionaria añadió que el estado de Chihuahua encabeza la lista, con 16 casos, seguido de Veracruz, con 14; Tamaulipas, 13; Guerrero, 11 y Oaxaca, Sinaloa y Durango, cinco.

Le siguen el Distrito Federal, con cuatro, igual que los estados de México y Michoacán. Nuevo León y Sonora suman tres; Coahuila, Jalisco y Puebla, dos, y Baja California, Chiapas, Morelos, Quintana Roo y Tabasco, uno.

Borbolla Moreno señaló que algunos de esos casos tienen que ver con la delincuencia organizado, principalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Veracruz.

Además, indicó que hasta el mes de octubre la Fiscalía tenía integradas 438 averiguaciones previas y 150 actas circunstanciadas por agravios a periodistas, principalmente por amenazas y abuso de autoridad.

El delito de mayor incidencia a nivel nacional, dijo, es el de amenazas, con 159 investigaciones. Le siguen abuso de autoridad, con 83; homicidio, 43; privación ilegal de la libertad, 37; lesiones, 32, robo de equipo, 29, y daño en propiedad ajena, 26.

Por tentativa de homicidio, la Feadle tiene siete denuncias, igual número por violaciones a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Por delitos cibernéticos, seis; por falsedad en declaraciones, tres; por tentativa de privación de la libertad y de violación a ley federal de derechos de autor, tres, y por ataques a las vías de comunicación dos e intimidación, dos.

Con una denuncia se encuentran, allanamiento de morada, contra el honor, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, intervención de comunicaciones, secuestro y tentativa de daño en propiedad ajena.

Ingresan a Gobernación maestros, alumnos y padres para discutir reforma educativa


Fabiola Martínez y Fernando Camacho

México, DF. Una comisión de casi un centenar de maestros, alumnos y padres de familia ingresaron a la Secretaría de Gobernación para dialogar con funcionarios federales y estatales, en torno a la reforma educativa.

El contingente mayor procede de Chiapas y del Distrito Federal por lo que se espera que en el encuentro participen el gobernador de aquella entidad, Manuel Velasco, y el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano.

La cita se programó a las 17 horas en el salón Revolución de esta dependencia y la encabeza el subsecretario de Gobierno federal, Luis Enrique Miranda.

Al inicio de la sesión padres de familia de alumnos de Chiapas manifestaron que el objetivo es la derogación de la reforma constitucional en materia educativa.

De manera alterna –fuera de Gobernación– la comisión negociadora de la CNTE delibera la más reciente propuesta de Gobernación para atender el conflicto derivado de esta enmienda, causa de la presencia de miles de integrantes de la disidencia magisterial en el Distrito Federal.

México ante el maíz transgénico por demanda colectiva


Adelita San Vicente Tello*

Esta noticia ha circulado en nuestro país y por todo el mundo. La alegría ha llenado el corazón de miles.

Desde la cuna de esta planta sagrada, las mujeres y los hombres del maíz rechazamos la introducción de transgénicos en nuestro mayor patrimonio biocultural y con ello le asestamos un golpe certero a las empresas semilleras trasnacionales comandadas por Monsanto.

En México, desde hace más de una década, se libra una disputa por el maíz: por una parte las poblaciones campesinas e indígenas que resumen en esta planta su origen, vida y sobrevivencia, reivindican su derecho legítimo a reproducirla libremente; a su lado, ciudadanos variopintos saben los riesgos de transgenizar su alimento básico, así como del compromiso de conservarlo para generaciones futuras. Frente a ellos se encuentra la avidez de la industria biotecnológica, que intenta transformar a nuestra planta en una mercancía estratégica que les garantice ganancias en los mercados agroindustriales globales.

Sin embargo, los transgénicos han corrompido para avanzar. El gobierno de Calderón otorgó de manera ilegal permisos para siembra de maíz transgénico en fase experimental y piloto, sobre los cuales se han ocultado los resultados. Actualmente existen 79 nuevas solicitudes en trámite. La buena noticia es que todas han sido congeladas por la autoridad judicial. El actual gobierno tiene la disyuntiva entre defender la riqueza de los maíces nativos o amarchantarse como burócrata de Monsanto.

La trascendencia de la noticia requiere explicar sus alcances y el camino a seguir.

1. Las acciones colectivas son un nuevo instrumento con el que los mexicanos contamos a partir de la reforma al artículo 17 constitucional de 2010, gracias a la cual podemos interponer demandas sobre derechos colectivos. Actualmente la ley secundaria abre la puerta para demandar en representación de colectividades determinadas o indeterminadas.

2. Esta demanda de acción colectiva fue presentada el pasado 5 de julio por un grupo de 53 personas, entre las cuales se encuentran expertos en el tema, personalidades y 20 organizaciones de productores, indígenas, apicultores, de derechos humanos, ambientalistas y consumidores.

3. La demanda solicita que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) son ineficientes, pues existe evidencia científica de contaminación transgénica de maíces nativos en los estados de Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato.

La ineficiencia de los límites y restricciones establecidos en la LBOGM ha propiciado que se vulneren los siguientes derechos humanos: a un medio ambiente sano, a la conservación, participación justa y equitativa, así como a la utilización sostenible que garantice su acceso a generaciones futuras, de la diversidad biológica de los maíces nativos; a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad; a derechos culturales y a la salud.

4. Con la demanda se solicitó aplicar medida precautoria, la cual se concedió por el juez federal décimo segundo de distrito en materia civil en el DF. Ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado (GM), prescindir de procedimientos para la liberación al ambiente de maíz GM y suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial del mismo.

La medida precautoria impide liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelve el juicio de acción colectiva.

5. El personal de las trasnacionales se niega a recibir las notificaciones, lo que obliga a realizar una investigación judicial del domicilio. Esta actitud no afecta la suspensión de los permisos, puesto que los obligados a abstenerce de otorgar permisos son Sagarpa y Semarnat. Lo que obtienen las empresas es una posicion muy cómoda, mientras el gobierno litiga por ellas.

6. El lunes 28 de octubre se notificó a la colectividad que el gobierno federal apeló de la medida precautoria a través de la Sagarpa y de la Semarnat. Estas apelaciones carecen de sustento jurídico, puesto que las dependencias presentan argumentos legaloides que se dirigen a un mandato precautorio distinto al ordenado por el juzgado.

Las autoridades federales parece que rehúyen debatir el fondo del asunto, en condiciones de igualdad y bajo un procedimiento jurídico, cuando en la prensa ambos secretarios han mencionado la importancia de un debate científico.

7. La experiencia nos demuestra que las acciones jurídicas requieren una fuerte presión social para lograr su cometido. Por ello, convocamos a que todos se sumen a una gran fiesta por nuestros maíces nativos en el Zócalo de la ciudad de México para el próximo 30 de noviembre a las 12 del día, ahí mostraremos las ricas propuestas y alternativas que tenemos para proveer de alimentos sanos a todos los mexicanos, celebraremos, informaremos.

8. El milenario maíz habrá de abrirse paso. Las leyes actuales apenas alcanzan a reconocerle su trascendencia muy anterior, y seguramente posterior, a la promulgación de las propias leyes.

Hoy es el momento de hacer milpa uniéndonos y conjuntando nuestras diversidades para apoyar la defensa de nuestra planta sagrada, del campo, los campesinos y de todos los comedores cotidianos de maíz.

* Directora de la Fundación Semillas de Vida, AC

Interés foráneo en crudo mexicano, para acceder a mercado de capitales: Saxe-Fernández


Israel Rodríguez

México, DF. John Saxe-Fernández, experto en geopolítica, aseguró que la presión de las empresas petroleras internacionales para apoderarse urgentemente del petróleo mexicano es para acceder al mercado de capitales, el cual les exige la garantía de nuevas reservas petroleras para obtener financiamientos.

El también maestro emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador de La Jornada explicó que las compañías petroleras están ansiosas por que la Comisión del Mercado de Valores y de Cambio de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) les dé el aval de las reservas que conseguirían con el pago en especie y que serviría de garantía para obtener nuevos financiamientos.

En entrevista, Saxe-Fernández recordó que recientemente el American Petroleum Institute, principal cabildero de las petroleras transnacionales (Exxon, Shell, Chevron), abogó y ganó un juicio en contra de la propia SEC que pedía el registro exacto de los volúmenes de extracción diaria de crudo. Sin embargo, ganó la opacidad al obtener una decisión favorable en contra de esta acción que pretendía transparentar y conocer los volúmenes exactos de producción para proteger a los inversionistas.

Aseguró que las empresas petroleras no van a invertir en México y dijo que solamente vienen a utilizar la riqueza del país para acceder al capital que ofrecen los mercados bursátiles internacionales pero con la condición de incluir nuevos registros contables de reservas petroleras.

Por ello, descalificó la supuesta abundancia y riqueza del gas lutita y consideró que el petróleo es el verdadero interés de las transnacionales. "La explotación de gas lutita es un negocio riesgoso y de corto plazo", advirtió.

Por su parte, Sergio Benito Osorio, expresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, consideró que sería muy grave e irresponsable tratar de sacar la reforma energética antes de que concluya el año sin medir sus consecuencias.

El también integrante de la organización no gubernamental el Observatorio de la Energía, que aglutina a especialistas en materia energética, afirmó que hasta el momento no se conocen las leyes secundarias que contendría la reforma energética, por lo que es un tema que debería de exhibirse a la luz pública.

Benito Osorio aseveró que en la exposición de motivos que presentó recientemente el Ejecutivo ya se establece que en los contratos de utilidad compartida el pago puede ser en efectivo o en especie.

José Luis Apodaca, consultor en materia energética y miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, señaló que pese a que todo apunta al requerimiento urgente de administrar con eficacia y honestidad a Pemex, ni el Ejecutivo ni el Legislativo lo presentan como alternativa.

El pasado miércoles la prensa extranjera reveló que el gobierno federal y el PAN negocian que petroleras privadas y el Estado mexicano compartan la producción de hidrocarburos y se apruebe la reforma energética antes de que concluya el año.

Revientan conferencia de Chuayffet en Madrid por la masacre de Acteal


Armando G. Tejeda, corresponsal Madrid.

Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, fue recibido en Madrid con una enorme pancarta en la que se leía: “Masacre de indígenas. Acteal-México. Chuayffet responsable”. El político mexicano ofreció una conferencia en la Fundación Ortega-Marañón, donde a los dos minutos de comenzar fue interpelado por un grupo de personas vinculadas a los movimientos zapatistas que le señalaron como el “autor intelectual” de la masacre de diciembre de 1997. Chuayffet tensó la mirada y se quedó estático y en silencio, al menos hasta que el moderador le dio de nuevo la palabra y le pidió disculpas por el “mitin”.

Al secretario de Educación mexicano le persigue su propio pasado político, cuando en 1997 era el secretario de Gobernación de la administración de Ernesto Zedillo y se perpetró una de las peores masacres en la historia del país, al morir 45 indígenas acribillados durante siete horas. En su primer viaje a España como titular de la SEP, el político mexiquense acudió para impartir una conferencia sobre “El porvenir de la Educación en México”.

Al poco tiempo de tomar la palabra y empezar a hablar de la reforma educativa que impulsa el actual gobierno, un grupo de personas desplegó la pancarta que le señala como responsable de la masacre y le interrumpió con el siguiente discurso: “ Es más importante que nos hable de la justicia de la masacre Acteal, en la que hubo 45 asesinatos cuando este señor era ministro del Interior. Incluidos niños. Lo más importante es reclamar justicia para Acteal. Los derechos humanos están antes que los discursos.

La dignidad de esta casa queda muy mal parada si este señor sigue dando la conferencia, que estamos frente al autor intelectual del asesinato de 45 indígenas”.

Chuayffet escuchó con la mirada encendida las palabras de los denunciantes y una vez que le dieron de nuevo la palabra no hizo ninguna alusión ni a la interrupción ni al fondo de la acusación. En el turno de preguntas sí fue interpelado de nuevo por esta cuestión, al cuestionarle sobre sus sensaciones cuando es acusado fuera de México por un crimen que ocurrió hace 16 años. A lo que el secretario respondió: “Fueron hechos que se sometieron a los tribunales y le quiero decir que cuando esto ocurrió yo ya no estaba en el gobierno para que nadie pueda decir que tenía yo la posibilidad de influir en los juicios. Los juicios se hicieron, han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no se ha encontrado responsabilidad de mi parte”.

Clara Regalt, una de las simpatizantes zapatistas que acudieron a la protesta, explicó su presencia en la conferencia: Chuayffet es uno de los responsables de lo que ocurrió, nunca ha sido juzgado, ni siquiera imputado, mientras que la gente de Acteal sigue reclamando justicia.

Precisamente en este momento , los mismos que hicieron la masacre están acosando y desplazando a la comunidad de Puebla. No pensamos permitir que ningún responsable del asesinato de 45 indígenas y de las heridas de 26 pase por aquí dándonos lecciones. Queremos y reclamamos justicia”

Advierten sobre empresa canadiense que explotará una mina 14 años desde 2015


Urgen al Congreso a hacer la regulación debida para cerrar el paso a Torex Gold Resources

RAYMUNDO RUIZ AVILÉS ( Corresponsal)

Taxco, 7 de noviembre. La empresa canadiense Torex Gold Resources explotará por 14 años a partir de 2015 la mina Morelos Norte ubicada en la zona Norte de la entidad, misma que tendrá una producción máxima de 494 mil onzas por año, lo que la colocaría en una de las tres principales minas de oro de México, sin conocerse los efectos ambientales y sociales que puedan ocasionarse, señala un informe que está integrado a la iniciativa de proyecto de reforma de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Guerrero.

En la iniciativa, que comprende 26 páginas y que está en manos de este reportero, se destaca “la urgencia del Congreso para hacer la regulación y atención política, debido a que una de las mineras transnacionales dueñas de concesiones mineras en el estado realizará una explotación, sin saber los efectos ambientales y sociales que tendrá la región Norte”.

En una de las páginas se da a conocer que la mina Morelos Norte, será “de las tres minas de oro más grandes de México y la número 20 a nivel mundial” y que se ubica aproximadamente a 50 kilómetros al suroeste de Iguala.

De acuerdo con la empresa extractora -dice el proyecto de ley-, la mina contaría con reservas probadas y probables por un total de 48.8 millones de toneladas con contenidos promedio de oro y plata.

La explotación minera de la Morelos Norte operará en dos tajos abiertos: El Limón y Los Guajes; la vida del yacimiento está estimada en 14 años con una producción anual de 494 mil onzas de oro.

Según la información que fue recabada del periódico El Economista como antecedente para la reforma de ley, la mina comenzará a trabajar a partir de 2015.

Ante esta situación, se pretende hacer una modificación de ley en las fracciones del desarrollo minero ambiental compensatorio, del plan de sustentabilidad ambiental de remediación minera a la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Guerrero.

En el documento se menciona que la minería posee un impacto ambiental regresivo y acumulativo, debido a que la Ley Minera no obliga a las compañías mineras grandes, medianas o pequeñas a establecer una relación horizontal de responsabilidad social y de beneficio compensado en la explotación de los recursos mineros existentes.

“La intención de la propuesta -se asienta en el proyecto- es ir más allá de la supuesta buena voluntad de las empresas extranjeras o nacionales, concesionarias de títulos mineros, para otorgar recursos o apoyos económicos, que las más de las veces se interpretan como dádivas otorgadas a los propietarios de la tierra y no como legítimos derechos naturales de los mismos”.

Reactivan en Guerrero protestas contra la reforma educativa


HÉCTOR BRISEÑO Y
 MARGENA DE LA O

Unos 200 profesores disidentes marcharon por las avenidas costera Miguel Alemán, en la zona turística, y Cuauhtémoc, para manifestarse contra la reforma educativa.

En su trayecto, los mentores lanzaron consignas contra los tres niveles de gobierno; en su caminata se dirigieron al ayuntamiento, el que tomaron de forma simbólica durante unos minutos.

En el palacio municipal, una comisión de docentes se reunió con la secretaria general del ayuntamiento, Magdalena Camacho Díaz, a quien hicieron la petición de que el gobierno municipal se una al repudio de las reformas educativa y energética.

El vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), Román Meinardo López Pachuca, manifestó que “esta es una continuación de nuestra lucha que inició el pasado 25 de febrero. Estamos en el diseño de nuestro plan de acción, estamos en la etapa informativa, estamos todos coordinados en diversos estados de la República para llevar a cabo esta lucha de forma paralela”, y advirtió que podría haber próximamente un paro de labores generalizado.

López Pachuca informó que las 9 de la mañana de este jueves fue el arranque de la caravana motorizada con rumbo a la ciudad de México, la cual partió de Chilpancingo, pasó por Iguala y Puente de Ixtla.

Recalcó que “las reformas no tienen nada de benéfico para la sociedad, y sí para un grupo elitista que quiere controlar a México”

Enfatizó que “la reforma malamente llamada educativa, la cual no tiene ningún beneficio para la sociedad, la están encauzando hacia la privatización de la educación, pues se cobrará a los padres todo lo que se necesita para su sostenimiento”.

El vocero de la Ceteg indicó que a profesores de Tecoapana, Ayutla y San Luis Acatlán les han descontado su salario por participar en las protestas magisteriales.

En cuanto a la labor de la secretaria de educación en Guerrero, López Pachucha externó que “Silvia Romero únicamente ha seguido a pie juntillas las indicaciones que le da el gobernador del estado”.

Por otra parte en Chilpancingo, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) partieron a la ciudad de México esta mañana, en la que llamaron la caravana motorizada, con el fin de sumarse al plantón de la CNTE en el Monumento de la Revolución por la derogación de la reforma educativa.

Alrededor de las 10 horas partieron de la alameda Granados Maldonado unos 20 vehículos con maestros cetegistas hacia la capital del país, por la carretera federal. Minervino Morán Hernández, coordinador de la Ceteg en zona Centro, informó que la primera parada sería en Iguala, donde se sumarían más compañeros, incluso el secretario general de la Ceteg, Gonzalo Juárez Ocampo. La segunda parada, dijo, sería en Cuernavaca, Morelos.

Explicó que las dos paradas era para realizar a la vez una jornada informativa a los padres de familia para que se enteren de lo que significa “la mal llamada reforma Educativa y sus leyes secundarias”.

Dijo que esperaba que esta misma noche la caravana de Guerrero llegara a la cuidad de México, donde también pararían las de Oaxaca y Yucatán.

Calculó que con la caravana se sumaban unos 500 maestros cetegistas al plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, además del paro en Costa Chica.

La detención del líder de la Crac, una advertencia para la lucha social: ONG


HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 7 de noviembre. Activistas de organizaciones consideraron la detención de Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) en Tixtla, como una advertencia del gobierno estatal hacia los movimientos sociales.

El líder de la Unión Campesina Democrática en la Costa Grande (UCD), Bernardo Solís Radilla, opinó que “es una pena que a los activistas se les criminalice, y una tristeza que el gobierno no cumpla las demandas”.

Condenó que se sigan dando la desaparición, detención, persecución y asesinatos, como el caso de Rocío Mesino Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Atoyac.

“El hecho que organices a las personas no significa que eres un terrorista”, dijo Solís Radilla.

Recalcó que la detención de Molina es “algo que le pega a la sociedad y una situación terrible tratar de conspiración y terrorismo a las organizaciones, yo creo que no es justo”.

Solís Radilla hizo hincapié en que la Crac debe ser respetada, sobre todo por la defensa de los pueblos originarios.

Por su parte, el dirigente ecologista de Defensores de los Bosques de Tepetixtla, Francisco Rodríguez Luna, señaló que hay una tendencia a la represión del gobierno estatal y federal contra las organizaciones y “la gente que está contra las mañas del sistema”.

Recordó que a raíz de la entrada del presidente Enrique Peña Nieto “se puede ver la tendencia, ahí tenemos la represión a los maestros en el Zócalo (capitalino) y ahí se ve la tendencia, el autoritarismo de siempre, de los partidos”.

Insistió en que las organizaciones de la entidad deben reorganizarse y agruparse en un solo frente, aunque aceptó como una desventaja que se siguen manteniendo aisladas las diversas luchas sociales.

“Definitivamente es tiempo de que las organizaciones demos a conocer a otro nivel, que se está reprimiendo a los luchadores sociales, a un plano internacional y gritar lo que está sucediendo en Guerrero, en todo el país”, dijo.

Coincidió en que sí es una advertencia la detención de Molina, ya que el gobierno teme a que los pueblos se organicen.

Trasladan a Gonzalo Molina a la cárcel federal de Oaxaca, informa Tlachinollan


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 7 de noviembre. El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) en Tixtla, Gonzalo Molina González, fue trasladado a un Cefereso de Oaxaca, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

El secretario de Seguridad Pública, Javier Lara Montellano, dijo que el traslado fue para evitar protestas por miembros de la Crac y organizaciones sociales. En una entrevista muy breve en Casa Guerrero, después del acto en que el presidente Enrique Peña Nieto lanzó el Plan Nuevo Guerrero, comentó que simplemente no pueden tener en penales de Guerrero a ningún miembro de la Coordinadora.

Rosales Sierra, quien es el asesor legal a partir de hoy a Molina González, porque ayer, día de la detención, no le permitieron tener acceso al expediente, informó que fue trasladado durante la madrugada.

Anoche, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, maestros cetegistas y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) protestaron afuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo, donde trasladaron a Molina González después de ser detenido en un retén de la Policía Ministerial del Estado (PME) en Tixtla, y exigieron su liberación.

Durante esa protesta, Rosales Sierra mencionó que el promotor de la Crac se negó a dar su declaración preparatoria con la asistencia sólo de un defensor de oficio.

Detalló que esta mañana, acudió a los juzgados del penal de Chilpancingo para informarse del caso de Molina González, se enteró de que fue trasladado. “Hasta ayer por la noche parecía que nuestro compañero Gonzalo iba a permanecer aquí, pero hoy nos informan que ya no está, que al parecer lo trasladaron en la madrugada al Centro Federal de Readaptación (Cefereso) número 3 estado de Oaxaca”.

El abogado consideró que en el traslado existe la intencionalidad política de desarticular al movimiento que representa la organización. También advirtió su traslado dificultará la defensa del promotor.

Lo mismo ocurrió con la coordinadora de la Crac en Olinalá, Nestora Salgado García, presa en un penal federal de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro agravado.

Rosales Sierra denunció que en este año los gobiernos estatal y federal han detenido a 40 miembros de la Crac, de los cuales 12, incluidos Salgado García y Gonzalo Molina, siguen presos.

Los delitos que les signaron al promotor de la Crac en Tixtla son privación ilegal de la libertad, lesiones y terrorismo.

Ayer, el procurador Iñaki Blanco Cabrera, en conferencia de prensa, detalló justamente de los delitos que le siguen al promotor. Fue cuestionado del caso particular del delito de terrorismo, y atajó: “estos asuntos penales requieren de algo que los abogados llamamos elementos subjetivos determinados, y en el caso, se generó temor, zozobra y pánico en la población”.

La dirigencia del PAN en el estado, en un comunicado, exigió al gobierno estatal investigue a fondo los casos de los líderes sociales e integrantes de la Policía Comunitaria, incluso, exhortó al gobernador Ángel Aguirre Rivero, “que así como detuvo al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina González, también agilice las detenciones de los responsables de haber entregado permisos ilícitos en zonas de alto riesgo”.

Sancionar a culpables del ataque a maestros, pide PT


El tema de las excesivas medidas de seguridad y el enfrentamiento entre maestros y policías, durante la toma de protesta de la actual Cámara, salió a relucir en la primera sesión ordinaria de la LXIII Legislatura, pues los diputados Fidel Robles Guadarrama y Minerva Salcedo pidieron hacer uso de la voz para fijar su postura al respecto.

El petista pidió que se deslinden responsabilidades y se sancione a los responsables del enfrentamiento al limitar el derecho de manifestación y restringir el acceso a los veracruzanos a la casa del pueblo.

Por su parte, la integrante de Antorcha Campesina, Minerva Saucedo Vaca, se deslindó del enfrentamiento entre maestros y algunos ciudadanos, que la venían acompañando a fin de brindar su respaldo al momento de la toma de protesta.

Al inicio de la sesión, cuando se dio lectura al acta de la reunión anterior, el petista Robles Guadarrama pidió hacer uso de la voz, buscó subir a la tribuna para fijar, lo que dijo, era su postura personal, de los hechos ocurridos al momento de que rindieron protesta.

Lamentó que fueron testigos de cómo se impidió el paso de algunos ciudadanos al recinto legislativo y cómo se buscó limitar la libre manifestación.

Recordó que el acta que se aprobó en la primera sesión no daba constancia de cómo se limitó manifestarse y hasta circular a quienes integraban el magisterio, cuando a otros ciudadanos, especialmente priístas, si se les permitió el acceso.

“Y yo quiero dejar constancia en actas que el martes pasado, durante la instalación de la sesión, hubo un suceso en donde se le impidió el paso a invitados a esa sesión. Hubo exceso de la fuerza de la guardia de la propia legislatura que jaloneó y lastimó a mujeres y que no constan esos sucesos en esta acta”, dijo.

Reconoció que el dejar constancia del tema en la numeraria legislativa sería disonante, pero insistió que era necesario hacer pública su postura, “y para la constancia de la historia color de rosa de la legislatura”.

Reiteró que el exceso de fuerza pública en la ceremonia de protocolo de instalación de la Cámara y el hecho de limitar la libre manifestación, debe ser aclarado.

Ya al finalizar la sesión, la diputada plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Minerva Salcedo Baca se deslindó públicamente al señalar que militantes de Antorcha Campesina no participaron en las agresiones que sufrieron los maestros que se manifestaron en las inmediaciones del recinto legislativo.

Insisten que la gente que la acompañó, lo hizo de manera pacífica para ser testigo de su toma de protesta.

Hay que mencionar que integrantes de Antorcha Campesina arribaron desde las cuatro de la mañana a la avenida Encanto, para esperar a la ceremonia de protocolo y en reiteradas ocasiones se enfrentaron verbalmente a los maestros a los que calificaron de “flojos” y quienes les llamaron “paleros”.

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