jueves, 20 de junio de 2013

Corte invalida Ley Duarte que condenaba a tuiteros


La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley en Veracruz que castiga hacer afirmaciones falsas por cualquier medio, incluidas las redes sociales.

Por 10 votos contra uno, los ministros resolvieron que el artículo 373 del Código Penal de Veracruz viola la libre expresión, el derecho a la información y la exacta aplicación de la ley penal.

El congreso veracruzano aprobó esta disposición, conocida como Ley Duarte, en 2011, luego de que dos tuiteros divulgaron supuestos hechos del crimen organizado que resultaron ser falsos. Los legisladores optaron por sancionar la difusión de falsa información, incluso ambos tuiteros fueron encarcelados.

“Si bien existe interés público para evitar alarma, desasosiego, pánico o movilizaciones de personas de manera descontrolada o anárquica, generada por afirmaciones falsas, la medida del legislador no cumple con el requisito de necesidad“, dijo el ministro Jorge Pardo Rebolledo.

La SCJN invalidó esta ley tras una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que buscó anular la disposición.

No obstante, después los legisladores locales reformaron la norma.

Con información de Reforma, El Universal

SLP ocupa el lugar 15 nacional en agresiones y ataques a periodistas


SELEN TERÁN

En su visita a San Luis Potosí para participar en el Foro Regional sobre Evaluación de Riesgos y Medidas para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el experto en materia de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, y miembro de la Universidad de Investigación y Formación de Protección Internacional Luis Enrique Eguren, incongruentemente para la investidura del organismo que representa, evadió hablar con la prensa local ya que dijo, era una visita técnica a la que obedecía su presencia en la capital y no para dar entrevistas a la prensa local; en su lugar, la información fue proporcionada por el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, quien aseveró que San Luis Potosí ocupa el lugar 15 a nivel nacional en agresiones y ataques contra periodistas; asimismo, confirmó que aún se desconoce el paradero de los dos periodistas desaparecidos en la zona Media y Huasteca el año pasado.

Con la presencia de diversas personalidades relacionadas con los derechos humanos, se dio inicio al primer foro abocado a la defensoría de los derechos de periodistas, al cual fue citada la prensa local, sin embargo al momento de abordar a Luis Enrique Eguren, quien representaba además a la Organización de las Naciones Unidas, este, en al menos tres ocasiones, rechazó dar entrevistas, primeramente argumentando que la situación del periodismo actual no permitía conceder la información solicitada, esto dicho a través de una persona que le acompañaba; en otro intento por abordarlo, justificó diciendo que a San Luis no venía a dar entrevistas.

En su lugar, el experto en protección a periodistas, Fernando Batista Jiménez, dio a conocer que a nivel nacional la CNDH tiene documentado, del 2000 a la fecha, 84 casos de homicidio en perjuicio del periodista; 20 casos de periodistas desaparecidos del 2005 a junio del presente año, y 39 casos de atentados a instalaciones de medios de comunicación a nivel nacional.

Lamentablemente, en todos los casos que han registrado persiste la impunidad, en 90 por ciento de los casos no se ha dictado una sentencia condenatoria: “en la medida que no se abata este problema, difícilmente las medidas de prevención pueden tener efectos positivos”, señaló.

Pese a esto, expresó que el estado potosino cuenta con un garante a la libertad de expresión al ya contar con la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo en San Luis Potosí, la cual protege a la democracia y el estado de derecho, sin embargo la entidad se encuentra en el lugar décimo quinto de agresiones contra el ejercicio del periodismo, los estados con mayor número de quejas en perjuicio de dicha profesión son el Distrito Federal, Veracruz y Chiapas.

Las agresiones que son una constante son vejaciones a la seguridad jurídica, legalidad, libertad, trato digno, y a la integridad física y personal de los periodistas. En este caso, los grupos que arremeten contra la libertad de expresión a través de los comunicadores son el crimen organizado y las autoridades.

Periodistas desaparecidos en San Luis Potosí

El 13 de mayo de 2012, Federico Manuel García Contreras, reportero gráfico del diario Punto Crítico con sede en el Distrito Federal, fue reportado como desaparecido sus familiares, presuntamente en el municipio de Tanquián de Escobedo; a más de un año que esto ocurriera, la CNDH verifica que se integre la averiguación previa.

Con respecto del caso de Adela Jazmín Alcaraz López, vista por última vez el 2 de octubre del año pasado, Batista Jiménez expresó que el expediente sigue abierto, la comisión está verificando que las averiguaciones previas no estén vulnerando los derechos humanos; la indagatoria se encuentra en la Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión, misma que fue remitida a la Procuraduría General de Justicia del Estado: “lo importante aquí es que se encuentren a los periodistas, y sobre todo que no queden impunes”, finalizó.

Marchistas en el DF denuncia represión de RMVR; pedirán hoy a Malverde ablande su corazón


Por : Yadira Llaven

En represión a la Marcha-Caravana por la Dignidad de los Poblanos, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas efectuó la tarde de este miércoles dos operativos violentos para decomisar 10 mototaxis en los municipios de Acatzingo y Cuautlancingo; mientras que el Ministerio Público de Cholula mandó a citar hoy jueves al abogado defensor de este gremio Hilario Alonso, como medida de presión para que renuncien a la movilización.

Lo anterior fue denunciado por la diputada federal Roxana Luna Porquillo, quien encabeza el plantón indefinido que más de un millar de poblanos mantiene instalado frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), sobre la Avenida Bucareli de la capital del país.

A manera de sátira, este jueves a las 13 horas los marchistas poblanos se trasladarán a la capilla del santo de los narcos Jesús “Malverde”, para pedir que se ablande el corazón del gobernador panista y atienda la demanda de su pueblo. Los ejidatarios, campesinos, mototaxitas, tianguistas y comuneros poblanos marcharán de la Avenida Bucareli sobre Reforma hasta llegar a la Avenida Hidalgo, en pleno centro de la ciudad de México, donde se encuentra una capilla en honor al “bandido milagroso”.

Para el acto, los inconformes están convocando a los medios de comunicación nacional, a quienes evidenciarán la represión y criminalización de la lucha social que padecen del gobernador de Puebla, motivo por el cual precisamente se encuentran en protesta en la ciudad de México.

“El gobierno del estado nos están reprimiendo con operativos, con citatorios judiciales a nuestro grupo de abogados, pero esta agresión no nos amedrenta, nos fortalece”, dijo anoche al teléfono la legisladora cholulteca.

Se desangran frente a la Segob federal para protestar contra insensibilidad de Moreno Valle


Por : Yadira Llaven

Ante la insensibilidad del gobierno morenovallista para dar respuesta a los rezagos que se padecen en la entidad, se desangró una comisión de la Marcha–Caravana por la Dignidad de los Poblanos frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), como una forma de presión para exigir a las autoridades estatales y federales que se instalen mesas de trabajo y se resuelva el rezago de padecen ejidatarios, campesinos, obreros, comerciantes y otros grupos sociales del estado de Puebla.

El acto se llevó a cabo a las 13 horas frente al edificio público, ubicado en la Avenida Bucareli de la capital del país, donde se encuentra instalado un plantón indefinido de un millar de integrantes de la marcha.

La legisladora federal Roxana Luna, junto con integrantes del Movimiento Nacional los de Abajo y varios frentes sociales del estado de Puebla, se quitaron sangre con jeringas, que utilizaron como tinta en pancartas para demandar audiencia y diálogo al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

La decisión de quitarse sangre y pintar con ello algunas mantas en contra del gobierno panista, será llevó a cabo con la supervisión de médicos y enfermeras para evitar un problema de salud.

Este acuerdo se tomó en una asamblea pública, efectuada a la medianoche de este martes a mitad de la Avenida Bucareli, en la que participaron más de 3 mil manifestantes que marcharon a pie de la ciudad de Puebla a la capital del país. Lo anterior luego de que no se llegó a un acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), en un primer acercamiento, para instalar mesas de trabajo y resolver demandas de índole estatal y federal, como el rescate del campo, la regularización del servicio de transporte de mototaxis, y la cancelación de la construcción del Libramiento Poniente, entre otras peticiones.

Tras la protesta, tanto hombres como mujeres que participan en el plantón lanzaron al cielo 20 palomas blancas, que simbolizan la paz, el diálogo y la concordia, que consideraron debe tener el gobernador Rafael Moreno Valle. “Esperamos que estas aves de paz surque los cielos y lleguen a Casa Puebla y a las oficinas del gobernador”, exclamó la legisladora federal Roxana Luna Porquillo, quien encabeza la marcha.

En las patas de las palomas iba escrito el mensaje: “sólo queremos audiencia señor gobernador, escúchenos, los poblanos queremos diálogo”.

En su arribo a la capital del país, la marcha poblana recibió el respaldo del Movimiento Nacional Los de Abajo, de diputados federales y asambleístas de la ciudad de México, estos últimos a través de la legisladora Ana Julia Hernández Pérez, quienes llevarán a la tribuna legislativa este jueves un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Rafael Moreno Valle que atienda y reciba a los inconformes.

Los diputados federales pidieron públicamente al gobernador poblano respeto al derecho de audiencia y se frene la criminalización de los movimientos sociales en el estado.

En el tercer día de protestas, Luna Porquillo refirió –en entrevista telefónica– que sólo buscan una audiencia y diálogo público con el titular del Ejecutivo de Puebla para resolver los diversos problemas de trabajadores, campesinos, mototaxistas y vendedores ambulantes.

Informó que una comisión de los más de 3 mil inconformes que arribaron a la Ciudad de México, en la marcha masiva por la Dignidad de los Poblanos, sostuvo la noche del martes una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, a quienes pidieron sean garantes e interlocutores para que Rafael Moreno Valle instale mesas de trabajo para solucionar las problemáticas de la entidad.

La diputada cholulteca advirtió que, de lo contrario, si hay desinterés del gobierno morenovallista por atender la demanda, el plantón se quedará de forma indefinida afuera de las oficinas que dirige Miguel Ángel Osorio Chong. Otros problemas que se denunciaron al paso de la Marcha–Caravana son la adjudicación de 480 hectáreas de la zona del volcán Izta–Popo, que está en manos de particulares de la comunidad de San Lucas Atzala.

También plantearon la posibilidad de establecer un centro de abasto para los campesinos de la región de las Cholulas, quienes suministran todas las hortalizas a Puebla y el Distrito Federal, para acabar con el coyotaje de los productos. La diputada de origen cholulteca adelantó que la Segob se comprometió a dar respuesta este viernes al contingente poblano, por lo que estarán en pie de lucha hasta ese día.

“Mientras no haya respuesta del gobierno federal, no nos moveremos de Bucareli”, advirtió.

Denuncian actos de intimidación de la empresa Esperanza Silver


Raúl Morales Velázquez

CUERNAVACA. Activistas del Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones de Metales Preciosos, presentaron ayer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en la que denuncian actos de intimidación por parte de personal de la Minera Esperanza Silver y autoridades municipales, así como en contra del Sistema Operativo de Agua Potable de San Agustín Tetlama.

Por su parte, ex trabajadores de la minera exigieron al gobierno del Estado les dé empleo, “porque, al irse el proyecto de Morelos, más de 70 familias no tenemos recursos”.

Primero, los integrantes del movimiento mencionaron que especialmente las intimidaciones son contra los habitantes de Tetlama opositores, que desde el día 19 de mayo del año en curso se unieron a este movimiento en contra de la explotación de la mina, así como a opositores de Cuentepec, Milpillas y Tetlama, los cuales han sido vigilados y amedrentados por dispositivos policiacos.

Los afectados señalaron, al inicio de su queja, que desde el mes de enero del año en curso se han realizado diferentes acciones de intimidación, persecución, golpes, allanamientos, entre otros, por parte de policías de Temixco y otras personas; por lo que se les hizo la invitación a denunciar dichos actos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ante este escenario el organismo que encabeza la ombudsman Lucero Ivonne Benítez Villaseñor radicó la queja número 270/2013-6, en donde se solicitaron los informes respectivos al gobernador constitucional del Estado, al presidente municipal de Temixco, al secretario de Seguridad Pública de Temixco y al Sistema de Agua Potable de San Agustín Tetlama; así como adoptar las medidas precautorias necesarias por parte de las autoridades antes señaladas; y a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, evitar enfrentamientos entre particulares, con la finalidad de prevalecer el orden y la paz pública.

Más tarde, en Casa de Morelos, un grupo de ex trabajadores de la minera Esperanza Silver, encabezados por Manuel Espínola acudieron a exigir al mandatario estatal les apoye y que se les regresen sus empleos; “no se vale que el gobernador haya hecho hasta lo imposible por sacar el proyecto de Morelos, a pesar de que la mayoría de la comunidad estaba a favor del proyecto, que nos daba empleo a 70 habitantes con un sueldo de mil 750 pesos semanales”.

Consideraron, los que están a favor de la mina, que en todo trabajo hay riesgos; “lo único que queremos es trabajar, por eso acudimos a que el gobierno nos apoye, porque a pesar de que la empresa estaba haciendo las cosas correctas, el gobierno ayudó para que esto no se lograra, sin importarle que nos quedáramos varias familias sin la fuente de empleo”. Dijo Manuel Espínola que la empresa otorgó muchos apoyos a las comunidades, “apoyos que el gobierno jamás nos dio, en escuelas, salud, y a la misma comunidad”; se dijeron conscientes de los posibles daños ambientales que ocasionaría el proyecto; “todos los sabemos, era un riesgo que se corría”.

Afirmaron que de no darles respuesta favorable, “tomarán varias dependencias para presionar al gobierno para que les dé apoyos”.

Agreden a activistas de Taxco que fueron a SG


RAYMUNDO RUIZ AVILÉS ( Corresponsal)

Ciudad de México, 19 de junio. Integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), entre ellos el diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, quienes se unieron a otras organizaciones sociales del Frente Amplio Campesino en esta ciudad, fueron agredidos por granaderos durante la marcha que realizaron en la ciudad de México para protestar por la retención de los recursos de vivienda rural, los cuales frenan 20 proyectos de casas para la comunidad indígena de Tlamacazapa y por el incumplimiento al Nuevo Pacto Rural.

Los taxqueños llegaron hasta la ciudad de México en el Monumento a la Revolución para reunirse con otras organizaciones y marchar contra la nula respuesta del gobierno federal por apoyar al campo.

Cientos de personas demandaron una nueva reforma para favorecer al sector agrícola. En el trayecto, los manifestantes exigieron que se liberen los recursos de vivienda rural federal, que afecta a las comunidades del país.

En la caravana, donde estuvo presente el diputado federal De la Rosa Peláez, así como líderes de Guerrero de la CODUC, exigieron que en el Pacto por México se incluya al sector y también se despolitice el tema del campo.

En tanto, los taxqueños exigieron al presidente Enrique Peña Nieto la liberación de recursos para 20 viviendas para indígenas de la comunidad de Tlamacazapa, que están detenidos.

Los integrantes de la organización manifestaron que es necesario que se reaperturen los apoyos a los indígenas de Guerrero, donde Tlamacazapa es uno de los más afectados.

Llegaron hasta la Secretaría de Gobernación (SG) para la realización del Nuevo Pacto por el Campo y ante el rompimiento del diálogo dentro del lugar, abandonaron el recinto, aunque afuera ya los esperaban los policías federales, quienes agredieron a los manifestantes entre ellos al diputado De la Rosa Peláez, así como otros activistas de Guerrero.

De la Rosa Peláez explicó que después que ingresaron a la SG y al romperse el diálogo, salieron del recinto, pero los policías “en una confusión” empezaron a empujar a los de la CODUC.

La PCP explica a universitarios del DF sus diferencias con la Crac y la Upoeg


Las tres organizaciones se levantaron en armas para prevenir y combatir actos delictivos, afirma

SALVADOR CISNEROS SILVA ( Enviado)

Ciudad de México, 19 de junio. Ante estudiantes de la UNAM, la UAM y Chapingo, los integrantes de la Policía Comunitaria y Popular explicaron que la Crac, la Upoeg y la PCP “nos levantamos en armas para combatir y prevenir los actos delincuenciales; tenemos la responsabilidad de vigilar”.

“No nos organizamos para hacer la guerra; nosotros somos partidarios de la paz, del amor a la naturaleza y el respeto a la vida; además, (vinimos a) exigir al gobierno el retiro del Ejército y la Marina de nuestro territorio, ya que sólo han estado hostigando a los pobladores”, agregó una de las dirigentes, Sitlaly Pérez Vázquez.

En su cuarto día de brigada nacional denominada La Palabra que Camina, la PCP visitó la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana y la de Chapingo, donde fueron recibidos con entusiasmo. Posteriormente denunciaron que los guardias de seguridad privada irrumpieron en los autobuses donde viajan, revisaron las mochilas de los brigadistas y las dejaron tiradas.

Las condiciones de viaje han sido precarias: han tenido que pedir donaciones para comprar tortillas y arroz para comer, además de dormir en pasillos y en el piso de bodegas, y de pasar frío.

En las universidades que visitaron explicaron el motivo de la brigada nacional y lo que es la PCP, cuándo surgió, sus principios y lo que implica el sistema de seguridad y justicia.

“La Policía Ciudadana y Popular nació primeramente el 2 de diciembre del 2012, con motivo del 38 aniversario de la muerte de profesor Lucio Cabañas Barrientos y por la presencia de la delincuencia organizada en el territorio comunal de Temalacatzingo; por segunda vez, el 13 de febrero del 2013, ante el constante robo de ganado, tala de árboles, asaltos y toda la delincuencia organizada que se notaba en el territorio. Por ello surgió la Policía Ciudadana y Popular de Cualac”, explicó durante su participación el comandante Tespostototl.

En las tres universidades se le preguntó a los representantes la diferencia entre la PCP, la Crac y la Upoeg, a lo que explicaron que “todos nos levantamos en armas para combatir y prevenir los actos delincuenciales; tenemos la responsabilidad de vigilar, de velar por los intereses de nuestros pueblos, pero lo que nos diferencia de las otras policías es que nosotros trabajamos para promover el desarrollo de las comunidades desde abajo, construyendo la soberanía popular porque sabemos que ésta es la verdadera democracia, la democracia participativa a través de las asambleas, trasformación social de nuestra forma de pensar, de convivir y de cuidar a la naturaleza, porque ella es la que nos da la vida”.

Los universitarios agradecieron a la PCP su presencia. “Nos llena de alegría el tenerlos en nuestro plantel y que anden recorriendo las universidades para invitarnos a ser partícipes de este movimiento que pretende hacer una transformación social. Sabemos que no es nada fácil, pero ustedes nos están dando el ejemplo para dar el primer paso, y nosotros como estudiantes tenemos que ser partícipes”, dijo un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Por otra parte, en entrevista, la representante Sitlaly Pérez Vázquez denuncio que durante su estancia en la UNAM, la policía privada de la universidad cometió abusos contra la PCP: “cuando terminamos la presentación en la Facultad de Ciencias Políticas y al ingresar a nuestro camión en el que nos transportamos, nos dimos cuenta de que la policía había revisado los objetos y pertenencias, ya que las cosas estaban tiradas y las mochilas no estaban en donde mis compañeros las habían dejado”.

Torturan militares a mujer en Petatlán, acusan vecinos


HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)

Zihuatanejo, 19 de junio. Vecinos de San Jeronimito, municipio de Petatlán, denunciaron que hace tres días entró un convoy militar del 19 Batallón, con asiento en esa cabecera, y torturaron y golpearon a una anciana de 60 años “para que confesara” dónde estaba su hijo, y la encadenaron en su propia casa, ubicada en la entrada a Potrerillo.

Manifestaron que el convoy llegó a la entrada de Potrerillo y se dirigió a la casa de la mujer. “Todos vieron a los guachos, pero se echaron a correr porque les tienen miedo”. La anciana de 60 años no huyó de los militares.

Sin embargo, testigos en el lugar se dieron cuenta de que la mujer fue encadenada a una silla y golpeada simultáneamente en ambos ojos; “la emborracharon, le empinaban botellas de vino para que confesara y la encadenaron”.

Una vecina de San Jeronimito, que omitió su nombre por seguridad, mencionó que le exigían a Martha que dijera dónde estaba su hijo, porque ella sabe a lo que se dedica, pero la anciana no podía hablar por los golpes propinados por los militares.

Los uniformados dejaron golpeada y encadenada a la mujer, que se dedica a los quehaceres domésticos, recoger botes de plástico y hacer mandados para obtener dinero para su manutención.

Las autoridades tienen en sus manos una nueva oportunidad para combatir la violencia contra las mujeres.




El día de hoy, Amnistía Internacional ha dirigido una carta a la secretaría del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVCM), con motivo de su reunión el día de mañana, 21 de junio, solicitando a esta dependencia reconsiderar su decisión de rechazar la declaración de la alerta de violencia de género en el Estado de México.

La alerta de género es un mecanismo de emergencia previsto en la legislación para hacer frente a la violencia de género, incluyendo los feminicidios.

Amnistía Internacional ha visto con preocupación cómo pese a que la violencia contra mujeres y niñas es generalizada en numerosas estados, y que se ha solicitado en diferentes ocasiones la aplicación de esta medida, hasta el momento se ha rechazado reiteradamente. Esta es una muestra más de la falta de aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.

La organización reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que estas modifiquen sus procedimientos para así garantizar la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género y otras medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.

Esta preocupación ha llegado también a organismos internacionales. El Comité para la Eliminación de todas las formas de Violencia Contra las Mujeres expresó en 2012 su preocupación por el aplazamientos en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular […] las ineficiencias procesales que previenen la activación del Mecanismo de Alarma de Género, y recomendó al Estado mexicano abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de Alerta de Género.

Amnistía Internacional, considera que las autoridades mexicanas están ante una nueva oportunidad de mostrar su compromiso real con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para ello, el SNPSEVCM, debe decidir de manera fundada y motivada sobre la procedencia de la declaratoria de alerta de género en el Estado de México.

Información adicional

En enero de 2011 el SNPSEVCM rechazó la declaratoria de alerta de género en el Estado de México. Ante esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron un amparo que finalmente llevó a una resolución judicial que obliga al Sistema considerar nuevamente su decisión de forma motivada y fundad.

Amnistía Internacional ha denunciado que un problema fundamental en torno a la inoperatividad de la alerta de violencia de género es que el SNPSEVCM se compone de ciertas instancias federales y de los institutos de la Mujer de los diferentes estados, los cuales dependen directamente del ejecutivo de cada estado. Así los ejecutivos estatales se convierten en juez y parte en la decisión, puesto que una medida que podría afectarlos es decidida por ellos mismos.

La alerta fue establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia justo para romper este círculo de impunidad y lograr una respuesta efectiva de diversas autoridades con la participación de la sociedad civil. La dificultad experimentada en la práctica para utilizar este mecanismo suscita serias preocupaciones acerca del compromiso de las autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de todos los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género.

El presupuesto con perspectiva de género

EN CONCRETO
Laura Itzel Castillo

Hace unos meses acudí a la presentación del "Manual para ciudadan@s no expert@s en presupuesto con perspectiva de género en salud" elaborado por Dulce María Cinta Loaiza e Ivonne Cisneros Luján, de la Universidad Veracruzana.

Este interesante trabajo es resultado de una investigación que evalúa la integración y aplicación del presupuesto con esta perspectiva, enfocado a la salud.

Si bien la perspectiva de género, es un concepto del que se habla frecuentemente, no siempre, está bien aplicado, pues no todos conocen su significado y mucho menos las herramientas para poder traducirlo en políticas públicas.

El manual elaborado por estas dos investigadoras, explica a las interesadas en participar en la formulación de presupuestos, desde los conceptos básicos hasta algunas estrategias para su aplicación.

Para hablar sobre estos temas, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y la Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C han organizado el foro “El presupuesto para la salud, desde una perspectiva de género: Logros y desafíos” con la participación de Ivonne Cisneros, una de las autoras del manual y con diputadas federales, locales, funcionarias, académicas y especialistas en estos temas.

Estarán la diputada Aída Fabiola Valencia de Movimiento Ciudadano, Mónica Soto, Secretaria de Equidad y Género del PRD, la diputada Malú Micher, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Aurora del Río, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, del PT, Presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del DF, la doctora Edda Arrez del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Martha Juárez Pérez de Consorcio Ciudadano y Daniela Díaz del Centro de Análisis e Investigación.

Sin duda, este evento será un espacio adecuado para reflexionar acerca de las acciones que se deben incorporar en el diseño de políticas públicas que combatan la desigualdad entre hombres y mujeres.

El Foro se realizará los jueves 27 de junio y 4 de julio de 2013, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Veracruzano, ubicado en Av. Miguel Ángel de Quevedo 687 en Coyoacán, en la Ciudad de México. La entrada es libre.

[Info-cdhbcasas] Boletín Frayba: 17 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

20 de junio de 2013

Boletín No.14

17 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres

Se admite el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Hace 17 años, el 20 de junio de 1996, en el poblado Miguel Alemán, municipio de Tila, Chiapas, fue desaparecida Minerva Guadalupe Pérez Torres (en adelante Minerva), indígena chol, de 19 años de edad. Ese día, integrantes del entonces grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, la interceptaron mientras se dirigía a visitar a sus padres en la comunidad Masojá Shucjá, en la zona baja de Tila.

Según información con la que cuenta este Centro de Derechos Humanos, así como sus familiares, Minerva fue golpeada y violada sexualmente por sus captores durante tres días. A 17 años de estos hechos se desconoce su paradero.

Es importante hacer mención que la desaparición de Minerva, está enmarcada en una estrategia de guerra de contrainsurgencia planeada por el gobierno de México en la zona Norte de Chiapas, de manera particular en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, entre otros municipios de esa región, e implementada por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, el cual ha sido demostrado a través de los años que fue impulsado y entrenado por el gobierno de México, tal como lo indica el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de su visita a Chiapas en 1998.[1]

Ante la falta de justicia en México, los familiares de Minerva, así como otros familiares de víctimas de esa región, presentaron en el año 2004 una petición contra el Estado mexicano ante la CIDH; en dicha petición se entregó información sobre la desaparición forzada de 32 hombres y 5 mujeres, así como la ejecución de 7 mujeres y 78 hombres, todos indígenas choles, como una muestra significativa de la guerra de baja intensidad que se implementó en la zona Norte de Chiapas entre 1995–2000, que a la fecha sigue teniendo efectos psicosociales en las comunidades indígenas de esa región. De los 122 casos documentados por este Centro de Derechos Humanos ocho conforman la petición ante la CIDH (P- 1121-04).

Tras años de búsqueda de justicia, el 20 de marzo de 2013, en la 147º periodo de sesiones de la CIDH, este organismo emitió el informe de admisibilidad, indicando que el Estado mexicano es presunto responsable de violaciones a derechos humanos (Caso 12.901). En dicho informe la CIDH indica que en el caso de Minerva se violó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y la protección a la honra y dignidad tal como lo marca la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”.

Para este Centro de Derechos Humanos, la lucha contra la impunidad tiene que ver con el derecho a la verdad, al no olvido, a la reparación del daño y a la no repetición son elementos importantes para la justicia.

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[Info-cdhbcasas] Boletín Frayba: Desmedida incursión policial en Venustiano Carranza

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

19 de junio de 2013
Boletín de prensa No.13

Desmedida incursión policial en Venustiano Carranza

En el marco de la Mesa de diálogo y concertación, el gobierno estatal pone en marcha operativo policiaco contra Comuneros de la Casa del Pueblo.

Este Centro de Derechos Humanos recibió información sobre graves sucesos que ponen en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de la población en general que habita en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas.

Comuneros de los Bienes Comunales de la Casa del Pueblo, Agentes de Pastoral y pobladores de Venustiano Carranza nos han informado, que el 18 de junio de 2013 por la tarde se puso en marcha un operativo policíaco, respaldado por las Fuerzas Armadas, que avanza hacia los Barrios y Zona Urbana en donde tienen presencia campesinos integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Casa del Pueblo del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-CP-FNLS).

Testimonio de los habitantes refiere sustancialmente que:

Ayer (lunes 17 de junio) comenzaron de nuevo las agresiones, comenzaron allanando la casa del Comisariado de Bienes Comunales (José Vázquez Hernández) para detenerlo pero no lo encontraron en su casa; desde ahí empezaron de nuevo los sobrevuelos de helicópteros y la incursión de la Policía Estatal y Ministerial en los barrios de Venustiano Carranza.

El martes 18 de junio a las 4:30 de la tarde, alrededor de 30 camiones tipo 'torton' con cientos de elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron a las entradas de la cabecera municipal, entrando por el Barrio de San Francisco y de San Pedro con lujo de violencia, tirando gases lacrimógenos, realizando disparos al aire, golpeando y deteniendo a personas que se encuentran a su paso; estas acciones son apoyadas por dos helicópteros que también lanza gas lacrimógeno a la población en general, afectando gravemente a mujeres, niños y ancianos que han quedado atrapados en sus casas.

Todo esto está ocurriendo justo cuando ayer se tuvo la segunda mesa de diálogo de la OCEZ Casa del Pueblo con el gobierno estatal, y se tenía otra programada para este miércoles (19 de junio), por lo que vemos que no hay voluntad mínima para respetar el acuerdo de los temas a tratar

Por lo anteriormente expuesto este Centro de Derechos Humanos responsabiliza al gobierno del estado de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco Coello, de los hechos de violencia que se cometen por las Fuerzas Públicas, en agravio de los Comuneros de la OCEZ-CP-FNLS, justo en el marco de una negociación iniciada por funcionarios de su gabinete en donde figura el actual Secretario de Gobierno, Noé Castañón León, como perpetrador de estas acciones de nula congruencia política.

En ese sentido, también exhortamos e insistimos a las autoridades civiles y militares a que se conduzcan protegiendo y garantizando los derechos humanos de los pobladores de Venustiano Carranza, en específico el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, previniendo actos de violencia que generen actos de imposible reparación; urgiendo también al Gobernador de Chiapas para que privilegie la búsqueda de una solución pacifica evitando en todo momento el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública.

Antecedentes:

05 de mayo de 2013 una confrontación, entre integrantes de la OCEZ-CP-FNLS y OCEZ-Chiapas, en la cabecera municipal de Venustiano Carranza deja como saldo dos personas muertas, varias casas quemadas y decenas de familias desplazadas pertenecientes a la OCEZ-Chiapas.

23 de mayo, 26 de mayo y 17 de junio, se realizan tres detenciones arbitrarias en contra de integrantes de la OCEZ-CP-FNLS, que mantiene aún en prisión a 9 personas: Sebastián Gómez Vázquez, Miguel Vázquez Mendoza, José Ángel Alcázar Hidalgo, Juan Mendoza Espinoza, Rodrigo Díaz Solano, Ismael Díaz Coutiño, Catarina Gómez Martínez, José Manuel Vázquez Mendoza y José del Carmen Mendoza Espinoza. Por información documental tenemos conocimiento de 167 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

30 y 31 de mayo, integrantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, de resolución de conflictos y construcción de paz realizaron tareas de documentación, entrevistando a integrantes de la OCEZ-CP-FNLS y OCEZ-Chiapas constatando las graves condiciones que afrontan ambos grupos ante la acción y omisión de autoridades del gobierno estatal en el marco del conflicto.

10 de junio, en la Secretaria General del Gobierno de Chiapas, se reúne con autoridades federales y estatales con integrantes de la OCEZ-CP para instalar formalmente la Mesa de Diálogo y Concertación en cuyo acuerdo destaca tratar el tema de “Retiro de las fuerzas públicas a sus cuarteles”.

Pue/Méx. ELMO GUZMÁN FUE ABSUELTO: UN CASO MÁS DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL


Ciudadano perseguido injustamente por las autoridades al exigir rendición de cuentas a Presidente Auxiliar Municipal de Ixtepec.

La causa penal que se inició en contra de Elmo Guzmán Vázquez por el delito de “daño en propiedad ajena por incendio”, registrado con el número de proceso 154/2009, radicado en el Juzgado del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, resulta un caso ejemplificativo de corrupción, abuso de poder, omisión jurídica e inoperancia del sistema de procuración y administración de justicia. Este caso ilustra la venganza política y las graves violaciones a derechos humanos, ya que desde la integración de la averiguación previa que inició el Ministerio Público de Huehuetla, quedaron evidenciadas las deficiencias de las pruebas, manipulación de las declaraciones, la falta de cientificidad y claridad en los peritajes.

La maquinación del delito de daño en propiedad ajena por incendio, tuvo la finalidad de señalar a tres personas como probables responsables, entre ellos a Elmo Guzmán Vázquez. El presumible contubernio entre las autoridades pretendió intimidar a la ciudadanía que logró participar en el proceso de denuncia por desvío de fondos y la consecuente destitución del Presidente Auxiliar de San Martín Ixtepec, el señor Filiberto Gómez Guzmán, quien junto con su esposa Olga García Pérez, son los supuestos agraviados en el proceso citado.

Elmo Guzmán Vázquez solicitó apoyo al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J de Universidad Iberoamericana – Puebla, Institución que lo canalizó al Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”. Este centro de derechos humanos en coordinación con la Red de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla asumieron el caso y la defensa de Elmo Guzmán.

Dentro de las inconsistencias del proceso penal, destacan las siguientes:

Las declaraciones de los agraviados y del menor (hijo de los testigos), resultan completamente iguales, conservando incluso, errores ortográficos y de redacción.

Los peritajes fueron elaborados sin rigurosidad científica y técnica, lo cual quedó evidenciado cuando la Segunda Sala Penal de Puebla, resolvió la Apelación en contra del auto de formal prisión, en el sentido de reclasificación del delito, ya que el peritaje en incendios resulto deficiente para acreditar la responsabilidad de Elmo Guzmán.

Es decir, el que fuera un delito grave implicaba que Elmo Guzmán siguiera su defensa en la cárcel, sin embargo la reclasificación permitió que siguiera el juicio en libertad.

El único señalamiento directo hacia Elmo Guzmán era el del menor Filiberto Gómez García, quien fue requerido en diferentes ocasiones por la defensa a declarar ante el Juez, sin embargo, nunca se presentó.

Por otro lado, en autos constan las declaraciones de los señores María Flora García Pérez y Abraham Lucas Guzmán quienes señalan que, la noche de los hechos los supuestos agraviados llevaron a sus hijos a la casa de los testigos, ya que estos son tíos de los menores, para que los cuidaran; y en ese momento les contaron cuales eran sus planes. En esta declaración, también señalan a los cómplices de los supuestos agraviados siendo estos los señores: Nicasio Guzmán Gómez y Artemio Gómez Guzmán.

Incluso existe una denuncia en contra de Nicasio Guzmán Gómez, interpuesta por Indalecio Guzmán Vázquez, ante el Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, con número de registro 25/2011/H, hermano de Elmo Guzmán, ya que esta persona lo amenazó de muerte si Elmo Guzmán continuaba con su defensa. Sin embargo dicha denuncia fue archivada, no obstante que se presentaron pruebas suficientes para acreditar el hecho.

Esta no fue la única ocasión en que la Elmo Guzmán y su familia fueron amedrentados.

El día 25 de junio de 2012, Elmo Guzmán sufrió un atentado de muerte, ya que el señor Ramón JuárezJuárez le disparó, sin atinar, cuando se encontraba con su hermano Alfredo Guzmán Vázquez y su cuñado Francisco Hernández, rumbo al rancho Kakxunin para ayudar a su padre en el campo con la limpieza de una siembra de jícama.

Elmo se comunicó con su esposa y le pidió que denunciara los hechos en el pueblo, para que les dieran auxilio. Llegaron los policías auxiliares y detuvieron al responsable de los disparos y encontraron el arma escondida entre la maleza; en ese momento pasaba el Regidor de Gobernación del pueblo de San Martín el señor Rafael Guzmán Lobato, a quien le hicieron saber lo acontecido y le mostraron el arma.

Los policías Auxiliares presentaron al atacante, el señor Ramón Juárez, ante el Presidente Auxiliar de San Martín, quien lo puso a disposición de la Policía Municipal de Ixtepec. Al ser un delito grave el Juez de Paz no recibió la declaración y los envió con el Ministerio Público de Huehuetla. Sin embargo, en la agencia se negaban a tomar la declaración, alegando que no se encontraba la Titular y que tendrían que ir a Zacatlán. No hubo respuesta hasta que intervino la REDDH y el Centro Joel Arriaga pues sólo de esta forma se tomó la denuncia de Elmo Guzmán, registrándose con el número de Averiguación Previa 64/2012 H. No obstante se dejó en libertad al señor Ramón Juárez, sin que hubiera fianza de por medio. A lo cual alegó el Ministerio Público que la Policía Municipal nunca puso a disposición al detenido. Hasta el momento no ha habido avances en la investigación, poniendo en riesgo la vida de Elmo y la seguridad de su familia por la mala intervención del Ministerio Público, ya que a pesar de que Elmo labora en el Distrito Federal su familia reside en la Comunidad de Ixtepec y es constantemente agredida por el señor Filiberto Gómez Guzmán y la señora Olga García Pérez .

Actualmente se sigue la Queja número 6670/2012 ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla por el actuar omiso y negligente de las autoridades ante el intento de homicidio de Elmo Guzmán Vázquez, el día 25 de junio del año pasado. Como es predecible en estos casos, las autoridades niegan los hechos, sin embargo, consta en el oficio signado por el Regidor de Obras Públicas de San Martín Ixtepec, dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la relatoría de los hechos ocurridos y de los cuales él fue testigo; así como los testimonios de quienes estuvieron presentes.

La sentencia en primera instancia del proceso contra Elmo Guzmán Vázquez resultó absolutoria, ya que el Juez determinó que en autos no se demostró la existencia de los elementos del tipo penal de daño en propiedad ajena por incendio.

No obstante, esta fue incorrectamente apelada por el Ministerio Público adscrito al Juzgado de Zacatlán, sin ningún fundamento ni justificación jurídica, lo que resulta un abuso de autoridad y en consecuencia afecta la libertad de Elmo debido a que al estar sometido a juicio tiene que continuar firmando en Zacatlán a pesar de haber sido declarado inocente. Hasta el momento estamos en espera de la resolución del Tribunal de Alzada.

Por lo anteriormente expuesto exigimos:

La absolución total de Elmo Guzmán Vázquez.
El actuar oportuno y eficiente de la autoridad para la integración de las denuncias interpuestas por Elmo y su familia. Garantizar la integridad de Elmo y su familia, señalando como responsables de lo que pudiera ocurrirle a las autoridades que han estado interviniendo en los diferentos momentos y situaciones La reparación del daño moral a Elmo Guzmán Vázquez, que le ha causado detrimento patrimonial y de salud a causa de ser juzgado por un delito que no cometió.

Atentamente

Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”
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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH