sábado, 31 de julio de 2021

PRIMERO DE AGOSTO, OXIGENACIÓN DEL ESTADO BURGUES

La demanda de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes contra el pueblo es legítima, exigencia que desde hace décadas enarbolan las víctimas de la violencia de Estado y el pueblo organizado.

Hoy, la actual junta administrativa manipula y mutila esta demanda para dotarse de legitimidad con la simulación de una consulta que garantiza impunidad a los personeros del régimen y mantiene intactas las estructuras del Estado mexicano.

La “consulta popular” del primero de agosto, promovida desde el Ejecutivo federal no tiene el objetivo de “juzgar a los expresidentes” ni otorgar justicia para el pueblo explotado y oprimido, se devela como un mecanismo para mediatizar una histórica demanda popular y conducir el descontento hacia el fortalecimiento de la democracia burguesa.

Persigue continuar y fortalecer la aparente legitimidad de la administración morenista a nombre de una cuarta transformación, por lo que permite a la junta administrativa y al interés oligarca oxigenar las contradicciones producto de la crisis económica y política que se vive en el país.

Ante la realidad lacerante que vive el pueblo mexicano, que se confronta con el discurso presidencial y la permanencia de un Estado que responde a los intereses de una minoría explotadora, para la política burguesa se hace necesario aplicar mecanismos que soporten la careta de la junta administrativa con supuesta democracia participativa.

Sin embargo, al no modificarse el origen de la explotación y la opresión, al edificar un proyecto de nación sobre los mismos principios capitalistas y reproducir las formas burguesas de hacer política, el bono electoral producto de la manipulación del descontento popular hacía una “transformación pacífica” se agota en la medida que no se resuelven ni se toman medidas concretas para la solución de las demandas populares, fundamentalmente en los temas de verdad, justicia y alto a la violencia de Estado.

Las voces de juicio y castigo que desde hace años se levantan denunciando la violencia de Estado hoy como antes, se les ignora, criminaliza, reprime y ejecuta. Los familiares y organizaciones que claman justicia por las víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, represión, quieren ahogarlas en las grietas del voto y en mecanismos administrativos económicos que no resuelven sus demandas.

La necesidad política para el Estado burgués es reforzar los mecanismos de dominación de la dictadura del capital, que en estos momentos tiene como principal figura la democracia burguesa. Este aparato se fortalece en la medida que simula ser efectivo para resolver las demandas populares y se hace pasar por representante del interés del pueblo, aunque en los hechos esté alejada del interés popular y fortalezca a las instituciones burguesas y políticos de oficio. La “consulta” sirve a los personeros del régimen para mantenerse en la pugna por el poder burgués, medrando y a costa de las necesidades y demandas populares.

En este escenario la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace gala, institución que no ha emitido fallos por los múltiples casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ampliamente documentados, al que se suma la negativa a emitir un fallo sobre el caso de desaparición forzada de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Avala la “consulta” y establece una pregunta ambigua que no busca juzgar a los responsables de los crímenes contra el pueblo, determinación que demuestra los intereses burgueses que representa y la nula intención de cuestionar a los altos mandos del Estado mexicano.

A pesar de las contradicciones internas con el Instituto Nacional Electoral (INE), éste asume la tarea de organizar la “consulta popular” con un presupuesto de 522 millones de pesos. Es evidente que la contradicción con el Ejecutivo federal no es de carácter antagónica, pues ambos sirven a los intereses oligárquicos para mantener doblegada la voluntad popular de combatir.

Si la intención de la junta administrativa es generar los mecanismos para enjuiciar a los expresidentes, se debe aplicar y ejercer la justicia contra los criminales de Estado, no conducir al pueblo al laberinto de la institucionalidad burguesa para lavarse las manos ante su “ineficacia” y argumentar: “se intentó, pero no nos dejaron”.

La demanda popular que exige juicio y castigo a los personeros del Estado por los crímenes cometidos contra el pueblo es legítima, justa y necesaria. Demanda política que no puede reducirse al ámbito individual, vulgarizarla en la personificación de intereses “malvados y perversos”. Es necesario enjuiciar a los politicastros y la cadena de mando de las fuerzas policíaco militares que tienen responsabilidad en el cometido de crímenes contra el pueblo.

Es el mismo Estado burgués mexicano, sus politicastros y personeros, los que ejecutan la violencia reaccionaria contra el pueblo, el mismo ente represivo que ahora, con aires de renovación, se remoza en su papel de verdugo del capital.

La consulta del primero de agosto, que se reduceal inicio o no de un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, más que el juicio a los expresidentes, es un mecanismo administrativo y burocrático para ahogar la exigencia de juicio y castigo a los responsables de la violencia de Estado y diluirlo en los mecanismos del estado de derecho oligárquico.

Representa una maniobra del Estado mexicano para evadir su responsabilidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad y darle vuelta a la hoja para continuar con la ejecución de la violencia contra la clase trabajadora, desechando piezas y remozando otras se busca eliminar el fenómeno político: la violencia contra el pueblo tiene origen y promoción en el Estado burgués mexicano, independientemente de la junta administrativa que lo ostente, es un mecanismo para ejercer la opresión contra las masas populares, es el pilar que sostiene el poder burgués.

Si la violencia y los agravios contra el pueblo vienen de diversas estructuras de Estado, no se reduce con llevar a juicio a los que representaron la junta administrativa burguesa, sino al cúmulo de políticos de oficio y mandos de las fuerzas policíaco militares responsables de organizar, dirigir y accionar la voluntad oligárquica, personeros que aún continúan en la nómina y ejercen funciones en las administraciones burguesas.

La “consulta” se perfila como un laberinto leguleyo donde se busca garantizar impunidad a los criminales de Estado, que mediatiza el descontento popular al llevar las demandas políticas a los terrenos de la democracia burguesa. Donde el accionar del pueblo nuevamente queda reducido en el estado de derecho oligárquico.

Confiar en la justicia burguesa es crear falsas esperanzas en el pueblo y condenarlo a mayor opresión de manos de los personeros del capital.

La lucha contra la violencia de Estado debe mantenerse alejada de las manos corporativizantes de la junta administrativa, continuar exigiendo castigo a los responsables intelectuales y materiales de la violencia contra el pueblo, presentación con vida de los detenidos desaparecidos, libertad a los presos políticos, alto a la militarización, con la claridad de que el responsable es el Estado mexicano como ente capitalista.

Es el Estado mexicano el que debe ser juzgado, como responsable de las cientos de miles de víctimas de la violencia de clase, por las políticas antipopulares a favor de los grupos oligárquicos, por la sumisión y dependencia hacia el imperialismo, por reproducir y mantener este régimen oprobioso. Dentro de esto los politicastros y funcionarios de acuerdo a su grado de responsabilidad, por lo que si existe el interés de aplicar justicia se debe enjuiciar a los responsables y poner un alto a la violencia reaccionaria.

Objetivo que en las manos de las instituciones burguesas se utiliza como mediatizador y paliativo del descontento, no llegará a término bajo las leyes e instituciones capitalistas. Por lo que se nos presentan objetivos concretos para su desarrollo, desenmascarar el carácter de las juntas administrativas con el combate político a la vez que se crean los espacios de poder político que respondan al interés de las masas trabajadoras, expresados en su germen: organismos de combate popular que construyan conciencia proletaria y relaciones alejadas de los principios político-morales burgueses.

La voluntad popular de combatir debe derivar en la construcción del poder político del pueblo, donde la  justicia sea efectiva y se haga valer con la autodefensa armada de las masas.

 

PDPR-EPR

EN TORNO A LA "CONSULTA POPULAR".

 Más allá de la consulta, los enemigos del pueblo deben ser expropiados

 

En torno a la llamada "consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado" señalamos lo siguiente.

En primer lugar sostenemos la tesis de que todo alto gobernante del Estado mexicano es culpable. Han cumplido y siguen cumpliendo el rol de defensores de la explotación, son los lugartenientes de los capitalistas en la lucha de clases, han actuado y siguen actuando como enemigos del pueblo en esa función. Es esa función y la base económica del imperialismo la que naturalmente mueve a utilizar métodos acordes a tal; desapariciones, masacres, asesinatos, terrorismo de estado, colusión con el crimen organizado, despojo, tráfico de influencias, latrocinio, soborno, corrupción, etc.

Si se está de acuerdo con el criterio científico de que es el interés de clase que defienden el que sirve para tener un punto de vista objetivo; y tras partir de esa generalidad adecuar el grado de participación del individuo, y no el del criterio de la fantasmagórica moral de sus características personales, entonces podemos notar la primera contradicción de dicho planteamiento. La consulta para enjuiciar a unos es simultáneamente la consulta para guardar la impunidad de otros. Es a leguas una farsa que se enjuicie a Salinas de Gortari por el fraude de 1988 sin enjuiciar al operador del mismo; y actual titular de CFE, Manuel Bartlett. Es a leguas una farsa que se enjuicie a Enrique Peña Nieto por los crímenes de Lesa Humanidad en Ayotzinapa sin enjuiciar a operadores aún más directos y hoy intocables como el General Cienfuegos, Omar García Harfuch, y el magnificado Ejército Mexicano, etc. Es a leguas una farsa que se enjuicie a Ernesto Zedillo por el FOBAPROA que endeudó terriblemente a todo el pueblo mexicano para beneficio estricto de los banqueros y que no se enjuicie a los banqueros beneficiados; es más se les premia colocando a la consejera de Banorte en la Secretaría de Gobernación. Y así, ad nauseam pudiéramos continuar. Ninguno de los crímenes contra el pueblo fue infligido a título individual y su ejecución misma presupone una fuerza organizada, misma que debe ser sometida y desmantelada.

En segundo lugar y derivado de la primera, sostenemos la tesis de que ningún juicio es serio sin enjuiciar al beneficiario del crimen contra el pueblo y sin restituir el daño. Si solo existieran los Presidentes como una fuerza externa y sobrepuesta a la sociedad; como se presenta en la tesis de los responsables personales, la lucha general de "toda la sociedad" contra dichos individuos y sus allegados sería de fácil y sencilla resolución para zanjar. La realidad es sin embargo distinta, la realidad es que no existe una "sociedad toda" como tal ni los gobernantes le son exteriores, existen clases en pugna y es la clase que domina económicamente la que monta su aparato estatal, y éstos individuos los que encabezan sus juntas de administradores, sucediéndose conforme la lucha requiere de métodos más o menos sanguinarios, más o menos demagógicos, conforme el ciclo del capital está en expansión o en crisis. Los beneficiarios de las políticas de las 3 décadas que se ponen en la picota con la llamada Consulta son ocultados, y esto es lo más grave y central. No serviría privatizar si no hubiera como precondición un privado que reciba el bien público en calidad de nuevo capital acumulado. No es factible el planteamiento de que existen quienes venden en calidad de mercancía su voluntad expresada como votos del poder legislativo, fallos del poder judicial, órdenes del poder ejecutivo, etc., sin existir simultáneamente compradores de dicha mercancía. Es culpable el funcionario público enriquecido durante los 3 o 6 años de su encargo, lo son aún más en calidad de autores intelectuales y beneficiarios principales los capitalistas beneficiados por 30 o 60 años de acumulación a partir de dicho acto.

La consulta para enjuiciar a los actores políticos es la consulta para ocultar a los beneficiaros económicos. Éstos ahí siguen con nuevos operadores, a saber los actuales gobernantes. Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Salinas Pliego, etc., los capitalistas son los beneficiarios máximos de todos esas gestiones criminales y la actual gestión criminal. Los 72,000 desaparecidos y 350,000 asesinados bajo Calderón, Peña Nieto y Obrador son el corolario de la acumulación capitalista donde la burguesía de traje y la de cuerno de chivo se entrelazan financiera y políticamente con sus gobernantes de turno. Ninguna justicia pudiera si quiera de lejos ostentarse como tal señalando solo a uno o dos de los responsables materiales sin señalar a los responsables intelectuales, sin restituir el daño. La restitución del daño; y en esto vamos a insistir es la expropiación a los beneficiarios de los crímenes contra el pueblo. A la fecha ninguna de las más de 1100 empresas privatizadas ha sido expropiada, estatizada, nacionalizada, socializada, lo arrancado a la soberanía popular no le ha sido ni se plantea devolver. Ni Telmex, ni Altos Hornos, ni las mineras, ni la banca privatizada, etc. Al contrario; partiendo de dicha tesis podemos señalar también el carácter criminal de la actual gestión que antepuso las ganancias de los capitalistas a las vidas obreras en el manejo de la pandemia al costo de un cuarto de millón de fallecidos al momento, la inmensa mayoría trabajadores.

En tercer lugar sostenemos la tesis de que el pueblo ya ha emitido un fallo en este rubro. Es una verdad reconocida el que el sentido de la votación del 2018 fue en favor del castigo a tales enemigos del pueblo del pasado, un acto que ni inició ni concluyó la lucha contra ellos. Ya el fallo del pueblo está fundamentalmente dado, años de luchas callejeras, levantamientos, choques masivos, expresan dicho sentido. Esa ira justa que motiva a no pocos proletarios a participar la entendemos. La entendemos porque esos enemigos del pueblo que tienen cuentas pendientes en lo general, tienen también cuentas pendientes con los comunistas de este país a quienes nos deben la sangre de nuestros muertos y desaparecidos en Guerrero y Tamaulipas. Pero no se trata solo de simpatía, sino de reconocer lo que no se reconoce en la consulta. Esa ira es el resultado natural de todo lo que los administradores de la burguesía llevan a cabo para sostener la acumulación de nuestros patrones, que en México el sistema supura lodo y sangre a cantidades bárbaras todos los días y el objetivo de la consulta no es acabar con lo que origina la ira de la clase trabajadora, sino de confundirla, apaciguarla, ofuscarla, y alejarla de encontrar una solución satisfactoria. De ahí que en lugar de que el poder constituido supuestamente con tales votos cumpla con el sentido del mandato para el que se le dio la mayoría absoluta en todos los niveles de gobierno por parte de sus apoyos populares; pues era una de sus banderas de campaña, se entrega una consulta en términos oscuros, equívocos, etc.

La consulta no va acorde con el veredicto popular, le pone un serio obstáculo. Básicamente se pide que se le ratifique con una votación similar y ampliada a la del 2018 a Morena a cambio de iniciar "pesquisas" y "procedimientos" contra algunos de los funcionarios del pasado; salvando a otros funcionarios civiles y militares, y encima ignorando a los beneficiarios de dichos enemigos del pueblo. A diferencia de las campañas electorales donde; aún de manera marginal, pudiera caber la posibilidad de presentar una plataforma en el mero interés de confrontar con ella a las fuerzas políticas burguesas, en este ejercicio se presenta un falso dilema una verdadera jaula para atrapar nuestra posición política. O con los funcionarios enemigos del pueblo que siguen en sus mismos partidos de origen o con los funcionarios enemigos del pueblo que se afiliaron al nuevo Partido gestionador de la explotación. Se pide enjuiciar a los administradores pero legitimar lo administrado, la explotación.

Por todo lo anterior no participaremos de dicha consulta. El sentido de nuestra propaganda y agitación en los siguientes días será en el sentido de que es necesario expropiar para enjuiciar a los enemigos del pueblo y castigar a todo el que participó y participa como su operador estatal. Para lograr esa justicia que va más allá de encarcelar a los presidentes, y muchísimo más allá de pretender que se hace, se requiere de un Nuevo Estado, un Estado de los trabajadores. Que somos partidarios de que los bienes mal habidos que la burguesía arrebató bajo el manto de tales funcionarios le sean arrebatos a su vez para ponerlos a disposición de las necesidades de la clase obrera y el pueblo.

 

¡Proletarios de todos los países, uníos!

 

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de México