La demanda de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes contra el pueblo es legítima, exigencia que desde hace décadas enarbolan las víctimas de la violencia de Estado y el pueblo organizado.
Hoy, la actual
junta administrativa manipula y mutila esta demanda para dotarse de legitimidad
con la simulación de una consulta que garantiza impunidad a los personeros del
régimen y mantiene intactas las estructuras del Estado mexicano.
La “consulta
popular” del primero de agosto, promovida desde el Ejecutivo federal no tiene
el objetivo de “juzgar a los expresidentes” ni otorgar justicia para el pueblo
explotado y oprimido, se devela como un mecanismo para mediatizar una histórica
demanda popular y conducir el descontento hacia el fortalecimiento de la
democracia burguesa.
Persigue
continuar y fortalecer la aparente legitimidad de la administración morenista a
nombre de una cuarta transformación, por lo que permite a la junta
administrativa y al interés oligarca oxigenar las contradicciones producto de
la crisis económica y política que se vive en el país.
Ante la
realidad lacerante que vive el pueblo mexicano, que se confronta con el
discurso presidencial y la permanencia de un Estado que responde a los
intereses de una minoría explotadora, para la política burguesa se hace
necesario aplicar mecanismos que soporten la careta de la junta administrativa
con supuesta democracia participativa.
Sin embargo, al
no modificarse el origen de la explotación y la opresión, al edificar un proyecto
de nación sobre los mismos principios capitalistas y reproducir las formas
burguesas de hacer política, el bono electoral producto de la manipulación del
descontento popular hacía una “transformación pacífica” se agota en la
medida que no se resuelven ni se toman medidas concretas para la solución de
las demandas populares, fundamentalmente en los temas de verdad, justicia y
alto a la violencia de Estado.
Las voces de
juicio y castigo que desde hace años se levantan denunciando la violencia de
Estado hoy como antes, se les ignora, criminaliza, reprime y ejecuta. Los
familiares y organizaciones que claman justicia por las víctimas de
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, represión, quieren
ahogarlas en las grietas del voto y en mecanismos administrativos económicos
que no resuelven sus demandas.
La necesidad
política para el Estado burgués es reforzar los mecanismos de dominación de la
dictadura del capital, que en estos momentos tiene como principal figura la
democracia burguesa. Este aparato se fortalece en la medida que simula ser
efectivo para resolver las demandas populares y se hace pasar por representante
del interés del pueblo, aunque en los hechos esté alejada del interés popular y
fortalezca a las instituciones burguesas y políticos de oficio. La “consulta”
sirve a los personeros del régimen para mantenerse en la pugna por el poder
burgués, medrando y a costa de las necesidades y demandas populares.
En este
escenario la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace gala, institución
que no ha emitido fallos por los múltiples casos de desaparición forzada y
ejecución extrajudicial ampliamente documentados, al que se suma la negativa a
emitir un fallo sobre el caso de desaparición forzada de nuestros compañeros
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
Avala la
“consulta” y establece una pregunta ambigua que no busca juzgar a los
responsables de los crímenes contra el pueblo, determinación que demuestra los
intereses burgueses que representa y la nula intención de cuestionar a los
altos mandos del Estado mexicano.
A pesar de las
contradicciones internas con el Instituto Nacional Electoral (INE), éste asume
la tarea de organizar la “consulta popular” con un presupuesto de 522 millones
de pesos. Es evidente que la contradicción con el Ejecutivo federal no es de
carácter antagónica, pues ambos sirven a los intereses oligárquicos para
mantener doblegada la voluntad popular de combatir.
Si la intención
de la junta administrativa es generar los mecanismos para enjuiciar a los expresidentes,
se debe aplicar y ejercer la justicia contra los criminales de Estado, no
conducir al pueblo al laberinto de la institucionalidad burguesa para lavarse
las manos ante su “ineficacia” y argumentar: “se intentó, pero no nos dejaron”.
La demanda
popular que exige juicio y castigo a los personeros del Estado por los crímenes
cometidos contra el pueblo es legítima, justa y necesaria. Demanda política que
no puede reducirse al ámbito individual, vulgarizarla en la personificación de
intereses “malvados y perversos”. Es necesario enjuiciar a los politicastros y
la cadena de mando de las fuerzas policíaco militares que tienen
responsabilidad en el cometido de crímenes contra el pueblo.
Es el mismo
Estado burgués mexicano, sus politicastros y personeros, los que ejecutan la
violencia reaccionaria contra el pueblo, el mismo ente represivo que ahora, con
aires de renovación, se remoza en su papel de verdugo del capital.
La consulta del
primero de agosto, que se reduceal inicio o no de un proceso de esclarecimiento de las decisiones
políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, más que el juicio a los expresidentes, es un mecanismo administrativo y
burocrático para ahogar la exigencia de juicio y castigo a los responsables de
la violencia de Estado y diluirlo en los mecanismos del estado de derecho
oligárquico.
Representa una
maniobra del Estado mexicano para evadir su responsabilidad en el cometido de
crímenes de lesa humanidad y darle vuelta a la
hoja para continuar con la ejecución de la violencia contra
la clase trabajadora, desechando piezas y remozando otras se busca eliminar el
fenómeno político: la violencia contra el pueblo tiene origen y promoción en el
Estado burgués mexicano, independientemente de la junta administrativa que
lo ostente, es un mecanismo para ejercer la opresión contra las masas
populares, es el pilar que sostiene el poder burgués.
Si la violencia
y los agravios contra el pueblo vienen de diversas estructuras de Estado, no se
reduce con llevar a juicio a los que representaron la junta administrativa
burguesa, sino al cúmulo de políticos de oficio y mandos de las fuerzas
policíaco militares responsables de organizar, dirigir y accionar la voluntad
oligárquica, personeros que aún continúan en la nómina y ejercen funciones en
las administraciones burguesas.
La “consulta”
se perfila como un laberinto leguleyo donde se busca garantizar impunidad a los
criminales de Estado, que mediatiza el descontento popular al llevar las
demandas políticas a los terrenos de la democracia burguesa. Donde el accionar
del pueblo nuevamente queda reducido en el estado de derecho oligárquico.
Confiar en la
justicia burguesa es crear falsas esperanzas en el pueblo y condenarlo a mayor
opresión de manos de los personeros del capital.
La lucha contra
la violencia de Estado debe mantenerse alejada de las manos corporativizantes
de la junta administrativa, continuar exigiendo castigo a los responsables
intelectuales y materiales de la violencia contra el pueblo, presentación con
vida de los detenidos desaparecidos, libertad a los presos políticos, alto a la
militarización, con la claridad de que el responsable es el Estado mexicano
como ente capitalista.
Es el Estado
mexicano el que debe ser juzgado, como responsable de las cientos de miles de
víctimas de la violencia de clase, por las políticas antipopulares a favor de
los grupos oligárquicos, por la sumisión y dependencia hacia el imperialismo,
por reproducir y mantener este régimen oprobioso. Dentro de esto los
politicastros y funcionarios de acuerdo a su grado de responsabilidad, por lo
que si existe el interés de aplicar justicia se debe enjuiciar a los
responsables y poner un alto a la violencia reaccionaria.
Objetivo que en
las manos de las instituciones burguesas se utiliza como mediatizador y paliativo
del descontento, no llegará a término bajo las leyes e instituciones
capitalistas. Por lo que se nos presentan objetivos concretos para su
desarrollo, desenmascarar el carácter de las juntas administrativas con el
combate político a la vez que se crean los espacios de poder político que
respondan al interés de las masas trabajadoras, expresados en su germen:
organismos de combate popular que construyan conciencia proletaria y relaciones
alejadas de los principios político-morales burgueses.
La voluntad
popular de combatir debe derivar en la construcción del poder político del
pueblo, donde la justicia sea efectiva y se haga valer con la
autodefensa armada de las masas.
PDPR-EPR
