Avión derribado en Venezuela pertenecía al Cártel de Sinaloa

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El avión Hawker matrícula XB-MGM derribado el lunes 4 de noviembre del año pasado por la aviación militar de Venezuela pertenecía al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la indagatoria UEIORPIFAM/189/2013, difundida este lunes por el periódico Reforma, el avión era utilizado con regularidad por Manuel Eduardo Rodríguez Benítez, uno de los principales lavadores de dinero de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Rodríguez Benítez también está vinculado a la empresa Comercializadora y Distribuidora PVL, registrada en Polanco e investigada por la DEA por depósitos ilegales que ascendían a 17 millones 900 mil pesos.

Manuel Eduardo Rodríguez Benítez está vinculado con una red de empresas que expedían facturas apócrifas y que habrían blanqueado 3 mil 500 millones de pesos.

Dicha aeronave despegó el pasado primero de noviembre del aeropuerto internacional de Querétaro, procedente de Monterrey, Nuevo León.

Los cinco tripulantes abandonaron la aeronave antes de que fuera derribada por el gobierno de Venezuela. Según el presidente de dicho país, Nicolás Maduro, su administración ha destruido 30 aeronaves ligadas al narcotráfico.

Gobierno y Televisa preparan contrarreforma en telecomunicaciones: Villamil

Todo indica que en las próximas semanas no vamos a tener una leyes secundarias que profundicen en lo avanzado en la reforma en telecomunicaciones. Al contrario, que esto va a ser un retroceso.

Así lo advierte el periodista Jenaro Villamil en Noticias MVS primera emisión, al referir un nuevo “pacto” entre el gobierno federal y Televisa, de cara a la aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.

“Se trata de un pacto, otra vez, que no es nuevo, pero que se reactiva en función de leyes secundarias en esta materia”, explica Villamil.

“Ya escuchamos al secretario Comunicaciones pedir a legisladores del PRI que retrasen la fecha para que el Ifetel declare ‘agentes económicos preponderantes’ a empresas del sector”, señala al referirse a la resolución que ese instituto debe emitir en marzo, y que se prevé que irá contra Televisa y América Movil.

“Lo que vemos es que en las leyes secundarias de telecomunicaciones están preparando una contrarreforma”.

CA: -El senador Javier Corral dijo que hay “una disputa interna”, y que existe la intención de beneficiar a las televisoras.

JV: “Yo más que una disputa veo una regresión. Incluso gente que ya vio el borrador de leyes secundarias, lo calificaron como una contrarreforma. Hay varios signos que nos indican que no vamos a avanzar, y que habrá un retroceso.

Villamil confirmó que la reunión entre los directivos de Televisa con el presidente Enrique Peña Nieto se realizó en Valle de Bravo, estado de México, durante la inauguración de un campo de golf privado. Ahí –según sus fuentes- se platicó sobre la ley secundaria en telecomunicaciones, a la que él llama “la nueva ley Televisa”.

Aquí un fragmento del reportaje de Jenaro Villamil, publicado esta semana en Proceso:

“Alistan la nueva ley Televisa”

Proceso, 1 de febrero 2014

Paso a paso y reunión a reunión, la televisora va revirtiendo los aspectos de la reforma de telecomunicaciones que la afectan. El cabildeo llegó al máximo nivel y los principales directivos de la empresa se reunieron con Enrique Peña Nieto para cobrarle el trato de privilegio que le dispensaron en la campaña electoral que finalmente lo llevó a la Presidencia. A días de que se presente la propuesta oficial de legislación secundaria, todo indica que los gigantes están logrando leyes cortadas a la medida.

El 2 de enero de 2014, en los terrenos privados de Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez ubicados en el municipio mexiquense de Valle de Bravo (por el rumbo de la exhacienda Casas Viejas), un invitado muy especial inauguró el campo de golf de los principales directivos de Televisa: nada menos que el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo gusto por el golf está ampliamente documentado.

Pero el actual ocupante de Los Pinos no sólo fue a inaugurar los 18 hoyos del campo. También renovó el compromiso y las relaciones con la principal empresa de comunicaciones en México, la misma que lo llevó hasta la Presidencia de la República mediante un convenio millonario de spots y cobertura televisiva especial.

Las relaciones entre el primer mandatario y Televisa se enfriaron a raíz de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, aprobada el año pasado, y la tardanza en concretar los convenios de publicidad.

No obstante, desde el inicio de este año los principales espacios noticiosos de Televisa han privilegiado la versión oficial en los temas relacionados con Presidencia de la República, incluso en los casos más críticos como el conflicto en Michoacán.

En el encuentro en Valle de Bravo –comentan quienes se enteraron de la reunión– no sólo se renovó el buen trato sino que se cabildearon asuntos esenciales de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, cuya iniciativa oficial se conocerá en los primeros días de febrero.

En especial cuatro temas generaron el disgusto de Televisa: el proceso de investigación iniciado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para declarar al grupo como “agente económico preponderante” y la posibilidad de que tenga que vender activos y eliminar la propiedad cruzada en varias empresas, especialmente de televisión restringida; el proyecto de licitación de las dos cadenas de televisión digital abierta, anunciado formalmente por el mismo instituto el 20 de diciembre de 2013 a través del Diario Oficial de la Federación; el avance del llamado “apagón analógico” dentro del programa de Televisión Digital Terrestre, y la instalación, antes de que concluya 2014, de una “red compartida de servicios de telecomunicaciones” en la banda de 700 Mhz, que la empresa de Azcárraga Jean percibe como una amenaza para su proyecto de triple play.

Estos temas, entre otros, fueron los reclamos de Televisa, que pidió que en las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones sus intereses no fueran afectados. En especial, la empresa argumentó que la declaratoria de la compañía como “agente económico preponderante” puede desincentivar las inversiones que estaban programadas.

VERACRUZ: Se recrudece crimen en la sierra y podrían surgir autodefensas: Oinsz

FERNANDO INÉS CARMONA

Orizaba, Ver.- Organizaciones indígenas de la sierra de Zongolica amagan con crear grupos de autodefensa; la aparición de casos de secuestros, extorsión y asaltos sumado a la falta de operativos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se identifican como las principales causas además acusan que hay indiferencia oficial “pese a que hemos denunciado, no tenemos respuesta positiva”, además le reclaman a Enrique Peña Nieto la ineficacia de los cuerpos de seguridad nacional.

En entrevista, Isidro Tehuintle Pacheco dirigente de la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (Oinsz) señala que en la sierra hay hartazgo por las condiciones de inseguridad, incluso revela la aparición de hechos delictuosos poco comunes en la zona: “antes había asaltos, que en cierta forma eran normales, pero ahora ya hay secuestros, extorsiones, pago por el derecho de piso, eso no sucedía en la sierra”.

A la vez identifica a los municipios de Omealca, Tezonapa, Astacinga, Tehuipango, Xoxocotla y Zongolica, como las zonas en donde han aparecido este tipo de hechos, “las autoridades municipal y policiaca ya lo saben pero no haden nada”, lamenta. “Por mucho tiempo, dice, hemos sido víctimas de muchas dependencias de gobierno y somos extorsionados por la policía estatal, ministerial, tránsito de estado, policía federal, ministerio público, juzgados entre otras dependencias. Nuestro trabajo es tan fructífero que además alcanza para mantener a las familias de esos funcionarios” señala.

Pero ahora, relata, “no sólo vivimos estas injusticias sino que ahora somos víctimas de la delincuencia organizada por la que somos extorsionados, asaltados, pagamos derecho de piso o peor aún tenemos que pagar rescate de nuestros familiares secuestrados teniendo que deshacernos de nuestro patrimonio”.

Todo este escenario, conformado en los meses recientes, ya creó situaciones de hartazgo social, “por eso nos preguntamos ¿en dónde está el gobierno que dice ser el único que tienen derecho a salvaguardar la seguridad de la ciudadanía? Hemos denunciado cada una de estas situaciones, sin tener respuesta a nuestras demandas”. Estas condiciones mueven a los grupos sociales de indígenas de la sierra, plantea, “al análisis de conformarnos como grupos de autodefensa en la sierra de Zongolica, porque vivimos en medio de condiciones de inseguridad que ya son graves”.

Tehuintle Pacheco también señala que en la sierra, “vivimos al tanto de cada una de las problemáticas del país, pero ya no estamos dispuestos a seguir soportando tanta injusticia hacia nosotros y nuestras familias”. Asimismo le reclama al presidente Enrique Peña Nieto y lo hacen responsable de las condiciones de inseguridad que prevalecen en esas zonas de la sierra de Zongolica: “si sus dependencias de seguridad no tiene la capacidad de atender estas demandas, pedimos se nos reconozca como grupos de autodefensa o en todo caso conformarnos como policía rural para atacar y terminar con el cáncer que ataca la vida honesta de los mexicanos”.

El uso de la autodefensa, añade, es un derecho que no usarán por el hecho de hacerlo, “sino simplemente defendemos nuestras vidas ante la delincuencia que nos está extinguiendo día a día y cobra más víctimas sin que el gobierno ponga límite a toda esta situación”, concluye.

VERACRUZ: Juarochos quedaron abandonados a su suerte; mayoría regresó al norte

NORMA TRUJILLO BÁEZ

Una parte de los juarochos que fueron traídos de Ciudad Juárez en 2010 por el gobernador Fidel Herrera Beltrán en seis aviones Charters han regresado a la ciudad fronteriza, mientras que otros permanecen en la entidad, sin que les hayan cumplido lo que les prometieron: sin empleo, sin el seguro social, los niños no van a la escuela, sin el crédito de vivienda, abandonados a su suerte.

Aquel programa lanzado en la administración de Fidel Herrera Beltrán, donde incluso había una oficina con representación en Ciudad Juárez del gobierno de Veracruz coordinada por Luis Ramos Borunda, primo de Rosa Borunda de Herrera, quedó en papeles, mientras que los veracruzanos que vivían en Ciudad Juárez y aceptaron venir de regreso viven hoy en la pobreza.

De ello conversaron en el programa de radio Veracruz, tierra de migrantes: análisis y propuestas en Radio UV, el integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Carlos Garrido de la Calleja e Inés, estudiante de una maestría en el Colegio de la Frontera Norte.

Allí, Inés dijo: “soy residente nacida en Ciudad Juárez, me tocó este proceso de la llegada de migrantes; a partir de la época de los noventas se empieza a ver una representatividad significativa de muchos veracruzanos allá”.

También habló sobre el boom de la violencia, principalmente de los homicidios y cómo la gente se empezó a ir de Ciudad Juárez y se vuelve una ciudad fantasma, donde abandonan negocios, cierran maquiladoras, supermercados y se ve no sólo desplazamiento de migrantes sino de los mismos residentes de la localidad; sin duda, la salida más significativa de Ciudad Juárez fue la de los veracruzanos, conocidos como juarochos.

Inés sostuvo que hoy estudia el tema de la migración y el tema de la violencia y los desplazados de Ciudad Juárez, ya que ella también se había ido de dicha ciudad, pero dicidió estudiar a los veracruzanos “porque aparte de la inseguridad para que fueran desplazados, está la influencia del gobierno veracruzano donde se evidencia más esta situación del desplazamiento por algunos apoyos por parte del gobierno veracruzano en el 2010”.

Inés agrega que no todos los veracruzanos se fueron en ese programa de repatriación llamado Veracruz sin Fronteras, porque ese programa fue en el primer trimestre de 2010, cuando estaba fuerte la inseguridad en Ciudad Juárez, pero realmente el punto donde se registró los índices delictivos más altos fue durante el último trimestre de 2010 y principios de 2011 y a partir de ahí es cuando se empieza a observar la salida masiva de personas de Ciudad Juárez.

Garrido de la Calleja, en el diálogo, declaró: “esto se da en el contexto de tiempos electorales y fue muy notorio que esa acción no tenía el más mínimo interés humano sino todo el interés electoral, aunque lo negaron”.

Y expuso que una familia de Xalapa regresó de Ciudad Juárez y estaban felices porque tenían toda la promesa del gobierno y en ese entonces el presidente municipal, David Velasco Chedraui (hoy diputado local) los recibió también en el aeropuerto: “Soy el presidente municipal, cuentan conmigo, búsquenme porque la indicación del gobernador es que los apoyemos y lo vamos a hacer”.

Esta familia llegó, unos se fueron a Veracruz, otros a Córdoba, a Orizaba, Fortín, Minatitlán, Cosamaloapan y a Xalapa, los de Xalapa fueron a buscar a David Velasco y no los apoyó, no los recibió, fueron al DIF, donde les dieron despensas echadas a perder, comida podrida. En las escuelas sus hijos no fueron aceptados porque no traían papeles, ese tipo de acciones fueron las que recibieron los juarochos acá.

El señor, el padre de familia, pidió trabajo y le dijeron que no le podían dar trabajo porque venía de la frontera y allá “tienen malas mañas los veracruzanos”, ese fue el argumento que les daban, espantoso, “entonces ¿dónde estuvo el apoyo que se les prometió y dónde está?”

Porque los estudios que he hecho del caso no hay una sola familia a la que se le haya tramitado en conjunto el traslado de Infonavit, Seguro Social, empleo de base, a nadie se le dio, eso es lo que se vivió.

“Es la realidad, yo tuve la oportunidad el mes pasado de hacer trabajo de campo en Ciudad Juárez de veracruzanos que no se regresaron a pesar de las condiciones que vivían en Ciudad Juárez de desempleo, violencia, muchas personas no se regresaron y tuve la oportunidad de platicar con una familia de Lerdo de Tejada donde se está viendo el fenómeno de la doble migración, personas que regresan a Veracruz y que se dan cuenta que no puede conseguir empleo”, dijo Inés.

Pero son personas que el gobierno trajo a Veracruz en un avión, que las forzó bajo promesas políticas y no les cumplió, y personas que al ver la realidad se regresaron a Ciudad Juárez, acotó el conductor del programa radiofónico.

Inés certifica que platicó con una persona que le dijo que ella se fue en el avión, y ante la situación de desempleo, y de carencias, decidieron regresar a Ciudad Juárez a pesar de las condiciones. El sueño veracruzano no se cumplió. Están regresando a Ciudad Juárez.

VERACRUZ: Mientras el pueblo se opone a las minas, el gobierno las respalda

NORMA TRUJILLO BÁEZ

Mientras campesinos y ambientalistas se inconforman por la explotación de minerales, el gobierno federal a través del Fideicomiso de Fomento Minero otorgó en 2013 créditos a 21 empresas mineras en el estado de Veracruz con un monto de 47 millones 400 mil pesos, mientras que en el 2012 otorgó 36 por ciento más de recursos.

En atención a la solicitud de información a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Secretaría de Economía, mediante el Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) dio a conocer que dentro de la Ley Minera y sus leyes secundarias, se contempla el fomento, la operación de proyectos productivos viables y rentables del sector minero y su cadena productiva con financiamiento, asistencia técnica y capacitación, preferentemente a la pequeña y mediana empresa.

Y ante el cuestionamiento “¿Con cuántos recursos se ha apoyado al fomento minero en el estado de Veracruz?”, la dirección del Fifomi respondió que “El fideicomiso de Fomento Minero no da apoyos, el financiamiento de créditos se otorga a solicitud de las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en reglas de operación que constantemente están revisadas, entre otras instancias por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretarían de la Función Pública”.

Sin embargo, responden que la información de los créditos se considera confidencial de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y también se considera información reservada, por lo no dan nombre de las empresas que han recibido los créditos, de los clientes y usuarios del Fideicomiso de Fomento Minero.

Pero en forma general, dieron respuesta que en el periodo de enero a mayo del año 2013 en el estado de Veracruz se otorgaron créditos por 47 millones 400 mil pesos –cifra 36 por ciento menor que el mismo periodo del 2012– a 21 empresas relacionadas principalmente con el consumo de minerales, asimismo se atendieron a 150 empresas con cuatro cursos de capacitación y 13 empresas con asesorías técnicas.

Las 93 minas en la entidad

En la entidad Veracruzana hay 93 minas. En 1954 se dieron tres concesiones de minas de los predios Zaragoza número 11, Zaragoza número 12 y Mina número 2 en el municipio de Chinameca; en el año de 1989 se otorgaron dos concesiones en el predio Santa Fe del municipio de Las Minas y Pous II de Hueyapan de Ocampo; en 1992 sólo se otorgó una concesión en el predio Pepe, en el municipio de Las Minas; en 1993 se otorgaron 15 concesiones, una en el lote Sal de Jáltipan, 12 en Ixhuatlán del Sureste en los predios Tuzandépetl –del número uno al 12–; una más en el predio La Mancuerna de Tatatila y una en Cerro de las Palomas de Las Minas.

En 1995 sólo se otorgó una concesión en el predio El Puerco de Huayacocotla; en 1996 también sólo una concesión en el lote San José de Las Minas; en 1999 en los predios Pous IV y Pous V de Catemaco y predio Orizaba de Ixtaczoquitlán; en 2000 se autorizaron tres concesiones, dos de ellas en los predios Almagres I y II de Sayula de Alemán y una en Las Águilas de Banderilla; en 2001 se otorgaron cinco, de ellas una en el predio La Concordia de Tatatila; una en La Gloria de Perote, Pueblo Nuevo en Las Minas, una en el predio Juanita de San Juan Evangelista y otra más en el predio de San Antonio, de Sayula de Alemán.

En 2002 se aprobaron nueve concesiones, una en el lote La Luz I de Las Minas; Caballo Blanco en Actopan; el Escorial y la Cerquilla 1 de San Juan Evangelista; El Capulín de Huayacocotla, Caballo Blanco IV y Caballo Blanco III de Actopan, La Reyna de Zacualpan, el Mirador de Sayula de Alemán.

En 2003 se otorgaron nueve concesiones: Cerquilla II fracción I y II en San Juan Evangelista, Caballo Blanco V en Actopan, Orizaba I en Ixtaczoquitlán, Pepe Tres en Las Minas, Mazutti I en Soteapan, Pous I en Catemaco, El Porvenir Jáltipan y Reyna Negra Fracción II en Actopan.

En 2004 se dan tres concesiones: en Reyna Negra Fracción 3 en Actopan, Caballo Blanco VII y VIII en Actopan, en el año 2005 se otorgan nueve concesiones: San Juan en San Juan Evangelista, La Morelense y la Morelense Fracción I en Catemaco, Reducción Caballo Blanco en Actopan y Reducción Caballo Blanco en Alto Lucero, Reducción Reyna Negra en Actopan, Orizaba II en Ixtaczoquitlán, Tuxpango en Ixtaczoquitlán; Ampliación Morelense en Catemaco.

En el año de 2006 se otorgan tres concesiones: en el lote Kasandra en el municipio de Las Minas, El Triunfo en Huayacocotla y El Pilón en Apazapan.

En 2007 se otorgan nueve concesiones para el estado de Veracruz: en el lote Iliana en Papantla y en el municipio de Las Minas en los predios San Pedro, Las Minas Fracción A y B, La Miqueta, la Miqueta dos, Las Minas II Fracción I y Fracción II, así como Silver en Alto Lucero.

En 2009 se otorgaron ocho concesiones: el Porvenir en Huayacocotla, Caballo Blanco IX Fracción II, Caballo Blanco IX Fracción III en Alto Lucero, Reyno Negro en Actopan; Caballo Blanco II en Actopan, Viky Kimora Jalacingo, El Huaya I en Huayacocotla.

En 2010 se autorizaron siete concesiones: Jáltipan en Acayucan, MJSA1 y Ángel I en Huayacocotla, Caballo Blanco XI en Alto Lucero, Caballo Blanco X-b y Caballo Blanco X-a en Actopan, Caballo Blanco XII en Alto Lucero, mientras que en 2011 sólo dos concesiones se autorizaron el de Jáltipan I en Chinameca y Rowdy en Las Minas.

Se manifiesta Yautepec por sus principales calles; piden paz

Fernando Baltazar

YAUTEPEC. Tras afirmar que la presencia, desde hace una semana, del Mando Único no ha disminuido la incidencia delictiva en el municipio, decenas de vecinos salieron por cuarta ocasión a manifestar su demanda de seguridad en la marcha por la paz y la tranquilidad que recorrió las principales calles del centro de la ciudad.

Cerca de 40 minutos después de la seis de la tarde de este domingo, los manifestantes comenzaron su marcha encabezada por una ofrenda floral en honor a las víctimas mortales de la delincuencia organizada, caídas durante el mes de enero. A diferencia de las anteriores, la gente acudió en menor número, cerca de 100 personas iniciaron la movilización, número que aumentó considerablemente durante el trayecto.

En esta ocasión una de las principales demandas fue que los delitos no disminuirán tan sólo con mayor número de elementos policiacos, ya que eso no ha funcionado en Yautepec la última semana cuando el Mando Único Policial tomó el control del municipio.

Ejemplo de ello, comentó César Ortiz Triana, uno de los organizadores, es el robo que se registró cerca de las 2:30 de la tarde de este sábado, cuando sujetos armados asaltaron a los pasajeros y chofer de un camión de la línea Estrella Roja, cuando transitaba por la carretera federal Cuautla Cuernavaca, a la altura del cañón de lobos. Para mayor referencia, los delincuentes bajaron de la unidad, después de despojar de sus pertenencias a los pasajeros y chofer, a unos metros de la comandancia de la Secretaría de Seguridad Pública de Yautepec.

Ortiz Triana explicó que el movimiento ciudadano avanzará en el proceso y ya no realizará más marchas en los siguientes días, para organizar y conformar los Comités de Vigilancia Ciudadana, por calle, por colonia y por comunidad. Se creará un centro de información ciudadano para establecer el plano criminógeno del municipio y saber la magnitud del problema, con las colonias más peligrosas, los horarios y lugares donde se registran los delitos, el tipo de los mismos e incluso la identificación de los delincuentes que habitan en la zona y como operan.

GUERRERO: Proyecto Casa Grande de IMMSA, “una tomada de pelo”, reclaman mineros

RAYMUNDO RUIZ AVILÉS ( Corresponsal)

Taxco, 2 de febrero. El secretario general de la sección 17 de mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica, denunció que el proyecto de desarrollo comunitario Casa Grande, perteneciente a la Industrial Minera México SA de CV (IMMSA), no es más que una ofensiva contra los obreros en huelga y también “la tomada de pelo” a las agrupaciones, porque tiene otros fines, que es “aniquilar al sindicato y no de ayudar a la sociedad, como también hay actores políticos, como es el caso del diputado federal Marino Miranda Salgado, quien se comprometió ayudarnos y no lo ha hecho”.

Señaló que ha tenido denuncias y quejas de representantes de las agrupaciones civiles que participan en el proyecto, quienes le han comentado que no les han entregado los recursos como se comprometió la empresa a través de Casa Grande.

Explicó que desde hace tiempo presentó las quejas al comité nacional, porque ya se había advertido que Grupo México (GM) lo único que pretende hacer, es desestabilizar el movimiento obrero.

El líder minero aseguró que es una medida que están realizando para justificar los daños ecológicos que han hecho a la zona minera “y ahora quieren curarse en salud, diciendo que son una empresa socialmente responsable, cuando la realidad es otra”.

Recordó que desde hace un año, la empresa comenzó con una serie de campañas de salud en la zona minera, y “no la llevaron a otras comunidades de Taxco, porque solo lo hicieron dentro del perímetro donde se ha afectado y se ha contaminado”.

Dijo que tiene conocimiento de lo que le han hecho a los grupos que confiaron en la obtención de recursos “, y ahora resulta que no se los quieren entregar o bien lo hacen a su modo, cuando en la convocatoria no se establece esas medidas”.

Hernández Mojica se solidarizó y respaldó a las organizaciones Equipos Feministas AC y Calmecac, que denunciaron que no han recibido los recursos que entregaría el proyecto de desarrollo comunitario denominado Casa Grande, para realizar los proyectos que ingresaron al concurso y ganaron, por lo que se deslindaron de la empresa para la ejecución de sus trabajos.

En el caso de los actores políticos, señaló al legislador federal Miranda Salgado, quien buscó el apoyo de los mineros para su campaña “y participamos, pero desde que ganó y llegó al Congreso de la Unión, no ha regresado a dar la cara a los mineros y mucho menos para agradecernos el respaldo que le dimos”.

Denunció que “buscó a los mineros con fines de lucro político y nunca para ayudarlos en la solución de su huelga”.

GUERRERO: Discrepan cifras oficiales con la realidad sobre homicidios en la Tierra Caliente

JESÚS PINTOR (Corresponsal)

Pungarabato, 2 de febrero. Mientras el gobierno del estado da a conocer en un estudio de Grupo Milenio, que los homicidios relacionados con el crimen organizado sufrieron un descenso de 52 por ciento con relación a diciembre, en Tierra Caliente las muertes de manera oficial llegaron a 45 por ciento más, y extraoficialmente, se contabiliza un crecimiento de 72 puntos porcentuales.

El reporte mensual de Grupo Milenio, refiere que no obstante haberse incrementado en enero 10 por ciento en el número de homicidios relacionados con el crimen organizado reportados a nivel nacional, “en Guerrero esta cifra tuvo una reducción de 52 por ciento respecto a diciembre pasado”, sin embargo, los medios locales, al menos en la región, hablan de una alza.

En Tierra Caliente las muertes con el sello del crimen organizado en diciembre fueron 11 en total, con cuatro casos registrados en Ciudad Altamirano, cabecera de Pungarabato, municipio que el Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval) califica como el más importante de la región, pero también el más violento.

Para enero, de manera oficial se contabilizaron 16 asesinatos violentos, de ellos, nueve se registraron en Ciudad Altamirano. El ritmo de homicidios fue de más de uno por cada dos días de manera regional, aunque en la cabecera del distrito federal 01 y del distrito 18 local, hubo ocasiones que se reportaron dos o tres muertes en un solo día.

De acuerdo con esos números, el crecimiento de homicidios “ligados al crimen organizado” fue de 45.4 por ciento más entre diciembre de 2013 a enero de este año. La prensa local especializada en la fuente habla, sin embargo, que hubo tres casos que no se contabilizaron oficialmente por intereses de grupo, de tal suerte que se cuentan “de manera extraoficial”, 19 homicidios.

Con esa cantidad entonces, el crecimiento de la violencia en la región calentana de manera extraoficial, es del orden de 72.7 por ciento tan sólo en un mes de diferencia, por lo que de ser verdad lo que informó Grupo Milenio que en Guerrero se registraron 41 homicidios en el estado, en Tierra Caliente se dio 46.3 por ciento.

Los 41 homicidios ubican a Guerrero en séptimo lugar, según Grupo Milenio, que se contaron para hacer 720 a nivel nacional, o 24 víctimas al día en el mes, 10 por ciento más por los 643 asesinatos de diciembre. Que si bien hubo un aumento de diciembre a enero, es menor 24.3 por ciento por los 956 ocurridos en enero de 2013.

GUERRERO: Entregarán cecopistas a la Crac su solicitud para formar su policía

FRANCISCA MEZA CARRANZA

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) entregará en próximos días de manera formal la solicitud para integrarse al sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) y formar su policía comunitaria. En la asamblea de ayer efectuada en la comunidad de La Concepción se entregó a comisarios y representantes de las 30 comunidades que apoyan el movimiento un formato que tendrá que ser firmado por comisarios. También se deberá anotar en la hoja las personas que el pueblo propone para ser policías comunitarios. En el formato dirigido a los coordinadores de la Crac-PC asesoramiento y orientación para conformar a su policía comunitaria ante la inseguridad que se registra en las comunidades. El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, adelantó que una comandancia va a ser la casa muestra construida por la CFE en La Concepción, además, posiblemente, de las instalaciones de la gravillera Kimbar. En la asamblea se anunció la reactivación del plantón de la comunidad de Aguacaliente pues a pesar de que se detuvieron los trabajos de la empresa de la familia Cadena sacaron material por Aguacaliente.

Recuerdan a Genaro a 42 años de muerto

SERGIO FERRER (Corresponsal)

San Luis Acatlán, 2 de febrero. Consuelo Solís Morales, esposa de Genaro Vázquez Rojas, llamó a la unidad entre las izquierdas para echar abajo las reformas constitucionales que permitirán a las transnacionales robar los recursos de la nación.

En el segundo día de actividades en torno a la conmemoración del 42 aniversario luctuoso del comandante guerrillero, se desarrolló en el teatro público de San Luis Acatlán una conferencia a la que acudieron ex combatientes de la guerrilla que encabezó Vázquez Rojas, así como estudiantes y activistas.

En un segundo momento, luego de una marcha a la tumba del maestro y luchador social, Solís Morales convocó a la sociedad a juntarse en un frente unido para revertir los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que permitirán a compañías extranjeras robarse los recursos del país en lugar de que los mexicanos tengan una mejor calidad de vida.

Reprochó los lujos del líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, así como los de su hija y criticó a las televisoras por fabricar a un presidente guapo y hacerle su historia para que la ciudadanía no vea lo que hacen con el país.

Al evento acudieron integrantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Movimiento Estudiantil Democrático Independiente (MEDI), #Yosoy132Acapulco, consejo de principales de Cuanacaxtitlán, Casa Malinalli, Morena, entre otros grupos, así como contemporáneos del comandante, entre ellos, Arturo Miranda, Gregorio Hernández Brito, Salvador Flores Bello, Guillermo Sotelo y Santiago Vázquez Rosas.

¡Las armas nunca han estado dormidas!, clamaron los asistentes antes de escuchar a Solís Morales, quien reprobó el poco interés en los problemas del país que han puesto las izquierdas que no se unen, y preguntó por otra parte al gobierno: ¿por qué no ha invertido en refinerías para que aquí se procese el crudo en lugar de que se lleve al extranjero?

GUERRERO: Marchan pobladores y la Upoeg de El Rincón a El Ocotito en reclamo de paz

En asamblea, la gente nombra a dos comandantes para organizar a las policías ciudadanas

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 2 de febrero. Habitantes del valle de El Ocotito, junto a miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), nuevamente marcharon, esta vez de El Rincón a El Ocotito, en reclamo de paz y en celebración por constituir sus propias guardias civiles.

El promotor de la Upoeg, Crescenciano Ramírez López, ayer informó que el movimiento en el valle de El Ocotito se encontraba en la etapa de la organización, es decir, la transición de la fase de ingreso a la constitución de la Policía Ciudadana en los propios pueblos. El Ocotito, Mohoneras, El Rincón, Cajeles, Carrizal de la Vía, Dos Caminos, Buena Vista de la Salud, La Haciendita y Mazatlán son los pueblos donde tiene presencia la Upoeg en el valle de Chilpancingo.

El punto final de marcha fue la base, lugar de concentración del sistema, entre los límites de El Ocotito y Mohoneras, que después se convirtió en el lugar del mitin. La marcha fue en sentido Chilpancingo-Acapulco.

El mensaje en todo momento de la movilización fue de paz, incluso los habitantes acudieron vestidos de blanco y llevaban lienzos blancos en los que se leía: “Paz” o “No más violencia”.

El contingente lo encabezaba una lona en la que se leía: “Upoeg. No somos autodefensas, somos pueblos organizados que exigimos paz...”.

Ramírez López en la marcha informó que los pueblos nombraron a su comandante y su segundo comandante, quienes tendrán la responsabilidad de organizar sus grupos de policías ciudadanos. La formalidad de las estructura se hizo en la asamblea de ayer en El Rincón.

Publican foto de senadora del PRD con la ‘Barbie Grupera’

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de febrero.-La senadora perredista Iris Vianey Mendoza Mendoza fue señalada tras la propagación de una fotografía en la que aparece en una fiesta junto a Melissa Plancarte, mejor conocida como la ‘Barbie Grupera’.

En Facebook, la página 'Apatzingán Despierta' publicó la imagen, a lo que Mendoza Mendoza se defendió señalando que la fiesta no fue organizada por ella y que el color del vestido correspondía al protocolo de la celebración de “un estilista quien es mi amigo personal”, en 2011.

A través de un comunicado, la perredista desmintió que fuera parte de una “narcofiesta” en Apatzingán, “fue una fiesta, entonces, de un particular con nombre y rostro, mismos que me reservaré por razones de seguridad de esta persona quien es estimado por mí y sin duda por gran parte de los habitantes de Apatzingán que lo pudieran conocer”.

Mi trayectoria política ha sido pública. Conocida. Siempre como militante del PRD y en la lucha social”, agregó.

Y aseguró que su imagen estaba siendo calumniada, “puedo dar testimonio público de todas mis actividades y hechos políticos en los que he participado, sin vergüenza personal, sin deshonor, sin temor alguno”.

La ‘Barbie Grupera’, es señalada como hija de Enrique “Kike” Plancarte Solís, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán.

jgl

Agrupaciones indígenas y campesinas hacen un llamado de unidad en defensa de la tierra

Por Matilde Pérez U.

México, DF. Ante un posible embate contra la propiedad social, agrupaciones indígenas y campesinas hicieron un llamado de unidad a todas las organizaciones locales, regionales y nacionales de diversa índole para integrar un frente de defensa de la tierra y el territorio.

"Estamos preocupados porque la tierra, en el país, ya no tiene el destino de producir alimentos; el objetivo gubernamental es la explotación minera; tan sólo en los tres pasados sexenios -el de Ernesto Zedillo, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón- se entregaron 98 millones de hectáreas para proyectos mineros. Esos gobiernos repartieron la mitad del territorio en menos de 20 años. La superficie es similar a la extensión de tierra que constituyó el reparto agrario entre 1917 y 1992 para la producción de alimentos”, dijo Alejandro Cruz, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ).

La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) también alertó en torno al riesgo de privatizar ejidos y comunidades, pues con ello avanzaría el control de la producción de las semillas por oligopolios y la posibilidad de que se otorguen los premisos de siembra comercial del maíz transgénico.

Ambas agrupaciones, integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas consideraron contradictorias las políticas sociales del gobierno, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, pues advirtieron que los cambios impulsados por la misma administración tendrán impactos negativos en las familias campesinos e indígenas.

En conferencia de prensa, las organizaciones señalaron que se ignora en qué consiste la reforma para el campo anunciada el pasado 6 de enero; pero "ante 30 años de políticas anti campesinas y 20 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es previsible que se siga avanzando por esas tendencias, lo cual es peligroso crearán una "gran inestabilidad y pobreza" en el campo.

Para los integrantes del CONOC es "inaudito" que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), "maneje la agenda de las grandes empresas" y que su titular, Enrique Martínez y Martínez, diga que "el 77% de las parcelas de menos de 5 hectáreas es inviable para la producción agropecuaria” y exprese su preocupación porque sólo el tres por ciento de la propiedad social se ha privatizado desde 1992, lo cual – según la visión gubernamental- dificulta la asociación y que los campesinos sean sujetos de crédito. Por ello, la insistencia del titular de la Sagarpa de buscar con reformas jurídicas para un tránsito más rápido de la propiedad social a la privada.

Las agrupaciones demandaron que se detengan las modificaciones legales a la tenencia de la tierra que afectarían a campesinos e indígenas; respeto a los territorios de pueblos campesinos e indígenas y cancelación de las concesiones a mineras, hidroeléctricas, eólicas, forestales, turísticas o inmobiliarias; exigen políticas de fomento favorables a la producción del campo; precios remunerativos garantizados y certidumbre en la comercialización de cosechas así como respecto a la producción de los pueblos campesinos e indígenas No ceder a reformas que afecten a indígenas y campesinos sin haber tenido discusiones amplias con las comunidades originarias. Reformas contrarias a estas demandas "serían violatorias al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por no tomar el consenso informado de comunidades indígenas y campesinas", sostuvieron la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), ANEC, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), MAÍZ y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF).

Los representantes de dichas agrupaciones informaron que participarán en el Congreso Popular citado que se llevará a cabo este 5 se febrero en el Monumento a la Revolución.

Pemex ha sido hecha a un lado por la IP en contratos de exploración

Patricia Muñoz Ríos

En los contratos integrales de servicios para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos asignados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la iniciativa privada durante 2013, la empresa fue hecha a un lado y el control de la operación de pozos lo tomaron los particulares, aseguró la Coalición de Trabajadores Petroleros.

Copias de los contratos firmados por la paraestatal con diversas empresas señalan que, para que los ‘‘proyectos funcionen’’, desde el diseño hasta el desarrollo de los mismos tendrá que estar bajo el control de las empresas y no de Pemex.

Por esta razón, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschams, tenía la obligación de haber movido al gremio para oponerse a la reforma energética, dijo el organismo.

Sobre todo, insistió, habría tenido que rechazar esta reforma promulgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto porque quitará materia de trabajo a los más de 101 mil sindicalizados, mediante recortes de personal, y se afectará el contrato colectivo de trabajo.

Víctor Jaime López Pérez, representante de la zona sureste de esa coalición, mostró las copias de los contratos firmados por Pemex entre 2012 y 2013 con la iniciativa privada, para que ésta opere en una superficie aproximada de 7 mil 956 kilómetros cuadrados, lo cual ‘‘contradice’’ las versiones oficiales respecto de que el control del petróleo seguirá siendo de los mexicanos.

Copias de los contratos de San Andrés, Santuario, Pánuco y Tierra Blanca, entre otros, señalan, por ejemplo, que ‘‘para que Pemex Exploración y Producción se beneficie de la tecnología y mejores prácticas, será atribuible la responsabilidad exclusiva del contratista y, por tanto, no estará sujeto a aprobación por parte de Pemex lo siguiente: (I) especificaciones técnicas; (II) el diseño y atributos de los pozos e instalaciones; (III) la ingeniería, diseño o construcción de instalaciones de recolección y producción en el área contractual, y (IV) propuestas para la operación de los pozos e instalaciones de recolección y producción en el área contractual’’.

Se les devuelve el petróleo

El representante de la Coalición de Trabajadores Petroleros indicó que esta organización presume que ‘‘de continuar otorgando contratos similares, ni el gobierno y mucho menos Pemex tendrán el control absoluto del sector petrolero. Por tanto, la retrograda reforma energética obedece más que nada a devolver el control del sector petrolero a la iniciativa privada, como lo hicieran antes del 19 de marzo de 1938 los directivos que fueron expulsados de las oficinas de las compañías petroleras trasnacionales expropiadas, para efecto de que los consejos provisionales de petroleros mexicanos tomaran el control absoluto de las actividades administrativas’’.

Señaló que el comité ejecutivo del STPRM, con el apoyo de los integrantes de los 36 comités seccionales, debió haberse manifestado en contra de la promulgación de la reforma energética. ‘‘No obstante, el silencio durante el trámite de su proceso, así como la aclamación a su promulgación, hace más que evidente la existencia de una amenaza por parte del gobierno federal en contra de quienes presumiblemente tienen alguna cuenta pendiente a enfrentar’’.

Según indicó, esta coalición se opone a la reforma energética, porque ya en 1992 se anunció una supuesta modernización de la empresa, proyecto que tenía como objetivo incrementar la productividad y que en los hechos significó echar a la calle a miles de trabajadores con un resultado infame, como lo muestra el estado en que se encuentra el sector petroquímico, que de ser autosuficiente y con excedentes para su exportación pasó a ser en la actualidad importador de 60 por ciento de la demanda interna del país.

Luego vinieron los contratos de servicios múltiples a la iniciativa privada, instrumentos que supuestamente iban a reducir las importaciones de gas natural y terminaron como contratos de obra pública financiada y violentaron las leyes mexicanas.

Además, insistió, la reforma atentará contra las conquistas laborales de los petroleros, significará recortes de personal (convenio administrativo 10717-2013) y afectará la materia de trabajo de los sindicalizados, indicó Víctor Jaime López Pérez.

Por tanto, concluyó, esta coalición hace un llamado a las fuerzas nacionales de oposición (laborales, políticas y sociales) a demandar al sindicato petrolero a que asuma su responsabilidad y que además ‘‘pague el costo por sus errores’’.

Incluso, planteó que si el STPRM encabeza la oposición a la reforma energética, la Secretaria de Energía y Pemex ‘‘podrían desistir de continuar con la traición al país’’ y los trabajadores petroleros podrían presentar al presidente Enrique Peña Nieto una propuesta económica para no depender del capital privado y que se logre la autosuficiencia de la industria petrolera.

Omisión del gobierno del Estado de Chiapas para impedir agresiones a las BAEZLN

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

a 2 de febrero de 2014.

Boletín de prensa No.3

La CIOAC violenta el territorio del EZLN

Retención a colaboradores del hospital San Carlos

Este Centro de Derechos Humanos, documentó las agresiones en contra del territorio del Ejército Zapatistas de Liberación Nacional (EZLN) cometidas el 30 de enero 2014, resultando heridos cinco Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) dos con lesiones leves y tres hospitalizados, uno de ellos con riesgo de perder la vista.

Los hechos sucedieron en el ejido 10 de Abril del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista 17 de Noviembre, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno “Corazón del Arcoíris de la Esperanza, Caracol Torbellino de Nuestras Palabras”, Morelia (municipio oficial de Altamirano, Chiapas). Así también agresiones y retención a cuatro personas que colaboran en el hospital San Carlos. En cuanto al grupo agresor resultaron dos heridos de la comunidad 20 de Noviembre quienes estuvieron hospitalizados en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) de Altamirano y dados de alta el día de los hechos, pertenecientes a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesina (CIOAC).

Testimonios refieren que el 30 de enero a las 6:40 hrs. llegaron al ejido 10 de Abril, 18 camionetas Nissan, cerca de 300 personas que empezaron a amenazar verbalmente, acto seguido agredieron con palos y piedras a las BAEZLN. Los hechos se dan en un contexto de ataques de la CIOAC con la finalidad de despojar tierras recuperadas que las BAEZLN tienen en posesión desde el levantamiento armado en 1994.

Asimismo este Centro de Derechos Humanos, documentó la privación arbitraria de la libertad a colaboradores del hospital San Carlos, quienes se dirigían al auxilio de heridos, cuando fueron retenidos durante dos horas por integrantes de la comunidad 20 de Noviembre. El personal del hospital fue agredido verbal y físicamente, les retuvieron una ambulancia y una camioneta Chevrolet. Al día de hoy fue recuperada la ambulancia, sin que se tenga noticias de la camioneta.

Desde el mes de noviembre del 2013 se incrementaron las incursiones y con ello hostigamientos de integrantes de la CIOAC hacia el ejido 10 de abril. Este Centro de Derechos Humanos, con fechas 8 y 14 de noviembre del año 2013, así como el día 29 y 30 de enero 2014, manifestó su preocupación, mediante los oficios: 004-008-13/109/2013; 04-008-13/110/2013;004-008-13/007/2014 y 004-008-13/008/2014; este ultimo en calidad de urgente, todos dirigidos al gobierno del estado de Chiapas, sobre la situación prevaleciente en el ejido mencionado y los riesgos existentes a la vida e integridad de las personas implicadas, sin que se adoptaran medidas efectivas para prevenir y solucionar el conflicto. Por consiguiente el gobierno de Chiapas ha sido omiso y por tanto permisivo ante los hechos denunciados.

Actualmente en la región existe un riesgo inminente de nuevas agresiones e intensificación de la violencia, estando en vulnerabilidad la vida e integridad personal, además de violaciones al derecho al territorio y a la autonomía de los pueblos zapatistas.

Por lo anteriormente expuesto, dada la gravedad y urgencia de los hechos descritos, este Centro de Derechos Humanos exige a los gobiernos federal, estatal y municipal actué para la distención del conflicto y garantice la seguridad e integridad de los involucrados, actuando bajo su responsabilidad de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de la población que se encuentra en su jurisdicción. Compromisos que ha adoptado y firmado ante la comunidad internacional.

Asimismo instamos al gobierno de Chiapas investigue y sancione a los responsables de las agresiones perpetradas en contra de las BAEZLN y colaboradores de hospital San Marcos.

Antecedentes

Según testimonios de BAEZLN refieren que el 27 de enero, hacia las 7:30 hrs. llegaron al ejido 10 de Abril, entre 15 y 17 camionetas, con un grupo aproximado de 250 personas de la CIOAC provenientes del ejido de 20 Noviembre y Lindavista, quienes destrozaron los letreros que señalaban que estas eran tierras zapatistas, acto seguido destruyeron 9 árboles de pino, 40 arboles de roble, 35 matas de café, y 3 matas de plátano. A las 16:00 hrs. se retiraron con amenazas de muerte, prometiendo volver.

Desde noviembre del 2013 los representantes de la CIOAC firmaron una minuta de trabajo, donde se comprometieron a no seguir incursionando en las tierras que pertenecen a EZLN, lo cual fue incumplido en este mes de enero.

Oficio de Papel

Arman acusaciones contra Susumo Azano
Ivolucrados funcionarios del calderonismo
Investiga la UIF administración de Ebrad

Diversos niveles de gobierno han confirmado a la prensa las investigaciones que llevan a cabo en contra de José Susumo Azano Matsura, por supuestamente participar en una red de lavado de dinero, vínculos con la delincuencia organizada, fraudes en la asignación de contratos de las Fuerzas Armadas, cohecho y sobornos. Lo cierto es que hasta ahora este empresario de origen japonés goza de impunidad y se pasea libremente por los territorios de Estados Unidos y de México.

Fuentes gubernamentales explicaron que Susumo Azano tiene expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República (PGR), en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hasta en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Los informantes señalaron que la instrucción es proceder legalmente en contra de ese empresario por su participación en los contratos millonarios que le fueron asignados a sus empresas en el sexenio anterior, principalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cuales se entregaron con sobreprecios de hasta 900 por ciento en productos y equipos, así como la entrega en efectivo de comisiones millonarias a funcionarios federales y militares de alto rango.

En esta investigación también participa el gobierno de Estados Unidos, por conducto de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de ese país, en donde hay acciones penales en su contra.

Se trata de una acción coordinada entre ambos gobiernos, cuyo objetivo es procesar a Susumo Azano y a sus cómplices tanto en México como en Estados Unidos. Será en las próximas semanas cuando se aseguren bienes, cuentas bancarias e inversiones en los dos países, así como algunas medidas precautorias para impedir que huya.

Se reporta que en México las acciones legales en contra de José Susumo Azano se realizan en dos vertientes:

1. En la averiguación previa UEIORPI/AP/189/2013, iniciada originalmente en contra del empresario Carlos Ambe Buzali y el mensajero Pedro Vega Jiménez, se pretende imputar a José Susumo Azano por los delitos de lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal a través de su compañía Security Tracking Devices y la empresa Comercializadora Piter, propiedad de Carlos Ambe.

Esta averiguación previa, dada a conocer por el diario Reforma, se originó a raíz de una investigación efectuada por la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Alberto Bazbaz, exprocurador de Justicia del Estado de México, instancia que posteriormente consignó el caso ante la PGR y permitió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) iniciar la averiguación previa referida que se encuentra en curso.

2. Hay otra investigación en contra de Susumo Azano, en la cual trabajan de manera conjunta la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la Sedena y la PGR, y tiene que ver con las diversas irregularidades descubiertas en varios contratos adjudicados por la Sedena a diversas empresas relacionadas con ese empresario por un monto superior a los 5 mil 513 millones de pesos.

En esta segunda indagatoria se investiga la participación de varios mandos de la Sedena, así como a todos los colaboradores cercanos de Susumo, entre éstos César Rolando Cázares Martínez, quien aparece como representante legal de las empresas de Susumo y contra quien podría también ejercitarse acción penal.

La PGR trabaja en identificar la amplia red de vínculos de Susumo Azano, en donde figuran políticos cuya lista alcanza hasta a la Presidencia de la República en el gobierno de Felipe Calderón, familiares y colaboradores cercanos a secretarios de Estado.

Entre los exfuncionarios a los que se investiga si tuvieron vínculos con Susumo se encuentran los siguientes:

1. César Nava, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón y exdirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

2. Francisco Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación.

3. Abraham González Uyeda, exsubsecretario de Gobernación, de quien se asegura tiene nexos familiares con Susumo.

4. El general Guillermo Galván Galván, exsecretario de la Defensa Nacional.

5. El senador Ernesto Cordero, para determiner si recibió apoyo económico en su campaña por la Presidencia de la República.

6. Se investigan también las bitácoras de dos aviones propiedad de Susumo Azano, especialmente de un G4 Gulfstream, con matrícula N272TX, modelo 1997, el cual habría sido utilizado por políticos y funcionafios.

7. Otra línea de investigación apunta a los nexos de Susumo Azano con grupos de la delincuencia organizada a través del abogado Eliseo Martínez Elizondo, quien antes de ser asesinado (26 de abril de 2013, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León) defendía a grupos de la delincuencia organizada y estaba presuntamente implicado en el delito de blanqueo de capitales.

8. De igual manera se indaga sobre los vínculos personales y de negocios con algunos mandatarios estatales, principalmente con el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval; pues según las pesquisas habría grabaciones de llamadas telefónicas en las que el propio Susumo alardea de sus nexos con este mandatario, y afirma que por su conducto se contacta con funcionarios de primer nivel del gobierno federal. En algunas de esas llamadas se afirma que el empresario hizo importantes aportaciones económicas a la campaña del gobernador.

Por lo que respecta al gobierno de Estados Unidos, se asegura que Susumo ha radicado durante los últimos años en la zona de Coronado Cays, en San Diego, y que hace algunos meses adquirió un lujoso departamento en Florida. En la indagatoria de aquel país también aparecen aportaciones económicas a diversos políticos estadunidenses, por lo que las investigaciones involucran, además, al FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Territorial (DHS, por su sigla en inglés).

Se indica que los financiamientos son por un monto superior al medio millón de dólares y fueron entregados a través de prestanombres a Bonnie Dumanis, procuradora y candidata a la alcaldía de San Diego; a Bob Filner, exalcalde de San Diego; al congresista de origen hispano Juan Vargas y al excandidato Nathan Fletcher, entre otros.

Esa investigación está muy avanzada y ya fueron detenidos dos cómplices de Susumo Azano, de nombres Ernesto Encinas, quien laboró durante algún tiempo en la policía de San Diego y posteriormente fue jefe de seguridad de Susumo Azano; y Ravneet Singh, propietario de la consultoría Election Mall, a quien incluso Susumo Azano contrató para asesorar la precampaña de Ernesto Cordero cuando buscaba la candidatura presidencial del PAN.

Ambos fueron detenidos por agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y consignados ante la Corte del Distrito Sur de California, donde enfrentarán cargos por canalizar ilegalmente recursos de un extranjero para financiar campañas políticas en Estados Unidos.

Se espera que en breve se emita una orden de aprehensión en contra de Susumo Azano, y actualmente hay órdenes de cateo en dos de sus propiedades, una ubicada en la calle Buccaneer Way y otra en la Green Turtle Road, ambas en la zona de Coronado Cays, en San Diego.

Investiga la UIF a Marcelo Ebrard

Algunos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Alberto Bazbaz Sacal, señalan que hay una investigación fiscal en contra del empresario Ricardo Escoto Núñez, socio principal de Grupo Rentable, así como de varios de sus colaboradores cercanos, por operaciones financieras consideradas relevantes durante los últimos meses.

Una de las líneas de investigación apunta hacia Sergio García Robles, quien fungió hasta hace algún tiempo como director de Administración y Finanzas de Grupo Rentable y quien realizó retiros bancarios en efectivo de importantes cantidades de dinero, así como de haber supuestamente instrumentado una red financiera alterna para realizar transferencias a funcionarios de distintos niveles de gobierno del Distrito Federal y dirigentes de partidos políticos.

El responsable directo de esta investigación es Alfredo Revilak de la Vega, director adjunto de Análisis Financiero de la UIF. Se sabe que la indagatoria se encuentra en la etapa de revisión de operaciones consideradas como relevantes, principalmente de los retiros en efectivo durante 2012 y parte de 2013, así como del monitoreo de las cuentas y operaciones financieras de varios funcionarios de gobierno durante la administración capitalina de Marcelo Ebrard, que pudieron haber recibido sumas en efectivo, tanto por concepto de comisiones como para las campañas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal.

La UIF revisa las cuentas bancarias de las empresas Publicidad Rentable, SA de CV; Vallarent, SA de CV; Servicios Inmobiliarios Ren, SA de CV; Publiwall, SA de CV, así como varias cuentas personales de Ricardo Escoto.

Los exfuncionarios que son investigados: Felipe Leal Fernández, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fue el principal contacto de Escoto durante el sexenio de Marcelo Ebrard; René Cervera García, exjefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, quien actualmente es el coordinador de la asociación civil denominada Movimiento Progresista, fundada recientemente por Marcelo Ebrard para impulsar sus aspiraciones para la dirigencia nacional del PRD y para la candidatura presidencial de ese partido para 2018.

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