Gana con un 51.27% el FMLN en el salvador, el presidente del tribunal Electoral Walter Araújo hace la declaración con un 90.68 % de las actas contadas.
De acuerdo con resultados preliminares, Nueva Izquierda mantiene Milpa Alta y Venustiano Carranza, e Izquierda Unida las 13 restantes
Raúl Llanos
México, DF. Resultados preliminares de la contienda perredista en esta capital revelan que las dos principales corrientes del sol azteca conservarán las respectivas delegaciones que hasta ahora dominan, y habrían quedado muy rezagados en los votos el resto de los contrincantes opuestos, incluidos los precandidatos que se declararon “independientes” de estos grupos.
Datos de encuestas de salida, del Programa de Resultados Preliminares (PREP) y de los que tienen ya directo de las casillas los líderes de las correintes del sol azteca indican que Nueva Izquierda (NI) mantiene Milpa Alta y Venustiano Carranza; mientras se lleva una ligera ventaja de cerca de dos puntos en Iztapalapa.
Izquierda Unida (IU) llevaría ventaja en las 13 restantes demarcaciones, de ellas dos estarían en manos de Unidad y Renovación, que son Iztacalco y Tláhuac.
Aunado a ello, esos datos preliminares arrojan que Nueva Izquierda sufrió un descalabro en cuanto a los distritos electorales de Iztapalapa y Gustavo A. Madero. En la primera abría perdido seis de los ocho en disputa, y en la segunda demarcación alcanzaría apenas dos de los seis disputados.
El Pelele estará mañana en Poza Rica, Veracruz por lo del día de la Expropiación Petrolera. Estarán presentes funcionarios y personal de Pemex. Llegarán en 2 o 3 aviones de mexicana claro con cargo al erario..9 am
El tema no es la ley, sino que el órgano está sometido a las televisoras, opina Arturo Núñez
Analiza PSD si apela del fallo
Los consejeros responden a intereses de PRI y PAN: Monreal
Andrea Becerril, Mariana Norandi y Georgina Saldierna
Al referirse a la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de perdonar, por segunda ocasión, una multa a Televisa por la difusión atípica de la propaganda, senadores de PRD y PT consideraron ayer que el órgano electoral se debilita cada vez más con esa actitud de proteger a las televisoras, en especial la de Emilio Azcárraga Jean.
Por su lado, el Partido Socialdemócrata lamentó la determinación de los consejeros y dijo que en la reunión que hoy tendrá la directiva del instituto político se decidirá, entre otros temas, si apela o no de dicho resolutivo.
El representante del PSD ante el Consejo General del IFE, Miguel González Compeán, manifestó que este caso, en que los consejeros valoraron si Televisa alteró las pautas de los mensajes de los partidos al inicio de las precampañas, no es asunto entre las televisoras y los partidos, sino que tiene que ver con el fortalecimiento del IFE y su capacidad como institución
.
Añadió que el consorcio debe ser sancionado por su proceder, aunque no sea con una multa de más de 4 millones de pesos, como preveía el dictamen que preparó la secretaría ejecutiva del órgano electoral.
En el Senado, el perredista Tomás Torres rechazó que los consejeros carezcan de las herramientas legales necesarias para impedir que los medios electrónicos violen las nuevas disposiciones sobre propaganda política.La reforma electoral les sirvió muy bien para intentar incrementarse el salario, pero según ellos no les da las facultades para sancionar
, criticó. Arturo Núñez recalcó, a su vez, que el problema no es la ley sino que el IFE está sometido a las televisoras.
Puntualizó que las modificaciones que se hicieron al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) incluyen todo un capítulo sobre las sanciones a que se hacen acreedoras las estaciones de radio y televisión que incumplan lo relacionado con la transmisión de espots y mensajes de los partidos políticos.
Así que no es problema de la ley, sino de que no se atreven a enfrentarse con los poderes fácticos
, resaltó.
Por su parte el senador Torres señaló que el IFE cuenta con las herramientas necesarias, pero lo que argumentaron los consejeros para perdonar por segunda ocasión la multa a Televisa es la excusa de los débiles
.
A su juicio, el problema radica en cómo se ha integrado el Consejo General del IFE, por cuotas partidistas, lo que los lleva a responder a los intereses de los partidos.
En entrevista por separado, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, mencionó que los consejeros obedecen fundamentalmente a PRI y PAN, quienes no quieren en forma alguna pelearse con las televisoras “y menos en época electoral, en la que todos quieren salir en la tele”. Advirtió que lo arriesgado de esta actitud del IFE es que en las elecciones del próximo julio se puedan repetir las campañas y laguerra sucia entre candidatos y partidos.
Diez días clave
Mientras, el diputado panista Gerardo Priego opinó que los consejeros del IFE tendrían que ser más respetuosos de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El pasado miércoles, los magistrados señalaron que los consejeros no debieron sobreseer el procedimiento que preveía sancionar a Televisa con una multa de más de 4 millones de pesos, por lo cual les ordenaron entrar al fondo del asunto y presentar un nuevo dictamen.
En su argumentación, el tribunal dijo que el acuerdo logrado entre el IFE y los concesionarios de la radio y la televisión para la difusión de la propaganda previene conductas posteriores, pero la acción de la empresa se dio 10 días antes, por lo que el documento no puede ser retroactivo y dejar sin materia actos violatorios de la norma constitucional.
Priego resaltó que los consejeros tienen que ser más respetuosos de la resolución del tribunal y éste deberá ser mucho más contundente, para dejar en claro las cosas y que no haya confusiones que pudieran perjudicar el proceso electoral.
En varias entidades el Consejo de la Judicatura les otorga escoltas y vehículos blindados
A algunos los interceptan para intimidarlos o llaman a sus familiares directos para presionarlos
Gustavo Castillo y Jesús Aranda
Informes del gobierno federal señalan que en años recientes, más de 20 por ciento de los jueces y magistrados que se encargan de resolver procesos penales en material de narcotráfico y delincuencia organizada están amenazados.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) otorga protección con escoltas y vehículos blindados a algunos de los impartidores de justicia que se encuentran en entidades como Tamaulipas, estado de México, Sinaloa, Baja California y Chihuahua.
Sin embargo, después de casi dos meses de solicitada una entrevista con alguno de los integrantes del CJF, no hubo respuesta a la petición.
Inicialmente se había considerado que la consejera Elvia Díaz de León fuera la entrevistada, pero hace semanas que terminó su encargo y la Dirección General de Comunicación Social del CJF, órgano del Poder Judicial de la Federación, ha guardado silencio.
Los informes a que tuvo acceso La Jornada fueron elaborados por la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Refieren que “22 por ciento de los 321 jueces de distrito dedicados a procesos penales federales, han sufrido amenazas directas o indirectas. Los grupos de narcotraficantes, primordialmente, inclusive los han interceptado a fin de que no se dicten sentencias tan altas y sea un tribunal de alzada el que resuelva.
“En la misma circunstancia se encuentran al menos 14 jueces dedicados a la resolución de juicios de amparo en materia penal
En total hay 612 magistrados, 69 de ellos se dedican a resolver asuntos del ámbito penal. La tercera parte han sido amenazados
.
Los informes de referencia mencionan que los grupos de narcotraficantes han establecido mecanismos directos, como la intercepción de algunos impartidores de justicia o el envío de mensajes a los juzgados. Respecto de la amenaza indirecta, se realiza mediante intimidaciones telefónicas a familiares, como padres, esposa e hijos, o mediante la colocación de mensajes y envío de paquetes.
Como se recordará, desde enero de 2007, a raíz de la extradición de varios de los más importantes líderes del narcotráfico a Estados Unidos, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, informó que se mejoraría la protección a jueces y magistrados relacionados con los procedimientos que se ventilaban en contra de capos como Osiel Cárdenas Guillén, líder del cárteldel Golfo.
Oficialmente, en enero de 2007 el CJF reconoció que 35 jueces recibieron protección. Actualmente no hay datos al respecto en ese órgano del Poder Judicial de la Federación que preside el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
De acuerdo con fuentes del CJF, un caso que podría ilustrar el temor a enjuiciar a capos se puede encontrar en el proceso a Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, quien a pesar de haber sido detenido el 21 de enero de 2008, su proceso penal empezó hasta enero de este año, debido a que dos jueces federales, uno de Jalisco y otro de Sinaloa, rechazaron llevar el proceso. Tuvo que ser un tribunal colegiado, integrado por tres magistrados, el que decidió que correspondía al juzgado octavo de distrito, con sede en Guadalajara, llevar el juicio.
Caracas, 15 de Marzo.- El presidente Hugo Chávez ordenó tomar militarmente los puertos y aeropuertos de Venezuela, fortaleciendo el poder central en el país petrolero luego de que la oposición ganara varios estados clave en los comicios regionales del 2008.
El Gobierno ya había retirado a algunas regiones la gestión de hospitales, cuerpos de policía y deportes; lo que la oposición asegura es un nuevo embate del líder socialista para concentrar todo el poder en sus manos y pasar por encima de las autoridades elegidas democráticamente.
La decisión se produce días después de que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobara una reforma de legal que permite al presidente intervenir puertos, aeropuertos y carreteras si existe deficiencia en la prestación de servicios por parte de los estados.
“Vamos a recuperar los puertos y aeropuertos de toda la República opóngase quien se oponga. Es ley de la República”, dijo el mandatario en su programa dominical de radio y televisión “Aló, Presidente”, asegurando que sus adversarios permiten la actividad de mafias y narcotraficantes.
Chávez se refirió específicamente a dos de los más activos puertos comerciales del país -el occidental Maracaibo y el central Puerto Cabello- así como el de la turística isla Margarita, todos gestionados por administraciones opositoras.
“Es un tema de seguridad nacional”, argumentó Chávez, quien amenazó con apresar a los gobernadores que traten de impedir la medida.
Venezuela es considerado un país puente del narcotráfico, desde donde se distribuye la droga que se fabrica en la vecina Colombia -con la que comparte una frontera de más de 2.000 kilómetros- hacia Europa y Estados Unidos.
Los adversarios del mandatario aseguran que trata de asfixiar su gestión política y económicamente, vaciándolas de competencias y recursos.
Sin embargo, el oficialismo acusa a la oposición de utilizar el poder regional como trinchera para atacar al
Gobierno y desmontar los programas sociales de salud, educación y alimentación que sustentan la popularidad de Chávez entre la mayoría pobre del país.
El mandatario, que ha relanzado su campaña de nacionalización de sectores estratégicos de la economía tomando algunas firmas alimentarias, logró enmendar la Constitución el mes pasado en referendo para poder presentarse a la reelección tantas veces como quiera.
Esos jóvenes recibirían financiamiento hasta por $130 mil anuales; el Pronabes da 12 mil
La ley prohíbe la transferencia de recursos públicos a instituciones de enseñanza particulares, señalan
Los recursos que el gobierno de Felipe Calderón pretende destinar al nuevo programa de apoyos económicos para que los hijos de militares cursen bachillerato o licenciatura representarían hasta 60 por ciento del presupuesto federal asignado al Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (Pronabes), y sólo beneficiarían a poco más de 37 mil estudiantes, es decir, 14 por ciento de los 267 mil respaldados por el Pronabes en 2008.
Diversos análisis académicos revelan además que el programa anunciado por Calderón es un nuevo mecanismo de transferencia de recursos públicos a instituciones de educación privadas
, lo cual está prohibido por ley.
El reporte refiere que con esta medida, el titular del Ejecutivo federalpretende dar un paso adelante
en el establecimiento de un mecanismo de financiamiento para la enseñanza particular en el país.
Agrega que con la creación de este programa –comenzará a funcionar para el ciclo escolar 2009-2010, según informaron diversas fuentes gubernamentales–, el mandatario soslayó que en la Cámara de Diputados está congelada una propuesta panista de establecer un bono educativo
para hacer llegar presupuesto federal a escuelas privadas. El Ejecutivo decidió unilateralmente sobre este asunto tan polémico, en cuya resolución estaba involucrado otro de los poderes de la Federación (el Legislativo)
.
El pasado 19 de febrero, en el contexto del Día del Ejército, Calderón anunció que su gobierno cubriría totalmente las colegiaturas para educación media superior o superior a los hijos de todos los militares que estén en edad de cursar esos niveles, ya sea en instituciones públicas o privadas. Posteriormente, fuentes gubernamentales revelaron a este diario que el gobierno pagaría 50 por ciento y el resto cada casa de estudios.
El reporte académico –hecho con cifras oficiales– refiere que el número de militares en el país (249 mil 245) representa 93 por ciento de los beneficiarios del Pronabes en 2008, por lo que suponiendo que de ese total, 5 por ciento de los soldados pudieran tener un hijo en edad de cursar bachillerato o licenciatura, los beneficiarios del nuevo programa de becas ascenderían a 12 mil 462 jóvenes.
Si sólo 30 por ciento de éstos decidiera cursar sus estudios de ambos niveles en una institución particular –destaca el análisis–, el gobierno federal tendría que pagar las colegiaturas de 3 mil 739 estudiantes.
Si de éstos la mitad se inscribe en bachillerato y la otra mitad en licenciatura en una de las instituciones privadas de más prestigio
, como el Tecnológico de Monterrey –cuya colegiatura anual para nivel medio superior es de más de 84 mil pesos y en superior de casi 130 mil–, el volumen de recursos públicos requerido para cubrirlas ascendería a cerca de 399 millones 552 mil pesos, cifra que representa 20 por ciento de los recursos totales destinados al Pronabes en 2008
, sin contar a los 8 mil 724 estudiantes restantes.
El análisis agrega que si 10 por ciento del total de militares tiene hijos en edad de cursar estos niveles (24 mil 925), la Federación destinaría para sus colegiaturas en escuelas particulares –también tomando como base al Tec de Monterrey– 779 millones 104 mil pesos, y si fuera el 15 por ciento, es decir, 37 mil 387 beneficiarios, el gasto del gobierno se elevaría a mil 198 millones 656 mil pesos.
Estas cifras representarían 40 y 60 por ciento, respectivamente, del presupuesto total del Pronabes en 2008, que ascendió a poco más de 2 mil millones de pesos. Además –agrega–, las cifras oscilarían, ya que universidades como la Iberoamericana, Anáhuac, La Salle o del Valle de México mantienen colegiaturas anuales de entre 60 mil y 84 mil pesos en bachillerato y 60 mil y 130 mil en licenciatura.
Con el nuevo programa de becas se beneficiaría a mucho menos jóvenes con cantidades similares a las del Pronabes –refiere el reporte–, lo que resulta desigual, pues mientras cada hijo de militar que quiera estudiar en nivel superior y medio superior en escuelas particulares recibiría grandes sumas anuales, a los del Pronabes –todos en universidades y bachilleratos públicos– les dan mensualmente 750 pesos en el primer año de estudios, 830 en el segundo, 920 para el tercero y mil del cuarto en adelante.
Es decir, el pago de la colegiatura para el Tec de Monterrey de una sola persona mediante el programa de becas a hijos de militares sería equivalente a lo que el gobierno destina a través de Pronabes para 11 jóvenes de instituciones públicas.
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La Asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), rechazó el nuevo ofrecimiento de Luz y Fuerza del Centro, de 4.1 directo al salario y 1 por ciento de ayuda al transporte. Los electricistas demandan 17.2 por ciento de aumento al salario. El viernes pasado, Luz y Fuerza del Centro les ofreció un aumento salarial de 2.5 por ciento y ayer de 3.5 por ciento, los cuales fueron rechazados por la asamblea. Este tercer ofrecimiento se hace a unas horas de que venza el emplazamiento a huelga, el cual está programado para las 12:00 horas de este lunes. En tanto, las comisiones de huelga ya montan guardia en las entradas de instalaciones de Luz y Fuerza, tanto en el Distrito Federal, como en el estado de México, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala. De estallar la huelga, se quedarían sin energía eléctrica los habitantes del Distrito Federal, el 70% del estado de México, parte de Hidalgo, de Morelos y Puebla. El sindicato diseñó el rol de guardias y banderas por si se ponen las banderas rojinegras. "El SME está en un estado de prehuelga", según circulares pegadas en paredes de la sede del SME, donde se reunirán los integrantes de la asamblea este viernes después de las 17:00 horas. Martín Esparza ha detallado que a Luz y Fuerza le costaría 3 mil 800 millones de pesos el incremento y la empresa tiene un presupuesto para este año de 28 mil millones de pesos. Además, dijo, hay que considerar que la compañía ha tenido un incremento significativo en el número de usuarios (6 millones 113 mil al cierre del 2008). En tanto que las ventas por electricidad se ubicaron en el mismo periodo en 50 mil millones 712 mil pesos. Con el incremento de 17.2%, ejemplificó, le alcanzaría a un trabajador para comprar 700 mililitros de aceite, dos kilogramos de tortillas o un litro de leche. Asamblea del SME rechaza 4.1% de aumentoEl viernes pasado, Luz y Fuerza del Centro les ofreció un aumento salarial de 2.5% y ayer de 3.5%, los cuales fueron rechazados por la asamblea: el emplazamiento a huelga está programado para las 12:00 horas de este lunesULIÁN SÁNCHEZ EL UNIVERSAL CIUDAD DE MÉXICO DOMINGO 15 DE MARZO DE 2009 17:35
Efectúan reunión líderes del SNTE en 15 entidades; plantean construir modelo alternativo
El problema es más agudo en comunidades rurales, donde los niños se van para laborar como jornaleros
Dirigentes magisteriales de 15 entidades del país denunciaron que ante el embate de la crisis económica se han incrementado las tasas de deserción y abandono escolar, en particular en las comunidades rurales, donde los niñosdejan el aula para sumarse a las labores del campo como jornaleros
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En las regiones de montaña, afirmaron, las condiciones de pobreza han golpeado muy duro a las familias, lo que ha hecho disminuir el número de alumnos que llegan a clase, pues para muchos es un esfuerzo que se ha hecho incosteable. Los grupos llegan a tener tan sólo 10 o 15 alumnos, porque la mayoría debe sumarse a las tareas agrícolas de la familia para garantizar un sustento
.
En el primer Pleno Nacional de Representantes Sindicales Democráticos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), convocado por el magisterio disidente del oficialismo, aseguraron que a la falta de recursos en los centros escolares, donde se carece de material didáctico para talleres y laboratorios, se suman condiciones de precariedad en el empleo para miles de docentes, lo que ha generado unincremento considerable de las consultas médicas de los maestros a fin de combatir el estrés
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En el encuentro, donde se presentó un avance del programa nacional alternativo de educación y cultura, así como las propuestas para elaborar un nuevo plan de acción hacia una jornada nacional de lucha, que incluirá un pliego petitorio nacional del magisterio, en el que se garanticen no sólo condiciones dignas de trabajo para el docente, sino también el acceso a un salario decente
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Por ello, llamaron a fortalecer la unidad del magisterio democrático y a hacer de la educación un tema de la agenda nacional, pues reiteraron su rechazo a las reformas al artículo tercero constitucional, así como a la imposición de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
Sergio Espinal, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, afirmó que en las próximas semanas se consolidará toda una estructura de participación y de toma de decisión de la base magisterial, a fin de impulsar en todo el país un esfuerzo colectivo no sólo por el rescate de la escuela pública y por la democratización del gremio, también para establecer un nuevo proyecto educativo
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Los docentes también aseguraron que la ACE no sólo atenta contra sus derechos laborales, sino contra la propia formación de los alumnos, pues afirmaron que “se deteriora aún más la calidad pedagógica, lo que es evidente en los cursos de capacitación docente, donde se nos pide que como parte de los experimentos en el aula enseñemos las diferencias de peso y volumen utilizando un refresco de cola light y uno normal”.
Profesores de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Baja California Sur, Quintana Roo, Guerrero, valle de México, Distrito Federal, Morelos, Querétaro, Veracruz y Campeche, señalaron que prevalece además un clima de represión sistemática contra el docente, a quien también se le ha incrementado la carga laboral ante la enorme cantidad de evaluaciones y reportes administrativos con los que debe cumplir
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José Luis Figueroa, dirigente del magisterio disidente en Zacatecas, afirmó que las autoridades educativas locales emitieron una circular para avisar a las escuelas que no exijan a los alumnos el requisito de traer uniforme de forma obligatoria, ya que los padres de familia no pueden costearlo
. Dirigentes sindicales de Querétaro, Puebla y San Luis Potosí insistieron en que la desintegración familiar ocasionada por la migración, así como las condiciones de empleo precario en las regiones rurales,han favorecido una creciente deserción escolar, que comienza a ser muy preocupante
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Ciudad de México, 15 de Marzo.- La tercera oferta de Luz y Fuerza al Sindicato de Electricistas para evitar el entallamiento de su huelga el mediodía de este lunes, es de 4. 1 por ciento directo al salario más otro punto porcentual como ayuda de transporte.
Esta tercera oferta será sometida a votación en la asamblea general permanente del Sindicato Mexicano de Electricistas que encabeza Martín Esparza Flores.
Por Elizabeth Díaz, reportera
Ciudad de México, 15 de Marzo.- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) reanudará sus negociaciones con Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a las 16:00 horas de este domingo, con el propósito de evitar la huelga programada a las 12:00 horas de este lunes.
Minutos antes de las 24:00 horas del sábado, la Asamblea General del SME se declaró en “receso” y el Comité Ejecutivo fue citado a las 16:00 horas este domingo, para reanudar sus negociaciones salariales con el director general de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera.
Lo anterior lo dio a conocer Fernando Amezcua Castillo, secretario del Exterior del gremio, quien exhortó a los trabajadores a presentarse hoy a 17:00 horas para someter a votación una posible tercera contrapropuesta salarial por parte de la paraestatal, luego de que el 2.5 y 3.5 por ciento ofrecidos han sido rechazados de manera unánime.
A su vez, Martín Esparza Flores, dirigente del SME, conformado por 43 mil trabajadores activos y 22 mil jubilados, señaló que su gremio seguirá hasta el último minuto, dispuesto a dialogar y negociar, toda vez que lo hasta ahora ofertado representa “una verdadera “burla”, cuando ellos exigen un 17.2 de incremento a sus ingresos.
Esparza Flores anticipó que si la tercera propuesta salarial por parte de la paraestatal es similar o va encaminada hacia el 4.6 por ciento que se les otorgó a los mínimos para este año; –sentenció-, será absolutamente rechazado.
De esta forma, los trabajadores electricistas alertan a los seis millones 180 mil usuarios del Distrito Federal, estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos para ¡que se vayan preparando! porque de no haber un acuerdo satisfactorio, se estallaría la huelga en estaciones, plantas y subestaciones de Luz y Fuerza del Centro, lo que conllevaría a una requisa, que consiste en la toma de instalaciones de la paraestatal por parte de los elementos del Ejército y la Policía Federal Preventiva.
Por su parte y a través de un comunicado, Luz y Fuerza del Centro (LyFC), aseguró que los ofrecimientos de aumento salarial expuestos al Sindicato Mexicano de Electricistas son “serios y responsables”, con base en la realidad financiera de la empresa.
Y es que de acuerdo al complejo entorno económico en que se desarrolla la negociación –asegura la paraestatal-, se requiere de la voluntad de ambas partes para sanear las finanzas de Luz y Fuerza del Centro y mantener la fuente de trabajo.
Así que se continuará impulsando el diálogo respetuoso y la negociación responsable para llegar a un acuerdo salarial que beneficie a ambas partes, pero sobre todo, a los usuarios.
Elizabeth Díaz, reportera
Lujambio, en conflicto de intereses por su cercanía con Calderón, señala Eréndira SandovalEjerce nivel epidérmico
de transparencia; debe el Congreso revisar ya operatividad del instituto
Bajo la dirección de Alonso Lujambio, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ha entrado en conflicto de intereses con el gobierno federal en materia de seguridad pública, y lo ha convertido en un entecolaboracionista
que ejerce un nivel epidérmico
de acceso a la transparencia”, advirtió Irma Eréndira Sandoval, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en temas de corrupción.
En entrevista, sostuvo que con el pretexto de salvaguar la seguridad nacional, salvo honrosas excepciones
, la mayoría de los comisionados está tratando de defender a los grupos de poder y los intereses enquistados en el aparato de gobierno, por lo que consideró necesario que los legisladores emprendan ya una revisión a la operatividad del instituto, para eliminar esas prácticas.
En su opinión, la cercanía directa del comisionado presidente, Alonso Lujambio, con Felipe Calderón ha afectado la operatividad del instituto, “que está teniendo una actuación muy poco orientada a la transparencia informativa, en contra del cumplimiento a la normatividad del artículo sexto constitucional.
Me atrevería a decir que de colaboracionista directo con el gobierno, por lo que el IFAI tiene que entender, con mucha claridad, que su papel no es colaborar con el gobierno, sino con la sociedad. Se debe pronunciar en favor de la exigencia ciudadana de acceder a la información, lo que cada vez es más lejano en México
, asentó.
Para la directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, con la imposición de reserva a los temas vinculados con la seguridad pública federal, el organismo realiza una “transparencia de higiene pública, en la que busca quedar bien con las instituciones y hacerlas aparecer como modernas y eficientes, sin realmente tener un compromiso con la exigencia de la rendición de cuentas.
“La corrupción que padece México –insistió– es el mal más importante a combatir, como han externado también organismos y expertos mexicanos e internacionales, y el derecho público a la información tendría que empujar hacia ese sentido, pero eso no lo están viendo desde los planteamientos hegemónicos que se ven en el IFAI.”
Dijo que el país vive tres niveles de transparencia: la primera –detalló– es la que priva en los partidos políticos y los gobernantes, quienes utilizan el discurso de la rendición de cuentas para legitimar sus acciones, sin entender el fondo del significado del derecho al acceso a la información ni la obligación de informar.
La otra es técnica, que es en la que está cayendo el IFAI
. Hasta cierto nivel sí empuja el derecho a acceder a la información, “hasta que topa con intereses económicos y políticos, con los cuales abdica en sus obligaciones de defensa, auspicio y promoción de este derecho.
Se trata de una transparencia que se disfraza de técnica o tecnócrata, en la que el instituto toma un posicionamiento político muy claro, que no es meter en aprietos a los gobernantes, a los sujetos obligados.
La última es la que impulsan desde la sociedad las agrupaciones ciudadanas, los académicos y los medios de comunicación para combatir la corrupción y obligar a que haya transparencia y rendición clara de cuentas, advirtió.
Las instalaciones son clausuradas con brutalidad y se decomisa el equipo: Carlos Sotelo
Gobernación es parte del problema, ya que tiene secuestradosexpedientes de las emisoras, dice
El gobierno federal ha lanzado una embestida
contra radios comunitarias y sociales, muchas de ellas índígenas, que no sólo incluye la clausura violenta de las instalaciones y el decomiso del equipo, sino el ejercicio de acción penal contra sus representantes, denunció el legislador perredista Carlos Sotelo.
Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Sotelo advirtió que parte del problema es que Gobernación no ha dado trámite a las solicitudes de decenas de estaciones de radio para que se les expida el permiso de operar.
A pesar de que cumplen con los requisitos, señaló, la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont mantiene secuestrados
los expedientes, como lo ha hecho también con el canal de televisión del Congreso.
Sotelo demandó a las autoridades federales una especie de tregua
con el fin de suspender los cierres de estaciones de radio para dar paso a su regulación, ya que de lo contrario podrían estallar conflictos sociales, toda vez que se trata de pequeñas emisoras con arraigo en las comunidades, contra las que la autoridad ha emprendido la aplicación selectiva de la ley, a fin de desaparecerlas.
Acompañado por el presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Carlos Aparicio, el legislador aseveró que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) llevaron a cabo antes del cierre de las estaciones el decomiso del equipo y acciones de tipo civil.
Sin embargo, durante este año los cierres han sido violentos, brutales
, como es el caso de dos radios comunitarias de la zona purépecha de Michoacán, donde se presentaron más de cien agentes federales para allanar, cerrar las instalaciones y amagar a quienes ahí laboraban.
Silencian programa infantil
El caso más reciente, detalló, es el de la estación Tierra y Libertad, de Monterrey, donde un fuerte contingente policiaco se presentó durante la transmisión de un programa infantil y cerró la emisora, con más de siete años de operar.
Pero no sólo ello, agregó, se fincaron además responsabilidades penales a Héctor Camero, responsable del proyecto radial.
Ello, debido a que en lugar de aplicar la Ley Federal de Radio y Televisión, que es la que opera en caso de que no tengan los permisos legales correspondientes, han esgrimido la Ley General de Bienes Nacionales, para poder perseguir a quienes están al frente de esas radiodifusoras.
El gobierno mexicano pasa por encima de convenios internacionales que ha signado y en los que se establece el derecho de las comunidades y pueblos indios y de otros grupos a contar con medios de comunicación, acusó.
Sotelo señaló que hay además una represión selectiva
, ya que operan, también sin permisos, muchas radiodifusoras religiosas y otras de gobiernos locales del PRI y el PAN, contra las que no hay ningún operativo.
Pareciera, expuso, que la autoridad sigue los dictados de empresarios del ramo que demandan: Ciérrame ésta o cállame aquélla
.
El problema de fondo, explicó, es que el Congreso no ha legislado, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, luego de que invalidó la llamada ley Televisa, y la demora se debe a que algunas fuerzas políticas no se deciden a enfrentar a las televisoras.
Sin embargo, afirmó, el PRD va a proponer que mientras se da el consenso para una reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión, se legisle en torno a las radios comunitarias y sociales, a fin de que haya un marco jurídico que les dé certeza.
Además insistirán en que se frenen losoperativos policiacos y Gobernacióndeje de ser omisa
y libere los expedientes, con el fin de que la Cofetel dictamine sobre los muchos permisos de operar pendientes desde hace años.
Demandan limpieza en la negociación del gobierno con el SME
omo muchos ciudadanos y sindicalistas, preocupados por la negociación contractual que realizan el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la empresa Luz y Fuerza del Centro, con la participación de las secretarías de Energía y del Trabajo y Previsión Social, cuya fecha de vencimiento es el 16 de marzo al mediodía, sin que a la fecha haya solución y sin que la autoridad haya hecho un ofrecimiento para la solución y dado pruebas de su disposición para evitar el conflicto, llamamos al gobierno federal a que negocie con la representación del SME, con tal disposición de conciliación que permita llegar a la solución, como lo señala la ley vigente.
Los compañeros del SME han cubierto todos los señalamientos establecidos por la ley para llevar a cabo la revisión contractual, defendiendo los intereses y derechos de sus agremiados, mostrando a la vez disposición negociadora y flexible para llegar a la solución legal y razonada de la revisión.
En particular nos preocupa la tardanza del gobierno federal, porque en años anteriores utilizó a las fuerzas armadas, sacándolas a las calles a rodear las instalaciones del Luz y Fuerza del Centro un día antes de la fecha límite, sin que medie razón alguna para ello, y menos, base legal. Menos pueden ser usadas las fuerzas armadas como forma de presión en las negociaciones contractuales, porque es una acción ilegal e irresponsable.
Con el debido respeto y con toda energía, llamamos al gobierno a que se apegue a lo dispuesto en la ley suprema en los artículos 89 fracción VI y 129 y no haga uso de las fuerzas armadas en la negociación con un sindicato.
Por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos: Lauro Sol, Estela Ríos, Raúl Jiménez, Ernestina Godoy, Manuel Fuentes, Enrique Larios, Maricarmen Fernández, Adalberto Saldaña, María Luisa Campos, Adela Salazar, Raymundo Patiño, José Luis Contreras, Octavio Loyzaga, Jorge Careaga, Benjamín Sandoval, Edith Ramírez, Margarita Chavarría, Jorge Viveros, Enrique León, Marina Téllez, Óscar Alzaga y 31 firmas más
