viernes, 3 de julio de 2009
Discrecional adquisición de bienes nacionales por extranjeros
manera discrecional el gobierno mexicano autoriza a extranjeros la adquisición de tierras, minas y aguas. Especialistas demandan legislar para que se acabe con los permisos arbitrarios. Por permisos de explotación, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe 11 millones de pesos
El dominio de extranjeros sobre el suelo y subsuelo mexicanos que desde 1996 permitió el Acuerdo Desregulatorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido por los entonces secretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, José Ángel Gurría y Herminio Blanco, fue el punto de partida de 13 años de reformas legales para permitir el acceso a bienes inmuebles, explotación de recursos mineros y de aguas nacionales a ciudadanos de otros países. A cambio, la cancillería reportó ingresos, por expedir esos permisos, que en el primer semestre de 2007 representaron 11 millones 694 mil 3 pesos, conforme a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al respecto, el académico y especialista en derecho Raúl Carrancá y Rivas considera que la Cámara de Diputados podría, y debería, presentar una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución para limitar la venta del patrimonio de México, “habida cuenta de que implica un abuso y una concesión que va más allá del espíritu constitucional de parte del Estado para darles esos beneficios a los extranjeros”. Agrega que, “políticamente, esto es muy propio del panismo en el poder desde Fox. El Estado maneja una política discrecional, por lo que hay que quitarle la discrecionalidad mediante esa reforma al (artículo) 27. No hay otro camino”.
Fue el 22 de octubre de 1996 –19 meses después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte– cuando ese Acuerdo Desregulatorio abrió la posibilidad para que personas físicas o morales extranjeras adquirieran bienes inmuebles en territorio nacional, obtuvieran concesiones para explotar minas y aguas o constituyeran fideicomisos fuera de la zona restringida del territorio nacional. Se determinó entonces que correspondía a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aplicar esa nueva norma a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos; la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial actuó en el mismo sentido, a través de su Unidad de Desregulación Económica.
A pesar de que el artículo 27 constitucional impide a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, zona conocida como restringida, el gobierno de Ernesto Zedillo impulsó el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles localizados fuera de esa áreas a los extranjeros que se constituyeran en un fideicomiso, bajo el Título Segundo de la Ley de Inversión Extranjera.
Adicionalmente al Acuerdo Desregulatorio de 1996, el 2 de marzo de 1998 se promulgó el Acuerdo General que permite “a los nacionales de aquellos países, con los que los Estados Unidos Mexicanos sostiene relaciones diplomáticas, beneficiarse de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 10-A de la Ley de Inversión Extranjera”. Esa norma establece que los extranjeros que pretenden adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida sólo deben presentar ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE una solicitud por escrito en el que convengan lo que dispone la Constitución.
Permisos sin límite
De acuerdo con el sitio electrónico de la cancillería, ésta otorga permisos a los extranjeros para constituir fideicomisos y obtener el dominio de inmuebles en territorio nacional, así como permitir su uso y aprovechamiento. Asimismo, deberá cubrir el pago de derechos que establecen las fracciones III y V, inciso a, del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos vigente. Cinco días hábiles después de que formule la petición, esa dependencia deberá resolverlo.
Hasta ahora, se desconoce cuántas solicitudes se han aprobado desde que entró en vigor el Acuerdo Desregulatorio de 1996, así como los ingresos que recibió la cancillería por concepto de derechos por el otorgamiento, recepción y examen de las solicitudes de permiso para la adquisición de inmuebles por extranjeros fuera de la zona restringida, así como de las concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional.
En cambio, la revisión que hizo la ASF a la Cuenta Pública 2007 de las direcciones generales de Asuntos Jurídicos, de Programación, Organización y Presupuesto y la de Contabilidad de la SRE reveló que, de enero a junio de ese año, esa dependencia otorgó 2 mil 545 permisos cada uno con una tarifa de 4 mil 595 pesos, lo que dio un total para ese semestre de 11 millones 694 mil 300 pesos.
Del universo de 121 millones 63 mil pesos que la cancillería reportó en el Estado analítico de ingresos de la cuenta pública al mes de junio de 2007, la ASF auditó 54 millones 282 mil 200 pesos. De esa suma, el órgano fiscalizador federal determinó que 42 millones 586 mil 900 pesos provinieron de la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones, y 11 millones 694 mil 300 pesos procedieron de la recepción y estudio del escrito de convenio de renuncia para la adquisición de inmuebles fuera de zona restringida u obtención de concesiones para la exploración y explotación de minas o aguas en el territorio nacional.
En la auditoría 07-0-05100-02-0053, respecto de la recaudación de ingresos por permisos y concesiones, la ASF observa que “la Ley Federal de Derechos no establece el límite de permisos y concesiones que se pueden otorgar a un ciudadano extranjero, por lo que se considera necesario que las leyes sean congruentes entre sí”.
Al respecto, la cancillería informó a la ASF, por medio del oficio ASJ-300 del 8 de enero de 2008, que en el artículo 1, párrafos primero y tercero de la Constitución, no se establecen restricciones a las personas extranjeras en cuanto al número de permisos y concesiones que se les pueden otorgar, por lo que “sería violatorio del principio de igualdad establecido en dicho ordenamiento”.
Tendencia a acotar
La apertura a los extranjeros tiene su antecedente en el auge de la desregulación y simplificación administrativa del gobierno mexicano que tuvo su mayor expresión en el último lustro del siglo XX y que se amparó en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Éste privilegió la desregulación para “mejorar la eficiencia” y “eliminar la discrecionalidad de la autoridad”, así como el exceso de trámites burocráticos.
No obstante, la tendencia internacional actual corre en sentido contrario a esa desregulación estatal mexicana, tanto respecto de la adquisición de bienes inmuebles por los extranjeros como de la obtención de concesiones para explotar los recursos minerales e hidrológicos. En otros países del continente americano, así como en Europa y Asia, se registran políticas gubernamentales contrarias a otorgar esos permisos indiscriminadamente.
Por ejemplo, el proyecto de ley que ingresó al Senado de la República de Argentina el 8 de mayo de 2009 propone que una persona física o jurídica extranjera no puede obtener más del 2 por ciento de territorio de una provincia o del 10 por ciento de una comuna. “El objetivo de la presente ley no es prohibir que los extranjeros que inviertan en nuestro país, sino ponerles límites y condiciones razonables”, sostiene la iniciativa.
Limitaciones semejantes existen en Brasil, donde un extranjero no puede poseer más del 25 por ciento de las tierras municipales, o en El Salvador, donde el artículo 109 de la Carta Fundamental establece que la propiedad de los bienes raíces “rústicos” no podrá ser adquirida por extranjeros en cuyos países de origen los salvadoreños no tengan iguales derechos, excepto cuando se trate de tierras para establecimientos comerciales.
El artículo 122 de la Constitución de Guatemala determina que los extranjeros requieren autorización del Estado para adquirir la propiedad de los bienes inmuebles, pues éstos son reserva territorial del país. Canadá aplica la Investment Canadá de 1985, que prevé que las inversiones extranjeras directas no deben superar los 5 millones de dólares y menos de 50 mil millones de dólares para las inversiones extranjeras indirectas sin autorización legal. El permiso del Estado será necesario cuando, por razones de interés público, el Ministerio de Industria así lo recomiende, aunque será examinada por el Consejo de Ministros.
Estados Unidos aplica la Ley de Revelación de Inversión Extranjera en la Agricultura de 1976, que establece que los extranjeros que adquieran tierras agrícolas con una extensión mayor a 10 acres (4.04 hectáreas) deberán registrar su adquisición dentro de los 90 días siguientes. El estado de Indiana, en aquel país, aplica una restricción para los extranjeros que no tienen intención de naturalizarse como ciudadanos estadunidenses, pues no pueden conservar tierras de más de 320 acres (129.28 hectáreas) por más de cinco años.
Una normatividad similar aplica el estado de Missouri con respecto de los extranjeros y empresas foráneas que buscan adquirir tierras agrícolas. Los propietarios de esos predios que residan en aquel estado están obligados a vender el inmueble en el lapso de dos años si pierden su calidad de residentes. El fértil Iowa, situado en la región centro-oeste de Estados Unidos, permite a los extranjeros adquirir el dominio de todo tipo de tierras bajo el Iowa Code, sin embargo, no los autoriza a poseer tierras para uso agrícola.
La legislación de Corea del Sur prohíbe a los extranjeros comprar tierras, aunque permite a las compañías foráneas adquirir bienes raíces que necesiten para concretar sus operaciones. Las leyes de Dinamarca exigen a los extranjeros autorización previa del Ministerio de Justicia cuando pretenden comprar bienes raíces; y la Land Act de 1965 de Irlanda exige a los extranjeros el permiso de la Comisión de Tierras para comprar o arrendar tierras agrícolas, aunque exime de esa norma a los extranjeros con siete años de residencia continua.
Noruega, por medio de la Norway Concession Act de 1917 –modificada en 1974–, establece que los extranjeros que deseen adquirir tierras requieren autorización del Ministerio de Agricultura e Industria. Finalmente, el caso suizo tiene relieve particular, pues la Ley Federal Suiza sobre Adquisición de Bienes Raíces por Extranjeros (denominada Lex Friedrich) fue objeto de un intento desde el gobierno para derogarla; sin embargo, un referéndum ciudadano votó en contra y, ante la persistencia por modificarla, fue enmendada en 1997.
Con esa modificación, los extranjeros sin permiso de residencia en Suiza que pretendan adquirir inmuebles deberán tener la autorización gubernamental. No obstante, la enmienda incorporada exime a las personas naturales con permiso de residencia por un periodo mayor a un año de la obligación de contar con autorización del gobierno para comprar los bienes raíces que ocupan. Bajo la Lex Friedrich, las autorizaciones de compra o arriendo de no residentes y empresas extranjeras deben solicitarse a las autoridades locales.
Esta transformación en las legislaciones internacionales para acotar el acceso de extranjeros a sus tierras y recursos permite concluir a Raúl Carrancá y Rivas que, si bien la Constitución establece ciertos principios, “acatarlos depende del patriotismo, de la buena fe, de la buena voluntad del Estado y de los propios extranjeros”.
Sin embargo, cuando se detectan abusos del derecho constitucional, el Congreso debe reaccionar inmediatamente –en concreto, la Cámara de Diputados– para presentar una iniciativa de ley que puntualice que, ante un abuso, debe eliminarse la discrecionalidad, indica.
“Es urgentísimo, porque de lo contrario se está solapando la acción que criticamos, y considero que estamos en presencia de un abuso sin discusión del Poder Ejecutivo y corresponde tomar conciencia de esto a la Cámara de Diputados”, concluye el doctor en derecho Raúl Carrancá, merecedor a la Medalla de Oro al Mérito Académico.
Minas mexicanas, sobreexplotadas por trasnacionales
la llegada del panismo a la Presidencia, la Secretaría de Economía ha venido “flexibilizando” sus políticas en beneficio de 628 proyectos mineros de 257 compañías trasnacionales (198 canadienses) y sociedades de inversión con participación extranjera. Documentos de la Secretaría de la Función Pública revelan riesgo de corrupción; al tiempo, la Auditoría Superior de la Federación alerta un desvío de 17 millones 640 mil pesos (25.3 por ciento) en el control de concesiones
En 2008, durante su Segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón expresó que, según la Encuesta compañías mineras 2007/2008, elaborada por el Instituto Fraser, de origen canadiense, México calificó en el primer lugar de potencial minero en el ámbito internacional.
En la encuesta aplicada a 3 mil compañías dedicadas a la exploración, explotación y otras actividades relacionadas con la minería, el Instituto Fraser también consideró que este país ocupa el lugar 28 (de 100) respecto del potencial político. Éste, “quizá –cita el documento–, es el más importante indicador que busca medir la totalidad de las políticas y su atractivo para la inversión”.
De 2002 a 2008 la Secretaría de Economía (SE) ha constituido el marco jurídico, legal y administrativo –brindando confidencialidad– en beneficio de 628 proyectos administrados por 257 compañías de origen extranjero; 198 canadienses, que representan el 77 por ciento.
Mario Patrón, investigador y colaborador del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asegura que con las reformas a la Ley Minera el gobierno mexicano buscó otorgar certeza jurídica y económica a las compañías extranjeras. “Es la flexibilización de las leyes para permitir la sobreexplotación de recursos naturales y abrir aún más el mercado. El auge de la explotación extranjera en el país no cumple con una política pública integral que beneficie a la población mexicana”.
De las últimas reformas a la Ley de Minas destaca el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2005, por el que se constituyó un organismo descentralizado y de apoyo de la Secretaría de Economía, coordinado por la Dirección General de Minas (DGM): el Servicio Geológico Mexicano (SGM), que brinda atención e información a las compañías interesadas.
El investigador opina que con las reformas aprobadas “se golpeó a la pequeña y mediana industria, ya que a éstas les resulta más difícil cubrir los altos costos de los procesos y métodos de extracción. Se privilegió la entrada de grandes capitales de inversión de compañías extranjeras de manera directa, sobre todo las empresas canadienses”.
Para la Cámara Minera de México (Camimex) aún son siete los “retos políticos” que enfrenta la industria minera mexicana, expresan en un análisis de la empresa internacional Grupo Behre & Dolbear Inc que circula en una publicación interna.
Son “factores de riesgo” para la inversión: el sistema económico del país, el sistema político, el grado en el que los problemas sociales afectan a la minería, el grado de corrupción, el tiempo que se requiere en la obtención de permisos, la estabilidad del tipo de cambio y el régimen fiscal, según la Camimex.
El investigador Mario Patrón afirma que el marco jurídico es sumamente laxo. “Es el resultado de la determinación del gobierno. La Ley Minera tutela de facto que el Estado es el dueño y, por lo tanto, tiene el derecho unilateral de otorgar las concesiones”.
Así, en los dos últimos sexenios, de 2000 a 2008, se han otorgado un total de 22 mil 825 títulos de concesión –entre reasignaciones y nuevas concesiones– a empresas mineras en el país –45 millones 903 mil 311.24 hectáreas acumuladas– con un alto índice de participación y crecimiento de inversión internacional en la producción minera.
Además, la inscripción al Registro Público de la Minería –que actualmente cuenta con 1 mil 828 sociedades de inversión– se incrementó a más del 42 por ciento de concesiones mineras con capital extranjero, según el registro de la Secretaría de Economía: Principales indicadores de la administración de concesiones mineras 2007-2008.
Pero, para dos dependencias gubernamentales, las cifras y los procesos de asignación y operación de concesiones mineras, administradas por esa secretaría –a través de sus dos órganos descentralizados (la Dirección General de Minas y el Servicio Geológico Mexicano)– , muestran irregularidades.
En el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela un “desvío significativo” de 17 millones 640 mil pesos, 25.3 por ciento del control de operación y pagos por concesiones; mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) considera que la administración pública de la Secretaría de Economía hace “factible” el riesgo de corrupción.
Se solicitaron entrevistas con María Jiménez Valverde, titular de la Coordinación General de Minas, y Andrés Fuentes, gerente de Difusión y Medios del Fideicomiso y Fondo Minero, pero no hubo respuesta. También, con Carlos Eduardo de la Cruz Ledezma, titular de la DGM, por conducto de Fernando Arias, de Comunicación Social de la Secretaría Economía, con igual resultado.
El superávit extranjero
De acuerdo con el reporte Estadísticas de inversión de empresas con participación extranjera en México, elaborado por la Secretaría de Economía, la DGM asegura que a septiembre de 2008 existían 257 empresas con capital extranjero operando en México que “manejan” un portafolio de 628 proyectos en total.
De las empresas extranjeras, la Dirección General de Minas apuntó que el 77 por ciento (198) tienen sus oficinas centrales en Canadá; 14 por ciento (36), en Estados Unidos; 2 por ciento (cinco), en Inglaterra; 1.5 por ciento (cuatro), en Australia; poco más del 1 por ciento (tres), en Japón; 1 por ciento, en China y Corea (dos); y una empresa por cada país en Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú.
En 26 estados de la república mexicana hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería. Los proyectos, de mayor a menor número, se concentran en Sonora (154), Chihuahua (87), Durango (70), Sinaloa (66), Zacatecas (50), Jalisco (35), Oaxaca (31), Baja California (16), Nayarit (15), Guerrero (15), Guanajuato (11), Michoacán (10), Chiapas (nueve), Estado de México y San Luis Potosí (ocho), Coahuila (siete), Nuevo León (cinco), Puebla (seis), Querétaro, Baja California Sur y Colima (cinco), e Hidalgo (tres), señala el informe.
Del total de proyectos operados por empresas con capital extranjero en México, 549 (87.42 por ciento) se encuentran en etapa de exploración; 56 (8.92 por ciento), en producción; y 23 (3.66 por ciento), en desarrollo.
Aproximadamente, 426 proyectos (68 por ciento) están asociados a la extracción de oro y plata, considerados metales preciosos; 103 (16 por ciento), con polimetálicos; 77 (12 por ciento), con cobre; 17, con hierro (3 por ciento); y el resto, con otros metales y materiales, como germanio, platino, paladio, cobalto, amazonita, wulfenita, legrandita, ágata, wollastonitam tungsteno y otros.
De cifras de 2007 y reportes mensuales publicados en su portal de internet, la DGM expone que se expidieron en todo el país 2 mil 467 títulos de concesión y asignación minera que amparan una superficie de 135.9 millones de hectáreas, lo que alcanzó un saldo acumulado –en el mismo año– de 24 mil 442 títulos de concesión y asignación minera por una superficie total de casi 149 millones de hectáreas.
La doble nacionalidad de las mineras
Felipe Calderón, en su Informe de Gobierno de 2008, dijo que el 72.3 por ciento de la inversión minera era nacional, que provino de las empresas afiliadas a la Camimex, y el 27.7 por ciento correspondió a inversiones extranjeras.
Por su parte, en 2007 la Secretaría de Economía reportó en su Anuario estadístico de la minería mexicana ampliada que la inversión privada sumó 2 mil 156 millones de dólares y estuvo compuesta por el 70.96 por ciento nacional y el 29.04 extranjera, lo que representa 1 mil 530 y 626 millones de dólares, respectivamente.
En la misma evaluación, Economía expuso la conformación de 151 nuevas sociedades, lo que representa un incremento de 13.5 por ciento respecto del año anterior; de éstas, 74 con capital mexicano y 77 –más de la mitad– con algún grado de participación de capital extranjero.
Además, de las 73 sociedades inscritas durante 2007 en el Registro Público de Minería, 36 son de capital social mexicano y 37 cuentan con participación extranjera. En total, el registro cuenta con 1 mil 828 sociedades mineras acumuladas.
El investigador Mario Patrón dice que “en algunos proyectos mineros hay alianzas y fusiones con capitales extranjeros –sociedades de inversión–, como las empresas Peñoles o Grupo Industrial México; inversiones que sin duda tienen capital de diversos países y se acreditan como nacionales”.
La Secretaría de Economía informa que, de las 1 mil 755 acumuladas hasta 2007, 979 son mexicanas y 776 extranjeras; 55.7 por ciento y 44.2 por ciento, respectivamente.
“La mayoría de las veces, las empresas internacionales tienen subsidiarias registradas en el país, pero en realidad son parte de grandes compañías internacionales”.
México, del interés “iberoamericano”
En febrero de 2006 se estableció la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI) en Quito, Ecuador, ratificada en Bolivia el 10 de marzo del mismo año. Está integrada por 22 países adheridos a la Cumbre de Países Iberoamericanos.
La ASGMI “invita” a algunos miembros honorarios no iberoamericanos que “podrán tener” los mismos derechos y obligaciones que los otros. Canadá es el país honorario representado por su Servicio Geológico y su titular, Douglas Michael Ellerbeck.
México, que a partir de la reforma de ley aprobada en 2005 ya cuenta con el Servicio Geológico, también es reconocido ante “todos aquellos servicios gubernamentales de geología y minería de los países iberoamericanos” y se conserva como el principal destino en América Latina de los gastos de exploración a nivel mundial, con una participación de 24 por ciento, junto a otros países receptores en América Latina: Perú y Chile. En segunda posición se ubica Canadá, con 19 por ciento.
Al servicio minero
Según sus estatutos (reformados en 2005), al Servicio Geológico se le confiere solicitar y recibir “con carácter confidencial” información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas, así como los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas.
Éste es un órgano regulado por la DGM. Y ambos “son los entes encargados de concesionar el uso y servir al disfrute del subsuelo nacional e incorporar los recursos naturales del país, tanto del suelo como del subsuelo, al mercado internacional”, considera el investigador Mario Patrón.
En 2007, el SGM y el área encargada de promover la inversión de la DGM reportaron que la industria minera tuvo un crecimiento de 3.7 del Producto Interno Bruto, superior al registrado por el conjunto de la economía nacional.
“Con la creación de dichos órganos se privilegian y venden servicios a gran escala, lo que muestra que la Ley Minera está hecha para las empresas que tienen todo el poder económico. Por eso, cuando les consta que hay minerales aseguran la concesión, para eso pagan. Eso es un principio de discriminación”, señala el investigador.
El SGM pone el Banco Digital de Datos de 1 mil 240 registros cartográficos, estudios técnicos y estadísticos, publicaciones y tesis especializadas: éste puede ser consultado vía internet para su utilización en proyectos de exploración minera, desarrollo de infraestructura, investigación científica básica o aplicada, geohidrología, proyectos ambientales y prevención de riesgos, entre otros, por “toda aquella empresa minera que pague –en proporción– por el beneficio de los servicios”.
Al primer semestre de 2008, el Servicio Geológico, mediante el diagnóstico de 11 distritos, identificó con potencial geológico-minero para su reactivación cuatro de ellos, que presentan condiciones favorables para ser reactivados junto con 25 minas, lo que significó al cierre de 2008 dos distritos y cinco minas más que el año anterior.
En entrevista con Fortuna, el director de mercadotecnia del SGM, José González Córdova, reconoce que, como parte del programa de descentralización del gobierno federal, a este órgano se le agregaron 16 funciones y que son miembros de la ASGMI.
El funcionario expresa: “Nuestro objetivo es generar y proveer el conocimiento geológico. La cartografía es nuestro principal proyecto; el segundo, el servicio de apoyo que nosotros le damos al sector y para que la gente tenga fácil una operación minera. Producir valor para México”.
Respecto de la relación del SGM con las compañías mineras, comenta que se venden los servicios a las empresas que lo soliciten para “facilitarles” la producción. “Nosotros no decimos dónde está el mineral, proporcionamos las evidencias, es decir, decimos dónde no está el mineral”.
“Desvíos significativos”
Entre las observaciones hechas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2007 destaca que 66 concesiones mineras pagaron derechos de menos, por 1 millón de pesos. Se determinó que otros dos concesionarios no pagaron 35 mil pesos; 432 concesionarios no pagaron el derecho por concesiones mineras, por 2 millones 526 mil pesos, y un concesionario no ha pagado estos derechos por 415.3 mil pesos correspondientes a 17 semestres, incluido el periodo de revisión.
El órgano fiscalizador evaluó una muestra de 69 millones 740.8 mil pesos por concepto de “partidas, conceptos, capítulos o aspectos revisados” reportados en el “Estado analítico de ingresos” del Informe de avance de gestión financiera de 2007. De estos, 120 pagos por 69 millones 740.8 miles de pesos, el 33.9 por ciento de los ingresos por derechos de concesiones; y 205 millones 939.6 mil pesos por asignaciones mineras.
Las irregularidades corresponden a los pagos efectuados por los contribuyentes de forma electrónica por los derechos de concesiones mineras que mostraron un “desvío significativo” de más de 17 millones de pesos.
Las áreas auditadas fueron la Dirección de Revisión de Obligaciones y la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, ambas de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía; así como la Administración del Centro Contable de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.
En el dictamen final, la ASF explica que la SE “no cumplió” con la recaudación de ingresos por derechos por concesiones y asignaciones mineras vigentes en el primer semestre de 2007. Por ello se emitieron cuatro observaciones que generaron ocho acciones, las cuales corresponden a tres a recomendaciones, una solicitud de aclaración, tres a pliego de observaciones y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La auditoría encontró pagos de menos, pagos de más y “otros” por un monto de 17 millones 639.9 mil pesos, que representa el 25.3 por ciento de la muestra auditada, lo que implicó “una desviación significativa”, expuso en el informe.
Del informe y copias de los títulos de concesión auditados –en poder de Fortuna– destacan la falta de pagos de 120 concesiones mineras y los movimientos administrativos realizados por los derechos de concesión.
Por ejemplo, la concesión número 217,879, ubicada en Zacatecas, no realizó más de cuatro pagos de enero a junio. En la ficha de la concesión aparece asignada a las empresas Exploraciones Mineras Peñoles y Exploraciones Mineras Parreña.
A la concesión número 196,019, la DGM le solicitó el pago de 11 semestres (de enero a junio de 2007) por derechos de concesión minera. La concesión con derechos hasta el año 2042 había sido cedida gratuitamente de Fabián Borquez Sánchez a Jesús Borquez Sobardo, que corresponde a una concesión para explotación de Unificación Porvenir en Naco, Sonora.
La SE reportó 11 millones 155.2 mil pesos de más de ingresos por derechos por concesiones y asignaciones mineras respecto de los presentados en el Informe de avance de gestión financiera 2007, y tres registros de pago por 2 millones 508 mil pesos estaban repetidos en la base de datos de los ingresos por los derechos de concesiones y asignaciones mineras y correspondían a un mismo concesionario.
Riesgo de corrupción
En diciembre de 2007, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio Geológico evaluó los procesos de asignaciones y reservas mineras (Área I Unidad Administrativa: Gerencia de Evaluación) del 23 de noviembre a diciembre de 2007.
Los resultados fueron de la Revisión de control (14/07) efectuada al cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2007 y al oficio de revisión de control (10/100/211/07), con fecha del 23 de noviembre, que estuvo orientada a identificar debilidades de control interno en el proceso de asignaciones y reservas mineras, debido a que se encuentra en el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2007.
El objetivo era verificar la elaboración del proceso de asignaciones y reservas mineras, así como su incorporación al Sistema de Gestión de Calidad Corporativo, de conformidad con el calendario de acciones para atender los riesgos de los trámites, servicios, programas y procesos.
Del análisis a la documentación se desprende que la Gerencia de Evaluación Minera identificó algunas áreas “susceptibles” y propuso dos acciones de mejora “orientadas a reforzar los mecanismos de control” en el proceso de asignaciones y reservas mineras.
Como parte de los trámites, servicios, programas y procesos que intentan dar seguimiento a los procesos de asignación y reservas mineras, el OIC en el SGM realizó modificaciones a la matriz de control “Procedimiento para asignaciones mineras” (EMN-P004) porque detectó que hace factible la administración, con “probabilidades de riesgo de corrupción”.
“Después de cinco años excepcionales, donde el precio de los commodities mineros alcanzó niveles récord, el mercado se derrumbó estrepitosamente en el último trimestre de 2008”. En 2009, las empresas agremiadas a la Camimex anuncian una inversión de más de 2 mil 300 millones de dólares, que junto con las empresas exploradoras no afiliadas podría elevarse a 2 mil 700 millones de dólares: Situación de la minería mexicana, Camimex
Antes de que se declarara la recesión en la economía mexicana, el primer semestre de 2008, el Fideicomiso de Fomento Minero (de la Secretaría de Economía) colocó 2 mil 529 millones de pesos en apoyos crediticios a proyectos productivos de 412 empresas mineras
Liquidación de Banrural cuesta 40 mil MDP
disolución del llamado “banco de apoyo al campo mexicano” cuesta casi 40 mil millones de pesos al erario, 400 por ciento más de los créditos asignados por esta institución en su último año de operaciones. Además, los libros contables del organismo liquidador (Sae) registran casi 7 mil millones de pesos en cartera vencida y otros 6 mil millones de pesos en juicios laborales y mercantiles, indica la ASF
La decisión de Vicente Fox de liquidar Banrural cuesta al erario casi 40 mil millones de pesos en tan sólo cuatro años. A ello se suma la cartera vencida de la extinta institución, por más de 6 mil 800 millones de pesos, los más de 2 mil juicios laborales interpuestos por exempleados y jubilados, así como otros 3 mil 300 asuntos jurídicos en materia mercantil, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Y es que de acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) –órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– ha empleado 39 mil millones 213 mil 986 pesos en el proceso de disolución y liquidación del Sistema Banrural (Banco Nacional de Crédito Rural), costo “histórico” para el cierre de una institución, califica el máximo órgano de fiscalización.
La cifra es 400 por ciento más del monto otorgado en créditos al sector más pobre del país, durante su último año de operaciones. Según el comparativo con el Tercer Informe de Gobierno de la administración foxista, a diciembre de 2002, el llamado banco de apoyo al campo mexicano otorgó créditos por 9 mil 783 millones 300 mil pesos.
De la fiscalización de la ASF también se desglosa el tipo de liquidaciones realizadas por el Sae, de lo que se desprende: 25 mil 262 millones 11 mil pesos de pasivos y contingencias; 1 mil 32 millones 489 mil pesos por contingencias y cumplimiento de obligaciones laborales, y 12 mil 919 millones 486 mil pesos en la liquidación de las obligaciones con los trabajadores jubilados y pensionados.
Los montos erogados a partir de enero de 2003 a diciembre de 2007, y que comprometen la disolución del Banrural, dice el informe, corresponden a 32 mil 969 millones 172 mil pesos de recursos fiscales y 6 mil 244 millones 814 mil pesos de recursos propios, y no será sino hasta 2010 cuando se dejen de asignar recursos para concluir el proceso.
A mediados del sexenio foxista, la liquidación de la institución crediticia se justificaba con la reducción de la plantilla laboral, que a 2002 era de más de 3 mil empleados activos y más de 8 mil jubilados, “lo que representaba una importante demanda de recursos del erario”. Con la creación de la Financiera Rural, como instrumento de financiamiento a los “agronegocios”, se ocuparían menos de 1 mil empleados.
Los juicios contra el Sae
Luego de que el gobierno federal se congratulara de la reducción presupuestaria en nómina, los juicios laborales en contra de la institución iniciaron también su proceso. De los 8 mil jubilados del Banrural que se registraban al cierre, actualmente existen más de 2 mil demandas para exigir los derechos laborales contraídos con el banco.
La cuarta parte de los trabajadores que prestaron sus servicios por más de 25 años han interpuesto 2 mil 45 juicios contra el SAE, que representa un gasto de 1 mil 771 millones de pesos para el erario. Del informe de la ASF se contempla que en 2007 no fue asignado ningún monto a este rubro, por lo que quedan pendientes de resolver los compromisos que en algún momento adquirió el Estado con su burocracia.
José Ángel Izaguirre, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural (Anejub), contradice las cifras oficiales, pues asegura que son más de 3 mil 800 las demandas interpuestas en contra del organismo liquidador, y que en su mayoría exigen el cumplimiento de los servicios médicos.
“No se nos ha otorgado todo lo que por derecho nos corresponde, principalmente el acceso a los servicios médicos, vales de despensa y espacios deportivos; los servicios médicos son la prestación reina para nosotros”, dice el exservidor público que representa a nivel nacional a más de 8 mil extrabajadores que rebasan los 60 años de edad.
También lamenta la liquidación de Banrural ya que, dice, “respondió a los intereses políticos de Vicente Fox. Este banco era importante, principalmente para los ejidatarios y pequeños propietarios que son los que realmente producen los alimentos de este país; los mismos campesinos que desde el 1 julio de 2003 no tienen acceso a créditos bancarios”.
El informe de la ASF también incluye los juicios en contra del Sae interpuestos por extrabajadores, que al cierre de 2007 sumaban 408 por 149 millones 587 mil pesos. Según el informe presentado en 2006, los asuntos de estos exburócratas eran 427, que significaban 153 millones 241 mil pesos. Las cifras indican que en un año, el Sae solucionó sólo 19 asuntos con un arreglo monetario de 3 millones 654 mil pesos. Ello significa que apenas se cubrió el 4.4 por ciento de los casos.
El exgerente en diversas sucursales de Puebla, durante los últimos años de funcionamiento del banco, critica que la solución de los casos es muy lenta, “la burocracia y el gobierno no quieren resolver, y nosotros estamos haciendo gestiones por todos lados para ver quién nos hace caso”, comenta.
La Ley Orgánica de la Financiera Rural, por la que se rige el banco en liquidación, establece que “los jubilados y pensionados de las sociedades nacionales de crédito que se liquidan continuarán recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios respectivos”.
Además, “tendrán derecho a recibir atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria (…) Los beneficios al fallecimiento seguirán otorgándose a los derechohabientes de los jubilados y pensionados”.
De los juicios mercantiles que reporta el Sae, 3 mil 732 se registraron en 2007 e implican un monto de 5 mil 149 millones 503 mil pesos. Un año antes, la cifra ascendía a 7 mil 22 juicios por 7 mil 612 millones 877 mil 500 pesos.
Estos abarcan: “cartera vencida de habilitados” y demandas penales, administrativas y fiscales, que fueron resueltos en un 46.9 por ciento. Ello implicó la asignación de 2 mil 463 millones 374 mil 500 pesos, por 3 mil 290 asuntos.
Las deudas campesinas
Además de los recursos asignados a los litigios con exempleados y empresas acreedoras de Banrural, la extinta institución aún no recupera su cartera vencida, es decir, la deuda que tienen aproximadamente 200 mil sujetos de crédito desde diciembre de 2002.
Según el informe de la ASF, son 6 mil 887 millones 509 mil pesos los números rojos del Banrural. La cartera vigente, y que todavía podría ser recuperable, apenas representa el 5.33 por ciento, con 367 millones 220 mil pesos.
En tanto, la cartera vencida por 6 mil 520 millones 289 mil fue reducida respecto del año anterior, en 870 millones 747 mil, que significa el 11.2 por ciento con relación al reportado en 2006.
Rafael Galindo Jaime, dirigente de la Central Campesina Independiente, dice que las deudas que tienen millones de campesinos impiden la obtención de nuevos créditos con instituciones de la banca comercial o incluso de la misma Financiera Rural (instrumento financiero que suplió a Banrural).
Entre las observaciones que hace la ASF, destaca un probable daño a la hacienda pública por 8 millones 945 mil pesos, derivado de estados financieros dictaminados del Sistema Banrural al 31 de diciembre de 2007, por 6 mil 887 millones 509 mil pesos, con las relaciones analíticas por acreditado de 6 mil 878 millones 564 mil pesos, “que obedeció a errores y omisiones en la información financiera”.
El Mandato
El 4 de junio de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formaliza el mandato a través de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera, en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso Liquidador.
Con ello se pretendía continuar “por cuenta y orden del gobierno federal, pero en nombre propio, con la administración, cobranza y, en su caso, venta de la cartera cedida por Banrural, así como de los activos recibidos con motivo de la cobranza de dicha cartera, enterando el producto de las recuperaciones y venta a la Tesorería de la Federación, previa deducción de los gastos originados por el encargo”.
El Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 indica que el Sae tiene 23 recomendaciones pendientes de solventar respecto de los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, según se registró hasta noviembre de 2008.
El documento dice que en 2005 el máximo órgano de fiscalización emitió 16 observaciones con 24 acciones y recomendaciones, de las que sólo quedó una por atender.
No obstante, en 2006 quedaron pendientes de atender 22 de las observaciones de la ASF, mismas que derivaron de 17 observaciones con 31 acciones, que se dividen en 17 recomendaciones y 14 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria de servidores públicos, de las que sólo se atendieron nueve por parte del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (ER)
Fracasa Sedesol en programa Microrregiones
Sedesol fracasa en el manejo de más de 1 mil millones de pesos que pretendían paliar la pobreza de casi 20 millones de mexicanos. La secretaría que encabeza Ernesto Cordero Arroyo carece de mecanismos de control para operar el programa Microrregiones, del que dependen más de 99 mil localidades marginadas en el país, revelan la ASF y la FAO
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) falla en el Programa para el Desarrollo Local Microrregiones, que operó en 2007 con 1 mil 17 millones 26 mil 500 pesos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coinciden en que el programa carece de indicadores para evaluar la calidad de los proyectos apoyados y mecanismos de control, entre otras.
De acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, los más de 1 mil millones de pesos fueron asignados para combatir la pobreza extrema en la que sobreviven casi 20 millones de mexicanos, los mismos que residen en más de 99 mil localidades de 1 mil 334 municipios.
El dictamen de la auditoría de desempeño, elaborado por la ASF, revela que la Sedesol “no dispuso de los elementos para promover la no duplicidad de acciones ni registró la aportación de los beneficiarios en mano de obra y especie”. Bajo estas condiciones fueron ejercidos 884 millones 586 mil pesos, es decir, el 87 por ciento del presupuesto, tan sólo en el otorgamiento de apoyos.
Los resultados de la auditoría también indican que el personal encargado de vigilar la operación “eficiente” del programa significó un desembolso de 88 millones 901 mil 200 pesos, el 8.7 por ciento de lo asignado en ese año, por el concepto de “pago del personal de honorarios”.
En tanto, los gastos de operación, supervisión, seguimiento y evaluación externa costaron a la hacienda pública otros 42 millones 733 mil 900 pesos, que significan el 4.2 por ciento del presupuesto. Los vehículos y equipo adquirido para la operación del combate a la pobreza representaron un gasto de 805 mil 300 pesos, es decir, el 0.1 por ciento de la asignación de recursos.
Los resultados de la FAO y la ASF fueron negativos, pese a que, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación de recursos federales creció en 110.7 por ciento, al pasar de 419 millones 864 mil pesos en 2003 a 884 millones 586 mil en 2007. El capital de los estados aumentó 93.9 por ciento, al pasar de 66 millones 901 mil 600 pesos a 129 millones 745 mil 400 pesos. Mientras, las aportaciones municipales se incrementaron en 314.6 por ciento, al pasar de 48 millones 836 mil 100 pesos a 202 millones 450 mil 200 pesos.
No obstante, la Sedesol “no dispuso de los elementos que le permitieran evaluar la obligación del programa, de potenciar los resultados y promover la no duplicidad de acciones”, dice la ASF.
Ramiro Díaz Baltazar, integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, asegura que todos los programas para superar la pobreza “los utiliza el gobierno para fines electorales; las dependencias están organizadas con los presidentes municipales afines al partido político en turno”.
El indígena nahua habla del apoyo institucional con incredulidad, “pues aunque el pueblo solicita los programas, no tiene acceso, sólo las comunidades que son afines al Estado. Nosotros, como organización independiente, no contamos con el gobierno, continuamos con los mismos problemas de marginación, olvido, atraso. Carecemos de una vivienda digna; en pocas palabras, vivimos a nuestra suerte”.
Los más pobres
Para paliar la pobreza, en el primer año de la administración de Felipe Calderón la secretaría contempló las mismas cifras con las que su antecesor Vicente Fox Quesada ejecutó el programa, es decir, 19 millones 900 mil personas en situación de miseria, registradas por el Consejo Nacional de Población en 2000.
La Lista de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano de la Sedesol coloca a Metlatónoc como la región más pobre del país, con 17 mil habitantes; le sigue Coicoyán de las Flores, Oaxaca, con 7 mil 598; Tehuipango, 20 mil 406, y Mixtla de Altamirano, 9 mil 572, en Veracruz; y en San Simón Zahuatlán, Oaxaca, hay 2 mil 481 en condiciones de miseria, parecidas a las del África subsahariana. El resto de los municipios se encuentran –además de en los estados ya mencionados– en Chiapas, Nayarit, Puebla y Durango.
El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, que se inserta en la Unidad de Microrregiones, destaca que, de las 99 mil localidades identificadas en Veracruz, hay 3 mil 172 localidades; en tanto que en Puebla son 1 mil 92; Oaxaca, 883; Guerrero, 490; Durango, 365; y Nayarit, 298. Todas con un alto y muy alto nivel de marginación.
Daniel Luna, integrante del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste, critica que los programas sociales son inaccesibles para los más pobres. “Los indígenas y campesinos, que son los más marginados, carecen de la documentación oficial que solicitan en las dependencias de gobierno para otorgarles algún apoyo, y las instrucciones de las reglas de operación no están en la lengua, lo que significa un desprecio por parte del mismo Estado”.
La subsistencia
Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) revelan que de los 19 millones 900 personas que viven en la marginación, 12 millones 357 mil 900 personas (62.1 por ciento) viven hacinadas.
Cifras oficiales indican que el 76.4 por ciento de la población total marginada está ocupada con un ingreso de hasta dos salarios mínimos. Esto significa –de acuerdo con la Comisión de Salarios Mínimos– que en 2000 había 15 millones 203 mil 600 personas que alcanzaban a obtener de 47.65 pesos a 95 pesos diarios. A la fecha, los ingresos podrían variar entre cuatro y ocho pesos diarios, pues el salario mínimo es de 51.95 pesos.
El analfabetismo y la falta de oportunidades para concluir la educación primaria también son características propias de la miseria, pues en el país hay, por lo menos, 14 millones 499 mil personas en esta situación.
La población analfabeta, dice el Conapo, representa el 23.2 por ciento de los más pobres, 4 millones 616 mil. En tanto, el 51.9 por ciento, es decir 10 millones 328 mil mexicanos, ha dejado los estudios básicos.
Otras 8 millones 258 mil personas ocupan viviendas con piso de tierra y éstos son el 41.5 de los más marginados. Mientras, 6 millones 29 mil carecen de agua potable; 5 millones 472 mil no tienen sistemas de drenaje en sus comunidades y 3 millones 64 mil no cuentan con servicios de luz.
Araceli Damián, profesora-investigadora sobre temas de la pobreza de El Colegio de México (Colmex), asegura que la pobreza de los casi 20 millones de mexicanos que viven en esta situación es consecuencia de 25 años de abandono a la inversión en infraestructura social, educativa y de salud. Es resultado del modelo neoliberal.
FAO reprueba a la Sedesol
La Evaluación de consistencia y resultados 2007 del Programa para el Desarrollo Local Microrregiones, elaborada por la FAO, coincide con la ASF, pues dice que en la Unidad de Microrregiones, que coordina Germán Palafox Palafox “no existe una base monitoreable y definida para poder valorar los resultados”.
De acuerdo con el informe final del organismo internacional (del cual Contralínea posee copia), la FAO fue contratada por la misma Sedesol para la realización de la evaluación externa, por 596 mil 471 pesos. Los encargados del proyecto, Guillermo Chávez Zarate (coordinador) e Ismael Sánchez Valdez (investigador), determinaron que Microrregiones debe exponer claramente el problema que busca atender, así como integrar un diagnóstico actualizado que describa y analice las problemáticas, de acuerdo con la situación geográfica y las condiciones territoriales de las comunidades en situación de extrema pobreza.
La FAO destaca que tanto las Reglas de Operación y la Matriz del Marco Lógico (referencias para la asignación del presupuesto) “no coinciden, y éstos no son suficientes, pues han arrojado indicadores que no son consistentes. Su manejo no ha sido una herramienta útil” en la toma de decisiones para combatir la pobreza.
Además, critica que el programa de la Sedesol no cuenta con metas e indicadores de desempeño, más que las presupuestales (con más de 1 mil millones de pesos en 2007), que son “insuficientes” para valorar el impacto en casi 20 millones de personas.
Destaca que la Sedesol ha sido “omisa” a las evaluaciones externas desempeñadas por la Universidad Autónoma Chapingo, en 2006; Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, 2004; Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, 2003; la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002; Red para el Desarrollo Sostenido de México, en 2000; y la Evaluación del impacto de la estrategia de Microrregiones, en 2006, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Las instituciones y organizaciones civiles que evaluaron a la Sedesol advertían de la carencia de indicadores, según la FAO, y sus recomendaciones no se han “cristalizado”, ya que “aún no existe una definición única y precisa de indicadores, no se cuenta con línea base de referencia, no hay un cálculo de los mismos. En general, no hay un seguimiento de manera sistemática de esta información para la toma de decisiones del programa”.
Al tiempo que la ASF y la FAO reprueban el desempeño de la Sedesol, Julio Boltvinik Kalinka, profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colmex, asegura que “los más pobres viven abandonados a la mano de dios. Es gente que no tiene acceso ni siquiera a los servicios básicos de salud, por lo que se demuestra que los programas para paliar la pobreza no han tenido impacto en la población”.
Agrega: “Éste es el triste estado que durante 25 años le han dejado los gobiernos neoliberales al país”.
Subrogación de la responsabilidad social del Estado
Subrogación de la responsabilidad social del Estado
Asa Cristina Laurell
La tragedia de la guardería ABC en Hermosillo ha sacado a la luz pública el tema de la subrogación de ese tipo de centros, que no se restringe a éstos, sino que abarca todos los servicios sociales y se inscribe en un proceso general de privatización. Su lógica es abatir costos, generar ganancias e impulsar que las instituciones se deshagan de la prestación de servicios. La subrogación es compra-venta de servicios.
Este proceso ya tiene tiempo en nuestro país y se observa con especial nitidez respecto de la seguridad social y la salud cuyo objetivo es convertir este ámbito en un campo de creación de ganancias privadas con fondos públicos como lo son los de pensiones. El ejemplo más conocido es el de los fondos de jubilación y retiro en el que las Afore cobran comisiones muy altas (1.7 por ciento promedio sobre el total del fondo), al tiempo que las futuras pensiones en la mayoría de los casos no llegarán siquiera a un salario mínimo.
En el sector salud este proceso parte de la separación entre las funciones de regulación del sistema en la materia, su financiamiento y la prestación de servicios. Este modelo empezó en 1995 con la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siguió con el Seguro Popular y culminó con la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se busca dejar al Estado sólo la regulación del sistema de salud y abrir el mercado de compra-venta de la atención médica lo que supone uno o varios pagadores o administradoras de fondos, idealmente lucrativas, al igual que las Afore.
Este modelo se ha probado en Chile y Colombia, donde ha tenido malos resultados; en vez de bajar costos los ha subido y en lugar de mejorar los servicios y el acceso los ha deteriorado. Hace un año la Suprema Corte de Colombia (Sentencia T-760/08) concedió una suerte de amparo colectivo a 81 mil personas que obliga a las administradoras de fondos de salud, públicas y privadas, a garantizar la prestación de servicios médicos a sus asegurados que no habían podido acceder a ellos. Además es muy reconocido que el modelo colombiano ha acumulado una enorme deuda y trabajaba con un déficit de 2.1 por ciento del PIB en 2006 (IMF WP/09/58, 2009). Incluso, el Banco Mundial (Health financing revisited, 2006, p. 264) sostiene que la separación de funciones no ha demostrado eficiencia. En Chile no se ha podido desmontar la privatización de los años 80 y las aseguradoras privadas manejan, dentro del aseguramiento obligatorio, 34 por ciento del presupuesto de salud y atiende al 16 por ciento de la población (Fondo Nacional de Salud, 2008).
En México las autoridades de la Secteraría de Salud (Ssa), el IMSS y el ISSSTE han declarado sistemáticamente que se requiere incluir al sector privado como prestadores de servicios médicos; es decir, subrogarlos. Y no buscan disminuir las patentes carencias de infraestructura y personal del sistema público. Existe un Plan Maestro de Infraestructura Física de Salud, pero carece artificialmente de recursos financieros ya que el IMSS tiene reservas actuariales congeladas del orden de 40 mil millones de pesos y el Fideicomiso del Seguro Popular (SP) otros 14 mil millones ahorrados. Y mientras tanto los beneficiarios no pueden acceder a los servicios cuando los necesitan. Esto crea una opinión pública favorable a los servicios privados.
El problema del acceso a los servicios se refleja en los datos. Un estudio recién publicado (Lancet/8/4/09) demuestra que los beneficiarios del Seguro Popular (SP) no tienen mayor acceso a los servicios que los que no-beneficiarios, dato que se confirma en los informes anuales de la Comisión de Protección Social en Salud. La información proporcionada por el ISSSTE sobre sus listas de espera al imponer la reforma también lo revela y el rezago no ha sido resuelto.
La regulación de los prestadores privados, función reservada a la Ssa, es muy compleja y por ejemplo Estados Unidos no la han podido manejar, a pesar de su amplia experiencia. La propuesta de la Secretaría de Salud es la acreditación de los prestadores, pero no ha concluido este proceso siquiera de los establecimientos públicos en los que se atienden los beneficiarios del SP; acreditación que además debe repetirse cada tres años.
Por último, habría que recordar que la seguridad sanitaria descansa sobre los servicios públicos y la experiencia de la epidemia de influenza demostró que ha sido muy debilitado con el nuevo modelo de atención. Era previsible ya que por ejemplo en Colombia un modelo semejante significó el regreso de epidemias de tuberculosis (TB) y paludismo. La subrogación o privatización de los servicios médicos es un peligro para la salud.
secretariasaludgl@gmail.com
Premios a quien vote, ofrecen empresarios en Nuevo León
Premios a quien vote, ofrecen empresarios en Nuevo León
ARTURO RODRíGUEZ GARCíA
MONTERREY, N.L., 2 de julio (apro).- En un intento por contrarrestar la campaña contra el voto nulo, la Comisión Estatal Electoral (CEENL) firmó convenios con cámaras empresariales y organizaciones civiles interesadas en promover la participación electoral que incluyen descuentos en restaurantes, bares, centros de espectáculos y parques de diversiones.
Así, por ejemplo, tiendas de conveniencia como Oxxo y Seven Eleven anunciaron que regalarán una tasa de café a quienes voten este domingo 5. El único requisito es que muestren la huella de la tinta indeleble.
En el caso de la CEENL, la promoción del voto incluyó un concierto musical que se publicitó así:
"Como parte de la promoción al voto para el próximo 5 de julio, la Comisión Estatal Electoral y la asociación `Cultura Joven Democrática`, organizarán el concierto denominado `Vota y mánchate el dedo`, este jueves 2 de julio, a partir de las 16:00 horas en El Volcán Music May, en el que estarán presentes grupos musicales, como Jumbo, Genitallica y El Gran Silencio, entre otros".
El concierto fue destinado para las personas mayores de edad, que presentaran identificación oficial.
A la campaña en favor de hacer efectivo el voto se sumó también la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Nuevo León. El organismo informó que sus 56 restaurantes-bares, 10 centros de espectáculos y parques de diversiones, participan en el programa de descuento "Mancha tu dedo".
Especialistas consultados, aseguran que este tipo de programas viola el artículo 4 de la Ley Electoral del estado que establece que "el elector no está sujeto a tipo alguno de presión o coacción" para emitir su voto.
El artículo 91, fracción V, establece, a su vez, la obligación de la CEENL para realizar las acciones necesarias y exhortar a los ciudadanos a votar.
Inclusive, en ninguna parte de esa ley ni en sus reglamentos se establecen criterios para dar "recompensas" a la gente que emita su voto. Por el contrario, prevé sanciones de 50 a 200 salarios mínimos a quienes, "conociendo la existencia de condiciones o actividades que atenten contra la libertad o el secreto del voto, no tomen las medidas conducentes para que cesen".
El artículo 15 del reglamento señala: "En la promoción del voto queda prohibido cualquier acto que genere confusión, presión o coacción a los electores o que afecte la equidad en la contienda. Cualquier conducta contraria a lo aquí dispuesto, será objeto de sanción conforme a la ley y a las demás leyes aplicables".
La propuesta de la cadena Oxxo consiste en regalar un vaso mediano de café americano "Andatti" en los 6,600 puntos de venta que tiene en el país, lo que podrá hacerse efectivo entre las 8:00 y las 14:00 horas del próximo domingo.
De acuerdo con el periódico El Norte, la cadena Seven Eleven ofrecerá en sus tiendas de la entidad un vaso de 12 onzas de "Café Select" en todas sus variedades, a quien presente un cupón publicado en un anuncio de ese diario y el dedo con la tinta indeleble, de las 8:00 a las 19:00 horas de este domingo.
Al respecto, el académico, Jesús Cantú Oyervides, experto en temas electorales, cuestionó la campaña de las autoridades estatales para promover el voto, y afirmó que, en el caso de las organizaciones civiles, éstas deben regirse por el reglamento del Instituto Federal Electoral (IFE).
Por su parte, Consuelo Morales Elizondo, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León (Cadhac), sostuvo:
"Sorprende que la Comisión Electoral del estado promueva el voto a través de actos triviales, como realizar un concierto, ya que esto no permite una reflexión seria respecto de nuestra responsabilidad como ciudadanos".
Añadió que, en lugar se realizar este tipo de promociones, es necesario llamar a "la responsabilidad ciudadana y al ejercicio crítico que implica el voto".
A su vez, la politóloga Ximena Peredo dijo que las autoridades electorales del estado "están intoxicadas de la lógica partidista", y señaló:
"Al no ser el árbitro capaz de elevar el nivel de las campañas, lo que desmotiva a la gente a ir a votar, la Comisión Estatal Electoral lanza una campaña de recompensa a quien emita su voto. Si a esta campaña sumamos las declaraciones de los que están a favor del voto nulo, una opción legítima para protestar contra la clase política, concluimos que el organismo está violando su propia imparcialidad con la que debe conducirse".
Peredo, promotora del voto nulo, añadió: "A falta de argumentos consistentes para invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho, la CEENL nos paga, como si al votar le hiciéramos un favor al mismo árbitro".
Reprimen a zelayistas en San Pedro Sula
Golpe de Estado en Honduras
Micheletti, dispuesto a adelantar los comicios presidenciales previstos para noviembre
Difícil cambiar las cosas en un par de días, prevé Insulza
Incesantes marchas en favor y en contra de Zelaya; no negociaremos nada: gobierno de facto
Reprimen a zelayistas en San Pedro Sula
Detienen a nicaragüenses que vienen a atentar
El Salvador, Nicaragua y Guatemala reabren sus fronteras al cumplirse un cierre de 48 horas
Maltrato a un simpatizante de Manuel Zelaya en San Pedro Sula, Honduras, la víspera de la llegada del secretario general de la OEA, José Miguel InsulzaFoto Ap
Arturo Cano
Enviado
Tegucigalpa, 2 de julio. Lo esperamos el sábado, señor Presidente, dice la manta que los marchistas colocan frente a la oficina de la Organización de Naciones Unidas, mientras sueltan una lluvia de aplausos.
Las protestas en favor y en contra del presidente Manuel Zelaya se repiten hoy, en la víspera de la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien desde Guyana destila su pesimismo: Haré todo lo que pueda. Pero creo que será muy difícil cambiar las cosas en un par de días.
Y será muy difícil porque el gobierno surgido del golpe de Estado mantiene inalterable su postura de que no sólo no permitirá el regreso de Zelaya al poder, sino que los detendrá si se atreve a poner un pie en territorio hondureño.
Insulza se propone hablar con funcionarios del gobierno de facto en cumplimiento de la resolución de la asamblea que lo facultó para que junto a representantes de varios países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y la restitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales.
El intercambio de obuses entre el gobierno instalado por los militares y la comunidad internacional continúa. No podemos negociar nada, dice Roberto Micheletti, el presidente nombrado por el Congreso tras la captura y destierro de Zelaya. Insulza le contesta en el mismo tono: No vamos a Honduras a negociar. Vamos a Honduras para pedirles que cambien lo que se ha estado haciendo hasta ahora, y a buscar vías que permitan el retorno a la normalidad.
Agradece apoyo
Desde Panamá, Zelaya agradece la nueva muestra de apoyo: Él (Insulza) va a informar del ultimátum, no va a negociar absolutamente nada. Para el derrocado presidente resulta inaudito que la OEA haya condenado un golpe de Estado: Es una conquista histórica.
La diferencia es que la respuesta de Micheletti no se queda en retórica. La acompañan la suspensión de garantías individuales durante el toque de queda, y el incremento de las acciones preventivas: la prohibición en los hechos de ingreso a Tegucigalpa de los partidarios de Zelaya, la detención de ciudadanos nicaragüenses que vienen a atentar contra Honduras y la represión a los zelayistas en San Pedro Sula. Los partidarios del presidente Zelaya son desalojados de la plaza principal de la ciudad para dar paso a la marcha de apoyo a Micheletti.
Mientras la comunidad internacional aprieta algunas tuercas (con el retiro de los embajadores de la Unión Europea, por ejemplo), otras se van aflojando. Este día, por ejemplo, se reabrieron las fronteras de Honduras, luego de cumplirse el cierre de 48 horas decretado por los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. El cierre había provocado protestas de los empresarios, dada la fuerte dependencia comercial entre las naciones centroamericanas.
Represión en San Pedro Sula
Entre el sábado y el lunes, la asamblea determinaría si utiliza la Carta Democrática Interamericana, una herramienta que se empleó por última vez en 1962, cuando Cuba fue expulsada de la OEA. Paradójicamente, fue en esta nación donde apenas a principios de junio la OEA anuló la resolución contra la isla, a propuesta de Zelaya y sus aliados.
Y fue justo en San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia, la capital de las maquilas de este país centroamericano, donde hoy marchan miles de partidarios de Micheletti con carteles que caricaturizan a Hugo Chávez y a Fidel Castro. La marcha parte del norte de la ciudad y tiene previsto llegar al centro, donde desde el domingo se concentran los zelayistas.
A lo largo del día hay tres arremetidas policiacas, primero con gas lacrimógeno, luego una corretiza con macanas y para finalizar el desalojo de la plaza, para que ingresara la marcha de apoyo a Micheletti.
Según la diputada Silvia Ayala, del Partido Unificación Democrática, la única formación política con congresistas que apoyan a Zelaya, un joven resultó herido de bala y un fotógrafo de prensa fue golpeado en la cabeza. Tenemos imágenes de video que muestran la agresión del ejército contra los manifestantes, dice la diputada.
Tales imágenes no serán vistas en las televisoras locales, donde prácticamente están proscritas las manifestaciones de los zelayistas. En cambio, los canales de televisión no cubren ampliamente las marchas y mítines de apoyo al gobierno, sino incluso las convocan en los tiempos destinados a comerciales.
Las televisoras también transmiten un espot que muestra imágenes de las marchas por la paz, igual que hacen los canales antichavistas en Venezuela: la edición muestra multitudes, rostros esperanzados, palomas de la paz, banderas nacionales, todo con el fondo musical del Himno a la Alegría.
Según miembros del Frente de Resistencia, varios asesores de la oposición venezolana han sido vistos y oídos en un hotel del centro de Tegucigalpa, planeando los eslogans y las estrategias de las marchas blancas que se realizan en todo el territorio hondureño.
Para el gobierno de facto, su contraparte también hace lo suyo. Desde el golpe, políticos y medios informan de la presencia de extranjeros que vienen a atacar a los hondureños.
Este día, en el Canal 5 de televisión, la policía informa de la captura de cuatro nicaragüenses en el departamento de La Paz, que se suman a otros siete detenidos el miércoles en Tegucigalpa.
Héctor Iván Mejía, vocero de la Secretaría de Seguridad, dice que se ha detectado también la presencia de salvadoreños y venezolanos y llama a la ciudadanía a denunciar a personas sospechosas con acento extranjero.
El vocero policiaco también reconoce, en otro orden de cosas, que hay algunos ciudadanos inquietos, con la situación del estado de sitio, perdón, del toque de queda. Sin embargo, sigue, el estado de sitio, no, el toque de queda, ha sido bien aceptado por la mayoría de la ciudadanía.
Hacia un aeropuerto sitiado
Micheletti abre una rendija a pregunta expresa de la prensa, cuando se dice dispuesto a adelantar las elecciones presidenciales, previstas para finales de noviembre. Totalmente de acuerdo, siempre dentro de la ley, no tengo ninguna objeción si acaso esa es una manera de solucionar estos problemas. Es como ofrecer nada, dado el tiempo que tomaría a Honduras organizar un proceso electoral con supervisión internacional.
Las elecciones, además, son un futuro remoto para este país en vilo, más preocupado ahora por las marchas de este viernes, que confluirán, de zelayistas y antizelayistas, en los alrededores de la casa presidencial.
Y por el anunciado regreso de Zelaya, escoltado por Cristina Fernández, y Rafael Correa, previsto para el sábado o el domingo.
Micheletti y su canciller Enrique Ortez no se han cansado de repetir que si llega lo capturan. Pero Ortez también ha dicho que no lo dejarán entrar al país: Más de 25 mil hondureños han dicho que están dispuestos a rodear el aeropuerto para impedirlo. Otros miles también quieren ir al aeropuerto a darle la bienvenida.
¿Y Zelaya? Un ex alto funcionario muy cercano a Zelaya confía a La Jornada: Está dispuesto a inmolarse.
Pasadas las elecciones el gobierno buscará elevar ingresos al gravar alimentos y medicinas, anticipan
En el segundo semestre se recrudecerá cierre de empresas; desaparecerán otros 500 mil empleos
Perdió México capacidad de acción ante la crisis, advierten analistas
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Ello implicará que compañías y personas dispongan de menos dinero, lo cual es contraproducente
Roberto González Amador
El gobierno de México perdió capacidad de acción para hacer frente a la mayor crisis que ha experimentado la economía mexicana en siete décadas, mientras los costos de la recesión se cargan del lado de los trabajadores, opinaron analistas económicos y financieros consultados por La Jornada.
La peor parte de la crisis se va a expresar en el mercado laboral, dijo Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’sEconomy. En el recién iniciado segundo semestre se recrudecerá el cierre de empresas y es de esperar, dijo, la pérdida de otro medio millón de empleos hasta el cierre del año. Con la economía cayendo al ritmo actual no es posible esperar otra cosa, dijo.
La respuesta del gobierno federal en el segundo semestre de 2009, una vez pasada la elección intermedia, será buscar elevar sus ingreso mediante una propuesta de reforma fiscal que incluya gravar el consumo de alimentos y medicinas, hoy exentas, estimó Ernesto Kurczyn, analista de Banamex, también en declaraciones a este diario. Una apuesta que en momentos de recesión consideró arriesgada. Vemos difícil que por el lado de la política fiscal se impulse la economía, mencionó.
Crecimiento hasta 2011
¿Y el crecimiento económico a un ritmo como el anterior a la crisis? En 2011, respondió Adolfo Albo, director de estudios económicos de BBVA Bancomer.
Los tres especialistas coincidieron en que, una vez pasada la elección de medio término del próximo domingo, el Ejecutivo hará pública una propuesta de reforma fiscal. Con algunos matices, también creen que por ahora la capacidad de la política fiscal y de la política monetaria, a cargo del Banco de México, para estimular un mayor crecimiento son limitadas.
Ya no se espera que el estímulo fiscal puesto en práctica este año por el gobierno federal haga algo en contra de la recesión, comentó Coutiño. Es tarde ya para pensar en un milagro de ese tipo, lo que está por verse es si realmente esas medidas logran reducir la velocidad de la caída en el tercer trimestre y en adelante, añadió.
Coutiño apuntó que mientras la política de estímulo fiscal fue limitada, la parte monetaria que se expresa en las tasas de interés que fija el banco central, fue incluso una causa del menor crecimiento. La reducción de tasas de interés por el banco central no se sincronizó con el estímulo fiscal, dijo. Recordó que Hacienda puso en práctica medidas de apoyo a la actividad económica desde octubre de 2008 y el Banco de México no comenzó a bajar las tasas sino hasta inicios de 2009 y de una manera tímida y titubeante. Aquí la tasa de referencia del banco central bajó de 8.25 en diciembre a 4.75 en junio. Pero en Chile, mencionó, lo hizo de 8.25 a 0.75 por ciento en el mismo periodo.
La consecuencia para México de la política impuesta por el banco central fue que la economía, a pesar de haber estado cayendo en la primera mitad del año, continuó frenada por las condiciones monetarias en el país. En una situación de recesión y de crisis, las condiciones monetarias fueron restrictivas, lo cual impuso un freno adicional a la actividad economica, consideró.
Alfredo Coutiño anticipó que desafortunadamente el mercado laboral es el que va a llevar la peor parte de la crisis, como en las crisis anteriores. La pérdida de empleo este año va a continuar y va a andar entre los 800 mil y un millón de plazas canceladas. Hay empresas, mencionó, que han sobrevivido los primeros seis meses de una u otra manera, pero muchas de ellas están a punto de cerrar, ya no pueden soportar los costos de los primeros seis meses y van a tener que recortar empleo. Es irónico, consideró: la caída de la economía se atenuará, pero el mercado laboral se va a seguir contrayendo.
Sergio Kurczyn, de Banamex, opinó que en las últimas semanas la Secretaría de Hacienda tuvo un cambio de línea en cuanto a la actuación de la política fiscal para estimular la economía. Mientras al inicio del año quería impulsar el gasto público, hace un mes anunció un recorte del gasto por los temores de que los mercados se pusieran nerviosos por los hoyos fiscales y que las calificadoras fueran a bajar la calificación de la deuda soberana de México, comentó,
Seguramente después de las elecciones, estimó, el gobierno va a presentar un proyecto de reforma fiscal que fortalezca las finanzas públicas en el mediano plazo y mande la señal de disciplina fiscal a los mercados y calificadoras. Pero el gobierno no debería ahondar en un recorte del gasto público en estos momentos; ya de por sí nos parece arriesgado lo que hizo de recortar el gasto en medio de la recesión.
Consideró que el gobierno panista buscará, después de la elección, un acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional para una reforma tributaria que tal vez consista en ampliar el IVA a los alimentos y medicinas, junto con algunas otras cosas. Opinó que un cambio fiscal de este tipo implica mayor recaudación y por tanto menos dinero disponible para empresas y familias y en medio de la recesión es justo lo contrario lo que se debe hacer. Por ello, estimó que los cambios serían aplicables a finales de 2010 o en 2011.
–¿Entonces, la capacidad del gobierno de generar acciones de crecimiento es limitada?
–Es muy limitada y ya estamos tarde para desarrollarla en mayor medida. Sólo podría hacerse a través de aumentar el gasto en proyectos que no fueran de infraestructura sino de gasto corriente, que tienen efecto inmediato, pero eso significaría ir en contra de lo que se acaba de anunciar de reducir el gasto público y no creo que lo vayan a hacer.
La recuperación de la economía va a ser lenta, explicó Adolfo Albo, de BBVA Bancomer. En 2010, consideró, regresará a las tasas positivas, pero a un nivel bajo. Esperamos que la economía retome su potencial, es decir, tasas próximas a 4 por ciento, hasta 2011.
El especialista añadió que una vez realizada la elección, es necesario que se trabaje en sacar adelante reformas legales que impriman una mayor competitividad a la economía. La más importante es en el terreno fiscal, en su sentido más amplio, pero también hay temas de seguridad, servicios públicos, regulación, entre otros, que deben ser atendidos. Todo ello mejora la productividad y va apoyar la recuperación.
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