martes, 15 de enero de 2013

La defensa del artículo 27


JOHN M. ACKERMAN
14 DE ENERO DE 2013

MÉXICO, D.F. (Proceso).-

El artículo 27 de la Constitución articula una visión de la propiedad privada y del papel del Estado en el desarrollo nacional sumamente valiosa que habría que defender a toda costa. Cualquier reforma a este crucial artículo tendría que estar orientada hacia su actualización revolucionaria en lugar de su desarticulación neoliberal. Por ejemplo, en lugar de modificar las cláusulas sobre el petróleo para permitir su saqueo por empresas trasnacionales, sería preferible considerar una expansión de las prohibiciones sobre la concentración de la riqueza para incluir a los bancos y las empresas de telecomunicaciones.

El artículo 27 revuelve el estómago de los neoliberales desde su primera frase. En lugar de reconocer la naturaleza originaria de la propiedad privada y el derecho de los capitalistas a poseerla, indica que “la Nación” es en principio dueña de todo: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Es decir, la propiedad privada no es algo natural sino que es el resultado de un acto estatal que, a nombre de la nación, la “constituye” y así permite el posterior surgimiento de empresarios y capitalistas.

Así mismo, la nación siempre reserva su derecho a reclamar su posesión originaria y podrá expropiar la propiedad privada cuando exista alguna “causa de utilidad pública“. La Constitución también otorga amplios poderes regulatorios al Estado para “imponer en todo tiempo las modalidades que dicte el interés público”, así como de asegurar una “distribución equitativa de la riqueza pública” y “lograr el desarrollo equilibrado del país”. Con respecto a los recursos naturales existen controles aún más desarrollados, ya que en este ámbito la nación cuenta con el dominio “directo”, “inalienable” e “imprescriptible” de todos los recursos naturales y, en particular, “el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos”.

El amplio texto del artículo 27 Constitucional también incluye disposiciones específicas con respecto a los límites que deben existir sobre la concentración de la propiedad. Por ejemplo, explícitamente prohíbe la existencia de latifundios e impone límites estrictos a la extensión de tierras que puedan poseer las sociedades mercantiles. También faculta a la nación para anular cualquier contrato o concesión realizada antes de la Revolución y hasta 1876 “que haya traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación…cuando impliquen perjuicios graves para el interés público”.

Si bien hoy todavía existen graves problemas con respecto a la concentración de la tierra, también han surgido nuevas inquietudes. Por ejemplo, el control monopólico de empresas como Televisa y Telcel sobre la industria de las telecomunicaciones es igual de perjudicial hoy para el interés público que lo fueron los latifundios durante la época de Porfirio Díaz. Si lo que se busca es “modernizar” y “actualizar” el artículo 27, en lugar de privatizar el petróleo lo más conveniente sería complementar las restricciones sobre el acaparamiento de tierras con nuevos controles sobre el acaparamiento de la infraestructura telefónica, televisiva y de internet por unas cuantas empresas.

Pero en lugar de actualizar el papel del Estado como defensor del interés público, el nuevo gobierno quiere retornar a la lógica porfiriana de regalar pedazos enteros de la nación a los nuevos “latifundistas”. Es evidente que todo el circo, maroma y teatro del mal llamado “Pacto por México” no es más que una cortina de humo para preparar el camino a la eventual privatización de la industria petrolera nacional.

Un estudio reciente elaborado por el ITAM y el Wilson Center en Washington (disponible aquí: http://ow.ly/gGdOT) señala la “urgente necesidad” de una reforma al artículo 27 para permitir la “competitividad” de la industria petrolera nacional. Plantea que solamente una reforma constitucional “ambiciosa e integral” (“ambitious and sweeping”) que “maximiza la flexibilidad” puede resolver los problemas actuales de Pemex. El mismo estudio aplaude a Enrique Peña Nieto por su compromiso con una “reforma profunda” en la materia y muchos de los integrantes del grupo redactor mantienen relaciones cercanas con el nuevo presidente y su equipo.

Sin embargo, una buena noticia es que uno de los integrantes del grupo redactor, el consejero de Pemex Fluvio Ruiz, ya ha roto públicamente con las conclusiones del documento. En un par de textos recientes que comparan Pemex con Petrobras de Brasil, el integrante del Consejo de Administración de la petrolera mexicana señala que “no se necesita modificar ningún artículo de la Constitución” y que el éxito de la petrolera brasileña no se explica “por la apertura al capital privado”. Lo verdaderamente importante para Ruiz sería una modificación al régimen fiscal que permitiría a Pemex invertir mayores recursos en su desarrollo institucional. Hoy, por ejemplo, mientras la carga impositiva de Pemex equivale a 60% de sus ventas, Petrobras únicamente debe pagar una cantidad equivalente a 33%.

En lugar de regalar nuestro oro negro a Exxon-Mobil y Halliburton, hay que autorizar a Pemex para reinvertir una mayor parte de sus ingresos en la nación. En todo caso, los que deberían pagar una tasa de 60% sobre sus ventas serían las empresas monopólicas y las personas más ricas del país, no la empresa más importante de todos los mexicanos. Francia, por ejemplo, recientemente aprobó un nuevo impuesto sobre la renta de 75% para las personas más adineradas. Una política de recaudación similar en México, junto con un férreo control sobre los paraísos fiscales y el lavado de dinero, generaría más que suficientes recursos para compensar por una reducción de ingresos para el fisco desde Pemex.

No hace falta un aumento al IVA, ni la privatización de Pemex, y mucho menos un nuevo “pacto” entre los mismos políticos de siempre. El verdadero pacto que nos une a todos los mexicanos se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, si bien siempre será mejorable y perfectible, ya contiene principios de avanzada que vale la pena defender.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Di Costanzo, de crítico a defensor de Peña Nieto



JESUSA CERVANTES 12 DE ENERO DE 2013 ·

MÉXICO, D.F. (apro).- “Sería negligencia y encubrimiento si las autoridades teniendo esta información no actúan y se volverían cómplices de un delito”.

Esa fue la declaración que el 22 de julio de 2012 dio el entonces diputado del PT, Mario Di Costanzo, al referirse al caso Monex; hoy por ironías de la política, ambiciones o perversidad de los priistas, será justamente Di Costanzo quien defenderá a Enrique Peña Nieto ante diputados federales de la Comisión Monex.

Él deberá argumentar –el 16 o el 17 de enero– que no se utilizaron las instituciones bancarias –en detrimento de los usuarios–, como instrumento de un grupo de priistas para lavar dinero y financiar la campaña del “buen pelao que se peina de lao”, como le dicen ahora los inquilinos de la sierra del llamado Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango y Coahuila), a Enrique Peña Nieto.

El pasado 7 de enero, Di Costanzo, quien en diversas entrevistas radiofónicas detalló cómo se dio la triangulación para financiar la campaña de Peña Nieto, se pasó del otro lado: fue nombrado director de la Condusef, la misma instancia que perredistas, petistas e integrantes de Movimiento Ciudadano encontraron como rendija para que se aceptara en la Cámara de Diputados una comisión investigadora del caso Monex y cualquier tipo de financiamiento ilegal que se hubiere presentado en la campaña presidencial pasada.

La declaración de Di Costanzo lo obliga, por ética política, profesional y dignidad, investigar, de lo contrario caería en lo que él dijo, “negligencia y encubrimiento”.

El 22 de julio pasado, la radio PCA PodCast AGE de Los Ángeles, California, entrevistó a Di Costanzo, el hoy director de la Condusef. Entonces afirmó que del análisis de la información que la oposición estaba haciendo en contra de la campaña de Peña Nieto, “apunta a una serie de triangulaciones con empresas fantasmas que buscaron colocar dinero, no proveniente de prerrogativas del IFE, es decir, que pudo venir (el dinero) de las finanzas del Estado de México u otra actividad. Esa triangulación les permitió financiar la campaña de Enrique Peña Nieto”.

Y más: “En pocas palabras, lo que hacen estos documentos (facturas, depósitos de una empresa a otra de las utilizadas por el PRI), es mostrar cómo para llevar a cabo esta compleja operación se crearon, hasta el momento, seis empresas, entre ellas Inizzio y EFRA. Vemos muchas irregularidades, son empresas que tienen el mismo giro, mismo dueño, es una empresa espejo de la otra y mientras una depositaba el dinero en Monex, la otra lo sacaba a través de tarjetas de prepagadas. La ingeniería financiera de esta operación es muy parecida y con estructura similar con las operaciones de lavado de dinero”.

Di Costanzo ofreció muchos más detalles de cómo, hasta ese 22 de julio, habían llegado a la campaña peñista 160 millones de pesos; pero aquí lo importante es que el próximo miércoles o jueves, deberá estar en la Cámara de Diputados ante los legisladores que integran la comisión de investigación del caso Monex y como autoridad tendrá que sostener sus dichos pasados, retractarse para defender a su nuevo jefe, Enrique Peña Nieto, o sostener mediante argucias legales que no es mediante la Condusef que se deban realizar las investigaciones.

Mientras Di Costanzo sude ante legisladores, los verdaderos operadores y quienes habrían participado e ideado parte de la operación para financiar la campaña presidencial y gracias a los cuales Peña Nieto despacha hoy en Palacio Nacional, estarán muy tranquilos, riendo y poniendo a prueba las habilidades del nuevo funcionario para no responder nada. Cómo cuando él reclamaba a los titulares de Hacienda en sus comparecencias que no respondieran a los reclamos y preguntas que él les hacía como oposición.

José Luis Lozada Neyra, dueño de las más de 20 empresas que presuntamente se usaron para triangular el dinero de la campaña presidencial; Gabino Fraga, de Grupo GAP y EFRA; José Antonio González Fernández, Alfredo Carrillo Chontowky, Gisel Morán, Gerardo Ruiz Esparza, Luis Vega, Armando Hinojosa Cantú –dueño de Grupo Higa–, Alfredo del Mazo; banca Monex, Santander, y HSBC, que presuntamente habrían participado en todo este entramado financiero y del cual Proceso dio cuenta en varios de sus números, estarán todos tranquilos.

Mario Di Costanzo pidió a la propia Comisión que le diera tiempo antes de comparecer ante los diputados, así, su presencia se había planeado para el 23 de enero, sin embargo los priistas hoy pretenden que sea el 16, cuando mucho el 17 de enero el día en que se presente. Un día después lo hará Alfredo Cristalinas, encargado de las indagaciones en el IFE, quien, por cierto, llamó a declarar a José Luis Lozada Neyra para que diera una explicación de la participación de sus empresas… No hay que olvidar que el mismo Lozada, ante una reunión con sus empleados, se mofó de lo que en ese julio y agosto se estaba denunciando en los medios de comunicación y con pruebas, dijo que mientras Peña Nieto estuviera de su lado, nada le pasaría ni a él ni a sus empleados; y que su presencia en el IFE sería mero trámite. Lo cierto es que Cristalinas nunca ha querido informar qué fue lo que habló con este personaje, uno de los claves para desenmarañar la triangulación.

Por lo pronto, Di Costanzo será el primero en sudar ante sus excompañeros… todo para defender a Enrique Peña Nieto.

Bueno, de lo otro, del posible dinero ilícito que llegó del narcotráfico a la campaña de Peña Nieto, pues será difícil que los diputados lo puedan comprobar o siquiera… mencionar. El tiempo y nombramientos clave en la administración es lo que pudiera dar pistas para indagar.

Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx

Twt @jesusaproceso

El Pacto por México… más de lo mismo


Nora Ruvalcaba en LJA

Desde el derrocamiento del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide que dio paso a la promulgación de la constitución federal de 1824 con el catolicismo como religión oficial, hasta la firma del acuerdo por México signado entre el gobierno impostor de Enrique Peña Nieto y los partidos políticos PRI, PAN y PRD, los acuerdos han formado parte de la historia nacional e innumerables páginas dan testimonio de ello.

El Congreso de Anáhuac convocado por José María Morelos promulgó la Constitución de Apatzingán en 1814 y fue el primer congreso independiente inspirado en el programa denominado Sentimientos de la Nación. Realistas e insurgentes se disputaban el control de la América Mexicana.

En 1835 la lucha entre centralistas y federalistas agudizó los problemas de la nación mexicana. Los primeros apoyaban un gobierno autocrático al mando de un monarca o dictador y los segundos una democracia constitucional. En la asamblea constituyente de 1842 el liberal jalisciense Mariano Otero luchó para instaurar en nuestro país una república federal que se opuso al centralismo de la Siete Leyes. Los acuerdos entre liberales y conservadores empezaron a marcar la ruta política en la historia del siglo XIX mexicano. El “acuerdo en lo fundamental” propuesto por el padre del juicio de amparo, Mariano Otero que tuvo como propósito principal lograr el restablecimiento del orden constitucional ante la intervención norteamericana, llegó demasiado tarde y no se pudo evitar una guerra por demás injusta que México libró con los Estados Unidos en 1847 y donde se perdió la mitad del territorio nacional.

Acuerdos de todo tipo han caracterizado la política mexicana de todos los tiempos y el siglo XXI no ha sido la excepción. Frente al fracaso de las instituciones, de los liderazgos y de las mezquindades de los partidos políticos, el Estado criminaliza la protesta social sin entender que la crisis de la política va aparejada a la crisis de la sociedad como espacio de articulación de valores.

El Pacto por México suscrito entre la clase política con la exclusión de las minorías políticas representadas en el Poder Legislativo es más un hecho de propaganda política que busca legitimar a un individuo que compró la presidencia, que una iniciativa democrática para resolver de fondo los grandes problemas nacionales.

El gobierno de Vicente Fox y el gobierno usurpador de Felipe Calderón firmaron pactos de todos colores y sabores. Sólo sirvieron para atender las exigencias de los poderes fácticos y complacer a la oligarquía. El Pacto por México es el cuarto acuerdo nacional que se firma en los últimos años y todos sin excepción se comprometen a mejorar la economía, la educación, la justicia, la salud, el desarrollo social, la competitividad y la seguridad del país. Todos se han incumplido y nadie se acuerda de ellos.

El Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional se firmó en octubre de 2001 por Vicente Fox y las ocho fuerzas políticas que tenían representatividad en el Congreso de la Unión. Los 34 compromisos que materia económica, política, desarrollo social y política exterior se signaron fracasaron rotundamente. La reforma energética, laboral y fiscal quedaron pendientes.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 21 de agosto de 2008, declarado oficialmente un acuerdo histórico para México por Felipe Calderón, resultó más de lo mismo y las 74 acciones contra la delincuencia no lograron reducir los índices delictivos ni los miles de asesinatos que sembraron de luto todo el territorio nacional.

Con el regreso del PRI al poder, Enrique Peña Nieto no logró alcanzar su propósito de tomar posesión de la Presidencia de la República con el Pacto por México ya firmado. Lo pudo lograr un día después, en medio de graves y violentos enfrentamientos entre jóvenes, grupos de choque y policías. Este famoso pacto, promocionado como el Teletón y negociado entre el PRI, PAN y la corriente Nueva Izquierda del PRD, contempla la aprobación de reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto en temas fiscales, de seguridad social y combate a la pobreza. De 105 compromisos que inicialmente se tenían acordados quedaron 95. El optimismo que brota en las dirigencias partidistas que signaron el Pacto contrasta con el escepticismo de quienes lo consideramos otro “acto fallido” del PRIAN. El tiempo y la historia nos darán la razón. Ya lo veremos.

Boletín de Democracy Now! en Español



15/1/2013

Los titulares de hoy

baje el audio
Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York.  Si el link del audio no funciona, visita nuestra web

El Resto de la Hora de Democracy Now!

Francia lleva cinco días de ofensiva para expulsar a los rebeldes que —desde el mes de marzo— controlan gran parte de la región norte de Mali, una zona más grande que Afganistán. Según se informa, los ataques acabaron con la vida de once civiles, entre ellos tres niños que huían del bombardeo de un campamento cerca de Konna, ciudad ubicada en el centro del país. De acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas, unas treinta mil personas habrían sido desplazadas desde que comenzaron los combates la semana pasada. Estados Unidos respalda la ofensiva con ayuda para el traslado de las tropas francesas y con planes para enviar aviones no tripulados u otros aviones de vigilancia. Más...

Dos de los principales candidatos a dirigir la política exterior durante el segundo mandato del presidente Obama tienen sus raíces políticas en la guerra de Vietnam. Si dicha candidatura se confirma, Chuck Hagel se convertirá en el primer veterano de la guerra de Vietnam que dirija el Pentágono. Por su parte, John Kerry estará al frente del Departamento de Estado, después de convertirse en uno de los veteranos más destacados que se opuso a la guerra de Vietnam, después de prestar servicio. Si bien Vietnam quedó muy atrás en sus vidas, Kerry y Hagel ahora tendrán que hacer frente a la guerra más larga de la historia de EE.UU.: Afganistán. Más...