2 de octubre: violencia y falta de protocolos policiacos

Lunes, octubre 28, 2013.

Ciudad de México, octubre 28 de 2013. Durante los últimos 10 meses las protestas en el Distrito Federal se han intensificado en número y tono. La policía del nuevo gobierno capitalino en diversas ocasiones ha actuado de manera represiva contra los manifestantes, así hemos visto un patrón de violaciones a los derechos humanos el 1 de diciembre de 2012, el 10 de junio , 1 de septiembre y 2 de octubre de este año. Ante este escenario, precisamente en esta última fecha, 2 de octubre, ARTICLE 19 en conjunto con periodistas y colectivos de la sociedad civil puso en marcha una red de solidaridad de monitoreo llamada #RompeElMiedo, a 26 días de los hechos presentamos el informe al respecto:

120 periodistas, defensores de los derechos humanos, rescatistas y comunicadores sociales, participaron para documentar el desarrollo de la movilización del 2 de octubre.

46 casos documentados por ARTICLE 19 (30 hombres, 11 mujeres y 5 personas que por seguridad no se indica), de los que 32 casos fueron agresiones directas de policías (1 que coincidió con agresiones cometidas por persona de identidad desconocida); 8 por agresoras de identidad desconocida; 3 por civiles con comportamiento policial; y 3 por personas con rostro cubierto.

La prensa escrita y la televisión dieron cuenta de la violencia de un grupo determinado de manifestantes. La violencia de éstos estaba principalmente dirigida contra las autoridades policiacas, aunque también tenemos registro de ataques contra comunicadores. Así mismo, la mayoría de la prensa tradicional alentó un falso debate público sobre los actos violentos y el derecho a la manifestación. Para ARTICLE 19 no hay tal debate ni disyuntiva. El ataque violento contra la policía, así como daño a propiedad ajena son delitos y se tendrían que castigar conforme a derecho. Sin embargo, por el otro lado el presente informe da cuenta de la violencia ejercida por la policía contra manifestantes, entre ellos comunicadores y periodistas. Como un tipo de violencia es un delito, la violencia ejercida por los representantes del Estado son violaciones a los derechos humanos y bajo ningún supuesto pueden estar permitidas, toleradas y no castigadas. Por lo tanto, el informe hace una clara distinción entre los tipos de violencia suscitados el 2 de octubre y señalamos de manera plena las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

ARTICLE 19 recomienda a las autoridades establecer cuáles son las partes lesionadas, reconociendo el efecto de inhibición a la prensa dedicada a la cobertura de esa fuente y procurar la restitución íntegra en los derechos afectados como el de propiedad, en específico las siguientes medidas:

De rehabilitación:

Tanto en aspectos médicos como psicológicos.

De compensación: Indemnizando o compensando a periodistas por los daños recibidos en su integridad (física y/o emocional) o libertad personales y los efectos de dichos daños en su ejercicio periodístico posterior. Así como aquellos gastos relacionados a los procesos de búsqueda de justicia.

Medidas de satisfacción:

Reconocimiento público de responsabilidad y en su caso el ofrecimiento de una disculpa. Y reconocimiento público de la labor periodística de toda clase de periodistas señalando expresamente el papel de los medios alternativos e independientes por su especial situación de vulnerabilidad. El establecimiento de una beca u otra medida que beneficie a periodistas que cubren la fuente relacionada con manifestaciones públicas y/o actos de protesta pública.

De justicia:

Establecimiento de una investigación adecuada y el sometimiento de responsables (materiales e intelectuales) a un juicio justo sancionándoles según sea el caro y reparando integralmente a las víctimas. La FEADLE podría establecer una comisión especial para la investigación de los hechos.

Por lo anterior, atendiendo al marco constitucional y legal vigente así como de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y adoptando el principio pro persona, y en aras de una mayor exhaustividad, rapidez, efectividad, imparcialidad y objetividad en las investigaciones, corresponderá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República FEADLE-PGR conocer los delitos contra la libertad de expresión cometidos por policías y demás servidores públicos del Distrito Federal y de personas que pudieron haber actuado bajo tolerancia o aquiescencia de autoridades públicas. Este órgano especializado tiene facultades legales para atraer el caso y esclarecer los hechos con celeridad para sancionar a los responsables.

De protección: Adopción de medidas necesarias para garantizar la protección efectiva del derecho a la libertad de expresión en contextos de manifestaciones o protestas públicas, como serían la adopción de protocolos de prevención y protección incluyendo las movilización de asistencia médica de emergencia en condiciones de seguridad y no criminalización.

De no repetición. Adoptando protocolos de actuación para los cuerpos de seguridad pública; brindar acceso a las fuentes de información oficiales en contextos de manifestaciones públicas; y según sea el caso, dejando sin efecto medidas legislativas, administrativas o judiciales que impidan la libertad de expresión o removiendo obstáculos de particulares.

Las instituciones encargadas de brindar protección a periodistas (Mecanismo Federal de protección a periodistas; Mecanismo local de protección a periodistas; CNDH; CDHDF; FEADLE-PGR; entre otros) podrían implementar medidas de prevención, monitoreo y protección para las marchas, como la fomentada por ARTICLE 19 para el 2 de octubre, sin que para su adecuado funcionamiento ello implique de forma alguna certificar la labor periodística, sino únicamente establecer una red monitoreo y protección a periodistas, por lo que de ser el caso podrán brindarse signos distintivos de prensa para la prevención y disuasión contra posibles ataques a su labor, que deberán ir acompañados de la elaboración de protocolos de actuación en casos de riesgo, así como el establecimiento de unidades móviles y “semifijas” cercanas a las zonas de cobertura de riesgo y que sean claramente identificadas.

El informe completo, las cifras y demás materiales pueden consultarse en el sitio http://articulo19.org/informe-2-de-octubre/. ARTICLE 19 reconoce la importancia de ejercicios de esta naturaleza y hace un llamado a las organizaciones, periodistas y defensores de derechos humanos para continuarlas de manera sistemática, con el fin de modificar el comportamiento de las autoridades para que asuman su responsabilidad en la garantía del ejercicio de derechos fundamentales.

Descarga el informe:

Informe 2 de octubre: Rompe el miedo

Pide CNTE solución a problemas de fondo para quitar plantón en DF

A unas horas de reunirse con el gobierno capitalino, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), adelantó que están dispuestos a compactar el plantón que mantienen en la Plaza de la República, pero reiteraron que la única forma de retirarlo por completo es que se cumplan las demandas de fondo.

En entrevista, Francisco Bravo, secretario general de la Sección 9, consideró que el asunto del plantón ha quitado la mirada de la cuestión de fondo, que es su petición de abrogar la reforma educativa y sus leyes secundarias, por ello instó a la Secretaría de Gobernación o al Poder Legislativo reabrir las mesas de diálogo.

Confirmó que se reunirán con el Gobierno del Distrito Federal a las 19:00 horas, que concretamente les ha planteado su retiro del circuito alrededor del Monumento a la Revolución y ubicarse solamente en la plancha, situación que analizan pues constituye simplemente compactar el plantón.

En ese sentido, no descartó que lleguen los nuevos contingentes con los que se pretende reforzar la protesta. "Eso es parte de lo que ahora vamos a comentar con todas las secciones, pero es una posibilidad", añadió.

Sobre los señalamientos de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de que la reforma va y no hay paso atrás, destacó que sin embargo la CNTE no renuncia a la demanda de abrogar la ley. "Entonces, lo que se necesita es otra vez una mesa, una donde nos escuchemos", apuntó.

Francisco Bravo fue entrevistado en el marco de la Conferencia Internacional sobre educación que se efectúa en la sede de la Sección 9 en el Centro Histórico, donde especialistas de Chile, Cuba, Venezuela y México hablarán de la educación como un derecho social.

Al respecto, Bravo recordó que una de las líneas de trabajo de la CNTE es buscar propuestas, escuchar las experiencias de otras naciones y eventualmente ver qué nos puede servir, qué tanto podemos aprender de ellos.

Narcopolítica en auge

MEXICO, D.F. (apro).- Si en México no se juzga a nadie por lavar millones de dólares de un cártel del narcotráfico, como ahora ocurre en Estados Unidos con el presunto cómplice de Lilian de la Concha –la exmujer de Vicente Fox–, es porque la narcopolítica ha penetrado hasta la médula del Estado y sus integrantes.

La narcopolítica se instaló en México gracias también al silencio de autoridades, políticos, empresarios, iglesias y medios de comunicación, y esa mudez colectiva amenaza ahora con arrastrar a la nación al caos, como el que padece Michoacán.

Gobernado por el crimen, Michoacán es la prueba de que todo lo malo en México puede ser peor: Si el demencial belicismo de Felipe Calderón sólo produjo decenas de miles de muertos –miles de inocentes entre ellos–, la inoperancia de Enrique Peña Nieto no ha sido menos funesta para mantener a la sociedad en la indefensión.

Si la violencia es incontrolable en Michoacán y perfila una guerra civil es porque ahí se enraizó el crimen hace por lo menos tres décadas, en un amasiato con los gobiernos que terminó en subordinación, y ese parece ser el futuro del país entero por las complicidades al más alto nivel.

Aludo a esto por el silencio de autoridades, clase política, iglesias y medios de comunicación ante la reveladora información periodística difundida por el semanario Proceso, desde hace tres semanas, sobre el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, que durante décadas se atribuyó al narcotraficante Rafael Caro Quintero y que fue cometido, según personajes involucrados, por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Este caso no es solamente el derrumbe de un mito, según la información testimonial de personajes estadunidenses clave en la trama –como el de Héctor Berrellez, supervisor de la Operación Leyenda de la DEA, articulada para investigar el asesinato de Camarena–, sino la ratificación de que el gobierno de México estaba al servicio de la CIA y sus nexos con el narcotráfico.

Miguel de la Madrid, presidente de México entre 1982 y 1988 –cuando se gestó la narcopolítica–, ya murió, pero hay personajes clave que están vigentes implicados en este fenómeno enraizado en México: Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, y Sergio García Ramírez, procurador general de la República.

A las revelaciones de tres exagentes federales de Estados Unidos sobre los crímenes de la CIA y las complicidades de ésta y el gobierno mexicano con el narcotráfico, difundidas por la cadena Fox en Estados Unidos y Proceso en México, gracias al trabajo del corresponsal Jesús Esquivel, se suma ahora el señalamiento de Jorge Carrillo Olea: Bartlett y García Ramírez lo sabían todo.

Bartlett, actual senador del Partido del Trabajo, ha evadido su responsabilidad en la colusión de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la CIA y el narcotráfico, así como en el asesinato del “Kiki” Camarena. “Eso no puede ser… si no era subsecretario de la Reforma Agraria, era secretario de Gobernación”, afirma Carrillo Olea.

En entrevista de Jorge Carrasco, publicada en el número de Proceso que está en circulación, Carrillo Olea, quien fue subsecretario de Gobernación con Bartlett, afirma: “La DFS estaba totalmente al servicio de la CIA”.

Igual que Bartlett, otro personaje que ha guardado silencio sobre la participación de la CIA en el asesinato de Camarena, así como los nexos de ésta con el narco, asegura Carrillo Olea, es García Ramírez, quien fue electo consejero del IFE, en 2011, pese a tener medio siglo como militante priista.

–En su etapa como procurador general de la República se señala que fue cuando se incubó en México el narcotráfico –le pregunté cuando llegó al IFE.

–No es así. No es así –negó–. La procuraduría que yo entregué la entregué en los términos en que lo hice. La situación de aquel entonces era totalmente distinta de la actual, pero en fin, la historia de esa etapa, de lo que pasó entonces, de lo que ocurrió antes y de lo que ocurrió después, está por escribirse. Ya la escribiré.

Pero no sólo no ha escrito nada, sino que renunció repentinamente como consejero del IFE, en febrero de 2013, tras votar en contra de imponer sanciones a Monex, una de las empresas mediante la cual se financió la campaña de Peña Nieto, en un esquema de lavado de dinero que sigue impune.

Destapada la cloaca, es previsible que emerjan más evidencias de otros crímenes cometidos con la complicidad de la CIA, el narcotráfico y el gobierno de México de entonces y ahora. Uno de ellos es el asesinato del periodista Manuel Buendía, por cuya autoría intelectual se sentenció a José Antonio Zorrilla, director de la DFS, subordinada a Bartlett…

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

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Parte 1

Parte 2

“La NSA en México”, artículo de Dolia Estévez

La colaboradora de Noticias MVS y corresponsal en Washington, Dolia Estévez publicó un artículo en la revista ‘Poder 360°’ donde aborda el tema del espionaje por parte de Estados Unidos en México.

En el texto se menciona que de tiempo atrás se conocen los métodos de espionaje estadounidense y opina respecto a las diversas reacciones de los gobiernos mexicanos ante éstos hechos.

Aquí el artículo publicado por Dolia Estévez en la revista ‘Poder 360°’:

La NSA en México

Dolia Estévez/Washington, D.C.

Dicen que después de la prostitución, el espionaje es la profesión más antigua del mundo. Por considerarlo un país de alto valor estratégico para la seguridad nacional, Estados Unidos ha espiado a México desde que inició su vida como nación independiente. El espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en México y otros países, que reveló recientemente Edward Snowden, el ex contratista de NSA, no es nuevo, lo nuevo, en todo caso, es su magnitud e intensidad.

El 9 de julio, el diario O Globo de Brasil informó que la NSA tiene programas de espionaje en México para recabar información particularmente sobre energía y narcotráfico. La nota se basó en una filtración de Snowden, quien fue acusado por el gobierno de Barack Obama de espionaje. Además de México, bajo los auspicios de los programas de la NSA conocidos como Prism y Boundless Informant, la NSA también colecta información de intercepciones de teléfonos y de comunicaciones por Internet en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Unos días antes, el diario The Guardian de Londres, al que Snowden le dio la primicia sobre el espionaje de la NSA, reveló que las representaciones diplomáticas en Washington y en Nueva York de 38 países, incluido México, fueron objeto de las escuchas secretas del gobierno norteamericano. La lista fue proporcionada por Snowden.

Consultado al respecto, el ex embajador de México en Washington Arturo Sarukhan, dijo que hubiera sido “totalmente ingenuo de su parte” asumir que no había ningún tipo de escucha, intervención o monitoreo de la Embajada de México en Washington durante los años de su gestión, de 2007 a 2012. Por ese motivo, reveló que “un par de veces al año se hacía barrido de áreas sensibles de la embajada, la residencia y el coche oficial. Se creo una sala de juntas segura o cuarto de guerra, que no tenía ventanas (para evitar que tecnología de sensores, vibración y voz pudiese recoger sonido vía las ventanas)”.

El embajador Sarukhan explicó que se logró –por primera vez en la historia de la embajada– establecer una línea de teleconferencia encriptada con el CISEN y una red roja federal, que lo conectaba directamente al Presidente Felipe Calderón en Los Pinos, y a su gabinete.

Además, informó que también inició un protocolo en que toda persona externa que visitase la embajada tenía que dejar su celular en la recepción, razón por la cual no se permitía introducir celulares a la oficina del embajador o a la sala de juntas segura. Otra medida que tomó Sarukhan, y algunos de sus antecesores, son los llamados “acuerdos por la cuadra”, es decir, abordar temas delicados fuera del edificio de la Embajada, en las calles aledañas a la misión, para eludir las escuchas de la NSA.

Fuentes conocedoras dijeron que el teléfono rojo de la Embajada a Los Pinos y el llamado “cuarto de guerra” (ubicada en el segundo piso de la sede diplomática sobre la avenida Pensilvania) siguen vigentes, toda vez que sobrevivieron el relevo de embajadores a principios de año de Sarukhan al ex Procurador General, Eduardo Media Mora.

País sin secretos

David Phillips, director de la CIA para Latinoamérica en los 70, escribió en su clásico The Night Watch: 25 Years of Peculiar Service (1977), que con la excepción del misterio del tapado (en la época del PRI) y algunas “travesuras” en Cuba (durante la Guerra Fría), no había nada en México que la famosa agencia de espionaje no supiera. Si bien la legendaria presencia de la CIA en México ha sido documentada y hasta inmortalizada en la literatura, el espionaje de la NSA en nuestro país fue detectado por primera vez en la década de los 90.

La NSA fue creada por el Pentágono en 1952, poco después del inicio de la Guerra Fría, con la misión central de recaudar información de inteligencia a través de intercepciones satelitales y electrónicas, lo que en la jerga del espionaje se conoce como “signal intelligence”. En sus primeras tres décadas, la NSA era una agencia tan secreta que el propio gobierno de Estados Unidos no reconocía públicamente su existencia, lo que dio lugar a que se dijera que el acrónimo “NSA”, en realidad significaba “No Such Agency”. La caída del Muro de Berlín en 1989 y la presión de la sociedad civil forzaron al gobierno estadounidense a reconocer su existencia. Hoy se sabe que sus oficinas centrales están en Fort Meade, en el estado de Maryland, y que su director es el General Keith Alexander. Sin embargo, su presupuesto y plantilla laboral, siguen clasificados, aunque extraoficialmente se estima en 10 mil millones de dólares y su personal en 30,000.

Hasta 1989, los blancos principales del espionaje de la NSA eran los países de la ex Unión Soviética, pero con el fin de la Guerra Fría, la agencia amplió su menú de blancos para incluir comercio internacional, narcotráfico, finanzas, energía y, desde luego, terrorismo.

El dossier Colosio

La primera vez que se tuvo conocimiento del espionaje de la NSA contra México fue a principios de la década de los 90 a raíz de los siguientes sucesos: el asesinato de Luis Donaldo Colosio, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el levantamiento zapatista en Chiapas y el derrumbe del peso. En respuesta a una petición de información bajo la Ley de la Libertad de Información ante la NSA, ésta reconoció tener “cuatro reportes de inteligencia extranjera” sobre el asesinato del candidato del PRI Colosio en 1994, pero declinó divulgarlos, “porque podría dañar seriamente la seguridad nacional” de Estados Unidos. La NSA clasificó el dossier Colosio de “top secret” (secreto máximo) y de “secreto”, argumentando que su “habilidad para interceptar comunicaciones extranjeras” debe permanecer “bajo estricto secreto”.

El levantamiento zapatista el 1ro de enero de 1994, que coincidió con la entrada en vigor del TLCAN, activó el alerta ámbar de la NSA. La información sobre las capacidades militares y la ubicación de los zapatistas en documentos desclasificados por el Pentágono, es de tal precisión y puntualidad que sólo pudo haber sido obtenida por los satélites espías de la NSA. Se decía que la tecnología usada por la NSA en Chiapas era tan avanzada que hasta podía “contar los vellos en el pecho” del Comandante Marcos.

Durante las contenciosas negociaciones del TLCAN, el equipo estadounidense a cargo de la Representante Comercial de la Casa Blanca, Carla Hills, se benefició de la información obtenida secretamente por la NSA que adelantaba la posición que llevarían los mexicanos a la mesa de negociaciones. Poco después, cuando el peso se desplomó a finales de 1994 y se iniciaron las pláticas para el multimillonario rescate de la divisa, gracias al espionaje de la NSA, Washington supo que las autoridades mexicanas mentían sobre el nivel de reservas internacionales. La NSA tenía interceptados los teléfonos, los fax, las computadoras y otras comunicaciones electrónicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Banco de México.

Espionaje en la ONU

En 2003, el semanario británico The Observer reveló que el gobierno de Estados Unidos tenía interferidos los teléfonos y correos electrónicos en las misiones diplomáticas y en los domicilios particulares de los representantes de seis países. Esos países, entre ellos México, eran miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) y, como tales, se resistían a votar a favor de la iniciativa estadounidense autorizando la invasión de Irak.

En base a un memorándum interno de la NSA, The Observer informó entonces que la agencia intervino las comunicaciones del Representante de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Zinser, instaló micrófonos ocultos en la sede de la representación mexicana en la ONU y en los salones donde se reunían “secretamente” los embajadores disidentes. El espionaje de la NSA fue decisivo en descarrilar la resolución impulsada por Aguilar Zinser contra la intervención militar estadounidense.

En enero de 2004, poco después de haber renunciado al cargo en la ONU, Aguilar Zinser acusó al entonces secretario de Relaciones Exteriores Luís Ernesto Derbez, de haberse negado a investigar versiones sobre el espionaje estadounidense en la Misión mexicana en Nueva York por temor a confrontar a Washington. En entrevista publicada en El Financiero en febrero de 2004, Aguilar Zinser narra que Derbez le dijo que no fuera ingenuo, “que no cabe la menor duda que estamos espiados. Pero, me preguntó, ¿qué ganamos con un pleito con Estados Unidos ahorita?” Cuando le pidió a Derbez enviara técnicos del CISEN, éste le preguntó, “¿para qué? Claro que están intervenidos”.

La tibia actitud que asumió el gobierno de Enrique Peña ante las recientes revelaciones sobre el espionaje de la NSA, evocan la actitud de Derbez hace una década. La timorata respuesta de la Cancillería a cargo de José Antonio Meade, contrasta con la energética reacción de sus contrapartes sudamericanos, particularmente Brasil. No satisfecho con las explicaciones ofrecidas por el embajador estadounidense en Brasilia, Thomas Shannon, el canciller brasileño Antonio Patriota amenazó con denunciar el espionaje de la NSA ante la ONU. Meade, en contrapartida, parece compartir la filosofía de su antecesor panista de decir, ¿qué ganamos con un pleito con Estados Unidos ahorita?

Educación: la obsesión centralizadora

Luis Hernández Navarro

Como los cangrejos, el gobierno federal y el Congreso de la Unión caminan hacia atrás en materia de instrucción pública. A contracorriente de lo que sucede en los países democráticos, donde la descentralización de la administración pública es la tendencia dominante, primero acordaron centralizar la evaluación, luego la política educativa, para rematar, ahora, con la nómina de los trabajadores de la educación.

No es un hecho aislado. La obsesión centralizadora del gobierno de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México parece no tener límite. Los gobernadores desfilan por las oficinas de Luis Videgaray para negociar sus presupuestos, en lugar de hacerlo con el Poder Legislativo. Unilateralmente, ha establecido una política de contratación masiva y centralizada de bienes y servicios, medicamentos incluidos, mediante compras consolidadas, contratos marco y subastas en reversa. Finalmente, en lo que constituye un grave asalto al pacto federal, se dispone a desaparecer los institutos electorales de los estados y a sustituirlos por uno de competencia nacional.

La decisión de que el gobierno federal quite a los estados el control sobre el pa­go de nómina a los maestros de educación básica fue justificada en nombre de la transparencia, del afán por evitar la duplicidad de plazas y de la decisión de cancelar la doble negociación gremial.

La medida fue anunciada por el jefe del Ejecutivo el pasado 19 de agosto, durante el inicio del ciclo escolar 2013-2014, en Xochitepec, Morelos. Peña Nieto advirtió allí que se revisaría a fondo el financiamiento de la educación pública”, derivado de la descentralización educativa de 1992. A 20 años de distancia, la federalización del pago de los maestros y las insuficientes transferencias de recursos federales han debilitado las finanzas estatales y acentuado importantes inequidades entre las entidades federativas, señaló.

En los hechos, la recentralización es la expedición del certificado de defunción del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica. Es, por tanto, la confesión pública del fracaso de una política que hizo de la descentralización la panacea a todos los males de la enseñanza en el país.

Efectivamente, desde comienzos de los años 80 del siglo pasado, la descentralización se convirtió en una obsesión gubernamental. El diagnóstico oficial asoció el bajo nivel educativo con la centralización, hasta equiparar automáticamente descentralización con mejoramiento pedagógico.

Sin embargo, al aterrizar el acuerdo las cosas resultaron diferentes. Como señaló el Observatorio Ciudadano de la Educación, más que una verdadera descentralización educativa, lo que se puso en práctica fue una descentralización centralizadora, conducida con una lógica centralista e inequitativa, en la que la Federación nunca pretendió perder el control del proceso educativo. Fue más una medida administrativa que pedagógica. Se exigió a los gobiernos estatales que hicieran con menos dinero lo que la SEP hacía con más.

No obstante este fracaso, la descentralización de la enseñanza acordada en 1992 tuvo como telón de fondo un elemento real: el enorme e incontrolable aparato burocrático de la SEP impedía que los recursos educativos fueran bien administrados. Por ejemplo, en lo que es una prefiguración de lo que viene, en 1980 estallaron decenas de conflictos magisteriales en todo el país, por graves problemas de pago, propiciados por el manejo centralizado de la nónima.

Lo que hoy se propone con la recentralización de las plazas es hacer crecer aún más la burocracia de la SEP. Con ello, se están creando las condiciones para fabricar un problema de magnitud insospechada. Sin flexibilidad alguna, las autoridades educativas van a administrar ahora mucho más de un millón de plazas que tienen, de por sí, una gran movilidad.

Los maestros de nuevo ingreso cambian constantemente de centro escolar, combinan su trabajo en una escuela primaria con horas de clase en secundaria, cotizan al Issste y/o a los institutos de seguridad social de los estados, adquieren préstamos que se descuentan de su salario. Otros toman días económicos o se incapacitan. Miles de profesores de primaria laboran como directores de escuela sin el contrato apropiado, con tan sólo una comisión de por medio, porque no existen las plazas presupuestales para que lo hagan. Pretender manejar centralizadamente un sistema laboral tan fluido y complejo, es absurdo.

Efectivamente, hay muchas cosas que no funcionan en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Hay problemas serios para establecer la matrícula y uso indebido de los recursos educativos por las autoridades en los estados. Pero, lejos de resolver estos problemas, la recentralización creará nuevos problemas sin solución.

El uso indebido de los recursos y la doble negociación no se resuelven así. La corrupción en el manejo de las plazas no es algo que suceda sólo en el nivel estatal. Toda la administración federal está llena de prácticas de este tipo. Es falso que la centralización permita combatir la corrupción, lo único que hace es concentrarla.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) negocia con las autoridades federales un aumento anual y sus secciones estatales acuerdan con los gobernadores prestaciones adicionales como días de aguinaldo y primas vacacionales. La medida corresponde al ámbito laboral; es allí donde debe solucionarse.

La autoridad educativa debe estar cerca de las escuelas y de las regiones en las se educa a niños y jóvenes, no a cientos o miles de kilómetros de distancia. Requiere estar en contacto con la labor docente, con los maestros y padres de familia, no pertrechada en una torre de marfil informática.

La recentralización educativa no es más que una fuga hacia adelante. Es un intento de la actual administración por huir de los problemas provocados por su insensibilidad y autoritarismo. Lejos de resolver los graves problemas de instrucción pública que hay en el país, los profundizará aún más.

Twitter: @lhan55

Un hecho, la derrota del proyecto de dominio de EU: González Casanova

Ciro Pérez Silva

México, DF. Pablo González Casanova propuso a intelectuales y artistas un congreso del espacio electrónico, de la dialéctica digital, que propicie la revisión del programa de la Red en Defensa de la Humanidad, y que se abra a la participación de los jóvenes en un momento en el que la derrota del proyecto de dominio global del mundo que pretendía Estados Unidos es ya un hecho.

Al participar en el foro A 10 años de lucha contra las guerras imperiales por la soberanía, la paz y la justicia ara los pueblos, el sociólogo mexicano convino con Ana Esther Ceceña, Gilberto López y el poeta cubano Omar González, que de esa ruptura del proyecto de un capitalismo mundial, gobernado desde Washington, no sólo se han dado cuenta quienes integran la Red, “también se dan cuenta ellos y no se van a quedar tranquilos. Tenemos que empezar a pensar cómo van a actuar ellos dentro de esas grandes derrotas que están teniendo”.

González Casanova planteó también convocar a una reunión que se proponga revisar las alternativas del mundo para la lucha por la libertad y por la vida, “podemos hacer realmente una labor de una guerra, no va a ser de tipo militar, sobre todo no por parte nuestra, sino que tenemos que ganar y podemos ganar con presiones muy fuertes, como las que han logrado Edward Snowden, Bradley Manning y Julian Assange esos tres muchachos heroicos, que podemos calificar de hermanos”.

Finalmente establecer un plan para que se hagan reuniones de gente joven, “no crean que porque no vienen con nosotros no se están reuniendo, y tienen una preparación muchos de ellos que se queda uno verdaderamente azorado. Por ningún motivo tenían ese nivel mis compañeros ni yo mismo, cuando era estudiante hace cientos de años.

Ifai ordena a SAT revele a qué empresas condonó impuestos

México, DF. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá dar conocer la lista de empresas a las que condonó créditos fiscales en los últimos seis años, por concepto de deudas y atrasos en el pago de impuestos, especificando nombre, fecha y monto, resolvió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

Al ser requerida la información, el SAT manifestó que ésta se encuentra reservada por 12 años, en razón de que se trata de datos de contribuyentes protegidos por el secreto fiscal, el cual obliga a los servidores públicos del organismo a guardar absoluta reserva de las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes, o por terceros con ellos relacionados, así como de los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

El recurso de revisión ante el Ifai fue turnado a la comisionada María Elena Pérez-Jaén, quien celebró una audiencia en la que tuvo acceso a la documentación clasificada. Tras un ejercicio de ponderación de derechos, la comisionada determinó que la reserva de la información invocada por el SAT era improcedente.

Advirtió que la condonación es un gasto fiscal que comprende, en términos generales, los montos que deja de recaudar el Estado, por lo que constituye una transferencia de recursos públicos en sentido negativo. Que también es un beneficio a favor del contribuyente, que implica un gasto público y que como tal debe reportarse.

Además de que la decisión de condonar un crédito fiscal no involucra únicamente al Servicio de Administración Tributaria y a la persona que se le condona el adeudo, sino a toda la sociedad, en tanto que por disposición constitucional, todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.

En ese sentido, la difusión de la información solicitada es uno de los mecanismos para que la sociedad evalúe si el SAT está cumpliendo correctamente con su atribución de “recaudar eficientemente” y “evitar la evasión y elusión fiscal”.

Expulsa EU a activista mexicana que protestó por política de migración

Texas. La policía de Inmigración y Aduanas deportó el martes a uno de los 25 inmigrantes que se entregaron el mes pasado a las autoridades estadunidenses en la frontera Texas-México para protestar por la política de migración.

La ICE (siglas en inglés) dijo que un juez determinó que Rocío Hernández Pérez, mexicana de 23 años, no podía beneficiarse con la ley de inmigración. No se dieron más explicaciones.

La vocera de ICE, Leticia Zamarripa, dijo a la AP que Hernández “fue expulsada del país”. El consulado mexicano confirmó que fue enviada de regreso a la capital de México.

Los 25 activistas se cuentan entre 34 inmigrantes que cruzaron el puente internacional de México a Laredo, Texas, el 30 de septiembre a sabiendas de que carecían de autorización para entrar al país.

Los detenidos pasaron años en Estados Unidos, a donde los introdujeron sin autorización cuando eran niños. Exigen que se les permita regresar.

VERACRUZ: Sigue “guerra sucia” contra el magisterio con hostigamiento de funcionarios menores

FERNANDO INÉS CARMONA

Orizaba, Ver.- por protagonizar de y paros indefinidos de labores, los integrantes de Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), pasaron a ser objeto de lo que llaman “guerra sucia” y de una persecución psicológica en contra de quienes encabezan el movimiento; a su vez reiteran que su lucha para derrocar “cacicazgos sindicales” tampoco ha claudicado y piden al gobierno del estado, “reflexionar sobre la validez de su movimiento”.

En entrevista el profesor David Rubio, uno de los voceros del Movimiento Magisterial, revela acciones que intentan “desestabilizar” la lucha emprendida por los docentes, sin embargo, sostiene que pese a las acciones, la resistencia magisterial continúa.

Un ejemplo de las intimidaciones, dice, “es un presunto citatorio del Ministerio Público de la Federación para comparecer ante la justicia federal”. Explica que no fue notificado ni en su centro de trabajo ni en su domicilio. La acción, agrega, “es realizada por personas malintencionadas que sólo buscan desestabilizar el movimiento”.

No obstante, el entrevistado sí se presentó ante la agencia del Ministerio Público federal, en donde le notificaron, que de ahí no salió ese documento, según dijo. Hay personas que están intentando amedrentar y probablemente por ser coordinador del MMPV en la zona le hacen ese tipo de ataques, indica.

Pero este caso no es el único, según revela, el movimiento ha sido objeto de ataques para crear confusión y problemas, pues a través de redes sociales como el Whatsapp y el Facebook se suben cosas que no tienen nada que ver con la realidad. En todo caso se trata de una guerra sucia, somos figuras visibles y el ataque es más directo para desinformar o calumniar”.

De hecho agrega que pese a los ataques que se tienen, las movilizaciones en contra de la reforma educativa y sus leyes secundarias continúan: “por ahora estamos en el plano del replanteamiento tras la represión de parte del gobierno, pues aun cuando se ha decidido establecer mesas de diálogo con el gobierno del estado, que se comprometió a respetar a los maestros, la realidad es, que sufren hostigamiento por parte de los directores, supervisores, jefes de sector que siguen insistiendo en levantar actas y hacer descuentos” asegura.

“El compromiso del gobierno del estado es cesar esa represión” y a la vez aseguró que la lucha de parte de los maestros no se ha terminado, sino que están planteando un regreso escalonado y no exponer a sus compañeros que siguen la movilización.

Asimismo, admite que el movimiento magisterial busca conciliar con los padres de familia y la misma sociedad en general, para obtener su respaldo, “nosotros nos debemos a los niños, tenemos que hacer un replanteamiento pero nunca el abandono de la misma, vamos a seguir luchando por la abrogación de las modificaciones al artículo 3° y 73°”.

Se dice seguro del crecimiento del movimiento magisterial, ya que asegura que otro de los logros más profundos es la reflexión magisterial, pues vivían un cacicazgo de más de 30 años, “en que el estaban sometidos a los intereses particulares de unas cuantas personas, en este caso los dirigentes, sin que se velara por los maestros”. Por ello, pide al gobierno del estado, “reflexione sobre que nuestra lucha es legítima, para que se respeten nuestros derechos laborales”.

Guerrero necesita estrategias de paz para mejorar la justicia: Rigoberta Menchú

MARGENA DE LA O Y
 FRANCISCA MEZA CARRANZA

La premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, consideró que Guerrero necesita de las estrategias de paz para mejorar la administración de justicia.

Menchú dio una conferencia de prensa junto con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, después de estar en Acapulco ofreciendo una ponencia, pero se negó a dar una opinión de que en Guerrero sigan asesinando a líderes sociales o el acoso a organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac).

Comentó que daba las condolencias al gobernador por los muertos que dejó la tormenta tropical Manuel, le ofreció su solidaridad. “La autoestima de Guerrero, es la autoestima de México”.

Después compartieron los proyectos para Guerrero en pro de la paz y Aguirre la invitó a venir próximamente para que inauguren el Centro de Atención a Mujeres en Ayutla, un ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al Estado por el caso de las indígenas de Valentina Rosendo e Inés Fernández, violadas por militares.

También le compartió el gobernador que quedó finiquitado el conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada, ambas de Malinaltepec. El gobierno del estado entregó un cheque por sus tierras a los comuneros de Tierra Colorada, por un millón 988 mil 745 pesos, para terminar con el conflicto.

En entrevista, Menchú fue cuestionada sobre su impresión de Guerrero, donde siguen matando a líderes sociales, caso reciente de Rocío Mesino Mesino, dirigente de una fracción de la Ocss, y donde detienen policías y coordinadores comunitarios. “Conozco la realidad no sólo de Guerrero, sino de México, países centroamericanos, países latinoamericanos, y por eso es la urgencia de impulsar campaña con cultura de paz, no sólo el castigo, que muchas veces vemos, también vemos la otra parte, que es la educación, mejorar la impartición de justicia, y perfeccionar la investigación. Mejorar la administración de justicia”, sostuvo.

Del papel del gobierno del estado ante esa situación, comentó: “he felicitado muchísimo porque se ha trabajado intensamente, también al gobierno federal”.

A pregunta expresa de la detención de miembros de la Crac, entre ellos los coordinadores Nestora Salgado y Bernardino García, mencionó: “la verdad es que cada proceso penal y judicial es un caso específico, he aprendido, porque he litigado en tribunales, que no puedo opinar sobre un caso si no tengo el expediente completo, no tengo la investigación clara. Esto es justo lo que queremos incluir en la cultura de paz que vamos a impulsar”.

Se pronuncia por fortalecer el pluralismo jurídico

En Acapulco, Menchú se pronunció por la construcción y fortalecimiento de un pluralismo jurídico para que las personas no sean juzgadas con leyes que no entienden por no estar escritas en su lengua materna.

Durante su conferencia magistral Políticas Públicas con Enfoque Intercultural y de Género, la activista expresó que muchas veces las personas juzgadas no entienden leyes porque no están escritas en sus lenguas maternas.

“Pónganse ustedes en su lugar, qué harían ustedes que les estén juzgando en un idioma que no es suyo. Qué horror, qué terrible, qué miedo. O sea, entonces por qué no comprendemos la necesidad de construir un pluralismo jurídico donde a la gente no se le debe juzgar por una ley que dice tal cosa y no lo entienden, mucho menos si no participé en la elaboración de esa ley, cómo lo voy a acatar”, aseveró.

Dijo como ejemplo que si alguien es acusado en Alemania serán juzgados sin saber qué es lo que les dicen con ese idioma difícil y el tono de voz fuerte que utilizan los alemanes.

Asimismo, consideró que el sistema en las aduanas en el país es decadente porque hay violaciones a los derechos humanos en personas indígenas como, dijo, le ha pasado a ella por el hecho de ser maya.

Aseguró que es urgente educar a los policías mexicanos y a los aspirantes a controladores de las aduanas.

“Urge que eduquemos a los jóvenes que están aspirando a ser controladores de aduana porque ese mal sabor lo llevan ellos pero lo hacen con uno, los harán con mil, dos mil, tres mil, cuanto puedan hacer porque creen que tienen asegurada la vida sólo porque están en un puesto público”, aseveró.

Platicó que ella ha perdido horas en los aeropuertos mexicanos por su aspecto maya y que se queja de ello los agentes se sienten ofendidos y actúan peor.

“No saben ustedes las veces, las horas que yo he perdido en los aeropuerto mexicanos, porque sólo me miran maya, los policías no saben quién soy. Obviamente nunca ven televisión o radio o algo así. Y me paran, y yo les digo está bien que me revises pero por qué no revisaste a los demás, y ya solo con eso creen que ya ofendí su enorme autoridad y entonces se ponen a quitar la ropa, vente por acá, la maleta, no sé qué y eso significa un sistema decadente porque el ser humano es un ser humano que tiene que ser respetado”, expresó.

El estado mexicano debe garantizar la libertad inmediata de Alberto Patishtán

La aprobación por la Cámara de Diputados de una reforma al Código Penal Federal para permitir una nueva modalidad de indulto presidencial en caso de "violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada" es altamente relevante para el caso de Alberto Patishtán.

Amnistía Internacional (AI) recuerda a las autoridades mexicanas su obligación de garantizar la liberación del maestro tzotzil Alberto Patishtán, para poner fin a 13 años de encarcelamiento injusto en violación de sus derechos humanos fundamentales. El maestro Patishtán ha afrontado esta prolongada detención ante la incapacidad del sistema de procuración de justicia de realizar investigaciones prontas y efectivas, valorar las pruebas presentadas al caso y respetar los derechos humanos, una situación que afecta cotidianamente a las personas indígenas o de escasos recursos económicos y sociales en México que sufren discriminación y la negación del derecho a un juicio justo.

Tras estudiar el caso de Alberto Patishtán, condenado por el asesinato de siete policías ocurrido el 12 de junio de 2000 durante una emboscada en el municipio de Simojovel, estado de Chiapas. Amnistía Internacional recuerda que familiares y sobrevivientes tienen el derecho a exigir que los verdaderos culpables sean llevados ante la justicia. Sin embargo, el estudio del caso realizado por Amnistía Internacional indica que Alberto Patishtán no participó de estos hechos y que existen graves deficiencias en la investigación y el proceso judicial en su contra. Los verdaderos responsables por los asesinatos permanecen en la impunidad, negando así la justicia a las personas víctimas de estos hechos.

Como en otros casos documentados por Amnistía Internacional, el hecho de que Alberto Patishtán sea indígena y cuente con pocos recursos económicos jugó un papel fundamental en limitar su derecho a un proceso justo, en particular el derecho a la defensa efectiva y al trato igualitario ante la ley por parte del ministerio público y el poder judicial.

En 2002, Alberto Patishtán fue condenado a 60 años de prisión por lesiones y homicidio calificado, robo calificado, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Las apelaciones, amparos y recursos de reconocimiento de inocencia presentados dese entonces fueron rechazados. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que las irregularidades en la investigación y el proceso judicial nunca fueron evaluadas debidamente para corregir la condena. Tampoco fue tenida en cuenta la jurisprudencia desarrollada por el poder judicial de la federación en este periodo sobre la evaluación de las pruebas de cargo, la presunción de inocencia y el debido proceso para asegurar un juicio justo, así como la reforma constitucional de 2011 que reconoce el rango constitucional de las normas internacionales de derechos humanos.

Al revisar este caso detalladamente, Amnistía Internacional considera que existen serias fallas acerca la conducción del proceso y del juicio en su contra:

· Nunca se investigó la influencia indebida por parte del presidente municipal de El Bosque, municipio vecino de Simojovel y donde vivía Alberto Patishtán, en la investigación preliminar realizada por el ministerio público. Antes de la declaración de su hijo, quien fue uno de dos sobrevivientes del ataque y el único testigo que señaló a Alberto Patishtán, el presidente municipal le manifestó al ministerio público que Patishtán era uno de los autores del delito. Asimismo, comunicó el supuesto móvil del crimen. Estos elementos sirvieron para emitir una orden de localización contra Patishtán. El presidente municipal también proveyó una fotografía de Patishtán que el ministerio público utilizó para proceder contra éste y animar a testigos no presenciales a señalarlo como responsable.

· Nunca hubo una investigación imparcial del contexto social que podría haber motivado un señalamiento fabricado contra Alberto Patishtán por parte del presidente municipal y su hijo. Un mes antes de los asesinatos, Alberto Patishtán y otras personas de su comunidad habían pedido públicamente la remoción del presidente municipal. Este antecedente nunca fue objeto de investigación por parte del ministerio público ni fue considerado con seriedad dentro del proceso por parte de los jueces de primera, segunda y tercera instancia.

· Existen contradicciones no resueltas entre las diferentes declaraciones que realizó el hijo de presidente municipal sobre estos hechos.

· Existen contradicciones no resueltas entre los testimonios del hijo del presidente municipal y el otro sobreviviente del ataque. Entre otras cuestiones, la forma del ataque y el número y vestimenta de los atacantes, incluyendo si llevaban pasamontañas o no.

· En una de sus declaraciones el hijo del presidente municipal inculpó a una segunda persona que posteriormente fue absuelta al demostrar su inocencia, lo cual pone nuevamente en duda la credibilidad de su testimonio.

· Hubo falta de acceso a una defensa efectivo por parte de Alberto Patishtán para asegurar que pudiera defenderse eficazmente contra la imputación y cuestionar debidamente a los testigos y otras pruebas, así como presentar pruebas eficientes de defensa;

· La decisión de los jueces de desechar las pruebas de descargo presentadas por varios testigos que señalaron la presencia de Alberto Patishtán en otro lugar durante los hechos contrasta con la forma en que las contradicciones en las declaraciones de los testigos de la acusación fueron ignoradas.

· Hubo violaciones del debido proceso por parte del ministerio público al recabar las pruebas y presumir la culpabilidad de Alberto Patishtán y, posteriormente, por parte del poder judicial, el cual no garantizó la presunción de inocencia al ignorar las violaciones de debido proceso y su impacto sobre el valor de las pruebas.

Amnistía Internacional considera que estas irregularidades indican que la sentencia contra Alberto Patishtán se emitió sin garantizar sus derechos fundamentales y ha resultado en su prolongado e injusto encarcelamiento. Él y su familia han tenido que vivir esta injusticia durante 13 años. Además, la salud del maestro se ha deteriorado durante su permanencia en prisión.

Ante la negativa del sistema de procuración de justicia a revisar el caso y proporcionar justicia, Amnistía Internacional considera que las autoridades federales deben poner fin a esta injusticia y liberar a Alberto Patishtán de forma inmediata por la vía que consideren adecuada en beneficio de la justicia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Esta liberación no puede sustituir al reclamo de justicia que durante estos años ha realizado el maestro Patishtan, pero ante la falta de alternativas resulta la única vía factible en el corto plazo. Es en este sentido que la reforma aprobada hoy abre una nueva posibilidad y serán las autoridades mexicanas quienes deben actuar dentro de sus competencias para garantizar la pronta liberación.

Así mismo Amnistía Internacional llama a las autoridades a garantizar también el derecho a la justicia y a la reparación en el caso del profesor Patishtan y para reformar el sistema de justicia de tal forma que se garanticen procesos prontos y justos a todas las personas, independientemente de su condición económica o pertenencia a una comunidad indígena.

Información adicional

Amnistía Internacional ha recabado durante las últimas semanas más de 27,000 exigiendo justicia sobre el caso de Alberto Patishtán.

La iniciativa aprobada hoy por unanimidad en la Cámara de Diputados ya fue aprobada también por unanimidad en el Senado la semana pasada. El texto de la reforma es el siguiente:

Artículo Único. Se adiciona el artículo 97 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 97 Bis. De manera excepcional, por sí o a petición del pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.

El Ejecutivo federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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