Hoy de invitado estuvo @Jonapolifonia con quien tuve un fuerte debate respecto al tema de lo que dijo ayer en la noche Alejandro Encinas en entrevista con Joaquín López Dóriga en TELVISA, además hablamos de como el fracaso de la operación "rápido y furioso" demuestra que por encima de todo para EU está el negocio de las armas. Tuvimos la síntesis informativa y un video del programa en CONTEXTO sobre el tema de rápido y furioso. No dejes de visitar http://www.tiraderodelbote.com . ¡Súmate a la camapaña de TIRADERODELBOTE, solo invita a 10 a visitarlo y a 5 a apoyar económicamente Noticias con El Bote.
viernes, 17 de junio de 2011
BRIGADA EN APOYO A ENCINAS
Mañana sábado 18 de junio, 10:30 am, abajo del reloj en metro Cd. Azteca, de ahi partimos para brigadear en apoyo del Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, en el Municipio de Ecatepec de Morelos.
REDES UNIVERSITARIAS
Retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos
JORGE ROCHA
Finalmente se promulgó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Hasta el momento sólo el Congreso local del estado de Guanajuato no la había aprobado, 22 entidades (suficientes para que se hiciera efectiva) la habían aceptado y estados como Jalisco no la habían sometido a votación (porque no les parece relevante o porque no querían quedar mal con los grupos neoconservadores que presionaban para no aceptarla, pero tampoco con las organizaciones civiles que promueven y defienden los derechos humanos). En cualquier circunstancia es reprobable la actitud de los legisladores locales en el tema.
Sin duda alguna la aprobación de la reforma representa un avance sustantivo y es un paso firme en el proceso de armonización del marco normativo nacional a los estándares internacionales de los derechos humanos. Algunos de los logros más relevantes de la reforma es que le otorga a los derechos humanos plena carta de ciudadanía en la legislación mexicana, se recupera el derecho internacional de los derechos humanos con el nivel de ley constitucional y se le otorgan más facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta reforma supone cambios muy importantes y profundos para el ejercicio de gobierno en todos los niveles (federal, estatal y municipal), impone retos muy grandes para las organizaciones de la sociedad civil preocupadas con este tema, implica una nueva forma de pensar para el gremio de los abogados, los litigantes, los jueces y los ministerios públicos e incluso impone a las universidades que sus programas de licenciatura, maestría y doctorados de derecho, retomen estas modificaciones en sus planes de estudio; y también el sistema educativo tendrá que encarar las responsabilidades que se derivan por estos cambios en el marco normativo.e_SNbS
Es decir, la reforma constitucional en materia de derechos humanos implica un cambio paulatino que vaya construyendo una verdadera cultura de los derechos humanos en México y a la par exige la implementación de políticas públicas de largo alcance y el rediseño institucional de ciertas instancias de gobierno que se ven impactadas por estos cambios legales. De no ser así, el avance que ahora alabamos será sólo una promesa y persistirán las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que desde hace muchos años existen en el país. No se puede negar este acierto, pero si estas reformas no se traducen en políticas de estado de poco habrá válido este esfuerzo.
Ahora bien, el panorama en el que se promulga esta reforma constitucional no es el más halagador en materia de derechos humanos. Esta semana la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT), presentó un informe titulado México, a dos años del Examen Periódico Universal, balance del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde desde una perspectiva de la sociedad civil organizada, se hace una primera evaluación de cómo el gobierno mexicano ha resuelto las recomendaciones que le hizo la ONU en el tema de los derechos humanos en el año 2009. El documento presenta, luego de dos años de la elaboración de estas recomendaciones, un primer corte de caja para ver los avances en esta agenda.
Entre las organizaciones que aportaron a la elaboración de este texto están Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el resumen ejecutivo del documento, la Red TDT plantea que “…En general, hay avances significativos en el ámbito legislativo, pero observamos que esto aún no se traduce en políticas públicas que incidan directamente en revertir el contexto de impunidad y de discriminación en contra de grupos vulnerables (como mujeres, pueblos indígenas y migrantes) y en generar un ambiente de seguridad que permita la plena participación de la ciudadanía en procesos democráticos y el pleno disfrute de sus derechos económicos, sociales culturales y ambientales. Tampoco hay espacios adecuados que involucren de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas. A pesar de las múltiples recomendaciones de instancias internacionales de protección a los derechos humanos o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano sigue siendo reticente a reformar el Código de Justicia Militar, a eliminar la figura del arraigo o a atender las demandas de justicia, verdad y reparación para los casos de la llamada Guerra Sucia. Tampoco ha tomado las medidas oportunas para generar un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y proteger a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas”.
En el documento se hace un recuento de las visitas que han hecho relatores especiales y grupos de trabajo a México con la finalidad de ver el estado en el que se encuentra algún derecho, se citan las sentencias de la Corte Interamericana en contra del gobierno de México por casos de violación a los derechos humanos y luego se hace una ponderación en el avance de las recomendaciones que hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a nuestro país en el año 2009. La reforma es una buena noticia, pero el contexto en el que nace implicará un esfuerzo sin precedentes para realmente hacer valer todo lo que se plantea en estas modificaciones legales. Por eso es preciso seguir de cerca las políticas públicas que se implementarán con el fin de aterrizar todo lo que ahora dice el texto constitucional y las acciones que emprenderán otros actores sociales como las organizaciones de la sociedad civil y los académicos con el fin de que esta ley se haga realidad.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Un paso más en los derechos humanos
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE - JUEVES, JUNIO 16, 2011
El pasado jueves nueve de junio, el Presidente de la República promulgó un decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política del país, así como la denominación del Capítulo I de su Título Primero.
El Poder Constituyente Permanente, es decir las dos Cámaras del Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 31 estados de la República, elevaron a rango constitucional una serie de modificaciones al texto original de nuestra Carta Magna, para adoptar el término de “derechos humanos”, con lo que se amplía su reconocimiento y protección en el país.
A partir de ahora, el Título Primero de nuestra Constitución se intitula: “De los derechos humanos y sus garantías”, en lugar de la original clasificación que databa de 1917 en que se promulgó, que las denominaba: “De las Garantías Individuales”.
Con esta reforma, el texto de la Constitución se adhiere a las doctrinas iusnaturalistas, que sostienen que las Constituciones únicamente reconocen los derechos humanos, no los otorgan. Además, reitera –de manera específica– la obligación de respetar los tratados internacionales de la materia en los que el Estado Mexicano sea parte.
La enmienda aprobada, incorpora el término “persona”; y lo utiliza para sustituir el de “individuo” y, con ello, se introducen las obligaciones que el Estado debe asumir frente a las violaciones a los derechos humanos. Éstas son las de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos.
Para su defensa, las reformas constitucionales adicionan, en el primer artículo ahora vigente, la determinación de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La reforma constitucional aspira lograr la prohibición del combate a la discriminación por preferencias sexuales, que habrá de generar múltiples reformas a las leyes civiles de los estados; y un cambio, a lo largo del tiempo, en muchas conciencias, en ciertos atavismos y en añejas tradiciones inconvenientes.
Se agrega al texto del artículo 11º de la Constitución, el derecho de toda persona de solicitar asilo, en caso de persecución por motivos de orden político, así como también preceptúa que por causas de carácter humanitario, se recibirá refugio.
Otro cambio trascendente que la reforma presenta, lo representa el fortalecimiento de las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puesto que establece que cuando las autoridades no acepten o cumplan las recomendaciones emitidas por este organismo, deberán publicar las razones de su negativa y la Cámara de Senadores, o en sus recesos la Comisión Permanente, podrán llamar a comparecer a dichas autoridades para que expliquen su negativa.
Este organismo defensor de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además es destinataria de nuevas facultades que la reforma le concedió y que le fueron retiradas a la Suprema Corte de Justicia, en materia de investigación en caso de violación grave de los propios derechos humanos. La desastrosa actuación que el máximo tribunal tuvo con respecto a la investigación del incendio de la guardería ABC de Sonora, influyó en que el Poder Revisor Constitucional le retirara esta potestad.
La CNDH, está además investida de la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales y federales, que considere que vulneren derechos humanos contenidos en la propia Constitución General y en los Tratados Internacionales, debidamente suscritos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.
En materia de suspensión de garantías, el nuevo texto constitucional creó un catálogo de derechos que no podrán suspenderse en ningún caso ni por motivo alguno, como los derechos a la vida, a la integridad, a la niñez, así como a los principios de legalidad y de no retroactividad.
Esta reforma constitucional constituye un cambio evolutivo muy favorable para la vida nacional. Conviene conocer y estudiar su contenido para contribuir a que sus efectos puedan penetrar rápido en nuestra idiosincrasia y cultura, a efecto de lograr que sus preceptos regulen efectivamente nuestra convivencia.
raulcontreraslajornada@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
Segundo esfuerzo desmitificador de Poiré
Empeñado en su exégesis por entregas,el doctor Poiré va ya en el tercer argumento de su esfuerzo desmitificador. El segundo anterior lo dedicó a corregir la errónea idea –compartida por abrumadora mayoría de mexicanos– de que “las fuerzas armadas usurpan las labores de la policía y violan sistemáticamente derechos humanos”.
Con un estilo perfectible dice que ni Ejército ni Marina sustituyen a las corporaciones policiacas, que junto con la Policía Federal (PF) “apoyan de manera temporal y subsidiaria a las autoridades civiles, y no actúan en solitario. En la medida en que las policías locales avancen en el proceso de profesionalización y certificación serán menos necesarias las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado” y que no se ha militarizado la lucha.
Bien, ninguna de tales afirmaciones demuestra un comino. Son, si acaso, meras frases de buenos propósitos pero demuestran nada.
Veamos, la militarización para combatir al narcotráfico, que no al crimen organizado, inició en el sexenio anterior, en junio de 2005, luego de una escalada de violencia en el noreste del país. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, principalmente. Llegaron al estado 600 efectivos militares.
Para julio de 2006 las acciones militares se habían extendido a Baja California, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, además de Tamaulipas. En todos esos estados se recrudecieron la violencia y las ejecuciones, que comenzaron a incluir a elementos de las corporaciones federales involucradas en el programa.
Durante el sexenio de Vicente Fox el promedio mensual de militares abocados a combatir al narco era de casi 19 mil 300.
Al inicio del sexenio Felipe Calderón dispuso que se emplearan 30 mil soldados en la lucha al crimen. Tres años después los efectivos militares habían aumentado a 45 mil. En los primeros meses de este año los militares dedicados a la guerra al narco eran 51 mil en el campo de batalla, si es que así se le puede llamar. Por cada uno de esos soldados dedicados al combate hay que sumar entre tres y cinco elementos adicionales dedicados a labores logísticas, administrativas y médicas.
Hasta el año anterior las fuerzas armadas mexicanas contaban con 262 mil 741 efectivos. De los que 56 mil 728 pertenecen a la Armada; el resto al Ejército y Fuerza Aérea.
Dicho de otro modo, en el cuarto año de la administración Calderón el uso de fuerzas militares en combate aumentó en 68 por ciento. Pero si se toma en cuenta el personal logístico administrativo necesario para sostenerlos en batalla, el número aumenta por lo menos a 150 mil. Esto es, las tres quintas partes de los efectivos militares nacionales.
Consecuentemente la afirmación del doctor Poiré de que “no se ha militarizado la lucha de México por la seguridad” es totalmente falaz. O mitómana, por seguir con la línea sugerida por el propio Poiré.
Afirma en su blog que las “fuerzas armadas no violan sistemáticamente los derechos humanos de la sociedad. Los registros son claros al ilustrar que las violaciones que se han registrado son incidentales, se han sancionado, y no son el resultado de una cuestión estructural”. Habría que preguntar aquí cómo debemos interpretar el encubrimiento de la violación de la anciana Ernestina Ascencio en Zongolica hace cuatro años, ¿como un algo incidental o estructural?
En marzo pasado Human Right Watch (HRW) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre México. El quinto informe sobre México. El documento acusa directamente al Estado de encubrir militares que se presume violaron derechos humanos. Dice textual el informe: “es decepcionante que México haya desaprovechado esta oportunidad para reconocer y afrontar la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares”. Un par de párrafos adelante, el informe afirma a que en la lucha contra el narcotráfico “se ha registrado un drástico incremento de las denuncias de abusos militares”.
Algunos datos: entre enero de 2007 y diciembre de 2009 la CNDH recibió 3 mil 388 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Sólo tres de esos militares involucrados han sido condenados por violaciones a derechos humanos –el gobierno había afirmado que seis– pero una de las condenas era porque el soldado estaba involucrado en un accidente automovilístico y otra se revirtió en un tribunal militar de apelación. Por lo tanto hay una sola condena por violación a derechos humanos. En este caso singular, el militar fue condenado a nueve meses de prisión. ¿Su delito? Disparar a un civil en un retén militar.
HRW señala en su informe que el origen de la impunidad deriva del propio secretario de la Defensa, Guillermo Galván, que “ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares” en el país.
Y eso es estructural, no incidental como afirma Poiré. Por lo demás, el hombre ignora, probablemente de forma deliberada, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia vinculante en noviembre de 2009 que ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar para que “en situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia pueda operar la jurisdicción militar”.
Sea que lo haga por ignorancia o por deliberación, Poiré miente. Dice que en cuatro años entre Sedena y Semar se llevaron a cabo “poco más de un millón 600 mil servicios por año” y frente a ello sólo 5 mil 369 quejas ante la CNDH (.08 por ciento) de esos servicios. El dato dice absolutamente nada si no se define lo que debemos entender por “servicios”. ¿Servicios de combate? ¿De patrulla? ¿De intendencia? ¿De limpieza de letrinas? ¿De retenes carreteros? ¿O de mensajería? ¿La combinación de todos? Como no lo define, consecuentemente la cifra porcentual significa nada y su “desmitificación” del punto tampoco.
Dice Poiré que las fuerzas armadas han recibido las recomendaciones de la CNDH con un serio compromiso con los derechos humanos y la reparación del daño. Se han aceptado 96.7 por ciento de las recomendaciones y se trabaja intensamente en la capacitación en materia de derechos humanos para todo el personal militar. Es falso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido varias quejas sobre abusos militares en estos cuatro años, al grado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido analizar el caso de la desaparición de los jóvenes Nitza, Rocío y José Alvarado, detenidos en diciembre de 2009 por el Ejército mexicano en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Es el primero que llega a la Corte Interamericana en un lapso tan breve. Ese hecho junto con el informe de HRW desmienten por el eje la afirmación de señor Poiré.
Adán Abel Esparza Parra es campesino mexicano. Sus hijos, esposa y hermana fueron acribillados en un retén militar en Sinaloa en 2007. Le fueron dados por el Estado mexicano un promedio de 147 mil pesos (12 mil dólares) como compensación por cada uno de sus familiares asesinados. Es la cantidad promedio que otorga el gobierno de Calderón por las bajas colaterales. En contraste, la Sedena ha pagado a las familias de los militares caídos en combate, en promedio, 784 mil pesos (67 mil dólares).
En cuatro años de pesadilla el gobierno de Felipe Calderón no ha informado ni al Congreso lo que le cuesta su guerra en dinero público. Lo hizo el delfín Ernesto Cordero en Washington. Más de 200 mil millones de pesos al año.
Termina su argumento sumergido en el penoso lugar común de que las fuerzas armadas son un motivo de orgullo para todos los mexicanos y dice que las cifras no mienten. En efecto, como las proporciona ECP lo hace por él y las cifras dicen exactamente lo contrario a la exegética defensa del señor Poiré.
Es Cosa Pública
leopoldogavito@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
Necaxa, en riesgo de desaparecer por ignorancia de la CFE sobre el mantenimiento a la presa
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
La población y la presa de Nuevo Necaxa están en riesgo de desaparecer debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no le ha dado mantenimiento al túnel que pasa debajo de esta comunidad en la Sierra Norte de Puebla, por lo que podría ocasionar una tragedia.
Algo similar podría ocurrir con el sistema hidráulico de la presa de Necaxa, pues al carecer de regulación por la falta de mantenimiento y la ignorancia en la operación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no se podrán controlar las avenidas de agua durante la temporada de lluvias, poniendo en un grave riesgo a las poblaciones que se localizan aguas abajo de este sistema.
Lo anterior se desprende de la investigación que hizo Mario Govea Sansón, trabajador jubilado de Luz y Fuerza del Centro, quien durante tres décadas laboró como operador del Sistema Eléctrico Central de la hidroeléctrica de este municipio.
Govea Sansón presentó ayer el libro Necaxa, Cuna de la Electricidad en América Latina, en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), como resultado de la preocupación a dos años de que fue decretada la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
El texto, realizado en conjunto con la investigadora Catalina García Espinosa, también fue creado como un medio para ayudar económicamente a los ex trabajadores y agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pues con la desaparición de su única fuente de trabajo muchos han optado por migrar del pueblo; otros tantos se han suicidado por la severa depresión que les ocasionó ver derrumbada la economía de su familia, según comentó el autor.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el también ex coordinador de la Comisión Técnica del SME subrayó que tras el inconstitucional decreto de extinción de la compañía las instalaciones de la hidroeléctrica se han deteriorado severamente, lo que pone en un grave riesgo a toda la región de Nuevo Necaxa, mismo que las autoridades estatales y municipales ignoran totalmente.
Señaló que esto se ha transformado en una tragedia social en toda la región, desde Huauchinango, en Puebla, hasta Poza Rica, en Veracruz, ya que en todo este corredor que interactuaba con los electricistas de Necaxa y que era principalmente comercial se vino abajo, pues no hay otras fuentes de ingreso.
“Todos los que trabajamos ahí sabemos de la dificultad para operar esas máquinas; es un sistema en cascada de tres plantas que va generando electricidad y se reembalsa. Es una industria que nació en 1903 con la Mexican Light and Power Company, que se nacionalizó en 1960; en 1974 se integró a la CFE, y posteriormente nace Luz y Fuerza del Centro, pero nunca se cumplió todo lo que se le prometió a esta empresa para que operara por sí sola. Siempre fue la caja chica de la CFE”, señaló el investigador.
Electricidad comprada cara, pero vendida barata
Agregó que la población desconoce la campaña de desprestigio que se utilizó contra Luz y Fuerza del Centro, pues a través de la televisión, principalmente, el presidente Felipe Calderón afirmó que a esta compañía se le entregaban 42 mil millones de pesos para privilegio del sindicato.
“Lo que Calderón nunca aclaró es que por parte de la Secretaría de Hacienda se le obligaba a otorgar 57 mil millones de pesos para las tarifas y esos 42 mil millones eran parte del subsidio que otorgaba a la empresa. Es decir, la propia Federación le autorizaba, benévolamente, endeudarse a Luz y Fuerza con 15 mil millones, por que no le regresaba todo lo que Hacienda le obligaba a dar como subsidio”, agregó.
Las tarifas por el cobro del servicio de energía eléctrica eran fijadas por la propia Hacienda, no por la compañía, pero el precio de la producción de energía lo fijaba arbitrariamente la CFE, destacó Govea Sansón.
Así, el precio de la venta de energía para los consumidores comunes era 27.4 por ciento más caro que lo que Hacienda le permitía venderlo a los consumidores de industrias, relató el autor. En otras palabras, se trataba de una empresa que vendía barata su electricidad, pero la compraba a precios elevados.
“Nunca se le permitió a Luz y Fuerza del Centro aumentar su parque de generación, y se quedó con el mismo que tenía desde 1903. Sólo era autosuficiente para producir 4 por ciento de sus necesidades. 96 por ciento restante se lo tenía que comprar a la CFE”, relató.
Así, las pérdidas que tenía la compañía le eran contabilizadas absolutamente todas mientras que a la CFE sólo le costaban las pérdidas técnicas. En las estadísticas de los últimos 20 años, la CFE aparece sólo con 10 por ciento de pérdidas, mientras que Luz y Fuerza llegó a tener 32 por ciento, abundó.
Sin embargo, en los dos últimos años desde que llegó la CFE a hacerse cargo de Nuevo Necaxa no sólo no se da abasto, sino que sus pérdidas han crecido todavía 2 por ciento más, indicó.
El autor recalcó que “la empresa de clase mundial” –como se autodenomina la CFE– está haciendo mal uso de las presas de esa región, la cual tiene tres divisiones: una en la parte alta, que son las presas de Los Reyes, Laguna y Necaxa; la segunda división, que aprovecha el río Lajajalpan, con las presas de Nexapa y Tenango, mientras que la tercera división, que es toda una obra de ingeniería excepcional, que tiene una galería de agua filtrante de 30 kilómetros, que comienza en Zacatlán y termina en la presa de Nexapa.
Esta última obra se hizo a principios del siglo pasado, cuando no existía el concreto, y está formada por túneles y canales. Uno de esos túneles conectaba a la presa de Tenango con la de Necaxa, pasando abajo del poblado.
“El problema es que al no ser de concreto, pues éste no se conocía en 1903, las tres cortinas de Nexapa, Tenango y Necaxa fueron construidas en 12 años a base de tierra roja y lodo. Estas permanentemente deben estar húmedas porque de lo contrario se resquebrajarían, con el riesgo de que se lleven a todas las poblaciones, aguas abajo, desde Necaxa hasta Tecolutla, Veracruz”, alertó Govea Sansón.
Aseguró que esto lo desconoce la CFE, que ha operado mal las presas y no le ha dado mantenimiento a los túneles, inclusive del hundimiento total del pueblo de Nuevo Necaxa. Este es el riesgo más grave, que a pesar de que ha sido denunciado, ni la presidencia municipal ni el gobierno del estado han hecho caso.
Fuente: La Jornada de Oriente
La falta de un estudio epidemiológico para Laguna Verde es incomprensible
Sin los resultados que arroje un profundo estudio epidemiológico practicado en las comunidades cercanas, la Central Nucleoeléctria de Laguna Verde se convierte en uno de los riesgos ambientales potenciales más devastadores no sólo para el estado de Veracruz, sino para el país entero, declaró la doctora Lilia Albert, especialista en Toxicología Ambiental, quien reveló que lo más preocupante del caso es que el costo financiero de una investigación así le resultaría a los gobiernos prácticamente gratis, por lo que resulta incomprensible por qué no lo ha llevado a cabo.
A menos que lo tenga “debajo del cajón” y que sus resultados confirmen las denuncias reiteradas de los habitantes de los municipios cercanos en el sentido que se han incrementado los casos de leucemia y otras enfermedades que podrían considerarse como resultado de la radiactividad, se entiende la demora de la Federación, precisó.
“Y lo más importante es evitar mentirle a la gente. Se recordará cómo el gobernador Miguel Alemán se metió a nadar en las afueras de la planta para demostrar que no hay contaminación. Es una barbaridad lo que hizo, porque en todo caso el riesgo no es agudo, sino crónico y una bañada o tres no demuestran nada. Tendría que ir a bañarse diario por 20 años para demostrar que no hay riesgo. O como ahora que recientemente los funcionarios de la CFE organizaron un recorrido en el que todos fueon con su guayabera limpia y sus inútiles cascos, que por cierto, sólo se utilizan como medida precautoria cuando hay el riesgo de que a alguien le caiga algo en la cabeza, como en una construcción; pero ir con el casco a Laguna Verde es suponer que la gente piense que el casco nos protege de las radiaciones”.
Respecto de las denuncias reiteradas de vecinos a la nucleoeléctrica sobre la recurrencia de ciertas enfermedades, opinó que la mecánica adoptada por las autoridades de negar su existencia una y otra vez es lo más sospechoso del caso. Aunque el gobierno estatal no tiene ninguna injerencia concurrente de manera legal para actuar al respecto, la doctora Albert consideró que ante esa reclamación reiterada sobre la presencia de cierta patologia ambiental, el gobierno estatal podría exigirle a la Federación un buen estudio epidemiológico.
“Para acallar con hechos todas esas inconformidades, el gobierno federal debería hacer ese estudio, porque mientras la autoridad estatal niega el problema y supone que con eso no existe, la comunidad no está satisfecha porque no fue tomada en consideración. Lo primero que debieron hacer fue mandar a la brigada de epidemiología para cuando vengan las quejas ya sabrían cómo estan las cosas, porque con esa sospecha cualquier catarro o tos se lo van a achacar a la planta”.
La doctora Albert insistió en que Laguna Verde y sus problemas es responsabilidad del gobierno federal, el cual no muestra ningun interés por darle una respuesta cierta a la gente que vive en los municipios aledaños a la planta, actuando como si no hubiera nada que temer o suponiendo que por el hecho de ser autoridad les permite hacer lo que quieran “viven en tiempos previos a los riesgos ambientales actuales, no conciben que existan peligros a largo plazo; están en la época en que no piensan que las comunidades se pueden inconformar y suponen que todo lo pueden resolver con alguna demanda penal o amenazas para aquietarlos”.
Abundó en el abandono y desdén de la CFE y de la Federación sobre el riesgo de la planta, al insistir que no existe un programa integral de evacuación en caso de un accidente nuclear, porque las vías de salida no están pavimentadas o se encuentran llenas de baches, “si llegara a ser necesario usarlas lo primero que tendrían que hacer los vecinos a la central es ir directamente hacia el foco del potencial incidente, es decir a Laguna Verde, que es donde la carretera está en mejores condiciones”.
Cuestionó también los simulacros de evacuación que se realizan, porque no los hacen con la población, sino con autoridades para “tomarse la foto” y si bien consideró que la información y una campaña permanente con las comunidades no le van a quitar la peligrosidad a la central nuclear, sí le ayudaría en sus relaciones públicas con la gente.
–¿Desde su experiencia, se puede afirmar que sí existe un problema de salud pública en Laguna Verde?
–Lo que se puede afirmar es que no se sabe si existe ese problema porque no existe ningún estudio oficial que demuestre lo contrario. Lo que si no puede ser es que (las autoridades) vengan y digan que fueron y vieron y no hallaron nada porque si existe la capacidad científica lo que no entiendo es por qué la Federación no ha enviado una brigada de epidemiólgos para determinar con exactitud la existencia o no del problema. No lo hacen porque les importa un comino la comunidad, tal vez por prepotencia o finalmente por miedo a que los resultados confirmen que la gente tenía razón.
Fuente: La Jornada de Veracruz
Analizan los efectos del sistema capitalista en el rezago del campo
La migración deja de ser alternativa; ya no existen las fuentes laborales de antaño, señala
JOAQUÍN MONTAÑEZ (Corresponsal)
Sahuayo, 15 de junio.- Dentro del Encuentro Académico sobre Desarrollo Local que se lleva a cabo en la Universidad de la Ciénega de Michoacán (UCM), se presentó la ponencia El boom agrícola y la pobreza del campo mexicano, espacio de análisis y reflexión en torno a las formas en las cuales el capitalismo como sistema he llevado a una distribución inequitativa de la riqueza, la cual ha impactado en el ámbito agrícola, no obstante que se encuentra en riesgo la sustentabilidad alimenticia.
Humbert Cartón de Grammont, ponente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, comentó que la problemática del campo es compleja, ya que se encuentran elementos que parecen ser contradictorios, pues por un lado se tiene a un pequeño sector de empresas agrícolas que es bastante exitoso en términos de su ubicación en el mercado nacional e internacional, y frente a eso, por el otro polo, se encuentra un sector de productores que no la hacen en términos económicos y que viven marginados y en la pobreza.
“Están anclados porque no pueden dejar su actividad agrícola, ya que no encuentran trabajo en otras partes; el escape tradicional de la migración a la ciudad o Estados Unidos se viene cerrando, ya que no hay perspectivas nada claras para conseguir trabajo, de alguna manera se amontonan en el campo”, acotó el especialista, quien refirió que en algunos de los casos la gente no quiere o no puede migrar, ya que saben que las fuentes de empleo de antaño ya no existen.
Este factor complica su situación, por lo que se ven obligados a quedarse en su lugar de origen, ya que intuyen que en otra parte sería peor su situación. Por otro lado, reconoció que uno de los objetivos del encuentro académico era el de poder fincar líneas de acción, y puntualizó que el sistema capitalista no genera el desarrollo local, ya que su área se enfoca a la explotación en el campo de la naturaleza y recursos humanos, entre otros.
“El capitalismo lleva a la concentración de la producción en las empresas de mayor tamaño o en menos manos, factor que estamos viviendo en realidad. Tal vez lo que pasa en un país como México, en donde hubo una etapa de desarrollo relativamente exitoso que se conoció como la revolución verde en el campo, en donde se incrementó la producción agrícola, modelo que se pensó se podía extender a todos los productores, se agotó”, puntualizó.
Como muestra se tiene la región de la Ciénega de Chapala, espacio que fue considerado o llamado como el “granero del Bajío” y del cual ahora no se trabaja ni 60 por ciento de sus tierras, las cuales se encuentran abandonadas por diferentes causas como la falta de agua o de financiamiento para que sus dueños las puedan hacer producir.
El entrevistado consideró que se vive un momento crítico para seguir con la explotación de los recursos naturales como se hacía antes, por lo que se tienen que buscar nuevas maneras de hacerlo, y aseguró que a mediano plazo se tendrá una situación dicotómica, ya que esas empresas, mientras puedan, tratarán de concentrar la producción mercantil a fin de atender las necesidades de la ciudad, que si bien es un poco la continuación del modelo actual, en donde las empresas ya dan muestras de preocupación sobre la sustentabilidad.
Por otro lado, explicó que lo que no cambiará será la explotación del hombre, no así con la naturaleza sobre la cual se harán grandes esfuerzos para conservarla.
Fuente: La Jornada de Michoacán
El de Torreblanca, el gobierno que más quejas ha tenido en la Coddehum: Alarcón
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 15 de junio. El gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo ha sido el que más quejas ha tenido en los 20 años que lleva la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Coddehum), informó el ombudsman Juan Alarcón Hernández, quien dijo que tuvo más denuncias que el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
El presidente de la instancia estuvo en la reunión semanal del grupo Cuicalli, donde aseguró que el gobierno de Zeferino Torreblanca fue el que más violaciones a los derechos humanos ha tenido, incluso reveló las diferencias marcadas que hubo durante el sexenio con dicho organismo, debido a que el ex mandatario le pidió la renuncia de uno de los consejeros, petición a la que se negó el defensor.
Otro motivo del rompimiento fue la reforma a la Constitución, en la que Alarcón Hernández señalaba que el cargo del titular de la Coddehum fuera hasta la jubilación y el nombramiento del sucesor fuera designado por el Congreso del estado y no por el Ejecutivo, lo que no le pareció a Torreblanca Galindo.
Detalló que en 2010 se giraron 153 recomendaciones, “esta cifra la hace ser el mayor número de recomendaciones en los 20 años de la Comisión; sólo dos por arriba del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, que tuvo 151 quejas en 1993”.
Por otra parte, recalcó que la lucha contra el narcotráfico que implementa el gobierno federal “ha sido un fracaso, los daños colaterales han costado 40 mil víctimas en todo el país”.
Detalló que desde 2005 al 2011 se tienen contabilizados 363 quejas contra el Ejército y precisó que en 2005 se contabilizaron 8 quejas; en 2006, 4; en 2007:3; en 2008 aumentó a 35; en 2009 se incrementaron a 155; para 2010 bajó a 110 y en lo que va de este año hay 48 quejas.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Protestan reporteros en La Diana para exigir el regreso de López Ortiz
Unos 20 comunicadores extendieron una manta para pedir “la presentación con vida” del periodista
FRANCISCA MEZA CARRANZA
Reporteros de distintos medios de comunicación se manifestaron de manera silenciosa sobre la costera Miguel Alemán, a la altura de La Diana Cazadora, para pedir la aparición del jefe de información del Novedades Acapulco, Marco Antonio López Ortiz, y convocaron a colegas y a la sociedad en general a una marcha el próximo martes.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió el expediente de queja número 144/2011 para dar seguimiento al caso.
Como parte de su plan de acción, comenzado el lunes, al menos 20 comunicadores se reunieron por la mañana con una manta en la que se leía: “Exigimos la presentación con vida de nuestro amigo Marco Antonio López”, con la imagen de una paloma y el símbolo de la paz.
Los manifestantes se colocaron en distintos puntos de la glorieta por lapsos de unos 10 minutos para que los conductores y transeúntes leyeran la manta, lo cual fue conseguido. También aprovecharon cada alto del semáforo para colocarse en la vía frente a los vehículos.
Algunas personas y funcionarios que pasaron por el lugar manifestaban con su claxón el apoyo a los reporteros, quienes hicieron el llamado a las autoridades para no dejar por un lado las investigaciones.
En el lugar los reporteros y corresponsales lanzaron la convocatoria a la sociedad en general y a las organizaciones sociales para participar en una marcha que se efectuaría el martes a las 9 de la mañana, la cual partiría de La Diana Cazadora a las instalaciones de la fiscalía regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La movilización de hoy se planea desarrollar sobre costera Miguel Alemán a la altura del centro comercial La Gran Plaza.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Zelaya denuncia violación a acuerdo de reconcialición nacional tras detención de uno de sus exministros
El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya denunció este miércoles una violación al Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático firmado el pasado mayo para garantizar el regreso a su país, tras la detención de su ex ministro de Presidencia, Enrique Flores, a quien aplicaron medida de casa por cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y fraude.
En un contacto telefónico con teleSUR, Zelaya afirmó que el veredicto dictado este miércoles contra Flores, a quien el Ministerio Público también le sentenció el pago de una fianzas por 27 millones de lempiras (1,46 millones de dólares), era “un completo atropello contra la voluntad del buen ciudadano”.
También recalcó que era una violación al Acuerdo firmado en Cartagena, que fue firmado en mayo entre las autoridades de Honduras, Colombia y Venezuela y que garantiza sus derechos civiles y humanos al igual que los de todos sus funcionarios que también tuvieron que huir del país centroamericano tras el golpe de Estado que los derrocó en el 2009.
“Es una evidente violación al pacto de Cartagena (...) él (Flores) se ha presentado en forma voluntaria, estaba exiliado en Nicaragua y vino para responder a las acusaciones que le hizo el innombrable dictador (Roberto Micheletti) que estuvo aquí por siete meses”, expresó Zelaya.
El ex mandatario recordó que en el referido Acuerdo establece como prioridad las garantías a los ex funcionarios derrocados presentarse para ser escuchados en libertad, y por ende, denunció que el veredicto dictado viola además el derecho a la declaración voluntaria.
“Él es un buen ciudadano que vino con sus manos limpias (...) nos tomó por sorpresa que se le pusiera casa por cárcel, como si fuera un delincuente que quiere huir”, agregó.
Por otro lado, al ser cuestionado sobre las medidas que emprenderá tras este veredicto, el ex gobernante anunció que los primeros pasos serán convocar acciones o movilizaciones por parte del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Del mismo modo, adelantó que entre los planes también está alertar a la comunidad internacional, especialmente a los dirigentes a la comisión de seguimiento de Cartagena, encabezada por el canciller venezolano, Nicolás Maduro, y su par colombiana, María Ángela Holguín.
“Vamos a llevarle nuestra más enérgica condena a este hecho que viola el convenio a sólo dos semana de haberlo firmado (...) y que además pone en polémica la voluntad de cumplimiento por parte del Gobierno de Porfirio Lobo”, exclamó.
A raíz de un convenio firmado por el actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, con Zelaya, avalado por Colombia y Venezuela, los tribunales suspendieron las órdenes de captura contra el ex mandatario y sus ex funcionarios de gobierno, entre los cuales está Flores.
Flores concurrió voluntariamente a los tribunales a responder por las acusaciones en su contra. La policía le impidió ingresar al juzgado por una entrada especial y lo hizo por el sitio donde pasan los ciudadanos comunes.
Del tribunal salió acompañado de dos policías a su casa en esta capital junto a su esposa, la también abogada Marlina Dubón, que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Zelaya.
"Apelaremos el fallo", dijo a periodistas su abogado defensor, Raúl Suazo.
Sobre el ex ministro de la Presidencia pesaban cuatro órdenes de arresto por igual número de acusaciones presentadas en el 2010 por la Fiscalía, que lo encausó por “despilfarrar” cinco millones de dólares cuando ocupó el cargo.
Fuente: TeleSur
Contra la impunidad en El Salvador: y Ni Una Mina Más
Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva:
En El Salvador se usa la violencia para amedrentar y silenciar las denuncias contra la explotación minera en el país y contra la corrupción de alcaldes y diputados. En este momento, es fundamental escribir al presidente pidiendo que el asesinato de un joven activista en contra de la minería no quede en la impunidad, y exigiendo justicia para anteriores crímenes. Además, debe cumplir con su promesa de no permitir la minería metálica en El Salvador.
Un modelo de carta que se envía automáticamente se encuentra en:
Puedes ayudar a distribuir este mensaje entre todos tus contactos y redes sociales. Muchas gracias y un saludo afectuoso,
Guadalupe Rodríguez
Salva la Selva
(Rettet den Regenwald e.V.)
Facebook: http://www.facebook.com/salvalaselva
Twitter: @salvalaselvaorg
Boletín de Democracy Now! en Español
16/6/2011
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