A las Organizaciones Sociales
Al pueblo de México
Nuestra lucha es por la tierra,
Y el mal gobierno nos la quita para entregársela al extranjero;
Nuestra lucha es por la vida,
Y el mal gobierno nos ofrece cementerios tóxicos;
Nuestra lucha es por la paz,
Y el mal gobierno nos ofrece violencia y represión;
Nuestra lucha es por la historia,
Y el mal gobierno nos está ofreciendo olvido.
De todos los pueblos que conformamos el estado de Hidalgo somos el pueblo que siempre ha sido relegado y ha sido obligado a escuchar y a obedecer, solo por ser de origen indígena, hemos sido obligados a aceptar las imposiciones desde el aparato de gobierno, el cual siempre ha dejado a nuestro pueblo en el olvido y hoy que se acuerdan de él es para enterrarle en el vientre millones de toneladas de residuos peligrosos.
Han hecho de la tierra, nuestra herencia, un lugar sin suelo fijo, no quieren que nuestro paso deje huella en la historia de los pueblos indígenas, en cambio nos ofrecen un cementerio tóxico dónde enterrar la desvergüenza de su complicidad.
Nuestro pueblo es minero y con ello carga hoy con enfermedades como cáncer, arsenisismo y diabetes, todo ello debido a la contaminación de los mantos acuíferos causado por el proceso de flotación utilizado para separar los metales y la acumulación de los desechos en jales al aire libre y la liberación de partículas de plomo y otros metales pesados. Y ante todo esto, tanto la SEMARNAT como el INE han callado durante generaciones, siendo parte del problema cuando deberían ser la solución.
La legislación en México sobre Protección al Medio Ambiente es inversamente proporcional a la protección a la Inversión Privada, esto es, que entre mayores sean los intereses económicos seguirán sucediendo más casos como el de Guadalcázar, como el de Ramos Arizpe o como el de Chiconautla, que a pesar de ser demostrados una y otra y otra vez el grave daño ambiental causado y que México protege a los burgueses depredadores, al burgués vendepatrias que se cree dueño del país y al burgués dueño del dinero, del poder y de la voluntad del vendepatrias, y todo ello no ha sido suficiente para generar una conciencia ambiental colectiva y hacer algo por nuestra Madre Tierra, por protegerla de sus violadores y ello conlleva a que se le siga ultrajando de las formas más viles y miserables.
1. El proyecto de Confinamiento se encuentra en medio del asentamiento de 18 comunidades, todas ellas de origen indígena, de la comunidad Hñahñu.
2. La medicina herbolaria es fundamental para mantener el equilibrio biológico-social de la comunidad, equilibrio que la SEMARNAT al otorgar el permiso de Construcción del Confinamiento rompió, y con ello, puede convertirse no solo en Ecocida sino también en Genocida ya que pone en peligro las formas básicas de protección a la salud de estas comunidades indígenas.
3. Al poniente del Confinamiento, existen aguas termales que alcanzan temperaturas de hasta 45°C, a menos de 1 km se da el nacimiento de estas aguas y se extienden hasta los 6 km donde existen grutas formadas por las corrientes de los manantiales, la comunidad que atesora estas aguas se llama Xajhá.
4. Existe una falla geológica conocida como La Cabalgadura del Doctor, miente BEFESA cuando dice que el epicentro de esta falla se localizó a 70 km del Confinamiento, cuando las grutas y las aguas termales evidencian que fue a 6 km.
5. A menos de 5 km se encuentra un banco de mármol, explotado por la comunidad del Puerto del Efe y mantiene a decenas de familias ya que han creado una cooperativa en la que las ganancias que obtienen de la venta del mármol para la fabricación de alimento para aves y la fabricación de pastas de dientes se reparte solamente entre ellos y por el proyecto de muerte del Confinamiento se ve amenazada esta fuente de trabajo, cabe preguntarse si es más viable poner un Confinamiento con 40 empleos y perder una fuente que genera cientos. Además de esta fuente existen 18 más en el municipio.
6. Existe a un lado del vaso de Confinamiento el paso de torres de electrificación de alta tensión de la presa Hidroeléctrica Fernando Iriart misma que está a 4 km, de la cual se explota la captura de pescado que se vende en la Cd. De México y significa la manutención de decenas de familias.
7. A 5 km del Confinamiento se encuentra el manantial Infiernillo, del cual el Gobierno de Querétaro pretende sacar a través del proyecto Acueducto II 1,500 lps. En los días pasados salen publicaciones de que las empresas contratadas para este proyecto encabezándolas una filial de BEFESA se equivocaron en los cálculos y dejaron ver las intensiones de llevar agua del Rio Moctezuma.
8. Días antes de que se aprobara el proyecto se modifica la NOM-055 de SEMARNAT modificación que lejos de proteger al medio ambiente y signifique un avance en la protección legal de la tierra, así como de la salud de los seres humanos, nos quedamos con un dejo de tristeza de que para quienes tomaron esta decisión no se tiene la certeza de en qué calidad tienen a las personas que quedan excluidas en el cambio de 25 a 5 km, distancia respecto a la población más cercana mayor a 1000 habitantes proyectada al 2010, tal parece que las tendrán como conejillos de indias, dicha modificación ad hoc permitió que el proyecto se ajustara a la perfección en la distribución del núcleo urbano de Zimapán y que no aplicaría si no existiese las condiciones orográficas del lugar.
9. El Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal se han convertido en defensores férreos del proyecto, como si éste fuera de ellos, al grado de firmar un acuerdo entre estos dos y la empresa para apoyar la construcción del Confinamiento, así como de dar un clima favorable de negociación.
10. En el Confinamiento autorizado para el Municipio de Chapantongo, también en el estado de Hidalgo, la consulta Ciudadana efectuada por el Gobierno Municipal permitió que el proyecto de Muerte se detuviera, aun así siguen en pie de lucha porque no se reviva dicho proyecto. En al caso de Zimapán jamás se efectuó Consulta Ciudadana alguna.
11. BEFESA contrató una empresa para realizar los estudios de Impacto Ambiental, estudio que fue aceptado por SEMARNAT sin prestarlo a una Mínima revisión siquiera.
12. BEFESA enfrenta demandas por su mal manejo del Confinamiento de Nerva, en Huelva, España donde se supone debería tener un mayor compromiso social, aun así vierte sus residuos al caudal del Rio Tinto, en Zimapán tenemos el Rio Moctezuma a 6 km aprox. Y desemboca en el Golfo de México.
13. El Gobierno del estado en su afán proteccionista ha violado las garantías individuales y los derechos humanos de las personas que habitamos Zimapán, razón por la cual ha mandado numerosos envolvimientos de Fuerza Represiva (ellos le llaman Fuerza de Tarea) que ha derivado en la represión física, sicológica, moral, etc. El más grande y evidente de ellos sucedió el 02 de Diciembre donde se detuvo sin orden de aprensión a 44 personas y se golpeó sin miramiento alguno a niños, mujeres y adultos mayores, acto por el cual se demandó el abuso de autoridad en que incurrió, ante la PGR, acompañados de la Senadora Rosario Ibarra, defensora incansable de los derecho humanos en este país.
14. No es posible que México siga escondiendo los problemas y postergando las verdaderas soluciones, crear Confinamientos no resuelve la problemática global de la industria contaminante.
15. Se habla de un Estado de Derecho como un lugar o como un marco de referencia, se deja a un lado que es un conjunto de leyes que deben normar los actos de los Gobernantes, y aún así ellos las han pisoteado, una a una y todas juntas. Culpables hay muchos, sirva de ejemplo la gestión de Ricardo Juárez Palacios en la DGIRA, persona que acumula 19 demandas tanto ciudadanas como de grupos ambientales y científicos, por la cantidad de irregularidades que marco su gestión.
El titular del INE Adrián Fernández Bremauntz, en días recientes hace declaraciones en torno del proyecto del Confinamiento, declarándolo viable, para nosotros son inviables sus declaraciones pues únicamente se basa en argumentos generales y no sabe de las características específicas de la comunidad.
Sin embargo ello no quiere decir que se quiera solamente culpables para ser objeto de escarnio y crítica superficial, y con ello dejar a un lado el problema de fondo: la justicia ambiental.
Las preguntas serían: ¿Es justo que Hidalgo pague la indemnización de un Confinamiento que autorizó en primera instancia la Ex Alcaldesa de Zimapán y la SEMARNAT, sin escuchar las quejas, inconformidades y argumentos de la población que nos hemos venido manifestando? ¿El juicio nuevamente va a ser bajo criterios comerciales únicamente para ver si se han lesionado los intereses de la empresa? ¿Nuevamente se va a dar prioridad a la Protección de la Inversión Privada por encima de la protección de la Salud de los Seres Humanos y del Medio Ambiente? ¿Qué clase de decisión tomo la SEMARNAT en su momento y en que legislación se basó para hacerlo? ¿Las decisiones del gobierno Federal son incuestionables para el Gobierno Estatal? Pende una gran indemnización de por medio.
El mensaje al Gobierno Estatal de Hidalgo por parte del Gobierno Federal ha sido claro con el caso Guadalcazar: Si una Comunidad, Municipio o Estado se oponen mediante recursos legales para detener u obstaculizar una decisión del Gobierno Federal deberán asumir el costo. Y en ese sentido van las declaraciones de los funcionarios de la SEMARNAT para avanzar en el entreguismo, según declaraciones del Delegado Federal en Hidalgo de la SEMARNAT Leonel Lozano Domínguez, el cual dice: “solo porque un grupo de inconformes diga que no la quiere, pues estaría violando la ley y el derecho de terceros, la empresa podría demandar al Estado mexicano por daños patrimoniales y el asunto se llevaría a una corte internacional, sería muy probable que ganaran porque han gastado mucho en el proyecto y no hay razones para cerrarla”.
Declaración publicada en la revista Vía Libre con fecha de 21 de octubre de 2007.
Ayudemos a que sea del conocimiento del Mundo y que se cuestione al Gobierno Mexicano por las graves violaciones a nuestras garantías individuales, derechos humanos, derecho a la salud, las violaciones a los Convenios Internacionales, al Convenio 169 de la OIT, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Desde el mes de Enero de 2009, fue electo, tras la anulación de la elección ordinaria, un Concejo Municipal por el Congreso del Estado de Hidalgo. Dicho Concejo Municipal ha argumentado estar del lado de la población pero, la pasividad con la que está desarrollando su gestión deja mucho que desear.
La anterior Administración Municipal otorgó ilegalmente el Permiso de Operación faltante, por 25 años, para que la empresa empezara a enterrar los desechos en el vertedero.
El Actual Concejo Municipal ha declarado que no puede revocar tal permiso, pues, según argumento del Presidente del Concejo como de algunos Regidores no tienen los sustentos legales para hacerlo, pero tal parece que se les olvida que la gestión Municipal, así como también, las decisiones que emanen de los acuerdos del Cabildo son también Autónomos y cualquier intento de querer hacer creer a la población que no la tienen es tan solo seguirle el juego al Gobierno Federal y Estatal en su Imposición de querer poner en operación el Confinamiento a costa de lo que sea, aún si por ello tengan que llevarse la vida de muchos hermanos nuestros.
El Gobierno Federal y Estatal argumentan tener a la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal Fuerza de Tarea para realizar operativos de prevención de la delincuencia pero lo único que vienen a hacer esos cuerpos de Seguridad Pública a Zimapán es a resguardar los camiones de transporte de Residuos Peligrosos que llegan a verter tales en el Confinamiento, además de amedrentar a la población con patrullamientos de reconocimiento.
En los días pasados han entrado sigilosamente los camiones que transportan los desechos, lo han hecho bajo el ocultamiento y la complicidad de los integrantes del Concejo. En estos últimos días se ha hecho más intensa la entrada de camiones y el resguardo de los mismos a cargo de la Policía Federal también se ha intensificado pues lo hacen con cerca de 100 por cada entrada al municipio de 2 o 3 camiones.
El fin no justifica los medios, la gestión medioambiental de los residuos peligrosos no se soluciona con la creación de confinamientos, en el caso de Zimapán los medios están justificando el fin, aún cuando Zimapán no goza del Desarrollo Tecnológico que necesita de lugares de Disposición Final.
No estamos dispuestos a guardar silencio ante la depredación, la impunidad y la barbarie.
No estamos dispuestos a colaborar ni con la codicia, ni con la cobardía, ni con la complicidad, ni mucho menos con el olvido.
Pedimos la unidad de todo el pueblo de México para solidarse en la demanda del Pueblo de Zimapán de la salida inmediata de la PFP de Zimapán, así como también, al Concejo Municipal para que revoque el Permiso de Operación otorgado a la empresa BEFESA y emita el Cancelamiento Definitivo del Proyecto de Muerte del Confinamiento.
NO NOS QUIEREN INDIOS,
...MUERTOS NOS QUIEREN.
Sufragio efectivo, no imposición
La tierra es de quien la trabaja, no de quien la contamina
¡¡¡¡FUERA BEFESA DE ZIMAPAN!!!!
miércoles, 8 de abril de 2009
¡Fuera BEFESA de Zimapán!
Laura Itzel Castillo - En concreto
| Desalojos contra mujeres |
El pasado 4 de abril en Tultepec, estado de México, la señora Leticia Blanco Pacheco fue desalojada de su casa no obstante su grave estado de salud |
El pasado 4 de abril en Tultepec, estado de México, la señora Leticia Blanco Pacheco fue desalojada de su casa no obstante su grave estado de salud. El caso estaba siendo defendido por el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) en la mesa de trabajo que se mantiene semanalmente con el Infonavit. Hay que señalar que la derechohabiente afectada estaba programada para una cirugía, con el objeto de extirparle un tumor localizado en su pierna derecha. Francisco Benavides, gerente de cobranza de la institución, se comprometió personalmente a establecer un compás de espera para la realización de un estudio socioeconómico, previamente acordado, que determinara la capacidad de pago de la trabajadora. No obstante, el 22 de marzo el despacho jurídico Consultores Profesionales Corporativos (CPC), en voz de Alfredo García Garrido le informó a la convaleciente que sería lanzada de su departamento, sin importar lo que dijera el Infonavit, ni tampoco el delicado estado de salud de doña Leticia, con todo y operación en puerta. “A nosotros nos pagan por desalojo”, señaló el representante. Hace algunos años, el Infonavit realizaba sus actividades de cobranza sin necesidad de contratar a los despachos externos. De acuerdo a sus informes, paga más de 300 millones de pesos anuales a estos despachos. Además, gasta 5 mil millones de pesos de recursos fiscales en pura burocracia. ¿Qué institución absorbe la totalidad de recursos para sus funcionarios? ¡Qué dispendio e ineficiencia! ¿Cómo es posible que con el tamaño del Infonavit todavía se contrate a despachos jurídicos externos para amedrentar gente y pisotear los derechos de las acreditadas? Definitivamente se pasan por el arco del triunfo los convenios internacionales firmados por México contra la violencia hacia las mujeres, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos de Humanos, que señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.” Sin embargo, en México el sistema condena al sector laboral por haber perdido su trabajo. La política económica que impera en este país arroja al desempleo a 5 mil personas diariamente. Cuando un acreditado del Infonavit es despedido, pierde derechos. Así la señora Blanco Pacheco no puede acceder a un dictamen de incapacidad parcial permanente para ser liberada del crédito, como ordena el artículo 51 de la Ley del Infonavit. En otras palabras, la pérdida del empleo implica no sólo pérdida del salario, sino de los derechos de previsión social que contempla la misma ley, lo cual es inconstitucional a todas luces. Por ahora, la acreditada está a las puertas de su casa, en silla de ruedas, acompañada por su hija y sus dos nietos, en espera de que se le haga justicia. |
Represión en Tláhuac la madrugada del 3 de abril.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
A LAS REDES SOLIDARIAS NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LA COMUNIDAD EN GENERAL,
Tlahuac nos necesita hoy; mañana será demasiado tarde.
Esta madrugada, los habitantes de Tlahuac fueron violentamente despertados, por los granaderos, a las cinco de la madrugada, para ser sacados con lujo de fuerza de sus hogares en la zona del Arco, para comenzar la ilegal destrucción de sus casas y potreros. Nos confirman que hay heridos y no se sabe que suerte corrieron los animales propiedad de los vecinos desalojados.
Esta es la respuesta de Ebrard al punto de acuerdo UNANIME que ayer los asambleístas acordaron, para pedir la suspensión de los trabajos de la Línea 12 de Metro en Tlahuac.
Para el Sr. Ebrad lo único que le interesa es cumplir con los compromisos contraídos con la empresa canadiense constructora de la Línea 12, haciendo caso omiso del punto de acuerdo de los asambleístas y del rechazo de los vecinos de Tlahuac y de muchos otros ciudadanos de otras delegaciones que hemos comprendido la importancia que Tlahuac tiene como reserva natural: por sus ejidos productivos de alimentos indispensables para la ciudad de México, sobre todo con el inminente aumento en los precios de los alimentos importados y como productora del 30% del agua potable que surte a la ciudad.
BASTA DE IMPOSICIONES Y OCURRENCIAS DE GOBERNANTES IRRESPONSABLES E IGNORANTES: REVOCACIÓN DE MANDATO DE TODO AQUEL QUE NO PROTEJA EL INTERÉS COLECTIVO DE LOS MEXICANOS.
Pasa la voz y juntos impidamos este atentado contra el futuro de la Ciudad de México
Estas son las direcciones de las Casas del Movimiento de Coyoacán y Álvaro Obregón
LA DIRECCION ACTUAL DE LA CASA DEL MOVIMIENTO EN COYOACAN ES LA SIGUIENTE:
NAYARITAS MZ 84-BIS LT 13, ESQ. CON IXTLIXOCHITL. COL. AJUSCO
LA DIRECCION ACTUAL DE LA CASA DEL MOVIMIENTO EN ALVARO OBREGON ES LA SIGUIENTE:
FRONTERA No. 74-B
TIZAPAN SAN ANGEL
(Junto al mercado)
Santorales: negligencia y muerte
La combinación de pobreza, contaminación, corrupción y negligencia gubernamental provocó una emergencia sanitaria en la populosa zona conocida como Los Santorales, en Mexicali, Baja California. Animales domésticos y de corral han muerto por centenas; ahora las pérdidas de vidas humanas ya suman 12, entre las que se encuentran dos niños y varios adolescentes.
Lorena Rosas, texto y fotos / corresponsal.
Mexicali, Baja California.
De septiembre a marzo, los pobladores de la zona poniente de esta ciudad llevan un registro de 12 muertos con cuadros clínicos similares, nueve oficialmente reconocidos y los otros tres atribuidos, por el sector salud estatal, al brote epidemiológico causado por un microorganismo, un género de bacteria conocido como Rickettsia.
Entre los fallecidos hay niños de cuatro y siete años de edad y jóvenes entre los 13 y 26 años de edad. Uno de los últimos casos es el de Dana Paola Pérez Martínez, una niña de siete años, con domicilio en la colonia San Jacinto, quien súbitamente presentó dolor en la garganta y fiebre. Tras ser llevada a la Cruz Roja, falleció al quinto día bajo un diagnóstico de neumonía.
El área de epidemiología encontró vestigios del parasito intracelular Rickettsia en Dana Paola. La segunda de tres hermanos, era una niña sana, risueña, muy apreciada por sus amigos. Sus padres Isidro Pérez, electricista independiente, y Socorro Martínez recibieron el apoyo económico y moral de sus vecinos y de la propia funeraria para solventar los gastos del sepelio. No hubo ayuda oficial.
Mientras se despedía a Dana Paola, justo enfrente de su domicilio donde era velada se encontraban representantes de los servicios médicos del sector salud realizando valoraciones médicas y aplicando vacunas del cuadro básico de salud.
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Derrame de aguas negras: el origen.
Según narran los familiares y vecinos de las 12 víctimas, las muertes iniciaron en septiembre de 2008, semanas después del primer desbordamiento del Dren Internacional, que conduce aguas negras e inmundicias que desembocan en la planta de sedimentación y tratamiento, Mexicali I, ubicada al oeste de Los Santorales. La inundación, ocurrida en la primera semana de agosto, provocó la muerte de 15 animales de cría.
El 30 de diciembre de 2008, derivado del taponamiento en el flujo por exceso de basura, se registró una ruptura en el Dren Internacional. Esta segunda inundación cubrió una superficie de más de 50 hectáreas adyacentes a la zona, poblada por ladrilleros, ganaderos y residentes de condición humilde.
Poco menos de 200 animales murieron: vacas, borregos, caballos, puercos y gallinas. Algunos cadáveres quedaron a la intemperie, al igual que los charcos de aguas negras. La zona se convirtió en un foco de infección, denunciado en la prensa escrita con gráficas y detalles desde el pasado 3 de enero.
Sin una intervención oportuna ni explicación, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali se culparon mutuamente. La Secretaría de Salud del estado minimizó la situación –pues no existía riesgo alguno– y desvió la responsabilidad a Conagua, encargada de la administración y cuidado de los canales.
Semanas después, en febrero de 2009, sobrevinieron las muertes inexplicables.
Las autoridades se mantuvieron calladas hasta el deceso de Bianca Elizabeth Gómez, de cuatro años. La que sería la octava víctima asistía al jardín de niños Imperio Azteca, ubicado en una colonia rodeada de canales de aguas negras, fábricas, lagunas de oxidación y establos.
Más de 300 residentes de esas colonias, encabezados por las madres de las víctimas, protestaron públicamente por la apatía oficial y exigieron al gobernador José Guadalupe Osuna Millán que atendiera el problema: caminaron casi 10 kilómetros hasta el centro de gobierno.
De inmediato, se organizaron operativos de atención médica y se solicitaron epidemiólogos al Distrito Federal.
Pero el interés institucional llegó a destiempo: Jorge Jesús –de 22 años de edad, residente de la avenida San Basilio– y su vecina Mayra Ventura –de 13 años– murieron con dos días de diferencia, el 10 y 12 de febrero pasado.
Los diagnósticos varían, pero la zona y la temporalidad no. Otilia Castro Rodríguez, abuela de Bianca Elizabeth Gómez, relata que la niña “empezó a tener problemas con las anginas; luego dijeron que se le había pasado la infección al pulmón y falleció en menos de una semana”. De manera repentina murieron Paola Pérez, Ricardo González y Carlos Domínguez –todos avecindados en Los Santorales–, por encefalitis y fallas renales.
A mediados de enero fallecieron Rosario Castillo Ibarra, de 23 años, y Gonzalo Cortez Gómez, de 26 años, por complicaciones de meningoencefalitis.
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Respuesta tardía.
Dos meses después de las inundaciones, las autoridades sanitarias no sólo reconocieron el problema de salubridad para los residentes de la zona, sino nueve muertes relacionadas a éste. Al tiempo, aseguraron que los tres fallecimientos más recientes se debieron a la bacteria Rickettsia.
Varias especies de Rickettsia producen el Tifus, un conjunto de enfermedades infecciosas que se transmiten por la picadura de artrópodos (piojos, pulgas, ácaros, garrapatas) transportados por aves y mamíferos. El Tifus provoca fiebre alta recurrente, escalofríos, cefalea, agotamiento extremo, exantema, complicaciones respiratorias agudas, meningoencefalitis, estados de inconsciencia.
Aunque a las primeras seis víctimas no se les practicó necropsia, sus familiares observaron los siguientes síntomas: fiebre, intensos dolores de cabeza, dolor muscular, inflamación del cuerpo.
Más aún, las nueve personas murieron exageradamente hinchadas, con el hígado crecido, el cerebro inflamado y con edema pulmonar. En tres casos, esta última particularidad derivó en neumonía.
Los fallecimientos, la tardía intervención de las autoridades de salud, la desinformación y la especulación han creado un clima de pánico entre los residentes.
Profesores y alumnos se ausentaron de las 20 escuelas ubicadas en las colonias de Los Santorales durante semanas, por temor a contagiarse. Habitantes de las colonias San Jacinto, San Clemente, Las Misiones, Valle de Los Ángeles, San José, Santo Niño, San Pablo, Los Milagros, Santa Lorena, Santa Elena, La Luna, La Estrella, Progreso y Santa Isabel se mudaron provisionalmente a otras zonas de la ciudad.
El Comité de Colonos de Los Santorales exige a las autoridades que investiguen, con todo el rigor científico, los posibles daños que causan las plantas productoras de energía eléctrica ubicadas en La Rosita e incluso la geotérmica de Cerro Prieto, ya que constituyen elementos causantes de diversas enfermedades, incluyendo la producida por la bacteria Rickettsia.
“O se eliminan los factores contaminantes, se equipa debidamente al sector salud para atender a los enfermos, o se destituye al secretario de Salud”, exigen Asunción Collado Hernández y Margarita Gómez Medrano ante medios de difusión locales, nacionales e internacionales.
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Rickettsia o Tifus: enfermedad de la pobreza.
Según informa José Guadalupe Bustamante Moreno, secretario de Salud, no se trata de una epidemia. Sin embargo, el brote de la bacteria Rickettsia fue confirmado por la Secretaría de Salud del estado, por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud y por investigadores y médicos de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
“En un mes quedará superado el problema del brote bacteriano de Rickettsia en Los Santorales, mediante la aplicación de un programa de atención integral de control de vectores para la eliminación de las garrapatas. Lo que se está haciendo es efectivo para controlar este problema y no vamos a tener problemas subsecuentes. Ya en estos días se aplica el plan intensivo para cubrir el ciento por ciento de las 14 colonias, donde hay unos 27 mil 240 habitantes, 6 mil 810 casas, 272 manzanas y 25 hectáreas de colecciones acuáticas o drenes”, afirma el jefe del Departamento de Paludismo del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Héctor Olguín.
El doctor Olguín, quien acude a Mexicali para coordinar el operativo, asegura que el brote fue un accidente: la garrapata encontró condiciones propicias en las mascotas. “Las actividades van dirigidas al vector que produjo estos casos”, refiere en alusión a los perros capturados en el centro antirrábico habilitado en la colonia Santa Isabel. “Aunque en América Latina se tiene registro de la bacteria Rickettsia, en México sólo se han dado dos casos notificados en Sonora y Chihuahua, y esta vez en Mexicali”.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2007 se re gistraron 65 casos de factor Rickettsia en el país: 10 por Tifus epidémico, transmitido por piojos; 19 por Rickettsia Typha, contagiada por pulgas; uno por Rickettsia Tsutsugamushi, provocada por ácaros; 33 no especificados y por Tifus; sólo dos de Rickettsia Rickettsi en Sonora y en la sierra de Chihuahua.
Así, lo que ahora se presenta en Baja California es una enfermedad del siglo pasado relacionada con el rezago en programas de salud.
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Yo nunca les dije piojosos: Bustamante Moreno.
En búsqueda de la bacteria Rickettsia, más de 400 perros han sido sacrificados.
Para evitar la proliferación de vectores, se han eliminado cerca de 1 mil 300 toneladas de basura y escombro de la zona; se han fumigado escuelas y viviendas de 14 colonias de Los Santorales; se ha pro movido la utilización de champú contra piojos y liendres, y se le ha solicitado a los habitantes de Los Santorales hervir la ropa, lavar las cobijas y las alfombras.
Ante la falta de recursos económicos de los residentes y como parte de las medidas encaminadas a combatir la emergencia sanitaria, la Secretaría de Desarrollo Social del estado realiza el programa denominado Piso Firme: aplica concreto sin costo en 500 viviendas que midan menos de 50 metros cuadrados.
Carlos Reynoso Nuño resaltó que el piso de tierra, generalmente húmedo y con características que inciden en la falta de higiene, propicia infecciones.
“Los Santorales es una comunidad abandonada, lo reconocemos, pero también hay que reconocer que la pobreza no está peleada con la limpieza. Donde haya cochinero va a haber riesgos: hay ratas, garrapatas, perros, chinches y pulgas.
Ahí hay enfermedad, por eso vamos a comprar 30 mil champús para combatir a las liendres; ya otras dependencias harán lo suyo. Los factores de pobreza provocan todo esto, las liendres, los piojos; pero sí quiero aclarar que, como secretario de Salud, yo nunca he dicho que los habitantes de Los Santorales fueran piojosos, cochinos”, aclara José Guadalupe Bustamante Moreno.
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Programas contra la contaminación, letra muerta.
En Los Santorales las calles no están pavimentadas, no hay áreas deportivas o de recreación; tampoco hay drenaje.
Se respira la pestilencia que proviene de las 203 hectáreas que constituyen las lagunas de aguas negras, que desde 1976 llegan hasta la planta de tratamiento de la colonia Zaragoza, ubicada en la entrada de Mexicali. Paradójicamente, por estas mismas calles se conducen, entubadas, las aguas residuales al Dren Internacional.
En la zona operan las plantas de tratamiento de dos empresas termoeléctricas, Sempra e Intergen, ubicadas a unos 3 kilómetros de Los Santorales, que utilizan 600 litros por segundo de aguas negras –que representan 18.92 millones de metros cúbicos anuales– para el enfriamiento de sus sistemas de generación de energía eléctrica, cuyas aguas residuales se vierten directamente a las lagunas de oxidación.
En la zona también se realizan actividades ganaderas, que contaminan con sus desechos orgánicos y sus aguas residuales descargadas a las lagunas de aguas negras a cielo abierto.
Además, el paso de las miles de cabezas de ganado forma una nube de polvo que se mezcla con partículas de estiércol.
Cercano al Centinela, el área también cuenta con un depósito de llantas de desecho que por casi 50 años ha permanecido en el área poniente de Mexicali, que, al recibir esporádicas lluvias, propicia la reproducción de plagas.
Asunción Collado, residente de la colonia Voluntad y uno de los líderes que presionó para que se formaran mesas de trabajo, explica la exigencia principal: “Que se aplique el Programa Integral de Pavimentación y Calidad del Aire (PIPCA) para pavimentar y poner drenajes en todas las colonias de la zona y que se apliquen los recursos del acuerdo entre el gobierno del estado sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte.
Igualmente, resulta necesaria la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que vigi le y evalúe el cumplimiento de la normatividad ambiental y coordine el control de su aplicación con los demás órdenes de gobierno”.
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Abandono oficial.
Nutrición, salud y medio ambiente, vivienda, educación, empleo, seguridad, justicia: todo es carencia y deterioro en estas colonias de Mexicali que se fundaron hace 35 años. Al llevar en su mayoría el nombre de un santo, se les denominó Los Santorales.
Sus casi 60 mil habitantes han visto pasar de todo: fundaciones, fondos, programas, artículos, investigaciones, libros, campañas, proyectos y hasta ensayos académicos contra la pobreza.
Mientras encabezaba un operativo para la limpieza y supervisión de la zona de Los Santorales, el gobernador Osuna Millán comentó a los residentes: “No se preocupen, ¡eh! Ya los trabajadores le están echando cal a las letrinas”.
En Los Santorales, a donde los servicios públicos nunca llegaron, la mayoría construye letrinas en sus predios, “y si el drenaje llegara ahora, no lo podría pagar”, cuenta Margarito Sierra Nájera, de 73 años, un anciano solitario que recoge fierros y botes en la vía pública para venderlos.
María de Jesús González, quien además carece de agua potable, espera diariamente la pipa que les abastece de agua para los quehaceres domésticos, bañarse y regar sus plantas.
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Manipulación política.
El grupo de representantes de colonias reconoce que en 1990, y sólo en esa ocasión, durante el gobierno de Ernesto Ruffo se invirtieron 38 millones 354 mil pesos en obras de construcción y rehabilitación de 59 mil 884 metros de tuberías de agua potable y 15 mil 417 metros lineales de alcantarillado sanitario, las cuales beneficiaron a la colonia Santa Isabel, pionera de Los Santorales y tal vez la única donde la situación económica de los moradores es más estable.
La Secretaría de Desarrollo Social estatal ofrece, a través del PIPCA, un sistema de pavimentación que se aplica en zonas donde nunca ha existido asfalto, pero que sí cuentan con los servicios básicos de agua potable, drenajes sanitario y pluvial.
En septiembre de 2002, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza certificó proyectos propuestos para el sistema de Mexicali I, compuesto por una planta de bombeo, un emisor a presión y una planta de tratamiento de aguas residuales denominada Las Arenitas.
A fin de obtener la certificación, el proyecto tuvo que cumplir con ciertos requisitos: criterios relativos a la salud, ambiente y desarrollo sustentable, manifestación del impacto ambiental, análisis financiero por el Banco para el Desarrollo de América del Norte y participación pública.
La certificación estuvo condicionada a la aprobación de la documentación ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
Tan sólo era una preparación dentro de las normas ambientales a cubrir para la instalación de las plantas termoeléctricas de Sempra e Intergen y el préstamo de 50 millones de dólares para el PIPCA.
Después de recibir el crédito por 10 años a través del Banco de Desarrollo de América del Norte, que corresponde a la participación de los beneficiados en un 40 por ciento, gobierno del estado, en 2003 los beneficiados tendrían que cubrir, según como les convenga, entre uno y cuatro años su aportación, que podía ser de 200 pesos mensuales hasta 400 por metro frontal, dependiendo del terre no. Con esto, hasta que se tuviera la aprobación firmada y confirmada del 80 por ciento de los beneficiados se iniciaba cada obra.
Sin embargo, con base en “su desempeño”, el gobierno del estado recibió el Premio Hábitat 2005 por parte del gobierno de la república, como resultado de las obras ejecutadas en el PIPCA, que busca mejorar el acceso a las viviendas, abatir la contaminación del aire y propiciar el crecimiento adecuado de las ciudades, lo que favorece además la introducción de servicios como agua potable y alcantarillado, electrificación y transporte público.
“Santorales sigue igual. No se taparon los drenes de aguas negras. Para el drenaje no tiene acceso la gente pobre.
¿Por qué? Porque no dan facilidades de pagar. El gobierno ha utilizado a la población de Santorales para el voto. En las juntas se hablaba de un presupuesto de millones de dólares y todos firmamos, ¿dónde quedó ese dinero? Hace nueve años también hubo muertes de decenas de animales, en las aguas negras de los canales, en las parcelas, por eso se hicieron estudios y se solicitaron créditos. Esa vez, la UABC participó con investigadores, ¿y qué hizo el gobierno? No se supo nada.
Otra vez hay muertes de gente. ¿A qué se debió esa contaminación? ¿De qué se murieron todos los animales? No dan una explicación”, asegura la señora Yolanda Esther Salas, del fraccionamiento El Coloso.
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El hartazgo ciudadano.
“Si no nos cumple este gobernador –póngale ahí que lo dicen las mujeres de Santorales–, lo vamos alevantar, nos lo vamos a llevar por lo menos 24 horas a que permanezca en alguna casa, sin sus comodidades, y vea lo que pasamos en las casas sin drenaje, sin pavimento y con la tierra tan contaminada que se levanta, con los olores del estiércol del rastro privado ése; que viviera un rato con nosotros a fuerza para que sienta en carne propia todo lo que no nos han cumplido y cómo nos tienen, cómo nos han marginado, cómo nos han deteriorado, cómo nos han quemado por pobres, de que somos unos piojosos muertos de hambre”, sentencia Laura Pérez, residente del Valle de las Misiones.
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Contaminación con privilegios.
Los vecinos de Los Santorales tienen ya seis años de padecer la instalación de una planta de engorde y procesamiento industrial. Ésta sirve de rastro y cría de animales. Despide olores fétidos que se pierden entre los que genera la basura acumulada de la zona. Investigadores de la UABC coinciden en la necesidad de realizar un estudio de monitoreo del subsuelo aledaño a las instalaciones de Sukarne, para verificar el nivel de contaminación en el aire y conocer el impacto real de sus descargas residuales vertidas sin tratamiento previo a los canales y drenes de la zona, considerada por los especialistas académicos como un foco rojo.
Sin embargo, las quejas y protestas de los vecinos de la zona no han sido escuchadas por ninguna autoridad ni reflejadas en medios de comunicación.
La exigencia de que la empresa de productos cárnicos mejore sus condiciones de higiene o procesos utilizados en el manejo de vísceras y excremento animal llegó hasta el Congreso estatal, donde el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Juan Macklis, propuso la firma de un convenio de colaboración entre el Poder Ejecutivo del estado y la empresa Sukarne, para que, ante la crisis financiera, pueda recurrir a fondos internacionales impulsados por el Protocolo de Kyoto, que posibilitan la comercialización de bonos de carbono e incorporar las tecnologías ya existentes para la recuperación y aprovechamiento del gas metano que generan las 50 mil unidades de ganado bovino.
La empresa Sukarne comenzó en la capital de Sinaloa como productora de ganado, cuando –en 1997– el entonces delegado del Infonavit y actual gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, compró 1 millón de pesos en acciones del Grupo Viz, propiedad de Jesús Vizcarra Calderón, actual alcalde de Culiacán. Hace seis años expandió su producción a Mexicali. El consorcio tiene una cadena integrada de alimentación de bovino, la crianza, engorde, sacrificio, los cortes y derivados.
Este rastro privado, que exporta sus productos, ha sido cuestionado por organizaciones campesinas. Aún cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores como Grupo Viz. En 2005, su ingreso por ventas fue de 6 mil 414 millones de pesos; dos años después alcanzó los 8 mil 769 millones de pesos. Presume ventas por 11 mil 253 millones de pesos durante los últimos doce meses, y que tiene una capacidad en el país para procesar más de 480 mil cabezas de ganado al año; es de las privilegiadas que obtiene beneficios económicos para productores vulnerables en Baja California.
En el documento Concentrado de avance por subprograma y/o esquema de apoyos entregados, elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, aparece cómo, al día 29 de mayo de 2008, el gobierno federal había beneficiado con 41 millones 583 mil pesos en subsidios a Sukarne.
En recursos estatales ha obtenido 5 millones de pesos del programa Fideicomiso de Riesgo Compartido, vinculado al Proyecto de Apoyo a la Infraestructura de Rastros y Obradores Tipo Inspección Federal para Ganado Bovino y Porcino. Sukarne, con 20 socios, accedió al padrón de beneficiarios con el número siete y el registro TIF-BN-210908-002. (LR)
Movimientos sociales en aumento
Foto: David Cilia
Asciende a 2 mil el número de conflictos sociales durante el gobierno de Felipe Calderón; la cifra aumenta y la intensidad para reprimirlos también. Las fuerzas armadas del Estado infunden “terror” para contrarrestarlos. De acuerdo con un informe de Serapaz, son “graves” las violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres e indígenas.
De 2006 al primer semestre de 2008 se registraron 2 mil conflictos sociales en México; durante 2007 fueron 900. De acuerdo con la investigación realizada por el Observatorio de la Conflictividad Social en México (OCSM), la conformación de movimientos sociales se incrementa y la intensidad utilizada para reprimirlos se diversifica.
El Reporte de la criminalización de la protesta, elaborado por el OCSM –grupo de investigación integrado a la asociación civil Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz)–, señala que a partir del año 2000 los gobiernos de transición han provocado que las condiciones de los derechos humanos se deterioren.
El análisis, basado en las denuncias presentadas ante organismos de defensa de los derechos humanos y diversas fuentes documentales, evidencia que la criminalización de las luchas sociales se deriva de las modificaciones “neoliberales” a las leyes.
Entre estas modificaciones se ubican las reformas a las leyes laborales, de pensiones y ahorro para el retiro; de radio y televisión, particularmente las que se refieren al desarrollo tecnológico; las que regulan la producción de energéticos y su posibilidad de privatización.
Pablo Romo Cedano, coordinador de la investigación, explica que los gobiernos neoliberales buscan adecuarse a los tratados internacionales de seguridad nacional y antiterrorismo.
“En nombre del combate al narcotráfico y al terrorismo figuran un campo de batalla en donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidad, mientras los líderes sociales son perseguidos, criminalizados y encarcelados por procesos judiciales absurdos”.
De acuerdo con el reporte –que fue presentado en el seminario “Criminalización de la pobreza, represión a los movimientos y luchas sociales en América Latina”, en São Paulo, Brasil–, México registró una mayor desigualdad en comparación con el resto del mundo.
Los sectores indígena y de las mujeres son los más afectados. “Se les castiga no sólo por su disidencia, sino por ser lo que son. Se encuentran en una situación alarmante”, subraya.
La desigualdad
Con base en cifras de la Organización de las Naciones Unidas, México se ubica en el lugar 103 de 126 naciones estudiadas en condiciones de desigualdad.
Y de éstas, el 10 por ciento concentra el 40 por ciento de los ingresos, lo que representa el mayor motivo de conflictividad.
La criminalización de la protesta social está enmarcada, fundamentalmente, en el ámbito económico “cada vez más complejo y difícil para quien menos tiene”. El 60 por ciento de la población vive en situación de pobreza, “sin acceso al mínimo de satisfactores básicos y donde las mujeres representan más del 60 por ciento”.
Como los sectores más reprimidos aparecen los individuos marginados, que son los mayores protagonistas de conflictos sociales: campesinos, trabajadores del comercio informal, obreros, y sectores de colonias pobres urbanas.
Del reporte se desprende que 24 millones de habitantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Las remesas que se generan y envían a México equivalen a más de 23 millones de dólares anualmente, “sólo por debajo de los ingresos petroleros y por encima del turismo”. Sin embargo, al primer semestre de 2008 las cifras decrecieron debido a la crisis económica de Estados Unidos.
En este contexto, los conflictos sociales se han multiplicado, y según el análisis del observatorio, “existe una tendencia al crecimiento tanto en número como en intensidad”.
La criminalización
Pablo Romo señala que hay tres momentos en el proceso de conflicto: la tendencia a la negación del mismo, su invisibilidad por parte de las autoridades y de los medios de comunicación y el no reconocimiento de la legitimidad.
“En esta última se da el inicio de las movilizaciones sociales”, puntualiza.
Agrega que el “no reconocimiento” deriva en confrontación y represión, y que estos factores se conjuntan en “una estructura de leyes que favorecen la acción ejercida por las autoridades; de una política sistemática ejercida por el Estado, y de un andamiaje de construcción de opinión pública como justificación”.
Los pueblos indígenas tienen un 12 por ciento de los casos de conflictividad en el país. “La criminalización de la protesta social tiene un rostro claro, definido básicamente en la clase pobre”. El porcentaje se refiere a los actores que se confrontan con el gobierno, según los datos del observatorio.
El 6 por ciento de los casos de conflictividad social registrados en 2007 son contra el Estado. Y de éstos, el 70 por ciento “no tiene interlocución real con el mismo” y tienen como contraparte a servidores públicos.
Mujeres, objeto de represión
De los resultados obtenidos, Romo Cedano considera que la mujer es objeto de disputa y represión. Explica que los altos niveles de violencia son consecuencia y, al mismo tiempo, síntoma de la generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos de género.
Respecto de los feminicidios, el análisis expone que las autoridades, ante su incompetencia para resolver los crímenes, los niegan o publicitan como solucionados. En el primer semestre de 2008, el observatorio registró el mismo número de mujeres asesinadas que en 2007.
“El sujeto criminalizado es el que muestra más vulnerabilidad y fácilmente es invisibilizado”, cita el reporte del que se desprende una evaluación de casos como el de Atenco: “Mujeres y hombres son abusados sexualmente por elementos de la policía antes de ser entregados a las autoridades”.
Cita que ésta es la tendencia encontrada entre diversos conflictos registrados y que tiende a multiplicarse. Otra constante son los abusos perpetrados por militares: “Violan, asesinan y hostigan”.
Y entre los casos representativos, el estudio señala las violaciones sexuales de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en Acatepec y Ayutla de los Libres, Guerrero; así como los ataques a la población civil de Nocupétaro, Michoacán.
En otro apartado, el reporte señala que en el país existen 25.9 millones de hogares, de los que 2.4 millones son monoparentales o están encabezados por mujeres. Por ello, considera, “las mujeres participan de modo significativo en los conflictos relacionados con la demanda de satisfactores básicos, la defensa de los recursos naturales y el territorio, y la lucha contra la impunidad”, explica el investigador.
Indígenas, los más activos
De un total de 151 conflictos indígenas en el país registrados por el OCSM, cerca de la mitad se ubican en Chiapas, con 47.02 por ciento; en Oaxaca, 21.19; y 6.62 por ciento en Guerrero.
Los pueblos indígenas con mayor protagonismo o visibilidad en conflictos sociales, según las cifras del observatorio en 2007, son los choles, zoques, tlapanecos, nahuas, purépechas, mixtecos, zapotecos, tojolabales, mixes, triquis, tzeltales y tzotziles.
El coordinador de la investigación encuentra como una constante que dichos pueblos son los que cuentan con Tlatelolco, en la ciudad de México; de indígenas, en Wolonchán, Chiapas, o de activistas en todo el país, tampoco.
Según Romo Cedano, lo anterior habla de una acción decidida y consciente del gobierno mexicano o de sus partes contra ciertos actores sociales que le son incómodos o antagónicos.
“El Estado ignora y niega deliberadamente al actor o sus demandas deslegitimando su interlocución. Éste es su modo de hacer política”, aduce.
Considera que, con tales acciones, la lucha está terminada antes de iniciarla. “Tú no existes y tu voz no vale”. Se fortalece la discriminación, el racismo y el machismo. Se enaltece el estatus social. “Por ser pobre no te escuchan, por ser mujer no vales, por ser indio tu palabra no cuenta”.
El especialista destaca el papel que desempeñan los medios de comunicación en relación a su posicionamiento con la autoridad: “Si está a favor de la manifestación: incrementa las cifras de los participantes, exalta a los líderes y su probidad, enumera puntualmente las reivindicaciones que pretenden los peticionarios, expone el extraordinario comportamiento de los manifestantes y su pulcritud, y la civilidad en el ejercicio del derecho de petición”.
Y, por el contrario, si el medio de comunicación está en contra de alguna manifestación: habla del caos vial que produjo y no de la agenda que exige; de lo corrupto de los líderes, de los desmanes que se produjeron, de lo sucio que dejaron los “revoltosos” y los “mitoteros”, y de lo “triste” que resulta el acarreo de personas ingenuas o ignorantes.
“En Atenco la reacción fue contundente y fue un linchamiento mediático”; pero fue diferente en Oaxaca, las mujeres que tomaron las estaciones de radio lograron revertir la situación; “informaron y motivaron el movimiento rebelde”.
La judicialización de conflictos
La represión mediante las fuerzas del orden público tiene un uso considerable, pues representa la tercera forma más recurrente en que se interviene frente a conflictos de carácter social. Según lo que ha podido verificar el observatorio, el uso de la “política-política” como instrumento de gobierno se retira y da paso a la judicialización de los procesos conflictivos.
En la evaluación de estudios recientes, el OCSM muestra que son pocos los ciudadanos que acuden ante el Ministerio Público para presentar una denuncia. Solamente un 23 por ciento formula una queja y un porcentaje muy reducido logra consignarla ante un juez.
Sin embargo, en los procesos jurídicos se hacen toda clase de artimañas para engañar a la población: “El cambio de uso de suelo y la privación del más elemental derecho a la información”.
Lo que se busca con esas acciones es establecer a toda costa una “sumisa relación clientelar con la población a través de mecanismos como la compra de votos y la simulación de asambleas agrarias”.
El observatorio destaca los casos del conflicto por el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, pues con base en la compra de votos y simulación de asambleas agrarias se ha pretendido realizar el cambio de uso de suelo ejidal, necesario para la expropiación de las tierras en donde la Comisión Federal de Electricidad planea construir la presa.
“Así, se constituyó en la zona un movimiento social a favor de la defensa de la tierra llamado Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota”.
Una situación similar ocurrió en Zimapán, Hidalgo: se mintió a los ejidatarios de la zona en que se pretende realizar un confinamiento de desechos tóxicos, diciéndoles que se trataba de una planta recicladora que generaría empleos. Y sólo después de la realización de la mayor parte de infraestructura de la obra se descubrió de qué se trataba realmente.
Ello generó el movimiento cívico Todos Somos Zimapán.
El Observatorio de la Conflictividad consideró situaciones similares en distintas partes del país, como el proyecto eólico de La Venta y de Paso de la Reina, en Oaxaca; y la presa hidroeléctrica el Cajón, en Nayarit, “donde el Estado, mediante sus funcionarios, suele estar coludido con intereses económicos de grandes empresas sin tomar en cuenta la voluntad de los pobladores donde se realizan los proyectos”.
Infundir miedo
Entre los asuntos menos conocidos que ejemplifican la criminalización de la protesta social, la investigación publicada por Serapaz tipifica algunos por la fabricación de delitos y en los que participan elementos del Ejército Mexicano. En Morelos, la conformación del Frente en Defensa del Agua en Cuautla ha luchado en los últimos años en defensa del líquido. Durante 2007, ésta se intensificó contra la construcción de un expendio de gasolina, lo que derivó en dos asesinatos y en la persecución de los líderes.
Otro conflicto documentado por el observatorio es el Movimiento Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, que desde 1999 emprendió acciones buscando apoyo gubernamental, sobre todo subsidio a las altas tarifas eléctricas.
Los campesinos, al no sentirse escuchados por sus autoridades, realizaron marchas, mítines y otras formas de presión para ser atendidos y para que la prensa visibilizara su agenda. La respuesta de las autoridades de Guanajuato fue la detención del líder local del movimiento, Rubén Vázquez, acusado de “delitos políticos”.
Ante esa detención, los campesinos agremiados cambiaron su principal demanda por la libertad de su dirigente.
Días después Rubén Vázquez fue liberado, pero no se cumplimentaron las demandas del movimiento.
El 14 de marzo de 2008 fue asesinado el dirigente de la organización Agrodinámica Nacional, Armando Villarreal Martha, principal promotor de protestas contra el Tratado de Libre Comercio.
El investigador Pablo Romo considera que los factores sicológicos recurrentes entre los sectores reprimidos son “el terror, la amenaza de cárcel y el canje de presos para la desmovilización de grupos”.
“Terror militar”
En otro apartado, el análisis retoma ocho de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitidas en julio de 2008, de la 029/ 2008 a la 036/2008.
De los casos de víctimas del proceso de militarización en el país, el OCSM detalla y evalúa las recomendaciones elaboradas por la CNDH que hace referencia al procedimiento de acción de elementos del Ejército en el supuesto “combate al narcotráfico”.
“En las narraciones –explica Romo Cedano– afloran las formas de operar, no sólo de los malos elementos del Ejército, sino de todo un mecanismo que acepta con normalidad la tortura, las detenciones arbitrarias, los malos tratos, etcétera”. Agrega que “hay que recordar que la presencia del Ejército en las calles del país responde a un llamado de extrema excepción, que nada tiene que ver con la legalidad o la Constitución.
El proceso de militarización del país está generando que se criminalice a la población sin motivo alguno. Esta situación está generando tensiones, miedo y una situación de sentimiento de persecución”.
La confrontación
En cuanto al comportamiento de los actores sociales que se encuentran en una situación de conflicto, el reporte del observatorio evalúa que éstos se manifiestan de distintas formas para hacer visibles sus demandas. Dichas formas en un principio están normalmente apegadas al marco normativo que contempla la ley como formas de libertad de expresión; sin embargo, la mayoría son estrategias de muy bajo perfil.
Las formas de confrontación institucional más usadas son la denuncia pública en algún medio de comunicación, los carteles o volantes en las marchas y mítines, así como las demandas legales.
Ante la negación de las autoridades y la invisibilización de los medios de comunicación, los movimientos sociales cambian su dinámica y recurren a formas de expresión que se ubican en la frontera del marco normativo. A estas maneras más directas de confrontación con el Estado, el observatorio las llama “formas no institucionales de confrontación social”.
Los bloqueos a vialidades se han vuelto más recurrentes entre los actores sociales en conflicto. Otras, como la confrontación física, la retención física de autoridades, la toma de instalaciones o la protesta armada son normalmente separadas de la legitimidad del contexto social que las acompaña y que trata de reivindicarse, siendo catalogadas por el Estado como delitos graves que deben ser castigados.
En este sentido, los y las dirigentes sociales que encabezan los movimientos dejan de ser tomados como interlocutores válidos y se les persigue como delincuentes. Por ejemplo, el estudio retoma el caso de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca: “Un día dialogaban civilizadamente con la autoridad política más alta del país y al día siguiente fueron detenidos como criminales y encerrados en cárceles de alta seguridad”.
Para el investigador de Serapaz, “resulta evidente que un actor social, en la búsqueda de reivindicar sus demandas, utilice varias estrategias de confrontación frente al Estado, dependiendo de la dinámica con la que se vaya desarrollando el conflicto, lo que puede llevarlo a acciones más directas”.
Tal es el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que “inician su movimiento con mítines y alguna marcha, y poco a poco escalan la confrontación para hacerse visibles y generar una correlación de fuerza diferente con sus interlocutores”.
Romo Cedano puntualiza que en ciertos casos de confrontación, el Estado toma como rehenes a presos, amenaza con aprehensiones y encarcelamientos para negociar su libertad a cambio de la desmovilización del proceso social de protesta.
Según los datos del observatorio, en un primer momento, la mayor parte de los actores sociales recurren a formas de confrontación institucional no violenta para exigir sus demandas.
Y de éstas, más del 60 por ciento de las estrategias de confrontación utilizadas por actores sociales son institucionales.
El investigador explica que al interior del conflicto se dan con cierta frecuencia fisuras entre el liderazgo moderado y dialogante de sus actores, con el radical y combativo.
Explica que esta fase del conflicto es usada por las autoridades y se agudiza por los medios de comunicación, que califican a los radicalizados de “ultras”, “intransigentes”, “miembros de organizaciones armadas”, “terroristas”, “desestabilizadores”, etcétera. En tanto que a la franja moderada la autoridad la procura corromper, comprar o chantajear.
De igual modo, en esta fase, en algunos conflictos –detalla el análisis– aparecen los golpeadores, los “porros”, los infiltrados, quienes inician su labor de intimidación, espionaje y desestabilización de los liderazgos que agudizan las contradicciones internas y provocan la confrontación física. Las acusaciones internas de “traidores” y “vendidos” son utilizadas para fracturar la lucha.
En esta fase aparecen con frecuencia las disidencias, las expresiones de otros pares que piden lo contrario. Por ejemplo, en Zimapán, Hidalgo, apareció un grupo empujado por autoridades del estado y financiados por la empresa que construye el confinamiento de desechos tóxicos en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla.
El estigma de la represión
El análisis considera que otra manera de vulnerar los movimientos sociales, y que ha cobrado mayor fuerza en los últimos años, son los ataques de grupos provocadores ligados al gobierno o, en casos más extremos, grupos paramilitares.
“Al final de la confrontación, los acontecimientos siempre serán calificados por el Estado como frutos de un conflicto intercomunitario ajeno a la responsabilidad gubernamental. Lo que permite actos de mayor brutalidad en los que suelen generarse violaciones a los derechos humanos”.
Por otra parte, el estudio define otra forma de represión selectiva que está dirigida hacia líderes o individuos estratégicamente seleccionados de un movimiento u organización. Cita el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR): Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
La represión selectiva puede operar con más sigilo a través de la desaparición de miembros de movimientos u organizaciones cuya responsabilidad oculta nunca es reconocida por el Estado.
Pablo Romo Cedano explica que este tipo de represión puede lograr su cometido al descabezar o desarticular por completo a un movimiento; sin embargo, “puede encrespar los ánimos en las reacciones de distintos grupos al interior de la población o del movimiento, llegando a ser contraproducente para el Estado”.
Añade que “organizaciones armadas como el EPR o incluso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han tenido la necesidad de generar una estructura sumamente fuerte a partir de su línea militar para evitar estas acciones”.
El reporte concluye con la síntesis de algunos casos de represión que se llevaron a cabo en 2007 y sus organizaciones: el Movimiento de Estudiantes no Aceptados; la represión a la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; el movimiento de estudiantes agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
También cita la ofensiva del gobierno del estado de Guerrero contra la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, en Ayutla de los Libres; el enfrentamiento por anulaciones en Altamirano, Chiapas; y los actos de hostigamiento y represión contra la radiodifusora comunitaria Radio Nandia, en Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca.
