Foro: Desaparición Forzada. En el marco de la Gira Nacional
Contra la Desaparición Forzada 2015. Iztapalapa, Distrito Federal. Mayo 17 de
2015.
FNLS una Historia de Lucha y Represión
Desaparición Forzada: un crimen de lesa humanidad
martes, 26 de mayo de 2015
A 8 años de la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya se demuestra que esta práctica es una política de Estado
A 8 años de la Desaparición
Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya se demuestra que
esta práctica es una política de Estado que se mantiene impune por la
protección que existe a las fuerzas armadas, al ejército y cuerpos policiacos.
Organizaciones y abogados
continuarán con la exigencia del cumplimiento de la resolución de poder
Judicial hasta agotar todos los recursos.
Ciudad de México 25 de mayo del
2015
La desaparición forzada de los
Luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya
acontecida el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca a cargo de policías
estatales, federales y el ejército cumple 8 años en la impunidad, 8 años en los
que el Estado Mexicano le ha apostado al desgaste y al olvido de este caso y de
miles más. Sin embargo, estos 8 años para nosotros han sido de trabajo y lucha
constante en los que se ha podido evidenciar al Estado Mexicano como un estado
represor que mantiene como política sistemática la práctica de la desaparición
forzada para mantener un clima de miedo y terror en la población.
En este tiempo transcurrido han
confluido diversos esfuerzos que se han sumado a la exigencia de la
presentación con vida de nuestros familiares; Organizaciones de derechos
humanos, Populares, personas solidarias y personalidades, han contribuido con
su constancia, trabajo y dedicación a este proyecto de lucha.
En estos 8 años, a pesar de que
aun no logramos nuestro objetivo principal que es encontrar a Gabriel y
Edmundo, hemos podido evidenciar, bajo las propias leyes del Estado, que lo que
les hicieron a nuestros seres queridos constituye claramente una desaparición
forzada de personas, así lo constatan las investigaciones realizadas por la
CNDH que dieron como resultado la emisión de la Recomendación 07/2009 y la
resolución emitida el pasado 19 de junio del 2014 por el Poder Judicial de la
Federación en la que se ordena realizar la búsqueda de ambos en los principales
cuarteles militares. Con esto se deja claro una vez más que a pesar de la
negativa del Estado a reconocer la existencia de esta práctica, en los hechos
se demuestra su existencia con la respuesta de sus propias instituciones.
Con este caso sea demostrado que
la justicia no existe en nuestro país, que el Estado encubre y protege a toda
costa a los principales responsables de cometer este crimen de lesa humanidad;
militares, fuerzas armadas y las diversas corporaciones policiacas, las cuales
han permanecido impunes desde hace más de 40 años a pesar de que existen
evidencias y pruebas de su responsabilidad en cientos de violaciones graves a
derechos humanos. Lo cual es evidencia de que las desapariciones forzadas
constituyen una política de Estado que día a día cobra cientos de víctimas más
en el país. Configurándose como una práctica del terrorismo de Estado.
La desaparición forzada de
Gabriel y Edmundo es un caso emblemático, no sólo por el carácter claramente
político que este implica y la evidente participación de agentes del estado en
su desaparición, sino también porque es un caso que ha logrado por la vía
jurídica, de derechos humanos y la presión política que, instancias como la
CNDH y el poder Judicial de la Federación emitan importantes recomendaciones y
resoluciones que generan un antecedente importante en esta materia. Si bien
esta resolución a un no ha sido cumplida, por la impunidad de la que hablamos
anteriormente, queremos señalar que ha sido gracias a la presión y la
constancia que hemos logrado arrancar esta resolución judicial, nada ha sido
producto de dadivas, ni de la voluntad política del Estado, la cual no ha
existido desde hace mucho tiempo.
Esta resolución es producto de 8
años de lucha, de la organización y coordinación de varios esfuerzos que
mantenemos en alto y firme nuestra convicción de seguir luchando hasta dar con
el paradero de Edmundo y Gabriel y castigar a los culpables.
La Gira Nacional Desaparición
Forzada en México, Caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Un
crimen de lesa humanidad, que inicio el 16 febrero en Oaxaca con la
participación de la comisión civil de seguimiento y búsqueda e integrantes del
FNLS visito los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Pachuca,
Michoacán, Guadalajara, tuvo como finalidad dar a conocer esta importante
resolución judicial, sensibilizar y transmitir esta experiencia de lucha para
que cada vez más personas conozcan esta situación y abracen la exigencia de la
presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, objetivo que se
cumplió al constatar en los hechos la solidaridad que organizaciones y personas
nos manifestaron en las diversas ciudades que visitamos.
Por ello, ante el clima de
violencia de Estado que se vive en el país seguimos exhortando y llamando al
pueblo a alzar la voz, a exigir el cumplimiento de esta resolución judicial y
la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país.
Señalamos tajantemente que como
familiares, organizaciones, así como los representantes legales, continuaremos
en la exigencia de esta resolución judicial hasta agotar todas las líneas de
investigación que aún quedan por realizar y lograr el paradero de Gabriel y
Edmundo.
¡Por la presentación con vida de
todos los detenidos desaparecidos del país!
¡Vivos se los llevaron, vivos los
queremos!
¡Juicio y castigo a los
responsables!
Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda,
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Comité Cerezo México, Radio
Estudiantil Libertaria, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Frente
Oriente, Frente Popular Francisco Villa Independiente y Campaña Nacional Contra
la Desaparición Forzada en México.
Comunicado del TADECO sobre la Semana Internacional del Detenido Desaparecido 2015
En la Semana Internacional del
Detenido Desaparecido, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por el derecho
a la verdad y por justicia para todos los desaparecidos y asesinados y como
desde hace 8 años, reafirmamos que el Estado es responsable.
Después de ocho años de habernos
conformado como Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y
Asesinados en Guerrero, aquí seguimos dolidos, rabiosos e indignados, ansiosos
de verdad y de justicia, desgastados pero no resignados, decididos a hacer
valer nuestros derechos ciudadanos y los de nuestras víctimas y como tales
mantenemos viva nuestra lucha por encontrar a nuestros desaparecidos y por
hacerle justicia a nuestros asesinados.
Así llegamos a los días finales
de mayo, cuando se conmemora nuevamente la Semana Internacional del Detenido
Desaparecido, sin tener hasta ahora, resultados sobre nuestra exigencia al
Estado Mexicano de darnos verdad y justicia para nuestras víctimas de la
violencia social que azota a nuestro país y a Guerrero y de la que ellos son
responsables; ignorados por la arrogancia de los tres niveles de gobierno, con
promesas incumplidas por la Subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR Eliana
García, engañados y traicionados por el asesino Angel Aguirre, ignorados por el
gobernador sustituto Rogelio Ortega y reprimidos, revictimizados y engañados
por Mario Moreno, presidente municipal de Chilpancingo que no acata las
recomendaciones de la Coddehum y la CDH para restituir nuestros derechos en la
Plaza Cívica de Chilpancingo..
Como año con año, en ésta ocasión
se han acumulado una gran cantidad de víctimas más, entre las que sobresalen
los estudiantes asesinados y desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, lo
cual ha logrado desnudar, por las condiciones en que se dio el hecho, la
profunda alianza entre las empresas radicales del narco y el Estado Mexicano
para mantener y desarrollar sus negocios por encima de todo y valiéndose de
todo, inclusive del poder del Estado y evidenciar su responsabilidad en éstos
crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, a pesar de la fuerza social que se ha
manifestado por verdad y justicia por Ayotzinapa, mucho mayor a la que había
logrado movilizar el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la
indolencia del Estado e impunidad persisten personificadas en la misma figura
presidencial y sus alfiles de la Secretaría de Gobernación y la PGR y eso nos
duele e indigna a todos.
Las víctimas de antes y de ahora,
entre ellas las de Ayotzinapa, siguen sin verdad ni justicia, revictimizadas
por la impunidad, criminalizadas e incluso en riesgo de agresión y represión.
Las autoridades judiciales no investigan pero si encubren, estigmatizan,
denostan, incriminan y siembran terror entre
los familiares de las víctimas. Los cuerpos policiacos y militares con sus jefes al frente, actúan en los mismos
espacios donde desaparecen y son asesinadas las víctimas protegiendo a los
perpetradores organizados en bandas criminales y hasta en supuestas
autodefensas en muchos casos. Los gobiernos federal, estatal y municipales
evaden su responsabilidad, mantienen un cómplice silencio ante las denuncias y
refuerzan su estrategia de guerra donde la mayoría de las víctimas siguen
siendo ciudadanos inocentes mientras el supuesto objetivo de esta guerra, el
crimen organizado, crece, se fortalece y cada vez incide más en la economía en
la administración y en las decisiones políticas de nuestro país.
El llamado poder legislativo no
va a fondo del problema y solo simula y legisla sobre medidas superficiales que
no obligan a la investigación, al esclarecimiento de los hechos, al encuentro
de la verdad y menos a la justicia, ante lo cual lo más que ofrecen son
registros, trámites, gestiones interminables, desgastantes. Ni las reformas
constitucionales en materia de derechos humanos, la ley de víctimas, ni la
supuesta aceptación a las recomendaciones de organismos internacionales en la
materia, han inclinado la balanza a favor de la verdad y justicia para las víctimas.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
sigue siendo un organismo costoso e inútil y la reparación de daños en
los casos políticamente más incómodos para el Estado se está volviendo su
moneda de cambio: el dolor y la desesperanza, por la resignación y el olvido
con un “pago” de por medio.
Las organizaciones de víctimas y
de sus acompañantes enfrentamos en condiciones de debilidad y riesgo a la
impunidad oficial y muchas se debaten entre la esperanza a lo sobrenatural, la
confianza y colaboración con el Estado, la confrontación concertadora o la
resistencia y lucha de largo plazo contra el sistema capitalista y por una
nueva sociedad sin desaparecidos y asesinados. Nosotros seguimos pensando que
todo lo que se haga por verdad y justicia para nuestras víctimas es importante
y respetable y que debemos hacer de éstas dos palabras: verdad y justicia, el
punto de unidad de nuestras luchas, pues todas las vidas que reclamamos y
reivindicamos valen eso, la vida.
De nuestra parte, hoy refrendamos los principios fundacionales de
nuestro Comité:
1.- Mantener la denuncia, la
exigencia de verdad y justicia, presentación con vida, esclarecimiento de los
hechos, castigo a los culpables y la solidaridad, en el marco de los derechos
humanos como medios y herramientas de organización, concientización y lucha,
más que como esperanza de solución. En éste sentido reafirmamos que el Estado
es el responsable de generar, encubrir y mantener en la impunidad toda esta
violencia por su carácter capitalista y persistiremos en arrancarle al mismo y
a sus aliados a todos los desaparecidos que sean posibles, hacerle justicia a
nuestros asesinados, exhibirlo y denunciar su carácter represor, considerando
que solo en una sociedad distinta a la capitalista lograremos la justicia, el
respeto pleno a la vida y a los derechos humanos.
2.- Trabajar por articular a
todos los movimientos posibles de confluir en una lucha común por la demanda
esencial de verdad y justicia pero también en contra del Estado y construir una
fuerza social que trascienda y se vincule con otras luchas sociales y gane
apoyo y solidaridad, por lo que mantenemos nuestra participación comprometida
con la Red Contra la Represión y la Solidaridad, la Campaña Nacional contra la
Desaparición Forzada, la Red de Enlaces Nacionales y seguiremos trabajando por
la articulación de las organizaciones de familiares y víctimas en Guerrero y en
el país.
3.- Generar instrumentos de
intervención, apoyo, orientación, asesoría y acompañamiento de las víctimas de
la violencia que nos permita vincularnos con ellos, crear fuerza social,
difundir nuestra visión del problema, generar y desarrollar más iniciativas y
crear una plataforma de intervención entre la sociedad que encauce el dolor, la
lucha, la indignación contra el Estado y evitar que se sigan desarrollando las
concepciones idealistas que llevan a la resignación y a la confianza en el
Estado, por lo que refrendamos nuestro compromiso de seguir construyendo el
Centro de Atención a Víctimas en Guerrero como un organismo independiente y al
servicio de las víctimas, no del Estado..
Por nuestros desaparecidos y
asesinados seguiremos luchando hasta erradicar los delitos de lesa humanidad,
que no será en ésta sociedad capitalista y neoliberal, sino en la que el pueblo
tenga un gobierno que mande obedeciendo y donde el pan, el trabajo, la
justicia, la democracia y la libertad sean no un sueño, sino nuestra realidad
cotidiana. Por ahora nos mantenemos en el reclamo al Estado de que en tanto él
es el responsable de ésta crisis, él debe resolverla, pues tenemos claro que él
es parte del problema y de ninguna manera es víctima como nosotros. ¡Quien crea
el problema debe resolverlo!
Por ello, en el inicio de esta
Semana Internacional del Detenido Desaparecido, aquí y ahora nuevamente
nombramos, para mantenerlos vivos y presentes en la memoria colectiva, a
nuestros desaparecidos A Jorge Gabriel Cerón Silva, Ludwig Marighela Hernández
Cisneros, Rafael Ramírez Benítez, Pedro Salgado Mora, Cuauhtémoc Román Navarro,
Rodrigo Camacho Rodríguez, Artemio Soroa Brito, Dionisio Rodríguez Jiménez,
Víctor Manuel Rodríguez Jiménez, Inés Mendoza Salgado, Erick Isaac Molina
García, Ma. Guadalupe Tolentino Pérez, Diana Edith Sotelo Ramírez, Odimando
Espino Núñez, Roberto Crescencio Cruz, Roberta Naves Casarrubias, Sergio
Ramírez Miranda, José Guadalupe Delgado Martínez, Pedro Benítez Vara, Jesús
Bello Moreno, Francis Alejandro García Orozco, Sergio Menes Landa, Lenin
Vladimir Pita Barrera, Zosimo Chacón Jiménez, Andrés Antonio Orduña Vázquez,
Olimpo Hernández Villa, Víctor Ayala
Tapia, Oscar González Muñiz, Cristhian Obeth Pérez Betancourt, Luis Mario
Casiano Vargas, Julio Cesar García Sánchez, Miguel Ángel Sánchez Pablo, Josue
García Rodríguez, Abel Gallardo, Longino Vicente Morales, Marcial Bautista, Eva
Alarcon y Gregorio Alfonso Alvarado López, todos ellos desaparecidos y de
Roberto Arcos Catalán, Carlos Edmundo López Parra, Miguel Ángel Gutiérrez
Ávila, Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos, Raúl Lucas
Lucía, Manuel Ponce Rosas, Javier Torres Cruz, Quetztcóatl Leija Herrera,
Francisco Tezoptitlan Panchito, Gerardo
Josué García López, Ramón Ramírez Landin, Arturo Hernandez Cardona, Hugo César
Vázquez Bahena, Raymundo Velazquez, Rocio Mesino Mesino, y Luis Olivares,
asesinados extrajudicialmente.
También nombramos a nuestros
hermanos estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa:
Abel García Hernández, Abelardo
Vázquez Peniten, Adán Abrajan de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín
Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal,
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Christian
Alfonso Rodríguez Telumbre, Christian Tomas Colón Garnica, Cutberto Ortíz
Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Everardo
Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galindes Guerrero, Israel
Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa,
Jonas Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge
Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor,
José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luís Luna
Torres, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patolzin, Leonel
Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola,
Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez
Molina, Martín Getsemany Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel
Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García y
Alexander Mora Venancio, todos ellos desaparecidos y Julio César Mondragón
Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, además de los
ciudadanos David Josue García Evangelista, Víctor Manuel Lugo Ortiz y Blanca
Montiel Sánchez, asesinados.
Por todos ellos seguimos
demandando:
1.- Que se integre un Plan de
Búsqueda de la Verdad que permita reabrir todos los casos y se reactive la
investigación con los familiares de las víctimas como coadyuvantes ya sea de
manera individual como en colectivo, haciendo valer su derecho a un trato
digno, respetuoso y a recibir información objetiva y de manera directa y no a
través de los medios de comunicación.
2.- Que se cree un banco de ADN y
se confronte de manera científica y profesional con los restos humanos
encontrados en diversas fosas en los diferentes municipios de la entidad
durante los últimos años, además de que dichos restos sean manejados con
respeto y de manera profesional. En nuestra opinión, ésta tarea le corresponde
al Estado y los familiares de las víctimas debemos ser coadyuvantes con las
garantías y derechos necesarios.
3.- Que se integre un fondo de
contingencia social destinado al sostenimiento de las familias de las víctimas
y al apoyo a la coadyuvancia de las mismas en las investigaciones y en los
procesos judiciales.
4.- Que se apoye la creación del
Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Social en Guerrero y se restituya
el Módulo de Información, Cultura y Denuncia del Tadeco y el Comité de
Familiares en la Plaza Cívica de Chilpancingo, conforme las recomendaciones de
la Coddehum y la CNDH, como parte del derecho que tenemos los familiares de las
víctimas a organizarnos y a ejercer nuestros derechos de expresión,
manifestación e incluso a la ciudad.
5.- Que se armonice la
legislación estatal con la legislación nacional y los ordenamientos
internacionales en materia de atención a víctimas de la violencia social,
conforme a las iniciativas ciudadanas y de las organizaciones de familiares y
acompañantes de víctimas, observando en todo momento el derecho a la consulta y
a la iniciativa ciudadana.
6.- Que se reconozca a la
brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU,
contemplado en el artículo 26 de la CIPPDF, que
promulgue una Ley General sobre Desaparición Forzada, por la plena y
cabal entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, porque el gobierno de
Guerrero apresure la adecuación del marco jurídico estatal de acuerdo a la Ley
de Victimas de manera transparente y con la participación de las organizaciones
de víctimas.
Las demandas de verdad y
justicia, siguen siendo dos palabras aparentemente muy sencillas, muy chiquitas
y hasta inofensivas para quienes creen pensar en grande, desprecian la
diversidad de pensamiento y tratan de
homogenizarlo todo a nombre de la unidad y de “tirar línea”, sin embargo para
nosotros son palabras que han adquirido hoy una gran carga revolucionaria y las
seguiremos pronunciando en todo lugar que sea posible para evidenciar que el
Estado es el perpetrador de la desaparición forzada, la tortura y el asesinato
extrajudicial y sembrar la semilla de una nueva sociedad donde desaparezca el
capitalismo y no las personas.
En esta Semana Internacional del
Detenido Desaparecido, en que además se cumplen ocho meses de la infamia de
Iguala, desde nuestra modesta trinchera
nos seguimos solidarizando y haciendo nuestra la demanda de verdad y justicia
para Ayotzinapa y para todos los desaparecidos en el estado y en el país.
Llamamos nuevamente a los
guerrerenses la reflexión y acción por la vida, la libertad, la justicia y los
derechos ciudadanos, a los familiares de las víctimas de la violencia, los
seguimos convocando a que se expresen, a que rompan el silencio que les ha
impuesto el miedo, el terror, la impotencia y el dolor, a que se integren a las
actividades de nuestro Comité y pongan en la memoria colectiva el nombre y la
historia de sus víctimas, que expongan ante los sensibles oídos de todos su
verdad, su testimonio, a que manifiesten su digna rabia y no dejen que condenen
a nuestros muertos y desaparecidos haciéndolos culpables y los criminalicen con el estigma de que algo
hicieron para merecer este destino y los reduzcan a un simple número, una
estadística del poder.
¡POR LA MEMORIA DE NUESTROS
DESAPARECIDOS: NI PERDON, NI OLVIDO!
¡DESAPARECIDOS PRESENTACION!
¡CASTIGO A LOS ASESINOS!
¡QUE DESAPAREZCA EL CAPITALISMO Y
NO LAS PERSONAS!
¡POR LA VIDA, LA LIBERTAD, LA
JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS!
COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE
SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO
TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO
A.C.
Boletín N° 1 SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS RECIENTEMENTE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA (25 de mayo)
A LA SOCIEDAD CIVIL
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOSHUMANOS SOLIDARIAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS
Como se ha hecho público en el
transcurso del día de hoy -25 de mayo de 2015- aproximadamente a las 8:00
am, un grupo armado narcoparamilitar emboscó al comunero Cemeí Verdía Zepeda, Primer
Comandante dela Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General
de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chiniculia, de la
Costa Sierra de Michoacán; así como a sus escoltas.
Los hechos ocurrieron en un camino dela
comunidad a la altura del paraje “Los Otates”, que se ubica entre la
Encargatura de la Cobanera y la carretera federal Manzanillo-Lázaro Cárdenas
200.
Resultó herido el autodefensa Juan
Manuel Satín Cándido, originario de la comunidad de San Miguel de Aquila,
Michoacán, quien se encuentra fuera de peligro.
Como resultado de esto, la comunidad
indígena de Santa María de Ostula y los grupos de autodefensa de la Sierra
Costa de Michoacán desplegaron 2000 policías comunitarios desde la sierra hasta
la costa dentro del territorio comunal de Ostula, para lograr la detención, y
poner a disposición de las autoridades correspondientes, a los agresores.
En el transcurso de la tarde fue
localizado un comando de dicho grupo narcoparamilitar en los montes
comprendidos entre el paraje conocido como “La Marieta” y la Encargatura de
Ixtapilla, donde se han desatado diversas balaceras ante la negativa de los
agresores de entregarse a la policía comunitaria y los grupos de autodefensa.
Hasta el momento un comunero y policía comunitario de Santa María Ostula
resultó asesinado y existe un número indeterminado de heridos.
Cabe alertar que, hasta esta noche, los enfrentamientos continúan.
La presente agresión es una más dentro
de la guerra que emprendió la delincuencia organizada, algunos políticos y
pequeños propietarios del municipio de Aquila, contra la comunidad indígena de
Santa María Ostula desde el año 2009, cuando la comunidad recuperó más de 1000
hectáreas que les había despojado el crimen organizado. En particular, se ha
identificado que los hechos ocurridos el día de hoy se tratan de una agresión
orquestada y ordenada por Mario Álvarez y Federico González alias “Lico”, jefes
del cártel de los caballeros templarios en la Costa-Sierra de Michoacán. La
agresión del día de hoy es una respuesta a los trabajos y acciones en defensa
del territorio que emprendió la comunidad desde hace un año, en concreto el
reciente sábado 23 de mayo fueron entregadas 106 hectáreas en 53 parcelas de
las tierras recuperadas a comuneros y familias de la comunidad para su
resguardo y cuidado,lo anterior es una acción acordada por la asamblea general
de comuneros de Santa María de Ostula, llevada a cabo el 12 de junio de 2009 y
ratificada el 30 de enero de 2015, con base en el convenio 169 de la OIT, los
artículos 2 y 27 dela constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los artículos 101 y102 de la Ley Agraria Vigente y los usos y costumbres
de la comunidad indígena de Santa María Ostula.
Cabe resaltar que frente a todos los
asesinatos, agresiones y desapariciones (32 asesinados, 6 desaparecidos), no
existe ninguna acción ni de las autoridades federales ni estatales para
castigar y detener a los responsables.
Es sabido que tras la reactivación dela
policía comunitaria de Santa María de Ostula y la conformación de los grupos de
autodefensa, los principales jefes de plaza de la región Mario Álvarez y
Federico González huyeron a la entidad vecina de Colima, y a pesar de que son
delincuentes conocidos por todos los crímenes que cometieron en los municipios
de Chinicuila, Aquila y Coahuayana, no han sido detenidos; incluso en el caso
de Mario Álvarez se pasea pública y cínicamente por las principales calles del
centro de la capital del estado de Colima.
A la Sociedad Civil, a los Organismos de
Derechos Humanos, a la Sexta, a los Medios de Comunicación honestos, les
queremos compartir que a diferencia de lo ocurrido entre 2010, 2011 y 2012, la
comunidad se encuentra fortalecida, muestra de ello es la respuesta organizada
de la comunidad el día de hoy. En el transcurso de las siguientes horas
seguiremos informando sobre lo que acontezca en la región.
Los llamamos a estar atentos y alertas ante el desenlace de los presentes hechos, es necesario alzar la voz por todas las formas, para denunciar tales acontecimientos y movilizarse en los días siguientes en caso de ser necesario.
Atentamente
Equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ostula
25 de mayo de 2015
Comunitarios de Santa María Ostula en Casa Lamm.
Foro Las autodefensas indígenas: el caso de Santa MarÍa Ostula, municipio de Aquila,
Michoacán. Casa Lamm Junio 9 de 2014.
Agustín Vega
Comandante Cemei Verdia
Asesor Carlos González
Sesión de preguntas y respuestas
El abogado Sandino Rivero comenta la situación jurídica y de salud de la Comandante Nestora Salgado.
El abogado Sandino Rivero comenta la situación jurídica y de
salud de la Comandante Nestora Salgado. Mayo 25 de 2015.
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