Un absurdo, haber suspendido, el Tianguis, dice AMLO en Acapulco

La nueva etapa del país debe fincarse en la honestidad, dice ante unos 2 mil 500 asistentes

HÉCTOR BRISEÑO

En su visita a este puerto, el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, calificó de absurda la decisión de la Federación de llevarse el Tianguis Turístico de Acapulco; además, subrayó su postura en contra de la edificación de la presa hidroeléctrica La Parota, que insiste construir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco.

Ante unos 2 mil 500 asistentes al zócalo porteño, procedentes de diversas colonias populares y poblados de la región de Costa Grande, López Obrador agradeció su presencia en el acto, a quienes señaló que el desarrollo y la nueva etapa del país debe fincarse en la honestidad.

“Les agradezco de todo corazón el que hayan asistido, porque vienen muchos de colonias distantes y por el ambiente que hay en Acapulco de inseguridad y violencia; algunos lo piensan, pero saben que con este encuentro estamos contribuyendo para que haya normalidad, porque si cunde el miedo entonces menos vamos a poder resolver los problemas”.

A los acapulqueños pidió no ser conformistas y pensar que el rumbo del país se debe a la mala suerte, fatalidad o el destino, pues el mal que aqueja a la nación tiene remedio “si entre todos logramos la transformación que hace falta”.

En entrevista con reporteros, puntualizó que Martha Obeso, viuda del diputado local perredista Armando Chavarría Barrera, asesinado el 20 de agosto de 2009, tiene toda la razón en exigir justicia, que se aclare el crimen, y que sean citados a declarar a todos los que se considere que deben aportar sus dichos y declaraciones.

De manera “respetuosa”, pidió al gobernador Ángel Aguirre Rivero cumplir su compromiso de campaña de apoyar con su pensión a los adultos mayores.

Respecto al Tianguis Turístico, manifestó que “la secretaria de Turismo del gobierno usurpador (Gloria Guevara) no tiene ni idea de que se trata, está ahí por influyentismos, es un absurdo, una tontería el suspender el Tianguis, no se puede esgrimir que hay mucha inseguridad, al contrario, ¿cómo vamos a lograr la normalidad si no se fomenta el turismo?, si de eso vive la gente aquí”. Respecto a La Parota, mencionó que “ es un negocio de los mismos vivales de siempre, los corruptos de la CFE”.

Visita a Ayutla

Antes, en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región de Costa Chica, López Obrador manifestó que el regreso del PRI al poder equivale al retorno de Antonio López de Santa Ana a la presidencia de México por décima primera ocasión en el siglo 19.

El líder del Morena reunió a poco más de 2 mil personas en el zócalo de Ayutla, donde recordó su importancia histórica en el movimiento de Reforma.

“La historia sí se repite”, expresó el tabasqueño, quien advirtió que el regreso de Santa Ana hace siglo y medio “fue el acabóse”; mientras que “los 30 que mandan en México ya echaron a andar la estrategia para engañar, y decir que con el regreso del PRI se teminarían los problemas”.

Los priístas, dijo, “acabarían con todo, venderían Pemex, venderían la CFE, las tierras, las aguas, la educación y la salud, terminaríamos esclavos de nuestra propia tierra”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

En octubre o noviembre, reiniciará la PGR la búsqueda de los restos de Rosendo Radilla

HÉCTOR BRISEÑO

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que a finales de octubre o principios de noviembre se efectuará la tercera búsqueda de los restos óseos de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido durante la guerra sucia de los años setenta en Guerrero.

A través de un comunicado, la PGR informó que fueron encontradas 18 “anomalías” del subsuelo en la segunda búsqueda realizada en la ex zona militar 27 en Atoyac de Álvarez, actualmente Ciudad de los servicios, en la región de Costa Grande, durante la tercera semana de mayo, lo cual no significa, precisa la dependencia, que en la zona se encuentren restos humanos.

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explicaron que el dictamen de geología practicado a través de los aparatos de medición denominados georadar y resistivímetro confirman que fueron detectadas diversas inconsistencias en el subsuelo.

El especialista en Antropología Forense, Jorge Arturo Talavera González, señaló que los aparatos de medición se complementan y detectan interferencias en el subsuelo y no restos óseos.

“Podría tratarse de fallas geológicas, grandes rocas, madrigueras de roedores, cimientos o mampostería enterrada, basureros, acumulación de raíces o depósitos varios”, indicó.

Debido a ello se propuso que el inicio de la tercera etapa de excavación en tres de las zonas donde se ubican las 18 irregularidades del terreno, se efectúe en el último trimestre del año, en época de secas, para confirmar o desechar la presencia de restos humanos.

El especialista Talavera González, adelantó que la diligencia se practicará por medio de un registro tridimensional por coordenadas cartesianas (largo, ancho y profundidad).

La PGR aseguró que la familia Radilla Pacheco y representantes de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, avalaron la propuesta.

La localización de los restos de Rosendo Radilla Pacheco, se efectúa en cumplimiento a lo ordenado en la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007 y en concordancia con los resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Secretariadas

LEOPOLDO GAVITO NANSON - JUEVES, AGOSTO 18, 2011

Durante los días lunes y martes de esta semana, bajo los auspicios de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), se llevó a cabo la octava Conferencia de Seguridad Fronteriza, patrocinada por Diana Natalicio, presidenta de la UTEP y el congresista demócrata Silvestre Reyes. Participaron en ella personajes de empresas, académicos y funcionarios. Entre éstos, el mismísimo secretario técnico del consejo de seguridad mexicano, Alejandro Poiré. Hablaron ahí de varios temas, pero el énfasis se puso en la seguridad. Quizá por ello hayan invitado al doctor Poiré a que cerrara el evento en el que algunos funcionarios mexicanos manifestaron su preocupación por las evidencias de que el consumo de drogas en el país ha aumentado considerablemente.

Poiré, sorprendente como es su costumbre, atribuyó en parte el aumento en el consumo de drogas a la mejoría económica que se esparce por el país. Mejoría que seguramente está directamente asociada a la capacidad de las familias mexicanas a vivir holgadamente con los 6 mil pesos del secretario –y en un descuido, candidato a Presidente– Ernesto Cordero.

Semihábil en el uso del lenguaje y en los retruécanos del ejercicio comparativo, el secretario técnico en materia de cosas de seguridad dijo que el consumo en México preocupa, aunque no es comparable al de Estados Unidos. Dato de innecesaria mención dado que es claro que la capacidad del mercado estadounidense es varias decenas de veces mayor que el nacional, pero que siempre es útil para efectos de restar importancia a las incompetencias a la vez que se demuestra dominio del tema.

En la conferencia de la Universidad de Texas El Paso fueron varios los señalamientos que subrayaron el crecimiento exponencial de la violencia en el país. Poiré explicó el fenómeno con un argumento que coloca la causa de fortalecimiento de las organizaciones criminales en cualquier otro lado excepto la incompetencia del gobierno. Esto es, en los últimos 10 años las organizaciones criminales han aumentado su poder “con el tráfico de cocaína proveniente de Sudamérica con destino a territorio estadunidense”. En cualquier caso, Poiré se empecina en afirmar que la violencia criminal no se inició en el gobierno de Felipe Calderón, sino que obedece al cambio de modelo criminal por haber cerrado las rutas caribeñas; porque los cárteles colombianos les pagan a los mexicanos en especie y porque en los 90 años de gobiernos priístas, aumentó el consumo de drogas.

El hecho que desde diciembre de 2006 se haya exponenciado la violencia y que ésta haya ido en aumento creciente durante cinco años debe ser atribuido entonces a que a las organizaciones criminales les ha dado por catafixiar servicios de mensajería por el pago en especie; a la mejoría económica de los mexicanos que ahora sí tienen para comprar drogas y a que las bandas criminales son unas peleoneras irredentas.

Ahora que el respetable puede estar tranquilo, porque han caído 21 de los 37 líderes más peligrosos y porque la Policía Federal ha crecido a 35 mil efectivos, entre ellos publicistas, guionistas, escenógrafos y expertos asesores en producciones de televisión.

Que las organizaciones y empresas criminales no sean estructuras verticales, que sus liderazgos sean reemplazables y que la PF haya sido evidenciada como manipuladora escenográfica de escenarios y arrestos debe ser entendido como detalles irrelevantes de una estrategia que puede, como todo, tener efectos y consecuencias no deseadas.

Reiteradas veces el gobierno federal ha reclamado a estados y municipios el no comprometerse ni estar a la altura de los tiempos heroicos; de no asumir cabalmente su responsabilidad. Insatisfecho y holístico da un paso adicional hacia la disparatada perfección y ahora enfatiza en que los retos en materia de seguridad no son exclusivos de país, sino que atañen a la comunidad internacional en general “los más diversos países enfrentamos hoy un crimen organizado que teje redes entre una región y otra, que usa medios violentos para conseguir beneficios económicos y amenaza la seguridad de toda comunidad en el mundo”.

Ah.

*Es Cosa Pública

leopoldogavito@gmail.com

Fuente: La Jornada de Veracruz

Comunicado del PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!


Largos cuatro años se han unido a la interminable espera de más de cuarenta años de las familias que en la década de los setenta perdieron la querida presencia del esposo, el padre, el hijo, la hija o la madre, cuatro años que al transcurrir han lastimado la esperanza que jamás se perderá de volverlos a ver.

Todos estos años han sido años llenos de dolor, de incertidumbre, de añoranza, de rabia, de indignación, búsqueda y exigencia de justicia, años de recorrer las instancias de gobierno de “procuración” de justicia, de seguridad pública, de la Sedena, de ver rostros y más rostros de presidentes de la República, funcionarios de toda laya, siempre con la misma actitud de displicencia, complicidad y corrupción que ha alimentado la impunidad hasta hoy imperante.

Familias doloridas pero valientes, atrevidas y conscientes de los riesgos que corren al perseguir la ilusión de volver a tener entre sus brazos los tibios cuerpos queridos de los buscados y no encontrados hasta ahora.

Siempre en lucha, con la esperanza como estandarte y la exigencia como lema en el desgarrador grito ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, la esperanza de que todas las víctimas del delito de desaparición forzada cometido por el Estado mexicano durante los regímenes priistas y ahora panistas, sean presentados con vida o cuando menos saber el lugar en donde permanecen prisioneros, o en el último de los casos saber si aún están con vida y si no es así, saber en dónde descansan hasta nuestros días sus restos mortales.

Esperanza y exigencia que han trascendido el tiempo y las generaciones de guerrilleros, guerrilleras y luchadores sociales, así como hombres y mujeres sin mayor compromiso que fueron familiares o amigos, totalmente inocentes -como inocentes son todos- sin importar su edad ni condición social, y han trascendido porque el Estado mexicano representado ya sea por el PRI o el PAN, continúa cometiendo el delito de desaparición forzada, impunemente. Delito que lastima a la humanidad por ser continuado y dejar en la indefensión jurídica a las víctimas, y en la incertidumbre permanente a sus familiares que no cesarán jamás de buscar el paradero de sus seres queridos ni de buscar conocer la verdad histórica.

Desgraciadamente no hay diferencia sustantiva entre los desparecidos de ayer y los de hoy, los nombres son diferentes, el sexo, la edad, la condición social, el grupo u organización en la que militaron o a la que pertenecieron y así como hemos exigido desde siempre la presentación de todas las víctimas hoy exigimos la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas también del delito de lesa humanidad de desaparición forzada a partir del 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Ellos también son víctimas, ellos también tienen familia, ellos también están sufriendo la tortura que cada una de las víctimas de ayer y hoy han atravesado, por esa razón, nosotros militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), seguimos exigiendo su presentación, seguiremos insistiendo con el fin de contribuir a concientizar cada vez a más y más personas de nuestro pueblo para que se unan a todas las expresiones de exigencia por la presentación con vida de todas las víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada, para, con nuestros llamados a diferentes sectores del pueblo de México contribuir para construir la unidad popular cada vez más impostergable, vencer los miedos naturales que paralizan al exigir un derecho como si se pidiera una limosna y denuncien quienes no lo hayan hecho ya, la desaparición forzada de su o sus seres queridos, se unan a las manifestaciones que se están organizando, y pasen de una actitud pasiva y desesperanzada a una actitud de certidumbre.

Sí, tener la certeza de que sólo unidos pueblo, luchadores sociales, intelectuales, periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, legisladores, estadistas, todos los que somos sensibles, humanistas, progresistas, de izquierda, que utilizamos todas las formas de lucha que han ido surgiendo de la creatividad de nuestro pueblo sean éstas por la vía pacífica o armada, lograremos cobijarnos unos a otros en un gesto de solidaridad activa, no sólo declarativa y formal.

No olvidemos que es en el pueblo en dónde reside la soberanía nacional y que sólo éste tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, máxime cuando éste no responde a los intereses generales y los ha traicionado al ser incondicional de la oligarquía transnacional en simulada colusión y defensa de los intereses privados de la misma y en franca traición al pueblo mexicano.

El tiempo se acaba en la medida en que se acaban las oportunidades de un cambio radical por la vía pacífica, se está agotando en la medida en que los gobiernos anteriores priistas y panistas así como el actual no han resuelto las demandas del pueblo mexicano que exige sobre todo justicia, cese a la corrupción, no más impunidad y dice de mil maneras que: ¡Regrese el ejército a sus cuarteles de donde jamás debió de haber salido!, ¡Que se detenga la “guerra contra el narcotráfico” que de manera inconstitucional y autoritaria declaró Felipe Calderón!, ¡BASTA, no más sangre derramada del pueblo!, y efectivamente son muchos los que ¡Estamos hasta la madre de los gobiernos neoliberales! Pero, el Estado mexicano continúa sin escuchar, sin dialogar y sin dar respuesta, porque las víctimas del régimen neoliberal no damos los pasos concretos para construir la unidad de los oprimidos y los explotados.

A cuatro años de la desaparición forzada de nuestros compañeros, hermanos y camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, hacemos un llamado a todo el pueblo, a sus representantes, organizaciones populares y políticas a organizar y sostener la resistencia popular que nos permita dar el paso de la autodefensa pasiva a una autodefensa activa. Exijamos todos de manera combativa y rompiendo con todos los temores la presentación de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy, no permitamos la maniobra sucia de pretender vincular a los luchadores sociales y a los detenidos-desaparecidos por motivos políticos con la delincuencia organizada, maniobra policíaca que pretende eludir la responsabilidad del Estado mexicano en los delitos de lesa humanidad, como es el de la desaparición forzada, que en México es política de Estado.

Rechazamos la burda maniobra del gobierno que pretende vincular la detención desaparición de nuestros compañeros producto de una venganza de la delincuencia organizada, nuestros compañeros fueron objeto de la detención desaparición estructuras policíaco-militares de este gobierno antipopular, responsables de ese crimen de lesa humanidad son el gobierno federal y estatal (encabezado en ese entonces por el criminal de Ulises Ruiz).

Como ya lo hemos dicho a prepararnos todos, unidos codo a codo para desenmascarar a este gobierno espurio y luchar por una sociedad que destierre la iniquidad social. Que el temor se transforme en rebeldía popular, que la impotencia política ante la violencia institucional se torne en resistencia popular, que el dolor por la ausencia forzada de los seres queridos se convierta en organización y lucha revolucionaria. Que la indignación popular busque los causes organizativos adecuados para la autodefensa armada de las masas ante los crímenes de lesa humanidad.


¡A EXIGIR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESPARECIDOS POR MOTIVOS POLITICOS Y SOCIALES!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAIS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 47
República mexicana, a 30 de mayo de 2011

“Patraña” que Torreblanca vincule al ERPI en el asesinato de Chavarría, dice la viuda

El asesinato del diputado del PRD en 2009 fue ordenado desde altas esferas del poder, asegura

Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 28

Chilpancingo, Gro.,19 de agosto. A un día de que se cumplan dos años de la ejecución del diputado del PRD Armando Chavarría Barrera, su viuda Marta Obeso calificó de “patraña” que en su momento el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo haya pretendido vincular a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en el crimen de su esposo.

El pasado jueves, el procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, señaló que el testigo Raúl Jiménez García, presuntamente señaló a Ramiro, comandante del ERPI, como autor intelectual del crimen, testimonio que fue desechado por el Poder Judicial de la Federación mediante el juzgado de distrito, y confirmado por el Tribunal Unitario de Circuito.

Entrevistada en el homenaje luctuoso a Chavarría en un parque de esta capital, que estuvo presidido por el edil priísta de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores, señaló que Torreblanca “con esa patraña buscaba afectar a miembros del ERPI con esta salida que pretendía dar al caso”.

Recordó que han pasado 729 días desde el asesinato, por lo que demandó al gobierno estatal esclarecerlo. “Este gobierno (el de Ángel Aguirre) llegó con el bono democrático de miles de guerrerenses, ávidos de justicia, porque (con el crimen de Chavarría) fue descabezado nada menos que uno de los poderes del estado de Guerrero, que representa la voluntad ciudadana”.

Obeso se refirió a lo expresado por el procurador Alberto López de que por órdenes superiores se mandó desaparecer un desglose del expediente y “eso pensamos el mismo día que ocurrió el atentado, y dijimos que teníamos la percepción de que fue un crimen de Estado, perpetrado desde las altas esferas del poder”.

Consideró: “Si el gobierno retiró días antes la seguridad que le otorgaba, eran signos ominosos; yo lo percibía, y lo hablamos con Armando. Creo que fue un asesinato planeado, lo ejecutaron desde el poder, siempre lo he dicho, y si no que demuestren lo contrario”.

Exigió la comparecencia de Torreblanca, “pues él dijo que sabía lo que había ocurrido, que había 99 por ciento de avances en la investigación, y solo faltaba detener a los culpables; pues que diga lo que sabe”.

Astudillo demandó esclarecer el crimen y definió a Chavarría como hombre de izquierda, comprometido con sus ideas y convicciones “por eso nos hace falta para mediar en los conflictos”.

Policías de EU entrenarán a los de León y SLP

Capacitarán en Chihuahua a 190 preventivos tamaulipecos; en Juárez contratarán 2 mil 600 agentes

De los corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 29

Fuera o dentro de México, policías de Estados Unidos entrenarán a agentes municipales de León, Guanajuato, y de la capital de San Luis Potosí, como exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública, informaron ayer fuentes oficiales.

Además, 190 policías preventivos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fueron enviados a Santa Gertrudis, Chihuahua, donde serán capacitados, mientras en Ciudad Juárez el ayuntamiento anunció la contratación de 2 mil 600 nuevos elementos que se sumarán a otros tantos con los que ya cuenta la corporación.

Juan Felipe Sánchez Rocha, director de Seguridad Pública Municipal de la capital de San Luis Potosí, informó que un grupo de agentes será enviado pronto a Estados Unidos para recibir capacitación sobre desempeño operativo, sistema de justicia penal y juicios orales.

Se pretende enviar a los agentes municipales a Dallas, Austin y Houston para que aprecien y sepan cómo se instrumentan los juicios orales que en breve se pondrán en práctica en San Luis Potosí, dijo el funcionario.

Mientras se aprueba el sistema de colaboración, los policías aprenden inglés y se revisa la logística que incluye hospedaje y costos de su estancia en el país vecino, agregó.

En León, Guanajuato, el secretario de Seguridad municipal, Salvador Echeveste Guerrero, reveló que la empresa Cinco G. Consultores –contratada por el ayuntamiento para estructurar un equipo de ataque y armas especiales, conocido como SWAT– está integrada por personal de la Oficina Federal de Investigación y de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

A pregunta expresa, justificó que por cuestiones de seguridad no se licitó el contrato por 5 millones 835 mil 500 pesos que se adjudicó a CGC para integrar el grupo táctico, como acordó el 11 de agosto el ayuntamiento de mayoría panista.

El secretario de Seguridad Publica de Ciudad Juárez, Chihuahua, Julián Leyzaola Pérez anunció a partir de octubre la contratación de 2 mil 600 nuevos agentes, que se sumarán a los que ya tiene la corporación. De los casi 3 mil policías que tenía la corporación al iniciar esta administración en octubre pasado, han sido despedidos 300 elementos por falta de confianza, corrupción entre otras anomalías.

Vicente Sánchez, Carlos García, Martín Sánchez y Rubén Villlapando

Impune, la matanza de copreros ocurrida hace 44 años en Guerrero: líder del ramo

Se pretendía acallar protesta por impuestos; el saldo fue de 35 muertos

Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 28

Acapulco, Gro., 19 de agosto. El gobierno nunca castigó a los culpables de la masacre de copreros ocurrida el 20 de agosto de 1967 en este puerto, reprochó Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Productores de Coco y sus Derivados de Guerrero.

Recordó: “A las 10 de la mañana de ese día, matones a sueldo que en su momento fueron identificados, dispararon contra cientos de personas que acudían a la sede de la unión de copreros para participar en una asamblea regional que discutiría el futuro de la organización. El saldo: 35 personas muertas y 150 heridas.

“Nunca se castigó a nadie”, lamentó Salas Pérez, mientras mostraba fotos en blanco y negro de la masacre, entre las que se observa caer abatido a un niño que vendía paletas, y una panorámica donde sobresalen los tiradores ubicados en puntos claves y entre la multitud.

De los hechos culpó al entonces gobernador Raymundo Abarca Alarcón, quien quería evitar que los campesinos protestaran por los impuestos a su producción, y a los acaparadores que fijaban el precio de la copra a su conveniencia.
El conflicto se debió al resquemor de los empresarios debido a la fuerza adquirida por la unión, pues ésta “pagaba a 3.50 pesos el kilo de la pulpa del coco y los acaparadores lo pagaban a 50 centavos, estaban robando”, dijo.

Empresarios, políticos y acaparadores le tenían miedo, pues ya integraba a mil 800 socios, principalmente de la Costa Grande.

Entonces, como preámbulo de la matanza, los caciques encabezados por Rosendo Ríos Rodríguez tomaron la sede de la unión. Sacaron a los administradores de la sede “y saquearon las instalaciones y las cuentas bancarias y así llegó el 20 de agosto”.

Finalmente señaló que apenas inicia el repunte de la copra, pues la están pagando 15 pesos el kilo.

Semarnat autoriza a Minera San Xavier reanudar la extracción de oro y plata

Le concede permiso de impacto ambiental que le había revocado por segunda vez

Durante dos años opositores denunciaron que la empresa degradaba la ecología de Cerro de San Pedro



Accesos cerrados a la Minera San Xavier, empresa filial de la canadiense New Gold, ubicada en San Luis Potosí. Abajo, panorámica de Cerro de San Pedro, durante la explosión de dinamita que la minera realiza en sus labores de extracción de oro y plata. Foto Archivo La Jornada

Vicente Juárez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 27

San Luis Potosí, SLP, 19 de agosto. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la empresa Minera San Xavier (MSX), de capital canadiense, el permiso de impacto ambiental con la finalidad de que continúe sus operaciones de extracción de oro y plata en Cerro de San Pedro, municipio del mismo nombre, informó Alfredo Sánchez Azúa, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El funcionario aseveró que la autorización a la minera le fue otorgada la semana pasada, e indicó que ahora corresponde a la Profepa revisar que MSX, filial de la canadiense New Gold, cumpla con la normatividad ambiental exigida a todas las empresas de este tipo.

Hace dos años, como resultado de procedimientos legales de opositores a la operación de la compañía, la Semarnat revocó por segunda ocasión la autorización de la manifestación de impacto ambiental que permitía la operación de MSX. Entonces fue clausurada por la Profepa, pero se amparó, por lo que la extracción de metales en ningún momento se detuvo.

Desde el 10 de agosto pasado se informó que las condiciones que llevaron a la Semarnat a revocar dicho permiso a la planta habían “desaparecido”, pues en marzo pasado, el gobierno de San Luis Potosí publicó el decreto del plan de desarrollo urbano de tres municipios, entre ellos Cerro de San Pedro, con lo cual cambió el uso de suelo del área que explota la MSX el cual, desde 1993, era de restauración de la vida silvestre.

Con esta modificación se eliminó dicho uso y se permitió la actividad minera, ante lo cual los opositores presentaron un nuevo amparo, el cual quedó anulado en los hechos.

Durante más de dos años, los opositores dieron la pelea contra MSX con acciones simultáneas en San Luis Potosí y la ciudad de México a fin de evitar que continuara sus actividades que, dijeron, contaminan y degradan el medio ambiente del municipio Cerro de San Pedro y de paso el de San Luis Potosí.

El principal argumento contra su operación era que los trabajos son a cielo abierto, pues esta práctica ha sido censurada en varios países por sus elevadas afectaciones al medio ambiente, en particular por la contaminación de los mantos acuíferos, así como por su alta toxicidad por el uso y desecho de cianuro y metales pesados para la extracción de oro en muy pocas cantidades de toneladas de tierra.

Por esas fechas el Frente Amplio Opositor clausuró simbólicamente la mina, en demanda de que se cumplieran los fallos de los tribunales, que en todos los terrenos han ganado e ilegalizado la mina junto a sus trabajos a cielo abierto.

Sin embargo, “en complicidad” con las autoridades sanitarias, ambientales y judiciales, según los opositores, MSX siguió operando, acorde con el alza del precio de oro, y hoy son responsables de una avanzada destrucción del cerro de San Pedro, que en otros tiempos diera nombre a la ciudad y al estado mismo, denunciaron.

Sólo durante 2010 la producción de oro, sin permisos ambientales, fue 24.2 por ciento superior a la obtenida en 2009. La extracción total sumó 118 mil 708 onzas (3.7 toneladas) de oro, que tienen un valor de 145.6 millones de dólares, de acuerdo con el informe anual 2011 de la Cámara Minera de México.

En diciembre pasado, la minera argumentó que la inversión total estimada para el proyecto asciende a mil 300 millones de pesos, la cual ya se ejecutó a la fecha. Los gastos de financiamiento promediados durante la operación representan 28 millones de pesos anuales en salarios, 250 millones en bienes y servicios y derivados del pago de impuesto 14 millones, por lo cual los gastos totales durante la vida del proyecto ascenderán a 2 mil 476 millones de los cuales 126 millones son por concepto de impuestos.

A últimas fechas los opositores a la MSX habían mostrado bajo perfil, pero se prevé que las protestas recobren fuerza cuando se enteren que MSX volverá a operar.

Macro-complejo en montes azules abuso sobre los campesinos

En de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA), la primera de su tipo decretada en México y considerada por las autoridades ambientales “zona prioritarias para la conservación”, está por comenzar la construcción de un macro-complejo hotelero, sin el consenso de los pobladores y sin perseguir un verdadero desarrollo sustentable. Durante 2010 la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y empresarios privados, negociaron con los pobladores del ejido Emiliano Zapata, cuyas tierras colindan con la laguna Miramar (que es vital para la conservación), la concesión de cuatro hectáreas de terreno para la construcción del complejo y el derecho de explotación turística de la laguna por los próximos 30 años.

Varios observadores señalan que las medidas de reubicación y desalojo de poblaciones rurales –sobre todo indígenas– asentadas “irregularmente” en la RIBMA (esto es, instaladas con posterioridad a su decreto, en el año de 1978) buscan expulsar a la población para posteriormente explotar las zonas en términos turísticos o comerciales (como reservorios de diversidad biológica o para la producción de monocultivos).

Lo anterior, particularmente en el caso de las localidades “irregulares” cercanas a las lagunas Suspiro, Ocotal y Ojos Azules (donde se encuentran las comunidades de posible reubicación, Seis de Octubre y Nuevo San Pedro). Y la situación puede extenderse a un puñado de otras localidades “irregulares” (tales como, Nuevo San Gregorio, Nuevo Salvador Allende, Benito Juárez y Ranchería Corozal).

Así, la construcción del complejo turístico en la laguna Miramar le da la razón a quienes interpretan los procesos que tienen lugar en la selva Lacandona, en términos de privatización y subordinación. Las autoridades ambientales, que han avalado este proyecto no buscan vincular a las poblaciones locales con los beneficios y responsabilidades de la conservación, sino que, con sus acciones de facto, resultan corresponsables de los procesos de apropiación de zonas estratégicas de la Selva Lacandona.

En tal tenor se inscribe el desarrollo de centros de ecoturismo en manos de empresarios, o la reconversión de amplias zonas al monocultivo (de palma africana, o de jatropha para la producción de biocombustibles, entre otras plantaciones).

Los pobladores afectados dan cuenta de cómo se determinó el proyecto del complejo hotelero y de sus antecedentes:

El ejido Emiliano Zapata obtuvo su Resolución Presidencial en 1969. El decreto de la RIBMA, que comprende parte de las tierras del ejido, es posterior. El ejido tiene aptitud para la producción agropecuaria y el ecoturismo: tierras planas, agua abundante y un atractivo turístico inigualable. Suman 850 habitantes del ejido; son hablantes de ch’ol y de tzotzil en proporciones semejantes. Son milperos que producen para su propia alimentación. La ganadería es lo único que mandan al mercado. Son muy pocas las familias que no tienen al menos a uno de sus integrantes emigrado, trabajando fuera de la comunidad, muchos en Estados Unidos.

En 1999-2000, los ejidatarios construyeron seis cabañas rústicas, financiadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Pueden albergar a 30 huéspedes y se ubican en la cabecera del ejido, distante a 5.5 kilómetros de la laguna. Para su administración, se constituyó la Sociedad de Ecoturismo de Zapata, Laguna Miramar, la cual cuenta hoy con 125 integrantes, o sea la mayoría de los ejidatarios (salvo un pequeño número de ellos, que renunció a su participación por no resultarles redituable económicamente). No existe otra opción permanente de empleo remunerado en el lugar.

La laguna Miramar es el indiscutible atractivo de la zona. Por ello, en general, los turistas no se hospedan en las cabañas y prefieren acampar o instalar hamacas en la laguna; donde no hay mayor infraestructura para albergarlos. Por ello, en 2002-03 los ejidatarios solicitaron a la CDI y a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) la instalación, en las inmediaciones de la laguna, de diez cabañas similares sobre 500 metros cuadrados. También pidieron la construcción de un camino “saca cosechas”; que serviría tanto para acceder a sus parcelas y potreros de la zona, como para mayor facilidad de acceso a los turistas.

Ambas solicitudes fueron denegadas reiteradamente entre 2004 y 2009 por la Semarnat con el argumento de la importancia de la laguna para la conservación ambiental regional.

En 2010 la Sectur informó a los habitantes de Emiliano Zapata que el proyecto de las cabañas sí era viable pero no en la forma modesta que había sido solicitado, sino como un gran complejo hotelero, en un área de 40 mil metros cuadrados (que será concesionada por los ejidatarios) distante de la laguna en poco más de un kilómetro.

El proyecto implicará 22 millones de pesos de inversión pública y privada. Se prevé la construcción de una carretera para acceder al complejo en aras de una mayor comodidad y afluencia de los turistas. Sobre los estudios de impacto ambiental y la autorización de la Semarnat, la Sectur señaló a los ejidatarios que no tenían por qué preocuparse, pues ya aquélla había efectuado los estudios respectivos y signado la autorización del proyecto.

La donación por 30 años de las cuatro hectáreas de terreno y el derecho a explotar turísticamente la laguna tendrían varias etapas: durante los diez primeros años, los empresarios turísticos que efectuarán parte de la inversión no podrán ser removidos de la administración del complejo, pero la directiva de la Sociedad de Ecoturismo de Zapata podrá formar parte de la administración, y recibir diez por ciento de las ganancias. Luego de ese plazo, los ejidatarios tendrán la opción de administrar el complejo, “siempre y cuando” se hayan capacitado (no hay claridad sobre el grado de capacitación que se demandará). De no lograrse la capacitación, la administración continuará en manos de los mismos u otros empresarios en los siguientes diez años. Concluido ese tiempo (ya en el año 2031-2032), nuevamente se abrirá la ambigua posibilidad del cambio de administración, de cara al último periodo de posesión contemplado en el convenio (que concluirá en 2041-2042).

La Sectur ofreció la creación de fuentes de empleo, pavimentar las calles del poblado, construir el camino “saca cosechas” antes demandado, arreglar el drenaje, embellecer las casas para una “mejor presentación” a los turistas, y “con el tiempo”, remodelar la primaria y la secundaria locales. Asimismo, las autoridades de Sectur indicaron a los ejidatarios que los turistas vendrían en grandes grupos y como usuarios de paquetes “todo pagado”.

Luego de que los ejidatarios conocieron la propuesta, efectuaron asambleas para discutirla. Los principales temores expresados fueron: perder el control de sus tierras; el que los empresarios “se sientan los dueños”, mientras ellos se convierten “en sus mozitos” (sus sirvientes), y quedar al margen de las ganancias. Informaron a la Sectur que no aceptaban el proyecto. Sin ocultar su molestia, antes de abordar el helicóptero que siempre la transportaba, la “licenciada Mónica”, encargada de la negociación por parte de la Sectur, increpó a los campesinos: “Está bien, si no quieren ser razonables, el proyecto se hará en la comunidad de Benito Juárez”, localidad considerada “irregular”; los ejidatarios de allí sí aceptarían, según la funcionaria, pues ya antes han solicitado proyectos similares.

Ante esa presión, la asamblea se reunió nuevamente, hubo una fuerte discusión, y el sector de la comunidad proclive al proyecto impulsó y logró por mayoría que se aceptara. A principios de 2011 se firmó el convenio entre las autoridades ejidales, la Sectur y el empresario involucrado.

El proyecto está por comenzar, pero la comunidad está dividida, y no sólo entre quienes están a favor y quienes están en contra, sino: los activos promotores, los que simplemente aceptan la propuesta ante la promesa de los empleos que serán generados; aquellos que la rechazan al considerar que perderán el control de sus tierras y quienes apoyan la idea por buscar una indemnización monetaria. También están los que se oponen mientras no haya un consenso. A decir de algunos, los promotores entusiastas del proyecto son las anteriores autoridades ejidales y representan una franca minoría.

Resulta evidente que la Semarnat usó distintos criterios “ambientales” al evaluar el proyecto y solicitud de los ejidatarios y el de la Sectur e iniciativa privada. ¿Por qué esta discrecionalidad en los criterios?

En un texto publicado por la Semarnat (Patrimonio natural de México. Cien casos de éxito), se señala que la RIBMA es uno de los casos “exitosos de conservación” a cargo de la dependencia, entre otros factores por la generación de distintos proyectos de desarrollo que vinculan a la población local con la preservación del entorno.

El proyecto de la Sectur no genera mecanismos para que las poblaciones asentadas en regiones estratégicas para la preservación ambiental puedan alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo, sino que corresponde a planes de largo plazo que aseguran el control de espacios estratégicos a grupos empresariales. No implica otorgar a sectores empobrecidos fuentes de ingreso “seguras y dignas”, sino la reproducción de un modelo que divide a la sociedad entre quienes administran los bienes y conservan 90 por ciento de las ganancias y quienes hacen trabajos precarios y se reparten el diez por ciento restante.

En la lógica empresarial de la Sectur, avalada por la Semarnat, poco importa que los ejidatarios de Emiliano Zapata realicen permanentemente guardias en la laguna para, entre otros objetivos, impedir la cacería furtiva y posibilitar así la conservación de la zona, o el hecho de que, a pesar de encontrarse en una región estratégica, varias de las familias locales tengan al menos a uno de sus miembros trabajando de modo ilegal en Estados Unidos.

Más bien, las enormes carencias de la población ubicada permiten a estas autoridades presionar a los pobladores para que acepten posiciones secundarias en sus tierras y en los proyectos que ellos mismos han gestionado.

Fuente: La Jornada del Campo. Agosto 20 de 2011.

Ni PRI, ni PAN, ni PRD

¿Qué reclama el PAN si es igual o más corrupto que el PRI? Y el PRD va por el mismo camino
Pedro Echeverría V.

1. El PRI gobernó México 70 años, siendo una de las dictaduras presidenciales más largas en el mundo. El PAN sólo ha gobernado desde la Presidencia once años y han sido igual de corruptos y pro empresariales a las siete décadas gobernadas por el PRI. El PRD no ha ocupado la Presidencia pero sus gobernadores en Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Michoacán, han demostrado estar hechos con el mismo molde y barro que priístas y panistas. Lo único que garantizan esos tres partidos es la continuidad de la corrupción, la privatización, el saqueo de la riquezas y, lo más importante, seguir manteniendo al 70 por ciento de la población (unos 75 millones de mexicanos) en la pobreza y la miseria. Electoralmente sólo queda con alto grado de esperanza el voto por López Obrador –quien durante seis años ha recorrido día tras día todo el país- para la Presidencia. Si tampoco él puede, sólo queda el camino de la revolución violenta. ¿O qué otro?

2. La realidad es que los procesos electorales han representado para los electores- no para la izquierda honesta- un poco de esperanza y un buen entretenimiento. Pensando en que “ahora sí, en la próxima elección, con el presidente que sigue”, han pasado décadas, incluso siglos, y la situación de la población en vez de mejorar se ha tornado más difícil. El capitalismo y la llamada democracia, desde que existen como forma de Estado dominante y mediatizador, han prolongado la vida del sistema de explotación y opresión, usando las elecciones como forma de control. Partidos y políticos han adoptado la democracia burguesa como un medio de vida creando muchas esperanzas de cambio para los electores. Pero si revisamos brevemente la historia, aunque sea de manera mínima, nos encontraremos que la “democracia electoral” lo único que ha hecho es reconfirmar en todos los países la dominación de los sectores políticos y económicos altos y medios altos.

3. El PRI, como he planteado en centenares de artículos, defendió durante 50 años, hasta fines de los setenta, el llamado “nacionalismo revolucionario” que le permitía aunque fuera una mínima independencia respecto a los gobiernos yanquis; así mismo le permitió hacer una política agraria y social, aunque un tanto demagógica, paleo el problema de agrario y campesino. No usó el discurso empresarial y privatizador ni tampoco apoyó la privatización de los servicios de salud y educación. Sin embargo a partir de 1982, el gobierno de De la Madrid firmó la llamada “Carta de Intención” con el FMI y los EEUU en el que México se comprometió a una política de privatización, de austeridad en el gasto social, al pago puntual de intereses y a someter su gobierno al de los EEUU. ¿O se ha olvidado acaso el enorme significado de la imposición del neoliberalismo en la política y la economía mexicana y del mundo en los últimos 30 años?

4. No debe olvidarse que los gobiernos de la Thatcher y Reagan significaron, a partir de los años ochenta, algo así como “un corte histórico”, como un “cambio de paradigma” en el modelo y el manejo económico capitalista en el mundo. Se impuso la desaparición de la intervención del Estado en la economía para apoyar totalmente la política privatizadora de los recursos energéticos, de los transportes, de la comunicación, de la producción fabril, de las tierras, los servicios de salud y de educación. Si antes el Estado corrupto en manos del PRI -aunque trabajando con números rojos- concentraba un control de una parte de la economía para garantizar inversiones y servicios sociales, a partir de que en 1982 en México se comenzaron a vender las dos mil empresas estatales y paraestatales (tierras ejidales, bancos, aviones, ferrocarriles, teléfonos, televisoras, siderúrgicas, desfibradoras, petróleo, electricidad) ya el presupuesto no alcanza para inversión social.

5. Si el PRI de derecha representó el extremo de la corrupción y la política de abandono a los trabajadores, el PAN –como partido de la derecha extrema- profundizó la corrupción y desatención de los problemas de la población. Si antes del año 2000 –a pesar de conocer profundamente su historia- coincidí con ellos en alguna lucha contra los gobiernos corruptos del PRI, después de un mes del gobierno empresarial de Fox en ese mismo año, reconfirmé todo lo que conocía por mis estudios y experiencias. Puedo saludar a un dirigente priísta o panista, incluso hablar de otras cosas, pero cuando hablan de política me parecen que están vomitando basura que no soporto. ¿Cómo apoyar a un panista contra el PRI o a un priísta contra el PAN si son la misma basura oportunista ávida por hacer negocios? Lo malo es que el PRD se hunde en el mismo estiércol y ya no parece tener salvación. Quizá le queden militantes de base que no están por el poder, pero es difícil.

6. Ante tan negro panorama político-electoral que sólo ha servido a la clase política y empresarial, he concluido siempre que no tiene caso votar a pesar de que de los 500 legisladores surjan dos o tres rebeldes que hablan y hablan sin que nadie les haga caso. Trabajen con pasión por López Obrador, así como lo hicieron hace seis años y así como trabajaron por Encinas en el Estado de México; pero después en vez de echarle la culpa a los demás, a las 100 mil trampas, a los 500 millones dilapidados o a los 100 mil fraudes del gobierno, pónganse a pensar en serio en las décadas que tontamente hacemos lo mismo. Mil pretextos para no decir que hemos sido derrotados y para no abandonar ese camino que lleva más de un siglo jugándole el dedo en la boca al pueblo. ¿Es que acaso no se conoce la experiencia electoral en el mundo, en América y los mil un pretextos para esconder que las cosas siguen igual o peor de mal para los trabajadores?

7. En la entidad donde radico, Yucatán, pequeño estado mexicano de 2 millones de habitantes, las ideas derechistas y clericales son absolutamente dominantes por lo menos desde el siglo XIX. El PRI y el PAN, partidos al servicio del capital, se enfrentan violentamente por la gubernatura llegando hasta los golpes en la más aristócrata y burguesa avenida que comunica los domicilios, empresas y comercios de los hombres millonarios de la ciudad de Mérida, la llamada Casta Divina. Se espera que los ciudadanos no se dejen usar en la contienda por el PRI y su órgano periodístico Por Esto!, ni tampoco por el PAN y su periódico Diario de Yucatán. Los conflictos –con cualquier pretexto- van a multiplicarse en estos dos años de campañas políticas. Espero que la izquierda más honesta sepa diferenciarse de esos grupos de bandoleros que sólo buscan el poder y más dinero y que también sepa orientar a la población en la defensa de sus verdaderos derechos populares.

Inician pueblos de Guerrero lucha contra labor de mineras extranjeras

Desplegarán hoy más de 700 policías comunitarios en la Costa Chica y la Montaña

El gobierno federal otorgó concesiones a las empresas para explotar yacimientos en una zona de 500 kilómetros

No les “pidieron permiso”, la actividad es contaminante y se llevan las ganancias, dicen


En imagen de archivo, policías indígenas de la comunidad Plan de Ayala, en la región guerrerense de la Costa ChicaFoto Lenin Ocampo

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada

Domingo 21 de agosto de 2011, p. 26

Chilpancingo, Gro., 20 de agosto. De las 7 horas a la medianoche del domingo, la Policía Comunitaria desplegará a sus aproximadamente 700 integrantes en carreteras, caminos y veredas, así como a la entrada y salida de las 63 comunidades de 10 municipios de la Costa Chica y la región de la Montaña, para informar del inicio de la lucha contra las empresas mineras canadienses e inglesas que pretenden explotar yacimientos de oro y plata, entre otros metales, sin el consentimiento de los pueblos indígenas.

Así lo informó Valentín Hernández, asesor jurídico del grupo de autodefensa conocido también como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quien en entrevista telefónica afirmó que los policías comunitarios instalarán retenes y repartirán volantes mediante los cuales informarán de los avances de la lucha contra las compañías mineras.

Recordó que esas empresas extranjeras pretenden explotar yacimientos en un área de 500 kilómetros a partir de concesiones que les fueron otorgadas por el gobierno federal en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Iliatenco y Metlatónoc, principalmente.

Trascendió que este año iniciará la explotación en tres puntos: uno, por la empresa inglesa Hochschild Mining y su filial Minera Zalamera. Ésta explotaría 47 mil hectáreas otorgadas a nombre de proyecto Corazón de Tinieblas, en áreas específicas de los municipios de La Montaña y Costa Chica.

Dos proyectos más son los de San Javier y La Diana y estarán a cargo de la canadiense Camsim Minas SA. El primero tiene 15 mil hectáreas concesionadas por 46 años por el gobierno federal bajo el nombre de Diana a la empresa Camsim.

Se sabe que desde el 21 de octubre de 2010 dichas compañías recibieron los permisos del gobierno mexicano mediante la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Desde entonces, y bajo la influencia de la CRAC, asambleas de 30 núcleos agrarios rechazaron formalmente que esas transnacionales exploten los yacimientos descubiertos debido a que no pidieron permiso a las comunidades y a que su actividad es altamente contaminante y los beneficios para los habitantes son pocos, pues la mayor parte de las ganancias las sacan del país.

Para reforzar este rechazo, la CRAC movilizará este domingo a sus 700 policías comunitarios, en un operativo que además será de “apoyo a la población en materia de seguridad, ya que a partir del lunes 22 de agosto maestros y estudiantes regresarán a sus labores y a clases.”

La movilización servirá también “para posicionar a los compañeros del municipio de Marquelia, en la Costa Chica, que están siendo hostigados por el ayuntamiento y por caciques que no están de acuerdo con la policía comunitaria”. Ellos demandaron la salida de la policía comunitaria pero se equivocan, pues sólo el pueblo, en sus asambleas, es el único facultado para hacer esa petición”, dijo.

Valentín Hernández dijo que la policía va a suspender temporalmente la atención a asuntos de seguridad en la Casa de Justicia asentada en la cabecera municipal de San Luis de Acatlán, una de las tres con que cuenta la CRAC en la región. “(Allí) vamos a proponer que los barrios y colonias se integren a la organización pues esta cabecera no tiene policía comunitaria”, dijo Valentín Hernández.

Recordó que del total de asuntos de justicia y seguridad que se atiende en la Casa de Justicia, “más de la mitad proviene de la cabecera municipal de San Luis Acatlán.

La CRAC fue fundada en 1995 por habitantes de poblados indígenas de las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero. Desde entonces han disminuido hasta 90 por ciento los homicidios, violaciones, abigeato y otros delitos.