jueves, 21 de mayo de 2009
Bitácora Mexicana y Encuentro del 17 de mayo de 2009
Bitácora Mexicana del 17 de mayo del 2009
Tema. Derechos Humanos: Reforma frustrada
Invitados: Miguel Concha y Ricardo Sepulveda
Audio de programa Encuentro del 17 de mayo de 2009.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Virgilio Caballero hablan sobre la declaraciones de Miguel de la Madrid y sobre PEMEX.
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Cortesia AMLOTV
Cigarreras bloquean ley antitabaco
A casi un año de la publicación de la Ley General para el Control del Tabaco, su reglamento sigue en revisión.
Especialistas señalan que sin la normatividad los establecimientos incumplen con la ley que protege la salud de los no fumadores. Además, sostienen, hay una clara intervención de la industria tabacalera y restaurantera. La Secretaría de Salud y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, responsables de dilatar el proceso
De acuerdo con los artículos segundo y quinto transitorios de la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), su reglamento estaría listo a más tardar 180 días después de publicada, es decir, en noviembre de 2008. No obstante, a la fecha, la disposición por la que se harán especificaciones para garantizar la protección a la salud de los no fumadores sigue en revisión.
Especialistas advierten que, sin la reglamentación, los sujetos obligados hacen caso omiso a la ley. Señalan que sin ella no cumplen cabalmente con lo establecido en la legislación. Por otro lado, exponen que en el proceso para la elaboración del reglamento pesan más los intereses de particulares de la industria del tabaco y de restaurantes.
La LGCT fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008. Tiene como objetivos, entre otros, proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco, proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios ciento por ciento libres de humo y establecer las bases para la protección contra el tabaco.
Sólo su capítulo tercero, formado por cuatro artículos, regula el consumo de tabaco. De este modo prohíbe que se consuma tabaco en los espacios ciento por ciento libres de humo y en escuelas públicas y privadas; permite zonas exclusivas para fumar en lugares con acceso al público o en áreas interiores de trabajo y establece obligaciones para los responsables.
Óscar Vásquez, asesor de adicciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, observa que mientras el reglamento no se apruebe “los cuatro artículos pueden interpretarse de muchas maneras”.
Del 9 de abril al 31 de octubre de 2008 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (Ssa) elaboró el anteproyecto de reglamento. El 4 de noviembre éste fue enviado junto con la Manifestación del Impacto Regulatorio a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
El 5 de noviembre de 2008 la Cofemer publicó en su portal los documentos para consulta pública conforme lo establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Veinte días después, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, encargado de garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, le hizo un requerimiento a la Ssa para integrar correctamente la Manifestación del Impacto Regulatorio y hacer aclaraciones.
Sin embargo, por el periodo vacacional, la entidad tardó tres meses en responder. Hasta el 2 de abril, la Cofemer publicó su Dictamen total (no final) respecto del anteproyecto deno minado Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco.
Norma Ibáñez, enlace gubernamental y con la sociedad civil de la Fundación Interamericana del Corazón México (FIC), subraya que la ley debe ser aplicada aunque no haya un reglamento. Expone que las autoridades han tolerado que los sujetos obligados, so pretexto de no existir la normatividad, no cumplan con la ley.
Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo ocupa la segunda causa de muerte en el mundo. El Instituto Nacional de Salud Pública estima que en México hay 165 muertes al día por esa causa. Al año se consumen en el país 48 mil 905 millones de cigarros y 16 millones de personas son fumadores activos. De acuerdo con la FIC, entre 30 y 40 por ciento de quienes respiran humo de tabaco de segunda mano presentan más probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares.
Intereses por encima de la ley
En opinión de Norma Ibáñez, en el proceso de elaboración de un reglamento, “sobre el derecho a la protección de la salud están los intereses de los establecimientos mercantiles y la industria tabacalera”.
Declara que luego de recibir 160 comentarios al ante proyecto, en el Dictamen total de la Cofemer “se ve una tendencia muy dirigida y sesgada de protección a ultranza de los intereses de la industria tabacalera, dejando a un lado la protección a la salud”. Apunta que la Cofemer desestima información otorgada por Salud, sobre todo en el tema de las zonas exclusivas para fumar.
En su anteproyecto, la Ssa subrayó que el Estado deberá proteger la salud de la población, donde se incluyen a los trabajadores de los establecimientos con áreas exclusivas para fumar.
Sin embargo, el oficio COFEM/ 091415 sobre el Dictamen total, del 2 de abril de 2009, indica que es conveniente que la entidad considere en igualdad de importancia la libertad de trabajo y la voluntad de los individuos para exponerse al humo del tabaco.
La Cofemer recomienda que se evalúe la conveniencia de eliminar esa prohibición.
En todo caso, sugiere, el personal podría entregar de manera voluntaria una declaración por la que manifiesta que asume los riesgos inherentes a la salud.
Impedir otras actividades diferentes a fumar, advierte, llevaría al extremo de sancionar a personas que realicen acciones como leer, conversar o convivir. Sostiene que ello plantearía un supuesto casi imposible de cumplir o hacer cumplir por parte de los sujetos regulados y las autoridades.
Para Norma Ibáñez, “la obligación del Estado es proteger la salud de las personas. No es una medida justa ni equitativa para los trabajadores y significa un retroceso, pues va en detrimento de su salud”.
Respecto de la medida de las áreas exclusivas para fumar (no mayor a 20 metros y que no exceda el 30 por ciento de la superficie total según el artículo 66 del anteproyecto), la Cofemer considera que “limita la libertad de los particulares. Por lo que se recomienda a esa secretaría revalorar la conveniencia del establecimiento de dichos límites”.
Sin embargo, la también excolaboradora del Consejo Nacional Contra las Adicciones califica de falso ese argumento. Añade que no hay que perder de vista que se trata de medidas de salud pública: “Muchos intereses van y vienen y se pierde el objetivo”.
En la regulación de la actividad tabacalera, la Cofemer solicita a la Ssa justifique por qué dispuso que las licencias sanitarias a productores tendrían una vigencia de tres años. Tampoco coincide con que el importador esté obligado a presentar su etiqueta de origen para corroborar que hay identidad entre el producto que se vende y el que se exporta, y obtener su permiso sanitario.
La Cofemer concluye que los beneficios que reporta la Ssa están sobrevalorados, al estimar que las acciones puedan disminuir hasta el total del gasto en salud en enfermedades provocadas por el tabaquismo y la exposición al humo. Explica que la entidad no considera que los no fumadores se encuentren expuestos al humo de tabaco en diversos sitios, siendo los espacios públicos sólo una porción del total de lugares donde están expuestos.
Por otro lado, destaca que la iniciativa no aborda con precisión la promoción de acciones tendientes a reducir el consumo de tabaco y no se hace una sola mención al Programa contra el Tabaquismo de la LGCT.
El documento dirigido a Miguel Ángel Toscano, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sugiere que se incluyan mayores medidas de educación sobre los efectos del tabaquismo y los problemas asociados con esa adicción.
La Cofemer observa que acciones contenidas en la ley no son desarrolla das de manera específica en el anteproyecto, como las características que deberán contener las leyendas y pictogramas de los empaques de tabaco o la declaración de contenido, emisiones y riesgos.
Ello, advierte, puede ocasionar que no opere en su totalidad la LGCT, que las autoridades no cuenten con las herramientas para su instrumentación y que los sujetos regulados no tengan certeza jurídica sobre sus obligaciones.
Norma Ibáñez concluye que se debe contar con un reglamento fuerte que pueda especificar de mejor forma, subsanar lo que la ley establece y proteger ante todo la salud.
Argumentos de tabacaleras
El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que existe “un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y de la política de salud pública”. De esta manera, el artículo 5.3 del CMCT obliga a las partes a proteger el sistema de salubridad y detalla medidas para tratar la influencia e interferencia de las cigarreras.
Sugiere que los gobiernos divulguen sus tácticas, limiten la interacción con ellas; eviten conflictos de intereses, rechacen asociaciones, contratos, acuerdos voluntarios, ofertas de asistencia o propuestas para el control del tabaco. Además, que exijan que las cigarreras informen públicamente sus actividades y prácticas; que impongan sanciones; que no entregue incentivos, privilegios, beneficios o exenciones, y que controlen sus actividades mediante organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.
Al respecto, la Ssa declaró en su anteproyecto que el CMCT es un instrumento que forma parte del orden jurídico y, por consiguiente, se deben cumplir las obligaciones establecidas; sin embargo, la Cofemer recomienda en su dictamen que se evalúe el alcance de esa acción regulatoria, a fin de evitar que conlleve a obligaciones superiores de las establecidas en la LGCT, pues “traería de facto el incumplimiento por parte de los sujetos regulados”.
Abierto a consulta, el anteproyecto de reglamento también recibió las observaciones de la industria tabacalera. Philip Morris enumera que ciertos artículos violan garantías individuales de fabricantes, importadores y exportadores de productos de tabaco en igualdad de audiencia, libertad de comercio e industria, legalidad y seguridad jurídica.
Además, “con el ordenamiento, el Ejecutivo invade el ámbito de competencia del Congreso de la Unión, violentando el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley”.
Considerada la mayor empresa tabacalera del mundo, productora de Marlboro, Benson & Hedges y Bristol, Phillip Morris asevera que no apoyará medidas que “eliminen la competencia en el mercado, priven a los consumidores adultos el derecho a seleccionar los productos que desean consumir y generen prohibiciones de facto, cediendo el mercado al comercio ilegal”. Tampoco el uso inapropiado o abusivo del reglamento que derive en disposiciones contradictorias. Sin embargo, acepta que se exija a fabricantes e importadores la obtención de una licencia sanitaria.
El artículo 37 prohíbe que los paquetes y etiquetados externos contengan insertos o documentos desprendibles con leyendas de advertencia o información que aluda a las características o uso: “La prohibición se aparta de lo establecido en la ley y, por ende, es violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
También el anteproyecto de la Ssa propone que las cajetillas incluyan información sobre contenidos y riesgos. Phillip Morris refiere que se han identificado más de 4 mil 700 emisiones en el humo del cigarro, por lo que “resulta técnicamente imposible imprimir los nombres de un número tan elevado, dado el poco espacio que queda”.
En el tema de la reglamentación de publicidad, la cigarrera sostiene que, como hasta ahora, debe permitirse comunicar información de las marcas a fumadores adultos, quienes tomaron la decisión de consumir dichos productos a fin de mantener una competencia leal y vigorosa.
Respecto del artículo 53, que faculta a la Ssa para apli car medidas de seguridad cuando se advierta que en la publicidad se utilizan mensajes que desvirtúen o contravengan lo establecido en materia preventiva y educativa, Phillip Morris se dice preocupado. Dice que los procedimientos de verificación de publicidad previstos carecen de la más mínima garantía de audiencia.
Por otro lado, British American Tobacco México, que domina el 37 por ciento del mercado de cigarrillos con marcas como Kent, Lucky, Strike, Pall Mall, Montana, Raleigh y Camel, se declara a favor de las áreas exclusivas para fumadores y los espacios ciento por ciento libres de humo.
El artículo 66 define que ese espacio no podrá ser mayor de 20 metros cuadrados ni exceder el 30 por ciento de la superficie total del local, sin que se incluyan áreas destinadas a la cocina, preparación de bebidas, equipos de sonido, sanitarios, terrazas ni estacionamientos.
Para la tabacalera, la disposición rebasa el artículo 27 de la ley, que “en ninguna parte prohíbe que en las zonas exclusivamente para fumar se sirvan lícitamente alimentos o bebidas o se ofrezca cualquier otro servicio o se utilicen para recreación”. Esta limitación, agrega, no debería existir en el reglamento.
Califica la dimensión máxima de 20 metros como arbitraria, injusta y desproporcional, pues considerando el tamaño de los establecimientos sería un trato diferenciado y discriminatorio.
British American Tobacco México cree que el 30 por ciento es más razonable y proporcional a los locales: “Si se considera que la incidencia de fumadores en el país es de 31.8 por ciento, hace todo sentido utilizar este parámetro para determinar el tamaño adecuado de estas zonas y, si es a discreción del dueño, mejor aún, ya que se respetarían las garantías de libertad de comercio, igualdad y no discriminación”.
Para European Cigar Manufactures Association (ECMA), que controla más del 90 por ciento de la producción de cigarrillos en la Unión Europea, el cigarro es un producto excepcional que debe tratarse según las características específicas de su industria, productores y consumidores.
Con un total de 6.5 billones de cigarros fumados en la Unión Europea durante 2007, su consumo sólo representa 0.8 por ciento del total de los productos del tabaco: “Para los fumadores, que en su mayoría son hombres adultos de 35 años, fumar es un deleite ocasional”.
El documento, firmado por su secretario general Marcel Crijnen, sugiere que el reglamento sea enmendado. Entre los puntos a corregir, ECMA destaca que se suplante el certificado por el que el país de origen debe garantizar que el producto cumple con las normas.
El artículo 21 del anteproyecto solicita que las cigarreras presenten constancia expedida por la autoridad competente del país de origen, responsable de regular el proceso y calidad del producto, que garantice que es un producto apto para uso y consumo humano.
Expone que no es algo previsto por las leyes europeas, por lo que se teme que las autoridades no entreguen ese tipo de documento: “El requerimiento puede obstruir severamente el intercambio comercial entre la Unión Europea y México”.
Asegura que los exportadores de cigarros incluyen las normas internacionales en sus paquetes; la ECMA asevera que sin un estándar que mida el contenido y las emisiones del tabaco, la industria no está obligada a informarlo en sus paquetes.
Como tampoco los efectos nocivos en la cara lateral. Hacerlo “causará más problemas, pues el espacio es tan grande cómo el diámetro de un cigarro y está sobrepuesto a la tapa”.
Por lo que se tendrían que crear paquetes especiales, cuando, advierte la tabacalera, las ventas son pocas en México.
La Asociación Mexicana de Fabricantes de Puros se declara en desacuerdo con la ley y el reglamento. Opina que se trata y considera por igual a cigarrillos y a puros. Sonia Martínez, coordinadora de la organización, subraya que “estas disposiciones afectarán y se perderán los cientos de empleos que se generan y de los que depende una gran cantidad de familias en nuestra región”.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dice no avalar un anteproyecto que, describe, es impreciso, incongruente, inoperante y violatorio de las garantías individuales, además “de contar con vicios de inconstitucionalidad y que vulnera seriamente al sector, poniendo en riesgo de perder su trabajo a miles de mexicanos”.
El sector –estima la Canirac– incluye 243 mil establecimientos en todo el país, que representan el 2 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y 23 por ciento del turístico, e impacta en 63 de las 80 ramas productivas.
Sin embargo, el análisis Evaluación del impacto económico de la Ley de Protección a los No Fumadores en el Distrito Federal, realizado por el Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública, asegura que la aplicación del mandato no tiene ningún efecto negativo en empleo, ingresos y utilidades de restaurantes, bares y cantinas.
Confusión para legislación local
El 4 de marzo de 2008 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, para prohibir fumar en espacios cerrados de acceso público, privado y social, priorizando la creación de espacios ciento por ciento libres de humo de tabaco.
Óscar Vásquez, asesor de adicciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, refiere que implicaban mayores gastos adecuar las zonas exclusivas para fu mar. A ese factor, agrega que desde la perspectiva de la OMS, la única posibilidad es dejar de fumar, pues no existe un consumo mínimo que sea saludable: “Por eso debemos oponernos a cualquier forma de exposición”.
Norma Ibáñez, de la Fundación Interamericana del Corazón México, dice que ya que la ley es más avanzada en el Distrito Federal puede sobreponerse a la federal. Describe que lo mismo sucede con la Ley de Salud del Estado de Tabasco, que prevé la prohibición de fumar en espacios públicos abiertos.
Califica de ideal el que todos los espacios sean ciento por ciento libres de humo, pues es más barato, funcional y evita las desventajas económicas. El Convenio Marco contra el Tabaco prohíbe las áreas exclusivas para fumar. Que la LGCT las permita “es absurdo y se está alejando de las prácticas internacionales”.
Recuerda que las primeras iniciativas de la ley iban en ese sentido; no obstante, tabacaleras y restaurantes intervinieron, arguyendo que tendrían pérdidas económicas.
Hasta el 14 de abril el artículo 27 preveía que en lugares con acceso al público, en áreas de trabajo y universidades “deberán existir zonas exclusivamente para fumar”.
Éstas, apunta la ley, tendrán que ubicarse en espacios al aire libre o en espacios interiores aislados que eviten el traslado de partículas hacia los espacios ciento por ciento libres de humo y que no sea paso obligado para los no fumadores.
No obstante, la Cámara de Diputados aprobó la modificación por la que no será más una obligación contar con esas áreas. Con el dictamen se otorgará la opción de tener un espacio ciento por ciento libre de humo o adecuar áreas para fumadores.
El especialista en tratamiento de adicciones subraya que la legislación del Distrito Federal tiene facultades para ir más allá del “mínimo piso” que se propone a nivel federal. Sin embargo, advierte, “no podemos estar por debajo de las leyes federales”. Eso, explica, ha generado confusión, pues establecimientos en la ciudad entienden que hay permisividad y construyen sus áreas para fumar.
Norma Ibáñez expone que los estados justifican la no aplicación de la LGCT, señalando que no pueden ir más allá de la ley, pues requieren un reglamento para adecuar su marco legal: “Eso es mentira. En los estados hay confusión porque se cree que sin la normatividad no se puede aplicar la ley, pues no están definidas las sanciones. Es una interpretación mala y manipulada”.
Para Vásquez es necesario el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, pues en la normatividad se presentan equívocos. Aún así prevé que la reglamentación sea tan estricta que los locales se decidirán por declararse espacios libres de tabaco: “Se van a llevar terribles sorpresas porque las características que se pretenden normar van a ser tales que será imposible cumplirlas”.
Los costos del reglamento El anteproyecto consideró tres opciones: que los establecimientos se declarasen áreas ciento por ciento libres de humo de tabaco; destinar un espacio al aire libre para los fumadores, o bien construir un espacio interior aislado. Para evaluar el impacto de la iniciativa, la Secretaría de Salud (Ssa) estimó los costos para cada una de las alternativas.
La entidad calculó un costo total de regulación para restaurantes de 186 millones 200 mil pesos, de los que 150 millones 822 mil corresponden a áreas ciento por ciento libres de humo de tabaco. Para discotecas, centros nocturnos, bares y cervecerías se estimaron erogaciones por 42 millones 500 mil pesos, de los que 23 millones 375 mil pesos se orientarían a la adecuación de espacios libres de humo. Los hoteles incurrirían en costos por 165 millones 300 mil pesos para instalar ventilación y asilamiento para fumadores.
Según lo previsto por la Ssa, las unidades de negocio destinarían 394 millones 100 mil pesos para atender las disposiciones: 177 millones 345 mil para convertirse en áreas ciento por ciento libres de humo, 183 millones 10 mil pesos para áreas al aire libre y 31 millones 100 mil pesos para espacios interiores aislados.
En tanto, los puntos de venta de tabaco tendrían que modificar letreros en todo el país por 37 millones 96 mil pesos, mientras que las cigarreras orientarían 12 millones 670 mil 700 pesos en la publicación de información en revistas de circulación nacional.
Hasta la aprobación de la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, del 14 de abril, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) consideraba que la cuantificación era imprecisa, puesto que los particulares habrían incurrido “irremediablemente” en costos relativos a la adecuación de áreas y la instalación de letreros, ceniceros, puertas y sistemas de ventilación.
Aunque la reforma exenta a los particulares de tener áreas exclusivas para fumar, ello sigue siendo una opción.
La Cofemer subraya en su Dictamen total (no final) respecto del anteproyecto denominado Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, del 2 de abril, que “existe una subvaluación de los costos”.
British American Tobacco México aseguró, en su comentario al anteproyecto, publicado en el portal de la Cofemer, que el costo real para instalar zonas exclusivas para fumar en los establecimientos es muy superior a lo previsto en la Manifestación de Impacto Regulatorio.
En sus comentarios al anteproyecto de reglamento, publicados en el portal de la Cofemer, la tabacalera aseguró que el costo real en la adecuación de zonas exclusivas para fumar en los establecimientos es muy superior a los 3 mil 500 pesos que anticipó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para cada uno: “Se estima un costo total mínimo de 277 mil pesos que cada lugar habrá de pagar para cumplir con los requerimientos. El costo total de la industria restaurantera sería entonces de 67 mil 311 millones de pesos”. (PM)
Dinero = éxico en riesgo de quiebra, aseguran en Europa
Dinero
México en riesgo de quiebra, aseguran en Europa
El fantasma de la gran crisis de 1995
Ganga electorera: dólares a $12.95
Enrique Galván Ochoa
Al mismo tiempo que Inegi acusaba ayer el desplome de la economía en el primer trimestre del año, (el segundo trimestre se anticipa peor por la fantasmal epidemia), el principal diario financiero de Alemania, Handesblatt, anunciaba que México se encamina a la quiebra. Esta publicación –asociada en contenidos a The Wall Street Journal– es el espejo de lo que piensan los hombres de negocios. Contrasta con el optimismo de Julio de Quesada, titular del Consejo de Empresas Globales, quien anunció ayer ante Felipe Calderón que un grupo de trasnacionales –no dijo cuáles– invertirán 6 mil 300 millones de dólares este mismo año para crear 27 mil 300 empleos directos e indirectos. La próxima Navidad veremos si cumplieron. Dice Handesblatt: “Todos los indicadores económicos van en picada. Las importaciones y exportaciones caen al nivel de 2006, las inversiones directas extranjeras bajan al de 1999. Las transferencias del extranjero –petróleo y turismo– están a la altura de 1996. El déficit en empleos será tan alto como en 1995”. Concluye que es posible que en los próximos meses se pierda el grado de inversión, lo que sería la señal para desatar una fuga de capitales masiva.
¿Puede quebrar un país?
Con todo el sombrío panorama que pinta Handesblatt, el Inegi informa que las cosas todavía están peor. Su reporte del primer trimestre del año –la información aparece desplegada ampliamente en la edición de hoy de La Jornada– confirma que de la etapa de estancamiento de los primeros años del panismo hemos pasado a un descenso en picada. ¿Puede quebrar un país? No es una empresa privada, por tanto, no aplican las reglas de una bancarrota comercial. Pero un gobierno sí puede llegar a un extremo parecido, sumamente crítico, como ocurrió en los sexenios de Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid. El presidente de la frágil palabra se vio forzado a suspender el pago de la deuda externa. Zedillín estuvo a punto de dejar de pagar los tesobonos, pero lo rescató –a un precio altísimo– el presidente Clinton. Ambas crisis dejaron una huella profunda, perduran las heridas. Ya entregadas las empresas estratégicas de la nación, y los bancos en manos de extranjeros, ¿con qué moneda se pagará en la crisis del calderonismo? ¿Con las penínsulas de Yucatán o Baja California?
Ganga
Resulta increíble que en estos momentos el peso se revalúe, pero se trata de una ganga electoral: ayer el público pudo comprar dólares a $12.95. En Hacienda olvidaron que al presentar en la Cámara de Diputados las bases del siguiente presupuesto dijeron que la cotización promedio de 2010 será de $14.60. Así que lo de hoy tiene la traza de una ganga electorera. De paso se llevaron al baile –ooootra vez– la mentada autonomía del Banco de México. Parece que convencieron a Guillermo Ortiz de que ayude al PAN a conseguir votos. Sólo falta que haga un espot como el de Iridia Salazar. Por cierto, ya había hecho su debut en la revista Max con unas fotos sexys. ¿Cuánto cobró entonces y ahora? Sólo por curiosidad.
e@Vox Populi
Asunto: pronto pago
El pronto pago de facturas, como lo propone Fernando E. Romo Giraud, de Toluca, por parte de los gobiernos en sus tres niveles, no solamente enfrenta al burocratismo, como tú le contestas, sino a los intereses ocultos. Las áreas de finanzas autorizan pronto pago a quienes por debajo del agua aceitan la maquinaria. Oficializar un pronto pago mermaría esta fuente inagotable de ingresos para los favorecidos en el cargo.
Dr. Leonardo Moctezuma/Cocoyoc
R: Absolutamente. Ya lo acaban de confirmar Ahumada, Madrazo y el rajón: la corrupción es el lubricante que mueve al gobierno y chorrea desde mero arriba.
Asunto: la otra salida
Por fin se agradece a Carstens que reconozca abiertamente que estamos frente a una crisis de magnitud no vista desde hace muchos años. Sus palabras echan por tierra las frases optimistas de Calderón de hace unos días. Bien, tenemos un problema de recaudación extremadamente severo. El secretario plantea tres salidas posibles: 1) Aumentar impuestos. En una recesión es una medida totalmente inapropiada, pues lejos de estimular la demanda, la deprime. 2) Reducir gastos. Sería bienvenida, sobre todo en materia de gasto corriente: compensaciones a funcionarios, celulares, viajes, asesores, autos, choferes, guaruras, papelería, energía, etcétera. 3) Tomar más créditos. La desventaja de esta medida es que reduce liquidez futura por el pago de intereses. Sin embargo, Carstens no comentó nada acerca de los compromisos adquiridos a través del Fobaproa/IPAB (terrible herencia de Zedillo); es imperativo obligar a los bancos a renegociar la deuda. Son momentos gravísimos y desgraciadamente el gobierno no tiene en mente el bienestar del país, sus prioridades son otras.
Rafael Islas/Distrito Federal
R: Claro que sí, existe la puerta número cuatro: moratoria al Fobaproa en vez de sacrificar a empresas y familias mexicanas.
Asunto: los deducibles
Se me ocurre que en vez de subir el IVA se elimine, por la emergencia económica, la deducibilidad de gastos en el cálculo de los impuestos, mucha gente pondrá el grito en el cielo, pero el señor de Hacienda podría decirles que es por el bien de México.
Laura Quiroz/Distrito Federal
R: Mmmm. No es tan buena idea. Las familias se benefician con la devolución de una pequeña parte de la carga fiscal porque se les permite deducir gastos médicos, dentales, hospitalarios.
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://www.elforomexico.com/
Regreso a la normalidad
Regreso a la normalidad
JOSé GIL OLMOS
Uno no siempre hace lo que quiere,
| pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere.
Benedetti in memoriam
MÉXICO, D.F., 20 de mayo (apro).- Pasada la psicosis de la influenza humana motivada por la campaña gubernamental, repetida hasta la saciedad en la mayoría de los medios, hoy volvemos a la normalidad. ¿Pero cuál es nuestra normalidad? Lamentablemente, la de los escándalos de corrupción, asesinatos, narcotráfico, impunidad, venganzas y ajustes políticos. Sí, esa es nuestra cotidianidad y a esa hemos retornado.
Durante dos semanas, de manera indiscriminada y hasta el hartazgo, fuimos presa de una campaña de miedo por parte del gobierno federal, que ante el desconocimiento del virus de influenza humana prefirió llevar las medidas precautorias al límite y pedir a la población recluirse en su casa y utilizar tapabocas --medida que no recomienda la Organización Mundial de la Salud--, lo cual creó una imagen de riesgo y peligrosidad a nivel internacional, de la que surgieron actitudes de temor y discriminación contra los mexicanos en muchos países.
Una vez que se asentó la epidemia y se diagnosticó que no era tan peligrosa y mortal, como en un principio se dijo, el gobierno ya no pudo sostener su campaña, que en algún momento sirvió para distraer la atención pública de nuestra normalidad: la de la inseguridad, la crisis económica que cada día se agudiza más, y la política reflejada en una incredulidad de la sociedad hacia el gobierno y los partidos.
De hecho, el mismo día que comenzó a levantarse la contingencia apareció el libro de Carlos Ahumada, Derecho de réplica, que reveló la podredumbre de la llamada clase política nacional.
Se confirmó la vigencia del poder de Carlos Salinas de Gortari, la supeditación a este personaje del inefable Diego Fernández de Cevallos, y la operación que ambos urdieron para desbarrancar las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.
Pero también se supo de la petición que el excandidato presidencial hizo al empresario argentino para que pagara la campaña del candidato del PRD al gobierno de Tabasco, Raúl Ojeda, y la pérdida de toda ética política por parte de Rosario Robles, a quien le daba lo mismo acordar con Salinas que con Vicente Fox, para pagar la deuda millonaria de su partido con Televisa.
La confirmación de que Salinas y Fox acordaron el uso de los videos en contra del PRD, a cambio de la salida de la cárcel de Raúl Salinas, fue la cereza del pastel.
Pero el regreso a la normalidad fue más duro cuando se presentó el nuevo escándalo: la entrevista de la periodista Carmen Aristegui al expresidente Miguel de la Madrid, quien confirmó las ligas de Raúl y Enrique Salinas con el narcotráfico y el robo que hizo Carlos Salinas de la partida secreta de la Presidencia.
Y lo peor fue que De la Madrid admitió que la impunidad es indispensable para el funcionamiento del sistema político mexicano.
Tales declaraciones trataron de ser borradas por un grupo de priistas, que estableció una estrategia política y de medios declarando senil y demente al exmandatario. Nada más burdo que negar la realidad y tratar de tapar el sol con un dedo.
A estos escándalos, le siguieron las acusaciones en contra de la familia del senador Ricardo Monreal, en el sentido de que estaría involucrada con el narcotráfico, pues en una de las propiedades de los hermanos del legislador fueron decomisadas 145 toneladas de mariguana.
El colaborador de Andrés Manuel López Obrador, que se pasó del PRD al PT, acusó a la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, de encabezar una guerra sucia en su contra suya, para impedirle ganar en algunos municipios.
Mientras, en Morelos, entidad gobernada por Marco Antonio Adame, parte del equipo del panista es investigado por presuntas ligas con el narcotráfico.
Y si en la política siguieron los escándalos normales, otro golpe seco tundió la cara de la sociedad mexicana, ya que la crisis económica se ha profundizado en el bolsillo de la gente.
En los días siguientes de la contingencia sanitaria hubo expresiones en la capital del país que hacía tiempo no se escuchaban. Varios trabajadores que sobreviven con su salario diario, como taxistas, meseros y obreros, manifestaron que no tenían para comer.
Esta sola frase perdida en el trajín citadino es reflejo de la severa crisis económica que vivimos y que el gobierno ha intentado minimizar con declaraciones tan absurdas del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, como que sólo es un "catarrito", o las de Felipe Calderón, quien señaló que pronto veremos una luz de esperanza porque ya hay señales de recuperación.
Y si ayer nos aseguraban que pronto estaríamos en franca recuperación, hoy los mismos nos dicen que será hasta el año entrante, porque la actividad industrial cayó 9.9%, la más baja desde 1995, cuando quebraron miles de familias. En ese entonces, las más afectadas fueron las industrias manufacturera, que cayó 13.8%, y la de la construcción con un descenso de 7.7%.
Igualmente, la caída del desempleo será más grave que en 2008, cuando se ubicó en 6.8%, equivalente a 422 mil 94 hombres y mujeres jóvenes desocupados. Y, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), en lo que va del año el decrecimiento ha sido de 9.9%.
Estas y otras situaciones de crisis forman parte de nuestra normalidad, que ni una contingencia tan grave como la de la influenza humana, antes porcina, pudo cubrir con su manto de miedo irracional.
Desfases = John Saxe-Fernández
Desfases
John Saxe-Fernández
En una época de crisis y transición hegemónica como la que vivimos, son frecuentes, riesgosos y patéticos los desfases y los cruces entre una realidad que cambia estructuralmente y la terquedad de inercias con su retórica, paradigmas e intereses que corresponden a situaciones históricas que se desvanecen o mutan con inusual ímpetu. Son desfases que exigen atención porque afectan áreas críticas y conexas: economía, política y seguridad.
Con un retroceso del PIB mexicano del 5 al 6 por ciento es de alta explosividad social la ausencia de políticas anticíclicas vigorosas y generalizadas que apoyen al aparato productivo, a su sector industrial, agropecuario, de servicios y responda a la baja demanda interna y externa asociada a la crisis económica y financiera mundial.
Es un desacierto agravado por el brote del H1N1 que, como apunta S&P, impacta al comercio minorista, turismo, financiamiento hipotecario, industria automotriz y de la construcción. Que la actual política fiscal y monetaria condena al país a una contracción mayor, lo saben voceros de Moody’s y Standard and Poor’s (S&P), conocidas firmas calificadoras. Alfredo Coutiño, de Moody’s notó que “el gobierno (de México) no generó la flexibilidad fiscal suficiente –gasto– para mitigar el impacto de un choque externo” y que el Banco de México no sincronizó su política monetaria al estímulo fiscal a tiempo, a pesar de la clara evidencia de recesión. (La Jornada, 15/5/09, p. 28). Pero nuestros hacendistas tan sujetos a la condicionalidad externa no lo ven así, como el borrachito aquel que, cuando el festín neoliberal acabó, la orquesta calló y es otro día, sigue brindando, lanzando cohetes y confeti.
Pero no es el espectáculo chusco ofrecido por los neoliberales, sino los ruinosos efectos humanos y ecológicos de su sometimiento a Estados Unidos, por el desempleo, pobreza, insalubridad, devastación ambiental, polarización, informalidad económica y criminalidad que acicatea su diseño procíclico de políticas fiscales, monetarias y reformas estructurales, que Estados Unidos y Europa recetan a otros pero consideran un suicidio para sus sociedades y economías. A Washington esos efectos sirven como excusa para imponer regímenes de excepción neo coloniales en México, Colombia y Centroamérica.
Agréguese a la caída económica el colapso de legitimidad del calderonismo y se tendrá un indicio del monumental error histórico y geoestratégico que, como documenta Alfredo Jalife, acarrea la conjunción de la reforma energética y la integración militar con Estados Unidos por medio del Comando Norte. Además, la militarización de la campaña contra el narco desgasta y polariza al Ejército y la función de Defensa nacional.
El ex senador Manuel Bartlett recién advirtió que esa reforma es una privatización de facto para pseudolegalizar el contratismo desatado en Pemex. Lo que ocurre en un contexto de integración militar bajo la Iniciativa Mérida (IM), dado el despliegue terrestre y marítimo de las operaciones de la paraestatal. Semejante al Plan Colombia, la IM nos abre a la intervención/ocupación extranjera abierta o disfrazada, con efectos de gran riesgo para los derechos humanos y la soberanía.
En ese contexto es preocupante lo que ocurre en Pemex: según la senadora Rosario Ibarra de Piedra, desde hace dos años en Nuevo León se registraron “38 desapariciones de personas pertenecientes o vinculadas al sindicato petrolero… las desapariciones de petroleros tienen que ver con policías y soldados, con órdenes de alto nivel”. (La Jornada 17/5/09, p.5). Es una criminalidad de Estado (interna y/o externa) para anular el rechazo a la entrega de la renta petrolera a firmas nacionales y extranjeras como Halliburton, cercana a R. Cheney.
Finalmente debe considerarse el acople y posterior desfase de procesos que afectan la ecuación cívico-militar. En Estados Unidos se cancela por inoperante, la noción de guerra contra el narco, mientras al sur sigue como pantalla del intervencionismo del Pentágono y del entreguismo de Calderón.
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GDF decreta fin de alerta sanitaria por virus
GDF decreta fin de alerta sanitaria por virus
El Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica ubicó esta mañana la alerta sanitaria en color verde, lo que significa una reactivación al 100% de las actividades económicas y sociales
ALBERTO CUENCA
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO JUEVES 21 DE MAYO DE 2009
El Gobierno del Distrito Federal y el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica de la ciudad determinaron bajar la alerta sanitaria por el virus de la influenza, de color amarillo a verde, lo que significa una reactivación al ciento por ciento de las actividades económicas y sociales en la capital del país.
Durante una conferencia, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, detalló que al cambiar el color de la alerta de amarillo a verde se tiene un control total de la enfermedad "y ya podemos estar tranquilos", expresó el titular del Ejecutivo local.
Además explicó que el cambio de la alerta significa que en restaurantes ya no será obligatorio que los meseros utilicen cubrebocas, ni que en taxis ni microbuses los choferes usen tapabocas y guantes.
Tampoco habrá restricciones sobre la distribución de personas en estadios o cines, aunque se recomienda a los dueños de los distintos establecimientos mercantiles mantener medidas sanitarias y de higiene.
Lo que sí aclaró Ebrard es que en las escuelas de la ciudad se mantendrán los filtros sanitarios para identificar alumnos con síntomas de cuadro gripal y regresarlos a sus casas.
Además en los planteles educativos será constante el plan de limpieza de salones y baños de aquí al mes de julio, para que en el regreso a clases del siguiente ciclo escolar, los estudiantes encuentren escuelas en condiciones higiénicas.
La decisión de bajar la alerta sanitaria de amarillo a verde quiere decir que el riesgo de contagio es bajo.
El Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica consideró que se podía hacer la modificación en la alerta, pues desde hace siete días no se presenta un contagio y los casos de personas enfermas han marcado una tendencia a la baja. Además el regreso a clases no generó registro de alumnos enfermos.
El gobierno de la ciudad estableció que para los usuarios del transporte como el Metro no será ya necesario utilizar cubrebocas, aunque recomendó a quienes presenten algún cuadro gripal a que si lo utilicen.
Durante la conferencia que ofreció esta mañana, Ebrard insistió en que es necesario contar con un fondo federal aprobado por el congreso de la Unión para lograr la reactivación económica de la ciudad.
Al final de la conferencia y a pregunta expresa se le cuestionó al jefe de Gobierno si con este cambio de la alerta sanitaria los capitalinos ya nos podemos besar, a lo a que respondió:
"Sí, ya nos podemos besar"
Los Cabos: despojo con documentos apócrifos
En la disputa de un terreno de más de 800 hectáreas de playa –valuado en más de 105 millones de dólares–, servidores públicos del gobierno de Baja California Sur dan la razón a empresarios que exhiben documentos falsos.
“Negligencia”, entre las irregularidades de funcionarios que dicen haber actuado “de buena fe”
Bañado por las aguas del Océano Pacífico, un predio valuado en 105 millones de dólares, ubicado en el Rancho San Cristóbal, en Los Cabos, es motivo de una disputa legal entre un empresario local, quien dice ser el legítimo dueño, y otro de origen sinaloense, a quien hace varios años el primero se negó a venderle una extensión de 100 hectáreas de su propiedad; ocho meses después, con la supuesta colusión de autoridades locales y estatales, se apoderó del terreno.
René Pinal asegura que desde el 1 de mayo de 1983 ejerció el dominio y la posesión de un inmueble de aproximadamente 857.5 hectáreas que corresponden al predio San Cristóbal y Santa Margarita en Los Cabos, Baja California Sur. El terreno se lo adquirió a María Cristina Orduño Durand mediante un contrato de compra venta privado. Con el fin de garantizar los derechos del comprador, y ante la falta de dinero para escriturar en aquel momento, la vendedora otorgó un poder irrevocable e irrenunciable para pleitos y cobranzas, actos administrativos y de riguroso dominio.
“Me vendió el terreno con la condición de que una parte del lugar –aproximadamente 400 hectáreas– las convirtiera en una reserva ecológica; era un sueño de ambos, pues ahí desova la tortuga marina.” De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, Los Cabos se convirtió en uno de los principales polos turísticos y de desarrollo del país. Los turistas estadunidenses y canadienses prefieren visitar el puerto sudcaliforniano, que registra niveles de crecimiento superiores a 22 por ciento. Su ingreso por cuarto disponible se ubica en 169.4 dólares.
En julio de 2007, Pinal acudió al Registro Público de la Propiedad en San José del Cabo, luego de la llamada de Mike Houston, quien lo felicitó por la venta de 100 hectáreas de su rancho, donde se enteró que el predio tenía varios registros y movimientos. José de Jesús Jiménez Sánchez, supuesto apoderado de Orduño Durand, había promovido la subdivisión del terreno en tres fracciones, una, en 558 hectáreas; la segunda, en 55 hectáreas, y una tercera, en 244 hectáreas.
El empresario se enteró de la existencia de un supuesto poder otorgado por Orduño Durand a favor de Jiménez Sánchez, ante el notario público Faustino Medina Medrano de Culiacán, Sinaloa, según obra en la escritura pública número 6,035, con fecha del 20 de septiembre de 1999.
Con carácter de apoderado, el 16 de diciembre de 2006, Jiménez Sánchez le vendió a Manuel Verdugo Vizcarra una superficie de 55 hectáreas ante el notario público Manuel Lazcano Meza de Sinaloa, de acuerdo con la escritura pública 14,175. El documento fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Los Cabos el 28 de agosto de 2007.
En una segunda transacción, Jiménez Sánchez vendió el predio correspondiente a las 244 hectáreas, una vez más a Verdugo Vizcarra. La operación supuestamente se realizó el 12 de enero de 2007 ante el mismo notario. La compra se formalizó en la escritura pública 14,327, y el 17 de julio de 2007 quedó inscrita en el Registro Público en Los Cabos.
Dos días después, Verdugo Vizcarra vendió las 244 hectáreas a la Constructora Inzunza, representada por Carlos Antonio Sosa Valencia, quien figura como presidente del Consejo de Administración de la empresa. El contrato quedó asentado en la escritura pública 4,485, realizada por el notario público 32 de Sinaloa, Juventino Gastelum Álvarez.
El 1 de agosto de 2007 la escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad en Los Cabos.
Por no vender
A principios de 2007, Pinal decidió vender una extensión de 100 hectáreas del rancho en conjunto con Dagoberto Gil Tlapelpa, quien era su vecino en el predio colindante y al cual conocía desde hace más de 20 años. El empresario explica que Gil se ofreció a buscar clientes para los terrenos ya que ambos pondrían parte de su propiedad en venta.
Confiado, dice, le entregó toda la documentación donde se acreditaban los derechos de la propiedad: el poder irrevocable que otorgó María Cristina, copia del contrato de compra venta y copia de la escritura donde aparece como dueña esta última.
Pinal comenta que el 13 de marzo de 2007, Gil Tlapelpa lo citó en su oficina para presentarle a dos posibles compradores de los predios. “Ahí me presentó al señor Antonio Sosa Valencia, quien dijo ser originario de Sinaloa, empresario y director del grupo Anjor.
“Sosa me solicitó informes sobre mi propiedad, manifestando el interés por adquirir las 100 hectáreas que están ubicadas frente a la parcela de Dagoberto hacia la playa”. El empresario sinaloense, agrega, expresó su interés de crear un desarrollo turístico en sociedad con Federico Carstens. Ade más, ya tenía en sus manos todos los documentos que acreditaban a Pinal como dueño del predio.
Pinal dice que Sosa le pidió que le hiciera una propuesta de venta por escrito y que retirara la propiedad del mercado, a lo que el primero contestó que no era posible, pues días antes había recibido por escrito una propuesta de compra por parte de Robert Gutiérrez, representante de inversionistas extranjeros, interesados también en adquirir los terrenos. “Era él (Sosa) quien debía presentarme una oferta a considerar: era yo quien vendía, no él”.
El empresario sudcaliforniano asegura que Sosa, visiblemente molesto, volteó a ver Gil Tlapelpa y le dijo: “Ni modo Dagoberto, yo a ti sí te compro; ellos (refiriéndose a Pinal y su acompañante) van a tener que entrar por helicóptero a su propiedad”. Ahí terminó la reunión.
De denunciante a indiciado
El 26 de julio de 2007, luego de que Pinal se enterara de las supuestas ventas que hicieron sobre sus terrenos, interpuso una denuncia penal contra quien resultara responsable por el delito de daños e intento de despojo del predio San Cristóbal y Santa Margarita ante el Ministerio Público (MP) del Fuero Común de Delitos Patrimoniales. A la querella se le asignó el número de averiguación previa CSL/01150/PAT/07, misma que fue remitida a la Agencia del Fuero Común de Asuntos Especiales de La Paz, con el número LPZ/ 006/AES/07.
Pinal dice que el MP no le dio valor probatorio a las pruebas presentadas y no citó a declarar con el carácter de indiciados a las personas que se habían denunciado como probables responsables, “elementos que presumen la parcialidad con la que el funcionario se condujo durante el desarrollo de la referida averiguación”.
El 6 de marzo de 2008 la averiguación previa fue consignada en contra de Pinal por el delito de falsedad en declaración e informes. El MP argumentó que el denunciante faltó deliberadamente a la verdad durante la sustanciación de la investigación por el hecho de acreditarse como René Pinal y no como René Julio Aguirre Pinal, tal como éste fue registrado ante el oficial del Registro Civil.
Pinal reconoce que fue registrado con el nombre que le atribuye el MP; sin embargo, aclara que durante el proceso presentó el documento que ampara que, mediante juicio seguido de jurisdicción voluntaria promovido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de Cabo San Lucas, con el número de expediente 663/07, se hizo una anotación marginal en su acta de nacimiento en la que se dice que su nombre correcto es René Pinal. “Por lo que ambos nombres, a pesar de ser diferentes, corresponden a una sola persona”.
El 26 de agosto de 2008 la autoridad judicial dictó orden de aprehensión en contra de Pinal por el delito de falsedad en declaración e informes. Un mes después, el 20 de septiembre, la misma autoridad dictó auto de libertad por falta de elementos para procesarlo.
Documentos apócrifos
Pinal dice que ante la impotencia de sentir que la autoridad no actuaba y estaba a punto de perder su patrimonio, él y un grupo de abogados se dedicaron a investigar cómo se habían realizado las supuestas ventas.
Primero encontró que el supuesto poder dado por Orduño Durand a Jiménez Sánchez era falso. De acuerdo con un oficio firmado por el director del Archivo General de Notarías de Sinaloa, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Sergio Irizar López, existe un documento con el número 6,035 extendido por el notario Óscar Faustino Medina; pero en éste Guadalupe Zevada Ocha expide el poder a nombre de Quntín Zevada Hernández.
Además, Irizar López señala que “la mencionada escritura no fue protocolizada ni firmada ni sellada por el extinto notario. Por consiguiente el preciso documento no fue elevado a escritura pública”.
En la supuesta venta realizada por Jiménez Sánchez a Verdugo Vizcarra, por 55 hectáreas, registrada con la escritura 14,175 del notario público Lazcano Meza, este último tiene inscrito en sus libros un documento que no es una compra venta, sino un poder especial para pleitos y cobranzas, actos administrativos y de dominio, limitado e irrevocable que otorgan Marco Noé Astorga Martínez y Xóchitl Rivas Barrón a favor de José Enrique Corrales Valenzuela, según informó el propio notario y consta en el expediente DAGN/Q/08/07 de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa.
El 27 de agosto de 2008 Mario Alberto Medina Carnero, jefe del Departamento de Asuntos Notariales de la Secretaría General de Gobierno, acudió a la oficina del notario público 149, a cargo de Manuel Lazcano Meza, con el objeto de realizar una visita de inspección especial con base en la queja administrativa interpuesta por René Pinal en contra del presunto fedatario, con fecha del 11 de julio del mismo año.
Ahí, el mismo notario puso a la vista del funcionario el apéndice y protocolo correspondiente a la escritura 14,327, en la cual supuestamente consta la segunda compra venta por 244 hectáreas. El funcionario observó que la escritura es un poder especial para pleitos y cobranzas, actos administrativos y de dominio, de manera limitada y exclusiva otorgado por Damaso René Obeso Félix a favor de Ramona Félix Barraza, y así se lo hicieron saber a Pinal en el oficio 5905.
El muerto
En los documentos que Pinal logró recabar para interponer la denuncia ante el MP, en la cual después salió indiciado, éste encontró que el 24 de junio de 2007 (domingo) Jiménez Sánchez presentó una solicitud ante José Luis Cortez González, director de Planeación Urbana de Los Cabos, para que se le autorizara la subdivisión del predio mayor rústico “San Cristóbal y Santa Margarita”, con una superficie de 857 hectáreas.
La dependencia respondió a la solicitud el 28 de junio, sólo cuatro días después de presentada, mediante el oficio SUBD/145/PU/2007. Pinal considera que las firmas de los escritos no corresponden a la de Jiménez Sánchez, quien además murió el 6 de febrero de 2007 en Ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, según consta en el acta de defunción.
El 7 de julio de 2007, el notario público 7 de Baja California Sur, José Alberto Castro Salazar, protocolizó el citado oficio, asentado en el acta 71,416.
El acto protocolario quedó inscrito en el Registro Público el 12 de julio.
El 17 de diciembre de 2007, Pinal expresó por escrito su inconformidad en cuanto a los procedimientos administrativos realizados en la Dirección Municipal de Catastro de Los Cabos en detrimento del patrimonio personal del citado.
Abel David Green Moreno, director de Catastro en el municipio, respondió a través del oficio DMC/ IX/617/2007 que “las actuaciones llevadas a cabo en esta Dirección Municipal de Catastro obedecen a la buena fe, por lo que no es el espíritu de esta institución el desacreditar o desviar la información que se nos proporciona por parte de los particulares”.
Pinal dice que, después de interpuesta la primer denuncia LPZ/ 006/AES/2007, la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró el predio en cuestión, y el 4 de marzo de 2008, el agente del MP del Fuero Común de Asuntos Especiales determinó entregar la posesión a quien, según él, acreditó la propiedad.
Según el oficio 016/AES/2008, el MP informa a Kenia Maritza Fong, contralora interna de la procuraduría estatal, sobre la suspensión del aseguramiento; con el oficio 017/AES/2008, se le solicita a Jorge Joel Cota Ruiz, director general de Seguridad Pública y Tránsito de Los Cabos, el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el levantamiento y entrega del predio “San Cristóbal y Santa Margarita”.
En un tercer oficio, 018/AES/2008, dirigido a Enrique Alejandro Willars Ramírez, comandante regional zona sur de la Policía Ministerial del Estado, se le pide auxiliar en el levantamiento y entrega del terreno citado.
Ante dicha acción, Pinal interpone un amparo y pide la protección de la justicia federal en contra de los actos y de las autoridades estatales y locales, es decir, la suspensión del levantamiento y entrega del predio. El amparo es negado.
La procuraduría estatal respondió a Alejandro Gracia Gómez, juez segundo de distrito en el estado, “no ser cierto el acto reclamado por el quejoso”.´
Pinal dice que las autoridades estatales mintieron al manifestar (oficio PGJE-CJ/0385/2008) que no se suspendía el levantamiento y se le entregaría el terreno a Sosa.
Desde hace más de un año, Sosa Valencia tiene la posesión de las 244 hectáreas que dice Pinal son suyas.
A través de la Coordinación de Comunicación Social de la procuraduría estatal, cuyo titular es Yesenia Cobarruvias, Fortuna solicitó entrevista con Fernando González, procurador del estado, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.
También se pidió la posición del empresario Sosa Valencia, sin obtener respuesta.
Baja a verde la alerta sanitaria en el DF por influenza humana
Baja a verde la alerta sanitaria en el DF por influenza humana
Ciudad de México, 21 de Mayo.- El Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la ciudad de México anunció que la alerta sanitaria pasó del nivel amarillo a verde y las actividades económicas y sociales vuelven a la normalidad, luego de que quedó controlado el virus de la influenza humana.
En conferencia de prensa el vocero del comité, Malaquías López Cervantes, señaló que este miércoles se analizó la información epidemiológica y se observó que en los últimos siete días no se ha presentado ningún caso de influenza, ni en el sector educativo, por lo que se modifica la alerta sanitaria.
Destacó que luego de la reactivación de clases de más de 2 y medio millones de alumnos de escuelas de educación básica, tampoco se reportó ni un solo contagio, por lo cual, se determinó pasar de la fase “Amarilla” a la “Verde”.
Sin embargo, Malaquías López recomendó continuar con todas las medidas sanitarias recomendadas por las instancias de salud, pues dijo que la presencia del virus sigue vigente.
Por su parte, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, hizo hincapié en las medidas sanitarias que su administración seguirá tomando en el transporte público, así como en las instancias de gobierno para continuar minimizando los riesgos de contagio.
Ebrard Casaubon señaló que con el cambio del semáforo de alerta sanitaria, operarán de manera normal, y al 100 por ciento, todos los centros de espectáculos, deportivos, restaurantes y transporte público, sin la necesidad de usar los guantes o cubreboca.
Asimismo, confió en que esta medida contribuya a la normalización y reactivación de la economía en la ciudad, y recalcó la necesidad de que el Congreso de la Unión apruebe el fondo nacional de reactivación económica.
Como se dio a conocer el pasado miércoles, el mandatario capitalino reiteró que el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México continuará trabajando de manera permanente, con el propósito de contar con un medio eficaz y confiable que resguarde la salud de los capitalinos ante contingencias sanitarias, como la del brote del virus de influenza humana.
Por Marco Antonio Sánchez, reportero
Astillero = ¿Votar o no votar?
Astillero
¿Votar o no votar?
Farsa sabida
Rendija de lucha
Julio Hernández López
COMIDA EN EL SENADO. Ricardo García Cervantes, Javier González Garza y Gerardo Priego, integrantes de la Comisión Permanente, comieron carne de puerco en el recinto legislativo para demostrar que el alimento no está contaminado con el virus de la influenzaFoto Cristina Rodríguez
L
a conformación de la próxima cámara de diputados está diseñada para favorecer los planes de quienes hoy ejercen el poder formal en el país. La mayoría en San Lázaro será definida mediante arreglos entre PAN y PRI (con ayudas tácticas del Panal), a pesar de las apariencias bélicas que hoy mantienen, así es que no será de máxima importancia cuál de las dos bancadas unidas en lo esencial tendrá más integrantes. A esa mayoría pripánica dará legitimidad la colaboración del segmento del perredismo chucho, mientras el lopezobradorismo peleará a través de unas decenas de diputados federales llevados a la curul mediante el zigzagueo pragmático entre PT, Convergencia y franjas del PRD.
Esa cámara de diputados decidirá sobre iniciativas con las que el calderonismo pretende consolidar su ejercicio político fundado en el militarismo, las alianzas (públicas y secretas) con la Casa Blanca y el Pentágono y la cesión de privilegios a los grupos económicos dominantes en el país. Un tema especialmente delicado será el relacionado con la manera en que el calderonismo fallido tratará de salir del hoyo que ya ha reconocido el propio secretario de hacienda: crear nuevos impuestos y, en particular, extender el IVA a medicinas y alimentos; o recortar el gasto público y ahondar la crisis, o echar mano de préstamos y contratar otros más. La viabilidad de la nación dependerá de esas decisiones.
La primera reacción (natural, explicable) ante el sucio manejo de lo político y lo electoral hace que muchos ciudadanos consideren la posibilidad de anular su voto o simplemente abstenerse de ir siquiera a las urnas. Abundan los argumentos emotivos y racionales que alientan a evitar lo que se considera una farsa y que, a juicio de este tecleador, acabará siendo, efectivamente, una demostración más de burla y manipulación, con un desenlace absolutamente previsible.
Pero hoy no hay más forma de protesta y resistencia que la lucha en las calles (que logró frenar el año pasado la pretensión de privatizar el petróleo) y la denuncia y la oposición en los órganos pervertidos pero subsistentes de representación política. La protesta en las calles será infinitamente mayor a la que unos cuantos puedan dar en las cámaras y otras instituciones de gobierno, pero aquellas acciones masivas necesitan el apoyo, así sea numéricamente menor, de algunos que se aventuren en el pantano legislativo sabido. Así sea sólo por eso, a sabiendas de lo que viene, es posible que sea necesario votar positivamente, es decir, a favor de alguna de las opciones partidistas. De otra manera, no habrá ni siquiera la esperanza de la lucha.
Astillas
El ex director del Pemexgate, Rogelio Montemayor, tuvo ayer dos deplorables reapariciones públicas. Una, al saberse que la Suprema Corta le negó la solicitud de que fuese echada abajo una de las penas impuestas luego del escándalo de los fondos petroleros transferidos a la campaña del ahora fallidamente resucitado Francisco Labastida. La otra tuvo lugar en Pasta de Conchos, adonde llegó en días pasados amparándose bajo la presunta condición de asesor del despacho de abogados del Grupo México, es decir, según menciona la organización Familia Pasta de Conchos en un pronunciamiento, del despacho del secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont. El ex gobernador de Coahuila pretende echar a funcionar una planta de lavado de carbón en el perímetro de la mina 8, donde la secretaría federal de economía determinó suspender las obras de exploración y explotación de carbón hasta que Industrial Minera México restablezca las condiciones de seguridad e higiene para continuar las labores de rescate de los trabajadores sepultados en el lugar. Pero Gómez Mont, perdón, el asesor Montemayor, llegó con los deudos de los mineros para presentar una propuesta de buena vecindad que le permitiera reiniciar trabajos, por lo pronto nada más de lavado. Este martes, unos 30 trabajadores llegaron a la planta lavadora para intentar cercarla e instalarse allí, lo que fue impedido por los familiares de los mineros sepultos. Montemayor/Gómez Mont/Grupo México continuarán presionando para reabrir lo que puedan de aquella zona de tragedia... Ya antes Burger King hizo enojar a las buenas conciencias mexicanas con un anuncio en el que aparecía un luchador chaparro y regordete (que a algunos hacía recordar la estampa de cierto resultado electoral adulterado) y, ahora, la Coca-Cola vuelve a asestar un golpe al orgullo patrio (el más reciente fue el del doctorado Honoris Coca a Chente Botas) a través de una de sus empresas, Schweppes, que produce bebidas en el Reino Unido y ha iniciado una campaña publicitaria denominada Cómo obtener un asiento en el Metro, en la que un vagón de ese transporte público aparece ocupado únicamente por una persona con sombrero de charro y, al lado, un paquete de pañuelos desechables y una bolsa de chicharrones. En el siguiente vagón se ven, amontonados, los usuarios que prefieren el hacinamiento a correr riesgos de contagio de la influenza mexicana... Un lector, cuyo nombre será guardado, hace ver el culto póstumo, y acaso cargado de culpas, que Quique Gaviotón hace al recuerdo de su esposa muerta en circunstancias extrañas (suicidio, fue la versión oficial): En Toluca, en el estado de México, a un hospital perinatal, inaugurado este año, se omite el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez que era el nombre del hospital precedente y se pone el nombre de Mónica Pretelini, no sólo esto, pues también existe una ambulancia con el nombre de Mónica Pretelini en el Instituto Materno Infantil del estado de México, además de otras dependencias con el mismo nombre. Así como en su momento al Hospital General de Atlacomulco se le puso Maude Versini, el nombre de la entonces esposa de Montiel, ya sólo falta que en vez de Toluca de Lerdo se le ponga Toluca de Pretelini... Y mientras los candidatos panistas siguen aprovechándose electoralmente de desgracias como la del News Divine, ¡hasta mañana, en esta columna que ve cómo, con su nueva propuesta de comisionado, el IFAI sigue calderonizándose descaradamente!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
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