La activista social Gabriela Hernández Arreola, mejor conocida como “Luna Flores”, fue detenida el martes 29 de octubre frente al edificio de juzgados que se localiza en la calle de Sullivan 133 por un grupo de al menos 10 Policías de Investigación vestidos de civil que la derribaron y se negaron a mostrar la orden de aprehensión, denunciaron integrantes de la Liga de Abogados 1 de Septiembre y del denominado Frente Oriente.
Además, representantes de ambas agrupaciones denunciaron que el activista Mario González, detenido y encarcelado tras los hechos violentos del pasado 2 de octubre, cumplió este miércoles 22 días en huelga de hambre, por lo que ha perdido más 10 kilos de peso y su salud se sigue deteriorando sin que el gobierno capitalino atienda su exigencia de ser liberado, ya que familiares y amigos niegan que esté implicado en las agresiones a policías ocurridas ese día.
En conferencia de prensa, el abogado defensor de Gabriela Hernández, José Alejandro Esquivel, explicó que su cliente es un ama de casa de 47 años de edad que padece diabetes, la cual se manifestaba el día de ayer junto a otras personas que han sido acusadas de cometer actos vandálicos durante las movilizaciones que se han registrado en la Ciudad de México a partir del primero de diciembre del 2012.
Esquivel agregó que la movilización se realizaba de manera pacífica y que el objetivo de la misma era expresar su apoyo y solidaridad a las 41 personas que están sujetas a proceso penal por participar en marchas de protesta contra el Presidente Enrique Peña Nieto y el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.
Señalada por fuentes policiacas cómo integrante de grupos anarquistas, la mujer conocida como “Luna Flores” por contar con un perfil falso de Facebook que lleva ese nombre, ahora enfrenta cargos por el delito de ultrajes a la autoridad, sin que las autoridades hayan señalado en primera instancia de que evento se derivan las imputaciones en su contra, aunque existen constancias de que participó en la confrontación que sostuvieron granaderos y manifestantes el pasado 10 de junio.
En este sentido, el abogado Alejandro Esquivel acusó a la Procuraduría capitalina de realizar una detención arbitraria con base a juicios mediáticos, ya que previo a la captura de su cliente había circulado en medios de comunicación un informe que la estigmatizaba como promotora de actos vandálicos y líder de grupos anarquistas.
“Pensaríamos que la detención se refiere a los actos del 10 de junio, por qué de otra manera no se justificaría que se haya girado una orden de aprehensión en su contra”, sentenció el abogado.
Otro de los procesados por los hechos del pasado 10 de junio, Luis Barrera Fuentes, explicó que actualmente hay 11 integrantes del Frente Oriente acusados de daños en propiedad ajena, ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, los cuales se enfrentan a diversas irregularidades propiciadas por el Juez Undécimo de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del DF, Manuel Rangel Preciado.
Una de las irregularidades más pronunciadas es que el Juez Rangel Preciado y sus Secretarios de Acuerdos en el Juzgado impiden la exhibición de los videos en los cuales se muestra que ninguno fue detenido en flagrancia a la hora de los saqueos y enfrentamientos, sino de manera posterior a que estos concluyeron, lo que representa una violación al debido proceso y a sus derechos humanos.
De igual forma, denunció que el director de Atención Ciudadana y Concertación del Gobierno capitalino, Pedro Bello, se retractó durante un cateo de las acusaciones por robo y lesiones que había formulado contra los integrantes del Frente Oriente durante este proceso penal, lo que su juicio demuestra que se trata de un proceso viciado y por consigna en contra de los activistas sociales.
Por último, los integrantes del Frente Oriente lanzaron un reto al Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para que el próximo miércoles 13 de noviembre asista a un debate con afiliados a esa organización, en el cual se plantearán nueve demandas que incluyen la absolución de los 41 procesados por su presunta participación en hechos violentos durante protestas contra el gobierno federal y la administración local.