lunes, 22 de julio de 2013

Organizaciones anuncian resistencia contra reformas estructurales de Peña


GABRIELA HERNÁNDEZ

SANTA MARÍA ZACATEPEC, Pue. (apro).- Los representantes de más de un centenar organizaciones, comunidades y colectivos sociales de 14 entidades del país, acordaron aquí convocar a movilizaciones nacionales el 12 de septiembre y el 12 de octubre para exigir la anulación de las reformas estructurales que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como la cancelación de megaproyectos.

En el marco del Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores, las agrupaciones advirtieron que es tiempo de exigir al gobierno federal el respeto a los derechos de los pueblos y la no criminalización de la protesta social.

En la Declaración Santa María Zacatepec destacaron que “es tiempo de que caminemos juntos, es tiempo de que pasemos de la resistencia a la ofensiva. Seguiremos respetando todas nuestras formas de lucha”.

En el evento participaron 102 agrupaciones, entre otras, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, Red Nacional de Resistencia Civil y Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Además, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y Centro de Análisis e Investigación (Fundar).

En la declaratoria final que elaboraron después de dos días de trabajo, las agrupaciones aseguraron que el país enfrenta un “grave peligro”, luego de que el grupo gobernante está cediendo el territorio nacional a intereses extranjeros y a la vez que cancela los derechos de decisión históricamente ganados por los pueblos.

“Hemos coincidido en que, ante esta grave situación, es prioritario construir un proyecto unitario que fortalezca las luchas de nuestros pueblos, pues el aislamiento de los movimientos de resistencia permite a los poderosos derrotarnos”, apuntaron.

Por ello, los representantes de las organizaciones reunidas en esta población invitaron a otras colectividades y movimientos sociales del país a hacer un lado diferencias y protagonismos para construir un frente nacional.

También demandaron al gobierno federal abstenerse de firmar el Tratado Transpacífico por considerar que sólo beneficia a los grandes capitales.

Hicieron un pronunciamiento para exigir la cancelación de las presas Paso de la Reina, La Parota y de las que se proyectan en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, Veracruz y Chiapas, así como del megaproyecto eólico del Istmo y de los parques que se pretenden construir en Juchitán, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar y Unión Hidalgo, en Oaxaca.

Asimismo, declararon su rechazo a las concesiones mineras que se han otorgado sin la consulta e información a las comunidades, así como contra la imposición del Proyecto Integral Morelos que afecta a comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala y del relleno sanitario en Tlaxiaca, Hidalgo.

Además, exigieron castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión contra el pueblo de Atenco, ocurrida en 2006, incluido al entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y “quien, ahora desde la Presidencia, continúa imponiendo megaproyectos, específicamente el aeropuerto y carreteras”.

“Las vejaciones y la tortura sexual que han sufrido nuestras compañeras de Atenco y en el Estado de México son inaceptables y seguiremos luchando para que los daños les sean reparados nacional e internacionalmente”, subrayaron.

Los asistentes a esta reunión acordaron unirse en movilizaciones nacionales el 12 de septiembre y 12 de octubre, pero hicieron especial énfasis en que las acciones ya no pueden limitarse a las marchas y la entrega de cartas firmadas a las instituciones y tendrían que pasar a una etapa más “ofensiva”.

Para ello, determinaron reunirse en agosto para precisar las acciones que se llevarán a cabo en cada entidad participante en esta movilización nacional.

Michoacán: matan a 5 comunitarios durante protesta contra Templarios


MÉXICO, D.F. (apro).- Al menos cinco guardias comunitarios fueron atacados y asesinados a tiros por desconocidos, y otros 17 resultaron heridos cuando protestaban junto con unas 200 personas afuera de la alcaldía en el municipio de Los Reyes, Michoacán, informó la Procuraduría estatal.

De acuerdo con el vocero de la PGJE, Alejandro Arellano, “el informe preliminar es de cuatro muertos en el lugar, y un fallecido más cuando recibía atención médica y varios heridos, unos 17”.

El ataque se produjo cerca de las 13:00 horas, destacó Reforma, cuando unas 200 personas se manifestaban en el palacio municipal para exigir un alto al cobro de cuotas y extorsiones del grupo delictivo Los Caballeros Templarios.

Los inconformes, hombres y mujeres, presuntamente pertenecen al grupo de autodefensa que se formó en Los Reyes para hacer frente a la delincuencia.

Agentes de la Policía Federal (PF) y del Ejército se movilizaron para evitar más víctimas o una posible fuga de reos, ya que la cárcel se localiza al interior de la alcaldía.

El gobierno michoacano, a través de las redes sociales, informó que ya está en coordinación con las fuerzas federales para atender los hechos ocurridos en el municipio de Los Reyes.

Fuerte Entrevista en Defensa de PEMEX - Fernández Noroña vs Jesús Márquez Radio KRLV

NO TENEMOS MIEDO (por la defensa de nuestro petróleo)

Familia de Mouriño tiene red de 40 gasolinerías de Pemex


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Bajo la razón social GES-Grupo Energético del Sureste, la familia del exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, maneja una red de 40 gasolinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex), principalmente en el sureste del país.

De acuerdo con la columna “Dinero”, de Enrique Galván Ochoa, que publica este lunes el diario La Jornada, en una reciente reunión en Puebla la Asociación de Empresarios Gasolineros (Amegas) presentó la lista de los ‘‘grupos franquiciatarios’’ que tienen 10 o más estaciones de servicio.

Entre ellos destacan las tiendas Oxxo, 7 Eleven e Hidrosina, cada una con más de un centenar de estaciones.

Galván Ochoa afirma que la familia del fallecido exfuncionario no tiene de qué preocuparse porque el jefe de éste, el expresidente Felipe Calderón, le facilitó la realización de diversos negocios.

“Un grupo de legisladores llevará a la Cámara de Diputados, cuando ésta regrese de vacaciones, la iniciativa de que Pemex dé a conocer quiénes son los propietarios o accionistas de los grupos, porque se sabe que hay muchos políticos influyentes e incluso podrían estarse llevando a cabo operaciones de lavado de dinero, lo cual facilita el importante porcentaje de ventas en efectivo”, indica el columnista en su texto.

De acuerdo con la Amegas, los reyes de la gasolina son las siguientes empresas:

1.- Coporgas

2.- Grupo Hidrosina

3.- Organización Sandoval

4.- Grupo Cantelli

5.- Grupo Gasolinero México GGM

6.- Productos Seleccionados.

7.- Servicios Gasolineros de México.

8.- Combu Express

9.- Grupo Petro 7 Eleven

10.- Servifácil del Sureste.

11.- Loret de Mola

12.- Grupo Octano.

13.- Rapiditos Bip Bip

14.- Gómez Robledo

15.- Grupo Gasmart.

16.- Esges.

17.- Ortiz Carrillo

18.- Grupo Valores Energéticos.

19.- Suministros de Energéticos Nacional.

20.- Sistemas Administrativos Integrales.

21.- Grupo ECO.

22.- Grupo Gasosur.

23.- Rapigas.

24.- Grupo Autoexpress

25.- Grupo Perc.

26.- Luis Emilio Azcárraga García.

27.- Grupo Garel.

28.- Diesel y Gasolina de La Laguna.

29.- Águila.

30.- Markosian.

31.- Grupo Beres.

32.- Manuel Gulias.

33.- Comadessa.

34.- GES. Grupo Energético del Sureste-Mouriño.

35.- Estaciones de servicio AUTO.

36.- Consorcio Gasolinero Plus.

37.- Corporación Gasolinera Milenium.

38.- Grupo Orsan.

39.- Gas Nuevo Milenio.

Mueren cinco indígenas en Michoacán en ataque a guardia comunitaria


Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal

Morelia, Mich. Cinco muertos y nueve comuneros lesionados de Cherato, Cheratillo y Orúscato dejó el ataque con armas de fuego de un grupo de pistoleros que iba a bordo de tres vehículos. Unos 200 indígenas purépechas se manifestaban frente al palacio municipal cuando ocurrieron los hechos.

Después de las 13 horas, armados con palos y machetes los comuneros, pretendían tomar la alcaldía, para exigir el rescate de su líder, Roberto Cerano Cervantes, supuestamente secuestrado el pasado 22 de marzo, pues acusan al cuerpo de seguridad local de incompetencia y apatía.

Antes, habían bloqueado el acceso a la población de Imbarácuaro de la carretera que comunica a Peribán, para exigir al gobierno del estado atienda los problemas sociales y de seguridad que hay en esta región que también ha sido afectada por la delincuencia organizada.

Desde la desaparición de Cerano Cervantes los indígenas crearon una policía comunitaria para vigilar los accesos a las comunidades de la sierra purépecha que han sido presionadas por la delincuencia que exige pagos de cuota por cada hectárea sembrada de aguacate, además del saqueo de madera.

Los manifestantes acusan al edil, Jesús Salas Valencia, de frenar el apoyo social a las comunidades y de no hacer caso a sus demandas de seguridad en las comunidades de la sierra purépecha donde la delincuencia organizada los pretende extorsionar desde a principios de este año.

Aseguraron que no portan armas prohibidas por el Ejército por lo que piden apoyo de las fuerzas estatales y federales, además de impulso de programas de desarrollo social porque no hay empleo ni actividades productivas, y los jóvenes no cuentan con ninguna salida para salir adelante.

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Secuestran a madre e hija; tres días después aparecen muertas


ISAÍN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició sus investigaciones para esclarecer el secuestro y homicidio de dos mujeres localizadas el sábado pasado en el municipio de Oocozocoautla, a unos 40 kilómetros al poniente de la capital del estado.

María de los Remedios Jiménez Gordillo y María Virginia Morales Jiménez, fueron privadas de su libertad durante las primeras horas del miércoles 17 de julio y sus cuerpos aparecieron el sábado pasado tirados a orilla del tramo carretero entre Tuxtla y Ocozocoautla.

De acuerdo con las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro de la PGJE Chiapas, el esposo y padre de las víctimas denunció la mañana del miércoles la desaparición de sus familiares.

El denunciante afirmó que tuvo conocimiento que a las cero horas del miércoles su hija María Virginia Morales Jiménez recibió una llamada por parte de un hombre, quien le hizo saber que su padre había sufrido un accidente.

En ese momento, agregó, la víctima salió de su domicilio ubicado en el Fraccionamientos Laureles de Tuxtla Gutiérrez, junto a su madre, a bordo de su vehículo tipo Town Country 2005, color plata, con placas de circulación del estado de Chiapas.

Contó que fue hasta la mañana del jueves 18 cuando un hombre desconocido lo contactó vía telefónica y le dijo que su esposa e hija se encontraban secuestradas.

Alrededor de las cinco de la tarde y por la noche de ese mismo día volvió a tener comunicación con el presunto secuestrador, quien le pidió un millón de pesos como pago por la liberación de sus familiares. Asimismo, le dijo que le volvería a llamar en tres días.

A partir de ese momento, los delincuentes no se volvieron a comunicar.

Ante ello, el viernes 19 de julio decidió denunciar ante la Fiscalía de Secuestros, instancia que de inmediato dio inicio a la averiguación previa 36/FES/2013-07, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, y le designó un asesor de negociación y asesoría psicóloga para la atención de manejo de crisis.

Sin embargo, la mañana del sábado 20 de julio elementos del grupo interinstitucional ubicaron los cuerpos sin vida de María de los Remedios Jiménez Gordillo y María Virginia Morales Jiménez en la entrada del Centro Ecoturístico Selva El Ocote “Cascadas del Aguacero”, en el municipio de Ocozocoautla.

Ambos cuerpos presentaban una herida provocada por arma blanca a la altura del cuello.

Con este caso, van 54 muertes violentas de mujeres, de los cuales, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos y la Procuraduría General de Justicia del estado, 40 han sido tipificados como feminicidios.

Grupo armado balea ejido en Tamaulipas; se desconoce número de muertos y heridos


CIUDAD VICTORIA, Tamps., (proceso.com.mx).- Miembros de la delincuencia organizada dispararon por segundo día consecutivo contra comunidades ejidales del municipio de Jiménez, Tamaulipas, con un saldo de asesinados y heridos indeterminado, confirmaron hoy fuentes oficiales.

El primer ataque se registró al filo de las 8:30 horas del domingo en el Ejido Fe del Golfo, cuando pistoleros a bordo de varias camionetas asesinaron a un matrimonio e hirieron a varias personas.

Una fuente que pidió el anonimato informó que, posteriormente, dicho comando, presuntamente afiliado al cártel del Golfo, exigió a los habitantes que abandonaran el ejido.

Por la noche, el convoy de hombres armados regresó al Ejido Fe del Golfo y disparó contra la población.

Hasta ahora se desconoce la cantidad de muertos y también el número de heridos que fueron llevados al Centro de Salud del Municipio de Jiménez.

La fuente comentó que en una apartada zona aledaña al poblado el Barranco se instaló “un narco-campamento” donde entrenan aproximadamente 100 pistoleros, quienes tienen guardias que resguardan todo al área.

Agregó que militares que vigilan la región de los municipios de Abasolo y Jiménez ya dejaron de patrullar la zona debido a que los sicarios los superan en número.

Mencionó que habitantes de las comunidades apartadas comenzaron a abandonar sus hogares para refugiarse en la cabecera de Jiménez, repitiendo el éxodo que ocurrió aproximadamente hace un año en el municipio de Güemes.

Cabe recordar que un exmilitar entrevistado por Apro ya había advertido que la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, líder de los “Zetas”, recrudecería la violencia en Ciudad Vitoria y en el sur del estado.

Los pronósticos se cumplieron este e fin de semana con varios enfrentamientos en las regiones sur y centro del estado, pero el saldo de los ataques no ha sido precisado por las autoridades.

En el municipio de González, usuarios de redes sociales informaron de un tiroteo entre presuntos miembros del cártel del Golfo y marinos, ocurrido la madrugada del domingo.

También se reportó otro enfrentamiento en la zona de Magiscatzin del municipio de González con un saldo preliminar de al menos ocho presuntos delincuentes abatidos por efectivos de la Marina.

Retienen comunitarios de Guerrero a jefe policíaco, siete uniformados y un agente del MP


EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANGINGO, Gro., (proceso.com.mx).- Integrantes de la policía comunitaria mantienen retenidos al director de Seguridad Pública municipal de Olinalá, siete uniformados y un agente del Ministerio Público del fuero común.

Lo anterior, en respuesta a que infantes de la Marina detuvieron a tres policías comunitarios por portar pistolas de grueso calibre.

Al respecto, la coordinadora de la organización denominada Policía Comunitaria (PC), Nestora Salgado, advirtió que plantean bloquear la carretera federal que conecta la región de la montaña con el centro de la entidad, como otra medida de presión para obtener la libertad de sus compañeros.

Al filo de la medianoche de este domingo, durante un operativo de la Marina en el centro de la cabecera municipal de Olinalá, infantes intentaron detener a Nestora Salgado, pero finalmente se llevaron a tres policías comunitarios bajo el argumento de portar pistolas calibre .9 milímetros.

Los integrantes de la PC, adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), detenidos son: Martín Acevedo, Carlos Sánchez Zepeda y Eulogio López Suárez.

En respuesta, los integrantes de la PC – CRAC detuvieron al director de Seguridad Pública municipal, Lorenzo Medardo, a siete policías municipales y al agente del Ministerio Público del fuero común, Francisco Bello Pineda, informó a Apro la dirigente de este grupo de autodefensa.

Nestora Salgado emplazó al gobierno estatal a que intervenga ante la Marina para que los tres comunitarios sean liberados a la brevedad, de lo contrario, amenazó, su organización bloqueará la carretera federal Chilapa – Tlapa.

Desaparecen 32 músicos gruperos de Iztapalapa


MÉXICO, D.F. (apro).- Un grupo de 32 integrantes de dos bandas gruperas desapareció ayer en el trayecto del Distrito Federal a Apizaco, Tlaxcala, donde supuestamente amenizarían la fiesta del pueblo.

De acuerdo con los familiares, los músicos de “La Devastadora Banda Imperial” y la “Tremenda del Pueblo”, originarios de las colonias Paraje Zacatepec y Santa María Aztahuacán, salieron de Iztapalapa alrededor de las seis de la mañana en un autobús particular que envió la persona que los contrató.

Una de las condiciones que puso el contratante es que los dos grupos musicales viajaran en un solo autobús hacia el municipio de Apizaco, Tlaxcala, y “que dispondría para su traslado en viaje redondo, ya que así era como trabajaba con la caravana de artistas programada para la tocada”, puntualizó uno de los familiares.

Señalaron que uno de los músicos que logró escapar habló con su madre, a quien le dijo: “no sé en qué pueblo estoy, no supe si llegamos a Apizaco”. En ese momento la comunicación se cortó y la mujer marcó de regreso, pero ya nadie le contestó.

Al enterarse de la desaparición de sus hijos, una comisión de familiares se dirigió hasta Apizaco, Tlaxcala, con la esperanza de localizarlos.

“Lo único que sabemos es que en Apizaco no hubo fiesta patronal; al pueblo llegamos hace unas horas y nadie sabe de las bandas. No sabemos qué hacer ni dónde buscarlos”, dijo el padre de uno de los músicos, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 40 años.

Rechaza 54% de mexicanos participación privada en Pemex


Un sondeo de la Cámara de Diputados reveló que el 54% de los mexicanos rechaza la participación de la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la consideran un ataque a la soberanía nacional.

A través de un sondeo realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara baja, el 56% de los encuestados afirman que la reforma energética es necesaria pero el 52% dicen tener una mala opinión del Sindicato petrolero.

El 88% asegura que en Pemex hay mucha corrupción, pues se beneficia más a los líderes sindicales, y sólo 12% señala que los beneficiados son los trabajadores.

El CESOP detectó que los ciudadanos opinan que Pemex es una empresa del gobierno y no de los mexicanos, aunque esa opinión es distinta entre quienes tienen más de 55 años de edad.

Según el documento de conclusiones, la ciudadanía conoce que se presentarán iniciativas de reforma energética ‘‘que modifiquen el estado actual de Pemex’’, y si bien las consideran necesarias, más de la mitad ‘‘respondió estar en desacuerdo con que se permita la inversión privada’’ en la paraestatal, pero opinaron que ésta debe ser administrada como empresa independiente del gobierno.

Dos terceras partes de las personas a quienes se preguntó sobre la explotación de petróleo en aguas profundas consideró que Pemex ‘‘debería desarrollar su propia tecnología’’ y el resto respondió ‘‘que prefería que se asociara con empresas internacionales’’.

Recurrirá Morena a movilizaciones ciudadanas en defensa del petróleo


Matilde Pérez
Publicado: 22/07/2013 13:24

México, DF. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recurrirá a las movilizaciones ciudadanas en el país y a una gran concentración el 8 de septiembre en el Zócalo de la ciudad de México para impedir la privatización de Pemex.

“Se emprenderá una férrea defensa de la paraestatal, de la cual emanan 100 mil millones de dólares anuales que son destinados a salud, educación, vivienda, empleo y obra pública”, asentó Martí Batres, presidente de Morena, en conferencia de prensa.

Acompañado por diversos integrantes de la directiva de la agrupación, entre ellos el escritor paco Ignacio Taibo II, Batres sostuvo que el PAN, al presentar algunos lineamientos de su propuesta de reforma energética, “hace el trabajo sucio al gobierno federal, a cambio de la gubernatura en Baja California”.

Dicha reforma con la que se pretende privatizar Pemex se detendrá con la movilización pacífica de la población, aunque el PRI y el PAN tengan la mayoría en el Congreso de la Unión, destacó. Puntualizó que Morena reforzará sus campañas de información y de organización para frenar esa reforma energética. “No se necesitan reformas legislativas para capitalizar a Pemex, lo que se requiere es voluntad política”.

Bertha Luján, integrante de la dirigencia de Morena, sostuvo que al país lo que le hace falta es un proyecto nacional para distribuir mejor la riqueza petrolera y apuntalar a Pemex. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo que busca es fortalecer a los monopolios nacionales y extranjeros y mantener la política social como una herramienta de cooptación y control de la población.

Insultante, pobreza en la sierra de Zongolica; apoyos, a medias: ONG


FERNANDO INÉS CARMONA

Zongolica, Ver.-El fracaso por abatir la pobreza en los municipios de la sierra se debe especialmente al “desvío ilegal” que se hace de los recursos, materiales y económicos, de los programas asistencialistas tanto del estado como de la Federación. Aunque su aplicación se anuncia mediáticamente, “lo cierto es que miles de familias de la sierra siguen en medio de una pobreza ancestral e insultante”.

Claudio Castillo Pacheco, integrante de Alianza Regional Indígena, lamenta que en los municipios de la sierra de Zongolica “los proyectos de ayuda sólo sean fantasmas porque las familias indígenas en pobreza no tienen acceso a ellos, es más ni siquiera están enterados de que existen”.

“Esta situación provoca que entre las familias de la sierra haya un alto grado de incredulidad por los programas sociales”. Acusó que funcionarios de la delegación de Sedesol estarían involucrados: “La gente que trabaja en esa dependencia viene, empadrona a la gente, los ilusiona con ayuda, les llevan infinidad de proyectos en las comunidades y luego no les cumplen, esto se debe en gran parte a la discriminación de la que son objetos los habitantes de las zonas indígenas”.

Otra muestra son los programas del campo que se han anuncian, como apoyos para la cría de ganado y fertilizantes: “Estos programas vienen rasurados, los encargados de distribuir los recursos no los entregan completos y por ejemplo si a un productor agrícola o ganadero le deberían de entregar hasta 30 mil pesos, sólo recibe el diez por ciento de esa cantidad” acusa.

Ante ello, explica, “siempre hemos preguntado a dónde se va el demás dinero que el gobierno federal envía mediante sus delegados o representantes en cada entidad”.

Esto “ya hartó a la gente de la sierra, están molestos por el hecho de que los programas de apoyo o no llegan o cuando llegan vienen incompletos y eso genera problemas sociales”.

Hay otro caso, como lo es el programa de vivienda que impulsa la Sedesol, “a los supuestos beneficiados se les pidió determinada cantidad de dinero, pero es la fecha en la que ninguna de las casas está construida pero tampoco les han devuelto su dinero. Eso se llama fraude”, acusó.

Estas son, entre otras, unas de las tantas razones por las que la pobreza en las comunidades indígenas de los municipios de la sierra “no se ha erradicado. Hay muchos lugares en donde la pobreza es insultante. Hay lugares por ejemplo en donde una familia de hasta seis integrantes vive en una casa de madera de apenas veinte metros cuadrados, sin servicios básicos, no tienen qué comer y cuando lo hacen es una vez al día”.

Todo ello es factor de inconformidad, “pero sobre todo los abusos contra los indígenas continúan por el sólo hecho de ser eso, indígenas”.

Discrepancias en Las Patronas favorecen proyecto de la hidroeléctrica, acusa ONG


FERNANDO INÉS CARMONA

Amatlán de Los Reyes, Ver.- El objetivo de dividir a los grupos sociales de ayuda a migrantes en este lugar es muy claro: “abrir el camino para que el proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal finalmente se concrete”; además hay una clara intromisión del Congreso del Estado para fraccionar a la población y de paso inculpar al sacerdote de este municipio “de ser el factor de desunión, pedir su cambio de sede y con ello dejar el camino libre a los empresarios del proyecto”.

De acuerdo con un documento de Jairo Guarneros Sosa, integrantes del colectivo feminista Cihuatlahtolli, se presume que en efecto hay una división entre el grupo Las Patronas, dedicadas a la ayuda a los migrantes, “pero se señala injustamente al sacerdote Julián Verónica de ser el causante de los hechos”.

En el documento, se aclara el papel que asume el sacerdote titular de la parroquia de Amatlán de los Reyes: “Julián Verónica es de los pocos sacerdotes que aún mantienen un compromiso social y al lado de quienes buscan organizarse para resistir en sus pueblos y comunidades; es impulsor de espacios para la defensa de los derechos humanos, de los derechos humanos de las mujeres, de comunicación alternativa, de comercio justo, entre otras tantas actividades más, como el medio ambiente y la defensa de los recursos naturales.”

“Al ser el pueblo de Amatlán uno de los lugares en donde desde hace ya muchos años se apoya decididamente a los migrantes, su parroquia y su solidaridad nunca ha sido escatimada, así lo constató Alejandro Solalinde Guerra en el 2011 en la caravana por la paz, y así ha sido constatado por muchas personas más”.

Añade que el papel que asume el sacerdote Julián Verónica “además de su solidaridad y acompañamiento a expresiones organizativas populares, le ha acarreado animadversión de algunos sectores, que les irrita que un sacerdote no se quede dentro de su templo orando y pidiendo a toda su feligresía resignación, como suelen hacer la mayoría de los curas”.

Así, reconoce una división al interior de este grupo de mujeres que se dedica a la ayuda humanitaria hacia los indocumentados que pasan por esta zona centro del estado en su camino a Estados Unidos: “La división que se llevó a cabo dentro del grupo de apoyo a migrantes llamado Las Patronas parte de la inconformidad con la forma nada clara del manejo que se hace de los apoyos que reciben para su trabajo con migrantes”. De ahí, dice, nace el grupo Vive Migrante, que tiene como objetivo “recuperar el espíritu que animó al principio a Las Patronas a llevar a cabo su labor humanitaria”.

Con la creación de otro grupo, “para ellos también hubo ayuda, Julián Verónica les apoyó -sin que se metiera en el conflicto interno de Las Patronas- como lo hubiera hecho con cualquier otro grupo que se organiza, incluso como las mismas Patronas que haciendo como que tienen Alzheimer olvidan las muchas veces que acudieron a la parroquia de los Santos Reyes de Amatlán buscando el apoyo de Julián Verónica como en el 2011 que se recibió a Solalinde, apoyo que recibieron sin condición alguna, como después dolosamente señala la coordinadora de Las Patronas”.

“Todo indica que ese apoyo que el sacerdote Julián Verónica dio a otro grupo de ayuda a migrantes, pronto desató el enojo de las originales -así se autonombraron Las Patronas después de la división sufrida- e incluso después empezaron a aparecer declaraciones en la prensa de las originales afirmando que Julián Verónica las quería tener siempre dentro del templo haciendo oración, como condición para apoyarlas y por tales razones habían preferido no tener ninguna relación con dicho sacerdote”.

“Desde la división enfrentada el grupo de las originales con sus actos dejó en claro por lo menos para mí que les enoja que exista otro grupo que también tenga como misión el auxilio a las y los migrantes, en ese sentido, creo, piensan que sólo ellas tienen derecho a ser reconocidas como grupo humanitario de apoyo a migrantes, creen, aunque no sea así, que Vive Migrante pueda, en algún momento, ser apoyado por quienes sólo apoyaban a Las Patronas”.

Guarneros Sosa además aclara: “Si hay una diferencia entre ambos grupos, leí, escuché y vi entrevistas de Las Patronas en prácticamente todas ellas mencionaban que no recibían apoyo alguno para su labor, cuando en la realidad sí recibían muchos apoyos, sobre todo, después de que se volvieron celebridad nacional gracias a Televisa. Me parece que esta visceralidad y miseria mostrada por Las Patronas está siendo aprovechada por otros grupos y personas con la clara intención -es mi percepción- de sacar a Julián Verónica de Amatlán, con lo que piensan tener el camino libre para iniciar por fin el proyecto hasta ahora suspendido de la hidroeléctrica El Naranjal.

Concluye: “Lástima de tan laureado grupo que se presta a tales intenciones. ¿Por qué? No lo sé, lo que sí sé es que ni los funcionarios del estado ni Legislatura ha apoyado a otros grupos ni se ha promovido que estos otros grupos que al igual que Las Patronas hacen un trabajo humanitario importante sean propuestos para nombrarles “beneméritos” -que además no lo necesitan ni quieren- ni tampoco se ha pensando en apoyarlos en sus actividades, es decir, no dan paso sin linterna”.

Autoriza Semarnat hidroeléctricas en Xico y Coatepec; callan cabildos


NORMA TRUJILLO BÁEZ

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental regional (MIA) presentado por la empresa Perseveranza Energética SA de CV para llevar a cabo el Sistema de Generación Hidroeléctrica Isletas (1 y 2) en los municipios de Coatepec y Xico. La instancia federal consideró que no se afectará al medio ambiente y retomó que el Programa de Desarrollo Urbano de Xico no contiene criterios ecológicos, políticas o unidades de gestión ambiental que limiten o prohíban el desarrollo de obras, asimismo aprobó ante la omisión de las autoridades de Coatepec y Xico para que expresaran sus puntos de vista sobre el impacto ambiental que traería a sus poblaciones la obra.

Para la instalación del proyecto se requiere una instalación total de 6.77 hectáreas, se autoriza una superficie de remoción o afectación de vegetación forestal o preferentemente forestal de 3.88 hectáreas.

Ubicación del proyecto

En la cuenca del río La Antigua, aproximadamente a 3.5 kilómetros de Coatepec, se encuentra la derivadora en operación que será utilizada para abastecer el subsistema Isletas 1, que correrá paralela al río Tillero hasta la casa de máquinas localizada aguas arriba de la confluencia de los ríos Tillero y Matlacobatl.

Isletas 2, el primer canal de llamada, se localiza sobre el río Texolo, formado del río Matlacobatl, aproximadamente a 4.5 kilómetros al sureste de la localidad de San Marcos de León.

Naturaleza del proyecto

El proyecto contará con un equipamiento de estructuras que permitirán la generación y trasmisión media anual de 84 mil 884.4 megavatios-hora (MWh) en el subsistema Isletas 1, y de 134 mil 904 MWh en Isletas 2, para un total de 219 mil 788.4 MWh.

El proyecto Isletas considera la instalación de una planta generadora de energía hidroeléctrica dentro de la cuenca del río Matlacobatl, en un sitio denominado Isletas. Este proyecto aprovecharía una parte de los escurrimientos generados en esta cuenca, y la carga hidráulica generada por el desnivel del terreno entre los sitios donde se localicen las obras de toma y el de la casa de máquinas.

El agua, captada en los sitios de toma, será conducida en algunos tramos mediante un canal a cielo abierto y en otros a través de un túnel y de tubería a presión. El Sistema Isletas está planteado como la integración de la energía eléctrica generada por dos subsistemas: Isletas 1 e Isletas 2.

Dentro del planteamiento general del proyecto y de acuerdo con los resultados del dimensionamiento preliminar, se considera que no afectará el equilibrio ecológico que actualmente caracteriza a los cauces involucrados, por las siguientes razones: en el Sistema Isletas 1 la captación del agua procedente del río Tillero se realizará en una cortina vertedora que ya existe y se encuentra en operación. Sólo los excedentes de agua que se generen durante la temporada de lluvias serán destinados a abastecer el sistema hidroeléctrico.

Mientras que en el Sistema Isletas 2 por las características tanto topográficas como geológicas de la zona, para la captación del agua que se empleará en la generación eléctrica no se requiere construir una presa derivadora, ya que es suficiente contar con un canal de llamada, que servirá únicamente para desviar y encauzar los gastos hacia la línea de conducción, lo que permitirá que por el cauce escurran los gastos ordinarios del río. Se contemplan tres tomas de este tipo sobre cada una de las siguientes corrientes, todas ellas formadoras del río Matlacobatl: Texolo, Limón y Pintores.

Afectaciones

Dentro de las afectaciones al medio ambiente, el MIA contempla cambios en las condiciones locales poco significativos por incremento en la temperatura, aumento de la evapotranspiración por la remoción de la capa vegetal.

Alteración de la calidad del aire, por la generación de partículas de polvo y de emisiones, erosión de los suelos debido a la eliminación de la cubierta vegetal que los protege y fija al sitio, disposición inadecuada de la vegetación retirada.

Asimismo, deterioro del hábitat de fauna silvestre, al remover y destruir la vegetación y el suelo que la sostiene, además de retirar material, al formar la sección de proyecto ahora las líneas de conducción o preparar el sitio para el desplante de estructuras, que traerá como consecuencia generación de ruido y polvos, generando el efecto barrera. Estos impactos son adversos e inevitables parcialmente permanentes.

Además, enumera que dentro de las excavaciones habrá polvo, gases y partículas emitidas por los trabajos, los vehículos y maquinaria empleada afectan comunidades vegetales aledañas, disminuyéndole capacidad de fotosíntesis. Este impacto es adverso y parcialmente temporal. Cambio no significativo y permanente en la estructura del paisaje por eliminación de la vegetación existente en la zona de desplante, incremento en la concentración de partículas suspendidas en la atmósfera.

Respecto a la vinculación, la empresa indicó que se fundamenta el aprovechamiento racional y productiva de la potencialidad del agua, el tiempo que plantea contribuir al desarrollo social y crecimiento local y regional.

El Plan de Desarrollo de Xico no prohíbe obras

La DGIRA señala en la autorización del proyecto que “considerando que el proyecto se ubicará en el estado de Veracruz, en los municipios de Coatepec y Xico, son aplicables los instrumentos de planeación, de ordenamiento territorial y ecológico, así como jurídicos y normativos siguientes: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xico, publicado en el periódico Oficial del Estado de Veracruz el 29 de mayo de 2008, el cual no contiene criterios ecológicos, políticas o unidades de gestión ambiental que limiten o prohíban el desarrollo de obras o actividades inherentes al proyecto”.

DGIRA identificó que en ninguno de los lineamientos aplicables al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xico se señalan prohibiciones expresas para la realización de las obras o actividades del proyecto, por lo que se autoriza la obra, aunque en la misma resolución, DGIRA advierte que la autorización solo se refiere a aspectos ecológicos de la obra, lo que no representa el permiso de inicio de la obra , ni reconoce o valida legítima propiedad y o tenencia de la tierra, por lo que quedan a salvo las acciones que determine la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las autoridades federales, estatales y municipales.

Coatepec y Xico no dieron opinión

El ayuntamiento de Coatepec y Xico no respondieron a la solicitud de opiniones que hizo la DGIRA en relación con los impactos ambientales que tendría el Sistema de Generación Hidroeléctrica, “se cumplió el plazo y no hubo respuesta” de ahí que de acuerdo a la ley serán obligatorios o vinculativos estos informes, salvo disposición legal.

Aunque se señala que “el proyecto es ambientalmente viable”, la autorización del proyecto se da de manera condicionada, y se inscribe que “la presente resolución abarca la evaluación de los impactos ambientales por la remoción de la vegetación de los caminos de acceso, sin embargo no autoriza la apertura de dichos caminos (nuevos o por rehabilitar), ya que la evaluación en materia de impacto ambiental por la construcción o rehabilitación de los caminos de acceso corresponde al gobierno del estado de Veracruz, toda vez que no son considerados una vía general de comunicación y en consecuencia no se ajustan a los supuestos señalados en el artículo 28, fracción I de la LGEEPA y 5, inciso B9 de su REIA, por lo que previo a su desarrollo, la empresa deberá obtener la autorización que en la materia emita el gobierno de Veracruz”.

La presente autorización tendrá una vigencia de 12 meses para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio y construcción y de 20 años para la operación y mantenimiento del proyecto.

Dentro de las condicionantes, a la empresa le señalan que deberá llevar a cabo el programa de reforestación propuesto con especies nativas de la zona en una proporción igual a la que será afectada que corresponden a 3.88 hectáreas, sobre todo en la superficie afectada por la introducción de las líneas de conducción, línea de trasmisión y en los caminos temporales de acceso, o bien en pareas de proceso de erosión, evitando el sembrado o utilización de especies arbóreas sobre o cerca de los elementos construidos. Con base en lo anterior, la empresa deberá remitir el programa de reforestación, tres meses previos al inicio de obras o actividades relacionadas con el sistema hidrológico.

La empresa deberá llevar a cabo un programa de manejo y restauración de suelos, en el que se incluya el diseño de acciones de conservación de suelos o control de erosión las cuales estarán basadas en un estudio de análisis de Riesgo de Erosión en las zonas destinadas al desarrollo del proyecto con la finalidad de identificar las áreas sensibles a la delegación Veracruz de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Daños al Río Blanco son casi irreversibles, lamenta presidente del Consejo de Cuenca


ROXANA AGUIRRE

Veracruz, Ver.- El río Blanco se ha convertido en un caudal enorme de aguas negras, la contaminación que el humano ha ejercido sobre el cuerpo de agua es ahora casi irreversible, aseguró el presidente de la Asamblea del Consejo de Cuenca del Río Papaloapan, Berto Castro Lagunes.

“La contaminación es irreversible por la complacencia de los gobiernos, si ahorita no le ponen ganas perderán la cuenca del río y perderán todos, incluso la zona conurbada VEracruz Boca del Río”, expresó.

Castro Lagunes indicó que son más de 30 municipios los que están afectados por esta contaminación, desde Maltrata, Nogales, Río Blanco, Rafael Delgado, Ciudad Mendoza, Córdoba, Fortín Naranjal, Yanga, Omealca Tierra Blanca y Alvarado,

Expresó que con la instalación del Fideicomiso Alto Río Blanco (Firiob) que de inicio fue propuesto por Dante Delgado Rannauro y posteriormente puesto en marcha en el 2000, bastaron cuatro años para poder disminuir en más de un 25 por ciento la contaminación del afluente.

“Logramos que hubiera vida acuática hasta Cuichapa, pero después se dejó de lado y las malas prácticas, la falta de tratamiento de las aguas y los desechos de las industrias de la zona que van a dar directo al afluente terminaron por echar atrás todo el trabajo y ahora está muy contaminado de nuevo”, explicó.

El presidente de la Asamblea del Consejo de Cuenca del Río Papaloapan aseveró que los ayuntamientos no tiene la disposición de entrarle al saneamiento del río Blanco.

Consideró que la situación se está convirtiendo en un problema muy severo que ya está provocando un problema a la salud pública de la población de la zona que no tendrá otra solución más que bajar el nivel de contaminación.

Se oponen pobladores a desviar el caudal del Atoyac para beneficio de industrias


ROXANA AGUIRRE

Veracruz, Ver.- Asociaciones civiles e integrantes de la Coordinadora Campesina en Defensa del río Atoyac realizarán diversas movilizaciones en las carreteras de los puntos cercanos a Atoyac para evitar que se desvíe el caudal del río del mismo nombre hacia Córdoba.

El presidente de la asociación Justicia y Conciencia Ciudadana, José Filemón Robles Rodríguez, aseguró que los bloqueos se realizarán principalmente en Amatlán de los Reyes, Cuitlahuac, Carrillo Puerto y otros puntos como la carretera Boca del Río - Córdoba, para que las autoridades correspondientes hagan caso a la problemática.

“Se irá de ser posible hasta el presidente de la República, con diputados y senadores, agotar todas las instancias legales para defender este río porque de él dependen la salud y la vida de los pobladores de estos municipios”, expresó.

La primer protesta podría realizarse la próxima semana a las 9 horas desde la plaza Banderas ubicada en Boca del Río, a ella asistirán campesinos y habitantes de la zona afectada.

“Vamos desde Boca del Río hasta Ojo de Agua, que es como se conoce al nacimiento del río Atoyac, son seis municipios los que son los afectados directamente, salimos desde temprano con unas 2 mil o 3 mil personas”, expresó el organizador.

Recalcaron que en caso de no obtener una respuesta favorable comenzarán a tomar acciones más severas.

Los integrantes de la coordinadora, indicaron que desde el 2011 se iniciaron las gestiones para desviar el nacimiento del río Atoyac hacia Córdoba para poder abastecer de agua a algunas comunidades.

“Sospechamos que esta podría ser una estrategia para darle agua a fábricas que están en la zona (...) sabemos que el agua es derecho de todos, pero no se debe de favorecer a las industrias que contaminan nuestros afluentes”, expresó uno de los miembros de las asociaciones.

CONSECUENCIAS

Indicaron que desde el año 2006 se reportó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la contaminación severa que causa la Destiladora del Golfo a este afluente, sin embargo, ante la falta de respuesta de las autoridades que esta industria está generando acudieron a la Procuraduría General de la República que tampoco ha emitido una solución.

De acuerdo a los datos que han recabado en la coordinadora campesina en Defensa del Río Atoyac, hasta el momento tienen 80 personas enfermas en el municipio de Carrillo Puerto por consumir agua de este río, lo que ya es un problema a la salud pública.

Sin pruebas me acusaron de narco: Lemus / La redacción



“Los Malditos, crónica negra de una cárcel de exterminio” (Random House Mondadori) será presentado el 16 de julio en México y es el resultado de los tres años y cinco días que Lemus pasó encerrado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande (oeste).

Recluido desde 2008 en una zona de aislamiento del penal, Lemus logró ingeniárselas para escribir en el día lo que algunos célebres delincuentes y vecinos de celda le contaban entre susurros por la noche.

Mario Aburto, asesino en 1994 del entonces candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio; Álvaro Darío Valdez, ‘El Dubi’, miembro de la sanguinaria banda de los Narcosatánicos, y Daniel Arizmendi, apodado ‘El Mochaorejas’ porque gustaba de cortar orejas a sus víctimas de secuestro, son parte de la lista de personajes que conoció Lemus, que prefiere no dar muchos detalles de sus retratos.

En una entrevista con la AFP, el periodista relata cómo sacaba de la cárcel los textos escritos en las raciones de papel sanitario a las que tenía derecho diariamente. Las tiras de papel las doblaba en pequeñas piezas que escondía y después entregaba a su esposa en las visitas conyugales para que se las llevara metidas dentro de los zapatos.

Lemus reconoce que esa vocación de reportero fue lo único que lo alentó a seguir viviendo en esos oscuros años, en los que se convirtió en el único caso conocido de un periodista encarcelado en México por narcotráfico cuando el país vivía azotado por la lucha frontal antidrogas del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

En mayo de 2008, cuando fue detenido, Lemus era director de El Tiempo, un periódico local del municipio de La Piedad en el estado de Michoacán (oeste), donde Felipe Calderón había iniciado su despliegue militar contra el narcotráfico, que generó una ola de violencia en la que más de 70.000 personas fueron asesinadas durante su mandato.

El periodista investigaba entonces las redes que había tejido uno de los cárteles entre Michoacán y el vecino estado de Guanajuato (centro) cuando un comandante de la policía, que había sido una de sus mejores fuentes, lo entregó a policías vestidos de civil.

“Me esposaron, me pusieron una capucha y me secuestraron dos días en un lugar desconocido a manos de policías. Ahí sufrí la tortura que yo ni siquiera me imaginaba que existía”, recuerda este periodista especializado en asuntos policiacos.

La bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo, los toques eléctricos en los testículos y las golpizas con tablas, entre otros suplicios, no lograron hacerlo firmar una declaración para reconocer ser parte de un cártel, pero después aceptó declarar que fue detenido junto a dos hombres que resultaron ser narcotraficantes.

El periodista fue sentenciado a 20 años de prisión por promoción del narcotráfico y al poco tiempo fue enviado a Puente Grande, donde los primeros seis meses permaneció en una pequeña celda en la que casi siempre lo mantenían desnudo.

Todas las noches lo sacaban a un patio donde lo hacían rodar por el suelo con chorros de agua a presión. “Me ponían unas palizas que mejor no te platico”, explica el comunicador, de 46 años, que tuvo que hacerse cargo de su defensa porque dos de sus abogados fueron asesinados.

Finalmente, una juez federal aceptó su apelación en mayo de 2011 y lo puso en libertad.

El periodista recuerda que su diario, que cerró tras su detención, había criticado sistemáticamente a la administración local y a los “amigos del expresidente Felipe Calderón”, originario de Michoacán.

El reportero ahora no puede volver a La Piedad y sobrevive con dificultad en Morelia, capital estatal, sin poder ejercer su labor periodística.

En Reporteros sin Fronteras “consideramos que es un caso inédito. No tenemos registrado ningún otro caso de un periodista que haya sido detenido tres años” y acusado de colaborar con el narcotráfico, dijo a la AFP Balbina Flores, corresponsal de la ONG de origen francés, que enmarca el caso en la vulnerabilidad de la prensa en México.

Jesús Lemus: el periodista que sobrevivió a Calderón


por Oriol Mallo

Jesús Lemus: el periodista que sobrevivió al calderonato.

Jesús Lemus Barajas estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y pagó un precio demasiado alto. El aguerrido director de un periódico local en La Piedad, Michoacán, tuvo frente a sus ojos un historia que no podía desperdiciar: en su región se daba la famosa guerra contra el narco que el presidente Calderón consideró esencial para salvar a México del caos. Investigando historias oscuras del narco y las fuerzas de seguridad, no se dio cuenta que seguir las pistas de la barbarie acarrea rudas consecuencias. Un comando armado se lo llevó a una centro ilegal de detención en Guanajuato y tras un semana de torturas apareció ante las cámaras de TV como supuesto jefe de la Familia Michoacana. Huelga decir que los secuestradores y torturadores eran militares y que su secuestro no terminó en muerte porque llegaron reportes rápidos de su desaparición y se evitó el previsible final.

Pero igual le inventaron a Jesús Lemus todos los cargos habidos y por haber. Pasó tres años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde decidió que no se dejaría llevar por la depresión y el terror. Lo consiguió de la única forma que un compañero de gremio puede hacerlo: recuperando el espíritu del periodismo y aprovechando las ventajas de un entorno brutal. La consecuencia de su acto de honor fue un libro que publica Grijalbo y se titula Los Malditos. Crónica negra desde Puente Grande que es una colección de entrevistas con el top ten de los delincuentes ahí encerrados y un relato del horror que vio y vivió. Tras 36 meses en el infierno carcelario Jesús Lemus salió en libertad. Todo su caso fue pura falacia. Sin trabajo y deshecho, tenía al menos un libro en ciernes que daría sentido a su experiencia.

Sobrevivir para que otros lleguen a saber.

Y el libro ya está en todas las librerías. Su testimonio es solo un botón de muestra pero confirma, en grado extremo, el nivel de brutalidad que se dio en la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuando un presidente desesperado por conseguir legitimidad concedió al ejército mexicano, la PFP y la Marina barra libre para convertir a los civiles -molestos, sospechosos o críticos- en blanco directo de la guerra sucia.

Sin ley, sin garantías jurídicas ni habeas corpus, el camino al salvajismo quedó abierta. El juego mortal entre los cárteles y el estado abrió la espita para que todas las vidas cayeran en manos de la barbarie. Una barbarie que se cebó especialmente en personas como Jesús Lemus que intentaron contar lo que estaba pasando en los inicios de guerra contra el narco.

Sirva esta historia que él mismo ha relatado a varios medios para romper los cínicos prejuicios que tantos acataron sobre las víctimas del calderonato: los muertos, los torturados, los encarcelados algo hicieron para terminar tan mal.

Pues no: igual que altos funcionarios y militares acusados por testigos protegidos resultaron inocentes, civiles injustamente encarcelados tampoco tuvieron culpa alguna. Solo la mala suerte que gente con poder quisieran desaparecerlos.

Pasen y lean…

Acoso laboral y amenazas a periodistas


José Martínez Cruz, Marco Aurelio Palma Apodaca

Cuando las y los periodistas se encuentran en la mira de amenazas, violencia, hostigamiento, el panorama de la libertad de expresión se ensombrece. En lo que va del sexenio de Peña Nieto ha habido cuatro asesinatos de periodistas, tres desaparecidos y nueve ataques contra medios de comunicación, registrando el peor arranque en cuanto a ataques a la libertad de expresión y la profesión periodística. Existe una ley y un mecanismo de protección a periodistas, una reforma a la constitución y hay más violencia, no baja el número de ataques contra periodistas. El sexenio de Calderón es hasta el momento, el más violento para la prensa y los medios de comunicación en la historia reciente, el último año de su mandato, se contabilizaron un total de 258 agresiones a la libertad de expresión, en el marco del ejercicio periodístico, hacia el derecho de libertad de expresión, desde asesinatos y desapariciones hasta los actos más sutiles de intimidación como método para inhibir el ejercicio del periodismo.

Diversas organizaciones de derechos humanos y de periodistas hemos impulsado desde el 2008, la creación de un mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. El grave panorama que viven trabajadores de los medios de comunicación en el país, se expresa en el asesinato de tantos periodistas, desaparecidos, perseguidas y amenazados. Resulta paradójico que periodistas que defienden derechos laborales de otros trabajadores, mediante notas y reportajes, carezcan de esos mismos derechos. Derechos elementales, no los fantasiosos del supuesto Cuarto Poder: salario profesional, estabilidad en el empleo, horarios de trabajo, prestaciones sociales, derecho a la organización colectiva.

En Morelos es recurrente el despido de periodistas de diversos medios, quienes, igual que cuando sufren amenazas en su vida, quedan desprotegidos.

Hay claros ejemplos que ilustran lo anterior, con despidos masivos, o con quienes son sustraídos de sus actividades regulares para protegerlos ante un posible atentado. Nuestro organismo desde el 2010, pedimos la intervención de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República (Rosario Ibarra de Piedra) ante los constantes ataques de funcionarios y al efecto se tomaran las medidas conducentes de protección y hostigamiento laboral sufridas, en la Institución Pública del Sistema Morelense de Radio y Televisión que dependía del Congreso del Estado de Morelos, y en el mismo sentido solicitamos darle seguimiento a esta grave situación que vive el gremio del periodismo en el Estado de Morelos, demandamos en su momento “las medidas cautelares” y las responsabilidades especificas por parte del Gobierno del Estado de Morelos y la Comisión de Radio y Televisión del Congreso del Estado de Morelos, particularmente a la Senadora en su momento, le pedimos su respectiva colaboración toda vez que las quejas elevadas por el personal del SMRT al Congreso, cayeron en oídos sordos de Diputados. Ninguno de los diputados de la anterior legislatura asumió la defensa al grado que actualmente se ventila ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Demanda por hostigamiento laboral, que se tradujo en congelarlos, reubicarlos o despedirlos. Al respecto la SCJN ha definido el acoso laboral de la siguiente forma: Se han identificado una serie de conductas o comportamientos que son indiciarios de la existencia del acoso moral y/o psicológico en el trabajo.

Entre éstos encontramos: conductas que pretenden atentar contra la reputación de la víctima o contra el ejercicio de su trabajo, y conductas que traten de manipular la comunicación en información con los demás compañeros o superiores. Dichas conductas tienen como resultado, por lo general, daños a la salud laboral y a la dignidad del trabajador.

Comúnmente encontramos que son actos repetitivos, sistemáticos o recurrentes, pero no debe fijarse un periodo mínimo para hablar de la existencia de acoso laboral. No disparen al periodista, respeten sus derechos, es la consigna.

Busca pueblo de Tlapa crear su policía comunitaria


SERGIO FERRER ( Corresponsal)

Tlapa, 21 de julio. Habitantes de Tlaquiltzinapa, comunidad indígena de Tlapa, se reunieron en asamblea, ante la cual coordinadores de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de Espino Blanco informaron sobre los requisitos y responsabilidades que implica crear una cuerpo policiaco incorporado a ese organismo.

Lo que ha generado interés en la comunidad es la inseguridad y la violencia en la ciudad, dijo un representante del Movimiento Popular Guerrerense, quien ejemplificó que recientemente fueron secuestrados dos niños de familias humildes, por quienes los secuestradores están pidiendo dinero. El representante, quien omitió su nombre, advirtió que aunque al alcalde no le guste, se seguirán organizando porque es una necesidad.

Coordinada por el comisario municipal, Eusebio Beltrán Hidalgo, la asamblea contó con la asistencia de principales, autoridades y hombres de la comunidad, pero no hubo presencia de mujeres del pueblo. A petición de la comunidad, los coordinadores de la Crac-PC acudieron para informar los pasos necesarios para constituir una policía comunitaria en el poblado nahua.

El coordinador Sulspicio Solano Cantú afirmó que el trabajo de la Policía Comunitaria es gratuito, porque no se compra ni se vende justicia, y explicó: “el uniforme es sagrado, nunca deberá andar un policía en la cantina; es respetuoso, responsable, atento; tendrá además la firmeza y valor para detener a sospechosos o gente de la delincuencia, porque, aunque es difícil, son cosas que no se deben omitir”.

Pero aclaró que es labor de todo el pueblo no solo de la policía comunitaria.

Se unificarán movimientos y ONG en un frente: líder


CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 21 de julio. El frente de organismos y movimientos sociales busca impedir que prosperen iniciativas como la de la policía rural que pretende imponer el gobernador Ángel Aguirre, así como la explotación y destrucción de los territorios, aseguró el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández.

Consultado sobre el acuerdo adoptado este sábado en el foro Digna Rebeldía impulsado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, por su aniversario 19, Olivares Hernández dijo que el aglutinar a todos los movimientos sociales “es una necesidad” ante la intención del gobernador de desarticular las luchas sociales.

Entre las principales acciones está defender la Ley 701 y, con ello, a las policías comunitarias.

“Esta pretensión de Ángel Aguirre de reglamentar y prácticamente desarticular a la Policía Comunitaria y someter de alguna manera a los que genuinamente están participando en los grupos de autodefensa de la Upoeg, consideramos que es necesario que las organizaciones se unan y formen un frente común contra esas pretensiones”, dijo.

Olivares Hernández agregó que es necesario que organizaciones como el Cecop, la Crac, la Ceteg, los grupos de autodefensa de Olinalá, Huamuxtitlán y Atliaca, y los centros de derechos humanos se unan, pues se prevé que arrecie esta intención del gobernador.

“La intención de desarticular a la Policía Comunitaria mediante esa reglamentación es un indicativo de que la represión contra el movimiento social, contra los defensores de derechos humanos, es un riesgo palpable”, dijo.

Además, es necesario luchar contra la pretensión del gobierno de impulsar los proyectos de explotación minera, y para ello también se haría ese frente.

“Se requiere formar un frente, un bloque, para frenar todo esto, porque finalmente el convertirlo en policía rural implica incorporarlos al sistema mestizo, y las comunidades indígenas no están de acuerdo porque acotarían sus funciones y serían sujetas a lo que determine el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia del Estado”, señaló.

Mueren dos sicarios cuando iban a matar a desplazados de la sierra


En el sitio del atentado radican Hermelindo, Bernardo y Constantino Díaz Pérez y sus familias

Los atacantes fueron enviados por la familia Montúfar, asegura el dirigente de la Redgroac

MARGENA DE LA O Y
 CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 21 de julio. Al entrar al pueblo de La Unión, en Ayutla, a agredir a balazos a las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, de donde salieron por la violencia, dos presuntos sicarios murieron esta mañana cuando los habitantes respondieron a la intimidación.

Eran las 10 de la mañana cuando hombres con rifles AK-47 llegaron a las inmediaciones del pueblo para asesinar a las familias desplazadas, quienes respondieron. Al sonar los balazos, llegaron al pueblo integrantes de la Policía Ciudadana, que coordina la Unión de Organizaciones y Pueblos de Guerrero (Upoeg), quienes también enfrentaron a los armados. De todo aquello quedó un saldo de dos agresores muertos y uno detenido al intentar huir por el monte.

El hombre detenido fue trasladado a la Casa de Justicia de Ahuacachahue del Sistema Ciudadano de la Upoeg; se supo que otros dos atacantes sí huyeron.

La Policía Ciudadana ya aseguró el vehículo en que entraron los hombres armados a La Unión, así como el rifle AK-47 de un pistolero muerto de un balazo en el pecho, que vestía pantalón negro y camisa gris.

El 21 de abril de 2012, unas 31 familias, que suman 156 personas, entre niños, mujeres, adultos y ancianos, huyeron de la violencia tras la ejecución, el 18 de febrero de 2011, de Rubén Santana Alonso, esposo de Juventina Villa, quien fue asesinada más adelante, el 28 de noviembre de 2012. En Puerto las Ollas, Coyuca de Catalán, se quedaron 15 familias.

A Ayutla llegaron 16 familias: siete se asentaron en Tepango; seis, en la cabecera municipal, y tres, en La Unión, para cuidar ese terreno en que el gobernador Ángel Aguirre Rivero les prometió construir sus casas. Esas tres familias son las de los hermanos Hermelindo, Bernardo y Constantino Díaz Pérez, con sus esposas y sus tres, cuatro y cinco hijos, respectivamente, y habitan casas de estructuras hechas de troncos y lonas a la ribera de un río.

Apenas el 26 de junio pasado, la Red Guerrerenses de Organismos Civiles y de Derechos Humanos visitó a las familias desplazadas en La Unión y Tepango, y constató sus condiciones complicadas y de carencias.

Una de las familias en Tepango es la de la pareja Sergio Santana Palacio y Juana Alonso Ochoa, suegros de la lideresa ecologista Juventina Villa Mojica. Primero, se refugiaron en Puerto las Ollas, hasta llegar a esta comunidad de Ayutla a mediados de diciembre de 2012, junto a tres de sus hijos, de los cuales dos llevaban sus propias familias, y su nuera con sus cuatro hijos.

Ese día, Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles y de Derechos Humanos, mencionó las posibles causas de la violencia en la región de la sierra: “es una de las zonas con abundante riqueza de recursos naturales y minerales; los recursos madereros, principalmente, han sido codiciados para su explotación irracional, lo que provocó el surgimiento de grupos de talamontes, quienes actúan en contubernio con grupos de la delincuencia organizada que se han adueñado de esta zona para tener el control estratégico de este territorio para la producción y paso de estupefacientes”.

Vivos o muertos: Olivares

Personas desconocidas atacaron a balazos a habitantes de La Laguna que están refugiados en la ranchería de La Palma II, de la comunidad de La Unión, en el municipio de Ayutla, confirmó el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández, quien informó de un muerto y un detenido.

Detalló que los refugiados informaron a la Redgroac que desde el viernes por la tarde rondaba por el rumbo un Jetta color plata con placas del Distrito Federal.

Le dijeron que un persona llegó preguntando por varios refugiados que viven temporalmente en La Palma II.

“Después de hacer varias investigaciones con familiares y amigos, que tienen incluso en el Distrito Federal, les informaron que esa gente fue enviada por Francisco Montúfar Mendoza, que vive en el DF y que es hermano de Rick y de Saúl y de todos los Montúfar que han estado trabajando en el gobierno del estado y que tenían un plazo de 15 días para llevarse a algunos de los desplazados vivos o muertos”, detalló Olivares Hernández.

Agregó que la agresión que sufrieron en la Palma II la mañana de este domingo podría confirmar que la agresión viene orquestada desde los Montúfar “y que la intención era matarlos”.

De la agresión, precisó, resultaron dos personas muertas y un detenido; sin embargo, hasta el mediodía desconocía a qué grupo pertenecían.

Hace un par de meses, habitantes de La Laguna que antes abandonaron sus hogares y se refugiaron en Puerto Las Ollas debido a la violencia en esa zona decidieron desplazarse al municipio de Ayutla.

En total, hay unas 60 personas, entre adultos y niños, de al menos 14 familias, según informó Olivares Hernández.

Algunas familias se refugiaron en la comunidad de Tepango; otras, en Palma II, y unas más, en la cabecera municipal.