Fuente: Gobierno Legitimo
miércoles, 22 de abril de 2009
Fotos: AMLO en Cananea
Fuente: Gobierno Legitimo
Se creará un Comité Nacional en Defensa y Solidaridad con los mineros de Cananea, anuncia López Obrador
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* El objetivo principal es garantizar el abasto de alimentos y medicamos a los trabajadores en huelga y sus familias Fuente: Gobierno Legítimo |
Refrenda AMLO su apoyo a los mineros de Cananea; retornará al municipio, en caso necesario, aclara
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* Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el acto de apoyo a los mineros en huelga de Cananea, Sonora |
Fuente: Gobierno Legítimo
Exigimos respetar y reparar los derechos de los trabajadores de Cananea: Legisladores del PRD, PT y Convergencia
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* Pronunciamiento de senadores del Frente Amplio Progresista, que acompañaron al presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, al acto de apoyo con los mineros de Cananea, Sonora Fuente: Gobierno Legítimo |
PRONUNCIAMIENTO DE SENADORES DEL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA AL REUNIRSE CON MINEROS DE CANANEA, SONORA
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* Pronunciamiento de senadores del Frente Amplio Progresista al reunirse con mineros de Cananea, Sonora |
APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
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Carmen Aristegui Noticias MVS 22 de abril de 2009
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Audio Cortesia de AMLOTV Soberania Popular
Videos y Fotos de la Protesta frente a Canal 11
Este miércoles 22 de abril de 2009 se llevo a cabo una protesta frente a las instalaciones del canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, ubicadas en la unidad profesional “Lázaro Cárdenas” (área conocida como el Casco de Sto. Tomas) convocada por la organización “Flor y Canto” y a la que asistieron ciudadanos preocupados por el giro que recientemente ha tomado la programación del canal, en lo que parece una muy poco disimulada comercialización de los contenidos y su alejamiento de los contenidos culturales y educativos que lo han caracterizado desde su fundación.
Esta protesta se llevo a cabo sin ningún incidente y los ahí reunidos exigieron la renuncia del director de canal 11, la restitución de tiempos y horarios de programas como “Primer Plano” y el programa de entrevistas de Cristina Pacheco, ello entre consignas como: “No más basura, queremos más cultura”.
Se unió también a esta protesta cerca de las 12:00 PM el presidente de la comisión de cultura de la cámara de diputados e hizo uso de la palabra al igual que varios de los asistentes.
A esta protesta pacífica acudieron además profesores y alumnos de las escuelas circundantes, muy a pesar de que dentro de algunas escuelas como la ENCB se hizo correr el rumor de que había en las inmediaciones del casco de Sto. Tomas “grupos de porros muy agresivos” y se solicito a muchos profesores que no permitieran salir a sus alumnos, como si de niños de educación primaria se tratara y no de adultos y adultos jóvenes.
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5 Dip. Alfonso Suárez del Real
Fotos
Cobertura AMLOTV
AMLOTV
Soberania Popular
Psicosis en Cananea por la entrada de la PFP
Madres de familia y niños temen que haya un enfrentamiento con grupos antimotines porque sus padres y hermanos hacen guardia en la huelga de mineros, López Obrador y varios legisladores del FAP van a ir a apoyar a los mineros en huelga el proximo fin de semana
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Yo sigo siendo Jacinta
Actualización y segundo programa de "Reporte 13" del periodista Ricardo Rocha, del caso de Jacinta Francisco Maciel, indigena Ñhañhu, acusada injustamente de "secuestrar" a 6 AFIS fuertemente armados, y sentenciada a 21 años de prisión. La resolución del Juez del caso y demás datos.
Si quieres ver el primer programa sobre el caso de Jacinta Francisco Maciel
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Comunicado de la Comisión de Mediación entre el PDPR - EPR y el Gobierno Federal
Al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario.
Al Gobierno Federal.
A la Opinión Pública.
Al acercarse el primer aniversario de que se constituyó esta Comisión de Mediación, hacemos del conocimiento de las y los mexicanos la situación que guarda la labor que, a propuesta del PDPR-EPR, hemos realizado al mediar con el gobierno federal en relación con la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
ANTECEDENTES
1.- El 24 de abril del 2008, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) solicitó a un grupo de ciudadanos mexicanos y al Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) que a su nombre hicieran gestiones ante el gobierno federal (en su carácter de representante formal del Estado Mexicano) a fin de aclarar la situación de dos de sus militantes a quienes consideró como detenidos desaparecidos. El objetivo fue lograr su presentación con vida. Poco antes, dicha organización había realizado algunas acciones tendientes a presionar a su contraparte para alcanzar ese propósito, considerando que es el gobierno quien tiene en su poder a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
2.- Para aceptar la encomienda, las personas designadas por el PDPR-EPR pusieron una condición que comunicaron a la organización por medio de la prensa: que se declarara un alto al fuego unilateral y que la suspensión de hostilidades se mantuviera todo el tiempo que la Mediación estuviera vigente. Tal condicionamiento fue aceptado y se agregaron otras organizaciones político-militares.
3.- Por tratarse de una mediación sui generis (pues la prensa y los medios electrónicos fueron los únicos instrumentos de comunicación que los comisionados tienen con el EPR), se esperó hasta que la otra parte, el Gobierno Federal diese su aceptación, para constituir formalmente la Comisión de Mediación (COMED). Esto ocurrió el 1 de mayo del 2008.
4.- La parte gubernamental designó como su representante a un grupo encabezado por el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Abraham González Uyeda, con el que se definió el método de trabajo. En el proceso, hubo intercambio de documentos acerca de los mejores caminos para alcanzar el objetivo.
5.- Para cumplir su misión, la COMED tuvo acercamiento con los familiares de los desaparecidos y sus abogados, con los organismos de derechos humanos que han intervenido en el tema y con agrupamientos de la sociedad civil que de diversas formas la han respaldado. También se entrevistó en diversas ocasiones con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, como dato especialmente importante, decidió informar periódicamente y con detalle al señor Alberto Brunori, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
6.- En grupos de trabajo o en pleno, la COMED contactó a funcionarios del gobierno de Oaxaca, lugar donde se detuvo a los ahora desaparecidos, a integrantes de la policías locales y del Ejército, así como a funcionarios de la Procuraduría General de la República. Asimismo, se dirigió a personalidades con autoridad moral en nuestro medio para escuchar sus opiniones sobre los aspectos más generales del problema.
VALORACIONES
1.- La razón fundamental por la que se aceptó formar la COMED, fue contribuir a esclarecer una desaparición forzada de personas. Ésta constituye un crimen que se comete desde el Estado, con la protección que confiere el poder, ejerciendo atribuciones más allá de lo que la Ley permite y despojando a las víctimas de toda protección de las leyes. Sabemos que México es tierra fértil para los delitos de lesa humanidad, debido a la impunidad que por décadas ha cobijado a los perpetradores. Al coadyuvar a que la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez encontrara cauces de solución conforme a la ética social y a la normatividad jurídica nacional e internacional, aportaríamos elementos para que las demás desapariciones que han ocurrido en México, también se resuelvan.
2.- Al principio del proceso mediador, la parte oficial mostró cierta apertura, que fue correspondida con una atención muy intensa de la prensa. Posteriormente, el gobierno federal se mantuvo en la tesis de que sólo mediante una resolución judicial se podrá determinar si el hecho que nos ocupa es o no una desaparición forzada. Y aunque en algún comunicado de la SEGOB se mencionó ese ilícito regulado por la jurisdicción internacional, más tarde se insistió en meter el asunto en la camisa de fuerza de las gestiones ministeriales.
3.- Conforme transcurría el tiempo, la COMED advirtió que el tema que nos ocupa perdió presencia incluso mediática. En la parte gubernamental, decreció el interés declarativo que antes había mostrado. El discurso de la “seguridad” desplazó por completo al de los derechos fundamentales. Reaparecieron temas que, como la pena de muerte, habían sido superados. Esto coincidió con el alejamiento de buena parte de la prensa de la cuestión que dio origen a esta COMED.
4.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) convalidó nuestras hipótesis sobre el íter criminis. Los desaparecidos fueron detenidos en Oaxaca y conducidos después ante la presencia de autoridades federales. Especialmente grave para esta COMED es que dos de los jefes policíacos que intervinieron en la detención se encuentran desaparecidos, y otro más fue ejecutado.
Señalamos con oportunidad, que esa recomendación pareció plausible a la COMED, pero que a nuestro entender debió haberse dirigido también a la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, los familiares de los desaparecidos, mencionaron que también debió dirigirse al CISEN.
5.- Las respuestas a las recomendaciones de la CNDH fueron deplorables: ninguno de los órdenes de gobierno las aceptó en lo esencial. a) El Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca se negó a aceptar un punto de acuerdo propuesto por un regidor, quien proponía que se citara a los integrantes del anterior cabildo, para que hicieran las precisiones necesarias para dar respuesta a la CNDH; b) El Gobierno del Estado de Oaxaca, rechazó la Recomendación y mediante un documento que hizo público en diversos diarios de circulación local y nacional, se proclamó totalmente inocente e incluso se dijo víctima de una campaña difamatoria. c) El gobierno federal aceptó las partes menos sustanciales de la Recomendación, pero negó la que se refiere a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Con el agravante de que su respuesta a la CNDH no se hizo pública.
6.- Aunque el gobierno federal admitió que está dispuesto a abrir la interlocución de esta COMED con la SEDENA, con el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (CISEN) y con la Procuraduría General de la República (PGR), en los hechos nada ha ocurrido. Nueve de los casi doce meses de trabajo de la COMED en lo que toca a la relación con el gobierno federal, se han reducido a esperar que se amplíe dicha interlocución. El gobierno nos propuso la primera reunión ampliada para el pasado 17 de abril y la aplazó para el próximo 24. Esta propuesta ha estado precedida por numerosas señales erráticas y contradictorias. Valoramos cada día que pasa como de gran peligro para la vida de los desaparecidos, pues en mayo del 2009 se cumplirán dos años de su desaparición forzada.
Como se aprecia de los párrafos anteriores la COMED no ha recibido de la parte gubernamental ninguna aportación sustancial para el proceso.
Por todo lo anterior, y no sin deplorarlo, hemos tomado las siguientes
DECISIONES:
Primera.- Poner fin a nuestra misión, en virtud de que el gobierno federal sólo ha tenido voluntad declarativa para enfrentar la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Segunda.- Reconocer al PDPR-EPR la confianza depositada en los integrantes de esta Comisión y valorar su cumplimiento de la tregua.
Tercera.- Demandar que se respete la integridad de todas las personas y organismos que intercambiaron puntos de vista con esta COMED, en su propósito esencial. Los integrantes de esta Comisión mantendremos la búsqueda de una sociedad con pleno respeto a los derechos humanos y sin desapariciones forzadas, en particular nos comprometemos con los familiares a permanecer alerta del curso de los acontecimientos que los implican.
Cuarta.- Dar a conocer estas decisiones a los organismos nacionales e internacionales interesados en el tema, especialmente a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación con el reporte que la ONU emitió recientemente acerca de la conducta del Gobierno de México.
Hacemos manifiesta nuestra gratitud a Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) por su invaluable apoyo y solidaridad a los trabajos realizados por esta Comisión.
México, D.F. a 21 de abril del 2009.
Atentamente.
José Enrique González Ruiz
Miguel Ángel Granados Chapa
Juan de Dios Hernández Monge
Rosario Ibarra de Piedra
Gilberto López y Rivas
Carlos Montemayor
Samuel Ruiz García
Entrevista con Lino Korrodi
ENTREVISTA CON: LINO KORRODI.
CARGO: EMPRESARIO.
TEMA: LAS DECLARACIONES DE VICENTE FOX, DE QUE NO EXISTIERON IRREGULARIDADES FINANCIERAS EN SU SEXENIO Y QUE LOS LEGISLADORES SON UNOS TONTOS Y LOCOS.
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Atrae PGR investigación sobre Casitas del Sur
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LA REDACCIóN
Tarjetahabientes en jaque
Más de 1 millón de usuarios del crédito bancario no pueden cubrir sus deudas. De éstos, sólo 12 mil 500 han intentado negociar con sus acreedores. Mientras, el cobro de intereses en las tarjetas de crédito rebasa hasta el 113 por ciento. Ningún deudor puede ser encarcelado por morosidad o falta de pago: Condusef
Más de 12 mil 500 usuarios de la banca buscan salir de sus deudas, acentuadas con el incremento en las tasas de interés durante 2008 y el primer trimestre de 2009. El año pasado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró que 1 millón 300 mil usuarios de préstamos al consumo cayeron en cartera vencida.
El informe Negociación de créditos –elaborado por la Condusef y la Asociación de Bancos de México (ABM)– indica que, en el periodo fiscal anterior, 8 mil 600 sujetos de crédito buscaron cambios en las tasas y plazos de sus créditos.
A finales de marzo de 2009, la Condusef lleva el registro de 4 mil peticiones para la negociación de deuda. Lo que significa que en los tres primeros meses del año ya se alcanzó el 50 por ciento de las demandas del periodo anterior, explica Sara Gutiérrez López Portillo, directora de la Unidad de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo.
Los meses de la crisis económica han provocado que, cada vez más, los usua rios de las instituciones financieras acudan a la Condusef con el afán de encontrar un apoyo que los oriente a no caer en morosidad, obtener condonaciones y disminución en las tasas de intereses de sus deudas, dice la funcionaria.
Y es que de acuerdo con la última evaluación de institución (al 31 de diciembre de 2008), de los más de 8 mil 600 usuarios, el 72 por ciento manifestó sobreendeudamiento en sus créditos, lo que implica que más de 6 mil 192 personas se encuentran en esta situación.
La Condusef también indica que 1 mil 118 sujetos de crédito dijeron tener dificultades económicas para cumplir con los pagos bancarios o se encuentran desempleados. Otro de los rubros por los que se ha acudido a la negociación de cartera son los problemas de salud, enfermedad o accidente. De este último, se presentaron 602 casos, lo que equivale al 7 por ciento de las solicitudes.
El reconocimiento de atrasos en el pago de sus cuentas implicó que 516 personas acudieran a la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los casos de intimidación y amenazas (en un solo renglón) por parte de los despachos de cobranzas y fraude fueron del 1 por ciento, que involucran a 86 personas en cada caso.
Por ello, a mediados de 2007 fue establecido el proceso de gestión electrónica, donde el cliente expone su situación y éste es turnado a la unidad especializada (Unes) de los bancos. De esta manera se analizan propuestas para sus clientes.
Los bancos y los estados
El documento refleja que la Condusef recibió más peticiones de apoyo por parte de los clientes de BBVA Bancomer (de capital mexicano-español), de los que contabilizó 3 mil 642 solicitudes. Le sigue otro banco español, Santander, con 1 mil 630 asuntos; Banamex (propiedad del consorcio estadunidense Citigroup) tiene 1 mil 310 asuntos.
Fueron 755 tarjetahabientes del HSBC los que en 2008 también entraron en números rojos y pidieron ayuda a la Condusef. Banco Azteca –del empresario Ricardo Salinas Pliego– registró 670 peticiones ante la misma instancia; GE (General Electric) Money, 365; Grupo Scotiabank, 175, e Ixe Banco, ocho solicitudes.
De las 32 entidades federativas la de mayores problemas crediticios es el Distrito Federal, con 1 mil 419 casos, en el nivel más alto. La delegación de la Condusef que recibió menos peticiones es la de Baja California, con apenas ocho.
Chihuahua se sitúa en segundo lugar con 531; Puebla, 625; Tamaulipas, 509; Guanajuato, 470; Aguascalientes, 411; Colima, 369; Coahuila, 360; Jalisco, 336; Sinaloa, 316, y Michoacán, 314.
Usuarios rechazados en negociación
Según el capítulo “Resolución por institución financiera”, de los 7 mil 933 asuntos concluidos en 2008, se resolvieron 5 mil 77 a favor del usuario, mientras 2 mil 856 fueron declinados para una renegociación de su deuda.
Como causales de propuesta de negociación declinadas se encuentran: no existe alternativa por el momento, el cliente no es susceptible de negociación, el cliente no cumplió con negociaciones anteriores y/o tiene su crédito en proceso judicial.
De las casi 3 mil resoluciones rechazadas, HSBC fue el que menos respuestas favorables dio a sus tarjetahabientes, pues de los 723 casos solicitados, sólo aceptó la negociación con 103, que representan el 14 por ciento de su demanda. En tanto, 620 clientes del banco de origen británico fueron declinados, es decir, el 86 por ciento de las personas que acudieron a la Condusef para solicitar su apoyo.
Grupo Scotiabank fue el segundo en negar la negociación con sus usuarios.
De un total de 175 asuntos, 136 fueron declinados. Los 39 restantes fueron a favor, mismos que representaron tan sólo el 22 por ciento de los casos.
La empresa financiera que mayores solicitudes recibió fue BBVA Bancomer, con 3 mil 511 casos. Fue una de las que más resultados positivos registró para sus clientes, con 2 mil 579, contrario a los 932 rechazados.
Sara Gutiérrez López Portillo dice que es indispensable que el usuario tenga claro el tipo de negociación que lleva con el banco, ya que de lo contrario se puede caer en incumplimiento. Esto provocaría el rechazo de un segundo convenio y el posible incremento de la deuda.
Además, explica, cuando se lleva a cabo un trámite de negociación vía telefónica con el banco, el usuario debe exigir que ésta le sea entregada por escrito, así no podrá haber alguna “confusión”, además de que se tendrá un respaldo del acuerdo, como un número de conformidad o expediente.
Tarjetas con mayores intereses
Según el simulador de tarjetas de crédito, de la Condusef, Spira Clásica del banco Invex es la tarjeta de crédito más cara en el mercado, pues cobra un costo anual total (CAT) del 113.4 por ciento. Le siguen las de Santander: Black, 107.07 por ciento; Clásica, 99.16 por ciento, y Uni-k, 86.21 por ciento. También Scotiabank Inverlat figura entre las primeras cinco, con su tarjeta NFL, que cobra 83.59 por ciento.
El mismo simulador coloca a la tarjeta Clásica Mastercard Internacional, de la institución Afirme, con un CAT del 47.58 por ciento. Continúa EFE Clásica, de Inbursa, con el 50.72 por ciento; la tarjeta Visa Clásica, del Banco del Bajío, tiene un costo del 52.34 por ciento; la Clásica de Ixe Banco, 57.12 por ciento, y la Santander Light, 58.25 por ciento.
Las tarjetas que además cobran comisiones por “anualidad” son: Aeroméxico, por 750 pesos, y Blue, 459 pesos, de American Express; Black, 690 pesos, y Click Mexicana, por 490 pesos, de Santander. Además, NFL de Scotiabank Inverlat, por 450 pesos, y Rayados de Bancomer, 450 pesos.
Respecto del cobro de la deuda de las tarjetas de crédito vía telefónica, que supuestamente realizan abogados de los bancos, Gutiérrez López Portillo alerta que los despachos de cobranza no pueden amenazar a los tarjetahabientes. Las llamadas a altas horas de la madrugada y bajo amenaza deben ser reportadas ante la Condusef, indica.
La funcionaria aclara que ningún tarjetahabiente que haya caído en morosidad o que definitivamente deje de pagar sus tarjetas por falta de recursos puede ser encarcelado. La máxima penalidad aplicable es el embargo de los bienes, asegura.