OCDE: ninis, 7 millones 226 mil mexicanos de entre 15 y 29 años

El país, tercer lugar entre las naciones de la organización con mayor población inactiva

OCDE: ninis, 7 millones 226 mil mexicanos de entre 15 y 29 años
Las mujeres son las más afectadas, revela el informe Panorama de la educación 2011

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Martes 13 de septiembre de 2011, p. 36
En México, 7 millones 226 mil jóvenes de entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, por lo que la nación ocupa el tercer lugar entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o pertenecientes al Grupo de los 20 (G-20) que tienen el mayor número de población juvenil inactiva.

La nación se sitúa en el primer lugar en porcentaje de mujeres jóvenes que se encuentran en dicha condición. De la cifra mencionada, 2 millones 745 mil pertenecen a ese sector de la población, revela el informe Panorama de la educación 2011, publicado por la organización.

Al dar a conocer pormenores del estudio, el cual incluye cifras de 2009 y por vez primera integra datos de jóvenes que no estudian ni trabajan –llamados ninis–, Pedro Lenin García de León, estadístico de la división de indicadores de la enseñanza de la OCDE, advirtió que esta “reserva tan grande”, con un potencial inutilizado de la población juvenil mexicana, corre el riesgo de caer en el “desempleo crónico o en el analfabetismo práctico”, por lo que una de sus opciones es emigrar hacia Estados Unidos.

Por otro lado, apunta que México es la nación de la OCDE con el gasto público total en educación “más bajo” en relación con el producto interno bruto (PIB). La nación canaliza 24 por ciento, y en los demás países el promedio es de 43.

En la retaguardia, México se localiza en la segunda posición –sólo antes de Turquía– en las tasas de graduación más bajas en enseñanza media superior, con 45 por ciento. Sólo 52 por ciento de alumnos concluyen sus estudios en el tiempo estipulado, contra 68 por ciento, en promedio, de las demás naciones.

De los 7 millones 226 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, un millón 931 mil tienen entre 15 y 19 años, 2 millones 673 mil se encuentran en el nivel de 20 a 24 años y 2 millones 622 mil tienen entre 25 y 29, detalló García de León. Agregó que de dicho total el gobierno mexicano reporta cerca de un millón 351 mil en capacitación para el trabajo, pero lo cierto es que no están en la enseñanza formal y tampoco entre la fuerza laboral.

Así, México ocupa el tercer lugar en esa problemática. Únicamente está adelante de Turquía y Brasil. Es superado por Israel, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría y Eslovenia, entre otros.

Además, tiene el promedio más alto de mujeres de entre 15 y 29 años –38 por ciento– que no están en el sistema educativo y padecen desempleo, en comparación con el de la OCDE, que es de 17.7.

El análisis enfatiza que mientras en la mayoría de los países de la organización a mayor nivel educativo hay menor desempleo, en México las diferencias entre los desocupados con nivel universitario y los desocupados de escasa preparación “están entre las más bajas”.
El aumento del desempleo entre los mexicanos con instrucción inferior a la educación media superior fue de 1.6 puntos porcentuales entre 2008 y 2009, y para los que cuentan con enseñanza superior el alza fue de un punto.

La tasa de empleo para las mujeres con licenciatura, maestría o doctorado fue 16 puntos más baja en comparación con la de los hombres con instrucción igual, por lo que el país registró la cuarta brecha más grande después de Corea, Japón y Turquía.

El gasto por estudiante en México, en todos los casos, se sitúa por debajo de la media en OCDE y coloca a la nación en los últimos lugares. En primaria, la inversión asciende a 2 mil 246 dólares, contra 7 mil 153 dólares de naciones de la organización; en secundaria es de 2 mil 333 dólares, contra 8 mil 972, y en el nivel superior la cifra es de 7 mil 504 dólares contra 13 mil 717.

La organización subraya que el gasto se ha centrado en la enseñanza superior, en la cual es 3.3 veces mayor que lo destinado por alumno en primarias, lo cual significa la segunda proporción más grande después de Brasil.

Por otro lado, los salarios de los maestros de educación media, en relación con el PIB per cápita, son los segundos más altos, después de Corea. “Somos la cuarta nación con mayor extensión en el tiempo de enseñanza en ese nivel, después de Argentina, Chile y Estados Unidos.”

Segregación entre escuelas

Uno de los hallazgos del estudio refiere que, al contrario de lo que podría esperarse, en México los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes “están menos influenciados por el entorno socioeconómico y la mayor parte de la variación radica en las diferencias entre escuelas”, lo cual revela una “segregación entre los planteles”.

Treinta por ciento de alumnos más desfavorecidos tienen resultados académicos que los ubican entre el mejor 25 por ciento de estudiantes en dicha prueba. El estudio indica que en México, al igual que en los demás países de la OCDE, el desempeño en el rubro favorece a las escuelas privadas; sin embargo, “después de considerar el entorno socioeconómico en colegios y de estudiantes, la diferencia se invierte y es estadísticamente significativa en favor de los planteles públicos”.



Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Sugiere Ricardo Monreal que el Senado de la República vigile la actuación de Moreno Valle

MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

El senador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal Ávila, propuso que el Senado de la República vigile al actuación de los gobernadores y eventualmente solicite la licencia de algunos, como el mandatario poblano Rafael Moreno Valle Rosas, a quien calificó de “sátrapa” que ejerce el poder como un “reyezuelo” y “persigue sindicatos”.

La acusación del también ex titular del Poder Ejecutivo en Zacatecas ocurrió en la sesión del jueves pasado que celebró la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Monreal Ávila –cercano al líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador– propuso en la tribuna un punto de acuerdo para que el Senado de la República pida a la Secretaría de Gobernación información sobre el funcionamiento de los casinos en el país.

Obviamente el planteamiento del legislador fue motivado por la tragedia del Casino Royale. En esa lógica, el petista consideró que el gobernador de Nuevo León y el alcalde de Monterrey deben renunciar por su responsabilidad en el siniestro, ya que, en el mejor de lo casos, fueron omisos en la aplicación de la ley o incluso pudieron haber incurrido en actos de corrupción.

Ricardo Monreal Ávila expresó entonces que el Senado debe ser garante del pacto federal y auscultar la actuación de los gobernadores que ejercen el poder a su capricho:

“Aunque no está en el punto de acuerdo, porque si lo pongo sé que no lo van a votar, pero el Senado debería también pronunciarse políticamente para que pidan licencias el gobernador de Nuevo León y al presidente municipal de Monterrey y además otros gobernadores, como este sátrapa de Puebla, que persigue sindicatos, que actúa como reyezuelo. Son muchos los gobernadores que actúan como si fueran dueños y señores de horca y cuchillo. Ojalá y este Senado los ponga en cintura, porque además el Senado es el representante del pacto federal, los senadores en teoría constitucional deberían vigilar el funcionamiento de sus entidades federativas, pero nadie toca a estos reyezuelos que se hacen pasar como gobernadores. Muchas gracias”, expresó.

La arenga del senador del Partido del Trabajo recibió aplausos, como se constata en la versión estenográfica que se publicó en el portal de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, en la dirección: http://www.senado.gob. mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=2&f=20110908.

Los señalamientos de Monreal Ávila pueden inscribirse en la confrontación directa que desde julio libran el Morena y el gobierno estatal que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas.

Los ataques públicos iniciaron cuando la administración del panista señaló a las huestes de López Obrador como causantes de los disturbios que hubo durante la visita del mandatario a Huauchinango, cuando militantes de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME) y Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobp), así como damnificados por las lluvias, intentaron llegar hasta Moreno Valle pero se hicieron de jaloneos y golpes con la escolta del gobernador.

A la semana siguiente, en un mitin que realizó en Atlixco, López Obrador calificó al titular del Poder Ejecutivo poblano como “un aprendiz de dictadorzuelo” y señaló que sigue bien los pasos de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República a quien, entre otras cosas, se responsabiliza de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Fuente: la Jornada de Oriente

Ortega instala un movimiento antilopezobradorista en Puebla

MÓNICA CAMACHO

Con la presencia de funcionarios estatales y federales panistas, líderes empresariales y dirigentes locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el ex presidente nacional del sol azteca Jesús Ortega Martínez instaló en Puebla el movimiento Demócratas de Izquierda, el cual apoya las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard y aglutina a personajes que se han caracterizado por su antilopezobradorismo.

Entre los asistentes del acto se encontró el subsecretario de Gobierno, Mario Rincón González, quien justificó su participación al destacar la cercanía que existe entre la administración estatal y el PRD, tras la alianza electoral de 2010.

No obstante, el funcionario estatal rechazó que su presencia el cónclave genere compromisos entre el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y esa expresión política del sol azteca.

Jesús Ortega inició sus actividades políticas en Puebla con un desayuno en el hotel Camino Real del Centro Histórico en el que estuvo presente Mario Rincón, la delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la panista Violeta Lagunes Viveros, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Federico González Magaña, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6 con cabecera en la ciudad de Puebla, el albiazul Genaro Ramírez Rojas.

En el encuentro también se dieron cita el líder del Consejo de Organismos Empresariales (COE), Luis Gerado Inman Peraldi, y el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), Antonio Bassil Alam.

Tras el desayuno, Jesús Ortega encabezó una conferencia de medios en compañía del dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, en la defendió la postulación del jefe de gobierno del Distrito Federal a la presidencia del país.

“México no necesita de hombres o mujeres con posiciones extremistas, ni de derecha ni de izquierda, porque los extremismos no van a resolver la problemática del país; se necesita de una persona con una visión progresista, democrática y moderada y Marcelo Ebrard ha demostrado que se puede gobernar bien incluyendo, no excluyendo, sumando no restando, atrayendo, no expulsando ni repeliendo”, expresó.

Aun así, aseguró que Demócratas de Izquierda apoyaría a Andrés Manuel López Obrador si resulta mejor posicionado en la encuesta que contratará el PRD para definir a su abanderado.

“Pero si sale mejor posicionado Marcelo Ebrard –acotó– todos tenemos que apoyarlo, esa es la clave, (los dos aspirantes) deben de cumplir el compromiso de sumarse al ganador”.

Por otro lado, Jesús Ortega consideró normal que Rafael Moreno Valle respalde las aspiraciones presidenciales del panista Ernesto Cordero Arroyo; sin embargo, afirmó que la percepción del mandatario local puede cambiar una vez que se definan los candidatos de cada partido.

Confió en que el gobernador no hará uso de su cargo para favorecer al aspirante del albiazul a la presidencia del país y que el voto en Puebla se ejercerá de manera libre y sin presiones, pues ese fue el principal compromiso de la alianza que formó el PRD con Acción Nacional en Puebla en la elección de 2010.

Fuente: La Jornada de Oriente

Cobra la CFE hasta $10 mil en la Sierra

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 11 de septiembre. El coordinador del Frente de Izquierda Atoyaquense (FIA), Pablo Solís Nava, denunció que en varias comunidades de la sierra de este municipio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende cobrar a los pobladores hasta 10 mil pesos por consumo de energía eléctrica.

Los abusos, afirmó, se cometen desde hace varios años contra los habitantes, principalmente de las partes alta y media de la sierra, a quienes les llegan recibos con cobros que no corresponden al consumo en sus viviendas.

“El problema es que toda esa gente no protesta ni dice nada porque la CFE los amenaza con suspenderles el servicio si dicen algo; por eso es necesario que los pueblos de la sierra se unan y levanten la voz, tal y como lo han hecho los de La Montaña de Guerrero, y para eso se han comenzado a organizar los comisarios y líderes de varios pueblos serranos, que ven con buenos ojos unirse a las protestas de la gente de otras regiones de la entidad”, puntualizó.

En entrevista, Solís Nava indicó que a la dirigencia del FIA han llegado quejas y denuncias de gente de la sierra por cobros excesivos que la paraestatal quiere hacer: “por ejemplo, hay casas en las que sus habitantes tienen solo una televisión, dos focos, un ventilador y un radio, y les llegan recibos de hasta 2 mil pesos”.

Otro caso que demuestra los abusos, agregó, es el de la colonia 2 de Diciembre, donde debido a que la empresa se ha negado a regularizar el servicio que da a los colonos, cada uno de ellos debe pagar 450 pesos bimestrales, “lo que es un robo porque en ese lugar vive gente que apenas gana dinero para alimentar a sus familias”.

El dirigente dijo que quienes se organizan en la sierra exigirán que en Guerrero la CFE aplique la tarifa 1F, que es mucho más barata, en vez de la 1B, que es la vigente, y preguntó por qué en los estados del norte del país sí se aplica tal tarifa: “si allá las temperaturas en época de calor son menores que las que se sienten en la entidad, y esa es la base de la incongruencia con que se hacen los cobros”.

Manifestó que el FIA respaldará a los pueblos que se manifiesten para exigir justicia ante los abusos que la CFE insiste en cometer contra la población más pobre del estado.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Defenderán sacerdotes católicos los derechos de indígenas de Zongolica

FERNANDO INÉS CARMONA - LUNES, SEPTIEMBRE 12, 2011

Tequila, Ver.- Los sacerdotes católicos en la sierra de Zongolica ya se cansaron que los derechos humanos de los indígenas sean violados. Incluso están dispuestos a formar una comisión para integrar los casos y presentarlos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) o en las instancias correspondientes. Las estadísticas indican que las agresiones contra los naturales de esta zona van en aumento.

Las violaciones de los derechos humanos “son graves”, consideró Felipe Manuel Serrano Monarca, párroco de la iglesia San Pedro Apóstol, en este municipio: “en la pastoral profética, con sede en este municipio, hemos propuesto la creación de una comisión de los derechos humanos de los pueblos originarios del centro del estado de Veracruz. Con ello buscamos llevar asesoramiento legal a las comunidades indígenas y se conozcan los derechos de los pueblos esperamos que antes de fin de año podamos conseguir algo”.

Admitió que en su calidad de sacerdotes católicos “tenemos limitaciones, pero especialmente es por los recursos económicos, pero hay gente que sí quieren entrarle, hay gente aquí que con organizaciones civiles están interesadas”.

Entre las agresiones más recurrentes se encuentra la violencia en contra de las mujeres indígenas, que muchas veces ocurre desde el hogar, “donde los varones agreden a sus mujeres. De cada 10 señoras casadas, siete son violentadas físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Las golpean, las agarran del chongo, otras no les dan dinero”.

Los agresores, además de ser familiares, utilizan el dinero para comprar alcohol, “para eso sí hay dinero, no hay para zapatitos, ni para que los padres se hagan responsables, pero insisto, sí tienen para tomar bebidas embriagantes”.

Muchos de los varones de esta zona desatienden a sus familias, ven a sus esposas enfermas pero dicen no tener dinero para llevarlas al médico, sin embargo sí tienen para seguir tomando, además que los patrones de violencia, se imitan”

Por ello, indicó, “los sacerdotes estamos trabajando para construir una comisión de clérigos que nos permita atender a la gente a la que se le violentan sus derechos y que por desgracia no tienen la capacidad para denunciarlos por temor incluso familiar”.

Pero los varones, los jefes de familia, no son los únicos responsables. El clérigo puso en tela de juicio los esquemas de trabajo del sistema municipal del DIF en la sierra, “porque para todo tiene programas, pero no para acompañar al amor de la pareja, educar a la familia, no hay programas educativos, sino sólo de dar, aquí sólo se ayuda de alguna manera, pero no previene nada”.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Tuiteros desalmados

LEOPOLDO GAVITO NANSON - LUNES, SEPTIEMBRE 12, 2011

En fechas recientes, en escasos 20 días, Veracruz se ha convertido en un referente mundial del sinsentido, la improcedencia y el despropósito. A escala nacional sucede lo mismo. Poco más de dos semanas en las que el gobierno del estado se ha socavado a sí mismo a ritmos crecientes y en proporciones geométricas. ¿Cómo es eso posible?

Lo es porque el 26 de agosto pasado fueron detenidas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado dos personas, dos ciudadanos. Un profesor y una comentarista radiofónica.

Un día antes de su detención ambos publicaron en las redes sociales Facebook y Twitter textos en los que se alertaba sobre un ataque criminal a escuelas en la zona de Veracruz y Boca del Río. Circulaban varios mensajes de diversos emisores que al reproducir el tema generaron una situación de preocupación colectiva –calificada como psicosis por algunos–, toda vez que varios padres se trasladaron a las escuelas para llevarse a sus hijos.

Hay razones más que sobradas que explican a cabalidad la reacción de los padres. Primero, es que desde hace cinco años el país vive una pesadilla de violencia aleatoria e impensada y a la que el gobierno federal insiste en atribuir exclusivamente a la lógica criminal, sin considerar marginalmente siquiera que en buena medida esa violencia es consecuencia de las decisiones tomadas por el propio gobierno federal; segundo, cinco años en donde la aleatoriedad de la violencia ha fragilizado prácticamente todos los referentes de certidumbre y seguridad. Lugares que solían ser intocables y sinónimos de seguridad como hospitales, escuelas y templos religiosos son hoy escenario de actividades y violencia criminal; tercero, el rumor prospera y se expande sobre la base de la ignorancia y la desinformación, tanto el país como el estado han vivido por lo menos cinco años en la desinformación deliberada, en su ocultamiento y distorsión. Baste para ilustrar el punto, el ejemplo reciente del informe presidencial del 1º de septiembre o, en otro nivel, la información sobre la precariedad financiera del estado y sus causas desagregadas.

La sociedad busca siempre la forma de enterarse de la realidad. Es una dinámica universal que se repite consistentemente. Incluso en los peores regímenes totalitarios. Desde la pesadilla camboyana con el Khmer Rouge, la ex Unión Soviética, la Alemania Nazi, el Irak de Hussein, el Afganistán dominado por el talibán o Chile y Argentina durante las dictaduras militares. Vamos, hasta en el gueto de Varsovia se publicaban volantes informativos clandestinos. Ejemplos al respecto sobran.

La violencia sumada a la desinformación abona con largueza el terreno para la información informal. Sucede lo mismo que en la economía, si la economía formal es depresiva, constreñida y no crea condiciones de bienestar, se generan las condiciones y los incentivos para la economía informal. Si gobernantes y medios de comunicación no informan con suficiencia y veracidad, se incentivan los medios informales de información. Si existen el desarrollo tecnológico el fenómeno escala. No es algo que se pueda controlar. Lo único que asegura su minimización es la información oportuna, cierta y verificable.

Por ejemplo, si el gobierno percibe un rumor creciente de agresiones a planteles escolares, y el temor colectivo cunde, lo prudente y racional es que el mismo gobierno emita boletines informativos urgentes y en cantidad suficiente que informen a la sociedad por todos los medios disponibles desde las redes sociales hasta la radio y el resto de los formatos informativos.

Violencia y desinformación crean un ambiente de hostilidad psicoemocional para la totalidad de la población en México. El fenómeno en las escuelas en Veracruz es la expresión de eso. No se genera psicosis por un rumor, se genera psicosis por las condiciones de desinformación en donde un rumor exacerba las inseguridades y se reacciona frente a ello.

La ruta de la reproducción de los mensajes puede ser trazada con precisión. Se ha hecho ya en varios medios nacionales. Entre ellos la revista Sin embargo, donde Lydia Cacho dedica un artículo muy crítico a la malhadada decisión del gobierno.

El mismo día del fenómeno tuitero el procurador del estado informó de una improbable policía cibernética que investigaba a tuiteros por difundir rumores falsos. Mencionaba por sus nombres de cuenta a 16. Se redujo a dos. Los dos que están en la cárcel. La prensa nacional e internacional también han dado cuenta ya de las irregularidades. El abogado de María de Jesús Bravo Pagola difundió un comunicado en el que acusaba a la Procuraduría General de Justicia de obstaculizar su defensa al no permitir la comparecencia de dos peritos en informática forense.

Bravo Pagola fue detenida junto con su coacusado el viernes 26 de agosto, el 31 de agosto la jueza Beatriz Hernández Rivera les dictó formal prisión acusados de terrorismo. La sola idea de endilgarles y hacer pasar tal acusación es absurda. Sin embargo el procedimiento legal sigue su curso. Y ese hecho ha traído un inmenso costo al gobierno del estado. Esta afirmación no es una mera opinión valorativa, puede verificarse. Veamos unos ejemplos. La señora Bravo Pagola y su coacusado fueron detenidos en agosto 26. Una búsqueda de su nombre en Internet realizada el 5 de septiembre arrojó 5 mil resultados. La misma búsqueda realizada un día después arrojó 22 mil 400 resultados; para el 11 de septiembre a eso de las 13 horas fueron 59 mil 900. Su coacusado, el profesor Gilberto Martínez Vera, que no tenía la misma exposición pública, arrojó 14 mil 800 resultados. La abrumadora mayoría de tales referencias son condenas al actuar gubernamental.

Algo similar sucede con asociaciones a medios de comunicación internacionales.

Bravo Pagola Associated Press arroja la friolera de 11 mil 400 resultados; con Reuters 4 mil 10; France Press 3 mil 770; con Prensa Latina, 2 mil 150.

El Washington Post encabezó una nota al respecto como “Mexicanos divididos por los cargos de terrorismo en contra de usuarios de Twitter, posibles sentencias de 30 años”. La primera frase de la nota decía: Una ex maestra convertida en comentarista de radio y un tutor de matemáticas que vive con su madre están en una prisión en el sur de México, enfrentan 30 años de prisión posibles por terrorismo y sabotaje en lo que pueden ser los cargos más graves jamás dictados contra cualquier persona que utilice una cuenta en la red social Twitter”. El diario estadounidense da cuenta de los niveles ilimitados del despropósito, cita a Gerardo Buganza que comparó lo sucedido en Veracruz con el pánico causado por aquella paradigmática transmisión de 1938 del radio teatro la Guerra de los Mundos, dirigida por Orson Welles y que provocó por lo menos un intento de suicidio. No ayuda el secretario de Gobierno a su jefe con tales analogías que revelan la profundidad de su ignorancia.

Organizaciones internacionales como Artículo 19, que defiende la libertad de expresión e información se refiere al caso en estos términos: “Equiparar la desinformación con actos de terrorismo o sabotaje es desproporcionado y contrario al marco jurídico vigente de derechos humanos”. Ubica la nota junto a otra que da cuenta del asesinato de dos periodistas vinculadas a la revista Contralínea la semana pasada. Reporteros sin Fronteras: “Por haber difundido mensajes vía Twitter y Facebook sobre posibles ataques del crimen organizado, dos usuarios de estas redes sociales se encuentran detenidos desde el 25 de agosto de 2011 en Jalapa, en el estado de Veracruz”. Acusados formalmente de “terrorismo” y “sabotaje”.

Los Angeles Times: “¿El crimen que se les imputa? Tuitear información incorrecta sobre potenciales ataques terroristas en Veracruz”.

El caso lo han reproducido en términos similares Mashable, dedicada a difundir noticias de medios sociales, The Slate, The Next Web, CNN, Global Voices. CNN da cuenta de 33 mil 660 resultados de búsqueda vinculados al caso.

ECP desconoce cuál fue el proceso de toma de decisiones en este desatinado asunto. Cualquiera que haya sido, es preciso que el gobernador ponga orden y desista de la acusación de terrorismo. De cualquier acusación, de hecho. Es claro que el costo no se lo cargarán a sus colaboradores sino a él, personalmente.

La bola de nieve fue echada a rodar el 26 de agosto, ha crecido en dimensiones inaceptables por irracionales y erróneas; el mensaje que entrega es contrario a la razón de Estado y de gobierno. La declaración preparatoria de coacusados da cuenta de varias irregularidades cometidas en su contra, entre ellas tortura psicológica, mortificaciones e incomunicación durante alrededor de 60 horas. Esto es un asunto que está en los medios mundiales y de forma creciente. De ningún modo es una forma de promover al estado. Contradice por el eje lo que el gobernador ha dicho sobre lo que quiere promover y atraer para el estado. Es momento de desmontar el absurdo. No hay ganancia en él para nadie. No la hay para el orden ni para el principio de autoridad, no la hay para el gobernador ni para sus colaboradores. Para nadie. Todos pierden.

*Es Cosa Pública

lepoldogavito@gmail.com

Fuente: La Jornada de Veracruz

Oficio de Papel

102 periodistas asesinados o desaparecidos

• Saldo panista desde que arribó a Los Pinos

• A 12 días de la muerte de Marcela y Rocío

Sociedad y periodistas han vuelto a tomar las calles. La protesta de ayer domingo inició en el Ángel de la Independencia de la capital del país y se extendió por varios estados de la República, en donde ciudadanos y trabajadores de los medios de comunicación marcharon por las calles para reprochar al gobierno federal los más de 100 periodistas asesinados o desaparecidos –hombres y mujeres– desde que el Partido Acción Nacional arribó a la Presidencia de la República y los más de 50 mil muertos en todo el país por la “guerra” de Felipe Calderón. En los últimos cinco años, ocho mujeres periodistas fueron privadas de la vida en México, dos de ellas hace 12 días en el Distrito Federal, mientras que la impunidad y la falta de investigación prevalecen en la mayoría de los casos.Durante la actual administración se contabilizan 73 agresiones contra periodistas: 59 asesinatos y 14 desapariciones. Si se agregan los números del sexenio de Vicente Fox Quezada (27 asesinados y 2 desaparecidos), la cifra se eleva a 102.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos consideran que México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.

Al menos desde 2008, México ha mantenido una tasa de poco más de un periodista asesinado mensualmente (1.13). De continuar el comportamiento de las estadísticas, aún podrían ocurrir cuatro homicidios más en contra del gremio periodístico antes de concluir 2011.

El reciente asesinato de Marcela Yarce, reportera y fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga, periodsta independiente y exreportera de Televisa, podría alertar sobre una nueva tendencia en las agresiones contra mujeres del gremio periodístico. Hasta la fecha, los registros oficiales y de organizaciones no gubernamentales dan cuenta de ocho asesinatos de mujeres periodistas en lo que va del actual régimen calderonista. En toda la historia del periodismo en México y hasta antes del gobierno actual, habían sido asesinadas seis trabajadoras de los medios de comunicación.

En el Distrito Federal, entidad que se había mantenido con los índices más bajos de agresiones a mujeres periodistas, ahora se pueden contar cuatro casos. Tres de ellos fueron asesinatos. Uno, desaparición forzada. Seis homicidios restantes ocurridos durante el panismo han ocurrido en Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

A decir de Agniezka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, “las mujeres defensoras (de derechos humanos) y las mujeres periodistas estamos en una situación aún más vulnerable por la condición de género. Creo que en este caso (el de Marcela Yarce y Rocío González) eso fue muy evidente”.

Representantes de organizaciones no gubernamentales coinciden en que el gobierno, en sus tres niveles, no ofrece las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. No se cuenta con una policía investigadora que favorezca el esclarecimiento de cada uno de los casos denunciados.

La Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas, pugna por que el Estado mexicano reconozca la importancia de este sector de la sociedad y, de esta forma, pueda convertirse en una comisión permanente con mayores facultades.

En cuento a la labor de las fuerzas policiales, una mayor capacitación de sus cuadros podría derivar en mejores investigaciones que favorezcan el esclarecimiento de los casos. Pues siempre que se mantengan impunes los crímenes contra periodistas se estaría favoreciendo la incidencia de estos delitos que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia.

Agresiones a Contralínea, alertan ONU y CIDH

A tres días que fueran encontrados los cuerpos sin vida de las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, el relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, expresó su “más profunda consternación” por el asesinato de las comunicadoras perpetrado el pasado 31 de agosto. Apenas en junio pasado, este representante de la ONU había dado cuenta de la actual situación de la prensa en México, y documentó las agresiones a la revista Contralínea

En un comunicado emitido el 4 de septiembre –tres días después de que fueron encontrados los cadáveres de las periodistas–, el relator recomendó al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para garantizar que la investigación de los hechos se realice de forma “independiente y ágil”.

En otro comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su condena a los asesinatos de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González Trápaga. Lamentó las pérdidas y advirtió que los trabajadores de Contralínea han sido objeto de constantes amenazas, hostigamientos e intimidaciones para entorpecer su labor periodística.

La Relatoría de la CIDH exige a las autoridades del Estado mexicano el esclarecimiento del doble homicidio ocurrido el pasado 31 de agosto. Asegura que en la medida en que se esclarezcan y castiguen actos criminales como éste, se estará enviando un mensaje para desincentivar a los detractores de la libertad de expresión.

Para La Rue, quien en agosto de 2010 encabezó una visita oficial a México conjuntamente con la Relatora de la CIDH, Carolina Botero, recuerda que durante esa visita conoció del acoso que ha padecido la revista Contralínea por sus investigaciones periodísticas.

En el documento, el relator señala que parte de dicho acoso ha sido el hostigamiento judicial que el semanario ha enfrentado a través de múltiples demandas judiciales “arbitrarias”, interpuestas por contratistas del gobierno federal con el propósito de frenar las investigaciones sobre actos de corrupción o actuaciones indebidas.

Contralínea también ha padecido el veto publicitario del gobierno de Felipe Calderón que, según documenta el organismo de las Naciones Unidas, utiliza la publicidad oficial como mecanismo para premiar o castigar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.

En abril de 2010, una caravana de organizaciones civiles que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, fue emboscada y algunos de sus integrantes lesionados o asesinados. Entre los heridos se encontraba David Cilia, quien junto con Érika Ramírez, ambos reporteros de la revista, se mantuvieron “desaparecidos” durante dos días.

Todos estos hechos, que fueron presentados ante la Asamblea General de Naciones Unidas en junio pasado, son retomados por La Rue en su comunicado.

A 12 días de la muerte de Marcela y Rocío

Este lunes se cumplen 12 días de la muerte de nuestras compañeras periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, y las investigaciones siguen sin poder determinar quiénes son los responsables ni cuál es el móvil del crimen.

Ante los nulos resultados hasta ahora, los periodistas en México exigen al procurador Miguel Angel Mancera, mantener abiertas todas las líneas de investigación hasta que se detenga a los culpables del crimen de las dos comunicadoras.

Una decena de organizaciones periodísticas y por la libertad de expresión, sindicatos, reporteros y medios firmaron cartas enviadas al presidente Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; a la procuradora general de la República, Marisela Morales; al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad Casaubón, y al procurador capitalino Miguel Angel Mancera, en donde les demandan:

“Tal y como lo han alertado las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas, el clima de represión y violencia contra los periodistas convirtió a México en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo: en la última década han sido asesinados 100 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y 13 colegas están desaparecidos.

Sólo en cinco años del gobierno de Felipe Calderón se han cometido 59 asesinatos, entre ellos los feminicidios ocurridos el 1º. de septiembre contra nuestras compañeras Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga. Con estos dos crímenes ascienden a ocho los comunicadores asesinados en México durante 2011, en cuyos casos no se ha descartado un vínculo con la actividad profesional.

Anteriormente habían sido registrados los homicidios de Noel López Olguín, el 8 de marzo en Veracruz; Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey; Miguel Ángel López Velasco, el 20 de junio en Veracruz; Yolanda Ordaz, el 26 de julio en Boca del Río, Veracruz; y Humberto Millán, el 25 de agosto en Culiacán. Además, el 7 de junio desapareció en Guerrero el periodista Marco Antonio López Ortiz, cuyo paradero todavía es desconocido. En otros ataques contra medios de comunicación murieron la repartidora de periódicos, Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez; y el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.

Ana María Marcela Yarce Viveros es fundadora de la revista Contralínea y Rocio González Trápaga trabajó durante más de una década en Televisa. La saña cometida contra ellas por sus verdugos durante horas -entre la noche del 31 de agosto y las primeras horas del jueves primero de septiembre- nos estremece: fueron incomunicadas, golpeadas, vejadas, estranguladas y dispararon contra ellas.

Los hechos, que estremecieron al mundo entero, no sólo son una llaga para el gremio, sino para la población mexicana, que en un país bañado en sangre, hoy llora a más de 50 mil personas asesinadas bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Como reiteradamente han señalado los organismos internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano tiene obligación de garantizarle a sus ciudadanos su integridad, y a los periodistas un libre ejercicio profesional. En representación del Estado, las autoridades federales y locales tienen la obligación de garantizarle a la población ejercer su derecho a la información. Sin embargo, ante el clima de inseguridad, cada vez más comunicadores ven la autocensura como único medio de protección.

Por ello, es urgente que los tres niveles de gobierno tomen medidas para detener las agresiones contra el gremio y contra la población en general.

Apelamos a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparacióna adecuada”.

Como lo demuestran distintos organismos de derechos humanos y el reporte más reciente del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) la libertad de expresión está en riesgo. Se incremetaron las agresiones, la impunidad, la censura y la inseguridad para los periodistas. Las demandas judiciales y los castigos a medios de comunicación críticos al gobierno –sobre todo a través de la publicidad gubernamental- son mecanismos indirectos que coartan la libertad de expresión.

-Exigimos una investigación a fondo y castigo a los culpables del feminicidio de Marcela y Rocio.

-Exigimos el procurador Miguel Angel Mancera deje de emitir juicios de valor sobre la moral de las víctimas o filtre información que no ha sido corroborada.

-Demandamos el esclarecimiento de más de 100 asesinatos cometidos contra el gremio.

-Demandamos cese a las agresiones contra el equipo de la revista Contralínea y distintos medios del país.

-Demandamos al Estado mexicano que atienda las recomendaciones que en matria de libertad de expresión le han hecho la CIDH y la ONU.

-Demandamos que se atienda la comunicación emitida por la oficina de la CIDH desde Washington D.C. el pasado 7 de septiembre.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Inseguridad en Wal Mart.

Atizapán de Zaragoza, Estado de México a 12 de septiembre de 2011.

En la tienda Wal Mart número 359 en Fayetteville, Arkansas en agosto de 2010 un hombre de 22 años fue arrestado por violar a una niña de 3 años la cual se encontraba en el departamento de juguetes y luego la llevó al baño donde fue violada.

Días más tarde, en la tienda Wal Mart número 3296 en el suroeste de Houston, Texas, una señora de 41 años recibió un disparo en la cabeza mientras estaba sentada en su coche en el estacionamiento de la tienda.

En la tienda Wal Mart número 529 en la Marque, Texas cerca de Houston, antes del día del trabajo una mujer a las 3 pm., combatió en el estacionamiento de la tienda contra un hombre que intentó robar su auto.

En la tienda Wal Mart número 5124 en Glendale, Arizona se oyeron disparos el 5 septiembre de acuerdo con el Fox News, “se dio una estampida de gente a la salida, mientras que otros se tiraron al suelo. La gente lloraba, gritaba de pánico y en estado de shock”.

En la tienda Wal Mart número 507 en Lawrenceville, Kentucky la policía arrestó a un hombre que robó a un anciano en el estacionamiento.

El 2 de junio de 2010, en Kansas City, Missouri el jefe de la policía James Corwin comentó las precauciones que deben tener los compradores con relación a las pandillas que se esconden debajo de los autos para atacar a las mujeres en los estacionamientos de Wal Mart.

En la tienda Wal Mart en Memphis ubicada en la avenida Appleton el año pasado fue encontrado muerto Cody Reetz de 14 años de edad asesinado por su padrastro el cuál lo abandonó en el estacionamiento.

En la tienda Wal Mart ubicada en West Memphis, Arkansas dos policías resultaron heridos en el estacionamiento por presuntos narcotraficantes.

En la tienda Wal Mart ubicada en Charlotte, Carolina del Norte, dos mujeres fueron violadas en el estacionamiento.

Estos incidentes no se deben ignorar.
¿Es Wal Mart un lugar seguro?

En el 2004, la policía en Estados Unidos recibió 148,331 llamadas de las 551 tiendas de Wal Mart, analizando un promedio de 269 incidentes de policía por tienda.

De las 551 tiendas hubo 2.909 llamadas de “delitos graves”, incluyendo cuatro homicidios, 9 violaciones, 23 secuestros, 154 delitos sexuales, 550 robos, y 1.024 robo de autos; en total la policía estima que en el 2004 respondió a un millón de incidentes en las tiendas Wal Mart.

Wal Mart tiene que admitir que el crimen es más que un “asunto grave”; deben desarrollar programas efectivos de prevención de delitos con una política de cero tolerancia para la delincuencia.

Es una inversión que deben hacer contando con patrullas, cámaras de video y lo que se requiera para seguridad de sus clientes.

Sus estacionamientos son “imanes para el crimen”.
Si en Estados Unidos existe este gran problema.
¿ En México contarán con programas en contra de la delincuencia ?.

Frente Nacional contra Wal Mart
Dr. Enrique Bonilla Rodríguez
fundador y coordinador
frentenacionalac@yahoo.com ( agradezco reenviar ) .

Gobierno cedió a presiones de católicos; expulsa a 50 familias cristianas de Tlanalapan

YADIRA LLAVEN

La Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla cedió ante presiones de católicos tradicionalistas de la comunidad de San Rafael Tlanalapan al ordenar, en lugar de respetar el libre culto, que 50 familias de cristianos salieran del poblado, ante las amenazas de los grupos fieles al cura Ascensión Benítez González de crucificarlos y lincharlos a las 18 horas de este domingo.

Se sabe que se habría acordado remover al párroco Ascensión Benítez, toda vez que ha sido autor de por lo menos tres incidentes relacionados con la intolerancia religiosa, en la última década.

Los pocos cristianos que se quedaron en Tlanalapan, por ser oriundos de dicha comunidad, se les ha solicitado que los servicios religiosos los tomen en otras comunidades vecinas.

A las 18 horas del domingo, los católicos habrían fijado como plazo límite para expulsar a los cristianos del pueblo; por lo que se esperaba que se informara el acuerdo al que las autoridades auxiliares habrían llegado con la Secretaría General de Gobierno para solucionar el severo conflicto de intolerancia religiosa.

Sin embargo, la tarde de ayer nada ocurrió en la capilla de San Isidro Labrador, donde el pueblo fue citado para escuchar la alternativa negociada con la autoridad estatal.

La Jornada de Oriente intentó entrevistar al cura Ascensión Benítez, pero fue imposible, debido a que un grupo de ocho jóvenes, de entre 20 y 30 años de edad, resguardan el entorno de la parroquia y de la capilla, para impedir que nadie se acercara al párroco.

La mayoría de los jóvenes, que también laboran dentro de la iglesia, ayer se encontraban en estado de ebriedad y amenazantes con este medio de comunicación.

También se buscó al presidente auxiliar Antonio García Ovalle en la alcaldía subalterna del municipio de San Martín Texmelucan, y se le localizó en una cantina del pueblo.

El edil dijo que no podría hablar del tema, porque teme que pueda ser expulsado por los mismos católicos.

Por lo tanto, aseveró que él estará siempre con lo que decida la mayoría del pueblo, y dijo que es posible que hoy lunes se dé a conocer el pacto al que llegaron con el gobierno estatal, sin fijar horario.

El conflicto de intolerancia religiosa ocurre luego de que unos 200 católicos de Tlanalapan se reunieron la noche del miércoles fuera de la capilla de San Isidro Labrador, convocados por el sacerdote del pueblo, para expulsar a 70 cristianos por no compartir el credo mayoritario y los emplazaron a abandonar la comunidad antes del domingo.

Ayer, el delegado de Gobierno del Distrito VII, Roberto Solano Pineda, informó que el acuerdo tomado con la autoridad local es que se tendrán que ir los evangélicos no originarios de Tlanalapan, pues el gobierno estatal no les garantiza su seguridad.

Tras una visita a la casa que rentaba el pastor Josué Ovando Jiménez, a una cuadra de la capilla de San Isidro Labrador, se pudo constatar que está deshabitada.

Ningún vecino quiso responder si Ovando Jiménez había abandonado el pueblo. Sólo un joven dijo que por la noche del sábado, el pastor y otras familias salieron con maletas y algunas cosas del inmueble.

Al respecto, Solano Pineda explicó que se sólo se fueron los que no son originarios del pueblo, comenzando con el pastor, quien llegó a radicar a la comunidad hace un año, con miras de conquistar más adeptos a su religión.

Uno de los acuerdos para permitir que los cristianos oriundos de Tlanalapan se quedaran, reveló, es que no podrán practicar sus actos de fe en el pueblo, y para ello tendrán que ir al municipio de Texmelucan.

“Lo mejor es que los cristianos se vayan, porque no podemos garantizar su seguridad, y no queremos que pase lo de hace 18 años, cuando el mismo padre Ascensión incitó a un grupo de católicos a expulsar a golpes a una familia completa, incluida niños, y a quemarle su vivienda, por el hecho de profesar otro culto”, aseveró el funcionario.

Mientras, en la misa de las 8 horas del domingo, la más importante del pueblo, el párroco Ascensión Benítez dijo textualmente a los feligreses: “si quieren seguir en la lucha contra el cristianismo es problema de ustedes, porque yo me retiro, pero saben que estoy con el pueblo”.

Declaración que contradijo la postura del sacerdote ante las autoridades estatales, luego de que el pasado jueves negó que él sea el principal agitador para que se expulse a los evangélicos de Tlanalapan.

Se aportan videos como pruebas de los ataques

Previo a su salida del pueblo, el pastor Josué Ovando Jiménez aportó videos como pruebas de los ataques que recibió por parte de un grupo de católicos y del sacerdote Ascensión González Solís, durante la reunión que mantuvo con personal de la Secretaría General de Gobierno.

No obstante, pese a las pruebas reveladoras en su contra, el párroco Ascensión González Solís insistió en que no ha participado en el hostigamiento contra los evangélicos.

Por tal razón, Ovando Jiménez informó que presentó una constancia de hechos por los delitos de agresiones y los que resulten, bajo el número de expediente 1295/2011.

Hay que destacar que no todo el pueblo de Tlanalapan está en contra de los cristianos. Los pocos vecinos que accedieron a platicar sobre el tema lamentaron que ni la autoridad auxiliar ni el gobierno del estado le hayan puesto un freno al sacerdote, quien, aseguraron, goza de poder político, lujos y canonjías en el poblado.

Arquidiócesis de Puebla, en defensa del párroco

El viernes, la arquidiócesis de Puebla descartó que se aliente la intolerancia religiosa en la entidad, y eximió al sacerdote Ascensión Benítez González de dirigir las amenazas que católicos profirieron contra evangélicos en la comunidad de San Rafael Tlanalapan el pasado miércoles, “pues la libertad de culto es un derecho fundamental”, además debe prevalecer el diálogo para evitar enfrentamientos.

El arzobispado explicó que los fieles católicos de Tlanalapan, tras dialogar el pasado jueves por la noche con el presidente auxiliar y el párroco de la iglesia, acordaron dialogar con el pastor cristiano para manifestarle que una gran mayoría de la población se sentía agredida en su fe y costumbres, ante la pretensión de construir un templo no católico en las cercanías de la capilla de San Isidro Labrador.

Manifestó que “la iglesia católica en Puebla hace un atento llamado a todos los involucrados en este caso, invitándolos a mantener el diálogo como camino para resolver las diferencias, observar el Estado de Derecho y salvaguardar en todo la concordia y la seguridad de las personas, independientemente del credo que profesen”.

En un comunicado eximió al sacerdote católico de proferir las amenazas, pues argumentó que González Solís no se encontraba en la parroquia cuando fueron convocados los fieles católicos para reunirse a las afueras del templo parroquial y dirigirse a la casa del pastor.

El primer antecedente inmediato de este conflicto en Tlanalapan se remonta a 2006, cuando los evangelistas exigieron a las autoridades municipales acceso a la red de agua potable, que les negaban los católicos. Cinco años después, en su homilía del domingo pasado, el párroco Ascensión Benítez incitó a sus feligreses a presionar a los evangélicos a irse del pueblo.

Fuente: La Jornada de Oriente

Boletín de Democracy Now! en Español

12/9/2011

Los Titulares de Hoy

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Mesa 3: “Políticas públicas imprescindibles: lucha contra la impunidad en la memoria histórica sobre la desaparición forzada”
David Peña ANAD


Alan García OACNUDH


Julio Mata AFADEM


Juan José García Subsecretario de Gobierno del D.F.


Sesión de preguntas y respuestas y reflexiones finales

Caravana del Sur Día 3: En Huajuapan de León estamos vivos y seguiremos luchando

Oaxaca, Oax., 12 de septiembre de 2011 (Cencos).- Bajo la suave llovizna, acompañada del retumbar de un tambor tenue y el sonido del caracol, la gente saludó en las puertas y ventanas de casas y negocios a la caminata de la Caravana de la Paz hacía al zócalo de Huajuapan de León, municipio de la región Mixteca, en su primera noche en tierras Oaxaqueñas.

En este zócalo han dado su palabra las y los zapatistas, también se dio el grito de independencia alternativo de los pueblos indígenas en 2006, ahora recibe la palabra de las víctimas de la guerra. Desde antes ya se encontraban esperando frente al templete adultos mayores, adolescentes, las familias jóvenes con sus niñas y niños y organizaciones de la sociedad civil como Cactus A.C que dirigió la defensora de derechos humanos Beatriz Cariño, asesinada el 27 de abril del 2010 en la caravana humanitaria a San Juan Copala. Ahí también nos recibió Omar Esparza, esposo de Betty e integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

En una pequeña entrevista él nos explicó que la llegada del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a estas tierras, significa visibilizar otras realidades que no han tenido oportunidad de ser denunciadas porque la gente siente temor de ser reprimida o incluso de perder la vida. Y que es también una oportunidad de acercarse a compañeras y compañeros de otros estados para ir abriendo el corazón y saber que es gente común, sencilla, de todos los extractos sociales la que ha sufrido esta guerra.

Aquí en Huajuapan como en todo lo largo y ancho del territorio indígena oxaqueño se padece la violencia en sus múltiples expresiones; las desapariciones forzadas, encarcelamientos y asesinatos de líderes sociales, campesinos, defensores de derechos humanos históricamente en lucha contra los malos gobiernos es una constante en la región, casos como el ataque a la caravana San Juan Copala, el del profesor Carlos René Salazar, desaparecido desde el 14 de marzo, el asesinato del también profesor Jaime Rosas Chávez en noviembre de 2010 son algunos de ellos.

Y también busca justicia Angela Vázquez, madre de Yair García Vázquez de 36 años, oriundo del municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan de León, desaparecido en la ciudad de Tamaulipas desde el 2 de noviembre de 2010. Ella deja salir el llanto por no saber nada de su hijo y por la violencia institucional que ha recibido desde que sola emprendió la búsqueda sin ninguna respuesta de las autoridades.

En el templete se compartieron los dolores de las niñas y mujeres asesinadas en Juárez, de un padre que exige justicia por el asesinato de su hijo y el testimonio del pueblo Wirrarika que exige desde aquí que el gobierno frene los proyectos mineros en su región sagrada. Ahí también quedó el ánimo de continuar con la organización, y la unión de las fuerzas con el reiterado mensaje “sólo nosotros, seremos capaces de transformar esta realidad”.


Entrevista a Omar Esparza: Problemáticas de la Mixteca

Una clase política vieja que hoy ha heredado a sus hijos sus puestos de gobierno, sigue controlando la región, diríamos que es un gobierno de castas el que hasta ahora gobierna Oaxaca.

Hay pobreza, y hay migración de indígenas mixtecas, triquis, zapotecos… de todo Oaxaca, pero en la Mixteca más de 300 mil jornaleros se han ido a los campos de Estados Unidos, a Washington, Oregon, California… En fin van buscando la vida porque aquí no hay forma de sobrevivir, el sueldo es una limosna prácticamente. Sin embargo, aquí se encuentran todas las casas de cambio y cientos de cajas de ahorro que año con año defraudan a la gente que se va a Estados Unidos y manda su dinero a un hoyo negro.

Las personas migrantes se van y dejan vacías sus comunidades, son miles de familias que ya no son la familia convencional que conocemos, hoy hay abuelos o hijos viviendo solos, la mayoría de los pueblos son solitarios, muchos regresan enfermos, con vicios … y esto es parte de toda la violencia económica de la región.


¿Qué es la paz con justicia y dignidad?

Para mí la Paz con Justicia y Dignidad significa el fin de la impunidad, de una vez y definitivamente sin impunidad, cárcel para todos los asesinos y el desmantelamiento de las redes de control y de poder.

Mi mensaje a los migrantes de estas tierras es que busquemos construir una económica local y regional, construyamos una economía que vaya desde los pueblos, hagamos mercados locales para que la gente no tenga que irse ya nunca más.

Estamos vivos, seguimos luchando y no dejaremos de hacerlo, sabemos quienes
son los culpables de la barbarie y cada día les quitamos la máscara, se van desnudando sus intereses y su hambre de poder y de control que ejercen sobre la población más débil, los pueblos indígenas y sobre la sociedad civil.


Las Caravanas…

Todas ellas -la humanitaria a San Juan Copala de abril de 2010, la Caravana Betty y Jiri, y la Caravana del Consuelo y ahora la del sur- lo que han hecho es generar sensibilidad hacia la población, mostrado ese dolor de hombres y mujeres que lo que buscan es justicia. Mucha gente se para y nos observa, las palabras llegan a su corazón y los sensibiliza, los hace involucrarse. No podemos dejar que nos arrebaten el país, que sean unos cuantos los dueños de él y debemos como mujeres y hombres concientes buscar la manera, de una u otra forma, de defender nuestros derechos.

Esta noche la Caravana de Paz pernocta en las instalaciones del auditorio de la Sección 22 del magisterio.

10 puntos para la solución alternativa al conflicto de San Juan Copala

El Estado mexicano no ha buscado atender las causas estructurales del conflicto suscitado en torno al Municipio Autónomo de San Juan Copala. No ha entendido la propuesta de autonomía como una respuesta indígena a su incapacidad por atender el rezago, la inseguridad y la injusticia contra los indígenas. Tampoco ha tenido la capacidad ni la intención de contener la violencia paramilitar que se comete contra la nación triqui.

El Estado tampoco ha podido atender la crisis humanitaria causada por el sitio, asalto y desplazamiento forzado contra poblaciones enteras.

Esta ruta no ha traído ninguna solución al conflicto. Insistir en ella lo único que va a traer en el futuro próximo es un conflicto de proporciones aún impredecibles.

Y sin embargo el problema tiene una solución que pasa por atender algunos elementos básicos:

1.- El Estado debe entender y atender las causas estructurales que dieron origen al problema y por tanto debe reconocer que el pueblo triqui, una porción de este, o cualquier pueblo o comunidad indígena, tiene derecho a escoger libremente las formas de organización que determinen en el marco del Estado nacional. Por lo tanto el Estado lejos de combatir o ignorar al Municipio Autónomo de San Juan Copala le debe brindar toda la asistencia para que pueda lograr su propósito en el marco de los mecanismos legales existentes en México y en el ámbito internacional.

2.- Se debe garantizar el acceso de la población a la jurisdicción del Estado en materia de justicia. El Estado no puede abdicar de sus funciones innatas de brindar protección y seguridad a los habitantes, en cualquier parte del territorio nacional. Se debe proceder de inmediato a la detención de los causantes de las muertes de las dos locutoras de la radio "La Voz que Rompe el Silencio", y de los asesinatos y emboscadas del 1ª de noviembre del 2009, 10 de enero, 16 de abril, 27 de abril, 20 de mayo, 23 de agosto, 11 al 19 de septiembre, 16 de octubre, 29 de diciembre del 2010, entre otros. Con la detención de estas personas se estaría deteniendo a los autores materiales de cientos de asesinatos en la región, producidos a lo largo de numerosas emboscadas en las últimas décadas. Los asesinos, secuestradores y violadores deben ser sometidos a juicio y encarcelado, no importando su filiación política,, ni su nivel de interlocución con el actual gobierno, mientras subsista la impunidad nunca se resolverá el problema. Esto implica también detener y encarcelar a los autores materiales e intelectuales de la muerte de Heriberto Pazos, Anastacio Juárez, Maximiliano Bautista Martínez y Julián Martínez Ramírez. No se trata solo de detener a los que dispararon, sino también de los que dieron las órdenes, el dinero y la cobertura.

3.- Retorno inmediato de todos los desplazados de San Juan Copala a sus hogares, reparación de los daños causados por el cerco y la toma paramilitar del poblado. Reparación del daño económico causado por la pérdida de vidas humanas a las viudas y a los huérfanos. Reparación del daño económico causado por heridas, secuestros y violaciones. Atención a las carencias sociales, económicas, culturales y psicológicas causadas por el cerco y la toma paramilitar de San Juan Copala.

4.- Reestructuración administrativa y territorial en San Juan Copala, reconocimiento de la nueva poligonal política de las comunidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala.

5.- Acciones afirmativas para garantizar la seguridad y protección de los habitantes de esas localidades. Se debe reconocer el derecho de las comunidades triquis a establecer su propia policía comunitaria y la obligación del Estado en la garantía de seguridad para todos los habitantes, garantía que no puede estar fundada en la ocupación militar o policiaca de los poblados, sino en la captura, desarme y encarcelamiento de las bandas paramilitares, independientemente de su filiación política. Debido a la tradicional complicidad de la policía estatal y regional con las bandas paramilitares, las fuerzas que asuman el control deberán actuar conjuntamente, bajo un mando federal y deberán contar con la vigilancia de una comisión de verificación constituida por personal operativo de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

6.- Reconocimiento por parte de los actores sociales de que la solución del problema no significa la aniquilación de una u otra organización. Los indígenas triquis tienen derecho a pertenecer a la organización que quieran. El respeto a los espacios y la dignidad de las personas será un elemento básico para mantener la paz que se logre en la región. Detenidos y castigados los elementos que han causado muertes y acciones violentas contra la población triqui, MULT y Ubisort tendrán una importante oportunidad de reconstituirse como organizaciones sociales.

7.- Acabar con el aislamiento de la zona triqui. Un elemento determinante para que la impunidad y el paramilitarismo hayan prevalecido durante tantas décadas en territorio triqui, es el aislamiento intencional al que han sido sometidos. En toda la región triqui perteneciente a las comunidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala no hay un sólo teléfono celular que funcione. Los teléfonos fijos establecidos en algunas otras localidades son imposibles de usar debido a la violencia contra los integrantes del Municipio Autónomo. El Estado mexicano debe de inmediato a) Dotar preventivamente de teléfonos satelitales a las autoridades de las comunidades autónomas triquis en el área de conflicto. b) Restituir y ampliar el servicio de telefonía rural en San Juan Copala, una vez realizado el retorno de los desplazados, y en las demás comunidades del Municipio Autónomo. c) Establecer el servicio de telefonía celular normal en toda la región. d) establecer el servicio de Internet en todas las comunidades del Municipio Autónomo. e) Restituir y garantizar la seguridad para la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”. f) dar garantías de seguridad al libre tránsito de vehículos, bienes y personas, mediante el mecanismo planteado en el punto seis. g) Restaurar y proteger la carretera que va de Putla a Juxtlahuaca y que cruza toda la región Triqui Baja. Esta carretera debe ser un punto de certeza de seguridad para los habitantes de la región y no el escenario de las emboscadas de las bandas paramilitares.

8.- Suspender cualquier concesión o permiso de explotación o exploración de recursos minerales que se haya dado en el territorio de las comunidades triquis organizadas en Municipio Autónomo. Cancelar los permisos de explotación de los recursos forestales y de todo tipo de recursos naturales por personas o empresas ajenas a las comunidades autónomas.

9.- El Congreso de la Unión, por medio de la Comisión Plural para el Tema de San Juan Copala debe brindar todos los recursos necesarios con el objeto de que el Municipio Autónomo de San Juan Copala pueda contar con la asesoría legal y multidisciplinaria del más alto nivel a fin de que pueda integrar su demanda de autonómica del pueblo triqui. El Congreso del estado de Oaxaca deberá responder a esta demanda con toda prontitud, diligencia y en estricto apego a las leyes.

10.- Debe establecerse un procedimiento de verificación del cumplimiento de las propuestas aquí vertidas, conformado por organismos de derechos humanos a nivel internacional.

La paz sólo es posible como resultado de la justicia y el respeto a la dignidad de las personas. Esto es el elemento que debemos considerar si queremos avanzar en la dirección de la solución del dramático conflicto de San Juan Copala.

El Estado mexicano no puede seguir pretendiendo ignorar que en San Juan Copala tenemos la expresión más nítida de un genocidio contra un pueblo indígena y la cantidad proporcionalmente mayor de asesinatos frente a un movimiento social.

Por acuerdo de la Reunión de Autoridades de las Comunidades del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Consejo Comunitario Autónomo.

Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Zona triqui baja.

Primero de Septiembre del 2011.