jueves, 6 de marzo de 2014
“Me avergüenza” que legisladores del PRD aprobaran la reforma educativa y el aumento de impuestos: AMLO
Comunicado b14-041
Charo, Michoacán, 06 de marzo de 2014
Los diputados y senadores perredistas defendieron la reforma fiscal y no los priistas, expone
Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña son los responsables de la crisis en Michoacán y el país asegura
El presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, expresó: “me avergüenza que los diputados y los senadores del PRD” hayan aprobado la reforma educativa, la reforma fiscal –aumento de impuestos— y el incremento en los precios de las gasolinas y el diésel.
Los legisladores del PRD en diciembre de 2013, ejemplificó, aprobaron el aumento de impuestos, ni siquiera los priistas defendieron los puntos de la reforma fiscal, sino mandaban a los diputados perredistas a que fueran a argumentar puestamente de que convenía que aumentará el precio de la gasolina y esa defensa fue absurda, una estupidez, una barbaridad.
Durante la asamblea informativa en Charo, municipio de Michoacán, López Obrador aclaró que se distanció del Partido de la Revolución Democrática, porque no comparte la política que llevan a cabo los dirigentes de ese partido político y además se fueron del lado del priista Enrique Peña Nieto y apoyaron el llamado Pacto por México, que no es más que “Pacto contra México”.
Subrayó que pintó su raya y no tiene nada que ver con el PRD, sin embargo jamás ofendería a los militantes perredistas –a quienes estima y quiere mucho—, y también respeta, porque no es con ellos el pleito.
El problema no es con los priistas, los panistas, los perredistas, petitas con los del Movimiento Ciudadano de abajo que es gente es buena, “el problema está arriba, con la mafia del poder”.
López Obrador explicó que los ciudadanos tienen que entender que sigue dominando una mafia —encabezada por Carlos Salinas de Gortari— y es quien controla las cúpulas del PRI y del PAN, así como otros partidos políticos, y los usa como quiere, de acuerdo a como le conviene.
Al registrarse comicios en el 2015, Andrés Manuel López Obrador solicitó al presidente MORENA en Michoacán, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez y a los integrantes del Comité Estatal de MORENA a que consultar de manera abierta a los michoacanos para que elijan a quienes serán los candidatos a presidencias municipales, diputados locales y gobernador de MORENA en la entidad.
Informó que el Movimiento Regeneración Nacional tiene como objetivo superior transformar al país y para ello participará en las elecciones del próximo año, pero solo como medio para lograr el cambio en la vida pública de México, de manera pacífica y no por la vía armada, “porque consideramos que la violencia en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetua”.
“No somos ingenuos, no nos estamos chupando el dedo, sabemos que las cartas están marcadas, los dados están cargados, pero sabemos que cuando termine de despertar la gente, ya no les va a valer ninguna mañana, ningún truco, ningún fraude y vamos a lograr la transformación”, expuso.
Al indicar que en MORENA hay ideales y hay principios, López Obrador explicó que la crisis de los partidos se debe a que se convirtieron en agencias de colocación, en instrumentos para satisfacer las ambiciones personales.
“En MORENA tenemos que entender que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan, en MORENA se tiene que entender bien que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, comentó en el primer día de gira por 12 municipios de Michoacán.
Manifestó que ser de izquierda es sencillamente tener buenos sentimientos y no ser corrupto, porque el corrupto no es de izquierda y ¡ya basta! de estar simulando ser de izquierda, cuando no se tienen sentimientos a favor del pueblo, cuando no se profesa amor al pueblo.
Acompañado por el presidente del comité estatal de MORENA en Michoacán, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez comentó que en el Movimiento Regeneración Nacional se tiene que entender que la política no es oportunismo, no es corrupción, la política es un noble oficio que permite transformar, “la política es hacer historia y para eso es MORENA”.
Tanto en Charo como en Indaparapeo, Andrés Manuel López Obrador informó que los gobiernos mexicanos –en más de 30 años— han aplicado una política económica neoliberal, que no es más que el Neoporfirismo, es decir, el regreso al Porfiriato y lo que actualmente provoca crisis, decadencia en México.
Señaló en las últimas 30 décadas los gobierno priistas y panistas se dedicaron a saquear al país, es decir, entregaron los bienes del pueblo y de la nación a particulares, sobre todo a extranjeros como fue el caso de Teléfonos de México, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, se entregó el 30 por ciento del territorio nacional para la explotación del oro, la plata y el cobre.
Por si fuera poco, prosiguió, en diciembre pasado se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para para entregar parte de las ganancias petroleras a corporaciones petroleras extranjeras.
López Obrador advirtió que mientras la política neoliberal continúe en el país no habrá crecimiento en la economía, ni se generaran empleos y al no ver empleos no habrá bienestar y menos tranquilidad y paz social.
Expuso que la inseguridad y la violencia que padece Michoacán y el país no se resolverá con medidas coercitivas, porque no se puede apagar el fuego con el fuego, ni se puede enfrentar la violencia con la violencia. “Si queremos paz, se tiene que entender el problema de fondo, aceptar que la paz es fruto de la justicia”.
Sin embargo, expresó, no habrá cambios en el país mientras siga la mafia del poder, “ya gobernó el PRI, el PAN, regresó el PRI y sigue la misma política económica.
Puso de ejemplo que en el año y 5 meses del mal gobierno del priista Enrique Peña se aprobaron cuatro reformas la laboral, la educativa, la fiscal y la energética, para profundizar aún más en la política antipopular y entreguista.
Enumeró que la reforma laboral servirá para que los empresarios puedan pagar por hora a los trabajadores, es decir, a una persona le pagarán 8 pesos la hora, es decir, si trabaja 4 horas, ganará 32 pesos al día, que ni siquiera alcanza para el pasaje de los trabajadores.
La segunda reforma, continuó, es la educativa que es una reforma administrativa para quitarle prestaciones a los maestros, pero no para mejorar la calidad de la enseñanza y a los michoacanos los llamó a no dejarse engañar con lo que se dice en los medios de comunicación, porque hay una campaña de desprestigio en contra del magisterio mexicano.
Señaló que la tercera reforma de Peña Nieto es la reforma fiscal que significa aumentar los impuestos, aumentar el precio de las gasolinas, cada mes, y un ejemplo claro es que en el mal gobierno del priista Enrique Peña han aumentado la gasolina un peso 80 centavos por litro.
“Y si aumentan los precios de las gasolinas y el diésel, aumenta todo, por eso hay una gran carestía que afecta a nivel nacional y es una injusticia, un agravio, un insulto aumentar los impuestos sin combatir la corrupción que hay en el gobierno”, destacó.
Aseguró que si el gobierno federal combatiera la corrupción no haría falta aumentar los impuestos, porque habría presupuesto suficiente, ya que este año es de 4 billones de pesos, es decir, es un cerro de dinero, pero se queda arriba, no llega a la gente ni se distribuye con justicia, ni con honradez.
Los 4 billones de pesos, ejemplificó, si se divide entre las 26 millones de familias que se registran en México, se podría distribuir 12 mil pesos mensuales a cada una de ellas.
Pero, dijo, cada año se roban el 10 por ciento del presupuesto nacional, es decir, 400 mil millones de pesos, es lo que se va por el caño de la corrupción.
Explicó que mientras no se combata la corrupción, prosiga el despilfarro en el gobierno federal, México no saldrá adelante y por ello es necesario que los altos funcionarios públicos se dejen de actuar como sultanes y mejor como decía el cura José María Morelos: el funcionario público tiene que aprender a vivir en la justa medianía, moderar la indigencia de la opulencia.
Y por último, mencionó, que el gobierno de Enrique Peña ya impuso la llamada reforma energética para entregar: el sector energético, el petróleo crudo, así como la refinación del petróleo, la petroquímica, a particulares, sobre todo a extranjeros.
Sin embargo, se comprometió que cuando triunfe el Movimiento Regeneración Nacional se abolirán las reformas: laboral, educativa, fiscal y desde luego la anular la reforma energética, porque el petróleo es del pueblo y de la nación, no del gobierno o de Peña Nieto.
En Indaparapeo, recordó que siendo candidato a la Presidencia de la República advirtió a los mexicanos que si ganaba el priista Enrique Peña Nieto sería como el retorno del dictador Antonio López de Santa Anna, y desgraciadamente el tiempo le ha dado la razón.
Comentó que con Santa Anna se perdió más de la mitad del territorio nacional, pero con el traidorzuelo de Peña Nieto se entregó por completo el petróleo y el sector energético nacional en beneficio de extranjeros.
“Aunque también les digo el que todavía ésta por verse porque una cosa es reforma aprobada y otra aplicada. Cuando la vayan aplicar esa reforma, la tienen que aplicar en los estados petroleros de Tabasco y de Campeche, porque ahí se produce el 95 por ciento del petróleo, ahí nos vamos a ver las caras, no se van a robar lo que es nuestro, lo que es de los mexicanos”, advirtió.
Al conceder una entrevista a los reporteros en el municipio de Charo, López Obrador indicó que en el Movimiento Regeneración Nacional no hay cabida las reformas: educativa, fiscal, energética.
En otro tema López Obrador manifestó que la crisis de inseguridad y de violencia que padece Michoacán y el país es producto de la política económica neoliberal que se viene imponiendo desde hace 30 años, porque no hay crecimiento económico hay desempleo y se desatendió a los jóvenes.
Y prueba de ello, explicó, es que en las últimas 3 décadas, Michoacán decreció la población, es decir, hay municipios que tienen menos habitantes que en los años 80, es decir, antes del periodo neoliberal, y ello demuestra que mucha gente se salió de Michoacán para buscarse la vida en otras partes, porque en su estado faltan oportunidades de trabajo y de bienestar.
Argumentó que la crisis de inseguridad y de violencia en Michoacán lo provocaron quienes impusieron la política económica neoliberal, que es el neoporfirismo, los responsables tienen nombres y apellidos: “Salinas de Gortari Zedillo, Fox, Calderón y el que esta actualmente”, ellos son los verdaderos responsables de la violencia de Michoacán.
Sobre el tema de la creación de grupos de autodefensa en Michoacán, López Obrador opinó que dichos organismos se construyeron ante el vacío que no quieren llenar los gobernantes, además no hay normalidad política en Michoacán ni tampoco garantías de tranquilidad ni de seguridad pública, pero es por culpa de los integrantes de la mafia del poder.
“Para decirlo con más claridad los responsables de la violencia en Michoacán son los integrantes del Cártel de Los Pinos. Se habla de cárteles X, Y, Z, pero no se toca al Cártel de Los Pinos”, manifestó.
Indicó que espera que el pueblo de Michoacán no buscará como salida la violencia, porque se tiene que dar un verdadero cambio y es lo que representa MORENA, es la única oposición y la única esperanza para el pueblo de Michoacán y para el pueblo de México lo demás ya se amafío.
López Obrador negó que el Movimiento Regeneración Nacional haga alianza con algún partido político, porque la única alianza de MORENA será con los ciudadanos de Michoacán y MORENA postulará a sus candidatos donde solo participarán ciudadanos.
Andrés Manuel López Obrador recordó la importancia de los municipios Charo y Indaparapeo en la Independencia de México, porque fue en Charo donde se encontraron los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos, después de haberse entrevistado en Indaparapeo. En el municipio de Charo se presupone, el 20 de octubre de 1810, Hidalgo confirmó a Morelos su grado de general y el mando del ejército del sur.
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‘Padre Goyo’ denuncia amenazas del alcalde de Apatzingán; se marcha a Roma
MÉXICO, D.F. (apro).- El vicario de la Diócesis de Apatzingán, Gregorio López, saldrá dos meses del país para realizar estudios en la Universidad Pontificia de Roma, informó el también conocido como Padre Goyo luego de presentarse a declarar ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJ).
El vicario de la catedral de Apatzingán ha acusado al edil Uriel Chávez de formar parte de Los Caballeros Templarios. El lunes 3, grupos de autodefensas expulsaron al presidente municipal de las oficinas, quien incluso debió ser escoltado y protegido por la Policía Federal hasta llevarlo a un lugar seguro.
A su vez, el alcalde acusó de pederasta al Padre Goyo, quien en entrevista telefónica dijo que Chávez miente y sólo busca desviar la atención. “Si me acusa lo tiene que probar, ya que se trata de una cosa grave”, sostuvo el prelado.
Este miércoles por la tarde el Padre Goyo acudió a las instalaciones de la PGJ en Morelia, y luego pasó a la Agencia del Ministerio Público, donde rindió declaración sobre sus señalamientos de que el alcalde de Apatzingán, el priista Uriel Chávez, está implicado en la desaparición de 300 personas.
Vía telefónica dijo que no tiene problemas en declarar, pero que Uriel Chávez lo ha amenazado. El religioso advirtió que si lo llegan a lastimar, los habitantes responderán porque ya se rebelaron contra el poder de los Templarios.
“Yo no tengo miedo, que se me investigue”, dijo el sacerdote que forma parte del Consejo de Autodefensas que recientemente se formó en Apatzingán.
También precisó que irá a Roma del 14 de marzo al 14 de mayo a terminar una investigación titulada La esperanza desde la desesperanza, en la que trata de describir el compromiso que tiene la Iglesia con los pobres.
Por su parte, el comisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, explicó que la declaración que rinde el padre López fue solicitada por la PGJ para que, en su calidad de ciudadano, presente ante el MP “las denuncias, los dichos, el soporte de lo que quiera manifestar”.
Caso Oceanografía: Investigan al subdirector de Pemex Exploración y Producción
VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- José Luis Fong Aguilar, subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) Región Sur, con sede en Tabasco, es investigado por el Órgano Interno de Control, debido a que presuntamente benefició a la empresa Oceanografía S.A de CV, con contratos por más de siete mil millones de pesos.
De acuerdo con información difundida por el diario Olmeca-Tabasco, Fong Aguilar ocupó la Subdirección de Producción de la Región Marina Suroeste entre julio de 2010 y junio de 2012, y bajo su administración se hundió la plataforma “Júpiter”, propiedad de la empresa COTEMAR, por cuya reparación, así como de la plataforma habitacional ABK-A, Oceanografía habría ejercido irregularmente dos contratos.
En ese mismo periodo dicha empresa, en la que supuestamente están involucrados los hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, se adjudicó por lo menos 21 contratos para servicios en diversas áreas de la Sonda de Campeche, por un monto de 7 mil 309 millones 741 mil 744.24 pesos, destaca el periódico.
Y menciona que al menos ocho de los 21 contratos firmados entre julio de 2010 y junio de 2012 aún se encuentran en plena ejecución.
Los contratos vigentes son 428221806 y 428221805, con un importe de 15 millones 098 mil 469.1 dólares (181 millones 909 mil 375.41 pesos), ambos para transporte de personal, materiales y equipos ligeros con apoyo de lanchas rápidas, cuya vigencia termina hasta el 31 de octubre de 2014.
También el contrato 428221853 para transporte de personal, materiales y equipos ligeros con apoyo de una lancha rápida por un monto de 7 millones 065 mil 079.84 dólares (84 millones 901 mil 770.94 pesos), con vigencia hasta el próximo mes de agosto.
Además, los contratos multianuales 421002810, 421002811, 421002812, 421002813 y 421002814, para servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos con el apoyo de barcos procesadores, firmados el 13 de marzo de 2012 por un monto de 343 millones 186 mil 680 dólares (2 mil 230 millones 714 mil 200 pesos), con vigencia al 31 de diciembre de 2015.
Según Olmeca-Tabasco, otros funcionarios y exfuncionarios que estarían bajo investigación son: Carlos Enrique Becerra Schulz, exgerente de Suministros y Servicios Administrativos de PEP; Luis Primo Velazco Paz, subdirector de Distribución y Comercialización; Alejandro Peña Calderón, exgerente de Transporte y Distribución de Hidrocarburos Región Marina Suroeste, y Baudelio Ernesto Prieto de la Rocha, subdirector de la Unidad de Negocios de Perforación.
También Juan Alfredo Ríos Jiménez, exgerente de Perforación y Reparación de Pozos; José Guadalupe de la Garza Saldívar, subdirector de Mantenimiento y Logística; Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística, y Rubén Luján Salazar, gerente de Análisis y Dictamen Técnico de Proyectos, entre otros.
Vigentes, 19 contratos de Pemex Exploración y Producción con Oceanografía
MÉXICO, D.F., (apro).- Luego del aseguramiento de Oceanografía por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), cada día surgen nuevos datos sobre la compañía propiedad del empresario Amado Yáñez.
De acuerdo con información publicada por CNNExpansión, Pemex Exploración y Producción (PEP) tiene vigentes 19 contratos con Oceanografía, que comprometerían las operaciones de la paraestatal en los próximos años si la empresa no logra recuperarse de la crisis que padece, debido a que involucra recursos superiores a 7 mil 937 millones de pesos.
Sobre los contratos, consultados a través del Portal de Obligaciones de Transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), cuatro de ellos finalizan este año, seis en 2015, dos en 2016 y siete en 2022.
Se aplicará la ley: Videgaray
Esta mañana, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, señaló que en el caso de fraude de Oceanografía –que durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón fue repetidamente favorecida con la asignación de millonarios contratos por parte de Petróleos Mexicanos– se aplicará la ley para salvaguardar la operación de la paraestatal.
El funcionario federal mencionó que otros dos objetivos que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto son preservar las fuentes de empleos de 11 mil trabajadores y asegurar una ordenada recuperación de los créditos de Banamex y otras instituciones financieras.
“El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de la Secretaría de Hacienda, tiene como objetivo preservar el marco de derecho y preservar y asegurar la operación de Pemex entendiendo que es una empresa proveedora de servicios relevantes para la petrolera y darle continuidad a esa operación”, puntualizó.
En entrevista, luego de su participación en la novena cumbre financiera mexicana organizada por LatinFinance, Videgaray manifestó que a reserva de que lo confirme el Ministerio Público, este hecho se trata de una defraudación entre particulares, por lo que las autoridades continuarán actuando de manera oportuna y conforme a derecho.
El pasado 28 de febrero, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó sobre el aseguramiento de Oceanografía, como resultado de una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a petición de Banamex, acreedor de dicha empresa.
La empresa en la que supuestamente están inmiscuidos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox, fue inhabilitada un año nueve meses por la SFP.
También fue multada con poco más de 24 millones de pesos por “haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de las finanzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas”.
Según el acuerdo de la SFP, la inhabilitación es por 21 meses y 12 días, y deriva de nueve procedimientos iniciados el año pasado, en los que el Órgano Interno de Control (OIC) detectó que funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) permitieron a Oceanografía aportar fianzas que en realidad no cubrían el porcentaje mínimo requerido de cada uno de los contratos.
Huye el barco ‘Goliath’, de Oceanografía, investigada por fraude y lavado
El barco de servicios petroleros más grande del mundo, ’OSA Goliath’, propiedad de la empresa Oceanografía, huyó de la PGR, que aseguró a ésta empresa la semana pasada, pues la investiga por fraude y lavado de dinero.
De acuerdo con el diario Reforma, ‘Goliath’ es el principal activo de la empresa: está valuado en 245 millones de dólares.
El barco no pudo ser asegurado físicamente por la Procuraduría porque el pasado viernes su tripulación fue avisada de la intervención de la compañía y ya no regresó a las costas de Campeche.
Al respecto, la firma noruega Norsk Tillitsmann informó que busca vender el barco y con ello saldar un adeudo de la empresa de Amado Yáñez derivado de su incumplimiento con un bono que emitió por 160 millones de dólares.
Como fiduciarios del bono, los nórdicos difundieron en su portal de internet dos cartas de su directivo Fredrik Lundberg en la que señalan que, en octubre, ‘OSA Goliath’, subsidiaria de Oceanografía con domicilio fiscal en Singapur, emitió este bono y puso como garantía la propiedad de la nave.
El 28 de febrero, según la empresa noruega, Oceanografía no cubrió el arrendamiento de la embarcación y cayó en un evento de incumplimiento, razón por la que Norsk ejerció sus derechos sobre el barco.
La fecha en que la firma noruega dice haber tomado el control del buque es la misma en que la PGR aseguró la empresa de Yáñez en Campeche. Sin embargo, las cartas donde Norsk da a conocer su intervención están firmadas hasta el 4 y 5 de marzo.
El viernes, cuando la PGR intervino las instalaciones de Oceanografía en Campeche, se esperaba que el OSA Goliath anclara en las costas de la entidad a lo largo del día, pero la embarcación no regresó y se dio la huida.
Bloomberg informó ayer que el barco se encuentra en aguas internacionales frente a Ciudad del Carmen.
El barco era presumido hasta en internet, por la propia Oceanografía:
Acecha la liquidación
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) tomó las instalaciones de Oceanografía con el objetivo de cerrar la empresa, señaló la dependencia. “Se están llevando las tareas para cerrarla”, confirmó el organismo al diario El Financiero.
El SAE se rige por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, dentro de la cual regula, entre otras cuestiones, precisamente la liquidación y enajenación de los bienes a disposición del gobierno federal.
(Con información de Reforma y El Financiero)
“Oceanografía: Impunidad laboral sin límites”, reportaje de Ana Lilia Pérez
Bajo el manto protector de Pemex y del sindicato petrolero, y la negligencia de las secretarías del Trabajo (STPS) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), la empresa naviera Oceanografía ha violado la Ley Federal del Trabajo y los derechos humanos de miles de empleados que laboran en la Sonda de Campeche. Así lo confirmó en octubre de 2007 un grupo de legisladores federales que se trasladaron a la zona marina para investigar a esa empresa contratista de Pemex, vinculada con los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Martha Fox.
Lo anterior aparece en un reportaje de la periodista mexicana Ana Lilia Pérez, publicado en la revista Contralínea. Aquí el texto:
“Oceanografía. Impunidad laboral sin límites”
Ana Lilia Pérez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Noviembre 2007
Ciudad del Carmen, Campeche. Un grupo de legisladores federales, de las comisiones de Marina y del Trabajo y Previsión Social, denuncia que los empresarios Amado Yáñez Correa y sus hijos Amado y Daniel Yáñez Osuna, propietarios de Oceanografía, SA de CV, explotan a sus trabajadores (2 mil 300) al grado de la esclavitud, para cumplir con millonarios contratos de arrendamiento de embarcaciones y mantenimiento a plataformas de Pemex.
Con estrechos vínculos con el número dos en la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño, que le han valido impunidad en su historia de corrupción y fraudes en perjuicio del patrimonio de Pemex, Oceanografía controla casi el 10 por ciento de la mano de obra en la Sonda de Campeche.
A la protección y beneficios irregulares que funcionarios de la administración de Vicente Fox dieron a Oceanografía, se suman la omisión de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), que permiten a la naviera operar sin las normas de seguridad, violar las leyes Federal del Trabajo y de Navegación y Comercio Marítimo, así como acuerdos internacionales, denuncian legisladores y organizaciones del sector marítimo.
La Federación Internacional del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), con sede en Londres, identifica a Oceanografía como la contratista de la Sonda de Campeche con mayor incidencia en violaciones a las leyes nacionales e internacionales en materia laboral, seguida de las mexicanas Protexa y Diavaz, y la noruega Tide Water. Oceanografía es socia en México de las estadunidenses Otto Candie, Vulcan Marine Technology y Diamond Services Corp.
Todas son empresas de alquiler de barcos y trabajos de mantenimiento a las plataformas petroleras; es decir, realizan los llamados trabajos offshore o costa afuera. Estas empresas, evalúa la ITF, crean figuras mercantiles para evadir impuestos, reducen al mínimo su inversión laboral, utilizan sindicatos de protección y, en general, ejercen “dumping social”.
El Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMMAC) documenta las irregularidades de Oceanografía: no hay contrato colectivo de trabajo ni los trabajadores tienen alguna copia individual de su contratación; los obligan a firmar renuncias anticipadas y afiliarse a sindicatos blancos; no hay prestaciones de ley; incumple con las normas de seguridad contempladas en convenios internacionales.
El capitán Víctor Martínez, presidente del FUMMAC, denuncia además que las jornadas laborales son excesivas, las condiciones insalubres, los alimentos exiguos; “les dan cama caliente, es decir, en una cama uno duerme 12 horas y otro 12 horas; el servicio es de 28 días de trabajo por 14 de descanso, no obstante que la Ley Federal de Trabajo especifica que son 14 días de trabajo por 14 de descanso”.
El FUMMAC documenta otras violaciones a la Ley del Seguro Social: el grueso de la tripulación de los 34 barcos que Oceanografía renta a Pemex no está registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y los que sí lo están, la empresa los registra con salario mínimo, mucho menor al que en realidad reciben, lo que impacta en las finanzas del instituto y de los trabajadores. En caso de incapacidad temporal, definitiva o muerte, el IMSS no paga más de 46.50 pesos diarios.
En el caso de los trabajadores que nunca son registrados en el IMSS, si sufren invalidez o muerte por accidente, la naviera no paga las indemnizaciones correspondientes.
La empresa viola la Ley del Infonavit; no hace las aportaciones patronales y, por tanto, los trabajadores tampoco tienen el fondo de ahorro para el retiro al cual tienen derecho.
Por el alquiler de sus barcos, como el Caballo de Trabajo (Contralínea, 88), la naviera cobra a Pemex un millón de pesos diarios, pero retrasa el pago a su tripulación por periodos de hasta cuatro meses y, hacia el último trimestre del año, incurre en despidos masivos injustificados para no pagar aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones.
Las complicidades
Por primera vez, el pasado 15 de octubre legisladores del Congreso de la Unión arribaron a la Sonda de Campeche para supervisar las condiciones laborales de los trabajadores offshore.
La sorpresa de los legisladores por abusos y violaciones a los trabajadores fue mayúscula, al descubrir que no sólo son víctimas de explotación de las contratistas de Pemex sino que cuentan con la complicidad de funcionarios de la paraestatal, al permitir que navieras como Oceanografía operen al margen de la ley.
“Quisiéramos visitar un barco de Oceanografía”, expresa el diputado federal Marco Antonio Peyrot, secretario de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados.
“Andan a la baja”, dice sarcástico el director general adjunto de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), de la SCT, Francisco Rivero, en alusión al incendio y extraño hundimiento de la lancha Seba’an, que dejó un muerto, trabajador de la empresa Cotemar, identificada como una de las pocas contratistas que cumplen con la normatividad.
La comitiva estuvo integrada por el senador Sebastián Calderón Centeno y los diputados Marco Antonio Peyrot y Cuauhtémoc Velasco Oliva; los representantes del Frente Unido de Marinos Mercantes; los inspectores en México de la ITF; los sindicatos Unión Nacional de Marineros de Veracruz, Sindicato Nacional de Alijadores y Marinos, y la Unión de Marineros de Manzanillo, Colima. Por las indagatorias periodísticas que se han hecho sobre el desempeño irregular de esta empresa, Contralínea es el único medio de comunicación que acompaña al grupo de legisladores.
El Capitán de Corbeta y ahora legislador federal, Marco Antonio Peyrot Solís, se muestra decidido a pugnar para que, finalmente, se aplique la ley a la naviera. Durante el traslado a la zona de muelles, comenta:
“Independientemente de quiénes consigan contratos y quiénes no, lo más importante es que se aplique la ley. Yo he escuchado muchos reclamos, pero lo importante es que la empresa cumpla con su trabajo y con la ley, que se apegue al marco jurídico. Este tipo de empresas reúnen mucho dinero, son un negocio, por eso deben pagar a sus trabajadores lo justo y respetarles sus derechos; para eso venimos, para ver si es así o, de lo contrario, que se aplique la normatividad.”
Los legisladores llegan al Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul (PIP). En el sexenio foxista, un reducido grupo de compañías se apoderaron de esta zona federal, colocaron rejas y guardas de seguridad que custodian la entrada de las compañías a cuenta del erario. Aunque el área es jurisdicción de la Capitanía de Puerto, la cual depende de la SCT, su titular Víctor Manuel García Enríquez dice que, para entrar, él tiene que pedir permiso a las empresas.
La mitad de la zona industrial la ocupa Oceanografía y su filial Transportes Navieros y Terrestres (TNT), el resto Blue Marine (socia de Oceanografía), Protexa, Tide Water, Perforadora Mexicana, Diavaz y Suministros Industriales Carrizales, la empresa del exsenador panista y hoy diputado Jorge Nordhausen. “Puras fichitas”, susurra en tono despectivo Francisco Rivero.
Empeñados en visitar los barcos de Oceanografía, minutos antes, los legisladores habrían advertido a los funcionarios de la SCT que se trataba de una visita sorpresa, para inspeccionar las condiciones laborales y de seguridad. En el PIP, el acceso a los muelles donde atracan los barcos de la naviera es frenado por un funcionario de Pemex, que en ningún momento se identifica. La indicación la dio el Capitán de Puerto, Víctor Manuel García: que había que seguir “al de la camioneta”, que era “la autoridad de Pemex”.
Durante más de media hora, el funcionario, a quien posteriormente se le identificó como Javier Vizcarra, coordinador de Control Marino y Posicionamiento de Embarcaciones de Pemex Exploración y Producción, nos obliga a seguir su vehículo, una camioneta de exclusivo modelo, en la que se traslada de un extremo a otro del PIP sin aparente razón.
“¿Qué pretende este funcionario?”, dice visiblemente molesto el diputado Peyrot. “Parece que no quiere que entremos”, agrega a manera de autorespuesta.
Vizcarra sube y baja de la lujosa camioneta, da portazos, contrariado, y realiza incontables llamadas por su celular. A unos metros, el diputado Peyrot intuye: “Este señor está haciendo tiempo, está avisando a alguien, parece que no quiere dejarnos entrar. Este señor está avisándole a la empresa, ¡mejor vamos a pasar!”.
Minutos después, increpa al funcionario:
–¿Qué?, ¿no lo dejan pasar?
–Allí vienen ya, dicen que fueron por la llave, dicen que así no se puede.
–De que se puede se puede (responde el diputado).
–A lo mejor usted pasa, pero yo no.
–Bueno ¿y cómo es posible que la autoridad no pueda entrar, si esto es propiedad federal?
–Son concesiones.
–Sí, serán concesiones, pero es propiedad federal. La entidad marítima tiene la facultad para poder entrar, aunque sea una concesión. Y si no están de acuerdo, se les quita la concesión. ¿Qué, no nos van a dejar entrar?
–Sí, lo que pasa es que el amigo que iba a atendernos no había llegado todavía, que en tres minutos llegaba (Vizcarra responde a una llamada por el celular: “de acuerdo, de acuerdo”, asiente en un susurro).
–Oiga, quiero ver el barco de Oceanografía.
–Éste es el acceso, son dos accesos, el otro es por donde estábamos y éste.
–Pues parece que no quisiera dejarnos entrar.
Una parte de la comitiva entra por un costado de la reja, encuentra al vigilante de Oceanografía: “Yo estoy aquí desde hace horas y nadie me pidió abrir la reja”, dice.
Minutos después, el propio Vizcarra abre la reja. Cuando los legisladores llegan hasta el barco remolcador Caballo Lipizano, sale al paso un grupo de directivos de Oceanografía y algunos guardaespaldas vestidos de civil. Hermilo Escobedo Obrador, director comercial y representante legal de la naviera encabeza el grupo. También ingeniero de profesión, es la mano derecha de la familia Yáñez.
Caballo Lipizano
El registro de la clasificadora mundial Lloyds indica que, hasta 2004 se llamó Seabulk Katie y tenía bandera de la República de las Islas Marshall. Su base era el puerto Majuro, en el Pacífico, en Oceanía. Armado en Singapur en 1998, este barco remolcador fue, hasta 2005, propiedad de la empresa Seabulck Offshore, con sede en Emiratos Árabes Unidos. El 18 de marzo de 2005 fue traído a México vía el puerto de Dos Bocas, luego llevado a Ciudad del Carmen, donde los Yáñez lo abanderaron con pabellón mexicano, le cambiaron el nombre a Caballo Lipizano y lo arrendaron a Pemex.
Pese a su antigüedad, este barco remolcador, registrado por la Organización Marítima Internacional con el número OMI 9169079, es una de las embarcaciones más nuevas que Oceanografía renta a Pemex, aunque el deterioro de la embarcación es evidente: no tiene mallas de seguridad, no hay chalecos salvavidas ni equipo de protección y, según algunos trabajadores, frecuentemente presenta averías. Los registros de Pemex indican que este remolcador ya ha provocado accidentes, uno de ellos fue el impacto en la estructura de la plataforma de medición de Cayo Arcas.
Bajo el sol inclemente de la Isla del Carmen, puerta a la Sonda de Campeche, la palomilla del Lipizano, una veintena de hombres enfundados en overoles de gabardina color naranja, miran desconcertados a los visitantes. Ninguno usa casco, guantes, botas, gogles; en fin, todos los instrumentos que obligan las normas de seguridad establecidas por Pemex, y que en las áreas de operación que controlan las contratistas son letra muerta.
Detrás de la pujante imagen de la naviera se esconde un lamentable escenario de explotación, abuso y corrupción. Enrique Lozano, inspector de la ITF, explica que muchos de los trabajadores han denunciado las ilegalidades de la empresa, pero, frente a sus directivos, tienen que reprimir sus reclamos.
“Aquí todo está en orden, señores diputados”, dice Hermilo Escobedo Obrador, el directivo de Oceanografía.
“Venimos del Congreso de la Unión, queremos observar cuáles son las condiciones en las que labora el personal.
Recurrentemente hemos escuchado que no se aplica la Ley Federal del Trabajo y queremos determinar cuáles son las anomalías”, dice el diputado Peyrot, experto en normas y seguridad marítima.
El capitán del barco, que no proporciona su nombre, confirma que la tripulación trabaja 28 días por 14 de descanso; es decir, el doble de la jornada que marca la ley.
–Nos puede enseñar su contrato individual de contratación y su alta del IMSS (pregunta el diputado Peyrot al capitán).
–No. No lo tengo ahorita.
–El contrato colectivo.
–No. No lo tengo.
– ¿Usted, qué grado tiene? (se dirige a otro trabajador).
–Primer oficial.
– ¿Usted es primer oficial de cubierta?
–Así es.
– ¿Tiene su hoja del alta del IMSS?
–Lo tengo, pero no sé si la traiga.
– ¿Su contrato?
–No lo tengo.
El diputado pregunta y los trabajadores dudan, los guardaespaldas de la empresa flanquean las esquinas de la embarcación. Peyrot se dirige a un jovencito, originario de Comalcalco, dice que tiene dos años como marinero de Oceanografía. No está dado de alta en el IMSS. “¿Tienes contrato?”, le pregunta. El jovencito asiente, se dirige a los camarotes en busca del documento que minutos más tarde presentará. No es más que una hoja en blanco, sin sello alguno, con la razón social Transportes Navieros y Terrestres impresa en computadora.
Fausto Arellano, inspector de la CGPMM pide al capitán del barco que exhiba el contrato colectivo de trabajo de la embarcación, como obliga la ley y las normas marítimas internacionales. No existe. El oficial marino se justifica, dice que él si lo firma, pero que la empresa no le da copia. Ningún tripulante tiene tampoco contrato individual. No existe rol de tripulación.
–Capitán, usted debería tener abordo ese contrato, es la norma (dice Peyrot).
–¿Y cómo está toda la palomilla? (pregunta Fausto Arellano).
–Todos estamos igual (susurra una voz anónima).
–Capitán, muéstrenos sus altas del seguro social (pide Peyrot).
El capitán duda, con la mirada busca alguna respuesta del directivo de Oceanografía.
– ¿Usted tiene o no su contrato o su acta del seguro social? (increpa el diputado Cuauhtémoc Velasco).
–No. No tengo.
–¿Y usted? ¿Su recibo de pago, me lo puede mostrar?
El marino entrega al diputado un pase de abordar: “me dijeron que este es mi contrato”, dice ingenuo.
– ¿Sabes cuáles son tus obligaciones?
–Sí.
– ¿Las tienes por escrito?
–No.
–Pero, firmaste tu contrato.
–Sí. Es éste.
“Lo firmé allá en la oficina”, dice otro marinero y exhibe otra hoja donde únicamente aparece la razón social de TNT y el sueldo mensual.
“¿Pero cómo sabes cuáles son tus obligaciones?”, pregunta Peyrot y le dice: “Tú estas cobrando un salario por las responsabilidades que tú firmaste que vas a hacer, pero no sabes cuáles son, no las tienes por escrito”.
–No, no.
–¿Capitán, tiene algún reglamento?
–No. No tenemos.
El inspector Fausto Arellano explica que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a bordo de la embarcación “debe haber un contrato donde la gente tenga posibilidad de ver bajo qué términos están contratados y en qué momento están violando sus garantías individuales”.
“Aquí todo es ilegal”, increpa Honorio Galván, inspector en México de la ITF, y el diputado Peyrot hace extensivo el comentario al directivo de Oceanografía: “Precisamente, ingeniero, hemos escuchado muchas inconformidades, muchas quejas por parte de los trabajadores, que cuando ocurre un accidente ellos están desprotegidos, no saben a quién van a reclamar. La mayoría de su tripulación está manifestando que no tiene sus contratos”.
“Todo nuestro personal está afiliado en el seguro social, pero en los accidentes que se han llegado a registrar nosotros automáticamente los ponemos en clínicas particulares, en las clínicas de la ciudad”, responde Hermilo Escobedo.
El inspector de la ITF lo enfrenta: “En todos estos años Oceanografía ha trabajado al margen de la ley. Desde hace cuatro años, las organizaciones representantes de los trabajadores marítimos hemos pedido que la empresa cumpla la ley, que respete a los trabajadores, y siempre hemos encontrado un no absoluto al establecimiento de un mecanismo que pueda brindar un contrato colectivo a la gente abordo. ¿Cuál es el miedo que tiene la compañía de acercarse para establecer un contrato colectivo que proteja las garantías individuales de los trabajadores?
– ¡Si hubiera miedo no estaría yo aquí dando la cara! (se exaspera Escobedo) ¡Todos nuestros trabajadores tienen contrato!
–Pues yo le hice la pregunta y nadie tiene, ni el capitán tiene, dice que firma uno, pero no le dan copia, la Ley dice que debe tener una copia abordo (interviene el diputado Peyrot).
–Eso lo regularizamos en cualquier momento (acepta el directivo de la empresa en tono de resignación).
–Yo le agradecería que, a partir de esta visita, usted dé las instrucciones para que tanto los trabajadores que estén abordo como en tierra tengan copia de su contrato y de su alta en el IMSS. El contrato debe ser llevado ante la Junta, sellado, subido abordo, como marca la ley.
Venciendo el miedo a perder el empleo, o que los incluyan en las listas negras que estila la naviera, poco a poco las voces de la tripulación comienzan a escucharse. Un marinero se acerca al diputado Cuauhtémoc Velasco y le muestra un documento correspondiente a su último salario pagado. “¿Cuándo te pagaron esto?”, pregunta el legislador. El marinero responde que hace dos días que cobró el salario.
“Le dije que nosotros sí pagamos”, defiende Escobedo. Pero el recibo expedido también por TNT corresponde al día 14 del mes de julio. “Esto confirma lo que nos han reportado los trabajadores, que pagan de forma muy atrasada: mire, es de hace cuatro meses”, reprende el legislador.
La revisión continúa: nadie usa equipo mínimo de seguridad, incluso el capitán no usa casco, guantes ni botas de seguridad (lleva puesto unos viejos zapatos de vestir). “¡Usted debería poner el ejemplo capitán!, ¿dónde están sus botas?”, pregunta Marco Antonio Peyrot. Tímido, el capitán justifica que con las botas se resbala. Desesperado argumento porque, precisamente, las botas que por norma de seguridad se deben usar en los barcos o instalaciones petroleras son de suela antiderrapante.
Las arrugas profundas que surcan lo largo y ancho de su rostro evidencian que Jorge es el anciano de la palomilla: emigrante que ha dedicado más de la mitad de sus 60 años al sueño del oro negro, que nunca le ha dado más que un salario mínimo, los alimentos del día, una cama compartida y la insalubre barraca en la zona de La Manigua (una de las más precarias de la Isla del Carmen) para los días que desembarca.
El viejo enfunda su grueso cuerpo en un overol raído, con el cierre descompuesto y las mangas deshilachadas, por las que asoman los cenizos brazos y las gruesas y callosas manos, tatuadas de profundas cicatrices labradas por trabajar en las plataformas con la piel desnuda.
– ¿Éste es su uniforme? (pregunta el diputado Peyrot al marinero)
–El más nuevo (contesta con una risa tímida, abruptamente cortada cuando, iracundo, el capitán lo reprime).
–Dile, Jorge, dile que sí tienes uniforme, que la empresa nos lo da, pero que te da flojera ir por él.
El viejo lo mira sorprendido.
– ¿Tiene casco? (insiste el diputado).
El viejo agacha la cabeza, asiente.
– ¿Y por qué no lo trae? Imagínese que se le cae una válvula en la cabeza, ¿ya estaría de Dios?
El directivo de Oceanografía asegura que la naviera proporciona a sus trabajadores overoles, botas, casco, “pero esta gente luego hasta vende las botas”, dice con desprecio.
“No me diga, ingeniero, que los trabajadores prefieren traer esta ropa deshecha”, comenta el diputado Cuauhtémoc Velasco. La Ley Federal del Trabajo señala que si el trabajador no cumple con las normas de seguridad, no puede trabajar, de lo contrario la falta es imputable al patrón.
–Ya ve como son (dice el funcionario de la naviera).
–Creo que su tripulación requiere de un equipo de seguridad. El overol, es por ley, y las normas de seguridad de Pemex son estrictas (dice el diputado Peyrot).
– ¡Ven acá, Jorge! (insiste el capitán al viejo) ¿No con tu pase de abordar puedes ir a la compañía por un overol nuevo?
El viejo continúa con su cabeza agachada. El capitán le aprieta el hombro:
–¿Y no es cierto que no vas porque te da flojera? ¡Verdad que allí te dan tus uniformes!
–Dile al diputado que no les damos botas porque luego las venden (interviene el patrón Escobedo).
El viejo sigue con la cabeza gacha y la mirada oculta debajo de la visera de su gorra de béisbol. Cuando los legisladores descienden de la embarcación ninguno de los trabajadores habla ya. Sus rostros están impávidos. Tienen la sospecha de que sus nombres circularán indelebles en las listas negras que clandestinamente las navieras comparten, para que ninguna contrate a los que se atreven a reclamar sus derechos.
Al atravesar la franja de la zona federal, donde terminan los dominios de Oceanografía, el inspector de la ITF, Enrique Lozano, comenta:
“Mañana muchos de ellos ya no tienen trabajo. Es una vergüenza la actitud del funcionario de Pemex, trató siempre de impedir o retrasar la llegada de nosotros a la embarcación y alertar a los empresarios. Ellos debían ser neutrales, Pemex no debía dar contratos a gente que ande en malas situaciones laborales.”
–¿Qué evaluación hace la ITF del desempeño de Oceanografía?
–Se comprobó que hay protección de la paraestatal a la empresa. En el ámbito marítimo, se puede entender que algunas empresas tengan un barco con problemas, pero Oceanografía tiene problemas con todos sus barcos.
El diputado Cuauhtémoc Velasco concluye que, ante la ausencia en la supervisión de labores de esta empresa, Pemex es cómplice de un sinnúmero de violaciones a la ley y a los derechos humanos de sus trabajadores, al no intervenir para que la naviera cumpla la ley. Los legisladores comentan la urgencia de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos indague al respecto.
Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex, dice que la paraestatal está revisando cada uno de los contratos firmados con la empresa de los Yáñez y que ya “prepara un informe pormenorizado de las operaciones de la naviera Oceanografía con Petróleos Mexicanos”.
Entrevistado al término de la comparecencia en el Senado de la República, el pasado 25 de octubre, el funcionario asegura que “se sancionará a las empresas que hayan incurrido en incumplimientos. Se sancionará a ésta, como a cualquier otra de las empresas”.
Los coyotes del mar
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene por obligación enviar inspectores que supervisen las condiciones laborales en las zonas marítimas; sin embargo, en la Sonda de Campeche, que concentra el 90 por ciento de la actividad marítima de todo el país y el 70 por ciento de la petrolera, no hay un solo inspector que verifique las condiciones en las que laboran 18 mil personas por turno en actividades costa afuera. De ellos, 4 mil son trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el resto, de las empresas privadas.
El mayor problema, dice el senador Sebastián Calderón Centeno, es que la paraestatal no tiene control alguno sobre las compañías a las que contrata y ante la falta de supervisión, “frecuentemente se viola la Constitución”.
Para librar las denuncias en contra de Oceanografía, los Yáñez crearon la empresa Transportes Navieros y Terrestres (TNT), con la cual reclutan el personal; así, si surge un motín, paro, querella de algún trabajador o de toda la tripulación por la falta de pago, como ha ocurrido en el Caballo de Trabajo, el argumento es que TNT es el patrón y no Oceanografía, y como las oficinas de la primera están en tierra, deben esperar a desembarcar para presentar su queja.
Al respecto, el senador Calderón Centeno señala que es una modalidad utilizada por grandes contratistas que operan en la Sonda de Campeche para evadir impuestos y omitir sus obligaciones laborales, amparados en la negligencia de la STPS.
“La naviera directamente ya no contrata personal, se lo contratan a otra empresa que les provea personal y esta otra empresa dice: ‘tú no eres mi empleado, tú eres empleado de otra compañía’, que forman ellos mismos, y a veces desaparecen. Y luego la otra compañía les dice a los trabajadores que son parte de una supuesta cooperativa. Situaciones completamente anómalas. Al final el trabajador no sabe ni para quién trabaja”.
En todos los estados en donde Oceanografía tiene oficinas, las hay también de TNT, siempre una junto a la otra. La que capta más personal es precisamente la de Ciudad del Carmen, ubicada en la avenida 2 oriente, manzana F, lote 1-B, Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul, a un costado de Oceanografía. Hasta ella acuden a diario decenas de jóvenes de todo el país en busca de trabajo.
La necesidad económica de los aspirantes a marineros rebasa la mala fama de la empresa. Un domingo muy de mañana, ni transcurridos tres días del accidente del Seba’an –donde murió el joven Gualberto Márquez Jiménez, un soldador originario de Paraíso, Tabasco–, y ya una veintena de muchachos esperaban que el coyote del mar los enganchara a la naviera. Como los indocumentados que viajan con pequeñas mochilas a la espalda en busca del sueño americano, éstos jóvenes pernoctaban en la banqueta, junto a la puerta de la empresa, en espera de que la naviera les conceda el espejismo del oro negro.
En Veracruz, TNT también se dedica a la compra venta y arrendamiento de embarcaciones. En Tabasco es agente naviero. La empresa también genera ingresos directos a los Yáñez como contratista de la paraestatal. En 2004, por ejemplo, Pemex le adjudicó la licitación 18575108-006-04, por 167 millones de pesos, por el arrendamiento de una lancha, alquilada a razón de 96 mil pesos por día.
Cuando las denuncias en contra de TNT comenzaron a abarrotar los juzgados laborales, los Yáñez crearon Asesoría Técnica Administrativa, una supuesta cooperativa en la que a cada trabajador reclutado se le hace creer que es “socio” de la empresa, y como tal, no tiene derecho a presentar demanda alguna en su contra.
Pero, además, en complicidad con Carlos Romero Deschamps, la naviera utiliza al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Transportes Navieros y Terrestres (STPRM) como “sindicato blanco” o “de protección”.
Al respecto, el senador Sebastián Calderón explica que, cuando los trabajadores de Oceanografía han buscado organizarse, “les dicen, tú estas por la sección 42 del Sindicato, y los trabajadores cuestionan: ‘pero yo soy de compañía’, la naviera les argumenta: ‘pero tu protección laboral te la da la sección 42’, pero cuando han ido a pedir esa protección del sindicato, la respuesta es que Oceanografía les debe plazas para pagar la cuota de los trabajadores como protección”. Así, dice el legislador, el STPRM “está dando protección a otras compañías, siendo que es un sindicato de empresa y no tiene que darle protección a otras empresas”.
La complicidad entre la naviera y el sindicato llega a tal nivel que algunos trabajadores de la compañía denuncian a Contralínea que incluso les han hecho descuentos de su salario por concepto de las cuotas sindicales al STPRM; por ello, en las juntas laborales son frecuentes las denuncias contra Oceanografía y el STPRM, o contra TNT y el STPRM.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Ciudad del Carmen recibe un promedio de 20 demandas diarias, 75 por ciento de contratistas de Pemex, 20 por ciento de Pemex, y el otro 5 por ciento de otras empresas federales. No pasa una semana sin que se abra un expediente contra las empresas de los Yánez.
Sin embargo, los trabajadores casi siempre terminan por abandonar las querellas, decepcionados por el letargo en la aplicación de la ley. Para que la junta notifique la primera audiencia de conciliación, el promedio mínimo es de ocho meses. Por ejemplo, los juicios que actualmente están en etapa de resolución, datan de 1998.
“A los empleadores les sobran herramientas para disfrazar, de manera convenenciera, su violación a los derechos de los trabajadores de la Sonda de Campeche”, dice el diputado Tomás del Toro del Villar, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. (ALP)
Complicidades de la SCT
En una reunión efectuada en las oficinas de la Capitanía de Puerto de Ciudad del Carmen, legisladores federales descubrieron que, irregularmente, esta área ha autorizado la salida de las embarcaciones de la naviera Oceanografía, pese a su incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Marítima de depositar una copia del contrato colectivo de trabajo de la embarcación que viaja abordo en cada uno de sus viajes.
Además, el artículo 49 de la Ley de Navegación dice que la Capitanía de Puerto tiene atribuciones para negar o dejar sin efectos los despachos de salida de los barcos por una resolución en materia judicial o laboral federal, por la resolución en materia administrativa, o por la presentación incompleta de documentación.
Cuando el diputado Marco Antonio Peyrot solicitó los contratos colectivos de trabajo de Oceanografía, Víctor García Enríquez le confirmó que la empresa no proporciona copia alguna de dichos contratos y que, no obstante, la Capitanía nunca ha detenido el despacho de sus embarcaciones.
“El artículo 194 de la Ley Federal del Trabajo dice que el marino debe ser contratado mediante un contrato individual, y que la empresa debe depositar una copia en la Capitanía de Puerto, y otra en la Junta Federal de Conciliación”, insiste Peyrot.
–No, lo desconozco ¿usted trae la ley aquí? (responde García Enríquez).
– ¿Y qué vamos a hacer si la ley se cumple? ¿Qué vamos a hacer con tal cantidad de documentos? Vamos a llenar cuartos y cuartos de documentos (justifica el Director General Adjunto de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Francisco Rivero).
El diputado Peyrot explica que la omisión de la SCT respecto a la ilegalidad de las empresas incita a que las contratistas violen los derechos de los trabajadores. La respuesta del Director Adjunto de Marina Mercante es abrupta: “Pues aunque no lo crea, yo también navegué alguna vez y tampoco me dieron contrato colectivo, ni uno individual, jamás”.
El legislador lo confronta: “Cualquier persona que trabaje en este país, sabe que es difícil encontrar trabajo. Y si, una vez que tienes trabajo, no te lo pagan, es algo muy deshonesto. Usted mismo dice: ’a mí nunca me dieron un contrato’, pues bueno, ahora es Director General Adjunto de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, hay que hacer algo para que eso nunca vuelva a suceder. Si no está en sus manos, pues entonces no sé en manos de quién debe estar. Bajo su posición, yo creo que usted puede llegar con ellos y decirle es una realidad que me sucedió, y lo menos que yo esperaría, después de pasar por mi encargo, es que nunca vuelva a suceder”.
Luego, los legisladores piden el contrato de enrolamiento de la tripulación que viajaba en el barco Seba’an, que se accidentó la tarde del 11 de octubre. Dicho documento debía estar en poder del Capitán de Puerto, en apego al Convenio número 9 de la OIT ratificado por México. Enríquez dice que no existe tal documento, que la Capitanía no tiene la certeza de los trabajadores de la empresa que viajaban en la embarcación.
Los legisladores y las organizaciones marítimas coinciden en que, desde hace dos años, la SCT ha frenado la firma del acuerdo intersecretarial (STPS y SCT), el cual, dicen, pondría freno a las arbitrariedades no sólo de Oceanografía sino de todas las navieras que incumplen la ley, pues frecuentemente estarían bajo el escrutinio de inspectores especializados. (ALP)
EPN: fracturando a México
Rex Tillerson, el gerente de ExxonMobil, petrolera con una capitalización de mercado de 416 mil millones de dólares, principal productora de gas en Estados Unidos e interesada en la explotación de gas de lutitas (shale) en México, endosó un juicio contra la construcción en su vecindario de una torre de agua que se usaría, en parte, para la fractura hidráulica (FH) para extraer gas de la roca madre a gran presión. Tillerson vive en Bartonville, un lujoso barrio en las afueras de Dallas, Texas, y teme, según el Wall Street Journal (20/2/14) que el ruido y los riesgos por el masivo acarreo de agua, aminoren el valor de su propiedad. Entre las quejas de Tillerson destaca la incertidumbre en torno a la zonificación, por la voracidad espacial de la FH, un asunto de gran importancia en México, en especial para todas las comunidades indígenas y campesinas donde impera la propiedad social: el gobierno de Peña Nieto anuncia estar dispuesto a una masiva desposesión territorial, ajustando la Ley de Amparo o cancelando derechos, para abrir los enormes espacios exigidos por petroleras tipo ExxonMobil, que se aprestan a fracturar México.
El pleito legal en Bartonville es uno entre cientos que se registran en Estados Unidos luego de más de una década de explotación de gas y petróleo shale. Al furor que antecedió la explosiva ampliación en el uso de la FH, siguió una avalancha de protestas, quejas y acciones legales de barrios y de más de 410 condados, gobiernos locales, ciudades y estados, exigiendo y/o aprobando la moratoria y la prohibición de la FH por sus devastadores efectos sobre la salud humana, la flora, la fauna, el agua, el medio ambiente y la atmósfera terrestre. ¿Qué es lo que están recetándole a la población mexicana EPN, Mexico’s Savior, según Time (24/2/14) y el PRIAN, que aprobó fast track el regreso de las petroleras?
La respuesta empieza por el hecho de que la FH usa gran cantidad de agua –entre 25 y 30 millones de litros por pozo– a la que se agrega una mezcla de arena y gran variedad de sustancias: benzeno, reductores de fricción, surfactantes, inhibidores de corrosión, biocidas, estabilizadores y lubricantes junto a elementos radiactivos y metales pesados naturalmente presentes en la roca y acarreados a la superficie por el agua de reflujo. Como documenta propublica.org los efectos sobre la salud humana y animal son ominosos. Muchas de las sustancias usadas (se detectan 519) amenazan salud y vida: generan gases que irritan ojos y nariz, causan dolor de cabeza, náusea, vómitos, mareos y/o muerte. La FH usa la sílica cristalina, cuya inhalación crónica produce silicosis o cáncer; diesel cuyo contacto con la piel provoca irritación rojiza, quemaduras, severos daños a la piel y cáncer; el metanol, con vapores que causan irritación de ojos, dolores de cabeza, fatiga y en dosis altas puede ser fatal, además de naftalina común, cuya inhalación irrita el tracto respiratorio, causa náusea, vómito, dolor abdominal, fiebre o muerte; hidróxido de sodio, que causa daño pulmonar, cuyo contacto en forma sólida o líquida puede quemar severamente los ojos, la piel, las membranas mucosas o causar la muerte. En la mezcla, a veces llamada salmuera, figuran 17 tóxicos para organismos acuáticos, 38 tóxicos agudos y ocho cancerígenos probados. Se trata de cuatro toneladas de tóxicos por pozo y por cada perforación subsecuente se requieren en promedio 2 mil quinientos viajes de pipas de agua, de 10 mil litros cada una.
El esfuerzo oficial por ocultar este tipo de datos en Estados Unidos ha sido en vano, por los incontenibles niveles de contaminación del agua, los daños a la salud y las fugas tóxicas, incluyendo las de metano, gas de enorme efecto invernadero. En 2008, por ejemplo, todas las gaseras y las agencias federales entraron en pánico cuando se filtraron a los medios datos sobre la gran contaminación de pozos de agua rural cerca de campos de gas explotados con FH. El muestreo indicó intensa contaminación con benzeno, en un caso con una concentración mil quinientas veces superior al nivel aceptable para el ser humano. Esa sustancia ha sido asociada al cáncer de mama, la anemia aplástica y la leucemia. Pero el alud de denuncias no cesa a pesar de que Tillerson afirme ante el Consejo de Relaciones Exteriores, que los riesgos de la FH son manejables. Nuevos estudios asocian la FH a desórdenes endocrinos que pueden elevar el riesgo de enfermedades reproductivas, metabólicas y neurológicas, especialmente en niños expuestos a esos tóxicos mientras otro estudio mostró que los fetos de mujeres embarazadas que viven en un radio de 16 kilómetros de una explotación de FH, muestran un riesgo mucho mayor de defectos congénitos del corazón y de defectos neuronales.
A Tillerson no le gusta eso en su vecindario. Pero es sólo parte de lo que vienen a hacer Exxon, Shell, BP y Chevron, gracias al regime change, perpetrado fast track por el PRIAN: fracturar a México en más de un sentido.
jsaxef.blogspot.com
Investigan línea profesional de Goyo, refuta Luis Ángel Bravo a “voces” especuladoras
SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA
Coatzacoalcos, Ver.- El caso del asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz sigue abierto y no se ha descartado su ejercicio profesional como línea de investigación, aseguro el procurador; indicó que hay “informaciones imprecisas” de los medios de comunicación, pero aún tienen abiertos tres procesos alternos.
Luis Ángel Bravo Contreras, procurador de Justicia del Estado de Veracruz, anunció el expediente del asesinato del periodista está abierto y se siguen desahogando las diligencias, además de que existen tres investigaciones concurrentes.
Puntualizó que existen dos autos de formal prisión que dictó el juez, además de que están esperando que se determine la solicitud de un amparo federal por parte de la autora intelectual del crimen. Respecto a los hechos asegurados al amparo de un auto de formal prisión, Bravo Contreras señaló que los avances que giran en torno a las averiguaciones ya se encuentran en causa penal pero apenas se está iniciando con el proceso y puede llevar varios meses.
El procurador del estado aseguró, sin indicarlas, que “hay voces” que están intentando que exista una percepción entre los comunicadores y los ciudadanos, de que el caso fue cerrado de manera definitiva. Anotó que la procuraduría está investigando todas las posibles líneas de investigación –incluyendo la de su ejercicio laboral– y esperan que en el corto plazo puedan presentar todos los datos que aclaren el asesinato.
“La única línea que prevalece es la verdad y estoy en pleno uso de mis facultades para incluso en un momento procesal adecuado como las conclusiones, yo pueda fijar mi acusación”. Cabe señalar que en días pasados, periodistas y defensores de derechos humanos integraron una misión de observación y declararon en su pronunciamiento nacional que no se habían investigado los temas que fueron publicados por el periodista.
Morena Puebla convoca a conferencia vs la privatización del agua
La Asamblea Social del Agua, el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), la secretaría de Jóvenes del Movimiento de Regeneración Nacional (JuventudEs Morena) y la Comisión Estatal en Defensa de la Soberanía, el Medio Ambiente y Patrimonio de Morena Puebla convocan a la conferencia titulada: “El agua, un derecho humano fundamental para todos”.
La plática será impartida por el ex diputado federal Jaime Cárdenas Gracia en el auditorio Elena Garro de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), ubicado en la 3 Oriente 2010 en el Centro Histórico de la Angelópolis el 12 de marzo a las 12 horas.
Para más información: www.facebook.com/morena.puebla.73
Autodefensas ingresan a Tocumbo y a Cotija
• Son acompañados por elementos del Ejército, ya han colocado retenes.
El CAM tiene presencia ya en 25 municipios.
TOCUMBO-COTIJA, Mich.- 06 de marzo.- Alrededor de mil 300 integrantes del Consejo de Autodefensas de Michoacán (CAM), a bordo de aproximadamente 100 camionetas, ingresaron la mañana de este jueves a los municipios de Tocumbo y Cotija, mismos que quedaron formalmente tomados por el CAM, cuyos miembros anunciaron que en esta región se acabaron los cobros de cuotas, extorsiones, secuestros y demás violaciones a manos del crimen organizado.
Primero, al filo de las 08:00 horas, la caravana entró a Tocumbo y circuló por las principales calles en busca de delincuentes, según dijeron los mismos guardias de autodefensa, quienes después del patrullaje se dirigieron al poblado de Santa Inés (en Tocumbo), donde colocaron barricadas en las salidas a Cotija y a Jiquilpan, en las cuales se quedaron varios vigías del CAM que realizaban revisiones de vehículos y personas, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Después, parte del contingente enfiló hacia la cabecera municipal de Cotija, donde varias camionetas de las Autodefensas se estacionaron frente a la alcaldía, esto para buscar un diálogo con el edil y así organizar el Consejo de Autodefensa local.
En tanto, en el poblado de Gallineros (en Cotija) los autodefensas colocaron un retén y en la salida a Quitupan, Jalisco establecieron otros puestos de control.
Asimismo, minutos después elementos del Ejército Mexicano acudieron también a las oficinas del Ayuntamiento, donde se quedaron al lado de los guardias de autodefensa, ante cualquier circunstancia que pudiera presentarse.
Cabe referir que del CAM iban habitantes de Tepalcatepec, Apatzingán, Los Reyes, Peribán, Buenavista y Tancítaro, así como de otras localidades que ya están adheridas al movimiento.
Con lo anterior, las Autodefensas tienen presencia ya en 25 municipios, que representan el 22 por ciento del territorio michoacano, entre ellos Buenavista, Lombardía, Tepalcatepec, Coalcomán, Aquila, Apatzingán, Tancítaro, Chinicuila, Múgica, La Huacana, Churumuco, Aguililla , Uruapan (en algunas localidades), Parangaricutiro, Coahuayana, Peribán, Parácuaro, Yurécuaro, Los Reyes, Lázaro Cárdenas (solo en algunas comunidades), Ario de Rosales, Salvador Escalante, la periferia de Pátzcuaro y ahora Tocumbo y Cotija.
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El Resto de la Hora de Democracy Now! |
Demócratas y republicanos bloquean al candidato de Obama para el Departamento de Justicia
En una votación asombrosa, un
grupo de legisladores estadounidenses miembros del Partido Demócrata
rompió filas y se sumó a los republicanos en el rechazo a Debo Adegbile,
candidato del presidente Obama para dirigir la división de derechos
civiles del Departamento de Justicia. La pelea por la confirmación se
centró casi exclusivamente en el papel que Adegbile tuvo en la defensa
legal de Mumia Abu-Jamal, miembro del partido Panteras Negras condenado
por el crimen de un agente de policía de Filadelfia, a pesar de que
Abu-Jamal siempre se declaró inocente. Más...
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Ángela Davis habla de la abolición de la cárcel, la guerra contra las drogas y los movimientos sociales
Durante más de cuatro
décadas, la reconocida escritora, activista y académica Ángela Davis ha
sido una de las activistas e intelectuales más influyentes en Estados
Unidos. Es un ícono del movimiento de liberación negra de la década de
1970 y su trabajo en torno a cuestiones de género, etnia, clase y
sistema carcelario influyeron el pensamiento crítico y los movimientos
sociales de varias generaciones. Davis es una destacada defensora de la
abolición de las cárceles, postura que se sustenta en su propia
experiencia como fugitiva que figuraba en la lista del FBI de las 10 personas más buscadas hace más de cuarenta años. Más...
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