ESTADO DE LOS ESTADOS
Por: Lilia Arellano
“No olvidemos nunca que el terrorismo es, en el fondo, en su naturaleza maligna, una guerra psicológica”: Norm Coleman
• Narcoterrorismo
• Gobernabilidad del país en riesgo
• Urgen partidos revisar “estrategia”
• Alerta Máxima en Ciudad Juárez
• Crimen arremete zonas fronterizas
• California trae a Guardia Nacional
Julio 16, 2010.- La gobernabilidad del país está en peligro ante el “avance vertiginoso” que está teniendo el crimen organizado en muchos estados y municipios del país, y que ha provocado una “hemorragia” en todo el territorio nacional que ya apiló 24 mil 826 cadáveres, según el corte hasta la semana pasada del Gabinete de Seguridad Nacional. La “guerra contra el narco” entró ya en otra dimensión con el atentado con un “coche bomba”, registrado la noche del jueves en Ciudad Juárez Chihuahua. Sin embargo, el procurador Arturo Chávez Chávez insiste en no considerar ese atentado como un acto de narcoterrorismo porque, justifica, entre los grupos del crimen organizado que operan en el país “no hay expresiones dogmáticas ni alguna forma de ideología que este buscando modificar las estructuras del poder político”.
El incompetente funcionario se equivoca en su apreciación de que no opera ya en el país el narcoterrorismo y su expresión de que los cárteles de la droga no intentan modificar las estructuras del poder político en el país también es falaz, pues está demostrado que las organizaciones criminales invierten grandes recursos financieros para poner dichas estructuras a sus servicios, incrementando su participación en los procesos electorales, en el impulso a candidatos a cargos de elección popular, ya sea congresos locales o al Congreso Federal, así como a presidencias municipales e incluso gobiernos de entidades federativas, en donde han perneado las estructuras democráticas y policiales y bajo la consigna de “plata o plomo” se han ido adueñado de ellas.
Para nadie es un secreto que controlan presidencias municipales, legisladores en congresos locales y hasta en el federal; que su influencia es de tal magnitud que influye en la alta burocracia de varios estados y también de la administración federal. Chávez Chávez tal vez pudiera tener razón al señalar que los capos del narcotráfico no buscan modificar la estructura del poder político federal porque su actual constitución y operación les es totalmente favorable, dados los niveles de corrupción imperantes en ella y la fallida estrategia policiaco militar que se ha implementado presuntamente para combatirlos y que sólo ha logrado fortalecerlos militar y económicamente.
Es realmente preocupante el cinismo, el desinterés, la despreocupación con que Chávez se refiere a la “hemorragia” que ha dejado la disputa por el control de los territorios productores de estupefacientes, por su distribución y canalización hacía el mayor mercado de enervantes del mudo que son los Estados Unidos. Como si no le correspondiera la menor responsabilidad por esos hechos denunciados, informa que desde que Felipe Calderón asumió la titularidad de la administración federal los muertos en hechos asociados con el crimen organizado son ya casi 25 mil de acuerdo con las propias estadísticas del Gabinete de Seguridad Nacional. Tan sólo este año las víctimas en esta estúpida “guerra” contra los cárteles del narcotráfico suman 7 mil 048.
El procurador admite que la movilización de fuerzas federales provocó que muchos grupos se dividieran, perdieran el control de territorios y se desplazaran a otras zonas, donde ahora se enfrentan con organizaciones que antes tenían el dominio, por lo que las organizaciones criminales modificaron su estrategia. Muy despreocupado señala que “las pandillas se están matando donde se encuentran” en Ciudad Juárez, Chihuahua, considerada la ciudad más violenta del país con unos 2 mil 660 asesinados el año pasado. Tal parece que esa es la apuesta, la estrategia y la esperanza de Chávez Chávez, que los grupos de narcotraficantes rivales se eliminen algún día entre sí. Lo peor de todo es que el funcionario descartó que el problema quede resuelto antes de que termine la administración de Felipe Calderón en dos años. La solución llevará más tiempo y “más temprano o más tarde vamos a llegar a buen puerto”, confío el procurador, es decir, se van a ir los calderonistas y ahí nos dejan su tiradero.
URGE REVISAR ESTRATEGIA
En el Congreso de la Unión hay gran preocupación entre las diversas fracciones parlamentarias por la escalada de violencia que se ha registrado en los últimos días en la estúpida guerra contra el narcotráfico, por los enfrentamientos entre los cáteles por el control de las principales plazas, entre las que destacan importantes ciudades fronterizas de los estados de Chihuahua, como Ciudad Juárez como joya de la corona, Tamaulipas, Baja California, así como los estados de Sinaloa, Michoacán, Durango y Coahuila, sin dejar de mencionar Veracruz, Jalisco y Nayarit.
Senadores del PRI, PRD y PT deploraron que el nuevo titular de Gobernación, Francisco Blake , insista en una política contra el narco que no ha funcionado, lo que puede incluso a llevar a “perder el control del país”. El perredista Jesús Garibay lamentó que el flamante funcionario anuncie “más balas y bayonetas”, mientras que la secretaria general del Sol Azteca, Hortencia Aragón, destacó que mientras no se pongan en marcha medidas para acabar con el blanqueo del dinero del narco las bandas criminales seguirán imponiéndose al Estado.
Fue el vocero de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, el potosino Carlos Jiménez Macías, quien dio la voz de alerta en el sentido de que la utilización de las técnicas narcoterroristas, como los coches bomba, ponen en peligro la gobernabilidad del país y empujan a México a convertirse en un país en guerra fraticida, como estuvo Colombia hace 20 años a consecuencia de la lucha entre los cárteles de la droga cuya dimensión sobrepaso al gobierno de esa nación sudamericana.
El Revolucionario Institucional, principal partido opositor a la administración de Felipe Calderón, insiste en ambas cámaras en sentar en el Congreso a los funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional para obligarlos a hacer una revisión de la presunta “estrategia” en la lucha contra el narcotráfico, porque, advierte, así como vamos, “la guerra no se va a ganar” .
Entre los legisladores de todos los partidos hay profunda inquietud por la aparición en nuestro país de los coches bomba, pues la guerra contra el crimen organizado está entrando a niveles en los que se está perdiendo totalmente el control de la situación y se está en riesgo de que se desestabilicen las instituciones del estado, a pesar de lo cuál los integrantes del gabinete calderonista insisten en que las decisiones tomadas “son las correctas”, que su estrategia “va bien”, que “es la adecuada” y que están “cortando la hemorragia” y” deteniendo el avance vertiginoso que estaba teniendo el crimen organizado” en muchas regiones del país.
Los mismos datos estadísticos difundidos hoy por el procurador Arturo Chávez Chávez desmienten tajantemente esas aseveraciones. Además, es totalmente desalentador que no se tenga la menor intención de cambiar un ápice dicha acción gubernamental. Los legisladores federales señalan que es deprimente el nombramiento de Francisco Blake como secretario de gobernación, quién carece del talento y peso político para enfrentar una responsabilidad como está. El bajacaliforniano además ha entrado a sus nuevas funciones con el pie izquierdo al señalar que no cambiará la estrategia anticrimen de su jefe y amigo, por lo que también se le vaticina un estruendoso fracaso. Calderón no va ha ganar la guerra contra el narco con saliva, con sólo palabras, ni con un discurso triunfalista, que “en la realidad no se refleja”, como bien señalan los senadores.
ALERTA MAXIMA
Ciudad Juárez fue declarada en alerta máxima por el alcalde José Reyes Ferríz luego de que un grupo de sicarios utilizó un coche bomba el jueves para asesinar a dos federales y dos civiles. Este viernes falleció la cuarta víctima: Guillermo Ortiz Collazo, un médico de la Cipol (Cuerpo de Seguridad Policial), quién atendía durante la explosión del artefacto a un hombre que se pensaba era elemento de la policía municipal y que resultó ser un delincuente. El Edil explicó que dicho sujeto fue utilizado como señuelo o carnada por los sicarios, quienes lo habían vestido con uniforme de la policía municipal para llamar la atención de los cuerpos de seguridad.
Afortunadamente, Luis Hernández, camarógrafo de la empresa de televisión de Canal 5, quién también resultó lesionado tras esos incidentes, fue reportado como estable. Al igual que el periodista, existe una lista de unos 7 federales heridos y algunos civiles que fueron internados en diversos hospitales de esa ciudad fronteriza. Por otro parte, el comandante de la quinta zona militar Eduardo Zarate, reportó que en el lugar del atentado se encontraron residuos de 10 kilogramos de explosivos, al parecer del conocido C4, los cuales fueron detonados mediante una llamada de un teléfono celular. Tras este atentado se acordó cambiar los protocolos que aplican las diferentes corporaciones policíacas para atender situaciones de riesgo.
Abelardo Escobar Prieto, representante presidencial de la Estrategia “Todos Somos Juárez”, consideró el estallido del “cochebomba” como una “reacción natural” por la aprehensión de un dirigente de una banda de esa localidad, y advirtió que “no se cederá en el combate, por el contrario, se irán intensificando las acciones y se fortalecerán los mecanismos de inteligencia y tecnología”. El funcionario insistió en que “está dando buenos resultados la estrategia de inteligencia en esa ciudad”. La Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones por ese narco atentado contra agentes de la policía federal. De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía Federal, el ataque fue perpetrado por integrantes del grupo delictivo conocido como “la línea”, que es el brazo operativo del cártel de Juárez y éste se llevo acabo como reacción a la captura de un importante jefe de esa organización criminal. La mañana del jueves fue detenido Jesús Armando Acosta, alias “el 35”, líder operativo de “la línea” en Ciudad Juárez, el cuál, según la PF, se dedicaba a traficar drogas, ejecutar enemigos, realizar levantotes y extorsionar. Su jefe inmediato es José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, y Juan Pablo Ledesma, alias “el JL”, lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes.
Desde las primeras horas de ayer hay alerta en toda la frontera, se pidieron refuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar otros atentados de coches bomba, mientras tanto la población se mantiene aterrada ante la incapacidad de los tres niveles de gobierno de frenar la violencia. Entre los juarenses persiste el pánico, el miedo, la preocupación de que los coches bombas sean dirigidos contra escuelas, contra otras instituciones o centros comerciales que aglutinen a un gran número de ciudadanos. Al mismo tiempo hay una gran molestia ante el empecinamiento por una fallida política de seguridad que no da el resultado prometido, porque las ejecuciones continúan, porque la inseguridad se agudiza, porque nadie esta a salvo a menos que paguen las cuotas exigidas por los delincuentes, quienes obligan a respetar “la ley del silencio”.
El atentado en Ciudad Juárez en el que se utilizó un coche bomba fue considerado como “un acto terrorista” por el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, quien consideró que “eso ya pasó a ser de una participación de grupos del crimen organizado a grupos de terrorismo en el país”. El mandatario consideró que las autoridades federales y estatal “deben de contemplar una sobredimensión sobre este tipo de hechos tan lamentables y tan peligrosos para miles de familias mexicanas”.
GRANADAZOS Y BLOQUEOS
Poblaciones de los estados de Nuevo León y Tamaulipas también están en alerta por los diversos enfrentamientos entre grupos de sicarios de cárteles rivales y contra el ejercito mexicano y la policía federal. En San Nicolás de los Garza, al filo de la media noche del Jueves pasado, tres hombres fueron atacados con balas y granadas cuando se encontraban a bordo de una Jeep Comander blindada en el estacionamiento de una tienda de conveniencia. Los tripulantes de la camioneta trataron de repeler la agresión, pero cayeron. No obstante la policía y los socorristas que acudieron al lugar no encontraron a nadie debido que los pistoleros se llevaron a los lesionados en su camioneta y huyeron del lugar.
También en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los enfrentamientos entre militares y grupos de sicarios en diversos puntos de esa localidad pusieron en alerta a la población. Ante la arremetida de los uniformados, los presuntos sicarios realizaron varios bloqueos de vialidades en esa frontera, utilizando trailers, camiones urbanos y unidades de remolque que colocaron en calles al sur y poniente de ese municipio. Extraoficialmente y hasta el cierre de estas líneas se manejaba la muerte de al menos de 5 personas y varios choques en distintos puntos de la ciudad, que presuntamente huían de las autoridades militares.
GUARDIA NACIONAL A LA FRONTERA
Ante la creciente ola de violencia en la zona fronteriza, derivaba del enfrentamiento entre los cárteles de la droga y de las acciones que en su contra implementaron las fuerzas federales de México, “el gobernator” de California, Arnold Schwarzenegger, ordenó desplegar, por un año, a 224 efectivos de la Guardia Nacional del estado en apoyó a la patrulla fronteriza, en operaciones antinarcos y de seguridad fronteriza. Los soldados californianos que estarán en la frontera no participarán directamente en detenciones pero si estarán armados. El ex actor ordenó desplegar personal y equipo a las áreas de impacto en apoyo al Departamento de Seguridad Interior (HSD) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
DE LOS PASILLOS
El nuevo secretario de gobernación Francisco Blake “no pudo” atender este viernes al líder del Sindicato Nacional de Electricistas, Martín Esparza, ”por motivos de agenda”, por lo que esté presentó una solicitud formal para una audiencia con Felipe Calderón a fin de que se pueda resolver el conflicto generado por la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Esparza, acompañado por Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, y por el diputado federal del PRD, Vidal LLerenas, se entrevistó con el subsecretario de gobernación, Roberto Gil, y con el subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, porque Blake no pudo estar presente. El dirigente de los electricistas reiteró a esos funcionarios que continuarán con sus movilizaciones y con la huelga de hambre que mantienen 15 de sus compañeros para concretar su petición de que todos los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro sean restituidos.
José Luís Vargas Valdez, fue designado por Felipe Calderón nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Este abogado egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en derecho político por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, España, fue secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y fungió como coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaria de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. También fue Director de Vinculación Logística y Proyectos Especiales del Centro de Investigación de Seguridad Nacional. Un perfil muy bajo, sin duda, para una responsabilidad de esa envergadura.
El gobernador de Utah, Gary Herbert, informó que fueron identificados al menos 2 empleados del Departamento de Servicios Laborales, que administra programas de cupones de alimentos y otros beneficios públicos, como los responsables de acceder a un base de datos estatal para crear una lista de mil 300 supuestos inmigrantes indocumentados. El mandatario señaló que la Oficina del Procurador estatal investigará el caso y determinará si va a formular cargos en contra de los implicados, quienes ya fueron suspendidos de sus funciones. De acuerdo con las leyes de ese estado, la distribución intencional de un documento privado es un delito menor que puede ser castigado hasta con 6 meses de cárcel y una multa de mil dólares, pero sí alguien se roba un registro de ese tipo podría ser enjuiciado como un crimen mayor con hasta 5 años de prisión y cinco mil dólares de multa.
(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)
Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV
