viernes, 16 de septiembre de 2011

Andrés Manuel López Obrador AMLO Grito de los Libres en Salamanca 15-9-2011




Fuente: RadioAmlo

Audio: AMLO en Salamanca 15 septiembre 2011







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Fuente: RadioAmlo

Llevarán lucha contra hidroeléctrica en El Naranjal a foros internacionales


FERNANDO INÉS CARMONA - JUEVES, SEPTIEMBRE 15, 2011

Orizaba, Ver.- La construcción de la hidroeléctrica El Naranjal será impugnada en diversos tribunales del país. Habitantes de los cinco municipios, presuntamente afectados por la obra, abrirán un juicio de amparo para anular los permisos. Además, el caso será presentado en la Reunión Internacional Mesoamericana sobre Hidroeléctricas que se realiza en Costa Rica. Ahí se expondrán las presumibles irregularidades en la autorización de la obra y la complicidad de órganos de gobierno, refirió Gabriela Saiz, activista ambiental e integrante del Colectivo Verde, Naturaleza para Siempre, organización no gubernamental que rechaza la construcción de esta planta hidroeléctrica.

La autorización de la obra “no quiere decir que la ya se haya dictado la última palabra. Aún hay mucho que hacer”, y reveló que algunos de los ayuntamientos en donde se construirá la planta, “ya están interviniendo en apoyo al movimiento”. Citó como ejemplo al caso de los ayuntamientos de El Naranjal y Cuichapa, “con quienes estamos en el análisis para presentar una controversia constitucional y una denuncia de parte de los ayuntamientos involucrados. Estamos a la espera de tener más datos para poder armar bien la denuncia, pero es un hecho que ya estamos en el proceso para presentarlo en las cortes correspondientes.

”La instancia inmediata –agregó– es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y de ahí a otras instancias federales involucradas en la otorgación de los permisos”.

Esta agrupación no está sola. Tienen la asesoría legal de un cuerpo de abogados de la Universidad Iberoamericana, “quienes nos están asesorando para poder presentar las denuncias. Nos estamos agarrando de todo lo que se pueda. Si el gobierno dice que la obra se va hacer, pues la gente de la región no está de acuerdo. No es lo que yo digo, sino es el respaldo de más de 9 mil firmas de rechazo completo a la hidroeléctrica”.

Esta construcción será ventilada incluso en foros internacionales, “lo vamos a presentar en el Encuentro Mesoamericano sobre las Presas Hidroeléctricas que se realiza en Costa Rica, ahí vamos a compartir este caso y empezar a trabajar en foros internacionales”. Además, “expondremos los casos de los compañeros de La Antigua, otros proyectos más y obviamente el de nosotros en esa zona”.

La organización va hacer uso de todos los instrumentos legales para impedir que se construya la presa en un lugar que afecta al entorno ambiental y a la población, “si ya estamos en este proceso, vamos a seguir buscando las herramientas que nos permitan impedir la construcción de la planta. Vamos a usar los instrumentos de defensa”, concluyó.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Quita la CFE la energía eléctrica a comunidades de Costa Chica


“Nos da a entender que nos quieren provocar”, advierte el dirigente de la UPOEG

C. GILES Y M. DE LA O

Chilpancingo, 14 de septiembre. A pesar de estar en mesas de trabajo con diputados federales para la reducción de las tarifas de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la energía a 20 pueblos del municipio de Tlachoachistlahuaca y Xochistlahuaca, denunció el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien consideró dicha acción como una provocación de la paraestatal.

En entrevista, Plácido Valerio denunció que este martes, personal de la CFE llegó a las comunidades de los municipios de Tlachoachistlahuaca y Xochistlahuaca a cortar el servicio de energía eléctrica afectando a poblados como la comunidad de El Carmen, Huehuetónoc, Yolozóchilt, entre otras.

“Nos preocupa porque nos da a entender que nos quieren provocar para que tomemos acciones más radicales, más fuertes, ahorita nos estamos organizando para ver qué acciones vamos a tomar en los próximos días”, indicó.

Lamentó que el gobierno del estado no está interviniendo como se acordó, “nos están dejando solos, el gobernador se comprometió a intervenir, se pactó para que la CFE no hiciera los cortes de luz hasta en tanto no haya una tarifa preferencial, pero sigue haciendo de las suyas la CFE”.

Criticó estas actitudes de la paraestatal, toda vez que los integrantes de la UPOEG está en mesas de trabajo con diputados federales para poder hacer una iniciativa de ley en la que se establezca la reducción de las tarifas eléctricas, o bien, la tarifa única preferencia para las comunidades marginadas del país.

Comentó que la próxima semana se volverán a reunir con otra fracción de diputados federales para revisar puntos de la iniciativa de ley y la asignación de mil millones de pesos para el pago de energía eléctrica para todo el país.

Indicó que el corte del servicio genera severos daños a la población, desde el aspecto económico, por ejemplo, en los negocios de abarrotes y el mercado se han dañado los productos por falta de refrigeración, al igual que en farmacias.

La educación también se ve afectada, precisó, ya que en las mayoría de las comunidades hay telesecundarias, donde es indispensable la energía eléctrica para las clases mediante video.

El sacerdote Mario Campos Hernández, de lo diócesis pastoral social de Tlapa, consideró que la CFE está generando la violencia en los pueblos al cortarles la luz, aseguró que los habitantes están muy irritados, y podría generar un convulsión social.

Aseguró que los pueblos de Guerrero ni siquiera están pidiendo que les exenten el pago, sólo una tarifa justa.

Fuente: La jornada de guerrero

Boletín No. 12, Democracia Sindical

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El arzobispado debe exigir explicaciones al párroco de San Rafael Tlanalapan, señaló el IDHIE


ARTURO ALFARO GALÁN

El director del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla, Óscar Castro Soto, consideró que el Arzobispado de Puebla –encabezado por Víctor Sánchez Espinoza– debe exigir explicaciones al párroco de San Rafael Tlanalapan, Ascensión Benítez González, por la supuesta incitación de la comunidad católica en contra de un grupo de 70 familias cristianas.

Asimismo, precisó que es urgente que la iglesia católica realice un llamado al ecumenismo, con la intención de promover el respeto a la libertad de culto de toda la población –perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan– donde hasta ahora 70 familias de evangélicos viven en constante zozobra por las agresiones en contra de ellos y sus propiedades por la intolerancia religiosa.

“La iglesia tiene la obligación de mandar a pedir cuentas al párroco por las declaraciones que, entiendo, se han hecho al respecto. En todo caso debería removerlo de ahí, entiendo que es un párroco de edad avanzada, pero se tiene que tomar una decisión, lo más sano posible que permita restituir la vida en comunidad y la normalidad comunitaria”, señaló.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el director del IDHIE, puntualizó que la Secretaría General de Gobierno (SGG) debe adoptar una postura más proactiva para la restitución de la vida comunitaria y “apaciguar los ánimos” entre los pobladores católicos, quienes han hostigado a las familias cristianas.

“La autoridad debe tomar cartas en el asunto para la libre expresión religiosa en las personas. Este asunto debe tratarse como un delito y garantizar que las personas retornen a su comunidad y apaciguar los ánimos. Que vayan las autoridades a la comunidad para establecer un mecanismo de diálogo, porque se trata de una violación a la Constitución y a la Ley para la Libertad de Cultos Religiosos”, señaló Castro Soto.

Cabe señalar que hasta el momento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos –a cargo de Adolfo López Badillo– no se ha pronunciado sobre el caso, que estalló hace ocho días, cuando un grupo de 200 personas amagó con “linchar y crucificar” a los evangélicos que habitan la comunidad.

Fuente: La Jornada de Oriente

Critica el Tadeco impunidad en la desaparición de Javier Ayala Tapia


CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 14 de septiembre. El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, criticó que las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia están dejando en la impunidad casos de desaparición forzada, como el de Javier Ayala Tapia, presidente del Frente Libre Hermenegildo Galeana, desaparecido el año pasado.

El 14 de septiembre del año pasado, Ayala Tapia fue desaparecido y hasta el momento, sus familiares no han recibido ningún avance de las investigaciones por parte de las autoridades judiciales.

Al respecto, el dirigente del Tadeco comentó que “la falta de compromiso de las autoridades judiciales está dejando en la impunidad esta desaparición”, argumentando que la violencia en el estado no les permite resolver todos los casos de desaparición y que suman más de 300 en menos de 6 años.

Monroy Hernández dijo que la falta de investigaciones o de resultados en el caso de esta y de otras desapariciones, puede ser señalada como presunta violación a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad, al acceso a la justicia, al debido proceso tanto para el desaparecido, como para su familia.

“Suman 300 desapariciones registradas desde abril de 2005 al 30 de agosto de 2011, de las cuales tampoco ha habido investigación ni resultados, y a pesar del cambio de gobernador esta línea de impunidad se mantiene y se extiende cada vez más”, dijo.

Monroy Hernández lamentó que el gobierno de Ángel Aguirre sólo demuestra una falta de compromiso con el pueblo así como el incumplimiento a los acuerdos pactados entre el presidente municipal de Tecpan, Nadín Torralba Mejía y el Frente Libre Hermenegildo Galeana.

Dichos acuerdos, recordó, fueron firmados el 14 de septiembre de 2009, un año antes de la desaparición, y el presidente municipal se comprometió a hacer recubrimiento de caminos, vados y alcantarillas.

“Esto revela la ausencia de voluntad política por resolver problemas de infraestructura básica hacia una zona de su municipio y en consecuencia en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de dicha zona. Lo cual por omisión, es un daño al derecho de petición, de acceso a un nivel de vida dig y al desarrollo”, indicó.

Fuente: La Jornada de Guerrero

AMLO en Guanajuato (Salamanca y Valle de Santiago)