MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
El abogado René Sánchez Galindo encabezó ayer a un grupo de académicos, litigantes, campesinos y activistas que tramitaron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Monsanto, empresa a la que acusan de delitos contra el consumo y riquezas nacionales, tráfico de influencias, fraude genérico y los que resulten, derivado del aprovechamiento del maíz que está haciendo en el estado de Puebla y otras entidades federativas.
Además de Monsanto, en la querella –que también fue rubricada por el diputado local del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez, y el antropólogo Julio Glockner Rossáinz– aparecen los nombres de la Financiera Rural, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinestav–IPN), el gobierno del estado de Puebla, así como del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía de la Cámara de Diputados (CEDRRSA).
Todos esos organismos e instituciones públicas y privadas forman parte del Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos (PMMM), del cual Sánchez Galindo ha advertido que es usado por Monsanto para controlar la información genética de las 14 razas de maíz que se cultivan en Puebla.
A través del PMMM, explicó de nueva cuenta este jueves el litigante, Monsanto está en condiciones de obtener información genética que puede llegar a patentar, por lo que miles de campesinos en la entidad y el resto del país tendrían que pagarle regalías a este consorcio por el uso de las semillas.
“Una vez que el maíz criollo, nativo u originario, sea patentado, es decir, que se adquieran los derechos de obtentor a nombre de los custodios (del PMMM), la información patentada o ‘huella genética’, se transformará en productos, empresas y estrategias de comercialización, mediante la investigación y descubrimiento de potencialidades alimenticias, bioquímicas e industriales, actos que corresponden a la empresa Monsanto por participar en el PMMM como la empresa de biotecnología más avanzada del mundo”, advierte René Sánchez Galindo y el resto de los denunciantes en el texto que entregaron en la PGR.
“En otras palabras, vía convenios y contratos de comercialización, investigación, desarrollo de potencialidades alimenticias, bioquímicas e industriales, la empresa Monsanto podría comercializar la información genética que debería, conforme al Artículo 9 Fracción 1 de la Ley de Bioseguridad”, el cual establece que las semillas deben “ser protegidas, utilizadas, potenciadas y aprovechadas sustentablemente por ser un valioso reservorio de riqueza de moléculas y genes para el desarrollo sustentable del país”.
Con la estrategia comercial y de contrato que tiene por todo el mundo, Monsanto se apoderará de esta riqueza nacional y controlará el abasto alimentario de Puebla, como ya lo hace en otros países, abundó al abogado.
En la denuncia también se solicita: “durante el procedimiento de averiguación previa se solicitará al Ministerio Público que investigue con precisión cuáles son los actos, omisiones o procedimientos que Monsanto, su representante legal o quien resulte responsable, han llevado a cabo en el PMMM para, en su caso, estar en posibilidad de demostrar mediante un panel de peritos que estos actos evitan o dificultan o se proponen evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción del comercio”.
El territorio poblano
El PMMM presumiblemente se ejecuta en las siguientes regiones del estado de Puebla: Chignahuapan, Francisco Z. Mena, Pantepec, Tenampulco, Tetela de Ocampo, Venustiano Carranza, Xicontepec, Zacatlán, Zaragoza, Atlixco, Cohuecan, Huejotzingo, Puebla, San Martín Texmelucan, San Nicolás de los Ranchos, Santa Isabel Cholula; Tepatlaxco, Tianguismanalco, Tochimilco, Aljojuca y Atzizintla.
También: Chalchicomula de Sesma, Oriental, San José Chiapa, San Nicolás Buenos Aires, San Francisco Altepexi, Soltepec y Tlachichuca, Acatlán de Osorio, Ahuehuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Chila y San Jerónimo Xayacatlán.
Por la denuncia, la PGR inició la averiguación previa AV/PGR/ PUE/PUE–V/912/2011.
Los querellantes piden que el Ministerio Público federal “requiera a los directores generales o apoderados legales del PMMM de Monsanto persona jurídica, sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, en términos del artículo 11 del Código Penal Federal, UANNN, Langebio, CEDRRSA, que informen y presenten los convenios o contratos que hubiesen celebrado entre sí, en el marco del PMMM, así como con los ‘custodios’ campesinos del estado de Puebla”.
Entre otras cosas, también solicitaron que el representante social requiera “información estatutaria e inscripciones en los registros públicos de la propiedad y del comercio de los estados de Puebla, Tlaxcala, estado de México, el Distrito Federal” en las entidades en donde se aplica el PMMM y en “los estados que sea necesario”.
Sánchez Galindo explicó que el Código Penal Federal establece que es un delito contra la riqueza nacional cualquier acción para acaparar los insumos básicos, así como la liberación ilícita de transgénicos, razones suficientes, señaló, para promover la denuncia penal.
La querella contra Monsanto también fue suscrita por el antropólogo Julio Glockner, el abogado Elías Zárate Domínguez, Armando Domínguez Zacarías y otros integrantes de la Brigada 68.
A la delegación de la PGR llegaron también dos contingentes de la Policía Estatal que permanecieron unos 20 minutos en el sitio, vigilando a los querellantes y periodistas que allí se apersonaron.
Fuente: La Jornada de Oriente
