miércoles, 19 de junio de 2013

Cumple fundador de WikiLeaks un año de encierro


MÉXICO, D.F. (apro).- Desde hace exactamente un año, agentes de la policía británica permanecen día y noche afuera de la embajada de Ecuador en Londres, a la espera de que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, salga y puedan aprehenderlo y ponerlo en manos de la justicia sueca para que responda por las acusaciones de agresión sexual que pesan en su contra en ese país.

Sin embargo, el temor del periodista australiano, quien se encuentra en calidad de refugiado en la embajada ecuatoriana, no es enfrentar a la justicia sueca, sino que lo extraditen a Estados Unidos, donde es requerido por difundir miles de documentos secretos del Departamento de Estado que revelaron información de la guerra contra Iraq y Afganistán.

Hoy, el también activista australiano dijo estar dispuesto a quedarse otros cinco años en la embajada ecuatoriana a la espera de que Reino Unido le otorgue un salvoconducto que le permita hacer valer el asilo diplomático otorgado por Ecuador.

Assange afirmó además que tiene informes de que en Estados Unidos le han presentado cargos criminales en forma secreta.

“Mi abogado tiene motivos para sospechar que existe una acusación secreta remitida por un juez de Virginia para arrestarme, a no ser que el gobierno británico me diera un salvoconducto.

“Sabemos que hay una investigación en marcha en Estados Unidos y que soy un objetivo del jurado federal. Hay un 99.97% de posibilidades de que sea arrestado“, sostuvo en declaraciones a varios medios de comunicación a un año de su estancia en la embajada.

A principios de esta semana, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, visitó a Assange y se reunió con el gobierno británico para estudiar cómo el australiano podría salir rumbo a Quito, Ecuador, sin ser detenido.

Assange considera que entregarse a las autoridades suecas representará el primer paso para que el gobierno estadunidense solicite su extradición y lo condene en sus tribunales.

Por este caso, el de la filtración de miles de cables confidenciales, está involucrado el militar Bradley Manning, quien presuntamente le filtró documentos secretos a WikiLeaks mediante un sitio personal de internet.

De ello se declaró culpable el soldado estadunidense, pero sólo aceptó 11 de los 22 cargos en su contra por los que enfrentaría un máximo de 20 años en la cárcel.

El proceso legal que se sigue a Assange en Suecia ha durado casi dos años. En ese país se le acusa de supuesta agresión sexual a dos mujeres en 2010, cargos que rechaza el activista australiano.

En junio de 2012, la Suprema Corte de Gran Bretaña resolvió que Assange debía ser extraditado a Suecia para hacer frente a las denuncias en su contra por agresión sexual.

El día 19 del mismo mes, Assange consiguió la protección del gobierno de Ecuador y desde entonces permanece dentro de la embajada ecuatoriana, fuera del alcance de las autoridades británicas.

Siempre ha insistido en su inocencia y afirma que las acusaciones son una argucia para castigarlo por haber filtrado los documentos confidenciales de Estados Unidos.

En total WikiLeaks publicó 391 mil 832 documentos confidenciales acerca de la guerra de Iraq en 2010 y más de 90 mil acerca de la guerra en Afganistán.

También ha publicado casi un cuarto de millón de cables diplomáticos, comunicaciones entre el Departamento de Estado de EU y sus puestos diplomáticos alrededor del mundo, lo que ha obligado Washington a reformular su política exterior por el malestar que causó en varios gobiernos extranjeros la forma en cómo Estados Unidos manejaba su relación con sus países aliados.

Hostigan en Jalisco a indígena nahua opositor a mineras


JORGE COVARRUBIAS

GUADALAJARA, Jal., (apro).- Un grupo de hombres armados se presentó en el domicilio de Gaudencio Mancilla Roblada, integrante del Consejo de Mayores de la comunidad nahua de Ayotitlán, quien es uno de los principales opositores a la incursión de empresas mineras en la región.

El pasado lunes, los pistoleros llegaron alrededor de las siete de la tarde a la comunidad de Lagunillas, donde vive Mancilla Roblada, y preguntaron por él, informó el asesor del Consejo de Mayores Nahuas, Jaime Hernández Lamas.

Relató que llegaron en dos camionetas y que una patrulla de la Policía Municipal iba al frente, escoltándolos. A la casa de Gaudencio sólo subió un vehículo con varios sujetos armados que se identificaron como el cuerpo de seguridad de los mineros, pero no mencionaron el nombre de la empresa.

“Querían platicar con Gaudencio para comunicarle que no tuviera pendiente, dándole a entender que no estuviera jorobando porque ya le habían dado dinero al tesorero (del ejido de Ayotitlán). Se retiraron con la indicación de que iban a volver a buscarlo”, comenta Lamas.

Antes de que el comando arribara a la comunidad el activista recibió la alerta de sus compañeros y huyó al monte. Desde ese día no lo han vuelto a ver y él tampoco se ha comunicado, dijo Hernández Lamas.

Explicó que a partir del suceso hubo una movilización en la comunidad para protegerlo. Hernández Lamas resaltó que el hecho es doblemente preocupante porque así operó el grupo armado que se llevó a Celedonio Monroy Prudencio la noche del 23 de octubre de 2012, sin que a la fecha se conozca su paradero.

Gaudencio Mancilla es uno de los principales opositores del Ejido de Ayotitlán a la extracción de minerales. Años atrás uno de sus hermanos fue asesinado por defender a la comunidad.

El asesor del Consejo de Mayores añadió que actualmente las mineras se disputan los predios que tiene en concesión la minera Peña Colorada en el lugar conocido como Piedra Imán, donde acusó que han hecho extracciones ilegales. Dice que en los últimos 15 días han salido más de 2 mil camiones cargados con material terroso.

Acusan a Peña, Mancera y alcaldesa de Monterrey de vulnerar Estado laico


RODRIGO VERA

MÉXICO, D.F. (apro).- La organización República Laica (RL) solicitará a la Secretaría de Gobernación (Segob) que destituya de su cargo a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por vulnerar el Estado laico al entregar las llaves de la ciudad que gobierna a Jesucristo, durante un evento público con tintes religiosos realizado el pasado 8 de junio.

En conferencia de prensa, el grupo inconforme, entre quienes se encontraban la diputada priista María de los Ángeles Moreno; Rodolfo Echeverría, integrante de la cátedra Benito Juárez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Aidé García, de Católicas por el Derecho a Decidir, dio a conocer que la demanda será presentada formalmente en los próximos días ante Gobernación, que es la instancia encargada de impedir que las iglesias tengan injerencia en la política interna del país.

Además, la organización adelantó que también presentarán una queja contra otros 11 funcionarios públicos que han violado el principio de separación Iglesia-Estado que exige la Constitución al participar en ceremonias religiosas en su calidad de funcionarios públicos.

La priista María de los Ángeles Moreno señaló:

“Estamos viendo con alarma cómo cada vez hay más servidores públicos que están violando la ley de esta manera, encomendando sus estados o sus ciudades a una deidad o a un santo. Y, sin embargo, no pasa nada, no se les castiga. A esto se le llama impunidad.

“Así como no queremos que el Estado se meta en los asuntos internos de la Iglesia, tampoco queremos que las iglesias se metan en los asuntos del Estado, pues de seguir por este camino ya no vamos a cantar el Himno Nacional o rendir honores a la bandera, sino a los santos”.

Rodolfo Echeverría secundó:

“La Secretaría de Gobernación –dijo– debe expedir un comunicado dirigido a los funcionarios públicos, recordándoles que México es un Estado laico. Mientras que los firmantes del Pacto por México deben de tomar medidas similares, ya que este pacto necesariamente debe ajustarse a la laicidad del Estado”.

Echeverría dijo que su partido, el PRI, debe por lo menos amonestar a sus funcionarios públicos que están participando en estos eventos religiosos, pues recordó que “el PRI es un partido laico”.

El investigador Felipe Gaitán, experto en materia religiosa, indicó que estos funcionarios “quieren legitimarse con el manto protector de la Iglesia, cuando su legitimación se debe solamente a la voluntad popular”.

Y señaló también que estos funcionarios ven a la población no como un conjunto de ciudadanos, sino más bien como “creyentes o feligreses”.

Aidé García indicó que la organización República Laica pondrá pronto en marcha el Observatorio de Defensa del Estado Laico, que revisará los hechos y dichos de los funcionarios públicos.

Por lo pronto, dijo, ya tiene la lista de los primeros 12 funcionarios del actual sexenio que han violado los artículos 40 y 130 constitucionales, que hablan de la laicidad del Estado y de la separación Iglesia-Estado.

Aparte de la alcaldesa de Monterrey, en esa lista incluyen al presidente Enrique Peña Nieto; al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y a los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y el Estado de México, César Duarte, Javier Duarte de Ochoa, y Eruviel Ávila, respectivamente.

Los dos primeros fueron incluidos en la lista, dijo Aidé García, ya que asistieron a la misa de entronización del Papa Francisco, celebrada en marzo pasado en el Vaticano.

Cumple 13 años de prisión Alberto Patishtán


MÉXICO, D.F., (apro).- Desde el Palacio de las Bellas Artes, un grupo de activistas hizo un llamado al Poder Judicial para que liberen al indígena chiapaneco Alberto Patishtán, quien este miércoles cumple 13 años en prisión, acusado del asesinato de siete policías estatales y municipales, entre otros delitos.

En el evento, en el que participaron el líder del SME, Martín Esparza; el poeta y comunicador Mardonio Carballo, la actriz Julieta Egurrola y el historiador y catedrático Pablo González Casanova, Sandino Rivera, abogado defensor del indígena tztetal sentenciado a 50 años de cárcel, dijo que el Tribunal Federal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez deberá emitir su veredicto a mediados de julio próximo y adelantó que si esa instancia no reconoce la inocencia de su defendido, no habrá otra salida.

“Jurídicamente ya es el último recurso, si no reconocen su inocencia, ya no habrá ningún recurso nacional y sólo quedaría el indulto”, dijo.

Pathistán se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social número 5 de San Cristóbal de las Casas, donde purga sentencia por los delitos de portación de armas exclusivas del Ejército, homicidio calificado, lesiones, robo y delincuencia organizada.

Presente en el evento, Héctor Pathistán, hijo del indígena preso, confió en que la resolución sea favorable.

Peña Nieto recibirá a madres de desaparecidas de Juárez… hasta 2015


ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ

MÉXICO, DF, (apro-cimac).- El presidente Enrique Peña Nieto aceptó recibir a las madres de desaparecidas en Chihuahua que desde el pasado miércoles 12 se encuentran en plantón permanente frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, pero hasta el 2015 porque antes no puede.

Bertha Alicia García, Silvia Banda Pedroza, Rosa María Apodaca Granados y Juana Ibarra Castorena comentaron que esa ue la respuesta que recibieron de Los Pinos.

“Lo lamentamos, pero la agenda presidencial está completamente llena para 2013 y 2014, por lo que Enrique Peña Nieto no las puede atender personalmente en los dos próximos años”.

Por tal motivo, las madres de Brenda Berenice Castillo, Fabiola Janeth Valenzuela Banda, Patricia Jazmín Ibarra Apodaca y Gabriela Espinoza Ibarra, desaparecidas entre 2009 y 2011, decidieron realizar un mitin frente al Senado, para exigir a los representantes populares que medien a fin de que el mandatario las reciba.

Lo único que queremos pedirle, dijeron, es que se comprometa a detener la indefensión e inseguridad que viven las jóvenes en Ciudad Juárez.

Al grito de “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, las mujeres marcharon ayer por Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta Los Pinos, acompañadas por la representante legal de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García Andrade.

El grupo fue recibido por Ricardo Martín, representante de la Dirección General Adjunta de la Presidencia, quien les informó que debido a los compromisos asumidos con anterioridad por el Ejecutivo, era imposible que las atendiera personalmente antes de 2015.

“A Peña le importa más inaugurar eventos y quedar bien en el extranjero que las mujeres de Ciudad Juárez”, subrayó Malú García al dar a conocer “la respuesta oficial”.

Las madres de las jóvenes desaparecidas dijeron que no confían en el titular del Ejecutivo ni en su gobierno, y que su exigencia de ser recibidas por Peña Nieto deriva de la necesidad que tienen de agotar todas las instancias y recursos nacionales, pues es un requisito para acudir ante mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Buscamos que no tengan elementos para argumentar ante la mirada internacional que han hecho todo lo posible para ayudarnos. Les estamos demostrando que no es verdad”, puntualizaron.

Señalaron que la falta de respuesta de las autoridades demuestra una vez más que para el gobierno no es prioritario atender a las mujeres.

“Nos dejan ahí como si fuéramos insectos, pero les recuerdo que si hubieran hecho algo desde hace tiempo, nuestras hijas ni siquiera hubieran desaparecido”, apuntó una de ellas.

Morena, en “alerta roja” por “entrega” del petróleo a extranjeros


Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, aseguró la reforma energética que impulsa el gobierno federal pretende la “privatización de la renta petrolera“, lo que calificó como un “suicidio” ya que las ganancias se compartirían con empresas transnacionales.

Sostuvo que la reforma que impulsará el presidente Enrique Peña Nieto “conviene a intereses económicos extranjeros no conviene a México. Ninguna compañía extranjera ha buscado el desarrollo de nuestra industria ni su modernización, ni su mejora. Lo que quieren es un nuevo episodio de capitalización de sus propias empresas”.

“Irle a ofrecer a la British Petroleum o a la Shell o a estas compañías extranjeras significa entregar una riqueza que es de la nación, ni siquiera es del gobierno y demuestra un actitud vende patria y pusilánime con los poderes económicos extranjeros”, agregó.

Informó que el CEN de Morena está convocado para el próximo lunes con el objetivo de definir los pasos a seguir para enfrentar “esta amenaza de entreguismo y destrucción de la riqueza nacional” y declaró a la organización en “alerta roja”.

Advirtió que de, concretarse este intento privatizador, significaría que el gobierno buscaría un aumento salvaje de los impuestos ya que con entregar sólo el 20% de la renta petrolera al extranjero, el Estado perdería ingresos por 250 mil millones de pesos que serían recuperados por la vía de aumentar los impuestos a las clases populares y a las clases medias, “particularmente a través del IVA en medicinas, alimentos, transporte, libros, colegiatura y vivienda”.

Previamente, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó al respecto:


Lo que 3 funcionarios del gobierno de EPN dijeron a WSJ


THE WALL STREET JOURNAL

México alista la reforma de los hidrocarburos

El proyecto de ley podría ser enviado al Congreso en agosto, según fuentes cercanas

Por JUAN MONTES

CIUDAD DE MÉXICO—El presidente Enrique Peña Nieto buscará en los próximos meses poner fin a un tabú de casi ocho décadas al abrir el sector de hidrocarburos a la inversión privada y la competencia. El gobierno espera que la decisión atraiga inversiones de miles de millones de dólares.

La idea es que compañías privadas compartan con el Estado los riesgos de desarrollar reservas de energía cada vez más complejas, como depósitos de crudo en aguas profundas, al permitirles producir crudo y gas a través de acuerdos de ganancias compartidas, indicaron tres dirigentes de alto nivel del gobierno y del partido oficialista, quienes revelaron por primera vez detalles de la reforma.

La propuesta, que incluiría enmiendas a la Constitución mexicana, necesitará el apoyo de dos tercios del Congreso. Pero las fuentes dijeron estar optimistas de conseguir el respaldo de al menos uno de los dos partidos de oposición, sin necesidad de realizar cambios radicales a la reforma.

Las negociaciones formales empezarían probablemente después de las elecciones locales programadas para el 7 de julio, y el Congreso recibiría el proyecto de ley en agosto, dijeron las fuentes.

El plan contempla la apertura a la inversión privada de la exploración y la producción en aguas profundas, donde se cree que está más de la mitad de los posibles recursos petroleros de México, y en crudo y gas de esquisto. Los yacimientos petroleros en aguas poco profundas y en tierra, un área en la que la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, tiene un vasto conocimiento y cuya producción es de menor costo, seguirían siendo de su dominio exclusivo, indicaron las fuentes. “Queremos una reforma profunda que dé certidumbre jurídica a las compañías, no otro parche más. Queremos dejar absolutamente claro en la Constitución bajo qué condiciones pueden participar”, dijo un alto funcionario de la Secretaría de Energía.

La propuesta podría decepcionar a algunas empresas del sector. Las autoridades, por ejemplo, dijeron que es posible que las energéticas no reciban pagos en petróleo, sino en efectivo a precios de mercado. La restricción buscaría apaciguar a los nacionalistas mexicanos a los que les preocupa el simbolismo de compartir el petróleo del país. Las fuentes insistieron en que Pemex seguirá en manos estatales y que el gobierno seguirá controlando los hidrocarburos del país.

De ser aprobados, los cambios representan un gran avance para un país que tiene una de las leyes energéticas más restrictivas del mundo. Los expertos señalan que sólo Corea del Norte tiene un mercado más cerrado. “Si finalmente sale esto, sin duda sería una reforma histórica que cambia las reglas del juego”, dijo Carlos Elizondo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económica de México (CIDE). “Este es el tipo de cambios en el sector petrolero que todo gobierno mexicano ha soñado hacer en los últimos 20 años, sin lograrlo”.

La producción petrolera de México se ha estancado en alrededor de 2,5 millones de barriles diarios en los últimos años, luego de llegar a un máximo de 3,4 millones en 2004. El gobierno estima que una mayor inversión y producción añadirán hasta un máximo de dos puntos porcentuales al crecimiento anual de la economía.

La reforma podría ser la última oportunidad de México de atraer miles de millones de dólares necesarios para desarrollar las reservas en aguas profundas y evitar convertirse en un importador neto de crudo, algo que Pemex advierte podría ocurrir en 2020.

Las empresas extranjeras, a su vez, podrían obtener acceso a uno de los principales productores de crudo, con reservas probadas de 13.900 millones de barriles de equivalente de crudo y posiblemente a las cuartas mayores reservas globales de gas de esquisto, según la Administración de Información de Energía de EE.UU.

La reforma, al mismo tiempo, enterraría uno de los últimos símbolos del nacionalismo revolucionario del siglo XX de México, cimentado cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera en 1938.

El cambio subraya la disposición a romper con el pasado entre miembros jóvenes y reformistas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que nacionalizó el crudo y gobernó México durante la mayor parte del siglo pasado. En diciembre, volvió al poder tras 12 años en la oposición.

Por décadas, Pemex ha subcontratado a empresas privadas, como Schlumberger Ltd. SLB +1.45% y Halliburton Co., HAL +1.03% tareas como la perforación de pozos a cambio de comisiones fijas. Pero ha prohibido cualquier concesión que les permitiría a las grandes petroleras reclamar reservas como propias o compartir los riesgos y recompensas de grandes hallazgos, a pesar de que productores como Noruega, Brasil, China y Rusia han implementado algún tipo de regulaciones de riesgo compartido.

El proyecto contempla contratos por hasta 25 años para áreas específicas, además de permitir a la iniciativa privada apartar reservas de petróleo, lo que les daría un acceso más fácil al financiamiento en los mercados globales, de acuerdo con personas familiarizadas con la iniciativa.

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LO QUE NO ESTABA EN LA VERSIÓN EN ESPAÑOL DEL WSJ:

El gobierno está considerando la creación de una agencia nacional de petróleo, una especie de fondo soberano que administraría los ingresos petroleros del país. En el caso de la producción privada de petróleo y gas, la agencia pagaría los costos de producción de las empresas y la ganancia sería repartida entre el estado y las compañías, señalaron las fuentes. Cuánto sería para el gobierno es un tema que no se ha determinado, aunque un funcionario de alto nivel dijo que podría ser de alrededor del 70%.

Peña Nieto necesitará un plan pro-empresarial si desea asegurar el apoyo del PAN, un partido que por largo tiempo ha impulsado la apertura del sector petrolero a la competencia.

“No aceptaremos menos que eso en las negociaciones. Y el gobierno lo sabe”, dijo un miembro del PAN cercano al partido del presidente Gustavo Madero. El respaldo del PAN es vital para asegurar las dos terceras partes del Congreso, necesarias para cambiar la Constitución.

El partido de izquierda, el PRD, podría resistirse a deshacer la prohibición constitucional sobre el petróleo, aunque el presidente de ese partido, Jesús Zambrano se dijo abierto a negociar. “Ellos tienen que decirnos por qué quieren reformar, cómo y para qué. Recuerda que el petróleo es un asunto sensible en México”, aseguró Zambrano en una entrevista.

La oposición más radical podría venir del líder carismático de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien se quedó en segundo lugar en la elección presidencial del año pasado, atrás de Peña Nieto, y que está llamando a protestas masivas contra lo que él ve como planes para privatizar el petróleo mexicano.

Los planes para abrir actividades derivadas, como la refinación, a firmas privadas tienden a ser menos polémicos. Las tuberías de gas y las redes de distribución han estado abiertas al sector privado durante años, aunque Pemex administra las seis refinerías del país y es el único proveedor e importador de gasolina.

Aquí la lectura de la traducción por Carmen Aristegui.

Marchistas de la Caravana por la Dignidad de los Poblanos se desangraran frente a la Segob


Por : Yadira Llaven
2013-06-19 11:39:00

Ante la insensibilidad del gobierno morenovallista para dar respuesta a los rezagos que se padecen en la entidad, se desangrará una comisión de la Marcha-Caravana por la Dignidad de los Poblanos, como una forma de presión para exigir a las autoridades estatales y federales que se instalen mesas de trabajo y se resuelva el rezago de padecen ejidatarios, campesinos, obreros, comerciantes y otros grupos sociales del estado de Puebla.

El acto se tiene programado a las 13 horas de hoy miércoles frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), donde se encuentra instalado un plantón indefinido de 700 integrantes de la marcha.

La decisión de quitarse sangre y pintar con ello algunas mantas en contra del gobierno de Rafael Moreno Valles, será llevado con la supervisión de médicos y enfermeras para evitar un problema de salud.

Este acuerdo se tomó en una asamblea pública, efectuada a la medianoche de este martes a media avenida Bucareli, en la que participaron más de 3 mil manifestantes que marcharon a pie de la ciudad de Puebla a la capital del país.

Lo anterior, luego de que no se llegó a un acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), en un primer acercamiento, para instalar mesas de trabajo y resolver demandas de índole estatal y federal, como el rescate del campo, la regularización del servicio de transporte de mototaxis, y la cancelación de la construcción del Libramiento Poniente, entre otras peticiones.

En entrevista, la diputada de origen cholulteca, Roxana Luna Porquillo, adelantó que la Segob se comprometió a dar respuesta este viernes, por lo que estarán en pie de lucha hasta ese día.

“Mientras no haya respuesta del gobierno federal, no nos moveremos de Bucareli”, advirtió la legisladora federal.

Cetegistas toman en Iguala oficinas de la SEG, “por incumplimiento de acuerdos”


FRANCISCO DÍAZ (Corresponsal)

Iguala, 18 de junio. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero ( Ceteg) tomaron esta mañana las oficinas de los Servicios Educativos de la región norte en protesta por el incumplimiento de los acuerdos firmados desde hace un año con la Secretaría de Educación en Guerrero ( SEG) y por las irregularidades que se vienen cometiendo en la región, concretamente en lo referente a cambios de adscripción.

Jordan Anacacio Salazar, secretario de organización en la región por parte de la Ceteg, dijo que la toma del edificio es por porque la SEG no ha cumplido acuerdos que se hicieron desde el mes de junio del ciclo escolar pasado y porque en el sistema preescolar se realizan cambios indebidos.

Aproximadamente 150 profesores, en su mayoría educadoras procedentes de los municipios de Teloloapan, Taxco y esta ciudad, arribaron a las oficinas a las 7:30 horas y se apoderaron del edificio. Ello ocurre a tres días de que estudiantes de la normal de esta ciudad liberaran el edificio, toda vez que lo habían tomado para demandar que se continúen con los trabajos de construcción de su escuela.

Demandan la salida de la jefa del departamento de Educación Preescolar, Rosario Aguirre, “porque es una funcionaria que ha ocasionado muchos problemas en lo que se refiere a cambios de los maestros”.

Resultados positivos logra la brigada La Palabra que Camina, asegura vocera


Enviados pasan por San Miguel Topilejo y arriban a la UACM, donde dialogan con la comunidad

SALVADOR CISNEROS SILVA ( Enviado)

Ciudad de México, 18 de junio. En el tercer día de la brigada nacional La Palabra que Camina, la Policía Ciudadana y Popular visitó Tlalpan y San Miguel Topilejo y se presentó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Alrededor de las 10 de la mañana, la PCP llegó a las instalaciones de la UACM, donde participó en una mesa de diálogo con profesores, estudiantes y trabajadores, y les explicó lo que representa el sistema de Gobierno Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular, además de su función y principios que rigen al consejo y sus integrantes.

La universitaria de la UACM Claudia Imelda Carranza expresó que la PCP se encuentra en una etapa crucial para su construcción y para sus objetivos a largo plazo, y que fue una propuesta acertada el que la brigada invitara a participar a los universitarios en el proyecto.

“Ellos tiene bien en claro la estructura que ellos quieren y los objetivos que persiguen; sin embargo, la mayoría de la población no sabe ni entiende lo que hacen cada uno de estos grupos, llámense ciudadanos, comunitarios o autodefensa. En otro sentido, me parece fundamental que se empiecen a relacionar con otras organizaciones para darse a conocer. Nosotros, como universitarios, estamos dispuestos a participar a la medida que la comunidad nos lo permita. Hoy se dio ya un buen acercamiento”, expresó Imelda Carranza.

Después de su presentación en la UACM, la PCP se trasladó a la delegación Tlalpan y a la comunidad de San Miguel Topilejo, donde explicó a los presentes el significado de la Policía Ciudadana y Popular, además de los motivos que originaron su creación y la “importancia de organizarnos para autoprotegernos”.

En entrevista, la representante del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia, Sitlaly Pérez Vásquez, expresó en su difícil español que “estamos contento por el recibimiento de los estudiantes y la solidaridad con nuestro movimiento por parte de la ciudadanía durante nuestra presentaciones, por habernos escuchar y convivir con ellos; nos sentimos muy satisfechos porque los objetivos de nuestro viaje han tenido resultados positivos con la población y los estudiantes”.

Anunció que para este miércoles se esperaba la visita de la PCP a las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y de Chapingo, donde “ los universitarios quieren conocer el sistema de seguridad y justicia de la Policía Ciudadana y Popular y la forma de cómo se ha venido organizando en la construcción de la soberanía popular”.

Chis/Méx. SOS Internacional: Policía, Ejército y Marina mexicana Sitian comunidad indígena Tzotzil de Venustiano Carranza, Chiapas


Firma en línea, juntos podemos evitar mayor represión en contra de la comunidad indígena Tzotzil de Venustiano Carranza, Chiapas: SOS Internacional: Policía, Ejército y Marina mexicana Sitian comunidad indígena Tzotzil de Venustiano Carranza, Chiapas

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Javier Hernández Valencia
Representante de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas en México

Karim Lahidji
Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Emilio Álvarez Icaza
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Marie-Anne CONINSX
Jefa de Delegación de la Comunidad Europea en México

James Anaya
Relatora Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas

Verónica Rodríguez
Área de Vinculación de Amnistía Internacional

Expediente: 6/FNLS-Chis
Ciudad de México a 19 de junio de 2013

La Red de Defensa de los Derechos Humanos (ReddH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, habitantes de la comunidad de Venustiano Carranza, las “Monitoras Indígenas de Derechos Humanos y de las Mujeres” Marqués de Comillas, Costa, Altos, Norte-Selva y Simojovel; el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), el Comité Popular de Derechos Humanos de Michoacán, con domicilio para recibir información y notificación en Avenida Reforma, 121 interior 1 Centro Histórico de Puebla, correo electrónico: contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com y números celular: 044 (45) 22 21 27 68 39 solicitan su intervención urgente ante la incursión violenta de la policía estatal, ejército y marina mexicana en la comunidad indígena Tzotzil de Venustiano Carranza, Chiapas.

HECHOS

De acuerdo con información de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas: Aproximadamente desde las 06:00 pm del día 18 de junio del 2013,la policía estatal preventiva, en coordinación con el ejército, la marina y la policía especializada iniciaron actos violentos en contra de la comunidad indígena Tzotzil de Venustiano Carranza, Chiapas. Han estado lanzando granadas lacrimógenas, disparando y deteniendo masivamente a los habitantes de los barrios, así como también hay sobrevuelos constantes de helicópteros sobre la comunidad.

En estos hechos violentos los policías detuvieron a dos menores de edad de nombres Juan Daniel Gómez Velásquez de 12 años de edad y José Manuel Gómez Velásquez de 16 años edad, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Los habitantes de las comunidades lograron replegar al convoy policiaco-militar. Sin embargo, la policia y el ejército siguen apostados en las afueras de la comunidad. Por lo que se teme que en cualquier momento pueda haber otra incursión violenta.

Es importante destacar que el gobierno del estado de Chiapas simula tener la voluntad de resolver el conflicto por medio de mesas de diálogo que son agendadas, sin embargo no se han llevado a cabo por la misma violencia hacia la comunidad de Venustiano Carranza, lo cual no da garantías a los representantes de la comunidad para asistir a dichas mesas.

ANTECEDENTES

El pasado lunes 17 de junio de 2013, aproximadamente a las 08:00 am, elementos de la policía estatal, especializada, ejército federal y la marina, llegaron a la casa del C. José Vázquez Hernández, Pdte. Del comisariado de Bienes Comunales Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, ubicada en el barrio San Pedro, con la intención de detenerlo, pero no se encontraba en ese lugar. Al respecto se puede consultar la Acción Urgente: Detención masiva de indígenas tzotziles integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas.

El 23 de mayo del presente año, a las 4 a.m. se llevó a cabo un operativo por parte de la Policía Estatal Preventiva para detener al menos a 12 integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo perteneciente al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-CP-FNLS) y del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS) que se encontraban en un plantón indefinido en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ver en línea: Posible Desaparición Forzada de 12 indígenas integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, de estos hechos continúan detenidos de manera arbitraria los indígenas sotziles Sebastián Gómez Vázquez, Miguel Vázquez Mendoza, José Ángel Alcázar Hidalgo, Juan Mendoza Espinoza, Rodrigo Díaz Solano, Ismael Díaz Coutiño, Catarina Gómez Martínez, José Manuel Vázquez Mendoza y José del Carmen Mendoza Espinoza en el penal del Amate.

Como organizaciones de derechos humanos vemos con preocupación que las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, encabezadas por su ejecutivo Manuel Velasco Coello, toleren hechos violentos como los antes referidos. La coordinación entre corporaciones policiacas, marina y ejército mexicano configuran un clima de incertidumbre en la comunidad, toda vez que en el estado de Chiapas ha habido masacres realizadas por grupos paramilitares con aquiescencia de las fuerzas policiacas y militares.

Es importante destacar que la situación de violencia fue generada por omisión y comisión del gobierno del estado de Chiapas, ya que que desde el año 2012 se le había informado al ejecutivo y sus instancias de la conformación de un grupo de personas que se autodenominaron “Escuadrón de la Muerte” con armas de uso exclusivo del ejército, mismos que han venido agrediendo a los comuneros, por lo que no podemos hablar de un conflicto intercomunitario como lo ha pretendido hacer el propio gobierno del estado.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos en el ámbito de su competencia a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como a la representación en México de la Comunidad Europea:

I. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos: Solicitamos que en el ámbito de sus atribuciones de inicio a la presente queja, así mismo, solicitamos sean enviados visitadores a la Comunidad de Venustiano Carranza a efecto de recabar la información de violaciones a derechos humanos de comunidades indígenas Tzotziles. De igual forma, practicar en caso de ser necesario el Protocolo de Estambul a las personas que hayan sido detenidas.

II. A los organismos de derechos humanos extranjeros: Solicitamos de manera respetuosa que en el ámbito de sus atribuciones manifiesten su preocupación ante el clima de violencia que viven los habitantes de la Comunidad de Venustiano Carranza. Así mismo, exhortar al gobierno federal mexicano, representado por Enrique Peña Nieto, que garantice la integridad física, psicológica y moral de los habitantes de la Comunidad de Venustiano Carranza.

III. A las representaciones de países extranjeros en México: Que en el ámbito de sus atribuciones, manifiesten su preocupación por las graves violaciones a derechos humanos contra habitantes de la Comunidad Venustiano Carranza e integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Así mismo, retomar el caso en comento, a efecto de darle seguimiento.

IV. De manera general solicitar el retiro inmediato del ejército y la marina de la Comunidad de Venustiano Carranza, a fin de distender el conflicto y que sea el dialogo político el medio eficaz para la resolución de problemas generados por el propio actuar del Gobierno del Estado de Chiapas.

Atentamente
Por las organizaciones
Israel Sampedro Morales
Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDHH

EPN, ¿estadista? - Columna semanal de Sergio Aguayo


A la memoria de un gran amigo: José Pérez Moreno.

Hace casi un año Enrique Peña Nieto ganó las elecciones y a los pocos días empezó a negociar el Pacto por México. Se justifica entonces una evaluación de estos 12 meses.

De entrada suena prematura y excesiva la retórica del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien la semana pasada calificó a Peña Nieto de "presidente estadista" comparable con Winston Churchill. Hegel definió al estadista como aquel que pone en "palabras los deseos de su época, le dice a ésta cuál es su voluntad y la instrumenta". Si uno pasa por alto las irregularidades que rodearon su elección, podría aceptarse que Peña Nieto interpretó los deseos de una mayoría de la sociedad y que en el último año ha hecho pedazos los estereotipos, abanderando reformas de gran calado y desencadenando una revolución en las expectativas. Empezó bien.

Es notable la rapidez con la cual dio vuelco a su imagen entre un buen número de observadores. Hace poco más de un año analistas serios y mesurados lo calificaban de "político ignorante" y "estuche sin esqueleto" y con frecuencia se le tachaba de "esclavo del teleprompter", "producto de Televisa" o "títere" de Carlos Salinas.

Eso cambió. Ahora se le concede inteligencia política y mediática, buen sentido del tiempo y capacidad para alcanzar consensos y corregir el curso cuando es necesario. Un caso paradigmático es la represión que ordenó como gobernador, en Atenco en 2006. Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana lo increparon por eso el 11 de mayo de 2012 y en ese lugar asumió la responsabilidad de la decisión con la justificación de que la Suprema Corte "validó" el operativo. Cuando se le señaló la falsedad de esto último hizo una corrección pública y reconoció que se habían violado derechos y su gobierno aceptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las transgresiones y ofreció una disculpa pública a las víctimas por los excesos policiacos (los afectados la rechazaron porque no hubo justicia y el caso sigue su curso en el ámbito internacional).

Debe también reconocérsele que supo adaptarse a un resultado electoral inesperado. Sus planes como gobernante se basaban en un "presidencialismo" con "mayorías estables en el Congreso". Estuvo cerca, muy cerca de contar con esa mayoría pero la impredecible fortuna (y algunos errores) se interpusieron en su camino y el PRI y sus aliados naturales (Verde y Panal) se quedaron con un mísero voto de mayoría en la Cámara de Diputados y están cuatro por abajo en el Senado. Peña Nieto digirió el contratiempo y se aferró y le sacó jugo a una inesperada propuesta. En agosto de 2012 Jesús Ortega recicló la vieja idea de un entendimiento entre las principales fuerzas políticas. Se lo propuso a José Murat en un café orgánico de la Condesa, después convenció al PAN, de Gustavo Madero, e iniciaron las complejas negociaciones con el PRI de Peña Nieto. El 2 de diciembre dieron el golpe político y mediático del Pacto por México que ha permitido algunas reformas importantes. Sería absurdo negar la importancia que ha tenido sentar las bases para cambios en el régimen de la educación y las telecomunicaciones y que eso podría ser benéfico para las mayorías.

Si uno revisa el discurso oficial de los últimos meses, el Pacto es el buque insignia que está permitiendo presentar a Peña Nieto como el estadista capaz de lograr las reformas estructurales en las que otros habían naufragado. Según una encuesta de El Universal (3 de junio de 2013), la gran mayoría de los mexicanos (74%) piensa que él y su partido han sido los principales beneficiarios con el Pacto.

En el tema de seguridad también ha habido cambios relevantes. Gobernación se transformó en una supersecretaría, se está dando una mayor atención a las víctimas, hay un ambicioso programa de prevención y se busca poner controles a la relación con la superpotencia del norte. Sin negarle méritos el nuevo enfoque tiene un aire de provisionalidad porque seguimos sin conocer un plan integral para combatir la inseguridad y ha faltado algún golpe espectacular.

¿Pasará Enrique Peña Nieto a la historia como estadista o su imagen terminará desinflada como un globo después de una fiesta infantil? Bastante depende de los embates y capacidad de resistencia de quienes acumularon poder. Otro factor son las decisiones tomadas por el Presidente que erosionan sus posibilidades de éxito. Explicaré esto último en un texto posterior.

LA MISCELÁNEA

El urbanismo salvaje arrasa el país y Veracruz también destaca en ese terreno. En Coatepec están construyendo un fraccionamiento que viola las normas urbanísticas y ambientales. El dueño de la fraccionadora es David Velasco Chedraui, ex presidente municipal de Xalapa (Veracruz) y candidato a diputado local por el PRI. Los vecinos se inconformaron y la empresa demandó penalmente a tres. Uno de ellos es Ernesto Isunza Vera, un hombre decente y un distinguido académico del CIESAS. ¿Hay alguien en el gobierno de Peña Nieto capaz de poner algo de orden en Veracruz?

Autoridades fallan en proteger a defensores de migrantes ante amenazas del crimen organizado.


Durante los últimos días, trabajares del albergue para migrantes “La 72” en Tabasco han sido objeto de amenazas de muerte. Sin embargo, y pese a los fuertes indicios de que estas amenazas podrían materializarse, las autoridades continúan sin implementar las medidas de protección que habían sido acordadas con el albergue.

Estas amenazas han tenido como principal objetivo al activista Rubén Figueroa, un destacado defensor de los derechos de las personas migrantes, quien durante los últimos meses había denunciado la participación de personas asociadas a grupos del crimen organización en secuestros y extorsiones a personas migrantes.

El pasado 8 de junio un hombre llegó al albergue para migrantes “La 72” y advirtió a Rubén Figueroa de que dejara de interferir en las actividades del crimen organizado, o se encontraría su cadáver “embalsamado”. Más tarde, este mismo hombre fue detenido, junto con otros tres individuos sospechosos de estar implicados en bandas que atacan a migrantes. Todos fueron puestos en libertad posteriormente por la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, pese a la aparente existencia de pruebas sobre la implicación de al menos uno de ellos en secuestros y extorsión de migrantes.

Estas amenazas son la continuación de un patrón de agresiones y amenazas cada vez más frecuentes. Ante esto, las autoridades han fallado en responder adecuadamente a las solicitudes de protección para trabajadores y migrantes que se encuentran en este albergue.

“Ante la falta la voluntad de las autoridades para cumplir con su obligación de proteger a las personas migrantes, voluntarias y voluntarios han tenido que asumir este papel poniendo su vida y su seguridad en riesgo” afirmó Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México.

“El que las autoridades estén fallando en proteger efectivamente a las y los voluntarios que realizan esta labor es absurdoy vergonzoso. Ya sea por incapacidad o por falta de voluntad es totalmente inaceptable” agregó Zapico.

Como consecuencia de estas últimas amenazas, Rubén Figuera decidió dejar por tiempo indefinido del albergue “La 72”. Fray Tomás González, junto con otros voluntarios continúan su labor pese a estas amenazas.

Asimismo, pese a haberse comprometido a hacerlo, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Tabasco no han proporcionado información ni actualizaciones sobre las investigaciones sobre las amenazas e intimidaciones realizadas anteriormente contra el personal del albergue para migrantes “La 72”.

“La salida de Rubén, pone de manifiesto la falta de voluntad de las autoridades en considerar seriamente la protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Si bien, las autoridades han manifestado su intención de protegerles, pocos de estos compromisos se traducen en acciones reales” concluyó Zapico.

Estos incidentes ocurren a pocos días de que se cumpla un año de la firma y entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Amnistía Internacional llama a las autoridades a proveer medidas de protección efectivas e inmediatas para quienes colaboran en el albergue de la “72”, conforme a los acuerdos establecidos previamente.

La organización también exige a las autoridades explicar la retirada unilateral de las medidas de protección de la Policía Federal y la falla en implementar las medidas de protección que habían sido acordadas.

Finalmente, Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades federales y estatales para conduzcan investigaciones efectivas e imparciales, que sus resultados sean hechos públicos y que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, incluidos los integrantes de las bandas delictivas que, de acuerdo a las denuncias, están tras las amenazas y secuestros de migrantes.

Información adicional

Rubén Figueroa y Fray Tomás González trabajan en el albergue “La 72”, y han sido víctimas de amenazas y actos de intimidación constantes por su trabajo ayudando y defendiendo a los migrantes irregulares que atraviesan México.

El 19 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor del albergue para migrantes “La 72”. Sin embargo, las medidas acordadas con el albergue no se han puesto en práctica plenamente por parte de las autoridades. Esas medidas tenían como objetivo proteger a los migrantes y al personal del albergue, incluido su director, Fray Tomás González. En particular, la protección brindada por la Policía Federal ante el albergue fue retirada unilateralmente y sin explicación, y no se volvió a implantar temporalmente hasta 20 días después. La Policía Federal no dio ninguna explicación al respecto a los defensores. El personal del albergue ha informado de que algunas de las medidas de protección no se han implementado adecuadamente, entre ellas la instalación de alumbrado eficaz en la calle, cámaras de vigilancia, un “botón del pánico” y nuevas cerraduras para proteger el acceso al albergue.

¿Cuál agenda afrodescendiente?

Jesús Chucho García

ALAI AMLATINA, 19/06/2013.- En la década de los años setenta del siglo pasado, se conforman agrupaciones culturales que reivindican la diáspora africana desde las perspectivas culturales, la mayoría de las veces reducidas a un folklorismo inútil, descontextualizados, mientras que las universidades e instituciones culturales, tanto oficiales como privadas, momificaron a las y los africanos y sus descendientes como "cosa" y objetos de estudios.

Sin embargo, fueron contribuciones que lograron develar la existencia de una extraordinaria diversidad cultural con grandes contenidos simbólicos y unos ricos elementos que dinamizan nuestro continente, tanto de tierra firme como insular. Pero fue a finales de la década de los ochenta del siglo XX que se pasa de una conciencia ingenua a una conciencia crítica a través de un proceso de desobjetualización y cosificación, para pasar a ser sujetos protagónicos y participativos en las luchas contemporáneas.

En los años noventa, a raíz de investigaciones desde las perspectivas de quienes habitamos las comunidades afro, comenzamos a deconstruir y a elaborar conceptos que fueran más afines a nuestros propios procesos históricos, con nuestras subjetividades. Establecimos alianzas y conexiones con muchas organizaciones de todo el continente incluyendo a organizaciones hermanas y antiimperialistas de Estados Unidos y el Caribe, así como de África.

Respuestas a problemas comunes globales

El movimiento de afrodescendientes, en su diversidad y pluralidad ideológica, logró una extraordinaria cohesión para avanzar en tres líneas básicas de acción. La primera estuvo direccionada en la necesidad de articularse nacional y transnacionalmente para dar respuesta a problemas comunes globales contra el racismo y la discriminación racial, teniendo su mayor éxito en la preconferencia de las Américas contra el Racismo (Chile, año 2000) y tercera Conferencia Contra el Racismo, la Xenofobia y sus Formas Conexas (Durban, 2001), considerado el mayor logro de los últimos siglos de las y los africanos y sus descendientes. De allí se desprendería un Plan de Acción que hoy sigue sirviendo de guía y se colocó el tema en los gobiernos de América Latina y el Caribe. Luego de esa tercera Conferencia mundial contra el racismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acepta el concepto afrodescendiente por iniciativa de los movimientos sociales afro.

A partir de ahí, la ONU crea cuatro espacios donde el concepto afrodescendiente pasa a ser una práctica concreta en las políticas de ese organismo y al mismo tiempo es una referencia importante para la elaboración de sus políticas globales.

Esos espacios son:

1-El Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana;

2-El Grupo de Expertos Eminentes Independientes sobre la Aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban;

3-El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Aplicación Efectiva de la Declaración y Programa de Acción de Durban;

4-El Relator Especial de Naciones Unidas Contra el Racismo.

Es importante mencionar que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene un Relator sobre Derechos Humanos Afrodescendientes, impulsado por nosotros en el año 2002 en el seno de la polémica Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), incorporó la dimensión afrodescendientes para sus estudios sociales y económicos.

En América Latina y el Caribe, existimos aproximadamente 150 millones de afrodescendientes según el Banco Interamericano de Desarrollo.

Hoy el concepto “afrodescendiente”, tiene reconocimiento universal gracias al impulso de las organizaciones afrodescendientes de todo el continente. La palabra “negro”, construcción colonial y denigrante de la condición humana africana, hoy es cuestionada desde la autodeterminación intelectual y práctica de las y los africanos y sus descendientes, en vista que no recoge ni sintetiza la relación con la historia, la espiritualidad, la filosofía de origen africano, de ahí el prefijo afro, como lo comenzó a aplicar el barloventeño Juan Pablo Sojo, quien escribió en 1943 su ensayo sobre Apuntes y Temas Afro-venezolanos, y al mismo tiempo lo harían Fernando Ortiz en Cuba con el concepto afrocubano, Arthur Ramos en Brasil con el concepto afrobrasileño, y así en toda la geografía de este continente, para reconocer la presencia africana en las construcciones históricas nacionales de cada país, se le coloca el prefijo “afro”.

Definitivamente “afrodescendientes” es una construcción social y académica al mismo tiempo. También es parte de lo que hemos denominado soberanía intelectual vinculado al concepto de autodeterminación, el derecho de los pueblos y de cualquier ser humano a tener un nombre, en este caso a nosotros, los hijos de la diáspora, nos correspondía reconceptualizarnos, rompiendo con la definición colonial-occidental de “negro” impuesta en medio milenio de sometimiento teórico.

Estamos ante un acto de soberanía intelectual, entendiendo ésta como una actitud de cuestionar todo aquello que el otro convertido en juez, intente descalificar mis percepciones, mis ideas, mis acciones, mi derecho a autodenominarme, mas sin embargo se puede aceptar las criticas horizontales del otro, consensuadas con el nosotros a las cuales seremos sensibles pero no aceptar que otro sea juez y condene mis acciones y lo que he decidido ser, arbitrariamente a nombre de la externalidad del poder llámese Dios, partido, gobierno, Padres de la patria, Estado y otras formas ficticias de la Santa Inquisición.

Fue en la Conferencia de Durban del mes de septiembre del año 2001 que logramos como movimientos sociales nuestro reconocimiento como afrodescendientes tal como se expresa en los siguientes párrafos, reconocidos por la mayoría de los países que conforman la ONU:

“32. Reconocemos el valor y la diversidad del patrimonio cultural de los africanos y los afrodescendientes y afirmamos la importancia y necesidad de asegurar su completa integración en la vida social, económica y política con miras a facilitar su plena participación en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones;”

“33. Consideramos esencial que todos los países de la región de las Américas y todas las demás zonas de la diáspora africana reconozcan la existencia de su población de origen africano y las contribuciones culturales, económicas, políticas y científicas que ha hecho esa población, y que admitan la persistencia del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que la afectan de manera específica, y reconocemos que, en muchos países, la desigualdad histórica en lo que respecta, entre otras cosas, al acceso a la educación, la atención de salud y la vivienda ha sido una causa profunda de las disparidades socioeconómicas que la afectan;”

“34. Reconocemos que los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de sus derechos, y afirmamos que deben ser tratados con equidad y respeto de su dignidad, y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, se deben reconocer sus derechos a la cultura y a la propia identidad; a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica y cultural; al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones y costumbres; a tener, mantener y fomentar sus propias formas de organización, su modo de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas; a mantener y usar sus propios idiomas; a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico; al uso, disfrute y conservación de los recursos naturales renovables de su hábitat y a participar activamente en el diseño, la aplicación y el desarrollo de sistemas y programas de educación, incluidos los de carácter específico y propio; y, cuando proceda, a las tierras que han habitado desde tiempos ancestrales;”

“35. Reconocemos que, en muchas partes del mundo, los africanos y los afrodescendientes tienen que hacer frente a obstáculos como resultado de prejuicios y discriminaciones sociales que prevalecen en las instituciones públicas y privadas y nos comprometemos a trabajar para erradicar todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa con que se enfrentan los africanos y los afrodescendientes” (negritas nuestras). (1)

Desde el 2002 la presencia, en la ONU de Ginebra, de representantes del Movimiento Afrodescendiente –Red Afrovenezolana, Mundo Afro y Proceso de Comunidades Negras de Colombia– y el apoyo del Espacio Afroamericano, liderizado por Mercedes Moya, fueron decisivos para imponer nuestra agenda que desembocaría en el año internacional de afrodescendientes (2011) y la aprobación del Decenio de los pueblos afrodescendientes (2012-2022). Salimos triunfadores y dimos contenido conceptual a la ONU, no al revés.

Endeudamiento etnosocial

La segunda línea trató de incidir en los planes de desarrollo emanados desde el Consenso de Washington, donde las pautas fueron marcadas por la banca internacional (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial) y sumadas a ella las empresas capitalistas con responsabilidad social (Kellogs, Ford, entre otras). Esta etapa fue de gran agresividad de la banca internacional que produciría una especie de “endeudamiento etnosocial”, debido a que los gerentes de esos bancos sedujeron a nuestros movimientos para que incidiéramos en nuestros gobiernos para pedir préstamos para resolver nuestra crisis estructural. Ejemplo de ello fue el famoso Plan Pacifico (Colombia) o proyectos en las comunidades afro de Perú y Ecuador. Aquí sin duda, no está demás mencionar el interés del Departamento de Estado de EE.UU. de lanzar una ofensiva de influencia en los movimientos afro a través de USAID, Dialogo Interamericano y la Fundación Interamericana. He aquí la génesis de lo que más tarde llamaríamos el embrión de la afroderecha.

La tercera línea está orientada hacia el discernimiento ideológico del movimiento afrodescendientes que pudiéramos clasificar en tres tipos de comportamientos:

TIPO A, donde se ubica un sector del movimiento que se adecuó con poco sentido crítico a la estructura gubernamental y poco a poco fue cayendo en la desmovilización como movimientos sociales autónomos, dejándose absorber por la estructura del Estado-gobierno, no sabiendo diferenciar entre la agenda del Estado y la agenda propia del movimiento, terminando el Estado-gobierno imponiéndoles la agenda.

TIPO B, de aquellos sectores que lograron participar en los puestos de los poderes públicos y legislativos, convirtiéndose en ministros, viceministros y directores de instituciones, diputados, alcaldes, y lograron algunos aciertos, mientras otros fueron tragados por la tecnoburocracia que los alejó totalmente de las comunidades.

Los que ocuparon y ocupan puestos de diputados y senadores en algunos congresos y asambleas, lograron impulsar algunas legislaciones a favor de nuestras comunidades, pero muchas veces estas legislaciones se convirtieron en letra muerta, porque tal vez no emergió como una necesidad totalmente sentida por nuestras comunidades o simplemente fueron defectuosas, sin aplicabilidad práctica para resolver los problemas cotidianos.

TIPO C, de aquellas organizaciones que han levantado las banderas de la construcción de una sociedad socialista donde los referentes políticos ideológicos del cimarronaje de las y los africanos y sus descendientes son vitales para construir la nueva humanidad que exigen millones de afrodescendientes. Esa nueva humanidad, con bases ancestrales plasmadas en la ética, política y desarrollo socioeconómico de las Américas, que poco ha sido tomada en cuenta por los ideólogos que están moldeando el socialismo del siglo XXI (Venezuela), Revolución Ciudadana (Ecuador) y Socialismo Comunitario (Evo Morales) o el Neotupamarismo (Uruguay).

Aún no existe un puente sólido entre los partidos que están en el poder en estos países y los movimientos sociales revolucionarios afrodescendientes. Esa es una gran debilidad y debía entrar en el debate de los foros nacionales e internacionales en las perspectivas de la década de los pueblos afrodescendientes.

Nuestras contribuciones por una nueva humanidad

Pareciera existir una visión sedimentada en la historia contemporánea de que los aportes africanos y sus descendientes solo quedaron en las luchas anticoloniales como cuota inicial de las guerras de independencia y se congelaron hace dos siglos atrás. Nuestras contribuciones traspasaron las barreras del tiempo, fueron protagónicas a lo largo de las luchas de la segunda mitad del siglo XIX, las luchas contra las dictaduras del siglo XX y la construcción de la apertura plural de los Estados y de las democracias participativas que hicieron ruptura con las democracias “representativas” establecidas por EE.UU. y la OEA.

Hoy, los focos de la construcción de las diferentes modalidades socialistas (Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, sin dejar de mencionar a Cuba) son un referente obligado en la lucha contra las distintas formas de dominación imperialista, contra las distintas formas de violar nuestras soberanías, y es ahí donde el movimiento afrodescendiente debe insertarse más allá de la lucha contra el racismo, la discriminación racial o el “censismo”, muchas veces mediados por las agencias transnacionales, los organismos multilaterales, las grandes ONG, la banca internacional y el Departamento de Estado de EE.UU. No estamos diciendo que hay que bajar la guardia contra el racismo, ya que su vigencia se metamorfosea, al contrario, debemos redimensionar nuestras luchas en un sentido más político; no estamos diciendo que no debemos contarnos en las rondas censales como estrategia para elaborar políticas públicas más acertadas, pero la lucha va mas allá, va en la inserción político ideológica de las nuevas democracias, de la inclusión en las estrategias a largo plazo de nuestros Estados en proceso de transformación.

En ese sentido hoy debemos preguntarnos, ¿cómo estamos los afro en los estatutos de los partidos de gobierno de los focos progresistas? ¿Cómo estamos los afro en los planes regionales como el ALBA? ¿Cómo estamos los afrodescendientes en las relaciones África – Suramérica en las Cumbres que se realizan entre los países de África subsahariana y América del Sur, donde Ecuador tiene, en estos momentos, una gran responsabilidad al igual que Venezuela y Brasil? ¿Cómo estamos los afrodescendientes en la democratización de las tierras y el desarrollo sustentable que garantice la soberanía alimentaria? ¿Cómo estamos los afro en la lucha para frenar el aberrante cambio climático producido por la emisión de gases, la deforestación, el urbanismo anárquico, sabiendo que las reservas de agua y biodiversidad en general están ubicadas en nuestros espacios ancestrales?

La agenda del movimiento debe ser enfocada irreversiblemente en la construcción y consolidación de la sociedad socialista antiimperialista y antirracista por una nueva humanidad. No podemos seguir con medias tintas en ese sentido. Sabemos de la existencia de una política dirigida desde los sectores más racistas y afro-oportunistas de Estados Unidos para copar los espacios afrodescendientes, teniendo su mayor expresión en Colombia, Honduras y en un sector brasileño desde que la ex ministra de Estado Condoleezza Rice incluyó el tema afro y luego fue reforzado por Hilary Clinton en su visita a Bahía de Todos los Santos. El sector más agresivo en la construcción de la afroderecha lo constituyó Colombia con el gobierno de Uribe y ahora con el gobierno de Santos. Es hora de crear y juntar esfuerzos con los sectores afroprogresistas de las Américas para estar al compás de la dinámica político-social y romper la barrera de la autoexclusión a que nos hemos reducido (el folklorismo inútil de frágil sonrisa, el “censismo”, la lucha contra el racismo sin mayor trascendencia). Debemos simplemente apostar a la construcción de un modelo socialista con inclusión afro, partiendo de la experiencia histórica construida trágicamente en las Américas y el Caribe y con los referentes de Kwame Kruma, Amílcar Cabral, Shankara, Neto, Machel y Julius Nyerere. La década de los pueblos afrodescendientes, propuesto ante la ONU, debe ser, entre otros puntos de discusión, el impulso de la lucha ideológica revolucionaria en los movimientos afrodescendientes de América Latina y el Caribe.

(1) Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 31 de agosto a 8 de septiembre de 2001). A/CONF.189/12.
http://www.un.org/spanish/CMCR/aconf189_12.pdf

- Jesús Chucho García es escritor e investigador venezolano, Coordinador General de la Fundación Afroamérica y la Diáspora Africana.

Artículo publicado en la Edición de junio (486) de la revista América Latina en Movimiento, titulada " Miradas del movimiento afrolatinoamericano": http://alainet.org/publica/486.phtml

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