Las Transnacionales contribuyen a aumentar el HAMBRE
Los Campesinos y Campesinas ofrecen SOLUCIONES
(Roma, 15 de noviembre del 2009) La Via Campesina esta aterrada de la arrogancia del sector privado y especialmente de Nestlé, al pretender ofrecer soluciones a la actual crisis alimentaria considerando que son las mismas transnacionales quienes han continuado a contribuir activamente a la creación de esta crisis.
Los comentarios del presidente de Nestlé durante la Conferencia del sector privado y de la FAO en Milan el pasado 12 de noviembre nos resultan particularmente chocantes dadas las conocidas campañas de Nestlé para fomentar la formula del consumo de leche para bebes en detrimento de la lactancia materna en los paises en desarrollo.
Muchas transnacionales han aumentado sus beneficios durante la crisis alimentaria y han jugado un rol principal al incrementar el hambre en el mundo mediante la toma de control sobre el sistema alimentario y los recursos productivos como la tierra y el agua, excluyendo a campesinos y campesinas de la misma producción alimentaria.
Estos actores privados han presionado por cambiar los modelos agricolas de producción, forzando a modos productivos intensivos e introduciendo tecnologias y politicas como los agrocombustibles, los transgénicos y la liberalización del comercio con el único interes de incrementar sus beneficios. Las deslumbrantes fallas de estas estrategias corporativas de las transnacionales frente al sistema alimentario son evidentes dadas las estadisticas que demuestran el constante aumento en las cifras de las personas que sufren de hambre en el mundo.
Sobre el tema de transgenicos, Javier Sánchez, representante del sindicato campesino COAG (miembro de la Vía Campesina), declaró: “Existe un consenso global entre campesinos y consumidores sobre las tecnologias de OGMs que permiten a las multinacionales tomar el control sobre las semillas negando a los agricultores la posibilidad de guardar sus propias semillas. Campesinos y campesinas pierden el derecho a producir alimentos libres de modificaciones geneticas mientras que los consumidores pierden el derecho de alimentarse al mismo tiempo con productos sin transgenicos. Este es un claro ejemplo de como la privatizacion de los recursos naturales va en contra de los intereses comunes. Los consumidores en Europa, con razón, estan rechazando este tipo de tecnologias;”
Henry Saragih, coordinador general de La Vía Campesina observa que en su pais natal, Indonesia, Nestlé ha contribuido directamente al empobrecimiento del campesinado y al fomento de la malnutricion particularmente entre los bebes, a traves del control de la produccion y del sistema de precios dentro del sector lechero.
Durante el Foro “Soberania Alimentaria Ya”, paralelo al Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en Roma, las Organizaciones de la Sociedad Civil estan proponiendo las soluciones reales de la soberania alimentaria.
Información para los medios y entrevistas:
Annelies Schorpion:
Teléfono : +39 3312861096 (Entre el 12 y el 18 de noviembre)
e-mail: a.schorpion@eurovia.orga.schorpion@eurovia.org Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla y/o idelforge@viacampesina.orgidelforge@viacampesina.org Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
Más información en www.viacampesina.org
La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños productores, sin tierra, mujeres rurales y trabajadores agrícolas alrededor del mundo. Nuestro movimiento está conformado por 148 organizaciones miembros activas en 69 países en Asia, Africa, Europa y las Américas.
martes, 17 de noviembre de 2009
Comunicado de prensa - La Via Campesina
Copenague: La Vía Campesina se une a las movilizaciones
¡Las campesinas y los campesinos enfrian la Tierra!
Copenague: La Vía Campesina se une a las movilizaciones.
Campesinos y campesinas de todo el mundo se reunirán en Copenague en Diciembre para defender su propuesta para solucionar la crisis del cambio climático. La agricultora campesina sostenible y la producción local de alimentos están, de hecho, enfriando la tierra. La agricultura campesina permite el secuestro del carbón en el suelo y requiere de menos maquinaria empujada por combustibles fósiles e insumos químicos. Más aún, si comemos local, se requiere de menos energía para mover la comida a lo largo y ancho del planeta. Dado el enorme impacto de la agricultura industrial sobre las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI), una conversión masiva desde los monocultivos industriales a una agricultura a pequeña escala sostenible y el desarrollo de mercados locales permitiría una reducción masiva en los GEI. (1)
En combinación con un programa serio para reducir el consumo, un plan así haría de hecho completamente irrelevante cualquier tipo de discusión sobre el comercio del carbón, bio-ingeniería y otros arreglos técnicos, y mecanismos de comercialización que se está manteniendo en la actualidad en la UNFCCC (Convención de Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para el Cambio Climático, por sus siglas en Inglés).
Nosotros creemos que estos temas han de ser planteados en Copenague. Creemos que la voz de miles de personas de todo el mundo han de ser escuchadas. El crecimiento de un movimiento democrático global por la justicia climática invlucrando a muchos movimientos sociales que se están preparando para el COP 15 demuestra la importancia de esta lucha.
Las voces del pueblo pueden orquestar muy diferentes melodías, pueden susurrar o gritar, cantar o tocar música, ellas hablan y debaten. La historia de los movimientos sociales nos muestra como las protestas pueden también adquirir formas muy diversas. El La Vía Campesina, la desobediencia civil ha sido siempre parte de la estrategia a seguir, junto a debates, concienciación política y promoción de otras alternativas reales en nuestro campo, en apoyo a la soberanía alimentaria. Cuando cientos de campesinos y campesinas ocupan unas tierras acaparadas por una compañía transnacional, cuando miles de ellos se reúnen en frente de la sede de la OMC exigiendo el fin de la liberalización en los mercados agrícolas, solamente estamos exigiendo nuestro derecho a vivir, a existir. Nuestro derecho a alimentar al mundo y a alimentarnos. Nuestro derecho a ser respetados y a salir de la pobreza en la que estamos sumidos.
La Vía Campesina apoya y participa en acciones no violentas de desobediencia civil cuando estas están justificadas políticamente con el objetivo de desarrollar así una sociedad con mas justicia y dignidad. Nosotros rechazamos inequívocamente la violencia como medio de actuación de la misma forma que rechazamos las violencia de las políticas que se discuten detrás de todas esas puertas cerradas. En poblaciones remotas, estas, llevan a desahucios de la tierra, resistencia campesina, represión y devastación medioambiental.
Nosotros, condenamos enérgicamente todas la leyes represivas que se están aprobando en Dinamarca para amordazar a los disidentes. En el transcurso de la UNFCCC, llamamos a la movilización y unidad entre todos los frentes sociales con toda su enorme y rica diversidad. Nosotros creemos que una democracia solida solo puede fortalecerse permitiendo a los pueblos del mundo defender e implementar una justicia climática, una justicia alimentaria y una justicia social.
Josie Riffaud,
Miembro del Comité Coordinador Internacional y Co-responsable en temas sobre el cambio Climático.
Henry Saragih
Coordinador General de La Vía Campesina
Jacarta, 6 Noviembre 2009
(1) Datos referenciales serán publicados en Copenague – Dec 2009.
Investigan denuncias de incumplimiento a la legislación ambiental en Manzanillo
En La voz de la frontera. Organización Editorial Mexicana 9 de noviembre de 2009. Jorge Olmedo / El Sol de México
Ciudad de México.- El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte inició el análisis de la denuncia presentada por las organizaciones Bios Iguana, AC, y Esperanza Salazar Zenil, en la que denuncian que México está omitiendo la aplicación efectiva de su legislación ambiental con respecto a la protección de la Laguna de Cuyutlán, Manzanillo, en donde existe el 90 por ciento de los humedales en el estado de Colima y es el cuarto humedal más grande en ese país.
En la denuncia, presentada por segunda ocasión, luego de haber sido rechazada la primera, señalan que las autoridades mexicanas, indebidamente, otorgaron las autorizaciones en materia de impacto ambiental a dos proyectos de infraestructura: el primero para una terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) promovido por la Comisión Federal de Electricidad, y el otro, para una planta de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo (LPG) promovido por la empresa Z Gas del Pacífico.
En la denuncia señalan que durante el proceso de evaluación de impacto ambiental no se hizo un análisis adecuado en conformidad con la legislación ambiental aplicable, luego de que las autoridades locales de Manzanillo modificaron el programa de desarrollo urbano de ese municipio, cambiando la zonificación de turística-ecológica a industria pesada, lo que -aseveran- es una violación a los criterios ecológicos del programa de ordenamiento ecológico de la Laguna de Cuyutlán.
En la denuncia presentada por el grupo Bios Iguana se destaca que se violaron las siguiente Leyes:
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA; Ley General de Vida Silvestre (LGVS); Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico Territorial; NOM-022-SEMARNAT-2003; NOM-059-SEMARNAT-2001; Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; Acuerdo de Coordinación para Apoyar la Formulación, Expedición y Ejecución del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Laguna de Cuyutlán; Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo .
Pese a suspensión, continúan explosiones de New Gold en Cerro de San Pedro
El gobernador conoce los daños a la salud por estas actividades, afirma ambientalista. Denuncian que la empresa minera no se hace responsable por perjuicios a pobladores. Al fondo del pueblo se observa el humo provocado por una de las detonaciones realizadas ayer por la empresa minera New Gold, cerca del templo de San Nicolás. Foto María Meléndrez Parada. Angélica Encisco L. Enviada
Periódico La Jornada. Martes 17 de noviembre de 2009, p. 35
La Semarnat informó hace unos días que luego de que le retiró el permiso a la empresa, ésta debía cerrar; no obstante, sus actividades continúan de manera normal. En tanto, New Gold asegura que la resolución judicial no afecta sus operaciones aquí.
Este día se buscó al director gerente de la empresa local, Jorge Mendizabal, para conocer la posición de la compañía, pero en su oficina dijeron que no había labores.
Tampoco se conoce la opinión del gobierno estatal. De acuerdo con el Frente Amplio Opositor (FAO), las autoridades han expresado que desconocen la situación.
Sin embargo, indicó Sergio Serrano, director de Pro San Luis Ecológico, Fernando Toranzo, actual gobernador del estado, debe conocer el caso porque fue secretario de Salud durante la administración anterior, cuando había una condicionante ambiental específica sobre los futuros efectos a la salud que dejaría la explotación del yacimiento.
Serrano recordó que el viernes pasado llevaron al director jurídico del gobierno estatal, Jesús Juárez, la resolución del TFJFA, quien les había dicho que desconocía el documento.
Es importante conocer la posición de las autoridades, aseveró el ambientalista, debido a que la empresa dice que tiene licencia de uso de suelo estatal, y ésta ampara sus actividades.
Tres explosiones
Algunos turistas se acercaron al tempo de San Nicolás, cerca del cual trabajadores de la empresa colocan un sismógrafo para medir las vibraciones provocadas por las detonaciones. A las 15:14 ocurrió una, y aunque aseguraron que sería la única, se sintieron otras dos.
En el momento de la explosión surgió una gran nube de polvo del cerro, la cual se extendió sobre el poblado –el cual habitan unas 20 familias– y después se levantaron otras dos grandes. Luis, uno de los visitantes, preguntó si no había personal de Protección Civil pendiente de las detonaciones. Pero los habitantes aseguraron que por lo general ni siquiera se les informa cuándo ocurrirán.
De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la empresa, en cada detonación se utilizan 25 toneladas de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y otros elementos para tirar unas 80 mil toneladas del cerro. La empresa aprovecha una cantidad de ese material y otra la desecha, generalmente detrás del templo de San Nicolás.
Armando Mendoza, cuya casa sufrió la caída de un techo en una fuerte explosión en julio pasado, aseguró que no recibió apoyo de la empresa para reconstruir su hogar.
Este día la explosión fue leve, aseveró. Hace una semana fue de tal magnitud que incluso hizo sonar la campana del templo de San Pedro, el cual en lado derecho muestra una gran cuarteadura.
Robert Gallagher, director internacional de New Gold, en un video del 13 de noviembre divulgado en YouTube –para aclarar malos entendidos–, dijo que la operación de la empresa en Cerro de San Pedro no se verá afectada por la decisión que emitió el tribunal. Ello no va a detener las actividades, expuso.
En el mensaje –donde aparecen imágenes del cerro, distintas respecto de como se encuentra actualmente– se indica que la empresa cumple con normas internacionales en materia ambiental y social.
También aseguró que la compañía ha hecho estudios sobre la calidad del agua y que no hay daños a los edificios; en cambio, asegura, ha reconstruido iglesias y apoyado en servicios de educación y salud. Tenemos gran aprobación entre la comunidad expresó
Lucha de clases
Carlos Fazio en La Jornada con la recomendación de Vic de RNR.
El golpe de mano del régimen espurio de Felipe Calderón contra el organismo público Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) responde a un vasto proyecto de ingeniería social. En la coyuntura los que mandan se sienten fuertes y creen poder llevar a cabo una estrategia de rollback: dominio y vuelta atrás. Por eso, las grandes empresas y sus aliados políticos están agitando la lucha de clases de manera implacable contra los trabajadores. Buscan reducir todo lo referente al contrato social que los trabajadores y los pobres habían conseguido tras un siglo de lucha. Quieren regresar a los obreros a los días de las fábricas satánicas del siglo XIX, cuando los salarios eran casi de esclavos. Creen tener armas suficientes para eliminar los contratos colectivos de los trabajadores y destruir los derechos humanos, políticos y sociales de la población en general. Apuestan a destruirlo todo y aumentar el poder privado.
Los grupos monopólicos, oligopólicos y multinacionales mexicanos quieren un Estado de bienestar poderoso, que les proporcione recursos, subvención y protección. Un Estado niñera dirigido a los ricos exclusivamente. La filosofía de los poderosos es robar lo más posible y olvidarse del día de mañana. Hoy, como siempre, el capitalismo depredador y parásito necesita privatizar el beneficio y socializar los costes y el riesgo. Que las facturas las paguen los de abajo. Además, como en los tiempos de Ricardo y Malthus, las opciones para el trabajador y el pueblo pobre son cárcel o hambre, o lo que puedan ganar en un mercado laboral sin derechos, desregulado, flexibilizado.
La crisis profunda del actual sistema de dominación es el espacio para la recuperación del modelo de acumulación capitalista. Para reactivar el capital, los barones del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y sus porros en el gabinete calderonista necesitan una gran derrota obrera. Por eso la asonada policial-militar y multimediática contra el SME y la ruptura del contrato social emanado de la Constitución de 1917. Pero al quebrar el orden previsto en la Carta Magna, Calderón también rompió el pacto nacional. La actual ofensiva clasista es un salto cualitativo en la ruptura de los pactos social y nacional posrevolucionarios.
La clase dominante está profundamente imbricada con el Estado. En épocas de crisis del sistema político, cuando los mecanismos de gobernabilidad tienden a agotarse, suele producirse una regresión neoligárquica. La dominación oligárquica elimina las mediaciones conciliatorias y es ejercida directamente por los grupos propietarios, aunque se haga por medio del Estado (ley Televisa). Esa estrategia de administración de la descomposición política es sustentada por una alianza de poder, que aunque mantenga violentas disputas internas y genere inestabilidad política y vacíos de poder (verbigracia, en la coyuntura, la disputa interoligárquica por la fibra óptica y el triple play, y las escaramuzas mediáticas entre Calderón y el Consejo Coordinador Empresarial por el paquete fiscal), mantiene una coherencia de intereses dominantes. Pese a las diferencias interoligárquicas, los desplazamientos de los grupos de poder y los cambios en la correlación de fuerzas, existe una real estabilidad en la inestabilidad; la estructura de poder de clases no se modifica de manera sustancial.
A pesar de estar imbuida de la lógica vertical y autoritaria propia de las corporaciones, la elite gobernante suele hacer la defensa retórica y demagógica de la democracia. Igual ocurre con el estado de derecho, la ciudadanía y los pobres versus la antipatria y la subversión, encarnada hoy, en el discurso oficial, por los delincuentes holgazanes del SME. No puede haber una democracia construida sobre la mentira. Tampoco se puede gobernar sólo con propaganda. El estado de derecho en México es una ficción. La colusión delincuencial entre empresarios y gobierno se ha profundizado. Las bandas cleptocráticas operan desde el poder.
La clase dominante necesita encubrir su poder bajo el concepto democracia, aunque ésta sea hueca, formal, de baja intensidad. Para eso tiene bajo control a la industria ideológica de la propaganda. Todo un sistema doctrinal que incluye a los medios de difusión masiva, la industria del espectáculo, el sistema educativo, el político, sus papagayos orgánicos y todo lo que se ha dado en llamar la industria de relaciones públicas. El papel de los medios electrónicos es clave para manipular, engañar a la población y generar una falsa conciencia. El sistema de propaganda del régimen y sus patrocinadores no quiere que la gente piense; debe mantener a las masas estúpidas e ignorantes. Usan el concepto democracia como una forma de control de población. No en balde el golpe gubernamental contra LFC y el SME fue precedido de una intensa campaña de guerra sucia y linchamiento mediático contra la dirigencia del sindicato de electricistas, que adquirió rasgos de una intoxicación informativa.
Es falso que el gobierno de facto actúe en función de los intereses de la población. Calderón administra los intereses de una tiranía privada. Usa al pueblo, sirve al capital. Él y sus amos odian lo colectivo, lo social organizado, la democracia popular. Pero eso no se le puede decir a la gente. El candidato del empleo no podía prometer en campaña, vótenme, voy a despedir a los 44 mil trabajadores del SME, perder un millón de empleos en un año y dejar en la informalidad a 28 por ciento de la fuerza laboral.
Este México no da más. El país requiere un nuevo pacto social, que sólo podrá ser arrancado mediante la lucha y organización populares. Ante el desafío de los de abajo, Calderón apuesta a un Estado de nuevo tipo autoritario y militarizado. Así están las cosas.
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