lunes, 18 de noviembre de 2013
Avanza IMP en proyecto de gas shale
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) avanza en el proyecto de shale gas/oil para definir los recursos prospectivos en lutitas de México y las tecnologías para perforar menos y producir más y mejores hidrocarburos, con un mínimo impacto ambiental.
El proyecto denominado Asimilación y desarrollo de tecnología en diseño, adquisición, procesado e interpretación de datos sísmicos 3D-3C con enfoque a plays de shale gas/oil en México, se le asignó en octubre de 2012, un monto de alrededor de 244 millones de dólares provenientes del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos.
El enfoque del IMP tiene que ver con minimizar el gasto capital (perforar menos) y con ello conocer los mejores sitios para hacerlo, así como maximizar el flujo de hidrocarburos y minimizar la huella ambiental.
El proyecto comprende las etapas de adquisición y procesado sísmico 3D-3C, modelado geológico, diseño de la perforación y terminación de pozos e impactos ambiental y social.
Evitan avance de grupo de autodefensa en Michoacán
Integrantes de los grupos de autodefensa de Buenavista y Tepalcatepec mantienen el control de la presidencia y la comandancia municipal de Tancítaro, en tanto elementos del Ejército y policías estatales evitan que avancen.
Desde el pasado sábado, cuando irrumpieron a la cabecera municipal, el alcalde Salvador Torres Mora se mantiene afuera del ayuntamiento.
De esta forma, elementos del Ejército Mexicano se mantienen en la zona para evitar el avance de integrantes de esos grupos hacia otras partes del municipio y el estado.
Cabe hacer mención que al momento suman seis los municipios con presencia de grupos de autodefensa, entre ellos Buenavista, Tepalcatepec, Aquila, Coalcoman y ahora Tancítaro.
En tanto, el gobierno del estado estableció como prioridad este lunes, contener el avance de los grupos de autodefensa hacía otros municipios de la entidad.
El secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, dijo que las labores de contención se realizan de manera conjunta entre el gobierno federal y estatal.
En este sentido, el funcionario estatal explicó que personal militar ha establecido retenes en los accesos a Tancítaro, para evitar que los grupos civiles marchen hacía zonas colindantes.
Afirmó la estrategia de contención la atienden personalmente el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Marco Vinicio Aguilar, y el secretario de Seguridad Pública, Alberto Vaca, quienes se encuentran en la zona.
En rueda de prensa ofrecida en Casa de Gobierno, Reyna García reconoció que a 48 horas de la toma de presidencia y comandancia municipal por parte de grupos de autodefensa, en Tancítaro priva una tensa calma.
Dijo que durante las próximas horas, las autoridades educativas determinarán si las clases se suspenden o se mantienen de manera normal.
Además, señaló que el presidente municipal y los elementos de la policía municipal se mantienen fuera del municipio, y que el armamento y patrullas están bajo resguardo de las autoridades estatales.
El funcionario afirmó que el alcalde ha manifestado su determinación de este martes presentarse en la presidencia municipal, aunque afirmó que lo hará bajo propio riesgo.
Finalmente, mencionó que los ediles de Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla se mantienen fuera de sus municipios.
Caso Nicaragua: extraditan a México a los 18 miembros de la caravana “Televisa”
MÉXICO, D.F. (apro).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua autorizó la deportación de los 18 mexicanos detenidos en ese país en agosto pasado, con 9.2 millones de dólares ocultos en seis camionetas con el logotipo de Televisa, por lo que “en cualquier momento” podrían salir del país centroamericano.
Después de rechazar por problemas “formales y de fondo” los recursos de casación que la defensa de los mexicanos presentó en octubre pasado, la CSJ “accedió a la petición que hicieron los reos para ser trasladados a cumplir su condena en México”, informó la presidenta de la CSJ, Alba Ramos.
En rueda de prensa, puntualizó que el fallo ya fue notificado a Amy García, la abogada de los falsos periodistas, quienes deberán cumplir en su país la condena impuesta (de 18 y 17 años de prisión) por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.
Alba Ramos confirmó la presencia de funcionarios del gobierno de México en Nicaragua para ejecutar la repatriación de los 18 presos, y dijo que la embajada mexicana en Managua fue notificada sobre el traslado de sus conciudadanos desde el pasado viernes 15.
Por su parte, la fiscal adjunta Ana Julia Guido, expresó que el Ministerio Público desistió de la casación presentada contra la sentencia que redujo las penas a los 18 mexicanos, “porque privó el interés superior del Estado nicaragüense”, según información publicada por El Nuevo Diario.
Guido hizo referencia a la voluntad de las instituciones nicaragüenses de sacar del país a todos los extranjeros que estén cumpliendo penas, para que las terminen de cumplir en sus países de origen.
“Hay algunos que terminarán de cumplir sus condenas en otros países, pero hay otros que ya cumplieron sus condenas y esos se podrán ir en libertad”, subrayó.
Al respecto, la presidenta de la CSJ señaló que el traslado de los mexicanos no sólo es beneficioso para ellos, en virtud de que podrán ser visitados por su familia, sino también para Nicaragua, “porque nosotros no tenemos cárceles abundantes”.
Por separado, el jefe de Relaciones Públicas del Poder Judicial de Nicaragua, Roberto Larios, puntualizó que en el caso de los falsos periodistas no se trata de una extradición, sino de un convenio entre México y Nicaragua para el cumplimiento de pena de nacionales en el extranjero.
Los 18 mexicanos, dijo, “no serían extraditados, (el traslado) sería bajo esos instrumentos, sobre la base de una resolución de la Corte que rechazaría el recurso de casación que presentaron (las defensas de los condenados) y dejará firme la sentencia”.
En enero pasado, los mexicanos –encabezados por Raquel Alatorre Correa– fueron condenados a 34 años de prisión por los delitos de transporte internacional de drogas, crimen organizado y lavado de dinero en perjuicio del Estado nicaragüense.
No obstante, el pasado 19 de septiembre la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) redujo a 18 años la pena a Alatorre y a Juan Luis Torres, principales cabecillas de la agrupación, mientras que el resto de los mexicanos compurgarán 17 años por el delito de transporte internacional de estupefacientes.
El pasado 3 de octubre, Larios explicó en rueda de prensa que los magistrados “tomaron en cuenta argumentos presentados por los abogados defensores, como el hecho de que (los mexicanos) no tenían antecedentes en nuestro país ni había agravantes contra ellos”.
Los mexicanos fueron detenidos en agosto de 2012 en la frontera norte de Nicaragua cuando se movilizaban en seis camionetas con logotipos de Televisa, en las que luego se encontraron ocultos 9.2 millones de dólares.
Tras el juicio público en contra de los falsos periodistas, realizado en diciembre del año pasado, el juez señaló que la manera en que transportaban ocultos los millones de dólares era típica del crimen organizado.
Autodefensas pedimos cabezas de 7 líderes ‘Templarios’ en Michoacán: Mireles en MVS
Los grupos de autodefensas en Michoacán necesitamos que nos entreguen las siete cabezas de los líderes ‘Templarios’, afirma el líder comunitario José Manuel Mireles.
En entrevista con Noticias MVS primera emisión, comentó que los grupos de autodefensas seguirán avanzando en su objetivo y dio a conocer que hasta el momento hay policías comunitarias en 45 regiones de 19 municipios en la zona de Tierra Caliente.
Entre los nombres de los Templarios que mencionó Mireles están: Nazario “El Chayo” Moreno, Servando Gómez “La Tuta“, Enrique “El Tío Nicho” Plancarte, Rigoberto, “El Tena”, “El Chicano” y “El Toro”.
Mireles reveló que en la región se ha dado que algunos criminales resucitan como ha sucedido con “El Chayo” y Plancarte, e incluso dijo que hace tres meses se publicó un video donde “El tío Nicho” retó a muerte a Hipólito Mora, líder comunitario en La Ruana.
Afirmó que el gobierno ha empezado acciones positivas como el desarme total en Vista Hermosa y Briseñas pero se necesita seguir cubriendo más en el territorio michoacano porque estas personas siguen secuestrando, matando y las zonas están contaminadas por el crimen organizado.
“Muchos de los vehículos de nosotros y del Ejército que son clonados y que traen nuestros logos donde hay que tener mucho cuidado en eso… nosotros tenemos vehículos blindados que se les han quitado a ellos mismos”, dijo.
José Manuel Mireles narró que el pasado fin de semana se inició un operativo en Tancítaro, tras conocer que los criminales habían matado a dos jovencitas que secuestraron, por lo que los grupos de autodefensas de la región se concentraron en Buenavista para después tomar la alcaldía de Tancítaro.
“A las 11:00 horas, un campesino nos comenta que debemos tener cuidado porque se estaría preparando una emboscada, por lo cual se emitió la alerta roja y es cuando uno de nuestros carros fue atacado con un bombazo… yo iba en la camioneta 4 y posteriormente hirieron a dos compañeros que ya son atendidos. Cuando termino la refriega después de 1 hora 45 minutos, encontraron otros dos cadáveres y alrededor de las 2 de la tarde ya habían encontrado más cadáveres. Nos habían dicho que eran 9 cadáveres de los Templarios”, dijo.
Comentó que el Ejército estaba alrededor de Tancítaro, quienes les pidieron desarmarse, sin embargo no les dio confianza la orden y regresaron con armas en mano a la localidad de Pareo donde se les unieron 3,000 personas para hacer bloqueos.
Informó que la semana pasada fueron secuestradas cinco personas, entre ellos el hijo de un empresario de Nueva Italia y también 4 familiares suyos que fueron descuartizados y quemados.
“Luego viene el secuestro de estas muchachitas, todos los que vivimos aquí somos parte de familias, puras familias con coraje y valor para enfrentar esto… en medios locales están diciendo que fue un enfrentamiento entre policías y criminales pero la verdad es que fue un ataque contra nosotros (autodefensas)”, indicó.
El líder de autodefensas señaló que han ofrecido sus propios guías a las autoridades, ya que ellos saben dónde están y estarán “El Chayo” y “La Tuta”, sin embargo no han tenido respuesta.
Acusó que las autoridades están enterados de lo que sucede en la región desde que salen los operativos desde el DF.
Subrayó que tras la detención de un sicario en un operativo realizado por la policía comunitaria, este dijo que el mismo que ordena los operativos es quien avisa que van a buscarlos.
“A los municipios nosotros llegamos en apoyo pero las mismas comunidades son las que ponen sus propias trincheras… quieren denostar el trabajo limpio que estamos haciendo el pueblo, no estamos formando ningún cartel ni estamos financiado por uno. Nosotros estamos buscando que nos ayuden para que el estado termine con la violencia, queremos elecciones limpias”, dijo.
Señaló que han habido invitaciones de carteles para que formen parte de ellos pero no aceptaron porque cobran favores y porque no son criminales.
Video: Ve la entrevista con Dr. José Manuel Mireles, el lunes 18 de noviembre en Noticias MVS primera emisión:
Parte 2
¿Quién puede reformar la Constitución?
El Presidente pretende reformar el artículo 28 constitucional, que en su texto vigente define como áreas estratégicas al petróleo, a los demás hidrocarburos y a la electricidad, entre otras; dispone también este precepto que esos recursos importantísimos para la economía nacional y la soberanía son funciones que el Estado ejercerá de manera exclusiva. Lo que se intenta es cercenar el texto para que hidrocarburos y electricidad salgan de esta reserva y puedan ser entregados a las grandes corporaciones trasnacionales.
Su propuesta se funda en el artículo 135 de la misma carta fundamental, que faculta a un poder llamado por los tratadistas reformador de la Constitución o constituyente permanente. El precepto dice textualmente que la presente Constitución puede ser adicionada o reformada, para ello se requiere que el Congreso de la Unión, con mayoría calificada de dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.
A través del tiempo, se han hecho infinidad de reformas, alrededor de 500, hasta donde tengo entendido, a tal grado que se convirtió en un pésimo hábito para la seguridad jurídica del país, el que cada presidente llegara al inicio de su mandato con un cartapacio de reformas, con las que en su fuero interno pensaba pasar a la historia como gran legislador.
De todo ha habido: hay reformas inocuas, de carácter puramente gramatical o que ordenan mejor el texto de los preceptos; otras han sido positivas, como las que se refieren a la ampliación del catálogo de los derechos humanos; otras constituyen sólo caprichos de los poderosos o pretensión de aumentar zonas de poder o influencias. Normalmente se aprueban sin mucha discusión, porque no interesan mayormente a la gente y el debate se circunscribe al ámbito de los políticos profesionales.
La propuesta de modificar el 28 constitucional, por el contrario, ha despertado gran interés y ha motivado fuerte oposición, en la que participan personalidades destacadas del medio social, académico y político; en respuesta, los partidarios de la reforma se han opuesto a las criticas con una campaña de publicidad en la que se usa todo tipo de argumentos superficiales y aun se llegó a prometer que bajarán los costos de la electricidad y de la gasolina.
El tema está relacionado con la defensa de la soberanía nacional y un grupo de mexicanos distinguidos, con gran autoridad moral, ha dicho que aprobar esta reforma constituye traición a la patria.
Es tan importante la cuestión, que nos debemos preguntar si realmente las facultades del llamado poder reformador de la Constitución llegan a la posibilidad de cambiar cualquier texto constitucional, mutilar los preceptos y cambiar el sentido que el constituyente dio a nuestra ley máxima; se trata de saber, como dicen los especialistas, si hay algunas decisiones políticas fundamentales que sólo pueden ser modificadas por el titular último de la soberanía, que es el pueblo, y que sería un atropello y un abuso que se llevaran a cabo modificaciones a esas decisiones esenciales.
Al respecto, formulo las siguientes consideraciones: tenemos que preguntarnos en primer lugar, si dentro de los conceptos de adición o reforma podría caber la mutilación que los promotores pretenden del artículo 28; adicionar es agregar algo a un texto; reformar es cambiarlo, corregirlo, adecuarlo, con la condición de que no se altere la esencia del mismo, lo que equivaldría a derogarlo, y esto no es ni adicionarlo ni reformarlo.
En segundo lugar, tenemos que preguntarnos si se puede reformar lo que sea de la Constitución; nadie aceptaría, por ejemplo, que se cambiara la definición de que somos una república representativa por la determinación de que seamos una monarquía, en nuestros días esto sería impensable; en cambio, sería aceptable decir que pasamos de una república representativa a una representativa y además participativa. La primera reforma cambiaría la esencia de la disposición constitucional, la segunda iría en el mismo sentido de la norma. pero la ampliaría y afinaría.
Esto significa que no es lo mismo hacer cambios gramaticales o procesales que hacer cambios en la esencia de nuestra ley máxima. Por tanto, tendríamos que discutir y definir si la inclusión de petróleo y electricidad como áreas estratégicas indispensables para la defensa de nuestra soberanía recae en la primera o en la segunda de estas hipótesis. En mi opinión no es posible sin consultar al pueblo, quitarle recursos tan importantes para el futuro y bienestar del mismo.
Por último, tenemos que preguntarnos qué papel juega la ciudadanía en un cambio de la trascendencia del que tan irresponsablemente se pretende; partidos y personas destacadas, sectores muy importantes de la población, piensan que no es posible un cambio como éste sin consultar previamente al afectado, que es el pueblo.
Mario de la Cueva, en su libro Teoría de la Constitución, refiriéndose a este tema, dice que la norma debe interpretarse en concordancia con la historia y con el artículo 39 constitucional, el cual dispone que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
jusbbv@hotmail.com
Privatizador y entreguista, el plan energético presidencial: Cárdenas
Si es aprobada la reforma, es posible echarla atrás mediante una consulta ciudadana, advierte
Fustiga la actitud servil del gobierno federal ante el espionaje confeso de Estados Unidos
Enrique Méndez
La reforma energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto para permitir los contratos de utilidad compartida en extracción y generación de hidrocarburos es entreguista, privatizadora e ilegítima políticamente, al igual que la dizque educativa y la insuficiente de carácter fiscal, porque no la propuso en campaña ni los electores votaron por ella en los comicios del año pasado, expresó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
En una concentración en el Zócalo, convocada para la defensa de los hidrocarburos, el ex candidato presidencial fustigó la actitud servil de la administración federal ante el espionaje confeso de Estados Unidos, y sostuvo que no hay ninguna cifra que sustente los cuentos con que se pretende la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Llamó a los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a convencer a los legisladores de otras fuerzas políticas a no avalar la reforma para que no queden marcados de por vida por un voto de la ignominia, y los convocó a hacer todo lo posible para convencer a quienes piensan apoyar la privatización, antepongan el interés de México a cualquier presión. Que voten por México.
Medida regresiva y dañina
El ingeniero informó que se ha logrado reunir un millón 200 mil firmas –de un millón 630 mil necesarias– para exigir que se convoque a una consulta ciudadana y se pregunte a los mexicanos antes de que se adopte una medida tan regresiva y dañina.
Expuso que la iniciativa es anticonstitucional, y resaltó: el que quiere estar sometido, está sometido y se somete. El que es privatizador, quiere privatizar. El que es entreguista, quiere entregar. No podía esperarse otra cosa. No ha sido y no será de otro modo, si no actuamos para defender el patrimonio del pueblo mexicano.
El mitin se realizó con la Plaza de la Constitución llena, gracias a que delegados, diputados y senadores del PRD cumplieron la encomienda de su dirigencia de aportar una cuota de personas trasladadas, principalmente, desde las colonias de las delegaciones donde tienen influencia.
Además de Cárdenas participaron, entre otros, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien únicamente dio la bienvenida al encuentro; el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez; el presidente del sol azteca, Jesús Zambrano; el coordinador de los diputados federales, Silvano Aureoles, y legisladores de ese partido.
Cárdenas resaltó que la iniciativa presidencial se enmarca en una negación de lo revolucionario, postura que se confirma con la cancelación del desfile anual del 20 de noviembre.
Alertó que, como la intención del Ejecutivo es aprobar la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución este mismo año –es decir, a más tardar el 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones–, es necesario conocer cuáles son los riesgos de la privatización.
Entre ellos, afirmó que las empresas agotarán los yacimientos, porque sólo les interesara extraer la mayor cantidad de petróleo posible y poco les va a interesar cuidar las reservas.
Afirmó que en la falaz propaganda del gobierno sólo se hace referencia a la reforma al artículo 27, pero no se dice ni una palabra de los cambios pretendidos al 28, cuando éstos tendrán mayores consecuencias negativas para el país, porque se quitará al petróleo y la electricidad la condición de sectores estratégicos.
Además de perder esa categoría, agregó, el cambio al artículo 28 permitiría a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, adquirir los bienes de Pemex y de la CFE, empresas que serían desplazadas de manera absoluta de su principal actividad, quedarían sujetas al TLCAN y enfrentarían, al segundo siguiente de la entrada en vigor de la reforma, la competencia de compañías canadienses y estadunidenses.
Como se puede ver, la iniciativa del Ejecutivo es entreguista y privatizadora, dígase como se diga, esto no se puede ocultar.
En la exposición de motivos la iniciativa presidencial argumenta, señaló, que con sólo cambiar unas cuantas palabras de ambos artículos se elevaría la producción de petróleo y de gas hasta 3.5 millones de barriles diarios en 2025, crecería la economía, se crearían miles de empleos y bajarían los precios de la electricidad y el gas.
¡Cuentas alegres! ¡Mentiras del gobierno! Ya en 2004 se produjeron 3.5 millones de barriles y ni creció la economía ni hubo empleos ni nada que se le parezca, aseveró.
Si la reforma es aprobada por el Congreso y enviada a las legislaturas locales para su ratificación, aún es posible echarla para atrás mediante la consulta.
Requerimos más votos que los de los entreguistas y privatizadores. Votos de todos los mexicanos patriotas, de los mexicanos bien nacidos, manifestó.
A su vez, Arturo Núñez señaló que una decisión tan fundamental como la de permitir la intervención privada en Pemex no se debe tomar sólo por las dos cámaras del Congreso y el Constituyente Permanente, sino por los más de 80 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral.
Agregó que los trasnochados son quienes pretenden privatizar Pemex con el argumento de que es una empresa que ya no tiene capacidad de inversión y a la que se presenta quebrada contablemente.
Se retiran maestros de Gobernación sin fecha para inicio de diálogo
México, DF. La Secretaría de Gobernación no dio una fecha para sostener una mesa de negociación nacional con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que protestaron frente a la dependencia.
A su salida, la comisión de profesores informó que hasta mañana la SG contactará con ellos para recibir al mismo grupo y fijar una fecha posible.
Los maestros ya se retiraron de Bucareli y caminan hacia el plantón ubicado en el Monumento a la Revolución.
La comisión de mentores que ingresó a la SG fue integrada por docentes de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca.
Juan Melchor, de la sección 18 de Michoacán, indicó que en la mesa que piden entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y la SG se deberá abordar entre otros temas el “cese a la represión administrativa, laboral y jurídica” contra los integrantes de este movimiento contra la reforma educativa.
Antes, en Televisa pidieron un espacio con el propósito de fijar su postura sobre el conflicto magisterial. Sin embargo, no obtuvieron respuesta.
Denunciaron que la empresa ha “sembrado el odio contra el magisterio y ha vetado la posibilidad de que la CNTE pueda hacer uso del derecho del réplica”.
Wal Mart y su MARGEN DE GANANCIA.
Recientemente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro determinó que las empresas en su país tendrán un control en el margen de ganancia que oscilará entre un 15% y un 30%.
Para tal efecto cuentan con una Ley de Costos, Precios, Ganancias y una Fiscalía Especial que se hace respetar a través de auditorías para lograr precios justos en todos los productos evitando especulaciones, retiquetado, y publicidad engañosa.
En Venezuela el salario mínimo es de $ 6.130.- M.N. teniendo 3 aumentos anuales para no rezagarse con el costo de la vida.
Con ésta práctica las cadenas más grandes comercialmente en Venezuela, han bajado el precio del juguete en un 70%; todos los electrodomésticos han bajado más de un 50%.
Estas acciones han sido aceptadas por el 80% de los venezolanos, no permitiendo abusos en el aspecto comercial.
La libertad económica es para proteger la economía del venezolano no para especular y estafar al pueblo.
El Estado debe proteger a toda la población.
Estudios realizados en Estados Unidos, Japón, China, y la Unión Europea sobre la ganancia del capital de cualquier actividad económica está regulada. En la nación norteamericana el margen de ganancia oscila entre 10% y 15%, en Japón y la Unión Europea entre 10% y 20%, en China está regulada entre el 15% y 32%.
Agregó que el estudio también se realizó en Chile, donde la tasa de ganancia se ubica en 20.9% y en Argentina en 28.1%.
Si hablamos de Wal Mart encontramos muchos productos con un margen de utilidad aquí en México que oscila entre un 100% hasta un 300% como (ropa interior para dama y caballero que es el producto que más vende a nivel mundial en sus 11 mil 500 tiendas en el mundo), calcetines, vestidos, pantalones, chamarras, donde fabrican estos productos en China, Bangladesh, Camboya, Laos, San Pedro Sula en Honduras para todas sus tiendas y que se podría investigar en lugares donde lo están fabricando y conocer la factura original.
Si anexamos todos los productos asiáticos que se venden en esas tiendas encontramos igualmente una ganancia de un 100% a un 300% por producto en promedio.
Caso práctico real: Wal Mart Stores Inc. (Wal Mart Estados Unidos) compra en cualquier de los países mencionados anteriormente un juego de calcetines en tres pesos; a su vez Wal Mart Estados Unidos le vende a Wal Mart México el mismo par de calcetines en 15 pesos; y Wal Mart México le vende a sus clientes ese mismo par en 40 pesos.
¿Y nuestras autoridades, apá?
No es posible aceptar en México que las amas de casa a nivel nacional encuentren siempre aumentos en los precios cada semana en diferentes productos, cuando el salario mínimo en México es de $ 64.76 diario, dando una cantidad mensual de $1.942.80 en el 2013 que corresponde a un aumento anual de 3.9% con una inflación real mayor al 4%; en conclusión una pérdida real de 69.36% con relación al poder adquisitivo del año de 1970 o sea la canasta básica es dos terceras partes más cara actualmente que en el año 1970, comprendiendo mejor lo que se compraba en esa fecha ahora se pierde un 69.36%.
Los precios justos deben ser para el bienestar humano.
Frente Nacional contra Wal Mart.
Dr. Enrique Bonilla Rodríguez.
Fundador y coordinador.
frentenacionalac@yahoo.com.
( agradezco reenviar ).
GUERRERO: Exige el Cecop explicación de las obras que Conagua realiza en el río Papagayo
El organismo compró conciencias para meter su maquinaria, acusa Marco Antonio Suástegui
HÉCTOR BRISEÑO
Campesinos, comuneros y ejidatarios de los Bienes Comunales de Cacahuatepec anunciaron que continuarán detenidos los trabajos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) efectúa en el río Papagayo, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir la presa La Parota, hasta que autoridades de la dependencia federal expliquen a todos los habitantes cuál es el proyecto que están llevando a cabo en la zona.
El viernes pasado, habitantes de Cacahuatepec detuvieron las máquinas contratadas por la Conagua supuestamente para el desazolve y encauzamiento del río Pagagayo.
En asamblea efectuada en Aguacaliente, en la zona rural del municipio, a la que acudieron unas 300 personas, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, señaló que la Conagua “compró conciencias y autoridades” de Aguacaliente para lograr meter su maquinaria al río, con la justificación de efectuar trabajos de encauzamiento tras los estragos provocados por la tormenta Manuel a mediados de septiembre pasado.
Suástegui Muñoz manifestó que “tenemos conocimiento que 30 personas de Aguacaliente firmaron un documento para permitir el ingreso de las máquinas a cambio de tres rollos de alambre y trabajo como barrenderos”.
Enfatizó que “es muy rara la presencia de maquinaria pesada para hacer una simple obra; queremos saber quién les dio permiso y que nos den garantías”.
Asistentes al encuentro exclamaron que los estragos provocados por la tormenta Manuel no fueron provocados por el río, sino por el mal manejo de la presa hidroeléctrica de La Venta, ubicada a altura del poblado de Venta Vieja, por lo que no es necesario encauzar el cuerpo de agua sino desmantelar la presa de La Venta.
Criticaron además la falta de apoyo de los tres niveles de gobierno para la reconstrucción de las comunidades y sembradíos afectados por las lluvias de septiembre, donde al menos 200 viviendas necesitan ser reconstruidas.
“Desmentimos al gobierno estatal, la zona rural de Acapulco no está de pie, se perdieron casas, cosechas, ganado, y no han venido a ayudar más que únicamente organizaciones no gubernamentales”, recalcó Suástegui Muñoz.
Ante la imposibilidad de entrevistarse con el alcalde Luis Walton Aburto, los comuneros acordaron convocar a una mesa de diálogo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el próximo 24 de noviembre en Aguacaliente a las 12 horas, a la que invitaron también a directivos de Conagua.
GUERRERO: Deudos de la guerra sucia presentan su propuesta de reparación de daños
Atoyac, 17 de noviembre. Miembros del Comité Auténtico Representativo de Familiares de Desaparecidos, Víctimas y Ofendidos de la Guerra Sucia presentaron su propuesta de Programa de Reparación del Daño, con el que sugieren al gobierno federal la manera de atender sus demandas en cuanto a salud, vivienda, proyectos productivos, educación y servicios públicos.
En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Casa del Abuelo en esta ciudad, a la que asistieron unos 40 integrantes del Comité, el presidente de la organización, Enrique Acosta Gómez, manifestó que el documento, que fue consensuado por los 150 miembros, busca que el gobierno federal destine una partida del presupuesto de 2014 a la reparación del daño a los familiares de quienes fueron detenidos y desaparecidos en Atoyac durante la década de los años 70.
La propuesta, explicó, contiene siete puntos, en los cuales los afectados exponen sus propuestas de apoyo económico a cada integrante de las familias, atención médica y medicamentos, mejoramiento de sus viviendas, apoyo a los que son productores agrícolas, pensiones vitalicias a quienes sufren alguna enfermedad que los mantiene incapacitados para trabajar, e ingreso a los programas federales como Procampo u Oportunidades.
Acosta Gómez indicó que en el Comité –el cual, aclaró, es apolítico y ajeno a cualquier religión– hay personas con problemas de salud contraídos durante las campañas que emprendieron para buscar a sus seres queridos, como cáncer, artritis, diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares que se desarrollaron, dijo, por el estrés y la angustia que vivieron en aquellos años.
El documento, agregó, también contiene propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, como rastreo de caminos rurales, la construcción de espacios deportivos, centros de salud, escuelas y universidades, y los servicios públicos, como drenaje, agua potable y alumbrado público.
Apuntó que buscarán la ayuda de los diputados locales y federales, sea cual sea su partido político, para que en el presupuesto de 2014 se destine una partida para los miembros de esa organización.
Todas estas propuestas, abundó, son parte del plan que el Comité impulsa como la manera de que el Estado pague por los daños a las familias que por más de 39 años han vivido sin sus seres queridos, que en muchos casos, añadió, eran su sostén, y al no estar las dejaron en la indefensión en sus pueblos de origen.
GUERRERO: Centro Pro: indignante, que no se resuelvan asesinatos de activistas
Pide aclarar los casos Raúl Lucas, Manuel Ponce, Arturo Hernández, Eva Alarcón, Marcial Bautista...
Los gobiernos locales no hacen nada al respecto, y parece que avalan los atentados, critica el activista
HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)
Zihuatanejo, 17 de noviembre. El presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín Farrera, dijo que es indignante que los asesinatos de líderes en Guerrero no sean esclarecidos, y condenó la ejecución de Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez ayer en el centro de Atoyac.
Entrevistado por teléfono, Marroquín Farrera señaló que los asesinatos de líderes no investigan y, por tanto, no se puede decir que hay resultados.
Recordó, que aún faltan por esclarecer los casos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Mixtecos (OPIM); igual que el crimen de Arturo Hernández Cardona y sus compañeros de la Unidad Popular de Iguala (UPI); la desaparición de los Ecologistas de Petatlán Eva Alarcón y Marcial Bautista; así como el encarcelamiento de Gonzalo Molina y Nestora Salgado, líderes de la Crac.
“Es un llamado de atención tanto al gobierno del estado como al gobierno federal, que parece no estar interesado en resolver estos delitos”, dijo.
“Yo creo que Guerrero ha tenido, desafortunadamente, mucha desatención, pero también es una situación que se vive como en otras regiones, como en Chihuahua y otros estados, donde hay agresiones a los defensores de derechos humanos, y lo indignante es que los gobiernos locales no hacen nada y parece que se avalan” los asesinatos, sostuvo.
El activista enfatizó que cuando los gobernantes hablan de los luchadores sociales “es para desacreditarlos”, y la misma situación se vive en estados como Chiapas y el Distrito Federal.
Explicó que se observa una política por la que “se está tratando de inhibir cualquier forma de protesta, de cerrar los espacios”.
Ejemplificó que en el Distrito Federal se concentran las protestas del país, pero el Estado deja menos espacio para que exijan sus derechos los ciudadanos, y el gobierno llega a considerar como rivales a los defensores de derechos humanos.
“A un año de este gobierno, no hay espacios mayores; lo que vemos es que se reducen estos espacios, y lo mismo pasa en las instituciones públicas”, dijo.
Marroquín Farrera subrayó que los asesinatos selectivos de líderes sociales “no significan que se acabe la protesta social; al contrario, y mientras no se resuelva queda impune”.
Por último, el defensor dijo que “exigimos que se aclaren estas situaciones –los asesinatos– y haya una participación más activa del gobierno estatal y federal”.
Oficio de Papel
Sobreejercicio y desvío en publicidad
Carlos Olmos acusa a Sota y Cortázar
En las últimas semanas, el exjefe de prensa en la Secretaría de Salud y exvocero del Senado de la República, Carlos Olmos Tmasini, se reunió con funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto con el propósito de aligerar su proceso por faltas administrativas que podrían convertirse hasta en delitos penales.El exfuncionario ha tratado por todos los medios que la Secretaría de la Función Pública no ejerza sus facultades para sancionarlo económicamente, inhabilitarlo y acusarlo penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por supuestas irregularidades en las que incurrió cuando se desempeñaba como titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.
El cabildeo para pactar su impunidad se intensificó después de que, a inicios de noviembre pasado, el senador priísta Raúl Cervantes Andrade ordenó su relevo del cargo como titular de Comunicación Social de la Cámara de Senadores para evitar mantener en esa importante labor a un funcionario acusado de tráfico de influencias, abuso de confianza y mal manejo de recursos públicos. Y es que su salida se debió justo a los problemas que Olmos Tomasini podría enfrentar por el supuesto fraude cometido y que supera los 700 millones de pesos.
Según los expedientes que obran en la oficina de Julián Olivas Ugalde, encargado del despacho anticorrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, Olmos contrató de forma irregular y sin licitación a más de 300 medios de comunicación entre 2010 y 2012. Como lo ha informado esta columna desde abril pasado, las auditorías oficiales revelan que el perjuicio para las finanzas públicas ya acreditado asciende a 797 millones 150 mil 408 pesos, correspondientes a sobreejercicios en esos tres años.
De acuerdo con el amplio expediente acumulado en la Función Pública, se han documentado otras anomalías atribuidas a Olmos Tomasini: la auditoría 005/13 descubrió que “no se acreditó ni se sustentó la justificación y el dictamen para la adjudicación directa de los contratos para la prestación de servicios de difusión en medios complementarios de las campañas Adicciones Versión Alcohol y Fomento a una Nueva Cultura de Salud Versión Mortalidad Materna 2010”.
Aunado a ello, determinó el “incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos de medios complementarios” relacionados con ambas campañas. A decir de la Función Pública, Olmos Tomasini no acreditó la urgencia por la cual asignó decenas de contratos sin licitaciones de por medio.
Sin embargo, todo parece indicar que las reuniones entre Olmos Tomasini y distintos representantes del gobierno federal le han dado resultado al exservidor público, pues no obstante que en su reporte final de auditoría la Función Pública determinó su responsabilidad en las adjudicaciones directas de los contratos, Olmos Tomasini no ha sido llamado a cuentas y sus expedientes, concluidos desde julio pasado, empiezan a empolvarse y “olvidarse”.
En esos archivos consta que los auditores documentaron plenamente la responsabilidad del exvocero del Senado, pues fue éste quien autorizó por puño y letra las contrataciones de más de 300 medios de comunicación fuera del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.
Así, en los documentos se incluyen oficios firmados por Olmos Tomasini que posibilitaron la contratación directa y masiva –que constituyó el sobreejercicio presupuestario– de los medios al cierre de 2010.
“Con fechas 1 de septiembre y 4 de noviembre de 2010, Carlos Olmos Tomasini, director general de Comunicación Social, emitió los documentos denominados ‘Justificación y dictamen para la excepción de licitación pública, conforme a la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para contratar mediante adjudicación directa los servicios de producción, difusión en televisión, radio, medios complementarios y evaluación cuantitativa de medios de campaña, solicitados por la Dirección General de Comunicación Social’”, señala la auditoría.
La firma de esos documentos y los sobreejercicios ya documentados por los auditores no son los únicos motivos de preocupación para Olmos. Durante su gestión en la Secretaría de Salud se ejercieron de forma discrecional más de 5 mil millones de pesos en campañas de publicidad. Varios de esos millones fueron a parar a empresas fantasma y a personas físicas supuestamente ligadas a él. Aquí también investiga la Función Pública los señalamientos del cobro de comisiones que en algunos casos podría haber alcanzado hasta el 50 por ciento del monto pagado.
Sobre este tema, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya investiga –por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT)– la creación y operación de ocho empresas y prestadores de servicios contratados por la Coordinación General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, de los cuales hasta ahora no se han encontrado indicios de existencia real, lo que sognificaría que esas empresas de papel fueron constituidas por funcionarios para apoderarse del presupuesto público destinado al pago de publicidad gubernamental.
Las ocho contrataciones para “difundir” campañas publicitarias datan del ejercicio de 2010, cuando el panista José Ángel Córdova Villalobos se desempeñaba como titular de la dependencia y Olmos Tomasini, de la Coordinación de Comunicación Social; sin embargo, las autoridades no descartan que se extiendan a otros años, por lo cual mantienen abiertas las líneas de investigación.
La indagatoria ha acreditado que los contratos involucran al menos 4 millones 149.9 mil pesos del erario de Salud, dependencia que destinó 5 mil 285 millones en 6 años a campañas publicitarias por órdenes de Alejandra Sota, entonces vocera de la Presidencia de la República, según la versión que Carlos Olmos dio al semanario Contralínea. En la Función Pública consideran llamar a cuentas a la exvocera de Calderón y el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investigan las cuentas y propiedades de Sota y Olmos, con el fin de determinar si durante los seis años de gobierno de Calderón se enriquecieron ilícitamente.
En abril pasado y cuando aún era vocero del Senado de la República, Olmos Tomasini aseguró que las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a [la Secretaría de] Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”, dijo Olmos para que el gobierno de Peña Nieto también investigue a sus exjefes Sota y Cortázar y no como siempre sucede que el hilo se rompe por lo más delgado.
Los contratos
En la lista de las ocho empresas y prestadores de servicios investigados por el SAT se encuentra El Despertador, SA de CV; Crealo Producciones, SA de CV; Especialistas en Imagen Pública, SA de CV; XYZ Ediciones Publicitarias, SA de CV; Análisis y Comunicación Integral, Asesores en Prensa, Relaciones Públicas y Publicidad, SA de CV; Celia García González; Claudia Patricia Ching Pérez y Humberto Cervantes Bravo.
La documentación –a la que se tuvo acceso– da cuenta de que fueron los auditores de la Función Pública adscritos a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública quienes los denunciaron. Y es que, tras visitar 22 empresas y particulares que obtuvieron contratos directos supuestamente irregulares de la Secretaría de Salud, descubrieron que esos ocho no tenían relación con sus domicilios fiscales y, en la mayoría de casos, nadie los conocía.
Más aún, dos de esas empresas cuentan con el mismo representante legal: José Félix Sánchez Navarro. Según las investigaciones oficiales, se trata de Especialistas en Imagen Pública y de XYZ Ediciones Publicitarias, que en conjunto cobraron 1 millón 300 mil pesos del presupuesto público. La primera, con domicilio fiscal en Luz Saviñón 13, despacho 701, colonia Del Valle; la segunda, en calle Albert 27, casa 3, colonia Albert, delegación Benito Juárez.
Según los auditores, la sede de Especialistas en Imagen Pública se encuentra deshabitada. La información fue corroborada por Gabriel Carrasco, encargado de la vigilancia del edificio, quien les informó que éste fue desocupado desde hacía poco más de 1 año. La empresa en cuestión celebró el contrato 367-DGCS-2010 con la Secretaría de Salud, por 400 mil pesos.
La segunda compañía, XYZ Ediciones Publicitarias, se adjudicó dos contratos (363-DGCS-2010 y 438-DGCS-2010) por 900 mil pesos, a pesar de que en su domicilio fiscal tampoco reside nadie, de acuerdo con los reportes de los contralores de la Función Pública.
Otro caso similar es el de la empresa El Despertador, supuestamente ubicada en Avenida México número 49, colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc. Con ésta, Salud firmó los contratos 380-DGCS-2010 y 444-DGCS-2010, por un total de 800 mil pesos. Sin embargo, cuando los auditores visitaron el lugar sólo localizaron la empresa Pet Central. Según los archivos de la Función Pública, la licenciada Blanca Viridiana Covarrubias Morelos, directora general de dicha firma, manifestó que El Despertador, SA de CV, no se encuentra ubicado en ese domicilio y que el ciudadano Óscar Vicente González González, representante del mismo, nunca ha trabajado en Pet Central.
La visita al domicilio de Crealo Producciones –calle Juan Sánchez Azcona 1603, interior 303, colonia del Valle, delegación Benito Juárez– tampoco fue exitosa, pues nadie respondió a los llamados de los contralores. La empresa, representada por María de Jesús Estela Livera Corona, signó con la Secretaría de Salud los contratos 325-DGCS-2010 y 446-DGCS-2010, por 400 mil pesos.
Análisis y Comunicación Integral, Asesores en Prensa, Relaciones Públicas y Publicidad, representada por Víctor Daniel Sánchez Baños, obtuvo el contrato 336-DGCS-2010, por 200 mil pesos. Sin embargo, su domicilio –avenida Baja California 333, colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc– fue reportado como inexistente. Asimismo, en la dirección manifestada en la cédula de identificación fiscal –Circuito Economistas 105, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México– “se encuentra una tienda de disfraces”. El encargado de ésta manifestó a los auditores no conocer a Sánchez Baños ni haber oído de la empresa.
Respecto de los prestadores de servicios, Humberto Cervantes Bravo fue quien celebró los contratos más redituables: 316-DGCS-2010 y 437-DGCS-2010, por 1 millón de pesos. Sin embargo, los auditores no lo localizaron en su domicilio: Manuel Ávila Camacho 48, lote 20, colonia Lázaro Cárdenas, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Por este motivo, “nos comunicamos con él vía telefónica y nos informó que se encontraba fuera de la ciudad hasta el lunes 17 de junio de 2013, por lo que se dejó citatorio en su buzón. El viernes 14 de junio de 2013 se comunicó con nosotros Flor Quesada, mencionando que sería el enlace de Humberto Cervantes Bravo, ya que posiblemente él estaría fuera de la ciudad más tiempo del programado, y toda vez que fueron posponiendo la cita hasta el 25 de junio, y que Cervantes Bravo, quien firmó los contratos referidos, no podría presentarse a desahogar la diligencia, no fue posible realizarla”.
Los representantes de la Secretaría de la Función Pública también descubrieron que el domicilio fiscal –Georgia 52, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez– de Celia García González (contrato 326-DGCS-2010, por 300 mil pesos) corresponde al despacho contable Eljure Consultores, SC. El licenciado Eljure López Raxid, dueño de éste, informó que “dicha persona nunca ha trabajado en esa empresa y que la conoce de vista por ser suegra de Adriana Elizabeth Arellano Embriz, quien fue su empleada en ese despacho, de 2007 a mediados de 2011”.
En el caso de Claudia Patricia Ching Pérez, desde hace años el domicilio fiscal –Revillagigedo 95, edificio G, departamento 1, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc– se utiliza como bodega. No obstante, dicha prestadora de servicios celebró con Salud el contrato 326-DGCS-2010, por 149 mil 999 pesos.
Las ocho personas morales y físicas referidas formaron parte de una muestra de 22. El universo total de la auditoría 005/13 a la Secretaría de Salud fue de 329 contratos, en los cuales se incurrió en sobregiro presupuestal durante el ejercicio 2010 por 480 millones 171 mil pesos.
Como lo informó esta columna desde abril pasado, la Función Pública también documentó otro sobregiro presupuestal en el ejercicio de 2012, relacionado con el gasto en la publicidad de la Secretaría de Salud: 316 millones 979 mil 408 pesos vinculados a 260 contrataciones fuera del presupuesto, que aún no se liquidan a los medios de comunicación.
Las irregularidades que indagan tanto la Secretaría de la Función Pública como la de Hacienda y Crédito Público se centran en el gasto de las campañas publicitarias para los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Tan sólo en ese trienio, Salud –encabezada entonces por José Ángel Córdova y Salomón Chertorivski– gastó 4 mil 605 millones 802 mil pesos en publicidad oficial, revela la Secretaría de Gobernación en la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0000400091513.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
Palabras del Pueblo Creyente en peregrinación por familias desplazadas de ejido Puebla
Chenalhó, Chiapas a 14 de noviembre de 2013
A los Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales
A las Organizaciones Civiles Nacionales e Internacionales
A los Creyentes de Buena Voluntad de la Iglesia Católica y de otras Iglesias Cristianas
Hermanos y Hermanas:
Hoy es un día muy especial para denunciar al público nuestra situación como Iglesia Católica de esta parroquia de Chenalhó, Chiapas. El día de hoy realizamos una peregrinación desde Yabteclum hasta la Tierra Sagrada de Acteal donde todavía se encuentran desplazados cerca de 100 hermanos y hermanas nuestros, hombres, mujeres y niños de la Colonia Puebla. En esta peregrinación los católicos de San Pedro Chenalhó estamos recibiendo el apoyo solidario de las demás parroquias del equipo tzotzil de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. A ellas y a todos los que nos han dado su apoyo solidario les damos las gracias de todo corazón.
Saben bien que ya habíamos hecho muchas denuncias públicas y peregrinaciones para pedir la solución para el ejido Puebla de este municipio donde han sufrido agresiones los creyentes de la Iglesia Católica, pero no solo ellos, también han sido agredidas 2 familias de la Iglesia Bautista, nada más porque no han estado de acuerdo con los ataques que hicieron contra la Iglesia Católica las personas encabezadas por el comisariado Agustín Cruz Gómez, pastor de la Iglesia presbiteriana, junto con las otras autoridades en ese ejido, como el Agente Rural Lorenzo Gutiérrez Gómez, el Patronato de Obra Javier Cruz López, el Consejo de Vigilancia Juan López Arias pastor del Séptimo Día, el Comité de Luz Lorenzo López Méndez. Todos ellos son los que han organizado la serie de agresiones que comenzaron el 29 de abril con el despojo del predio de la Iglesia Católica y que han seguido con:
1) La destrucción de los muros de la nueva iglesia, junto con el material de construcción que destruyeron y robaron y siguen robando como son las láminas y maderas de la antigua iglesia y de las dos casas que quemaron.
2) La acusación mentirosa contra los católicos que, según ellos habían envenenado el tanque de agua de la comunidad.
3) La violencia contra 3 personas (dos católicas y un bautista) a quienes golpearon, amenazaron de matar y que después fueron detenidas tres días en los separos de la Procuraduría Indígena de San Cristóbal.
4) El secuestro con amenazas de muerte contra nuestro párroco Manuel Pérez Gómez a quien tuvieron encerrado más de 5 horas en una letrina.
5) Las amenazas constantes contra los católicos que los obligaron a salir desplazados de su comunidad el 23 de agosto.
Estas son solamente algunas de las agresiones que hemos sufrido porque no estamos contando todas. Y todo este tiempo que han durado las agresiones contra nosotros, las autoridades de los 3 niveles, municipal, estatal y federal no han hecho nada para detenerlas. Cuando ha habido una agresión las autoridades llaman al grupo de Agustín Cruz Gómez a firmar un pacto dizque de no agresión que ellos no respetan y entonces les piden las autoridades que firmen otro papel y así nada más hacen. La última vez, el 23 de agosto, día en que nuestros hermanos y hermanas tuvieron que salir desplazados en la madrugada, a medio día firmaron otro papel y el secretario de gobierno de Chiapas Oscar Eduardo Ramírez les dijo que ahora sí, si no respetaban su palabra les iba a aplicar todo el rigor de la ley. Pero después de esa firma, la gente del Comisariado han seguido rompiendo la ley y el secretario de gobierno no ha cumplido su palabra pues no les ha hecho nada. Después de esa firma que no sirvió para nada, así como todas las demás, regresaron a seguir desbaratando los muros de la nueva iglesia, y hasta la fecha siguen robando el material de construcción que quedaba en el predio, metiendo ahí sus caballos, maltratando el salón de catequesis y robando en las casas de los desplazados. Seguramente el gobierno lo único que va a hacer es pedirles que firmen otro papel y volver a decir que ahora sí, tienen que respetarlo.
Pero las autoridades de los tres niveles no solo han estado cruzadas de brazos mientras se violan nuestros derechos sino que en realidad han estado ayudando a los violadores. Acabamos de enterarnos que en la última asamblea del ejido en Puebla informaron sus autoridades que han gastado $115 mil pesos en su movimiento, entre el pago de un licenciado y las movilizaciones que hicieron a San Cristóbal y a la ciudad de México. ¿De dónde ha salido todo este dinero? Nosotros somos testigos de que, por lo menos una parte, se las ha dado el mismo gobierno, pues cuando secuestraron al Padre Manuel escuchamos a las autoridades que le habían dado $20 mil pesos al grupo de Agustín además de refrescos para toda su gente dizque para calmarlos.
Pero las autoridades no se quieren dar cuenta de que al darles dinero nada más hacen que el problema siga y de hecho se ponga peor. Cuando hemos ido a hablar con autoridades estatales y federales sobre el problema de Puebla lo único que hacen es ofrecer dinero disfrazado de apoyos y proyectos comunitarios. Nosotros les hemos dicho muchas veces que no queremos dinero ni estamos pidiendo ningún apoyo, que lo único que queremos es justicia y las autoridades nos contestan que van a construir una escuela, o que van a comprar otro terreno o que van a dar proyectos productivos. ¿Será que no entienden la palabra JUSTICIA?
Pues bien, a ellos les decimos las palabras del profeta Amós:
“¡Ay de ustedes que transforman las leyes en algo tan amargo como el ajenjo y tiran por el suelo la justicia! Ustedes odian al que defiende lo justo ante el tribunal y aborrecen al que dice la verdad. Pues bien, ya que ustedes han pisoteado al pobre quitándole su cosecha, esas casas de piedras bonitas que edifican no las van a ocupar, ni probarán el vino de esas cepas escogidas que ahora plantan. Porque yo sé que son muchos sus crímenes y enormes sus pecados, opresores de gente buena que hacen perder el juicio al pobre en los tribunales” (Amós 5, 10-12).
Y al Comisariado del ejido Puebla y todos sus aliados que se dicen pastores y conocedores de la palabra de Dios, les recordamos estas palabras que tal vez no han leído en sus Biblias:
“A ustedes les gusta un terreno y se lo roban, les gusta una casa y la toman. Ustedes se apoderan de una casa y de su dueño, de un hombre y de su propiedad. Por eso dice el Señor, yo también tramo el mal contra esa gente, les llegará una desgracia tan grande que no podrán quitársela ni podrán caminar con la frente alta” (Miqueas, 2, 2-3).
En otra cosa están de acuerdo las gentes de Agustín Cruz Gómez y las autoridades de los tres niveles: no quieren que hagamos comunicados ni peregrinaciones, nos dicen:
“No gastes tu saliva, dicen ellos, en anunciar estas cosas, pues nada malo nos pasará” (Miqueas 2, 6).
Pero nosotros ya volvimos a salir en peregrinación y volvemos a decir nuestra palabra porque no descansaremos ni callaremos hasta alcanzar la justicia. Exigimos a las autoridades federal, estatal y municipal que reconozcan nuestro derecho de posesión y de reconstruir nuestra ermita. Y nuestra palabra a las autoridades de todos los niveles es la misma que la palabra del profeta Amós:
“Odien el mal y hagan el bien. Hagan justicia a los pobres en los tribunales y quizá así el Señor se apiadará de ustedes” (Amós 5, 15).
Por el Consejo Parroquial de San Pedro Chenalhó:
Pedro Jiménez Arias
Presidente
Victorio Pérez Pérez
Marcela Arias Santiz
Miguel Pérez Santiz
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