Desde que arribaron al gobierno federal en 2000, los panistas, encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, se dedicaron a desmantelar y minimizar la banca de desarrollo en beneficio de la banca comercial. Hoy, el Ejecutivo federal busca crear una sola banca de desarrollo “empresarial” con la fusión del Bancomext y Nafin. El proyecto, aplazado en el último periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura, volverá a la mesa en los próximos meses
En busca de una “banca de desarrollo empresarial”, Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa para que se reforme la Ley Orgánica de Nacional Financiera (Nafin), con el objetivo de que ésta realice las funciones que venía desempeñando el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
Alicia Girón dice que la banca de desarrollo fue el pilar del proyecto de industrialización y del crecimiento económico durante todo el periodo de estabilización, desde finales de la década de 1950 y hasta la de 1970.
Agrega que todavía en la década de 1980 la banca tenía una función primordial.
Además, la banca de desarrollo en México fue anfitriona de gran parte de los préstamos que otorgaba el Banco Mundial, y posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar las grandes obras de infraestructura.
Sin embargo, explica, a partir de 1982 privó la idea de que era necesario desregular la banca comercial para hacerla competitiva y fomentar el interés en invertir; la respuesta fue distinta a la esperada.
Sobre las ideas de hacer “rentable” a la banca de desarrollo, la economista ataja: “Nunca ha sido rentable”. Este tipo de banca no trabaja en función de tener rentabilidad como la banca comercial.
Foxismo debilita banca de desarrollo
De acuerdo con una auditoría realizada en 2006 por la Auditoría Superior de la Federación, entre 2002 y 2005 los activos de la banca de desarrollo se depreciaron en 234 mil 500 millones de pesos, en particular los del Bancomext, Nafin y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). La cartera vigente decreció en 197 mil 723 millones de pesos y la cartera vencida se incrementó.
La ASF determinó que entre 2003 y 2005 la cartera vigente de la banca de desarrollo disminuyó en 13 por ciento.
Un tercio de la cartera de la banca se canalizó a clientes que también eran apoyados por la banca comercial, incumpliendo así con su objeto según sus leyes orgánicas. Además, la mayoría de los empréstitos fueron otorgados a corto plazo. El Distrito Federal obtuvo casi el 50 por ciento de los créditos de Banobras y Bancomext, y el 40 por ciento de Nafin.
El 22 de marzo de 2007, Cleominio Zoreda Novelo, senador priista, expuso ante sus pares la necesidad de que el gobierno federal confirmara una posible fusión entre Nafin y Bancomext. El legislador argumentó que el comercio exterior venía experimentando altas tasas de crecimiento, en gran medida por la constante renovación de los programas de apoyo que realizó el banco.
Sin embargo, dijo, en la administración de Vicente Fox se tomó la decisión de desmantelar operativamente al Bancomext y sustituirlo paulatinamente por un conjunto desorganizado de acciones de promoción de exportaciones.
No es casual que entre 1990 y 1995 se tuviese un incremento de 96 por ciento en el comercio exterior; entre 1996 y 2000 fue de 125 por ciento, y de 2001 a 2005 el ritmo disminuyó para registrar un incremento de tan solo 27 por ciento.
El 13 de junio de 2007, Felipe Calderón decretó la constitución de Pro México, un fideicomiso público considerado entidad paraestatal. En el artículo cuarto transitorio se ordenó al Bancomext transmitir al fideicomiso la totalidad de recursos materiales y tecnológicos con que cuente, para realizar sus funciones de promoción al comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera directa, además de transferirle los recursos humanos correspondientes.
Sin embargo, el 29 de febrero de 2009, Calderón publicó un nuevo decreto mediante el cual modifica el citado artículo, precisando la transferencia de los bienes muebles y la localización de los bienes inmuebles que Bancomext deberá transferir.
Además, ya no se refiere al personal de banco.
El 27 de junio de 2007, Alejandro Chanona Burguete, senador de Convergencia, propuso un punto de acuerdo para conocer las razones por las cuales el titular del Ejecutivo constituyó esa entidad pública a través de un decreto que modifica, en los hechos, la Ley Orgánica del Bancomext sin intervención del Congreso.
Chanona sostiene que Pro México se asemeja al Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que fracasó y se extinguió hace 24 años, y cuyos recursos fueron absorbidos por el Bancomext para facilitar las labores promocionales y financieras. Además, se eligió la figura de un fideicomiso, cuando una de las más recientes experiencias sobre el Fideicomiso Aduanas I mostró la amplitud con la que tales entidades pueden corromperse en detrimento del país.
Alfredo Castro Escudero considera que Pro México fue un fracaso, el cual se advirtió. “Nació mal enfocado y dirigido por gente que no sabe de comercio exterior. Hay nombramientos fuera de lugar, toreros en oficinas en Sudamérica: Carlos Manuel Edgar Perucho, en Colombia, y Pedro Luis Martín Pinsón Correa, en Brasil.
Pagaron favores políticos. Llevaron a un chamán a la oficina de Puebla para ver si así mejoraban las cosas. Puede ser anecdótico, pero encierra un desconocimiento total de la materia”.
El líder sindical sostiene que Pro México costó un ojo de la cara a los mexicanos.
En menos de un año gastaron más de 1 mil millones de pesos; el costo beneficio no es proporcional, pues no captaron la inversión prometida.
La promesa
El 14 de febrero de 2009, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo pública su plataforma electoral federal 2009-2012: “Nueva vía mexicana para el desarrollo”. En ella, los priistas reconocen que la banca de desarrollo hizo importantes contribuciones al desarrollo nacional; sin embargo, desde hace años está siendo sometida a un proceso de desmantelamiento.
Además, a las principales instituciones financieras del Estado les fueron mermadas funciones como el acceso al financiamiento en primer piso, con objeto de que sólo operen como fuente de fondeo de la banca comercial o que sirvan para dar garantías a esas mismas instituciones.
Los priistas reconocen la intención de extinguir al Bancomext. Ante ello, la plataforma electoral tricolor propone revitalizar las actividades de la banca de desarrollo, particularmente para que pueda operar en primer piso, concediendo créditos en forma directa a los agentes económicos que no pueden acceder al financiamiento de la banca comercial por las restricciones de las matrices y por sus tendencias de privilegiar el crédito al consumo.
Además, cambiar la política de debilitamiento de la banca de desarrollo puesta en práctica, desde hace años, por el gobierno. El objetivo es convertirla en uno de los instrumentos más importantes para paliar la crisis financiera, para lo cual es indispensable que aumente sus programas de crédito a la producción, flexibilice sus formas de operación y se le permita que áreas esenciales operen como banca de primer piso.
Punto de acuerdo
El 26 de marzo de 2009, María de los Ángeles Moreno y Carlos Lozano, senadores del PRI, presentaron un punto de acuerdo donde exponían: “Conviene recordar que nuestro país fue uno de los iniciadores de la banca de desarrollo en el mundo.
Con ello contribuimos a constituir el instrumento más asequible y poderoso en el corto plazo, para inducir el crecimiento económico con equidad a través de la inversión”.
En el documento se señala que en el país se desmantelaron los mecanis mos de financiamiento de inversiones estratégicas y se desvirtuó en sus funciones. Asimismo, que se le canceló su función de banca de primer piso. “El desmantelamiento llegó al extremo de transferir las funciones y recursos para la promoción de comercio exterior del Bancomext al fideicomiso Pro México”.
Moreno y Lozano califican como despropósito que la Secretaría de Economía ejerza funciones de banco de fomento. La banca de desarrollo requiere una transformación legal e institucional de fondo que le permita volver a apuntalar la expansión del aparato productivo nacional e impulsar el crecimiento de la economía mexicana. Además de ampliar los mecanismos de fondeo que le permita actuar en el muy corto plazo como agente financiero anticíclico.
“Lo que debería ser”
Alicia Girón considera que el gobierno federal no tiene visión de lo que es el financiamiento del desarrollo.
En Argentina, la banca está 50 por ciento en manos privadas y el resto en bancos extranjeros; sus principales instituciones son el Banco de la Nación y la Prudencia de Buenos Aires, ambos de desarrollo.
En el caso de Brasil, el 80 por ciento de su banca está en manos del sector público y de los brasileños, y sólo el 20 por ciento de los extranjeros.
Dicha proporción se debe relacionar con las tasas de desarrollo que tiene el país suramericano y con los proyectos de industrialización, éstos no sólo en el sector industrial sino también en el agrario.
En la parte opuesta, dice, los bancos más rentables en América Latina son BBVA Bancomer y Santander, ambos por las ganancias que le generan sus filiales en México.
Fortuna solicitó entrevista con el director general de Bancomext y Nafin, Rangel Domene. Alejandro Rodríguez, director de Comunicación Social, la negó justificando la discusión que había en el Senado sobre la fusión de ambas instituciones.
Bancomext rescata empresas quebradas
El 19 de marzo de 2009, los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Rosalinda López y Salomón Jara, y del Trabajo, Ricardo Monreal, presentaron un punto de acuerdo donde piden al Ejecutivo federal información sobre la aplicación del Programa de Garantías Bursátiles, instrumentado por Nafin y el Bancomext.
Los legisladores exponen que la crisis de liquidez que se inició a principios de octubre de 2008 provocó que el gobierno de Calderón, a través de Nafin y Bancomext, instrumentara un “Fobaproa empresarial”, consistente en rescatar, con recursos públicos, empresas privadas.
Ambas bancas de desarrollo, dicen, avalaron la deuda de las empresas que se hicieron acreedoras de estos apoyos. El total de este programa contempló en 2008 recursos por 50 mil millones de pesos, que benefició a 10 compañías, entre las que destacan: Copel, con 1 mil 491 millones de pesos, y Soriana, con 1 mil 50 millones de pesos –créditos provenientes del Bancomext-–; Cemex, con 1 mil 420 millones de pesos, de Nafin.
“Desde luego que estas operaciones pueden convertirse en un quebranto para el erario, porque Nafin no recibe garantías uno a uno por estas operaciones y las empresas pueden en cualquier momento recurrir al concurso mercantil o a la quiebra”, sostienen los tres senadores.
Para este 2009, aseguran, el gobierno federal renovó el programa de garantías bursátiles en apoyo a las empresas que se financian a través del mercado de valores, destinando para tal efecto 15 mil millones de pesos para el primer semestre del presente año.
Los legisladores de oposición señalan que a finales de 2008 el gobierno federal también puso en marcha un programa para apoyar a las empresas afectadas por la devaluación del tipo de cambio, a través del cual se habrían otorgado 14 mil millones de pesos a ocho empresas.
Los detalles de dichas operaciones se desconocen, pues Nafin argumenta que “se trata de créditos sujetos al secreto bancario”.
En el documento se advierte que Vitro recibió 1 mil millones de pesos del Bancomext y que Comerci obtuvo un crédito de 3 mil millones de pesos de Nafin. (YT).
Bancomext, tabla de salvación
El pasado 5 de mayo, Agustín Carstens, titular de la SHCP, informó que el Bancomext destinará recursos hasta por 2 mil millones de pesos a favor del sector turístico; recalendarizará los pagos sobre su cartera existente y apoyará el capital de trabajo del sector.
Además, otorgará garantías de hasta el 75 por ciento en créditos para capital de trabajo a las empresas del ramo hotelero en las regiones más afectadas por la emergencia sanitaria por el virus de la gripe humana, determinadas conjuntamente con la Secretaría de Turismo.
Carstens anunció que el Bancomext apoyará a las líneas aéreas a través de créditos y garantías, hasta por 3 mil millones de pesos, mediante el uso de contragarantías, sujeto a que se observe un ajuste estructural en el sector que le dé viabilidad de largo plazo. Asimismo, el financiamiento requiere del apoyo de los principales accionistas de las aerolíneas y garantías reales.