VIDEO: Conferencia sobre la situación petrolera real con el Dr. Alfredo Jalife

Cacicazgos permiten el retroceso laboral de los profesores, acusan

SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- Este jueves comenzaron los foros de maestros para analizar las reformas laboral y educativa, tal y como lo han exigido las diferentes agrupaciones; el consejo estatal de lucha magisterial señaló que los caciques sindicales son los que están permitiendo el retroceso para los trabajadores.

Este viernes se realizará un foro magisterial para analizar las reformas laboral y educativa, del cual se van a derivar los reglamentos complementarios y poder hacer una contrapropuesta que salvaguarde sus derechos laborales.

Claudio José San Juan, integrante del Consejo Estatal Lucha Magisterial, manifestó que después de tres grandes movilizaciones en la capital del estado lograron que se organizaran estos foros donde los maestros de todos los niveles tendrán la oportunidad de analizar a fondo las reformas.

Mencionó que el primer foro se realizó en el municipio de Cosoleacaque y el segundo se llevará a cabo este viernes, en un salón de Coatzacoalcos.

“Nosotros los maestros tenemos preparación y conocemos de legislación educativa, ahora tenemos que observar cuáles son los proyectos de las leyes secundarias que se piensan integrar, ya que han ido cambiando las propuestas como respuestas de las movilizaciones”, dijo.

El profesor manifestó que estas leyes han sido permitidos por líderes que sólo buscan su bienestar y responden a las presiones o acuerdos con los gobiernos en turno, pero que realmente no son respaldados por sus agremiados.

“Los líderes del SNTE y otras agrupaciones fueron los que se opusieron a que se realizaran los foros porque no les conviene que sepan lo que firmaron, pero nosotros en Veracruz queremos ser ejemplo nacional de diálogo y hacer propuestas viables”.

Claudio José San Juan criticó nuevamente a Juan Nicolás Callejas, quien en su gestión como legislador local y federal no ha realizado una verdadera labor de gestor para mejorar las condiciones de los maestros o aumentar los recursos para elevar los recursos destinados a la educación.

“Va por su cuarta vez como diputado local y ha sido tres veces diputado federal y no ha brillado por hacer bien su trabajo, no lo hará. Ya sabemos que chango viejo no aprende maroma nueva”, puntualizó.

Exigen indígenas cancelar el proyecto hidroeléctrico Naranjal: prevén daños

NORMA TRUJILLO BÁEZ

Campesinos indígenas integrados en la Unión de Todos los Pueblos Pobres, Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (Tinam), Comuneros del valle de Tuxpang (UECVT), Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y otras organizaciones de la zona centro del estado, dieron a conocer que algunas comunidades de la región en la que se pretende construir la presa hidroeléctrica El Naranjal no están de acuerdo en que se declare área natural protegida porque consideran que con ello vendrá la expropiación de sus terrenos, además que con la declaratoria, el gobierno y la empresa, cuando los campesinos ya no sean propietarios podrán llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico.

Ante ello, en conferencia de prensa los campesinos piden que se haga una cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico El Naranjal y se pronunciaron contra la declaración que hiciera el gobernador del estado, Javier Duarte, el pasado 5 de junio, que una parte, por el lado de Amatlán, desde la Barranca de Metlac –la cuenca hidráulica del Río Blanco hasta Cuitlahuac– será decretada como área natural protegida.

Los campesinos, Adolfo Tlaxcala Ixmatlahuacan perteneciente al Tinam e Ignacio Romero Carrera representante de la UECVT, dijeron que en los pueblos de la sierra de Zongolica y los valles, aún existe pobreza, miseria, desempleo, desnutrición, migración, y estos factores se agudizarán si el gobierno impide que esas tierras de uso ejidal, las trabajen, “esto es lo que pasará con la declaratoria de área natural protegida”.

Asimismo dijeron que seguirán luchando, porque “la declaratoria tiene varias formas de trabajar a conveniencia los gobiernos junto con los empresarios porque ahorita podemos protestar, pero cuando salga a luz pública un decreto de área protegida, ellos pueden meter al Ejército, las tierras quedarán en resguardo del gobierno, nosotros no estamos de acuerdo, los Amatlán hasta quieren festejar, nosotros no, de esa manera nos van despojar a los demás compañeros, si así lo están haciendo, con esa declaratoria va ser más esos amarres con las trasnacionales”, objetaron.

Esa declaratoria –agregaron– tiene fuertes implicaciones jurídicas y políticas, porque la tierra bajo el régimen ejidal o comunal pasaría a la tenencia federal, y con ello el gobierno tendrá todo el poder legal para disponer de esas tierras una vez que se publique ese decreto.

Asimismo dieron a conocer que en el Ejido Zapoapan la empresa ya compró el 15 por ciento de las mil 560 que comprende el ejido en donde, se ha trazado, pasará la obra; en Amatlán ya compraron 10 por ciento y han pagado a los campesinos 60 mil pesos por hectárea, de igual manera llegan prestanombres de la empresa a los Zíchiles, Amatlán, El Naranjal, Fortín, Ixtaczoquitlán, según que para hacer estudios para llevar a cabo proyectos de ecoturismo.

Así, los afectados piden que el gobierno de Veracruz no permita la instalación de la presa hidroeléctrica del Naranjal, lo cual devastaría toda la región, pero que tampoco decrete el área como protegida, pues la zona es fértil en siembra, y las familias de la región viven de ello.

“La imposición de los 112 megaproyectos de plantas hidroeléctricas en el estado de Veracruz, que pretende hacer el gobierno de Javier Duarte, para el beneficio de empresas nacionales y trasnacionales, y en perjuicio irreversible contra cientos de poblaciones rurales, evidencia la discriminación (...) el dinero se va para el capital privado, mientras que para la población sólo hay obras de relumbrón y empleos informales, y otros miserables paliativos”, reclamaron.

Laura Bonaparte: Madre de Plaza de Mayo, Madre de todos

Publicado por Pablo Guinsberg en junio 28, 2013 en Medieros

No es necesario aparecer en las grandes tapas de los principales diarios del mundo para ser noticia. No es imprescindible tener un nombre o puesto el cual resuene y resuene en las mentes de todo un colectivo para ser parte de la historia y sentir de miles de personas. No es necesario tener 30 mil hijos para convertirse en madre de todos, y no es necesario que sea 10 de mayo para que en este texto se recuerde a las madres.

Este domingo murió Laura Bonaparte, destacada psicoanalista, gran mujer, excelente ser humano, defensora de los derechos humanos y una de las más destacadas Madres de Plaza de Mayo (asociación que integró luego de sufrir el secuestro de sus tres hijos, su ex marido y sus dos yernos durante la dictadura militar de los años 70 en Argentina).

Hablar sobre ella no solamente es hablar sobre una de las principales precursoras de la campaña internacional que logró que se declarara a la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad, sino que es hablar de lo que debería ser un ejemplo de lucha, entrega y sobre todo de sensibilidad, amor, ternura, misericordia y solidaridad.

La última vez que me encontré con Laura Bonaparte fue hace cerca de 11 años en un gran foro sobre derechos humanos organizado por la Universidad Iberoamericana Puebla, en donde en parte fui su acompañante. Aún queda el recuerdo de la imagen de una mujer enorme y majestuosa dentro de un cuerpo chiquitito. Semblante entero, palabra firme, mirada con ese brillo que sólo puede existir en alguien lleno de sentimiento. Sin lugar a dudas dio un discurso que fue impactante para todos… un discurso que a pesar de lo trágico de su contenido, de la rabia y el espíritu de lucha, jamás perdió el toque femenino, lo poético y la ternura que tanto la distinguía y la cual le otorgaba mayor fortaleza.

Indudablemente, a pesar de las grandes personalidades que en dicho foro se concentraban, fue quien más destacaba y sensibilizaba. Todo el mundo se le acercaba y buscaba su saludo, su abrazo, su palabra. Más de uno, entre lágrimas, simplemente le expresaba un “¡Gracias por existir!”

Anécdotas de Laura seguramente habrá miles. Hay quien cuenta que junto a Clarita Gertel (otra Madre de Plaza de Mayo) se encadenaron en una columna de la embajada argentina en México y se pusieron candados en protesta por la guerra de las Malvinas y por la muerte de tantos adolescentes. Los relatos narran, no sólo el hecho, sino también el rostro pícaro de ambas al lograr su objetivo y como frente a toda la prensa ellas se mostraban como niñas gozando de su travesura… una travesura sin descanso, llena de ideales, llena de lucha y, a pesar de las circunstancias, llena de alegría.

Una mujer siempre cálida y amorosa nos ha dejado terrenalmente, y sin embargo nos ha dejado un gran legado, una enseñanza invaluable, un ímpetu de lucha ante la injusticia, por la memoria, por el ¡nunca más!, por los suyos, por los nuestros, por los de todos. Una mujer que inspiró a tantos (entre ellos a Julio Cortázar que escribió “Recortes de Prensa” en el libro Queremos tanto a Glenda) y queda en la mente y corazones de tantos que nunca la podremos olvidar.

Laura querida… ¡Descansa en Paz, Mamá!

El lado oscuro de la reforma migratoria de Estados Unidos

Saskia Sassen, socióloga recién reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, ha planteado desde hace varios años que el sistema capitalista financiero funciona gracias a las lógicas de expulsión de población sobrante. Es decir, la oligarquía transnacional se beneficia de las poblaciones sobrantes, de las que también ya han hablado Bauman y Beck, entre otros autores, en diversos textos, y que ya no son incluidas precariamente como parte del funcionamiento de este sistema, sino que ahora se trata de echarlas fuera. Las poblaciones migrantes son un ejemplo claro de ello, y las políticas que actualmente se definen en diversos países tienen que ver con estas lógicas de expulsión.

Hoy en día se discute la reforma migratoria en Estados Unidos, que como sabemos se concentra en tres grandes ejes: las migraciones pasadas (propuesta de residencia y ciudadanía), las migraciones futuras (cambio en el sistema de visas y diseño de programas de empleo temporal) y la última, que además es un requisito fundamental para que se acepte la reforma migratoria por la Cámara Baja: el aumento en la vigilancia de la frontera. El primer eje funciona como un generador de esperanza para la población que ha anclado sus sueños en Estados Unidos. Jóvenes que quieren seguir estudiando, padres que quieren estar con sus hijos, hijos que quieren estar con sus padres, todos ellos quieren dejar atrás el fantasma de la deportación. El segundo limita las posibilidades de migración temporal de mano de obra no calificada y da la bienvenida sobre todo a la migración profesional o calificada, al aumentar el número de visas para esta categoría.

En el lado oscuro de esta reforma se cumplen los peores presagios de Sassen, la consolidación de lo que ella llama la weaponized border. Entre las más de 300 enmiendas presentadas a esta propuesta de reforma aprobada por la Cámara de Senadores destacan tres, presentadas dos de ellas por el senador John Thune, republicano de Dakota del sur, y otra más por Rand Paul, senador republicano de Kentucky. Palabras más palabras menos, las tres enmiendas buscan que antes de otorgar el estatus dentro del Registro Provisional de Inmigrantes a cualquier indocumentado se debe concluir la construcción de 350 millas de doble muro reforzado en la frontera y que antes de otorgar residencia permanente se deben haber completado 700 millas del mismo tipo de muro. Se propone el retraso del estatus del Registro Provisional hasta que los gobernadores de los estados fronterizos aprueben la estrategia federal de la frontera y certifiquen que ha sido substancialmente implementada. Se establece la necesidad de aumentar la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes contra indocumentados. Además, se incluyen requerimientos como detención obligatoria para todos los procesados por autoridades migratorias. Esta frontera “armada” se complejiza en el contexto actual con la extrema violencia en esta franja territorial y que es sufrida por los migrantes que intentan cruzar por ella. Sabemos que el crimen organizado en sus diferentes versiones (Trata y tráfico de personas; drogas y armas) controla gran parte de los cruces fronterizos de nuestro país; cobra por el derecho de paso y obliga a los migrantes a pasar sus mercancías, además de los asesinatos, violaciones y abusos físicos y emocionales que sufren..

Este muro, además, contribuirá, como la historia lo ha mostrado, a reforzar el imaginario social con respecto al migrante criminal, que se ha enraizado en la sociedad conservadora estadounidense desde el 9/11. Un camino largo le espera también a los migrantes legalizados para obtener también el respeto de una sociedad profundamente racista y conservadora.

México debe erradicar los privilegios y realizar un rescate social: José Narro

Jaime Luis Brito

CUERNAVACA.

El rector de la máxima casa de estudios del país, José Narro Robles, señaló que México ya no necesita “fobaproas” que rescaten bancos, carreteras o ingenios azucareros, “lo que el país necesita es un rescate social para apoyar a los más pobres, los excluidos y a su juventud”. De visita por Morelos, el académico se pronunció por una Reforma Hacendaria donde sean erradicados los privilegios para unos cuantos en el pago de impuestos, que genere recursos suficientes que terminen con la desigualdad que campea en la tierra mexicana.

Narro Robles afirmó que las cosas están cambiando. Aseguró que a seis meses de gestión de Enrique Peña Nieto, es momento de expresar un compromiso, de tratar un tema como el de la seguridad y la violencia entendiendo que los problemas sociales que están detrás de la inseguridad deben ser combatidos. La ciudadanía, dijo el rector de la UNAM, debe corroborar que este cambio no se dé sólo en el discurso, sino en las acciones; por ello, dijo, que hay un cambio en la forma de pensar, pues hoy no sólo se piensa en el uso de la fuerza para resolver los problemas de los mexicanos, sino atacando las causas sociales que los producen.

Es por ello que Narro Robles refirió que, tal y como lo ha venido diciendo en los cinco años que lleva como rector de la UNAM, se tiene que mientras el modelo de desarrollo esté fundado en la desigualdad, mientras unos tengan mucho y otros nada, mientras no se tengan en México las mismas oportunidades para los niños y recién nacidos, mientras se tengan tales niveles de desigualdad, la percepción de que en México no se ha hecho nada, va a seguir siendo la misma.

Por ello, enfatizó la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo y compartir todos el proyecto de nación de México para abordar los problemas que van a tardar muchos años, como es el analfabetismo, la falta de empleo, la falta de espacios educativos para los jóvenes, y otros aspectos, pero sólo así la sociedad verá que se está caminando en la vía correcta.

“Yo creo que pronto se va a tener que plantear una reforma hacendaria, porque nadie querrá pagar más impuestos, porque hay que reconocer que hay muchas personas que no los pagan y hay muchas excepciones a grupos que han sido favorecidos si no de siempre, por mucho tiempo; de tal suerte que lo que se tiene que hacer es terminar con este tipo de situaciones porque si no el país no tendrá los recursos para enderezar grandes proyectos de orden social”. El rector de la UNAM mencionó que la alternancia no es la única solución a esta problemática, y anunció que como institución participarán en todo lo que tenga que ver con esta Reforma Hacendaria; “entonces de manera personal, sostendré con toda energía y convicción que más recursos sí, pero para los que más lo necesitan, para los pobres y los jóvenes, y participaré con propuestas tal y como se hizo en el tema de la inseguridad, a través de un equipo de trabajo amplio y completo”, apuntó.

Migrar o morir, dilema que enfrentan en La Montaña, expone Tlachinollan en foro

La violación de derechos humanos oscila entre la invisibilidad y la indiferencia, acusa en el DF

CORRESPONSALÍA ( )

Ciudad de México, 27 de junio. El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que la región de La Montaña guerrerense se caracteriza por expulsar mano de obra a 16 entidades federativas del país.

En un contexto de marginación y pobreza, dijo, la migración hacia los campos agrícolas se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia a la que recurren poblados enteros: el dilema es migrar o morir, ya que los campesinos no cuentan con acceso a la salud, se hacinan en estancias indignas, que son bodegas abandonadas o construcciones en obra negra, donde llegan a vivir entre 50 y 100 personas, y prevalece la presencia de niños y niñas trabajadores.

El informe de Barrera Hernández en el foro Situación de los Derechos Humanos de las y los Jornaleros Agrícolas, ante la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, causó indignación entre los senadores presentes, quienes ordenaron una investigación a fondo sobre la situación de las y los jornaleros agrícolas.

Barrera Hernández había dicho que el tema de los guerrerenses migrantes no forma parte de la agenda pública en materia de migración.

Cuando se discute en México la situación de los migrantes, ésta inmediatamente se asocia a las oprobiosas condiciones que enfrentan las personas centroamericanas que atraviesan México, o bien a las luchas de los compatriotas en Estados Unidos, recriminó.

“Pero –agregó- la sistemática violación de los derechos humanos de las miles de familias indígenas que año con año migran a los grandes campos agrícolas de los estados norteños para subsistir, oscila entre la invisibilidad y la indiferencia”.

Para atender esta problemática, dijo, en el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, con el apoyo de las fundaciones Ford y MacArthur, “abrimos hace algunos años un área específica de atención para la población jornalera, coordinada por la maestra Margarita Nemesio”.

Y afirmó que se estima que en México más de 400 mil familias están en permanente movimiento entre sus lugares de origen y las zonas a las que migran. Alrededor de 26 por ciento de la población mexicana es migrante y de ellos, nueve de cada diez son migrantes internos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO) realizada por la la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en 2009, más de 2 millones de personas realizan actividades de agricultura en diferentes zonas o campos agrícolas de la República, señalando que tres de cada cinco personas que migran a los campos agrícolas provienen de municipios de muy alta o alta marginación de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Entre 2006 y 2012, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña han documentado la migración de más de 49 mil jornaleras y jornaleros agrícolas, provenientes de 362 comunidades indígenas de la región, refirió Barrera.

Durante la última temporada, entre septiembre de 2012 y enero de 2013, Tlachinollan registró la salida de más de 8 mil 400 personas, 53 por ciento hombres y 47 por ciento mujeres. 80 por ciento tiene como destino de trabajo los campos agrícolas de Sinaloa y Sonora. Chihuahua, Morelos, Guanajuato y Baja California son otras entidades a las que también migran las familias de la región.

El porcentaje de menores de 15 años que migran a trabajar como jornaleros y jornaleras en los campos agrícolas es del 42 por ciento.

Desarma la Marina en Ayutla a jefe de la casa de justicia en San Luis Acatlán

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 27 de junio. La Marina vuelvió a desarmar, ahora en Ayutla, al coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Eliseo Villar Castillo, y a seis policías comunitarios.

El desarme de los miembros de la CRAC-PC fue cuando se dirigían a una reunión a la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla.

Raúl de Jesús Cabrera, otro de los coordinadores de la CRAC, informó por teléfono que los hechos ocurrieron en la comunidad de Tepango, que pertenece a Ayutla, donde los marinos, encabezados por el coronel Rolando Sotelo Rivera, les retuvieron dos horas, de las 10:30 a las 12:30 horas y les quitaron siete armas M-1 y rifles calibre 22.

Advirtió: “hay alguien atrás de esto, que quiere provocar a la CRAC, sobre todo porque la última vez que se dialogó con el gobierno, acordamos que los policías comunitarios podrían transitar con armas permitidas por la ley, siempre y cuando se llevara oficio de comisión, y los compañeros lo mostraron a los marinos, pero no lo tomaron en cuenta”.

Solicitó al gobierno estatal que intervenga para que les entreguen las armas que les quitó la Marina, de lo contrario lanzó la advertencia de que esta misma noche definirían un plan de acción.

Recordó que mañana tendrán una reunión con el secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez, que también dependerá de lo que pase con las armas. “Vamos a tratar el asunto de la relación que tendrá la CRAC con el gobierno federal”, adelantó.

Marchan integrantes de Unidad Popular; exigen justicia para sus líderes asesinados

ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI (Corresponsal)

Iguala, 27 de junio. Integrantes de la Unidad Popular marcharon por las principales calles de la ciudad en demanda de justicia por la muerte de los tres dirigentes de dicha organización, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román.

El nuevo dirigente de la Unidad Popular, Rafael Ochoa Ochoa, dijo que salieron a las calles porque no ven avance en la investigación, quieren sacar a los regidores que no comparten la manera de gobernar del alcalde y “venimos en apoyo a los regidores, no vamos a permitir su desafuero”.

Los manifestantes acudieron al palacio municipal para solicitar una audiencia con el alcalde José Luis Abarca Velázquez, a fin de que les explique por qué no se puede introducir la electrificación a la colonia la Pradera.

Fueron recibidos por el secretario municipal Humberto Villalobos Domínguez y agendados para el 16 de julio a las 11 de la mañana para que les den respuesta respecto al avance que llevan los compromisos de obra que se hicieron con los dirigentes de organizaciones como Héctor Arroyo Delgado de la Lucio Cabañas Barrientos; la Unión Campesina Emiliano Zapata del extinto Arturo Hernández Cardona; la Fundación Humanista Ricardo Flores Magón, de Justino Osores Narciso; la del también extinto Angel Román Ramírez, entre otras.

“También queremos pedirle al presidente municipal que cese el hostigamiento a los compañeros regidores (Sofía Lorena Mendoza Martínez, Nicolás Guerrero y Marina Hernández), a la primera pareja sentimental del líder asesinado de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, pretenden responsabilizarla de los destrozos que hubo en el ayuntamiento”, dijo Ochoa Ochoa, quien reiteró que los regidores tienen su respaldo y no bajarán la guardia.

Señaló que no se ha cumplido ninguno de los acuerdos que se han tomado y este viernes tienen otra audiencia con el secretario general de Gobierno en la que reiterarán su exigencia de que la PGR atraiga el caso del crimen de los tres dirigentes de la Unidad Popular, “queremos que de una vez se nos diga ¿sí va a atraer el caso o no? y ¿qué avances hay en la investigación? porque todo está en silencio”.

Finalmente Ochoa Ochoa, quien ya no trae seguridad de policías estatales, dijo que con o sin guardias corren el mismo riesgo. “No podemos vivir en paz cuando sabemos hasta dónde es capaz el gobierno de llegar, porque lo que llevó a mis compañeros hasta esos extremos de perder la vida fue la soberbia de José Luis Abarca Velázquez”.

“Nunca nos atendió, nunca nos resolvió y nunca estuvo dispuesto a negociar, estamos conscientes hasta qué extremo podemos llegar los que pedimos y los que reclamamos”, advirtió.

México: Integrantes de organización en Guerrero en peligro tras el asesinato varios de sus integrantes.

Integrantes de la Unidad Popular (UP), han recibido amenazas tras exigir justicia sobre al reciente caso del secuestro y asesinato de tres de sus colegas. Amnistía Internacional teme que sus vidas estén en riesgo.

UP es una organización recientemente formada en Iguala, Estado de Guerrero, que hace campaña y canaliza apoyos en favor de proyectos sociales y recursos para las comunidades indígenas locales. También ha respaldado al movimiento de maestros en el Estado de Guerrero.

El 3 de junio se encontraron junto a una carretera cercana los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, integrantes de esta organización, ellos tenían los ojos vendados y señales aparentes de tortura. La Procuraduría General del estado de Guerrero ha iniciado una investigación, pero las sospechas sobre la implicación de las autoridades locales en los secuestros y asesinatos han hecho que los activistas de UP pidan que la investigación la lleve a cabo la Procuraduría General de la República (PGR).

El 2 y 4 de junio, miembros de UP denunciaron hacer sido vigilados y seguidos, en dos ocasiones diferentes, por hombres en vehículos. El 8 de junio, un líder de UP, Justino Osores Narciso, recibió una nota anónima en la que advertían a la organización de que cesara en sus actividades. El 17 de junio, la esposa de Arturo Hernández Cardona y activista de UP, Sofía Lorena Mendoza, denunció que unos autos sospechosos la habían seguido cuando se dirigía a una reunión con autoridades gubernamentales. El 19 de junio, Bertoldo Martínez Cruz, activista político local vinculado a UP que había estado en contacto con los supervivientes, recibió en su casa una llamada telefónica amenazadora.

Amnistía Internacional hace un llamado urgente las autoridades para que estas garanticen la seguridad de quienes integran la UP - Justino Osores Narciso, Sofía Lorena Mendoza y Bertoldo Martínez Cruz - y de sus familias.

Así mismo, la organización solicita que se lleve a cabo una investigación inmediata, completa e imparcial con relación a las amenazas contra activistas y simpatizantes de UP, y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

Amnistía Internacional reitera también su llamado a que se investigue efectivamente el secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, que garanticen la seguridad de los supervivientes Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza Villa, que hagan públicos los resultados de la investigación y que hagan rendir cuentas a los responsables de estos actos.

Información adicional

La Unidad Popular (UP) es una organización recientemente formada en Iguala, estado de Guerrero, que hace campaña y capta apoyos en favor de proyectos sociales y recursos para las comunidades indígenas locales. También ha respaldado al movimiento de docentes en el estado de Guerrero.

Arturo Hernández Cardona lleva 15 años haciendo campaña en favor de los pueblos indígenas locales del estado de Guerrero. Entre otras cosas, ha pedido que se haga justicia en el caso de la masacre de El Charco, perpetrada en 1998. Además, él y otros miembros de UP presentaron el 29 de mayo una denuncia formal contra el alcalde y otras autoridades municipales por corrupción y acoso contra los miembros de UP.

En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y defender los derechos humanos. Solo en 2012 al menos seis periodistas fueron asesinados y muchos otros hostigados o amenazados. Amnistía Internacional considera que la situación de peligro persistirá mientras las personas responsables de estos ataques, incluyendo los casos en los que haya funcionarios públicos implicados, no rindan cuentas ante la justicia y se mantenga así la casi absoluta impunidad.

[Sucumbios] Sucumbíos luchando por la Justicia

No olvidamos, no nos rendimos...

PROTESTA MENSUAL
CADA UNO POR LA JUSTICIA

LUNES 1º DE JULIO, 1 PM
Frente a la Embajada de Colombia en México
(Paseo de la Reforma No. 379, cerca del Ángel de la Independencia)

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.mx/2013/06/no-olvidamos-no-nos-rendimos_27.html

¡ADELANTE Y CONSTANTE EN NUESTRA LUCHA POR JUSTICIA! ******************************************

Seguimos trabajando por la justicia para nuestros hijos. EL CASO DE LA MASACRE DE SUCUMBÍOS ANTE EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, CAPÍTULO MÉXICO http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.mx/2013/06/seguimos-trabajando-por-la-justicia.html

Escucha el audio de la presentación del caso:

http://ia601802.us.archive.org/17/items/DiaSegundo.PreaudienciaDesaparicionesForzadasYEjecuciones/PreaudienciaTPP_CasoSucumbios.mp3

El 28 y 29 de mayo de este 2013 se realizó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México plantel Del Valle, la pre-audiencia “Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México; una política permanente del Estado” convocada por el “Eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia” del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México.

Cabe destacar que el Tribunal Permanente de los Pueblos ha venido trabajando arduamente en la preparación de ésta y otras pre-audiencias sobre el estado que guardan los derechos humanos en nuestro país, con miras a la audiencia final del 2014 para establecer los elementos suficientes y juzgar al Estado mexicano por las violaciones y omisiones a los derechos humanos cometidas y que han agravado los derechos y garantías del pueblo mexicano.

PRE-AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, CAPÍTULO MÉXICO, 28 Y 29 DE MAYO DE 2013.

Desde temprana hora del día jueves 28 de mayo se fueron presentando diversos casos que nos dan cuenta de la difícil situación de los derechos humanos en nuestro país, casos que implican desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros graves delitos. Para el viernes 29 de mayo tocó el turno a la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos para exponer el caso del asesinato de nuestros hijos el 1º de marzo de 2008 en la región de Sucumbíos, Ecuador a manos del Ejército colombiano.

Si bien la masacre de Sucumbíos fue un hecho que ocurrió en Ecuador, donde el Estado colombiano fue el agresor y donde México se vio involucrado al ser asesinados cuatro estudiantes mexicanos: Verónica Velázquez, Fernando Franco, Juan González, Soren Avilés, y donde Lucía Morett quedó gravemente herida, resulta ser un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina, un acontecimiento complejo pero donde encontramos que el Estado mexicano ha sido omiso en cuanto al acceso a la justicia para las víctimas, no ha cumplido con sus deberes constitucionales de brindar seguridad a Lucía Morett por los delitos cometidos en su contra en el extranjero, no ha brindado el debido apoyo jurídico a las familias y su actitud a rayado en la complicidad del caso del asesinato de nuestro hijos y en la preservación de la impunidad de los criminales.

Como Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos quedamos a la espera de las indicaciones, recomendaciones y de la respuesta por parte del jurado para aceptar el caso y que sea parte de la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México para marzo 2014 en su juicio contra el Estado mexicano.

México, D.F. mayo de 2013.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS.

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En un refugio guardado en su corazón
Llevan la bandera de Bolívar.
Su rostro la transmite en la sonrisa
Que dejaron en las imágenes del recuerdo.

Hoy desde lo alto suenan las campanas
Ustedes las tocan para mostrarnos el camino.

Juan, Verónica, Soren, Fernando desde lo alto nos miran
Y nos recuerdan que para ser grandes
Hay que saber soñar.

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com
http://www.youtube.com/sucumbiosmarzo08

ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS, ECUADOR

A 20 años de la Declaración de Viena: balance y perspectivas

Nicolás Boeglin

ALAI AMLATINA, 27/06/2013.- Este 25 de junio, se cumplieron 20 años desde la histórica Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos adoptada en 1993. Este texto fundamental para la comunidad internacional y para las organizaciones que defienden los derechos humanos fue el primero en la historia en establecer el carácter indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos entre sí, superando la (falsa) dicotomía consagrada en 1966 en el marco de las Naciones Unidas entre los llamados derechos civiles y políticos y los denominados derechos económicos, sociales y culturales. El punto 5 de la Declaración establece que: “5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso /…/ los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Sin lugar a dudas se trata de un desafío mundial que 20 años después sigue manteniéndose como tal: el sonrojo debería ser casi tan universal como el valor universal de los derechos humanos. El movimiento reciente de los “indignados” en todo el mundo iniciado con la consigna lanzada por un joven nonagenario, Stéphane Hessel en el 2010 (quién fuera asesor de René Cassin, coautor de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948) es tan solo un leve rubor de la sensación de injusticia, aunada a la insensatez y avidez de unos que confluyen en un irrespeto de los derechos humanos de la mayoría.

La situación de los derechos humanos en el hemisferio americano: La región latinoamericana se ha esforzado por ir paulatinamente superando regímenes autoritarios de los años 80 por regímenes democráticos resultado de elecciones periódicas, realizadas en condiciones aceptables. Pese a algunas tendencias autoritarias frenadas aquí y allá en los años 90 y 2000, y a “sustituciones” de Presidentes en ejercicio por golpes de Estado reconvertidos a legalidad de dudosa legitimidad, América Latina puede considerarse en términos generales – que siempre incluyen alguna que otra excepción- como representada por regímenes democráticos. No obstante, también se ha afirmado como la región más desigual del planeta. Desde los años 90, el acento puesto en los derechos civiles y políticos ha sido acompañado por una apertura al comercio mundial que ha hecho a un lado los derechos sociales (relegados a simples proclamas de buenas intenciones, salvo contadas excepciones). Son sólo algunos Estados los que, paralelamente al afianzamiento de sus instituciones en materia electoral, o judicial, han realizado intentos para redistribuir los ingresos generados por la globalización de su economía y con miras a obtener algunos logros notables en la reducción de la pobreza, en la mejora sustancial de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y de zonas urbano-marginales, y en la protección de un recurso tan estratégico como lo es el agua; mientras tanto, otros Estados siguen enfrascados en un modelo de desarrollo poco inclusivo que genera riqueza para unos pocos en detrimento de la gran mayoría. Parte de esta riqueza proviene a veces de un sistema de explotación laboral ante el que las entidades estatales se muestran extrañamente inoperantes; o bien de actividades extractivas con un alto riesgo ambiental (exponiendo así a comunidades, y hasta a regiones enteras a desastres ambientales) que terminan afectando a los más necesitados, y a mediano y largo plazo, a las finanzas de todo un país. La protección de las poblaciones indígenas de alguna manera ilustra esta situación, en la medida en que es en sus territorios en los que se ubican los yacimientos minerales y petrolíferos de mayor interés que quedan por explotar; y en la medida en que los bosques en los que se ubican estas poblaciones coinciden a veces con los bosques mejor protegidos sometidos a fuertes presiones. Lo mismo en relación a las cuencas mejor resguardas que ahora resultan ser las de mayor atractivo y potencial hidroeléctrico. En el año 2008, el Protocolo Facultativo al Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagró jurídicamente la igualdad entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, al permitir su exigibilidad ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Es notable que 5 de los 10 primeros Estados en ratificarlo para permitir su entrada en vigor el pasado mes de mayo del 2013 fueran de la región latinoamericana (la décima ratificación de Uruguay se unió a las hechas previamente por Argentina, Bolivia, Ecuador y El Salvador, las cuales se sumaron a las de Bosnia-Herzegovina, Mongolia, España, Eslovaquia y Portugal).

El caso de Costa Rica: el notable deterioro de su Indice de Desarrollo Humano (IDH) desde mediados de los años 2000 es un síntoma elocuente de lo apuntado anteriormente: del puesto 48 (años 2006 y 2007), paso al puesto 50 (2008), 54 (2009), 62 (2010) y 69 (2011) según reporta el último informe del Estado de la Nación (XVIII, Informe, 2012, p. 363). Esta entidad es contundente en su último informe: una riqueza mal distribuida que impacta de manera general al país como tal y un uso insostenible de su territorio con efectos negativos que impactan el ambiente. El acento puesto por la apertura comercial, la (engañosa) percepción de algunos decisores de considerar que los derechos humanos son asociados a luchas sociales en contra del la globalización explican posiblemente que para la conmemoración de los 40 años del Pacto de San José (el 22 de noviembre del 2009), este pasara totalmente desapercibido por parte de las autoridades nacionales. En octubre del 2010 se oyó incluso un discurso presidencial instigando a luchar contra ecologistas (y que a la fecha no ha dado lugar a rectificación alguna). En relación al motor de la onda democratizadora en América Latina de los años 90, un acto oficial, simbólico, inclusive una simple estampilla alegórica editada por Correos de Costa Rica no hubiese hecho ningún daño: hubiese por el contrario permitido conmemorar dignamente la gesta política y diplomática que significó su adopción en 1969 por parte del hemisferio americano en la capital de Costa Rica.

La base de la profundización del modelo democrático: desde una perspectiva integral e interdivisible como la establecida por la Declaración de Viena (y no “a la carta” como algunos Estados lo pretenden, exhibiendo sus logros en unos ámbitos y opacando datos sobre muchos otros), los derechos humanos constituyen la base para la profundización del modelo democrático. Las discusiones recientes en relación al acceso al agua como un derecho humano, al atraso (significativo) de Costa Rica para implementar las recomendaciones –varias de ellas urgentes - hechas en junio del 2009 por la Relatora de Naciones Unidas sobre Agua, Derechos Humanos y Saneamiento, el atraso (aún más significativo) en relación a las recomendaciones hechas por el Comité sobre Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas en relación a los derechos de los pueblos indígenas, la diversas recomendaciones de la OIT en relación a la necesidad de reconocimiento pleno y efectivo de los derechos de los trabajadores (en particular en las zonas rurales y en las industrias agroalimentarias como piña, banano y naranja); o, más recientemente el debate sobre la Fecundación in Vitro y el triste espectáculo exhibido por la Asamblea Legislativa en relación al tema de los derechos de parejas del mismo sexo en la Asamblea Legislativa; así como la lancinante amenaza que pesa sobre poblaciones como las de Gandoca-Manzanillo debido a la orden de demolición de sus viviendas; o bien el reciente llamado a las Naciones Unidas y a la OEA realizado por la Defensoría de los Habitantes en relación a las actuales condiciones imperantes en los centros de privación de libertad, son, entre muchos otros temas, una elocuente muestra de una agenda en materia de derechos humanos que se ha visto suspendida desde muchos años para ciertos sectores. Vale la pena indicar al respecto desde ya que la deuda que Costa Rica viene arrastrando en varias álgidas materias de los derechos humanos (por inacción, negligencia o desidia del apartado estatal) ineludiblemente terminará en los estrados internacionales de derechos humanos.

- Nicolás Boeglin es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

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