sábado, 25 de diciembre de 2010
Plasma Tlachinollan la lucha de los pueblos indígenas en su agenda anual
SERGIO FERRER (Corresponsal)
San Luis Acatlán, 23 de diciembre. “Expresar la dimensión simbólica de la lucha de los pueblos indígenas de La Montaña”, es uno de los planteamientos principales que dieron origen a la sexta edición de la Agenda 2011 del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, planteó su director, Abel Barrera Hernández.
La Montaña Sagrada, entre el misticismo y la rebeldía, es el nombre que este año dieron a una agenda que muestra a través de imágenes y textos esenciales, la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos, así como la visión de respeto y comunicación con el entorno natural, conservada por los ancianos de La Montaña a través del tiempo.
Con fotografías inéditas y varias síntesis de momentos importantes en la lucha por los derechos humanos, la agenda La Montaña Sagrada sitúa lugares clave para introducirse en lo cotidiano de algunas regiones indígenas del estado.
El 15 aniversario de la Policía Comunitaria, la resistencia del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota, la libertad del indígena me’phaa Raúl Hernández, luego de dos años cuatro meses de estar en prisión, acusado de un delito del cual se comprobaría su mera fabricación, son ejemplos del contenido que ofrece la agenda.
Asimismo, encontramos imágenes de la riqueza cultural que se presenta ante los ojos de quien observa el amanecer de un pueblo originario, tal es el caso del ritual de lluvia, cuya presencia es notoria en diversas partes de La Montaña. En Xalpatláhuac, por ejemplo, mujeres y señores principales nahuas suben a cerros que circundan la cabecera municipal, una vez al mes en temporada de siembra, a fin de pedirle a San Marcos, al cielo, mediante un rito que incluye ofrendas en el altar, un día de rezos y bailes al son de un violín y guitarra; lluvias buenas para el maíz y para la tierra.
En la edición, se distingue también la figura de la mujer como protagonista de una lucha por la justicia, vista desde “los rostros luminosos de la justicia” de Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes denunciaron los abusos cometidos en su contra por militares, obteniendo luego de ocho años una sentencia que les favorece, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh). La permanencia de la organización de mujeres ecologistas de la Sierra de Petatlán, Tita Radilla, y la búsqueda de los desaparecidos forzadamente, hasta la intimidad de una imagen donde se ven dos manos de mujeres compartiendo tortilla en un ritual de lluvia.
La asociación civil Tlachinollan se fundó, en 1994, en Tlapa de Comonfort, siendo su misión defender desde la diversidad cultural, los derechos de los pueblos nahua, na savi, me’phaa, nn’anncue y mestizos de La Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero.
La agenda 2011 del centro de derechos humanos se vende en las librerías Macondo de Chilpancingo y Acapulco, y en la librería El Juglar de Tlapa.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Documentó CNDH más de 10 mil plagios de migrantes en 6 meses
Viernes, 24 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por Agencias
MÉXICO, DF. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene documentados más de 10 mil secuestros de migrantes ilegales en un periodo de seis meses de este año, informó ayer jueves un alto funcionario del organismo.
La CNDH ha investigado recientemente sobre el terreno el rapto de unos 50 inmigrantes que viajaban en un tren de carga por Oaxaca (sur de México) denunciado por gobiernos centroamericanos.
En México “son más de 10 mil secuestros por semestre, que serían más de 20 mil al año, los que hemos podido ir documentando”, explicó Fernando Batista, responsable de la oficina de la CNDH de atención a los migrantes.
Estos casos aparecerán próximamente en un informe que dará continuidad a uno de la CNDH de 2009, que reveló con cifras y espeluznantes testimonios el drama que viven los inmigrantes que tratan de atravesar clandestinamente México para llegar a Estados Unidos.
En aquel reporte, la CNDH documentó nueve mil 758 secuestros, mayoritariamente de centroamericanos, perpetrados entre septiembre de 2008 y febrero de 2009.
“Las cifras son importantes, pero lo que visualizan es que el problema sigue latente. Que lejos de que se hayan tomado acciones para prevenir y procurar justicia, se advierte lo contrario”, denunció Batista.
El funcionario prefirió no detallar la cifra exacta de secuestros ni el periodo estudiado para el próximo informe, porque todavía no está concluido. Explicó, sin embargo, que todos los casos fueron documentados por organismos oficiales.
La extrema vulnerabilidad de los extranjeros indocumentados en México quedó de manifiesto en agosto de este año cuando 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica fueron masacrados en un rancho del noreste del país a manos presuntamente del grupo narcotraficante Los Zetas.
Fuente: La Jornada de Morelos
Sin temor a la ley
Viernes, 24 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por Guillermo Knochenhauer
La guerra que le declaró Felipe Calderón a la delincuencia organizada ha puesto al descubierto –y ha profundizado– la ineficacia por corrupción del sistema de procuración de justicia, incluidas casi todas las policías, ministerios públicos, jueces y cárceles.
La guerra al narco ha aportado demasiados hechos que comprueban la inoperancia de la justicia, lo cual no deja a nadie indiferente: el primer efecto perverso que provoca es que la ciudadanía se convence cada vez más de que lo que impera en México es la impunidad.
El segundo efecto es el deterioro de las instituciones y el tercero, es la difusión y arraigo en muchas personas de la idea de que se puede delinquir sin sufrir mayores consecuencias.
Al hacerse evidente la ineficacia de todo el sistema para aplicar la justicia, se va profundizando la desconfianza social en la ley y lo que es peor, va cundiendo la percepción de impunidad y la inclinación de muchos, sobre todo de aquellos en quienes la violencia ha estado presente en su vida familiar y entorno social, a desenfrenar su propia capacidad violenta.
Más de treinta mil muertes entre narcotraficantes, comprendido un diez por ciento de civiles inocentes, según estimó el presidente, sin que ninguna haya sido objeto de averiguación como manda la ley que debe hacerse por oficio, deja la percepción de que en México se puede matar sin ser perseguido por la ley y si eso es posible, también se puede extorsionar, secuestrar, robar o mentir con la misma impunidad.
Calderón le declaró la guerra a los delincuentes mejor organizados sin medir las consecuencias que el deterioro institucional resultante tendría en la predisposición conductual de mexicanos que han sufrido abusos, marginación, violencia física y sicológica, a ejercer ellos mismos una conducta antisocial.
Son millones de mexicanos quienes han padecido tales condiciones. Muchos de ellos tienen predisposición a comportamientos antisociales que ahora, en ausencia del respeto a la ley por la percepción de que las autoridades están perdiendo la guerra y en muchas situaciones se les ve francamente rebasadas, se inclinan a cometer actos delictivos.
La condición (ausente por completo) que evitaría este nocivo efecto es que el enfrentamiento por la fuerza a los delincuentes estuviera acompañado por acciones punitivas en las más altas esferas del poder político y económico: gobernadores, secretarios de gobierno, legisladores, algunos empresarios.
Ningún gobierno de los países penetrados por el narcotráfico –Estados Unidos, muchos europeos y asiáticos– le han declarado la guerra porque no están dispuestos a combatirlo en sus verdaderas fuentes de poder, pero tampoco se les ocurre convertir sus calles y ciudades en campos de batalla con el único resultado posible, que es el agotamiento de las instituciones.
Otro efecto perverso del avance de la delincuencia, es la inclinación de mucha gente a armarse para defenderse de eventuales fechorías. Quienes están pensando en eso o ya lo han hecho, han asumido que el Estado es incapaz de cumplir su función esencial de procuración de justicia.
Esa perspectiva se olvida de que el Estado es la sociedad organizada precisamente para establecer y hacer cumplir las normas de convivencia y de solución de conflictos en cualquier causa particular.
Asumir la incapacidad de las autoridades en esa materia, le abre la puerta a la ley de la selva en la que cada quien se puede convertir en víctima o victimario al cumplir tareas que implican uso de la fuerza y violencia que debían ser monopolio exclusivo del Estado.
Al elogiar a la señora Isabel Miranda de Wallace por su determinación y valor para aprehender a los asesinos de su hijo, el presidente Calderón elogió, por extensión, la intervención de particulares en tareas que son responsabilidad exclusiva del Estado.
El caso de la señora Wallace es afortunadamente extraordinario: no sólo demostró que es posible localizar a los criminales cuando se hace una verdadera investigación, sino que no optó por hacerse justicia por propia mano. Su cometido es que la policía sirva y que los jueces juzguen y ese debería ser el propósito central del gobierno, de los legisladores y del poder judicial en el combate a la delincuencia organizada.
Fuente: La Jornada de Morelos
Recuento ¿Puede haber dudas sobre el Estado fallido?
En 1946, 40 años antes de que muriera, Daniel Cosío Villegas había adelantado que la derecha no sabía gobernar y que si llegaba al gobierno se derrumbaría. Cuando Carlos Salinas se hizo del poder gracias a un ejecutivo pusilánime y a una izquierda obtusa y de corto alcance, casi de inmediato empezó el desmantelamiento de los vestigios del régimen revolucionario. Al tiempo que se desmantelaba lo poco que restaba de un Estado benefactor autoritario, el ogro filantrópico que definió Octavio Paz, se hacían los amarres, los acuerdos privados, para establecer una hegemonía oligárquica.
A partir de ahí los gobiernos apenas han sido administradores de los intereses de las elites expropiadoras sobre la base de 10 puntos definidos en 1989, el Consenso de Washington: disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma impositiva, liberalización de los tipos de interés, un tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio internacional, liberalización de las inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación, derechos de propiedad.
Embozados en avances democráticos formales, se firmó el TLCAN a lo que siguió la reforma al artículo 27 constitucional, la desnacionalización del sistema de pagos nacional al vender la casi totalidad de los bancos mexicanos a la banca extranjera. Todo habría de rematar con un disruptivo reconocimiento del Vaticano como Estado. Desde entonces, las agresiones y manipulaciones contra la laicidad del Estado son constantes.
De los tres gobiernos habidos después de toda esta reasignación de las riquezas nacionales a elites oligarcas, sólo de los de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox puede decirse que fueron administradores de los intereses dominantes. El de Felipe Calderón Hinojosa ha significado la casi desaparición del Estado.
Las pérdidas de control territorial de zonas y ciudades, los más de 30 millares de muertes asociadas o derivadas de la violencia criminal, las escenas dantescas pronto se hicieron parte de la cotidianidad de los tiempos de Calderón. Lo sucedido en las últimas dos semanas, menos de 15 días, es prueba de lo que hace tiempo era previsible, la crisis de la desaparición, o el achicamiento si se prefiere, del Estado. Veamos.
El jueves 9 de diciembre el estado de Michoacán estuvo por más de 12 horas sumergido en el azoro y la zozobra. Morelia y Pátzcuaro fueron sede de operaciones de pistoleros. Intercambio de fuego con fuerzas federales en puntos diversos del área urbana, bloqueo en arterias y carreteras y ataques a puntos sensibles. Los ataques se extendieron por 14 municipios. Alejandro Poiré trató de minimizar, dijo que los capos “sólo” intentaban proteger su huida por el operativo contra La Familia. Brillante. Días antes había trascendido la noticia de que uno de los principales líderes de la organización, La Tuta, cobraba como maestro en la SEP. Ese mismo día un comando fusiló en plena carretera, frente a automovilistas, a seis personas en Chihuahua. En el transcurso de la jornada asesinaron a nueve personas más en ese estado.
El viernes Michoacán estaba en estado de sitio, en 16 municipios el temor era generalizado. El día anterior los federales mataron a El Chayo, pero para hacerlo la violencia se esparció por 11 municipios. Luego hubo una marcha que exigía que la SSP saliera del estado, varias personas llevaban cartulinas con leyendas de apoyo a La Familia.
Para el sábado continuaban los enfrentamientos en Michoacán, al parecer porque se intentaba rescatar el cuerpo de El Chayo, Nazario Moreno González.
Con todo y la violencia en 11 municipios michoacanos, el domingo 12 la Policía Federal sostuvo que era un plan “quirúrgico” para localizar a líderes de La Familia. El cerco puesto desde el miércoles en los poblados El Alcalde, Guanajuatillo y Holanda seguía en operación. Trascendió que la ofensiva fue sólo de la PF y que Ejército y Marina no fueron enterados. Ese mismo domingo se organizaron marchas en Apatzingán y en Morelia; entre los reclamos al Presidente en pancartas, marchaban otras de franco apoyo a La Familia.
Para el jueves 16 La Familia advirtió que o se acuerda un pacto o habrá guerra. La advertencia es para el gobierno federal, pero éste se deslindó acusando a gobierno de Godoy de débil. También aseguraron que el cerco sobre la organización criminal michoacana se cerraba.
Ese mismo jueves fue asesinada justo frente a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua Marisela Escobedo. Hacía una semana que se manifestaba pacíficamente; exigía la actuación de las autoridades para recapturar al asesino de su hija Rubí, al que habían dejado libre. Ella corrió para refugiarse en el palacio de gobierno y a pocos pasos de sus puertas, el hombre que la perseguía le disparó a la cabeza.
El viernes 17 de diciembre escaparon 151 reos por delitos federales del penal estatal de Nuevo Laredo. En el año se han fugado 268 reos en Tamaulipas. El gobierno federal, indignado, vía la Secretaría de Gobernación, le exigió al gobierno estatal la recaptura de “sus” reos. “Es deplorable la ausencia de medidas efectivas de control y resguardo por parte de las autoridades locales, misma que ha generado fugas frecuentes de esos centros penitenciarios, que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades.” Ayer, el presidente Calderón expresó su indignación de forma harto significativa y particularmente ofensiva pero que descubre la naturaleza de su perfil psicológico: “Llevan más de 300 que han dejado ir a la calle. Bueno, así ¿cuándo vamos a acabar? Yo los agarro y ellos los sueltan”. Habría que preguntar al gobierno federal, dada la tan puntual diferencia de delitos y fueros, por qué no se hace cargo de sus propios reos.
Con fanático convencimiento, mínima capacidad de evaluación y nula autocrítica ese mismo viernes la Secretaría de Gobernación asentó que no darán tregua ni abandonarán la entidad hasta erradicar al cártel de La Familia Michoacana. Luego del desastre el secretario Francisco Blake anunció la enésima “nueva etapa” en la relación estatal-federal. Ya sea en la total ignorancia o en la omisión grosera, Blake dijo que el combate a la delincuencia implica no dejar que México, Michoacán o algún municipio o comunidad, queden a la deriva, sin leyes e instituciones fuertes y bajo la amenaza de los criminales. Michoacán, Ciudad Juárez, Monterrey, decenas de municipios si no es que cientos, carreteras y zonas enteras de Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa están bajo el control de empresas criminales y con el Estado o retraído o de plano ausente. Ese mismo jueves, La Jornada reportó el estallido de un coche bomba en Nuevo León. En Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, otro enfrentamiento entre agentes de la policía local y pistoleros que abrieron fuego contra comercios. En Nayarit, ocho asesinatos, tanto en las calles como en domicilios. En Baja California un militar estadounidense de 21 años fue asesinado por los ocupantes de una camioneta en un camino de Mexicali.
Grupos del crimen organizado ultimaron a otras 26 personas en Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Morelos y el estado de México, donde una mujer fue decapitada en el municipio de La Paz.
El domingo estalló un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan. El gobierno se apresuró a decir que fue la consecuencia de la toma clandestina de ordeña de las cuales hay cientos por todo el país. Dadas las circunstancias sería verosímil, pero el senador Francisco Labastida hizo notar el apresuramiento del gobierno en culpabilizar a otros antes de una investigación. Hay reportes de que en el río Atoyac llegó petróleo crudo, lo que hace del todo improbable la ordeña del ducto. Desde hace años Labastida ha denunciado el abandono del mantenimiento por parte de los gobiernos del PAN y Pemex.
El lunes, luego de siete meses de haber sido secuestrado, Diego Fernández de Cevallos fue liberado. Apareció fuerte, políticamente lúcido. Acicalado como si viniera de cualquier encuentro casual e hizo de su liberación un evento político y mediático. El montaje abre demasiadas suspicacias sobre los tiempos de la “liberación” e incluso sobre el secuestro. Es algo que apenas empezará a procesarse. Pero no hay que olvidar que el gobierno se retiró de las investigaciones a petición de la familia Fernández de Cevallos. El presidente Calderón se compromete a la persecución, lo cual pone a cualquiera que resulte detenido por sospechoso en condiciones de extrema indefensión. Demasiados cabos sueltos.
En poco menos de 15 días hemos sido testigos de una intensa y dramática cadena de acontecimientos atravesados todos por un común denominador. La ausencia del Estado.
64 años después, la profética frase de Cosío Villegas es intensamente vigente. La derecha, el PAN, no sabe gobernar.
Lo aterrador es que en 10 años ese “no saber gobernar” ha hecho un remedo del Estado mexicano un Estado fallido.
*Es Cosa Pública
leopoldogavito@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
Una colchoneta y un pollo, el regalo del ayuntamiento a los mineros en huelga
CORRESPONSALÍA
Taxco, 23 de diciembre. “En fechas decembrinas, especialmente esta Nochebuena y Navidad, es cuando más viene la nostalgia a nuestros hogares, al cumplir tres años y medio al lado de nuestros esposos en este movimiento de huelga. Qué fácil se dice, y qué difícil, qué doloroso, qué agotante y desgastante ha sido para nosotras, las amas de casa”, reclamó Ana Marybell Yáñez, presidenta de las Guerreras de Plata, grupo que integra a cónyuges de los mineros de la sección 17 de Taxco.
Aseguró que estos años han sido cruciales “pero no imposibles, sabemos que ellos luchan por sus derechos laborales, por la seguridad en su fuente de trabajo, por su contrato colectivo”.
Sin embargo reclamó que “nos hace falta tanto apoyo físico, moral, económico, en especie, en todas las maneras que sean, nos falta mucho apoyo”•.
Dijo que han tenido la tarea más pesada, el saber administrar “lo que nuestros esposos llevan a casa”, el seguir alentando a nuestros esposos, papás, hijos, hermanos tíos.
Informó que las Guerreras de Plata, hicieron una gestión al presidente municipal Álvaro Burgos, para “ver qué nos podía regalar para estas fechas, y nos dio una colchoneta y un pollo para cada minero activo, y que hasta la fecha, parece que es y será el único apoyo o regalo para nuestra Navidad”.
Lamentó que en esta navidad, parece que será de las más difíciles, considerando que en estas fechas, la espera es que nazca “una esperanza en nuestros corazones, la fe, la ilusión, y créanlo, que así es, nuestra fe y esperanza para la solución a nuestros esposos, sigue viva, y con mucha más fuerza, pero en nuestras manos no está calmar la ilusión de nuestros hijos, la llegada de su regalo, su mirada, tan tierna e inocente es la que abate nuestros corazones, al no poderles comprar o dar algo especial en estos días”.
Reclamó que los candidatos para gobernador, piden el apoyo, y al mismo tiempo, se preguntó “acaso en estos momentos tan difíciles para nuestros esposos, recibieron algo de manos de estos aspirantes, porque lo único que hemos recibido es lo que sabemos, puras palabras en su visita”.
La ama de casa Ana Sánchez les dijo a los tres aspirantes que “no nos conformamos con palabras, queremos hechos y ustedes tienen una esposa a su lado, que tal vez no pase carencias como nosotras; tienen hijos, que recibirán un gran regalo en esta Navidad y lo peor, que muchos de nuestros hijos han dejado de estudiar, y con una ilusión nos dicen y nos dan sus cartas tan largas, en espera de los Reyes Magos”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Piden al Estado reconocer la creación del comité contra la desaparición forzada
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 23 diciembre. El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) confió en que con la entrada en vigor de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada y junto con organizaciones sociales del país enviaron una carta al Presidente Felipe Calderón Hinojosa para que reconozca al Comité Contra la Desaparición Forzada.
En conferencia de prensa, la representante del Tadeco, Isabel Rosales, destacó que hoy entró en vigor la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, la cual ha sido firmada y ratificada por México junto con otros 21 países, pero sólo siete han reconocido la integración de ese comité, con el propósito de recibir información de personas que alegan haber sido víctimas de alguna violación en ese sentido.
La activista dijo que tan sólo en Guerrero en estos últimos años suman más de 250 casos de desaparición forzada y tan sólo en lo que va de este año van más de 33 personas desaparecidas.
Este jueves simultáneamente se están convocando a conferencias de prensa para exigir al gobierno de México que reconozca al Comité contra las Desapariciones Forzadas, pues de no reconocer a dicho comité no habrá forma de dar seguimiento a los miles de casos que hay en todo México.
“Para nosotros como familiares de personas desaparecidas y organizaciones es de mucha importancia porque con ello se abre un camino más para encontrar a nuestros seres queridos”, indicó.
Agregó que con la ratificación de este convenio, se obliga al Estado Mexicano a investigar y a dar con el paradero de los familiares así como dar con las personas responsables de dichos crímenes.
Sin embargo, admitió que hay desconfianza, pues a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ha dictado sentencias contra el Estado mexicano por desaparición forzada, en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, el gobierno federal se ha negado a investigar a fondo el paradero del ex alcalde o bien con sus restos mortales.
“El que se firme esta convención pues no es garantía de que se encuentren a nuestros desaparecidos, pero sí es un antecedente de que se puede lograr algo si seguimos trabajando”, concluyó Rosales.
Fuente: La Jornada de Guerrero
“No más saqueo al río de San Luis Acatlán”, exigen activistas
SERGIO FERRER (Corresponsal)
San Luis Acatlán, 23 de diciembre. Mujeres representantes del movimiento civil Salvemos nuestro río declararon que no permitirán la extracción excesiva de materiales pétreos que por más de 10 años han deteriorado parte del afluente de San Luis Acatlán.
María Elena Vázquez Juárez, activista de Salvemos nuestro río, explicó que durante 12 años, de manera ilegal, se ha explotado el material del río sin ningún tipo de regulación que contrarreste o evite el deterioro ecológico.
Mencionó también el envío reciente de un oficio a distintas estancias, firmado por más de 300 personas, a fin de evitar la aprobación de dos procesos de estudio de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que busca evitar el otorgamiento de algún tipo de concesión para extracción de material.
La organización ha señalado a Nacxitl Berrum Domínguez, dueño de la empresa Construrama Zazil, como el principal explotador del río, pero apuntó que existen nueve personas más que están saqueando el río.
El 22 de noviembre, activistas bloquearon el paso al lugar donde se encuentra el área concesionada hace dos años a Berrum Domínguez; colocaron una manta en la cual se anunciaba el bloqueo a camiones de volteo que extraen grava y arena.
Posteriormente, representantes de Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sostuvieron una reunión, el 14 de diciembre, con inconformes, donde, de acuerdo con Vázquez Juárez, los funcionarios justificaron la concesión otorgada por Conagua, a pesar de que se les presentó un video que muestra las afectaciones al río y realizar una visita a lugares donde clandestinamente se almacena en gran cantidad, el material pétreo extraído del río.
El 16 de diciembre, representantes del movimiento civil, se reunieron con Semarnat y Profepa, nuevamente, pero eran otros funcionarios quienes los atendieron.
Hasta ahora se acordó suspender los trabajos de extracción de materiales; Salvemos nuestro río mantiene vigilancia intermitente en el cauce y espera recibir copia de los acuerdos establecidos en la reunión que aseguren la protección del río.
“No hay marcha atrás en nuestras exigencias para detener el saqueo abusivo del río”, declaró Pilar Vázquez Rosas, quien, junto con Lucía Santiago Ortega, acompañó a Vázquez Juárez en la entrevista con medios. Finalmente, recordó que su trabajo por conservar el río ha sido demeritado por autoridades como el presidente municipal.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Incrementa a 500 mdp el monto que Pemex pagará a los damnificados de Texmelucan
PAULA CARRIZOSA
Sin la presencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, de quien se tenía el rumor de que nuevamente visitaría la zona afectada en San Martín Texmelucan, Puebla, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, informó que el monto que se destinará a los damnificados por la explosión será de 500 millones de pesos.
Al mediodía de ayer, el titular de Pemex realizó un breve recorrido por la “zona cero”, el lugar donde se registraron las mayores afectaciones durante la explosión sucedida la mañana del 19 de diciembre, que costó la vida de 29 personas y dejó heridas a 52, además de que provocó daños a 115 viviendas y varios vehículos resultaron quemados.
En breve entrevista, sin detenerse a atender a los medios de comunicación ni a las decenas de vecinos que pretendían saludarlo, Suárez Coppel refirió que serán de “300 a 500 millones de pesos los que se destinarán a los afectados”, cifra que contrasta con el fondo emergente inicial de 30 millones de pesos.
Mientras cruzaba el Puente Rojo, una de las zonas más afectadas por el incendio, señaló que la empresa ya había empezado con los primeros pagos, y que el monto que recibirían las familias sería confidencial.
El directivo de Pemex destacó que con el apoyo de las autoridades locales se continuará reuniendo la documentación necesaria para que los afectados puedan acceder a esos recursos.
Al respecto, informó que sólo cinco familias de las aproximadamente 100 que fueron damnificadas han cumplido con el papeleo necesario para recibir dicha indemnización.
Sobre la causa de la explosión informó que en la zanja, la cual mide dos por dos metros, se nota claramente el orificio de la filtración del crudo que proviene de una tubería de 30 pulgadas de diámetro y que dicha fractura fue hecha con una pala.
“Está claro que se trató de una toma clandestina fallida que provocó la ruptura causando la ignición y el posterior incendio”, indicó.
Precisó que lo anterior coincide con la investigación previa realizada por la Procuraduría General de la República, en la que se demuestra que ésta fue la causa del desastre.
Antes de abordar la camioneta que lo llevaría hasta su helicóptero, aseguró que el monto que destinó la paraestatal “es una cifra suficiente para resarcir los daños”.
Tras unos minutos, arribó al lugar Noé Peñaloza, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, quien desde el incidente no había visitado la zona del desastre y mucho menos había tenido un acercamiento con los afectados.
Enseguida, vecinos de las colonias Solidaridad, San Damián, El Arenal y San Juan lo abordaron para tratar de dialogar y de exponer sus necesidades.
Peñaloza fue protegido por otros funcionarios municipales y por algunos representantes de Pemex, quienes lo custodiaron hasta la entrada de la calle 11 de noviembre, una de las avenidas más afectadas.
“Sólo queríamos preguntarle por qué no había venido después de tantos días, sólo deseábamos platicar sobre la ayuda y las cosas que nos hacen falta”, refirió Antonio Soledad Vargas, un vecino de la colonia Solidaridad, quien fue retenido por los policías cuando intentó seguir al edil.
Peñaloza y su comitiva siguieron su marcha, la cual tuvo el propósito de “supervisar” el trabajo de unos 50 hombres que sobre la 11 de Noviembre realizaban tareas de limpieza en el pavimento y las fachadas de las decenas de casas que se incendiaron.
Tras casi una hora, el funcionario optó por salir por el “puente de la 16”, una vía contraria con la que evitó el cuestionamiento de los pobladores y de los medios de comunicación.
Sin fecha de pago para los más de 100 hombres que limpian Texmelucan
Contratados por la empresa “Biotecnología Aplicada al Saneamiento Ambiental” (Basa), más de 100 hombres vestidos de naranja continuarán este fin de semana con las labores de saneamiento en las laderas del río Atoyac, en las calles, el puente, la zona del tianguis y las casas que resultaron afectadas tras la explosión.
El pasado martes tan sólo eran unas 70 personas las encargadas de recoger los restos del petróleo que contamina la zona. Para el mediodía de ayer, sumaban cerca de 170 los empleados que, de manera emergente, habían sido contratados por la empresa.
Hortensia González, una mujer comisionada de pasar lista y de ayudar con el amontonamiento de las cientos de bolsas negras que contienen los desechos tóxicos, expresó que “los patrones aún no han definido la forma ni la fecha de su primer pago”.
“Basa nos había dicho que serían mil 200 pesos, pero se rumora que sólo serán 900”, mencionó mientras señalaba a los grupos de trabajadores, que bajo el sol, sin derecho a comida y con apenas un cubre boca y unas botas de plástico se reparten por el lugar.
Ramón Hernández, un recién contratado, dijo que “lo que se trataba era de limpiar lo más pronto posible a Texmelucan”, por lo que trabajarán estos 24 y 25 de diciembre, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
La Sedesol sólo ofreció atención dental
A pesar de la serie de afecciones en las vías respiratorias que han causado los fuertes olores que se despiden del río Atoyac, los cuales resultan de la mezcla de los restos del petróleo y de la contaminación del afluente, la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) sólo dispuso una brigada de atención dental.
Un grupo de cuatro dentistas se instaló desde la tarde de este miércoles y hasta el día de ayer en el patio de la familia Cedillo Botello, en la colonia Solidaridad.
Durante ese lapso de tiempo, expresó el encargado de la brigada, Juan Jerónimo Contreras, atendieron a unas 90 personas que además de la revisión dental pudieron solicitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o la Clave Única de Registro de Población, dos de los servicios de la Sedesol.
Jorge Cedillo, dueño de la casa y uno de los afectados, lamentó que la dependencia sólo les haya enviado a esta brigada, cuando hubieran preferido “médicos familiares para que atendieran a todos aquellos que el domingo habían salido corriendo con las manos vacías”.
Fuente: La Jornada de Oriente
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
