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lunes, 15 de octubre de 2012
Sus madres solo quieren saber donde están
El día de hoy la caravana “Liberando la esperanza” integrada por decenas de familiares – principalmente madres – de personas migrantes desparecidas ha partido desde la localidad de El Ceibo en Tabasco. Quienes integran esta caravana buscan a sus familiares, en su mayoría migrantes procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Amnistía Internacional (AI) se solidariza con las familias de migrantes que han desaparecido y se suma a su llamado a las autoridades para que se investigue el paradero de estas personas, y que, en caso de que hubiesen sido víctimas de asesinatos, secuestros u otros crímenes, los responsables de estos crímenes sean llevados rendir cuentas ante la justicia.
“Buscan a sus hijos e hijas, pero buscan también verdad y justicia. No están solas, miles de personas en todo el mundo sentimos su dolor y les acompañamos en su búsqueda”, afirmó Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
Esta caravana recorrerá las principales localidades por las que atraviesan los migrantes a través de México, con la esperanza de encontrar a sus familiares o información que les ayude a localizarles. La caravana recorrerá Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas.
Activistas de Amnistía Internacional estarán presentes en algunos puntos de la ruta para acompañar las actividades.
“Busco la verdad, saber lo que pasó, nada más que eso. Tengo la esperanza que alguna vez las voy a volver a ver” comentó a Amnistía Internacional una joven salvadoreña quien perdió la pista de sus dos hermanas mientras ellas cruzaban México.
“No es casual que las desapariciones de migrantes continúen siendo una realidad en México. Cuando los responsables de estos abusos no son llevados a la justicia, es probable que esos abusos vuelvan a cometerse. No hay mensaje más peligroso que el de la impunidad.” Agregó Herrera.
La organización hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas a cumplir su compromiso de tomar medidas efectivas para que los abusos contra migrantes sean adecuadamente documentados, investigados y los responsables llevados ante la justicia. Así como de establecer la identidad los migrantes asesinados en México. Estos compromisos fueron anunciados hace ya más de dos años por el gobierno federal al presentar el plan para prevenir los secuestros y asesinatos a migrantes. Sin embargo, Amnistía Internacional no tiene información sobre la forma en que este compromiso se ha transformado en resultados concretos en favor de la verdad y la justicia para las y los migrantes víctimas de secuestro.
Información adicional
Desde las organizaciones de familiares de desaparecidos así como desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha denunciado la desapariciones de miles de personas en los últimos años, incluyendo personas migrantes. La gran mayoría de estas denuncias no han sido investigadas de forma debida lo que ha obstaculizado el acceso a la justicia y determinar la posible participación de funcionarios del Estado.
No hay cifras oficiales sobre el número de migrantes que atraviesan irregularmente México pero, durante el año pasado 60.000 fueron detenidos y repatriados. Cada año, miles de mujeres, hombres, niñas y niños atraviesan México sin permiso legal como migrantes irregulares. Más de 9 de cada 10 son centroamericanos, en su mayoría de El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua
México es uno de los pocos países del mundo que es tanto destino como vía de tránsito para las personas migrantes, así como punto de partida de la emigración, ya que miles de mexicanos tratan de cruzar la frontera con Estados Unidos en busca de trabajo. En febrero de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó de que 11.000 migrantes habían sido secuestrados en los seis meses anteriores.
Oficio de Papel
• Nuevo escándalo en el Tribunal Electoral
• Sobreprecios de hasta 500 % en compras
• Violan derechos humanos de empleados
Ante la inminente salida del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, se ha desatado una pugna interna entre los seis magistrados para decidir quién lo relevará en el cargo y, hasta ahora, la ventaja la lleva el doctor Salvador Olimpo Nava Gomar.Aparejado a esta sucesión inminente, en el máximo órgano judicial electoral del país hay un nuevo escándalo de corrupción, abuso de poder y violación a los derechos fundamentales de varios trabajadores. Es tal la arbitrariedad que se vive en ese Tribunal, que el caso debería ser investigado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, pues la responsabilidad apunta al mismo magistrado presidente, a quien varios empleados acusan de violar sus derechos humanos y laborales el pasado 18 de septiembre, cuando sin justificación ni investigación alguna, fueron suspendidos y despedidos por el mismo Luna Ramos.
Todo empezó la mañana del 18 de septiembre, cuando el doctor Luna Ramos citó a reunión urgente en la sala de juntas de la Presidencia al magistrado Salvador Nava; al contralor José Izcóatl; al coordinador de Recursos Humanos, Rafael Elizondo; al oficial mayor, César Silva; al director general de Adquisiciones, Fernando Verduzco; a los subdirectores Juan Ochoa y Alfredo Chavarría, y a Jorge Chón, este último del equipo del magistrado Nava.
Ahí, sin prueba alguna y aconsejado por su secretario particular Jorge Mata y su coordinador de asesores Felipe de la Mata, el presidente magistrado arremetió en contra de varios de los presentes y los acusó de integrar una red de corrupción al interior del Tribunal, al realizar compras con sobreprecios de hasta 500 por ciento, afectar el patrimonio público y traficar con influencias para despedir y poner personal a modo en las áreas de compras y adquisiciones.
Por la tarde de ese mismo martes 18 de septiembre y después de sostener una larga plática con su secretario particular y con su coordinador de asesores, el doctor Luna Ramos bajó hasta las oficinas de los acusados y los suspendió de sus labores y los obligó mediante la fuerza a abandonar su centro de trabajo.
Quienes presenciaron la escena, cuentan que sorpresivamente el presidente magistrado se apareció en las oficinas administrativas y, sin más, estalló en gritos y manoteos en contra de varios trabajadores que, desconcertados y sin saber el motivo de lo que le sucedía al magistrado, fueron regañados por varios minutos, hasta que empezaron los despedidos de unos y las suspensiones para otros. Todo de manera verbal, pues no había hasta ese momento alguna explicación ni investigación de parte del órgano interno de control que justificara la actitud del doctor Luna Ramos.
Eran tales los exabruptos del presidente del Tribunal Electoral en contra de varios trabajadores, que algunos de ellos llegaron a pensar que se trataba sólo de que a Luna Ramos se le habían pasado las copas, una vez más. Si el titular de la CNDH considera abrir una investigación por violación a los derechos humanos de varios empleados de mandos intermedios de ese órgano judicial, podría pedir revisar las imágenes del desaguisado del funcionario que fueron captadas por las cámaras de vigilancia que están esparcidas en todas las instalaciones.
Además del duro regaño con insultos y amenazas, Luna Ramos obligó a los trabajadores a abandonaran su centro de trabajo sin mediar explicación alguna. Para verificar que se cumplieran sus órdenes, el presidente del Tribunal pidió al supervisor de seguridad, un almirante de apellido Cano, que acompañara hasta la puerta a varios empleados y los sacara de las instalaciones. Ordenó también al contralor interno, José Izcóatl, que respaldara los archivos de todas las computadoras y ordenadores del área administrativa, para evitar que alguien borrara algún archivo.
Los trabajadores despedidos y suspendidos de sus labores por órdenes del presidente del Tribunal son José Alfredo Chavarría, subdirector de Adquisiciones; Jorge Chón, jefe de la Unidad de Adquisiciones; Juan Ochoa, subdirector de Compras; Fernando Verduzco, director General de Adquisiciones, y Mara Tafoaya, del área de Compras. De esta última persona el doctor Luna Ramos se refirió ofensiva y despectivamente al comentar que: “por cierto, ya no es señorita, pues sé muy bien que anda con Jorge Chón”.
Después de la acometida del funcionario en contra de los trabajadores (primero sanciono y luego investigo), ordenó al contralor abrir un procedimiento de investigación en contra de los acusados.
En medio de este escándalo, al interior del Tribunal aseguran que hay un “complot” para obligar a Luna Ramos a presentar su renuncia irrevocable y permitir que algún magistrado más joven tome las riendas del máximo órgano de procuración de justicia electoral. Y si para ello tienen que acusarlo de malos manejos administrativos, pues dicen que están dispuestos a todo.
Abusos del Tribunal
En esta columna hemos dado cuenta de los constantes abusos en el manejo del dinero público del Tribunal. Por ejemplo, tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. En su defensa, el titular Luna Ramos aseguró que ese bono lo reciben cada año y que, además de ser legal, no tuvo nada que ver con el periodo electoral.
Los beneficios económicos para quienes validaron las elecciones presidenciales no acaban ahí: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales, cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gastó más de 80 millones de pesos en el Programa Específico del Proceso Electoral Federal.
Apenas tres días antes de que se celebraran las elecciones presidenciales, los magistrados José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López obtuvieron un bono de 488 mil 799 pesos, cada uno. El dinero ingresó a las cuentas bancarias de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 28 de junio.
Fuentes allegadas a la institución aseguran que se trata del bono de riesgo; y que, en la semana del 18 al 24 de junio, los magistrados habrían votado en su sesión ordinaria para autoasignarse dicha prestación.
Espionaje en el TEPJF
El Tribunal va de escándalo en escándalo. A principios de septiembre, comentamos como antes de dar el fallo sobre la elección presidencial de julio pasado, los magistrados del TEPJF fueron objeto de espionaje. El caso involucraba a servidores públicos del propio Tribunal en colusión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda Dionisio Pérez-Jácome Friscione. Esta es otra prueba del “complot” orquestado por algún magistrado en contra del presidente Luna Ramos.
Según la información interna, una camioneta con el logotipo de la SCT se apostó a las afueras de la Sala Superior (ubicada en Carlota Armero, 5000, colonia CTM, en la zona de Culhuacán, Distrito Federal), donde sesionaban los siete magistrados, y con aparatos sofisticados registró ilegalmente las llamadas telefónicas, así como las discusiones del pleno sobre el expediente llamado “juicio madre”, presentado por el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador.
El propósito era saber si algún magistrado estaba en contra de la “legalidad” del proceso, y el recurso que se analizaba entonces es aquel con el que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano exigían la anulación y reposición de los comicios presidenciales, y que puso muy nerviosos a varios políticos.
Así, todas las conversaciones sostenidas durante uno de los días más intensos en el Tribunal fueron ilícitamente grabadas y posteriormente analizadas por presuntos servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones.
El caso no es ajeno para los magistrados, quienes habrían sido alertados por el aparato de seguridad que resguarda la Sala Superior. Los elementos de seguridad de ese órgano judicial fueron quienes descubrieron la inusual conducta del vehículo de la SCT y, sobre todo, de una de las secretarias de un magistrado del Tribunal.
A lo largo del día, la secretaria entraba y salía de la Sala Superior. Su actitud despertó las sospechas de los guardias, quienes sin que ella se diera cuenta, iniciaron un seguimiento. Descubrieron que, invariablemente, la funcionaria “visitaba” la camioneta de la SCT, para interactuar con los sujetos que se encontraban en su interior.
A pesar de la gravedad del caso, los guardias se limitaron a improvisar un operativo de “revisión”. Al interior de la camioneta descubrieron un sofisticado equipo de telecomunicaciones para intercepción de mensajes y llamadas, así como la escucha de micrófonos que habrían sido ocultados al interior de la Sala Superior para grabar las discusiones privadas de los magistrados, por lo que tras unas llamadas a sus “jefes”, procedieron únicamente a “despejar” la zona y evitar que se continuara con las labores de espionaje.
La orden que recibieron los vigilantes desde el Tribunal Electoral fue ésa: permitir que la camioneta de la SCT se fuera después de varias horas de espiar a los magistrados. Además, éstos decidieron no denunciar el hecho ante la Procuraduría General de la República como procedía, para no generar mayor tensión respecto del fallo que ya había sido tomado días atrás sobre la elección presidencial.
En sigilo, el órgano judicial separó de su cargo a la secretaria del magistrado que colaboró con los espías de Comunicaciones y Transportes. Pero tampoco procedió judicialmente en su contra. Todo en el Tribunal es un hermetismo, sobre todo por la inconformidad del fallo entre un importante sector de la población, de tal manera que el espionaje presuntamente del gobierno federal sobre un órgano del Poder Judicial lo mantuvieron en secreto.
Al interior del Tribunal Electoral es un secreto a voces que Alejandro Luna Ramos dejará la presidencia para que el verdadero grupo de poder de dicho órgano judicial asuma abiertamente el control total. Cansado y agobiado por las presiones políticas externas e internas, el presidente magistrado estaría de acuerdo en dejar su cargo y prepararse para incorporarse al próximo gobierno priista.
Este Tribunal ha estado marcado por el abuso del dinero público. A su presidente Luna Ramos le asignaran para su servicio dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina; un ingreso mensual neto de 250 mil pesos, mientras que los otros seis magistrados ganan 230 mil; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa Metlife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento de dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.
Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital de cinco estrellas, el magistrado no desembolsará un solo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
Corrupción entre los principales ejecutivos de Walmart en Estados Unidos. ¿Y en Walmart México, apá?
Durante los últimos 4 años las ventas de Walmart Estados Unidos han caído estrepitosamente.
El sistema de maestros del Estado de California (jubilados) CalSTRS propietarios de 315.500.000 millones de dólares en Walmart presentó una queja en contra de los ejecutivos y miembros del directorio del monopolio por corrupción. En la demanda se afirma que "altos funcionarios de la empresa que participan en actos de corrupción se debe hacer público".
¿Cómo Walmart hace negocios?
He aquí algunos ejemplos de corrupción que involucran a directores de esa empresa en el 2012.
Eric Scott, hijo de Lee Scott, expresidente y director general de Walmart Stores Inc. y actual miembro de la junta, es el director general de Industrias Cheyenne. El monopolio compró aproximadamente $24 millones de dólares en muebles para el hogar de la compañía de Eric Scott en el 2012.
Walmart pagó a Saatchi & Saatchi $198.000 dólares para servicios de marketing. Brittany Duke, ejecutiva de Saatchi es la hija de Mike Duke presidente y director general de Walmart Stores con un sueldo mensual de 20 millones de pesos M.N.
Stephen Weber, gerente de Walmart, se pagó $167,869 dólares en salarios y beneficios en el 2012. Weber es yerno de Mike Duke. Su bono de $32.024 es un 40% más que el promedio de los trabajadores del monopolio en Texas que ganan en un año.
Arne Sorenson, presidente y director general de Marriot International, es también director de Walmart.
Sorenson recibió 19 millones de dólares del monopolio en el 2012 por "servicios de hotel, alojamiento y afines".
Walmart tiene 10 de sus 16 directores como "independientes", sin embargo, tres de estos directores incluyendo Arne Sorenson son funcionarios de un proveedor de Walmart o proveedor de servicios; seis directores del monopolio también se sientan como directores de una empresa que es un proveedor de Walmart o del vendedor; tres directores de Walmart se asocia con una entidad a la que el monopolio hizo donaciones, y 2 tienen familiares cercanos que trabajan para el monopolio como proveedor. En la familia Walmart corporativo, parece que todo mundo está haciendo negocios con todos los demás.
Mientras Walmart no se puede borrar en el mundo de ser una empresa explotadora en el aspecto laboral al pagar los salarios más bajos y tener contratos por 4 horas para evitar el pago de seguro social y demás prestaciones.
Jacobo 1, Cash Jr. es profesor emérito de la Escuela de Negocios de Harvard, y miembro de la junta directiva de General Electric, menciona "Estamos solicitando al monopolio la renuncia de altos ejecutivos que están implicados en el escándalo de soborno mexicano", Rush Davis, director ejecutivo de Massachusetts Trabajo Con Justicia, señalo. "Estamos profundamente preocupados de que Walmart está usando el dinero y el miedo para obligar a las comunidades locales para que acepten sus planes de expansión.
Exigimos al monopolio dar a conocer el dinero que pagó a autoridades locales y la Fundación Walton que solicita a cambio de donaciones.
En la reunión anual del 1 de junio de este año, los accionistas solicitan en un informe revelar los montos que la empresa haya pagado en CAMPAÑAS POLÍTICAS y tratar de influir en la opinión pública "EN MATERIA LEGISLATIVA".
Después de investigar el caso de soborno en México, CalSTRS concluyó que "el colapso total de la gobernabilidad corporativa de Walmart amenaza con dañar la reputación de la empresa.
Frente Nacional contra Walmart
Dr. Enrique Bonilla Rodríguez
fundador y coordinador
frentenacionalac@yahoo.com (agradezco reenviar).
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