MÉXICO, D.F. (apro).- Hace 18 años, la inexistencia de un estado de derecho y el abandono de las autoridades para con su gente recrudeció los homicidios, violaciones y secuestros en la región de La Montaña de Guerrero. El olvido de sus autoridades los obligó a protegerse a sí mismos, a organizarse, armarse y detener la ola de violencia que vivían.
“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, se advierte en el artículo 17 de la Carta Magna.
Sin embargo, cuando el Estado es incapaz de cumplir con su obligación de proporcionar seguridad a la vida y propiedades de los ciudadanos, ¿qué se puede hacer”, ¿es válido y legítimo organizarse en brigadas de autodefensa?
Hoy una tercera parte del país decidió seguir el ejemplo de los guerrerenses. A esta entidad se han sumado Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y Tlaxcala.
En otras palabras, suman nueve estados, de 32 entidades, cuyos habitantes ya se hastiaron de discursos, promesas, abusos y olvido en que han incurrido las autoridades de los tres niveles.
Es por ello que al menos 40 comunidades distribuidas en nueve estados han decidido organizarse en las llamadas brigadas civiles de autodefensa. ¿Quién puede juzgarlos?
¿Los diputados que cuando hacen leyes se olvidan de quienes viven en zonas lejanas; gobernadores que sólo se preocupan por aumentar su escolta para que el crimen no los alcances, o un encargado del Ejecutivo federal que no hace sino anunciar programas sociales para aplicarse en lugares de próximas elecciones?
Si el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, no se ocupa de ellos, ¿puede cuestionar su proceder o, lo que es peor, decirles que se unan a las policías legalmente constituidas para que hagan el trabajo por el cual a las autoridades les pagan?
El hartazgo de la gente sólo tiene una salida: la acción. ¿No fue acaso el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el que con su activismo obligó a la Presidencia, partidos y legisladores a hacer una Ley General de Víctimas?
Acaso no fue la comunidad de San Dionisio del Mar en Oaxaca la que se movilizó para defender sus tierras de la expoliación de la empresa Mareña Renovables, que busca construir un parque eólico para ofertar energía a empresas privadas. Lo que no hizo el gobernador de Oaxaca, defender la seguridad y propiedades de sus ciudadanos, lo tuvieron que hacer ellos mismos.
Hoy la comunidad de San Dionisio del Mar cuenta, gracias a su organización, con la protección de un amparo que ha detenido los trabajos de la empresa privada. Y no fue gracias precisamente a su gobierno.
Este proyecto afecta a 13 comunidades, una de ellas, Alvaro Obregón, ya se organizó: juntó a 300 hombres como grupo de autodefensa para luchar por lo que les da para vivir. Esta comunidad tiene hoy una de las 36 brigadas de autodefensa.
No es poco, se arman ante la indefensión en que los tiene el Estado.
El Estado de México, la entidad que gobernó Enrique Peña Nieto, es la segunda con más grupos de autodefensa, pues cuenta con seis ubicados en las comunidades de Tejupilco, Zacualpan, Almoloya de Alquisiras, Luvianos, Tlatlaya y Amatepec.
En esta última comunidad, cansados de los abusos del crimen, el miércoles 13 Luis Enrique Granillo se organizó junto con otros miembros de la localidad, formando su grupo de autodefensa, sin embargo, a los cuatro días desapareció el activista.
Y es Guerrero, que cuenta con el mayor número de grupos de autodefensa, 20 por el momento, donde más organizados están los inconformes, pues tienen cuando menos 18 años trabajando en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Ellos se rigen por usos y costumbres y sus policías no van encapuchados. Hacen lo que debiera hacer la autoridad en las cárceles: reeducar. En sus 18 años de vida, la CRAC ha logrado reducir en 90% el índice delictivo en las 108 comunidades donde tiene presencia.
Un caso distinto son los grupos que surgieron en Ayutla, en la Costa Chica guerrerense, en donde la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) organizó sus brigadas de autodefensa.
Se organizaron así porque la autoridades no hacen nada para mitigar el crimen. A ellos no se les puede juzgar, se les debe ayudar, pues el gobierno estatal y federal tiene la obligación de proporcionarles seguridad en su vida y bienes.
En Tixtla, Guerrero, los letreros de los grupos de autodefensa advierten: “Comunidades unidas contra la delincuencia”. Ahí estos grupos pudieron detener a por lo menos 52 delincuentes, a los que poco a poco ya entregaron a las autoridades formales.
Es un caso más en que su actuación resulta ser una expresión legítima ante un gobierno que no hace nada frente a la violencia de las bandas del crimen organizado o de la delincuencia común.
En Michoacán, el crimen organizado y la incapacidad del gobierno estatal orillaron a las comunidades a tomar las armas para defenderse.
En esta entidad ya hay cuatro grupos de autodefensa; en Chihuahua hay dos; uno en Jalisco, tres en Morelos, dos en Oaxaca y otros tantos en Veracruz.
Más aún, hasta el momento se desconoce cuántos grupos de este tipo existen en Tlaxcala, aunque es evidente su presencia en la entidad.
Una vez más: ante la ausencia de un efectivo estado de derecho en varias zonas del país, la ineptitud de los tres niveles de gobierno y el hartazgo ciudadano, estos grupos de autodefensa van surgiendo por doquier, aunque el peligro que se corre es que puedan ser infiltrados por quienes buscan combatir: la delincuencia.
Basta recordar lo que sucedió en Colombia en los años noventa, cuando surgieron las llamadas Autodefensas Unidas, que terminaron convirtiéndose en un grupo paramilitar respaldado por grupos del narcotráfico.
Este es el peligro que corren los grupos de autodefensa que han aparecido en México.
Y la cantidad de estados en que hoy operan no es nada despreciable. Son por lo menos nueve de 32 entidades del país, contando el Distrito Federal.
Se trata de la expresión de hartazgo de un pueblo que tampoco tolera ya el cinismo de sus gobernantes; los excesos de éstos generan coraje y rencor entre los ciudadanos.
Vale la advertencia: el desdén y menosprecio con que se trata a la ciudadanía llega a un tope que inevitablemente lleva a que uno se defienda, eso es lo que hoy hace esta gente, y no es culpa de ellos, sino de quienes dictan y aplican las leyes.
Si un gobierno, federal, estatal o municipal, no puede cumplir con su primera obligación: brindar seguridad en la vida y bienes de la población, no debe hacer otra cosa que hacerse a un lado, renunciar y permitir que hombres y mujeres comprometidos con la seguridad de la ciudadanía, la democracia, salud y bienestar de la población ocupen el lugar que las autoridades con su inacción han dejado vacante.
Se ve difícil que Peña Nieto renuncie al cargo por su ineptitud, o que un diputado o senador, que gustan de usar “charolas”, pagar con viáticos sus primeras necesidades o ganar más de 200 mil pesos al mes, dejen sus prebendas.
Menos aún dimitirá un gobernador, y ejemplo de ello lo tenemos en la historia inmediata: Juan Sabines y Andrés Granier, quienes nunca tuvieron idea de lo que era gobernar y sólo supieron enriquecerse a costa del erario.
Los mandatarios de los nueve estados en donde han surgido los grupos de autodefensa difícilmente renunciarán al cargo, pero más les vale atender las demandas de seguridad si es que no quieren abrir la puerta a problemas mayores.
Cierto que nadie debe hacer justicia por mano propia, pero el pueblo se harta y los grupos de autodefensa son una prueba de ello.
A final de cuentas son también una expresión legítima frente a un Estado que no hace nada, inoperante y funcional sólo a los intereses de las grandes empresas, de los grandes poderes.
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